Ayer, vecinxs de Grünbein e integrantes de su sociedad de fomento se hicieron presentes en el Concejo Deliberante. Lograron entrevistarse con ediles de diferentes bloques y obtuvieron el acuerdo de acelerar el otorgamiento del uso de la banca 25 para explicar la problemática. “Aparentemente estaría para este jueves”, dijo Rigoberto Villaroel a FM De la Calle.

Lxs concejales Matías Italiano, María Mercedes Insausti y Pablo Rosenfelt presentaron de manera conjunta un proyecto de ordenanza por el que se dispone la “declaración de la Emergencia Sanitaria en el sector de Grünbein del Partido de Bahía Blanca, por el término de 180 días, a los efectos de realizar la correspondiente limpieza de pozos ciegos y garantizando la salubridad a los vecinos del sector”.

El Departamento Ejecutivo “deberá informar semanalmente, y durante el plazo que dure la Emergencia Sanitaria de las tareas efectuadas en el marco de la urgencia, con el objeto de garantizar las prestación del servicio en condiciones de salubridad”.

El segundo días de este mes, Rigoberto trepó hasta la cima de una antena del edificio municipal en reclamo de soluciones por el déficit de cloacas que sufren distintas barriadas. Hace 20 años había tomado la misma medida pidiendo obras básicas de tendido de redes de gas que finalmente fueron llevadas a cabo.

Hoy se reunieron también con referentes de las áreas de Acción Social y Obras Públicas, por parte del Ejecutivo.

¿Qué reclaman?

“El tema central son las cloacas. En el 2014 logramos que se concretara el anteproyecto de obra, realizado por ABSA. Este año formamos una interbarrial porque es una obra complementaria que abarca los barrios Parque San Miguel, Polo, Villa Gloria, Villa Elena y Grünbein. En función de eso nos auto convocamos con compromiso y participación de los vecinos para lograr que se concrete esta obra básica”, explicó Villarroel.

La zona cuenta actualmente cuanta con los servicios de gas, luz y agua pero la falta de cloacas constituye “un problema sanitario grave”.

Además, el vecino explicó que “si no hubiéramos encarado el reclamo no se hubiera escuchado y tal vez dentro de un tiempo hubiera sido más grave”, en referencia a las medidas de fuerza que promovió en diferentes oportunidades. “Somos gente de laburo. La gente no está descreída. Está decepcionada. Estamos luchando para que nuestros representantes nos escuchen y soluciones. Para eso han asumido. Vivir sin la obra es complicado”, finalizó.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el domingo entre las 18 y las 22 fueron recibidas por la Guardia Ambiental perteneciente al Departamento Saneamiento Ambiental del municipio 27 denuncias derivadas desde el Centro de Comunicaciones y Emergencias 911 por olores en el ambiente.

“Los inspectores de esta guardia, siguiendo los procedimientos de rutina correspondientes, realizaron las gestiones y actuaciones pertinentes (tales como averiguación de los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional perteneciente a la Aeroestación Civil Comandante Espora), y realizaron un recorrido por distintas zonas (vientos arriba y vientos abajo), percibiendo la molestia y constatando que el foco de la misma era en la avícola ‘Granja San Miguel’, ya que ésta cuanta con una planta de secado de guano”, dijeron desde la comuna.

Como resultado de las actuaciones realizadas, se labró Acta de Comprobación N° 8249 y Acta de Inspección N° 33882, en virtud de la infracción al Código de Planeamiento Urbano del Partido de Bahía Blanca. (Art. 7.2 “Emisión de Olores”).

(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.

A un viento de morir

En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.

Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.

Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.

Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.

La política del enclave

Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?

Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.

Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.

A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.

La política del grifo y el sumidero

El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.

En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.

Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.

¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?

En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´,  publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).

La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.

La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.

La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

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Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

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-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

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En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

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Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

La secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró acta de infracción a la empresa PBB Polisur S.RL. por la emisión de humos negros. A las 13:06 horas se constató desde las cámaras del CTE la emisión de humo negro desde la antorcha elevada de la planta de EPE de PBB-Polisur.

A fin de calificar su opacidad, inspectores se dirigieron hacia el lugar para observar la emisión, calificándola con una opacidad de 100 % equivalente a grado 5 de la escala de Ringelmann. El evento tuvo una duración total de 5 minutos, tiempo que excede lo establecido en la legislación vigente.

Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965, y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.

Según las autoridades, el acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). Por el mismo se recibió una denuncia vecinal a través de la central de emergencias (911).

La empresa informó que el evento se produjo debido a la parada de la planta por problemas de especificación en la corriente de ingreso, debiendo derivar la misma a la antorcha.

La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.

Ayer, un plenario de comisiones analizó la posible creación de un Instituto del Quemado en Bahía Blanca. Se trata del expediente 567/2016, debatido por los grupos de trabajo de Salud Pública y de Defensa del Consumidor y Usuarios de Servicios.

Asistieron al encuentro profesionales del Hospital Naval, el Hospital Penna y autoridades de la Secretaria de Salud quienes hicieron públicos una serie de informes acerca del tema.

Para el oficialismo el número de casos, las características y las estadísticas dadas hasta la actualidad evidencian la necesidad de contar con personal capacitado para atender los posibles casos ante la emergencia y no con un Centro o Instituto de alta complejidad. A esto se suma la posibilidad de contar con un avión sanitario.

Sin embargo, el concejal por Compromiso Bahía, Matías Italiano –autor de un proyecto al respecto-, dijo a FM De la Calle que “Bahía Blanca necesita un instituto del quemado o una sala que brinde atención para casos de mediana y alta complejidad. Bahía Blanca está colocada estratégicamente para que pueda exististir un instituto del quemado y así lo considera la Universidad de La Plata en un trabajo que realizó sobre la regionalización de los institutos del quemado en el país. Debería dar respuesta a todo lo que sería el sur”.

“Es simplista plantear que es inviable por una cuestión de que tenemos cuatro o cinco casos locales por año. Tiene que ver con la exposición diaria que tenemos todos los bahienses con el sector industrial. Estamos expuestos a que suceda un evento y tengamos que recurrir a una atención de mediana o alta complejidad y no la tengamos. Así fue reconocido por los médicos que se hicieron presentes en el plenario”, sostuvo.

“Desde que una persona es afectada o dañada por una quemadura pasan 72 hs hasta que se toma la decisión, se logra conseguir avión sanitario y se logra transferir al paciente. Y estamos hablando de que las primeras horas son prioritarias para salvarle la vida”.

Además, el edil destcó que “las empresas multinacionales del polo petroquímico pondrían fondos para un instituto” pero “necesitamos decisión política”.

Fotos: hcdbahìa

Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

(Por Francisco J Cantamutto) Se acumula la evidencia, y toda apunta en un mismo sentido: el gobierno de Cambiemos paralizó la actividad e incrementó la inflación.

La economía argentina venía de casi un lustro de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria, acumulando contradicciones y problemas, pero sin estallar en una crisis de magnitud comparable a cualquiera de los episodios que nuestro país vivió antes. El traspaso de mando no se dio en el medio de una híper o después de una recesión de 4 años, con devaluación mediante. No hubo un estallido social, ni una crisis institucional que obligara a pases de mando fuera del control popular. Nada de esto: había, sí, inconsistencias, contradicciones, problemas, algunos de los cuales Macri y su fuerza política utilizaron para hacer campaña, criticando, pero evitando explicar cómo las superarían, y el motivo es simple: porque su salida era antipopular.

Quizás incluso antes de asumir -por las declaraciones públicas de sus referentes- Cambiemos provocó una intensificación de los aspectos más dañinos que mostraba hasta entonces la economía nacional. Las devaluaciones de diciembre y febrero, la quita de retenciones y los aumentos de tarifas fueron los principales motivos por los que la inflación se incrementó, saltando a un nuevo ritmo, mucho más cruento: de un ya alto 26,5% de 2015, este año se espera terminar con casi el doble, entre el 43,9% y el 45,4% -según estimaciones del valioso informe de CIFRA de CTA. Vale recalcar que ninguna paritaria de este año se aproximó a ese número, cerrando todas diez puntos por debajo o aún menos, lo que tira por tierra el argumento de los salarios como factor explicativo de la inflación. De hecho, según ese mismo instituto, el salario real promedio ha caído un 12,1% desde diciembre de 2015 a julio del corriente.

Al mismo tiempo, este paquete de medidas ha provocado la virtual parálisis de la economía. El desplome de la demana interna ha impactado en diversos sectores: la CAME -que agrupa pequeñas y medianas empresas- señala una caída del 6,4% de sus ventas respecto de igual semestre del año previo, mientras que las de los supermercados acumulan un 30% de caída desde diciembre. Vale señalar que este menor consumo interno no está siendo compensado por otros componentes de la demanda. Con el mundo y nuestros socios comerciales en crisis, las exportaciones totales han caído un 3% respecto del año pasado. La incapacidad de sostener de manera clara algunas políticas (tarifazo) y el incentivo a la actividad especulativa financiera, han provocado que la inversión muestre un retroceso superior al 4%. Por estos motivos, todas las estimaciones coinciden en que 2016 cerrará en recesión, con una contracción de al menos el 1% del producto total.

La crisis y el incremento de la inflación han provocado un nuevo escenario llamativo, conocido como de estanflación (estancamiento con inflación), que merece al menos dos comentarios.

El primero es que este escenario se hace evidente con el nuevo gobierno, que entonces debe esforzarse todos los días para convencer al pueblo que es en realidad responsabilidad del gobierno anterior. Hablando de inercia y de herencia pretenden descargar el resultado de sus políticas sobre lo hecho previamente, con un discurso cargado de fatalismo: “no se podía hacer otra cosa”. Pero este discurso tiene límites, entre los que está la memoria colectiva, donde no se puede fabricar un colapso que no pre-existió, sino que vino después. No pocos votantes de Cambiemos entendieron que era un problema de tiempos, que era necesario esperar para que el nuevo gobierno tomara las riendas de la economía, pero tras 8 meses empieza a quedar claro que no se trata de un error de cálculo sino una política deliberada.

El segundo comentario es que el fenómeno de estanflación apareció en el debate internacional asociado a las políticas del Estado de Bienestar, que con cierto halo keynesismo impulsaban la demanda agregada a través del gasto público. Se trata de un concepto que el monetarismo utilizó para criticar políticas que asociaba a lo que entendían como populismo, reduciendo el concepto al simple gasto por encima de las posibilidades productivas. Esto está implícito en las declaraciones de diversos ministros con y sin cartera sobre que “no era normal” que trabajadores y trabajadoras tuvieran vacaciones, autos, o incluso celulares.

Pero vale la pena remarcar que este tipo de política de ajuste no es nueva. Con contextos diferentes, las políticas actuales guardan parecidos con el paquete de medidas aplicado por el ministro Krieger Vasena durante el gobierno de Onganía o las del famoso Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En ambos casos, devaluación, aumento de tarifas y de tasas de interés pretendían impulsar una mejora de la rentabilidad de ciertos sectores, y resolver la inflación generada mediante la apertura de la economía, tal como el actual gobierno busca realizar. En ambos casos se generó recesión e inflación, y ninguno de esos ministros puede asociarse a modelos redistributivos progresivos. La recesión no es necesariamente un objetivo de las políticas, sino un costo que están dispuestos a pagar para ordenar la economía según sus preferencias e intereses.

Vale también resaltar que el límite, en ambos casos, estuvo marcado por la resistencia popular a aceptar semejantes programas. Hasta el momento, ni el famoso “segundo semestre” muestra señales de mejoría, y esto empieza a mostrar recelos y presiones entre las fuerzas que componen el gobierno. Lentamente, a nivel social se han mostrado múltiples iniciativas de resistencia al ajuste: multisectoriales contra el ajuste en todo el país, movilizaciones de trabajadores/as de la economía social y popular, protestas sindicales aún dispersas. Llevará aún cierto tiempo para que estas resistencias tengan alguna forma de representación política, pero no cabe duda que el pueblo está marcando el límite a este ajuste neoliberal que hasta el momento sólo muestra como resultados más recesión y más inflación.

Lo dijo a FM De la Calle el titular de la Federación Agraria local Joaquín Fortunati. El viernes pasado un productor de la zona de Darregueira fue expulsado de su campo por no poder afrontar el pago de las deudas con la banca oficial. “No nos da la cabeza para soñar” con lo que se mostró en la Exposición de la Sociedad Rural, agregó.

La Federación Agraria Argentina denunció el agravamiento de la situación de pequeños y medianos productores, con tamberos, porcicultores y economías regionales padeciendo los problemas más urgentes y advirtió que de no obtener respuestas realizará movilizaciones en las economías regionales. A fin de mes presentarán en el Congreso propuestas de políticas públicas diferenciadas.

En cuanto a los precios de sus producciones, Fortunati afirmó que, por ejemplo, “el kilo de cerdo vivo a un productor de nuestra zona se le está pagando entre 13 y 14 pesos y el litro de leche a 3 pesos, seguimos siendo los convidados de piedra”. “En algunas regiones la leche es un artículo de lujo porque la política argentina ha beneficiado el monopolio de las grandes empresas y ha hecho desaparecer a las pequeñas fábricas lácteas y a los pequeños tamberos”. En el caso del trigo, se paga al productor entre 2,70 y 3 pesos mientras que “el kilo de pan en el mejor de los casos está a 25”.

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“Se prometió un cambio, lo estamos esperando pero hay muchos que nos estamos cayendo del mapa y son los chacareros más chicos, a los que más cuesta llegar y los que quedaron endeudados con la banca oficial, con el Banco Nación que hoy pese a que se habían acordado prórrogas, hay algunos trámites judiciales en los juzgados federales 1 y 2 de Bahía Blanca donde se están ordenando desalojos para el posterior remate de esos campos”.

Fortunati identificó una política de Estado que -más allá de presidentes y dictadores- desde fines de la década del 70 apuntó a “correr del mapa al pequeño productor agropecuario argumentando el eficientismo dentro del sector agropecuario, es decir, producir más y mejor con menos gente, con una base tecnológica, con una base de concentración de los recursos, tanto tierra como agua”.

“Esto hace que empiecen a languidecer pueblos, yo soy oriundo de uno del sudoeste bonaerense, pasamos a tener pueblos geriátricos donde vemos que las grandes empresas y las financieras como Banco Nación y Banco Provincia hacen propaganda engañosa y que los pequeños productores caigan en trampas como son los créditos que terminan expulsándolos de sus tierras que en algunos casos están trabajando hace setenta u ochenta años cada familia”, dijo.

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos  "del campo".

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos “del campo”.

El dirigente explicó que “estarían bajo el amparo de la ley 14.144 que hace que los que están endeudados con el Banco Nación tengan oportunidad de pagar su deuda por intermedio del fideicomiso Provincia de Buenos Aires pero la provincia no ha firmado lo correspondiente ni ha hecho el trámite necesario para el traspaso de esa deuda del Banco Nación al fideicomiso”.

La Federación Agraria mostró su preocupación por el impacto del Decreto 820 que promueve la extranjerización de la tierra y la consecuente expulsión de más familias chacareras. Fortunati comentó al respecto que el productor desalojado días atrás en Darregueira, “tiene enfrente una empresa de capitales si no me equivoco italianos que podría ser una de las interesadas en comprar una de sus 190 hectáreas”.

“El problema ese existe desde siempre, en Bahía Blanca por ejemplo cuando era intendente el señor Cristian Breitenstein se gestionó para regalarle las tierras a la empresa Dreyfus, que ahora fue inaugurada la terminal y vino el presidente y la gobernadora, y se la sacaron a la familia Moreno que era de capitales nacionales que históricamente había trabajado en Bahía Blanca”.

CampoSO

Finalmente, Fortunati opinó que el proyecto de Ley de Semillas, que presentará en los próximos días el gobierno con letra de Monsanto, pretende “cobrarnos por vivir”. “Si un productor agropecuario que compra una semilla va a tener que pagar in eternum regalías a la empresa porque fabricó algo con genética es como decirle que usted compra un auto de la marca que elija y le va a tener que estar pagando toda la vida a la empresa que lo fabricó porque fabricó tecnología”.

“Es un despropósito, una vez que compre eso es mío, el derecho de propiedad quedaría en manos del productor que compró la semilla, pasa que es muy fácil para la empresa argumentar que como tiene un registro genético tienen derecho a regalías. Es más fácil cobrarle a un montón de chacareros que negociar con una empresa internacional”, destacó.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

(Por Patricio Eleisegui) Monsanto puso fin a su proyecto en Córdoba y no levantará la planta que anunció Cristina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a este periodista que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. Monsanto comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista, las causas que precipitaron la decisión

Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Fernández concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.

Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de, precisamente, el maíz que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.

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La imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco comenzó a romper la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.

El fin de proyecto fue confirmado a este periodista por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas si se pasó los 2,5 millones”.

“Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos 5 años”, explicó.

La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.

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“No se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”, aseveró.

Según pudo confirmar quien aquí escribe, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio. “La idea es tratar de vender el terreno este año, pero como siempre dependemos de la real decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto”, sostuvo la fuente.

El plan que caducó

La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.

“Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales(una en la Provincia de Córdoba y la otra en la Provincia de Tucumán); el desarrollo de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja; Ensayos Experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios”, informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.

La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.

La movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, a la par de un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.

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Patricio Eleisegui
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Una gran bandada de tordos renegridos eligió pasar este invierno al calor de la ciudad y ocupó los tres grandes árboles de la peatonal Drago cercanos a calle O’Higgins. Sin embargo, la llamativa nube de aves y su cantar contrastaban con la suciedad de sus excrementos sobre los juegos infantiles y los bancos del lugar. Ante el riesgo sanitario que esto significaba, la Municipalidad ordenó la poda de los palos borrachos y el lapacho rosa.

“Está llegando a esa peatonal una gran cantidad de tordos que utilizan de dormidero las especies vegetales, los árboles, que están en ese lugar. Si bien la decisión no es fácil, ahuyentar los pájaros es todo un tema, estamos trabajando con la Dirección de Parques”, había dicho días antes a FM De la Calle la secretaria de Medio Ambiente Adriana Chanampa. “Con una poda, que es lo que estamos haciendo tendría que resultar”.

“Tampoco queremos llegar a sacar los ejemplares porque no es la idea, sí podarlos o buscar otra alternativa. Estamos trabajando con los biólogos para que el inconveniente que están causando esta gran cantidad de aves se pueda minimizar en el aspecto sanitario en un lugar donde hay mucho niños”.

El biólogo Pablo Petracci opinó que “por cualquier tipo de interacción negativa entre distintas especies de la fauna local y nosotros, sobre todo en los ejidos urbanos, uno tiene que ir pensando en una estrategia integral a largo plazo en cuanto a evitarle el acceso a algunos lugares. Las aves se van afuera de día a alimentarse y cuando vuelven a los dormideros todo su sistema digestivo empieza a producir materia fecal y materia orgánica y en este caso puntual no lo veo del todo desatinado dada la urgencia”.

“Es un evento bastante interesante, otro de los tantos que tenemos en la ciudad. Durante los meses invernales las ciudades tienen una temperatura un poco más benigna respecto a los alrededores y varias especies de aves las eligen”, explicó ante la consulta de FM De la Calle.

Agregó que los tordos renegridos -molothrus bonariensis- durante la etapa no reproductiva adoptan un “comportamiento gregario”, “se reúnen en grandes bandadas y tienen estos éxodos o pulsos alrededor de la ciudad cuando va atardeciendo”. Al anochecer, los machos -negros- son los primeros en llegar a los dormideros, seguidos por las hembras -marrones-.

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Según Petracci, “eligen determinadas especies de árboles, son conocidos los plátanos de calle Colón y algunas lambertianas en distintos puntos de la ciudad. Esto ocurre hace muchísimos años en Bahía Blanca y en este caso puntual se dio que entraron en conflicto con un sector de uso recreativo”.

El especialista comentó que falta un censo de lugares que puedan ser elegidos por los pájaros como dormideros para evitar nuevos inconvenientes y que, más allá de la poda que se aplicó, existen otros métodos para resolver el problema. Van desde el uso de aves rapaces hasta “la colocación de telas media sombra debajo de los árboles para evitar que la materia fecal caiga al suelo, a la gente, a los vehículos o, en este caso, los chicos en lugares de esparcimiento”.

“Hay aparatos que producen sonido de forma aleatoria de distinto tipo. Incluso en algunos aeropuertos se usan sonidos de cantantes como Tina Turneresto no es un chiste– porque las repele, son una serie de medidas que son menos invasivas”.

Petracci afirmó que los tordos renegridos no son una especie amenazada y tienen un estado de conservación “muy bueno”. “En unos pocos meses estas aves directamente se van a mover a las áreas de reproducción, ya en septiembre uno no empieza a ver más estos dormideros”, adelantó.

Por el momento no se sabe sobre qué ramas se posó la nube negra aunque aún pueden escucharse por las noches a algunos tordos desorientados alrededor de los troncos pelados de la peatonal.

Loros protegidos

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Por otra parte, el biólogo informó que la comisión de especies emblemáticas de la ciudad fue reflotada recientemente y se encuentra trabajando en la puesta en valor de la colonia de loros de avda. Cabrera, la cual fue motivo de polémica ante la intención del gobierno de Gustavo Bevilacqua de destruirla para contener la barda y abrir una calle en el sector y construir oficinas municipales.

“Toda esa situación que ocurrió con la gestión anterior sirvió para potenciar y generar varios proyectos de ordenanza, declaración de espacio protegido, algunas tesis doctorales, tesinas de grado de la gente de la Universidad del Sur y el año pasado no pudimos concretar la visita de National Geographic a la colonia por problemas del barco pero esperamos que este se concrete nuevamente”, dijo.

La intención es “generar cartelería, una especie de mirador que articule con la reserva municipal declarada por ordenanza que está enfrente, esas dos o tres hectáreas donde hay chañares y quizás con alguna otra actividad que tenga que ver con la observación de aves en el arroyo Napostá”.

La señalización apuntaría a informar sobre el ciclo biológico de los loros: “Que la gente tenga la posibilidad de conocer cada mes, ir, mirar y saber en qué estado está la colonia, si están formando las parejas, alimentando a los pichones, incubando y demás y que sea un atractivo en la ciudad”.

Fotos: Bandada de tordos, Lorena Zerneri. Loros, Pablo Petracci.

(Por Alicia Torre) En la realidad fue el principio pero por alguna razón que no puedo explicar lo conté al revés. Esta fue la primera nota levantada en Bogotá a sólo cuatro días de haber llegado. El 17 de marzo se anunciaba una importante marcha de protesta organizada por gremios de empleadas y empleados estatales: salud, educación, justicia, bancos, transportes, seguridad social. A la convocatoria se sumaron organizaciones ambientalistas,  mujeres organizadas, artistas independientes,  estudiantes de todos los niveles, jubilados, jubiladas y sobre todo los grupos que desde hace tanto tiempo están pidiendo por la paz con dignidad y justicia, destacándose Marcha Patriótica, el grupo más numeroso y comprometido donde milita Piedad Córdoba, ex senadora y militante por los derechos humanos.

Impresionante la cantidad de gente que participó, durante horas fueron llegando por la avenida 7ma, llenaron la Plaza Bolívar -que es inmensa- y  todavía seguían sumándose cuando ya no cabía nadie más.  Por la mañana ya había grupos aunque la marcha estaba citada para las 15. Aprovechando la relativa tranquilidad del momento me acerqué a un grupo de hombres que tenían una bandera que decía: “por una Colombia unida y en paz Usme ancestral étnica y cultural presente” ASOCAVEART. Me contaron que pertenecían a este grupo que reivindica al Pueblo Muisca, del cual descienden, y que Usme es una localidad del Gran Bogotá donde tienen su sede y desarrollan sus actividades  militantes y también se dedican a reproducir el arte muisca en piezas que venden en una feria del lugar.

ali2Grave, uno de sus integrantes, me contó cuál era el compromiso con la defensa del Medio Ambiente y me invitó a visitarlos en la feria. El viaje fue bastante largo, por momentos creía que me había pasado pero siempre está la amabilidad de los colombianos compañeros de bus que me explicaban que “faltaba un poquito”. Finalmente llegué, los localicé y pudimos mantener una entretenida charla.

Grave cuenta la realidad de Bogotá, de Colombia, y también de América Latina. Esta nueva apropiación de los recursos naturales, el asentamiento de las multinacionales a las que ningún Estado pone coto lleva a la situación de preocupación y por momentos angustia de quienes tienen claro que de seguir así el futuro es muy corto.

Coca Cola, Nestlé y algunas otras empresas han  puesto sus pies en Colombia hace ya mucho tiempo. La pureza del agua ha sido el gran atractivo, la complicidad de los gobiernos ayudó sobremanera sobre todo teniendo en cuenta que durante años los gremios de la alimentación denunciaron malos tratos llegando hasta a crímenes y desapariciones sin que se hayan aclarado nunca. Y las empresas siguen robando a manos llenas los recursos naturales pero no pueden contra la dignidad de algunas personas que siguen denunciando, recuperando saberes ancestrales y comprometiéndose en la búsqueda de un mundo mejor.

Es difícil dejar este hermoso país y esa hermosa gente, por hablar hoy de un tema netamente urbano, lo ilustraremos con música de rap, atendiendo a lo que dicen desde el grupo La Etnnia.

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces del centro de Bogotá. Es considerado por algunos el primer grupo rapero de Colombia. Se iniciaron bailando break en las calles en 1984, en 1995 grabaron su primer CD: Ataque del metano. Cerraron el Festival “Al Parque” en Bogotá en 2008. Desde su inicio graban con el sello independiente 5-27 RECORDS.

(Por Alicia Torre) Estamos en la capital de Colombia, en el distrito de Cundinamarca, es la sabana de Bogotá, en el altiplano a más de 2600 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera capital más alta de Sudamérica después de La Paz y Quito. Cuenta con una variada oferta cultural con una gran cantidad de teatros, museos y bibliotecas. Es muy famoso el Museo del Oro que guarda la mayor colección de orfebrería prehispánica de América. También es llamativo su sistema de transporte que incorporó el TransMilenio constituido por un gran número de vehículos articulados que circulan por carriles propios, con paradas cada cuatro o cinco cuadras, y agilizan enormemente el tránsito.

Bogotá tiene un encanto especial en sus calles coloniales, el barrio de La Candelaria es el lugar histórico: conserva sus callecitas empedradas, el estilo de sus casas y la iluminación difusa que respeta la tonalidad de la época de su fundación.  El Museo del Oro se encuentra sobre una plaza enfrente a la antiquísima Iglesia de San Francisco. También se puede visitar el Museo Botero con muchas salas dedicadas a la obra del artista. Hay teatro callejero, músicos en las plazas y espectáculos gratuitos. Además, en La Candelaria están las principales oficinas gubernamentales, casi todas en antiguos palacios, rodeando la Plaza Bolívar, enorme plaza seca que conserva el empedrado original.

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En esta hermosa Candelaria tuve la enorme alegría de tropezar con un lugar que desde hace mucho tiempo tenía agendado para visitar: Quinua y amaranto: tienda saludable. Sabía que se trataba de un interesante proyecto de Economía Social tal cual pude comprobar al entrar. Allí estaba Magdalena Barón, de quien había leído una ponencia presentada en el Seminario internacional y diálogos locales: “Economía Popular – Qué es y para dónde va en Bogotá” de 2013. Es una experiencia que aborda desde la práctica la construcción de redes agroalimentarias y procesos de consumo solidario.  El nudo de conversación pasa por definir qué es Seguridad alimentaria y qué Soberanía alimentaria.

“Quien controla tu pan, controla tu destino”, están convencidas las integrantes de este proyecto que ese es su frente de lucha. Magdalena pone como ejemplo el valor de las rosas con referencia al de los alimentos. En Colombia es muy complicado el tema del cultivo de rosas, también en Ecuador. Estos cultivos son sólo para cubrir la demanda de los mercados europeos y en esos países del “primer mundo” no está permitido, por lo menos con la modalidad intensiva que se hace en los países americanos porque, entre otras cosas, es altamente contaminante. Se fumiga permanentemente bajo invernaderos plásticos y quienes trabajan en esa situación tienen riesgo permanente de contraer graves enfermedades o de morir. Además, es común se use trabajo esclavo y mano de obra infantil porque justamente el tamaño de sus manos permite una mejor labor. Muchas organizaciones de la sociedad civil demandan a los invernáculos de la muerte pero hasta ahora… el negocio es más fuerte.

Hay 27 mujeres, 27 familias que viven de lo que produce la tienda, con respeto, solidaridad y muchas ganas siguen adelante con el proyecto teniendo presentes los principios fundacionales:

# Priorizamos como proveedores redes de mujeres productoras y de pequeñas empresas.

# Decimos no a la distribución y consumo de productos artificiales y promocionados como  alimentos.

# Garantizamos que detrás de nuestras actividades y productos hay procesos ambientales limpios y socialmente justos.

# Facilitamos el conocimiento e intercambio de proveedores y proveedoras con consumidores y consumidoras.

# Entendemos el comercio como actividad no centrada exclusivamente en el lucro. Cuenta el servicio y el relacionamiento humano.

Quinua y amaranto Calle 11 N| 2-95 Centro histórico de la Candelaria. Bogotá – Colombia

Charla con Magdalena Barón, trabajadora social que buscando mejores maneras de vivir se sumó a la Economía Social.

Latinos Jazz quartet agrupación conformada en el 2009 con Rocío Amaya, que ya tenía como cantante una trayectoria reconocida dentro del jazz latino, y su par Jairo Pérez se fusionan con Carare, otro grupo local.

Si fue contra el tarifazo llegó un par de días tarde. Lo cierto es que nuevamente el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a una empresa del polo petroquímico por molestar a la comunidad con ruidos por encima de lo permitido. Cinco denuncias advirtieron la situación.

Según informó la Secretaría de Gestión Ambiental esta vez se escucharon desde la planta de Profertil S.A. durante las primeras horas del sábado como consecuencia de la parada de la planta de urea para tareas de mantenimiento y limpieza de granuladores.

“Fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno”, comunicó la oficina municipal.

El personal del CTE labró el acta de infracción imputando falta al ART. 1 Del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme artículo 1 de la resolución 159/96 (EX-SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (EX-SPA). El documento será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Foto: Jorge Naveiro.