En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

(Por Astor Vitali) En un artículo titulado “Día de la Memoria: la mirada del director de ´La Nueva.´ de cara al 24 de marzo”, el titular del medio, Gustavo Elías, quien pocos días atrás acababa de censurar la edición impresa del periódico que dirige, afirma que en su empresa “no existe el menor espacio para la oscura intención de fomentar el arrebato de las libertades democráticas”.

Un analista debe agradecer cuando la sustancia de lo declarado contrasta en franca contradicción con lo que todo el público puede constatar a simple vista.  

Sin embargo, el artículo debe analizarse en un doble sentido: en su contenido literal y, en perspectiva ampliada, en razón de que quien lo escribe ocupa hoy un lugar de poder central en el entramado de conducción actual.

Elías hace un recorrido por su biografía y sus deseos de “dar trabajo”, vicio del discurso de quienes nos explotan. Dice que para el desarrollo de una dinámica empresarial -para él saludable- “sea posible es fundamental la existencia de un Estado que también funcione armónicamente. Y para que eso ocurre (sic) tiene que existir sobre la base de un sistema. Creo sinceramente que la democracia es el mejor de los sistemas para garantizar esas metas”.

Para este sector empresarial, los gobiernos de las características actuales (lo que ellos consideran “el estado”), formales, apenas representativos, vaciados de participación real –es decir, poco democráticos- y lleno de influencias de pocos poderosos, los recursos públicos son fundamentales para garantizar sus negocios y sus privilegios. Pagar un impuesto extraordinario no alcanza para reparar una política de precarización laboral sistemática, esquemas de desigualdad consolidados y gambetas impositivas. Los ricos se quejan de los “choriplaneros” pero, si tuvieran que confesar qué tan buenos empresarios son y cuánto arriesgan (ojalá algún día se publique cuánto se debe a los supuestos riesgos –que nunca corren- y cuánto a los salvatajes estatales), terminaríamos por descubrir que ellos son los verdaderos choricontratistas.

En un guiño que caracteriza con claridad los cambios culturales de la dirigencia actual respecto de la anterior, Elías sostiene que alguna vez le “dijeron que un empresario no sabe de historia justamente porque está ocupado construyéndola”. A un empresario lo definiría el “hacer cosas y al mismo tiempo propiciar que los demás las hagan”. Diana Julio y Vicente Massot hacían y sabían.

Luego de una serie de ambigüedades sobre “a quienes los avatares de nuestro recorrido como Nación les han provocado un enorme sufrimiento” Elías dice que su “sueño presente es que el diario de la ciudad y la región sea el noble territorio de discusión para definir un modelo de progreso”. Esto se haría sobre un sistema de valores morales y espirituales” a su vez con “el carácter decisivo de resolver lo material y generar el sustento que nos permita vivir dignamente en el marco de aquellos valores”.

Sin más, recupera la idea del paladín contra “el narcotráfico, el crimen organizado y cualquier otra actividad ilícita que le robe el futuro a nuestros hijos”. ¿Qué decir de los crímenes financieros? ¿Cabe señalarlos? ¿No es una de las principales causas del estado actual de las cosas? El encierro de perejiles no puede ser el fundamento de la construcción de un relato épico. Agrego, por sumar al debate sobre el progreso que nos propone nuestro pro hombre.

Luego del intento de despegue del pasado, la idea de pertenecer al firmamento local no le permite deshacerse del pegamento y aparece llanamente la reivindicación de ese pasado: “´La Nueva Provincia´ fue un verdadero pilar del desarrollo en esta región. La voluntad de su fundador y sus continuadores era apuntalar el progreso junto a su comunidad”. ¿Cómo? ¿Pero cómo?

Para Elías, “la decisión de aquellos que apoyaron y fueron funcionales desde las páginas del diario a la dictadura militar que tomó el poder entre 1976 y 1983 cometieron un enorme error histórico y un fallo moral de una gravedad mayúscula”. La memoria del pueblo puede responder esto desde su voz histórica y sus cantos en la calle: “no hubo errores”.

No se puede condenar a La Nueva Provincia, parte integrante y actor fundamental del genocidio en el sur de Argentina y a su vez reivindicarla como actor social: por ser un actor social hegemónico tuvo ese rol central en la dictadura. No se puede separar. En el fondo, para este empresariado que busca el lifting social, los efectores del genocidio apenas incurrieron en un error. No acompañaron, fueron parte necesaria y llevaron a cabo el proyecto, junto a otros actores civiles, clericales y militares.  

Saliendo ahora del contenido del artículo, desde que, en noviembre del año pasado, Elías asumió como presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (fungió como vicepresidente durante tres mandatos anteriores) éste comenzó una nueva etapa de su aventura política. Hubo el comienzo de una búsqueda de cambio de imagen. Hasta entonces, el referente empresarial se mostraba reticente a aparecer mediáticamente. Se le conocían pocas entrevistas en las que, fiel a la filosofía del empresariado contemporáneo, marca gestualmente a su entrevistado qué sí y qué no. Además de elegir personas bajo su influencia como interlocutores.

En los últimos meses, en cambio, ha comenzado a ser protagonista de puestas en escena criollas que buscan posicionarlo como un hombre de diálogo y consensos hacia la ciudadanía -con su aparato mediático de confección victoriana, en pleno siglo XXI. Por ejemplo, la misma noche en que asumió su cargo, pasó por el programa de televisión La Brújula TV, ansioso y vehemente. La construcción de la idea del paladín del progreso, es decir, del modelo económico hegemónico, no podía esperar.

En esa línea de construcción de relato, resulta inolvidable cómo, en diciembre del año pasado, parte de la dirigencia cegetista local lo recibió en su casa, cobijando también al intendente, el jefe de la oposición y rectores de universidades públicas para rubricar nuevamente la fórmula de la dirigencia local: el anuncio del anuncio de lo que será anunciado en donde nada concreto puede constatarse. A uno le dio un poco de cosa que la central obrera bese el anillo de quien, pocos meses atrás, despidió ¡nada menos que un primero de mayo! a todos los obreros gráficos del matutino. “La memoria pincha hasta sangrar”, dice la canción. Hay a quienes la amnesia les sienta bien.

Curiosamente, la dirigencia política no habla públicamente de este empresario, aunque debe ser el referente de la pseudo burguesía local más nombrado en mesas de café y encuentros informales: el miedo no es gratuito y cala más profundo que los intentos de la tecno ciencia contemporáneos, como los chips subcutáneos. “Cada cual tiene un trip en el bocho”, y en la ciudad de Bahía Blanca el miedo a La Nueva, se reconozca o no, es algo que atraviesa a la dirigencia política. No es parte del pasado.

Claro que no es lo mismo y ninguna época histórica es comparable: no es el miedo a que la familia Massot te mande a reventar la casa o a que asesine a obreros gráficos: es el miedo a que no te llamen más, a que desaparezcas de la agenda publicada. Esto ya ocurrió con la oposición en el legislativo local, en un período en que la jefa política de ese espacio con casi la mitad de los votos no era publicada. ¿Y la democracia? ¿No requiere que se escuchen todas las voces? ¿No requiere al menos el gesto de su mímica?

Peor que el miedo, para las personas que se auto proponen dirigir a la sociedad, son el cholulismo y el oportunismo. Hay dirigentes que se mueren de ganas –incluso de izquierda- de salir en la foto (hoy en un vivo) con algún editorialista de La Nueva o de La Brújula. Lo curioso no es que se hable en/con los medios que representan y construyen el proyecto de poder económico, social y cultural local –con su correlato de pobreza estructural, desempleo, violencias, etc.-. Como cualquier dirigente sabe, es preciso hablar hacia todos los actores existentes. Lo curioso es que asiste allí a una suerte de ceremonia de aceptación social hegemónica (“yo también soy aceptado y salgo acá”) sin que los iniciados se animen a plantear ningún elemento crítico de fondo –solo la superficialidad de lo permitido- y sobre todo, sin decir una palabra de todo lo que se dice en los café y en los pasillos acerca de ese medio, del modelo de concentración, del proyecto economía política que representa Gustavo Elías y del propio Gustavo Elías como “empresario” y como articulador de las tramoyas del poder regional.  

Con Vicente Massot había un “de eso no se habla” porque la sola posibilidad de que este sujeto ejerciera poder contra un actor político causaba autocensura. Se hablaba en pasillos; se hablaba por lo bajo, que es peor que no hablar. Llevar al ámbito del susurro aquello que pertenece a la órbita de lo público le asigna una relevancia insoslayable.

De Gustavo Elías tampoco se habla públicamente. Tiene “el diario”. Todo el mundo habla entre pasillos y todo el mundo busca despegarse –entre pasillos-. Sin embargo, nadie quiere ejercer las críticas públicamente. De Elías, públicamente, no se habla.

Lo mismo ocurría, muy pocos años atrás, con la figura de Néstor Luis Montessanti. Por lo bajo, el mundillo liberal sugería que el referente de la carrera de derecho ya no les representaba pero si no fuera por la militancia que sostuvo la memoria y acción políticas y judiciales, hoy podría seguir transitando por los pasillos desmemoriados de la Universidad Nacional del Sur. No era imposible lograr que ya no ejerciera poder a través del miedo: había que hablar, hablar y hablar. Había que hacer de la memoria un hecho político sustancial. Gracias a la militancia –que hoy espera además una sentencia en el marco de los crímenes cometidos por la Triple A- sabemos que las cosas no tienen que ser como los poderosos nos plantean y que hay que descolonizarse el cuerpo y las ideas. No aceptamos su poder sobre nosotres.

¿Por qué no se puede con las figuras que en la actualidad detentan el poder local? No habrá democracia si el ámbito de lo público guarda espacios oscuros sobre los que todos los actores (o casi todos) ponen el cuerpo para mantener la sombra.

A 45 años del golpe, ha quedado claro el plan sistemático de terror. Pero ese plan sistemático tuvo un objetivo: el modelo económico y cultural que la democracia formal no dio por tierra. Esta Bahía Blanca con altísimos grados de exclusión no es el resultado de una fatalidad: es ni más ni menos que la configuración de las desigualdades que –con el modelo liberal de Martínez de Hoz como horizonte- fueron y son construidos políticamente desde el poder real.

Una economía que no piensa en su comunidad y que se construye en torno al proyecto de trasnacionales emplazadas en derredor del polo petroquímico es la herencia del proyecto económico liberal construido a través del genocidio.

La nota de opinión del dueño de La Nueva quiso bajarnos línea respecto de en qué se diferencia el pasquín de la actualidad con el pasquín de la marina. Pero ¿en qué se parecen? ¿Acaso en ser el órgano de prensa del poder económico y desplegar un proyecto culturar hegemónico para la ciudad? ¿Acaso en concentrar la información y utilizar el medio para imponer temas que juegan en la política y la economía local?

La Nueva y la Unión Industrial despliegan un proyecto político, económico y cultural heredero de aquel proyecto que el conjunto de las fuerzas democráticas repudiamos (o que se supone que repudiamos). ¿Por qué aceptamos el instrumento de ese proyecto? Como propone la niñez para entender su mundo siempre cabe repetir y repetir la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué?

A veces, para conjurar el presente hace falta recurrir a la historia, abrir los ojos y ver que estamos rodeados de fantasmas que nos hablan y que nos guían. Digo: Rodolfo Walsh. Cabe decir, Rodolfo Walsh. Cabe señalar que la dignidad es una posibilidad para el aquí y para el ahora y que se puede construir ya un modelo social que nos quite el asco de encima, de los cuerpos y de los sentidos; esa costumbre de ejercer el poder en lugar de la conciencia.

Como síntesis, algunas preguntas que todes podemos ensayar, buscándonos. ¿Cómo describiríamos hoy lo que ocurre en la ciudad, si tuviéramos que escribirle una carta a Rodolfo? ¿Con cuántos horrores convivimos? ¿Quiénes son responsables? ¿Qué hacemos para cambiarlo?

Seguramente las respuestas no estarán publicadas en La Nueva.

Foto: Agencia Paco Urondo

Los relatos de las y los sobrevivientes, su voz, el ejercicio de recordar juntas y las materialidades del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita de Bahía Blanca son reflejados en el primer corto del Ciclo Zaranda.

Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde el programa Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur.

Cecilia Simón comentó a FM De la Calle que “la idea de zaranda atraviesa todo el ciclo, es un objeto muy significativo y característico de la práctica arqueológica y tiene una funcionalidad que va en diálogo con cómo trabaja la memoria, qué cosas quedan, qué cosas pasan”.

“Aparte es un objeto muy bello, si algo aprendimos a partir de este diálogo con el teatro de objeto es que se pueden resignificar y tener una belleza que no le habíamos dado. Es un material educativo, estamos trabajando en cuadernillos que van a acompañar el corto para que ingrese y se trabaje en las aulas de los distintos niveles. Estamos todas muy contentas porque fue un trabajo muy lindo”.

El punto de partida fue la propuesta de Ina Morales y Cata Corredor, actrices y manipuladoras integrantes de Ciclo Objeto, “para pensar que la materialidad alberga memoria y tiene la capacidad de contar historias”.

“El primer capítulo es sobre La Escuelita, para eso trabajamos conjuntamente con las chicas de H.I.J.O.S. y de Red x la Identidad. A través de encuentros virtuales fuimos pensando distintas historias y objetos que se asocian a La Escuelita. Fueron muy importantes los relatos de Alicia Partnoy, el material que se recolectó en la práctica de campo que se hizo en 2011 y declaraciones testimoniales de quienes sobrevivieron”, contó Simón.

Agregó que “a partir de esos hilos y discursos fuimos armando este relato que se apoya y se hace con objetos y con todo lo que se dispone alrededor. Le dimos mucha importancia a los sonidos, a la iluminación, a recuperar el paisaje”.

Mirá:

Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.

Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.

Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].

A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.

El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.

La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.

La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.

El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.

“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.

Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.

En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.

La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.

En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial

En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.

El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.

El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.

Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.

Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.

Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.

Los informes de la inteligencia militar a la Embajada  

Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.

El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.

La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.

“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer. 

El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.

La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.

Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.

Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».

En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.

Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM

1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.

Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.

Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.

“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.

En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.

“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.

Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.

En julio del 76 Guillermo Quartucci se fugó de los genocidas que lo habían secuestrado junto a un grupo de profesores. Corrió una fría noche por los campos pampeanos de Jacinto Arauz, caminó seis días y llegó a Bahía Blanca. Permaneció en la clandestinidad por tres meses y emprendió el exilio mexicano.

Juan Pablo Felix y el bahiense Esteban Garelli dirigen la película “Fuerzas vivas” en la cual relatan la historia del Operativo Arauz. Se podrá ver a partir de mañana en el festival del BAFICI de manera presencial en CABA y estará disponible online durante 72 horas.

“Conocí la historia de Guillermo hace mucho tiempo y siempre fue increíble. Fue secuestrado en el Operativo Arauz, logró fugarse y la fuga es un relato apasionante pero hay mucho más detrás de eso. Surgieron cosas muy interesantes, no solo sobre lo que pasó sino por qué sucedió ese operativo”, comentó Garelli a FM De la Calle.

Señaló que “Guillermo, antes de salir del país, estuvo clandestino tres meses, durante muchos años borró este episodio de su vida. Hasta que a principios del siglo, cuando se reabrieron los juicios, se metió de lleno en la investigación de lo que pasó con su detención. La película también cuenta cómo llegó a descubrir estas denuncias que hicieron las fuerzas vivas del pueblo”.

El largometraje se grabó en abril del 2018 y estuvo listo para estrenarse el año pasado pero la pandemia cambió los planes. Durante el rodaje “sucedieron muchas cosas fuertes”, dijo el director.

“Los profesores secuestrados de las aulas del colegio frente a sus alumnos fueron ocho. Algunos fueron liberados el mismo día, quedaron cuatro en un puesto caminero. Tres estuvieron presos blanqueados en Santa Rosa y Guillermo se escapó. Ninguno había vuelto a la escuela, Guillermo pudo volver, reconocer el aula de dónde fue sacado por los militares y hablar con los alumnos actuales del colegio. También pudo visitar el puesto caminero de la Ruta 35, en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, donde estuve en cautiverio una tarde y de allí se escapó”.

1La historia de persecución estuvo oculta durante mucho tiempo: “Si se contaba era como una anécdota, pero nunca se iba a contar a fondo por qué pasó. Eso es lo que plantearon como querellantes, ir más allá, entender que los militares llegaron a ese pueblo con un operativo desmesurado a raíz de denuncias de vecinos que decían que en ese colegio se estaba contaminando las mentes de la juventud”.

“Hay diferencias en las visiones de acuerdo a las diversas generaciones. Ahora los chicos están recibiendo otra información sobre eso que pasó y están pudiendo construir una nueva mirada. Seguramente sigue habiendo resistencias a que se destape el tema, en la misma escuela y en el pueblo, hoy conviven familiares de denunciantes y de denunciados. Siempre fue difícil hablar del tema porque fue una herida abierta”.

El estudio Buenos Aires Arquitectura Grupal ganó el concurso para rediseñar el Parque Independencia. Se trata de una puesta en valor en la que planean reutilizar y conservar la infraestructura actual, construir un anfiteatro y abrir una calle que comunique D’Orbigny con Balboa.

“Es un parque público que tiene una cercanía privilegiada con la ciudad y el centro y está en un proceso de degradación hace varios años. Es importante ver ideas para revitalizarlo. El parque tiene que ser convocante y útil, garantizar su permanencia y continuidad en el tiempo. Eso garantiza el uso y movimiento continuo. El parque empieza a ser útil e incluso sustentable”, comentó a FM De la Calle Bruno Marcolini, uno de los arquitectos, oriundo de la ciudad.

Ex zoológico y nuevo paradigma

El profesional mencionó que el parque responde a un paradigma de hace 100 años con respecto a la fauna y la flora: “Se traían especies de plantas foráneas y con los animales la lógica era la del zoológico. Bahía por suerte dio un paso adelante y mostró una apuesta superadora pero quedó en abandono”.

“Nuestra idea en general es reutilizar toda la infraestructura del parque salvo aquella que no esté en condiciones. En general hemos utilizado todas las prexistencias, dándole un uso y una nueva propuesta. Las jaulas son espacios dentro de un parque público que puede usarse como apoyo para realizar actividades o para guardar equipamiento y mobiliario”, dijo.

Entre la infraestructura propuesta hay “un gran espacio multifunción, puede servir para show, para anfiteatro, para manifestaciones. Eso se ubica en el corazón del parque donde estaba la pista de carreras hípicas”.

“Se plantea una recuperación y fomento de la diversidad regional, allí conviven varios ecosistemas y de ellos se puede aprender. Garantizar un mantenimiento, una permanencia de las especies. Sería una idea inteligente empezar a tener un plan a largo plazo de forestación”, destacó.

La Feria del Parque

Dentro de las pocas actividades que hay actualmente en el espacio, la feria es la más importante. “Ese impulso lo tiene gracias a la familias. Decidimos ubicar a la feria en otro lugar del parque de mayor centralidad. Planteamos incluso la apertura de una calle que separa el parque y el Tiro Federal que vendría a ser como un fondo. Para interpretar ese borde aparece una calle que incluso abastece y nutre la feria y el patio gastronómico. Se planeta descomprimir Balboa y Pringles y se plantean ingresos y estacionamientos”.

La fuente con la forma de la provincia de Buenos Aires

“La volvemos a usar como una fuente, no como un espejo de agua, entendiendo algunas lógicas de humedal y estuario de ciertas especies de fauna autóctona, donde se puede tener un ojo de agua receptor de lluvias”, mencionó Marcolini.

Tránsito y circulación hacia el parque

“La no planificación urbana ha dejado al parque con barreras para llegar. Entre el Paseo de las Esculturas, el Parque de Mayo, el Paseo de la Mujer y La Carrindanga generan continuidades urbanas vehiculares, peatonales y recreativas y eso le da impulso”.

Destacó que “es importante realizar una intervención urbana en el área circundante del parque porque si no quedaría en un punto intermedio sin que se garantice un mejor recorrido. Tenemos propuesta para articular con el Boronat que a su vez articula con el Paseo de las Esculturas”.

Por último, comentó que los próximos pasos hasta la concreción del proyecto dependen de reuniones con el Municipio.

ACTUALIZACIÓN 23/3 8:40: Leandro Aparicio confirma: el testigo apareció y “se encuentra bien”. Denunció que “Gendarmería tardó 4 horas en llegar al lugar y ni siquiera fue a su domicilio”. Cristina Castro, testigos de identidad reservada y amigues son hostigados y amenazados por la Bonaerense. #Facundo

Durante la tarde de hoy, Cristina Castro difundió que no podían localizar a “uno de los testigos protegidos en la causa”.

A través de un audio, pidió “ayuda a todos” y su aparición. Según contó la mamá de Facundo, se trata de un joven que “venía siendo hostigado, venía siendo amenazado desde el día viernes”.

“Han amenazado de muerte a su familia. Lo citaron en un lugar en Pedro Luro o que se entregara él. El chico este accedió a entregarse él para que no maten a su hijo”, expresó.

Además, advirtió que “es testigo protegido. Nadie lo protegió. Nadie nos protegió. Estamos a merced de la Bonaerense”.

De inmediato se desplegó una red alerta y se apeló al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Diferentes organismos de derechos humanos que colaboran con la querella dieron aviso a autoridades y difundieron la noticia a través de redes sociales y servicios de mensajería de voz y texto.

Minutos después de las 21, se dio a conocer que el testigo, temiendo por su seguridad, buscó refugio y se encontraba resguardado.

A su vez, mediante un mensaje de voz, anotició a Cristina que se encuentra con vida.


Sin embargo, pasadas las 22, un nuevo posteo en Facebook de la mamá de Facundo ratificó que el testigo permanece desaparecido: “Mil disculpas a familiares de J., se reunieron conmigo, a nosotros también nos informaron mal. Él sigue desparecido, solo envió un texto y como ya sabemos lo pudo escribir otra persona seguimos buscándolo. Que aparezca, esto no puede pasar, hasta cuándo tantas amenazas, no bajemos los brazos hasta que aparezca”.

Yatel, el perro de Marcos Herrero, volvió a marcar rastros de Facundo Astudillo Castro en dos patrulleros de la Policía Bonaerense. De la pericia judicial participó personal de Gendarmería Nacional, testigos y el abogado Leandro Aparicio.

El relevamiento se realizó un predio de Vialidad donde se encuentran los patrulleros de Buratovich, Origone y el auto particular de la oficial Siomara Flores, quien aseguró haber acercado a Facundo hasta la entrada de Origone.

Los coches ya habían sido peritados por Herrero y su can en la sede de la Policía Federal con resultados positivos. “Había identificado un filamento o cabello con ADN de Facundo, a pesar del tiempo, nuevamente el perro volvió a reconocer, ahora en mejor medida porque el auto fue desarmado y periciado detalladamente, se pidió un barrido, que se analice la caja, los asientos, los paneles. Eso se puede hacer ahora con efectividad con personal de Gendarmería y el recurso canino”.

En diálogo con FM De la Calle, el adiestrador agregó que se secuestraron pequeños objetos y filamentos de cabellos que deberán ser analizados en el laboratorio. Este martes continuará la tarea personal de Gendarmería.

Los dos patrulleros señalados por Yatel son las camionetas Toyota Hilux N° 23360 -delante de la cual la oficial Jana Curruhinca fotografió a Mario Gabriel Sosa posando junto a Facundo- y la N°22788 que conducía el efectivo de Teniente Origone Alberto González, quien detuvo al jóven la tarde del 30 de abril en el km 750 de la Ruta 3.

“Gendarmería Nacional y el equipo de Criminalística y Estudios Forenses se trasladaron con el móvil pericial a la balanza que se encuentra sobre la parte de Vialidad. Todo estaba precintado y fajado”, explicó Herrero.

Agregó que “se trabajó con una toma de olor que estaba en la sede judicial, fue transportada y mostrada a los peritos de Gnedarmería. Se le dio una toma de olor a Yatel, se les explicó a los testigos el procedimiento y luego pasé con correa al perro por cada uno de los vehículos para que identifiquen uno de estos”.

“Al perro le llamó la atención el vehículo con el N° 22788, que es el de Teniente Origone, el perro fue muy determinante, hizo una marcación ladrando sobre la parte de atrás, en la compuerta de la caja y luego en la parte de lo que sería el dibujo de la parte de atrás de las cubiertas. Seguí con correa trabajando sobre el mismo vehículo de la foto de Facundo, ahí el perro si bien no ladró tuvo una alerta porque tuvo un cambio en el lenguaje corporal por lo tanto procedí a alejarme unos diez pasos y a soltar el perro sin correa. Recorrió cada uno de los vehículos y específicamente volvió a marcar el de Origone. Si bien le dio una alerta al vehículo de la foto de Facundo, giró alrededor, movió la cola, olfateó cada una de las puertas, pasó con tal insistencia que se subió al capot de un vehículo que estaba al lado y ladró sobre el de Origone”.

Al patrullero Toyota Etios de Buratovih y al Corsa blanco de Flores “no les dio atención, si bien el perro fue muy minucioso al buscar punto por punto, en las aberturas de las puertas, en la parte del baúl”.

“Era un medio ambiente abierto, si bien es un predio que está cerrado, el perro se concentró en esos dos patrulleros. El perro los reconoció mediante la impronta de olor de la ropa de Facundo Astudillo Castro, por eso es tan importante la pericia”, afirmó el perito.

En el Día Mundial del Agua vecinos y vecinas autoconvocados marcharán para pedir la adecuación de ABSA al amparo colectivo presentado semanas atrás y que la empresa presente un plan real de contingencia ante la falta del servicio.

“En el barrio Pacífico hubo gente que casi no tuvo agua, pese a que la temperatura baja y la demanda es menor, ABSA no puede garantizar una distribución adecuada domiciliaria y hay gente que requiere de los camiones para que le recarguen los tanques”, dijo Alejandro Méndez a FM De la Calle.

Agregó que “el amparo judicial colectivo obliga a la empresa a tener un un plan de contingencia pero parece que hay conflicto ente ABSA y el sindicato porque los empleados no pueden subirse a los techos. Muchos vecinos mayores no están en condiciones de subirse a su techo”.

En relación a la reunión que mantuvieron integrantes de la Mesa del Agua con el subsecretario de Recursos Hídricos en La Plata, Méndez aseguró que “no hay novedades”.

Mañana habrá una nueva reunión en el Concejo Deliberante. Sin embargo, como oficialismo y oposición “saben que el problema es de fondo y que implicaría una revisión, nadie está dispuesto a ponerle el pecho y darle una respuesta a la gente”.

La situación no está superada: “No se ve un plan de obras y de adecuación, es todo bastante lamentable, todos se tiran la pelota, Bahía está en una crisis hídrica que no garantiza el servicio a usuarios pero sí sabemos que está garantizado el servicio a las plantas del polo”, comentó Méndez.

“Hay gente que está vendiendo sus casas porque no tienen agua casi nunca, Chañares, Palos Verdes, hay gente que tiene agua de cinco a ocho de la mañana y no es solo de ahora”, argumentó.

Vecines de Aldea Romana realizaron un abrazo a la unidad sanitaria del sector para pedir su reapertura. Reclamos similares se realizaron en Villa Serra y Villa Mitre.

“Estamos trabajando, haciendo limpieza afuera, y este abrazo solidario para la reapertura. Está cerrada desde hace un año. En su momento tuvo que ver con la pandemia, pasó el tiempo, tuvimos una reunión con el secretario de Salud pero no tuvimos solución”, comentó a FM De la Calle Patricia Rodríguez.

Las respuestas ante el cierre “tienen que ver con el personal, que tienen que acomodar, que tienen que poner el protocolo. Sabemos que se han cerrado varias unidades sanitarias y no queremos que eso suceda”.

En el barrio se prestaban servicios de medicina general, pediatría, ginecología para mujeres embarazadas y trabajo social. “Hay mucha gente vulnerable que lo necesita”.

Rodríguez señaló que “nos mandan a atendernos desde Aldea Romana a Villa Muñiz, a Loma Paraguaya, nos queda muy lejos y de una punta a la otra”.

“Debería abrir primeramente para la gente adulta, acá se recibe medicación que si no está la sala medica no llega, la gente se tiene que trasladar a buscar la medicación a otros sectores, medicaciones para mayores, para enfermedades crónicas, chicos con asma, controles para embarazadas”.

“Nos mandan a tomarnos el colectivo a 14 de julio para que vayamos a Villa Harding Green porque esa es nuestra delegación”, dijo la vecina.

Por último, acotó que el edificio de la sala médica “está muy abandonado, vino el Municipio, dejaron unos pilones de hojas, no juntaron nada. La sala no tiene matafuegos, va pasando el tiempo y se va viendo la dejadez, decidimos poner manos a la obra y trabajar los vecinos”.

El fiscal Pablo Fermento desarrollará este lunes el tramo final de su alegato contra los cuatro ex integrantes de la Triple A que son juzgados en Bahía Blanca por más de una veintena de homicidios.

La audiencia comenzará a las 8:30 y se estima que al cierre de la jornada realizará el pedido de penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, de ser uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal afirmó que los crímenes de la banda respondían “al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

Uno de los ejes del alegato fue la descripción de la alianza entre el diputado nacional del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia. El fiscal comentó que la misma “tuvo sus momentos de salud y de tensión”.

A principios de 1975, el diario titulaba “UNS: una aviesa maniobra del marxismo triunfa otra vez”. La editorial, previa a la intervención de Remus Tetu, ya reclamaba la confección de listas con los blancos a ejecutar. Un día después, la empresa de los Massot difundía una carta de Ponce al ministro Ivanissevich en la cual “denunciaba literalmente el marxismo apátrida infiltrado en los claustros y pedía una urgente intervención de la UNS”.

En el mismo sentido, otra de las editoriales de la época “elogiaba los operativos de depuración en la ciudad de Buenos Aires y declamaba: es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, evitando la actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje impuesto por el soviet desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía”.

“No queda ninguna duda del rol que jugó La Nueva Provincia como factor de poder en la ciudad para generar este punto de inflexión que significó la llegada de Tetu al rectorado en el desarrollo de la política paraestatal de represión y aniquilamiento”, afirmó Fermento.

Por otra parte, recordó la respuesta de la familia Massot a integrantes de la comunidad católica que en mayo del 75 informaron a monseñor Tórtolo del peligro que sentían tras el asesinato del cura Carlos Dorñak y José González. “Colegios católicos y autoridades, no se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz”, amenazaba LNP.

Las tensiones entre el clan Massot y Ponce comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 1975 y culminaron con un tiroteo entre la patota y la custodia del diario el 11 de septiembre de aquel año.

Según el alegato fiscal, el archivo de la DIPPBA “señala como motivo probable los lugares enfrentados en que quedaron el sector de Ponce y la empresa en el marco del conflicto entre los gremios gráficos y de prensa” y por “el malestar de la Juventud Sindical Peronista y de la CGT frente a editoriales del diario”.

Una semana antes del tiroteo, el 3 de septiembre, el diario titulaba “El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca” dando cuenta del “pasaje de lo paraestatal a lo estatal al servicio del aniquilamiento del enemigo interno”. Decían los Massot: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada, ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapa -bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular- ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado, para escarnio de la ciudad, a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”.

Fermento destacó que “no nos interesan los vaivenes del romance entre la Triple A y la familia Massot. Queremos resaltar que estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho absolutamente notorio y tan de público conocimiento que la fiambrera’ aparecía mencionada en el diario que leían todos los bahienses. No hacía falta publicar nombres propios para conocer a quién iba dirigido el dardo venenoso que tiraba la familia Massot, al punto que una semana más tarde los remitentes y los destinatarios iban a estar a los tiros”.

“Lo que quedó absolutamente claro es que continúa siendo un hecho notorio la existencia de ‘la fiambrera’ y de la Triple A en Bahía Blanca, a pesar de los miedos y los silencios que cobijan y los olvidos convenientes”, concluyó.

Depuración gremial y estudiantil

La Fiscalía alegó que la consolidación de la Triple A en Bahía Blanca incluyó la depuración ideológica en la UOCRA -facilitada por la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales y en el marco de la interna entre la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista- y la toma de la UTN por parte de la patota. 

“Estos dos procesos muestran a Ponce como la figura central y descollante de la tarea de limpieza en Bahía Blanca y la región, a un nivel muy por encima de la ciudad. Su lugar era la ciudad de Buenos Aires donde tenía vínculos con el poder central del país”.

Con Tetu se agudizó la represión

Los crímenes de la banda continuaban mientras se gestaba la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Remus Tetu fue finalmente designado el 21 de febrero de 1975 y dispuso “una serie de medidas como cesanteo masivo de docentes y no docentes, cierre de carreras, del comedor universitario, clausura de centros de estudiantes y prohibición de toda actividad de política universitaria e intervención del gremio no docente y colocación de el mismo bajo control de la CGT”.

Fermento afirmó que el juicio evidenció que “el grupo vino con el único objetivo de cumplir con un plan de persecución e intimidación política, que estaba integrado por los cuatro imputados, que recibieron armas del Destacamento 181, que utilizaron la planta automotora de la universidad, que accedieron a los legajos universitarios y, además, hay que decir que el escenario de violencia que se vivió en la UTN se trasladó a la UNS y, a partir de ese momento, se va a producir un notorio desborde de la lógica de los asesinatos de manera que de los 24 que se investigan en esta causa 21 fueron cometidos en los nueve meses posteriores a la llegada de Tetu de marzo a diciembre del 75”.

Integración de la asociación ilícita

En cuanto a la conformación de la Triple A bahiense, Fermento sostuvo que estaba integrada por “entre 20 y 40 miembros” destinados al ámbito universitario, al gremial y al patrullaje de la ciudad. Los hombres militaban en el peronismo ortodoxo y en la Juventud Sindical Peronista.

“La pertenencia de estos cuatro acusados a la asociación ilícita no solo se encuentra acreditada por la resolución y designación (como personal de seguridad) firmada por Remus Tetu sino que para cuando los cuatro ingresaron formalmente a la UNS ya se conocían entre sí, compartían los mismos ámbitos de militancia político gremial, ya venían realizando una tarea de depuración en el campo gremial, en la Junta Nacional de Granos y en la UOCRA y en el campo estudiantil en la UTN, eran amigos -en el caso de Aceituno y Argibay- o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente -como Argibay respecto a Pallero y Chisu- y se movían incluso en los ámbitos de esparcimiento social de noche en los que se jactaban de asesinar personas”.

Plan de exterminio

Al referirse al propósito criminal de la banda, el fiscal explicó que “no fue exclusivo del grupo de agentes de Bahía Blanca sino que responde al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

“Este propósito era el de generar a través de la violencia un quiebre en los lazos de pertenencia e identidad de un grupo social sujeto a persecución, es decir, destruir al grupo como tal”.

“Para ello se buscó segregarlos de los espacios sociales -de eso se trataba cuando hablábamos de depuración de gremios, universidades y espacios religiosos-, disciplinarlos y cortar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los integrantes del grupo y entre la sociedad y el grupo como tal”, agregó.

Fermento subrayó que “era necesario poner en práctica un programa de hostigamiento consistente en un conjunto de agresiones que se encuadran en una serie de delitos penales como son los de abuso de armas, amenazas armadas, intimidación pública, violación de domicilio y robo, lesiones, secuestros y, finalmente, asesinatos”.

La sola presencia del grupo o de cualquiera de sus miembros intimidaba. “El patrullaje fue una de las principales actividades del grupo y cumplía con un objetivo de control de espacios sociales como las universidades, los secundarios, las grandes obras de construcción como la petroquímica, sedes gremiales como la UOCRA o la CGT y, por último, las calles de Bahía Blanca”.

La “habilitación institucional” de la violencia no provenía solamente del rectorado de la UNS sino que “existió a partir de la aquiescencia, cobertura y colaboración de parte de las fuerzas estatales y de la justicia”.

“Contaban con capacidad de intimidación concreta. Estaba asegurada por aquello que el grupo era capaz  de hacer y que efectivamente hacía. El grupo golpeaba, disparaba, secuestraba, torturaba y asesinaba. Nadie dudaba de que podían cometer todos estos hechos”.

Fermento manifestó que varios testigos “hablaron de una ciudad sitiada, asolada o adueñada” y que “cruzarse con Aceituno, Forcelli, Curzio o Pallero en la Universidad del Sur era cruzarse a la patota”.

Asesinatos rituales

El alegato fiscal explicó que los homicidios de la banda eran “asesinatos rituales” que “debían servir para dar un mensaje, tenían que tener un sello para que quede claro para quién era el mensaje, era el sello de la Triple A, secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos, disparaban todos para repartir responsabilidades, abandono de los cadáveres en lugares poblados -Pibe de Oro, boliche Landa- colocación de bibliografía calificada como subversiva en la escena del crimen. Asesinaban al militante político, al que tenía intención de participación política y a simpatizantes con este colectivo social”.

La identidad de las víctimas involucraba a integrantes de movimientos de izquierda o espacios sociales, pertenecían al ámbito político universitario, al gremial -varios de la construcción-, espacios religiosos y partidos políticos -Partido Comunista-“.

El Tribunal Criminal N°1, compuesto por Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Christian Yesari, absolvió por unanimidad a Axel Moreyra. El joven estaba acusado de haber protagonizado un robo agravado por el uso de arma en la zona de El Pinar en agosto pasado.

La familia denunció la inocencia de Moreyra desde el primer día y a pesar de los obstáculos judiciales logró probarlo. Entre otras evidencias, aportó filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos del lugar que mostraban al imputado en otro lugar mientras ocurría el robo.

“Hubo irregularidades serias de parte de la policía: en el acta de procedimiento con la aprehensión nunca se considera que estaba presente la hermana de Axel, Giuliana. Eso nos hubiera podido haber habilitado pedir el testimonio de ella”, detalló a FM De la Calle uno de lo abogados de la familia, Ariel Zara.

Agregó que cuando se le preguntó a la agente por qué lo omitió “dijo que era porque no tenía mucha experiencia en redactar actas. Una de las víctimas dijo que personal policial los reúne y les dice que este muchacho (Axel) ya había tenido un par de entradas, con lo cual con esto incide indebidamente en el testimonio de las víctimas”.

Según la declaración del imputado: “Una vez en la comisaría le dicen ‘robaste negro de mierda’ mientras (la oficial) Medrano le decía que se quede tranquilo, que estaba ahí solo para identificarlo. Pasan las horas y le dice que estaba complicado, luego que quedaba detenido”.

El juez Yesari expresó reparos sobre la versión de la familia aunque votó por la absolución porque Moreyra “no fue reconocido por su rostro u otras circunstancias físicas, no se le secuestró elemento ninguno de los sustraídos y el cuchillo secuestrado en su inmueble no puede ser el utilizado en el lugar -ya que el encartado no habría regresado a su domicilio luego de la comisión del hecho”.

Zara manifestó que el mal accionar de la Bonaerense “tiene que ver con un tema de estadística, con ciertos estereotipos con los que a veces se maneja personal policial. Recibió una llamada del 911 donde daban cuenta que había dos masculinos con prendas oscuras, entonces ven a un muchacho morocho con esa prenda y piensan que es él”.

La causa no está cerrada, la sentencia puede ser apelada por la fiscal Claudia Lorenzo.

La madre de Moreyra, Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que la familia está tranquila “porque se pudo comprobar la inocencia de Axel que venimos gritando desde el primer momento. Nunca imaginé esto, felicidad no es porque absuelven a mi hijo de un delito que no cometió”.

Moreyra estuvo preso durante 31 días, fue trasladado a la dependencia de Coronel Suárez y, producto de una afección asmática, la defensa consiguió el arresto domiciliario para que espere el proceso judicial en su casa.

“Las cartas que tengo de mi hijo son desgarradoras, la mayoría dicen ‘la verdad se va a saber’, nunca fue escuchado”, señaló la madre.

Ojeda mencionó que “no volví a ser la misma nunca más. Vivo a dos cuadras de El Pinar, yo nací ahí, un lugar tan lindo, tengo tantos recuerdos, pero el peor es este. Ver a mis hijos rodeados de policía”.

Foto: Rodrigo Nistal.

El director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, afirmó que las imputaciones contra los 14 jóvenes de Puan detenidos en una causa por narcotráfico tienen “debilidades probatorias muy evidentes: el testimonio de Kevin Torres que supuestamente origina la investigación, ahora se constata que una firma que se asentó no es la de él”.

Reclamó que la Fiscalía General de Bahía Blanca “observe con particular detenimiento las irregularidades que plantea la familia y las defensas. Y que se aparte a la policía bonaerense de la investigación por entender que la denuncia efectuadas por Kevin da cuenta de un involucramiento notorio de la fuerza de seguridad en las irregularidades de la causa”.

La CPM, la Cátedra de Educación y DD.HH. de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, brindaron una conferencia de prensa junto a familiares de los jóvenes privados de la libertad. Solicitaron que se revea la investigación y se evalúe el cese de las prisiones preventivas de los 14 detenidos en la Unidad Penal de Villa Floresta.

Jessica Visotsky, docente de la UNS, afirmó que desde la Cátedra “acompañamos a la familia sabiendo que la universidad pública tiene la obligación de hacerlo y debe asumir el compromiso con la sociedad donde está inmersa”. Por su parte, Raúl Menghini, director del Departamento de Ciencias de la Educación – UNS, expresó que “se deben seguir los procesos judiciales ajustados a derecho y no criminalizar a los jóvenes”.

Pomares agregó que desde la Comisión solicitan que “se pongan medidas de protección para el testigo Torres que ha denunciado hostigamiento concreto de parte de la policía provincial”.

El organismo provincial acompañó el pedido de los familiares ante la Cámara de Apelaciones para que resuelva las libertades durante el proceso y que “disponga medidas alternativas al encierro”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Nora Cortiñas expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los 14 jóvenes detenidos. “Nos preocupan estas situaciones, por un lado, salen leyes legalizando el uso medicinal del cannabis y, por otro, se persigue a los jóvenes falseando sus testimonios. Así vamos mal”, sentenció.

“No nos van a silenciar, vamos a ser la voz de los chicos que están detenidos”, dijo Fabiana Herrero junto a Federico Parodi, ambos familiares de los jóvenes privados de su libertad. Según el Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 312, para dictar una prisión preventiva no debe existir riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Todos tienen contención familiar, dos se entregaron espontáneamente y todos cedieron voluntariamente sus teléfonos y sus pertenencias”, dijo Fabiana, madre de Nicolás Lupin, autocultivador de cannabis encarcelado.

Federico, hermano de uno de los detenidos, analizó con indignación: “¿Hasta dónde llega el trabajo de la fiscalía? ¿Hasta dónde tienen que investigar? ¿O se conforman con lo que le dice la policía? Como son pibes de un pueblo de clase media baja, se los criminaliza al toque, se los manda al penal. Kevin Torres, tuvo el valor y la ética, de presentarse a declarar en la fiscalía. Lo usan al pibe para hostigarlo, pensando que se iba a quedar en el molde”.

El Frente de Todos presentó por cuarta vez una minuta de comunicación pidiendo explicaciones al Ejecutivo acerca de las disposiciones finales de los fallecimientos por o de Covid 19.

El jueves no fue tratado. ¿Hubo entierros en sectores inundables a pesar de estar prohibido?

“Poco después de decretada la pandemia el intendente mandó un proyecto sobre qué es lo que se debería hacer en caso de una catástrofe de esta magnitud, cuál es el tratamiento de los cadáveres. Se votó en el Concejo una normativa que se adecúa a las nacionales e internacionales. No hay ninguna certeza hasta ahora que lo que se votó se haya llevado a cabo”, dijo a FM De la Calle Gustavo Mandará.

La minuta requiere un pedido del “listado completo de la disposición final de los cuerpos de las 345 personas fallecidas en nuestra ciudad tanto por COVID-19 como con COVID-19 según los registros oficiales al día 10 de marzo de 2021, con el correspondiente desglose respecto si fueron cremados o inhumados y en qué lugar”.

El covid es una enfermedad tanatotransmisible, se puede contagiar incluso a través de una persona muerta. “Según la ordenanza, se estableció que quienes fallecieran de Covid y con Covid no puedan ir a nichos ni bóvedas, se recomienda la cremación. En caso que no quede remedio que ir a tierra se ponen condiciones claras de cómo se hace”.

Destacó que “no se puede inhumar a personas con Covid en terrenos inundables ni a menos de 200 metros de un curso de agua. El cementerio Parque de Paz está en una zona inundable y cuando llueve está en un curso de agua. ¿Ninguna persona muerta de o con Covid fue inhumada en Parque de Paz? Eso estamos preguntando”.

El director de la Clínica Matera, Pablo Casella, destacó que el sistema de salud está a la “espera de un segundo brote cuando esté cerca el invierno”. Agregó que están activando los mecanismos del año pasado para afrontar el rebrote.

“Lo que se ha visto y la información que tenemos es que esta cepa brasilera es más transmisible y genera más contagios, más rápido. En cuanto a la peligrosidad pareciera ser igual que la cepa de ahora”, dijo Casella a FM De la Calle.

El médico comentó que “lo esperanzador es la vacunación. La respuesta, además de los cuidados, viene de la mano de la vacunación. En el hospital estamos muy avanzados, en las áreas destinadas a Covid estamos en el 100% de vacunación y en las otras áreas es del 70%. Es muy poco el personal que no se quiere vacunar, son los menos. Tenemos mucha gente que trabaja en el hospital que no están en contacto directo con pacientes, esas áreas están más retrasadas”.

Respecto al contagio de personas ya vacunadas, Casella destacó que “los casos han sido muy leves, no han necesitado ningún soporte extra. La vacunación en ese sentido la vemos muy eficaz para evitar formas graves del Covid. Creemos que si tenemos el 50% de la población vacunada eso nos daría un alivio significativo”.

En el hospital “hoy solamente quedaron cinco paciente positivos y dos sospechosos y sí seguimos teniendo muchos pacientes en seguimiento telefónico. Hay 18 positivos y 20 a la espera. Nuestros principales pacientes corresponden a empleados de comercio y son gente joven, todo el año pasado tuvimos promedio entre 45 y 50 años. Es la característica de nuestro hospital”.

“Tenemos una ventaja, si mantenemos los cuidados personales y asumimos que la pandemia no pasó, tenemos la posibilidad de minimizarlo y que no pase lo de otros países”, concluyó.

El Centro Cultural La Panadería reabrió sus puertas con un espectáculo que surge de la creatividad de Matías Morelli, un artista especializado en percusión, conocido por públicos diferentes. Hay quienes lo han escuchado como solista en percusión de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, otras audiencias por su participación en grupos históricos de la ciudad y hay quienes han presenciado sus propuestas de características contemporáneas. También es docente, entre otras cosas. A grandes rasgos, una figura que se mueve en diversos ámbitos de la música y del arte. Si la música es una sola –como reivindicamos desde este espacio- y, en todo caso, se expresa en distintos formatos, su práctica requiere de músicos integrales. Es el caso de nuestro convocado.

La propuesta que tendrá lugar –última función- este sábado a las 21:30 parte de una propuesta estética personal. “Siempre digo que si durante cinco minutos dijimos algo que solo nosotros podíamos hacer, de la hora que estamos tocando, salvamos la noche”, cuenta Morelli a nuestro medio.

Sobre el escenario participan otros y otras artistas que arroja una mixtura sonora y subjetiva. “Mi idea original era hacer un concierto solo. Yo tengo un ejercicio cotidiano de juntarme con gente a tocar y a improvisar. En un momento en el devenir de organizar este concierto, fui comentándoles y se fueron sumando. Al final armé un concierto donde en una primer parte toco solo y luego en un ensamble con músicos que por primera vez tocamos juntos, antes tocábamos por separado”.

El concepto no tiene que ver con la ejecución de una obra escrita. “Todos conocen la manera en la que se toca y no hay una pieza que hay que tocar: hay que estar en ese estado para poder tocar. Requiere un estado mental. El concierto quiere reflejar un estado de improvisación que cuando no nos debemos a un público, estamos como una hora sin parar donde pasamos por distintos momentos. La idea es reflejar esa espontaneidad pero controlada. Y ahí lo que hay que hacer es saltearse todo el tiempo aquel lugar común en el que sabés que podés…”.

Tocar esta música, rechazar todos los lenguajes que uno ya conoce, responde a la situación que estamos viviendo. Por lo menos en el arte me rebelo”.

Marcos Marchegiani, uno de los artistas invitados, dijo a FM De la Calle que “desde la perspectiva de quien está en el escenario, el concepto musical que se trabaja es el concepto de la búsqueda constante. Es la sensación de que lo que encuentra uno arriba en el escenario no es el fin sino que el fin es la búsqueda. Cuando alguien encuentra algo, los demás estamos buscando cómo profundizarlo. Es una aventura a través del campo auditivo y de las emociones, sin la necesidad de un preconcepto”.

“Es una propuesta muy ambiciosa. Venimos de un año en el que es muy necesario que trabajamos nuestras emociones. Tenemos que saber valorar que exista gente como Mati en Bahía Blanca que pueda trabajar en este campo con conocimiento y experiencia para poder llevar adelante este tipo de propuestas que no son comunes pero son necesarias”.

El concierto está dedicado a Diego Maradona, en un gesto que no refiere a la literalidad de su presencia en el espectáculo sino más bien a una manera de percibir el mundo. “Sin ser futbolero ni necesariamente maradoneano, cuando murió, dije: cambio de era. Guardé todas las partituras y las archivé. Me puse a improvisar y encontré cosas muy interesantes. Cuando dejás de leer y estudiar terminás escribiendo. Me parece que es un poco el gesto maradoniano: cortarte solo y jugártela por ahí. Y asumir el riesgo”.

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