Malvinas Argentinas: un pueblo que resiste a Monsanto

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Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

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Amnistía presentó mapa de conflictos indígenas

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Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:

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Sin novedades sobre las ciclovías

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Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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Multisectorial por el Colorado

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Se creó la Multisectorial en Defensa del Río Colorado, conformada por la Federación Agraria Argentina, Asociación de Trabajadores del Estado, Corriente Clasista y Combativa, ONG Alihuen, Fundación Chadileuvu, Consejo provincial de Lonkos Ranquel, Asociación Civil el Agora, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma la pampa, Sec. Pueblos originarios CTA Autónoma, Mujeres Autoconvocadas, Las Andreas, Secretaría de Cultura CTA A., PSA-PTP.

Leando Altolaguirre es dirigente de la ONG Alihuen y en diálogo con FM De la Calle explicó que “el responsable de la gestión de la supervisión del Río Colorado que es el COIRCO, está integrado” por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es el primero o el único río que se maneja con un comité de cuencas de las provincias y que no ha habido inconvenientes hasta estos momentos. Los principales inconvenientes se han ido solucionando y han tenido que ver con la actividad petrolera. También por los lavaderos industriales”.

“Estos años han venido generando una gran preocupación la realización del Mega Proyecto Minero Potasio Río Colorado, que es una inversión que se estima superior a los 10 mil millones de dólares, en donde el yacimiento del cloruro de potasio abarca las provincias de Mendoza y de Neuquén, debajo del causa del Río Colorado. Este emprendimiento, que demanda engería eléctrica, gas y agua dulce para inyectarla a temperatura y a presión para disolver lo que sería la costra de sal que se encuentra a 1200 mts de profundidad y después la necesidad de la energía para poder extraer y separar esa salmuera, pone en serio riesgo de, por un lado, contaminar las aguas del Río Colorado por la pérdida de halo ductos que atraviesan la cuenca del río y, por otro lado, también con la fila de sal de cloruro de sodio que sería uno de los productos residuales que quedaría como consecuencia de la extracción de cloruro de potasio”.

Sumado a esto “hay un proyecto que es el del trasvaso de Río Grande al Río Atuel. Mendoza tiene derecho a trasvasar esa agua así como La Pampa tiene derecho a regar, como cada una de las provincias. El tema se da en la fa forma en que la quieren implementar, y en ese comité se había establecido que el agua que tiene derecho la provincia de Buenos Aires, que es la del Río Negro, debido a que en Carmen de Patagones no puede hacer uso porque la pendiente no da para regar, tiene derecho la provincia de Buenos Aires al trasvaso del Río Negro al Colorado para poder hacer uso de esa agua”.

En este sentido, “el Agua del Rio negro es un agua de mejor calidad que el del Colorado. Tiene bajo contenido salino y por el volumen del agua que lleva los agentes contamines que pueden tener vinculados a la actividad del hombre se ven diluidos. El Rio Negro tiene un caudal de 1100 metros cúbicos por segundos y el Colorado unos 100. En donde hoy por hoy llegamos a tener una erogación en el invierno aguas debajo de 15 metros cúbicos por segundo que es prácticamente nada y cuando llegaba a Buenos Aires veía realmente menguado ese caudal, por infiltración, por perdida y por los distintos usos, en donde la zona de producción bajo riego ha visto sensiblemente reducida su superficie por la escases del recurso hídrico”.

“Entonces la idea de empezar a trabajar en concurso con las diferentes instituciones de las demás provincias es para encontrar una solución regional, que se realicen las obras necesarias” sostuvo.


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Leé el documento completo

La crisis hídrica que atraviesan los ríos que escurren por nuestro territorio provincial, sumado a la apropiación indebida de caudales por parte de las provincias que se encuentran en la cuenca superior está provocando el desmembramiento de nuestro territorio. Observamos día a día como disminuye la diversidad biológica, se salinizan los suelos, se acelera de desertificación…

Observamos como los pocos pobladores ribereños que aún quedan, se resignas al ostracismo.

Nuestra tierra sangra de dolor! Donde debía hallarse un río lleno de vida, hoy tenemos sal, arena y desolación.

El Río Colorado es nuestra fuente de vida! Sus aguas son empleadas con diversos fines – Consumo Humano, producción frutihortícola y ganadera, generación de electricidad, uso industrial, minería, recreación…

Sus aguas llegan hasta la capital pampeana por medio de un acueducto y en un futuro próximo se extenderá hasta el norte pampeano. Su principal finalidad consumo humano para mejorar la calidad de agua y mejorar la SALUD de la Población Pampeana. La provincia de La Pampa ha realizado enormes inversiones en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple en la región y continúa con un proceso que de concretarse modificaría sustancialmente la economía y la geopolítica pampeana.

Esta realidad que sufre nuestra provincia se ha gestado a consecuencia de un desentendimiento del Estado Nacional, el accionar deliberado de las provincias arribeñas y desidia e inoperancia de nuestros gobiernos.

Hemos visto con mucho pesar, la pasividad que durante décadas han tenido los gobiernos pampeanos en la defensa de los bienes comunes (alguna vez nos dijeron que habíamos perdido el juicio por el Atuel). El silencio o la inacción de los gobernadores que pasaron, profundizaron la crisis hídrica de La Pampa, permitiendo el uso abusivo de nuestras aguas. Sus vínculos con los gobiernos nacionales impidieron una firme postura para encarar la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En esta última década, estos, quedándose inmunes mientras el gobierno de Mendoza y el gobierno Kirchnerista planifican y realizan mega obras “a costillas” de los ríos interprovinciales como si fueran propios.

La Asamblea por el río Atuel, con fervientes reclamos,  obligó al actual gobernador, Mario Jorge, a iniciar una demanda judicial al gobierno mendocino con la sola intención de aplacar la voz popular. Con el tiempo transcurrido y con una sentencia en el pasado a nuestro favor, entendemos que eso solo fue acción política. Necesitamos efervescencia en el reclamo y en las acciones  estatales.

La justeza de nuestro reclamo es indudable, nos avala la legislación vigente y el sufrimiento de nuestros pobladores osteños. Los Derechos Humanos de los pobladores avasallados desde 1.948 constituye el principal argumento en favor del clamor de justicia.

Hoy estamos ante una situación límite, nuestro río Colorado  (kelu Leufu) está en extremo peligro.

La represa Portezuelo del Viento disminuirá notablemente su caudal desviando su mayor afluente, el río grande, para regar tierras mendocinas. Esta es una obra prevista en el tratado del Colorado y por tanto aceptada por todas las provincias signatarias del mencionado acuerdo, pero Mendoza aspira a manejar de forma unilateral su llenado y posterior manejo. Si tal cosa sucediera implicaría un gran peligro para el Colorado, puesto que Mendoza es maestra en aprovechar los Recursos Hidricos unilateralmenente. Esta situación que no alimentará a nuestro Atuel. Además servirá para alimentar eléctricamente a la mayor amenaza ambiental sobre la cuenca del Colorado: la Mina Potasio Río Colorado.

Esta mina incrementará el riesgo de salinizar toda la cuenca, lo que sumado a la actividad petrolera transformaran al río en una fuente inerte, estéril y contaminada. Perderemos todo aprovechamiento de sus aguas, desde el consumo y será imposible planificar el desarrollo humano, el desarrollo productivo sustentable, en definitiva el futuro de Nuestra Provincia.

Es imperioso buscar soluciones consensuadas que favorezcan la integración de la región y el desarrollo de cada una de las provincias favoreciendo el bienestar general y preservando el recurso para las futuras generaciones, reivindicar los derechos interprovinciales de los recursos hídricos.

Las provincias condóminos del Rio Colorado –Mendoza, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires- deben avanzar en el Estudio del Trasvase del Rio Negro al Colorado. Debería realizarse en la cuenca superior del Colorado, donde el COIRCO tiene posibilidad de almacenar agua en diques y generar energía y exigimos la intervención y regulación del COIRCO, en la Represa Portezuelo del Viento.

No abandonamos la lucha por nuestro Atuel y Salado-Chadileuvu-Curaco y no nos permitimos perder el Colorado, lo defenderemos de todos los ataques de negociados económicos que poco les importan nuestros bienes comunes.”

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Contaminación en la ría: ping pong de competencias

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La Cámara Federal rechazó la apelación de la Fiscalía y la querella sobre la declaración de incompetencia de la jueza Gabriela Marrón en la causa por contaminación del estuario bahiense. “Corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones, sin perjuicio de lo que surja de la investigación ulterior, por lo que propicio y voto rechazar los recursos de apelación”, dijo Pablo Candisano Mera con la adhesión posterior del ex espía Néstor Luis Montezanti.

“El tema de la competencia es una cuestión netamente formal que en algún momento se tiene que dilucidar, acá el gran problema que tenemos con las cuestiones ambientales y que ya ha pasado en otras causas en Bahía Blanca y a lo largo del país, es que hay una gran discusión entre provincia y Nación sobre quién tiene que tomar el caso”, dijo a FM De la Calle Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

La Cámara se remonta a un fallo de la Corte Suprema en el cual resolvió que “la persecución penal de los delitos reglados por la ley de residuos peligrosos es de competencia provincial y sólo excepcionalmente corresponde la intervención de los tribunales federales en supuestos de conflictos con efectos más allá de una sola jurisdicción”.

“Se confunden porque tanto la jueza Marrón como los jueces de Cámara toman como argumento de su declaración de incompetencia una causa civil que también estoy tramitando yo, que está en el juzgado provincial -donde la Corte ha dicho que tiene que ir- pero los argumentos son totalmente distintos, el objeto de la investigación y las leyes por las cuales se rige la competencia también son distintas”, explicó Beier.

Los magistrados agregan que “el argumento que pretenden hacer valer, respecto a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

“El delito penal lo que tipifica es el peligro a la salud generada por la contaminación, no es la contaminación en sí lo que está tipificando. Entonces lo que tiene que ser interjurisdiccional no es la contaminación sino el peligro en la salud. Por eso puse que un pez que nace y vive los primeros meses de su vida en el estuario de Bahía Blanca se alimenta con camarones, con todo el plancton que existe que ya está demostrado que está contaminado. Existe una bioacumulación en ese pez y en la etapa de adultez migra a otras provincias como Río Negro o Chubut. Y en esas provincias ese pez es consumido. O sea que el peligro para la salud no es solamente para el habitante de Bahía Blanca que va con su caña al muelle y pesca, sino que ese pez puede ser pescado en Río Negro”, afirmó.

Beier comentó que en este tipo de causas la aceptación de la competencia suele ser negativa: “Ninguno de los dos las quiere tomar, entonces genera una demora, pero es relativa porque ya la Corte ha dicho que mientras tanto exista esta contienda -que puede terminar en la Corte- el expediente tiene que seguir tramitando”.

“Estamos en una especie de ping pong donde uno se la pasa a otro y nunca se resuelve”, graficó el querellante y agregó que “los perjudicados somos nosotros que en estas idas y vueltas en las causas cada fiscal tiene una interpretación, una forma de trabajar, no es productivo que esto pase de mano en mano, de un juez a otro, de un fiscal a otro”.

Foto: Pablo Petracci.

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“No tiren nuestra salud a la basura”

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Ese fue el lema de la actividad que se realizó este domingo en Villa Nocito para impulsar la erradicación de los basurales del sector. El encuentro organizado por vecinas y vecinos del barrio junto al Merendero Popular Ernesto Che Guevara y el Colectivo Pueblo en Lucha, contó con una charla sobre la salud y los basurales a cargo de la dra. Selva Lamtzev, la pintada de un mural y merienda.

Un par de días antes, Claudia Meza dialogó con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle y adelantó detalles de los reclamos contra el basural: “Es increíble lo que hay, hicieron una pista de salud arriba, ahí los chicos no pueden ir a jugar. La verdad, no se puede. Volvieron las ratas, la Escuela 36 tiene comedor y en las vacaciones de invierno lo tuvieron que suspender por el problema de las ratas otra vez. Todo por el basural”.

“Prometieron mucho, hicimos unas reuniones y todo, que van a hacer esto, que iban a sacar la basura. La basura la dan vuelta, venían las palas y la revolvían. Eso con el viento y el agua vuelve a salir. (…) Habíamos quedado de acuerdo que incluso íbamos a hacer reuniones, nos iban a dar una mano para conocer todas las enfermedades, ayudarnos, nos iban a dar hasta el cebo para las ratas, nos iban a enseñar cómo usar todo, pero eso quedó en la nada. Nunca. Nada”, agregó sobre la atención del municipio.

Por otra parte, apuntó a personas que no son del barrio pero se acercan a usarlo de vertedero. “Gente de afuera que viene, saca la basura del auto, de la camioneta, y te tiran toda la basura ahí. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Que vos me digas ‘bueno es el vecino, todo el barrio’… pero no. Todo es de afuera, esa basura se juntó de afuera y de los camiones que venían de la Municipalidad y tiraban. Del mismo municipio venían”.

“Eso se paró un poco cuando nosotros empezamos a reclamar, pero la gente de afuera viene por la avda. Buenos Aires que es la costa del canal y el frigorífico. Yo te puedo decir que están las cuadrillas del municipio que dejan todo limpito, pero pasaste a las dos horas que la gente se fue y viene un auto y te tira la basura. No sé cómo hay que enseñarle a la gente que no tire basura”, insistió.

Finalmente, advirtió que aunque a sus vecinxs “les cuesta salir de la casa, con el asunto de las ratas tenemos todos el mismo problema”.

Foto: Pueblo en Lucha.

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“La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental”

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Aníbal Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los creadores del “derecho de jarras” con el cual pretenden concientizar y generar “una cultura del agua sana”. La iniciativa incluye proyectos legislativos que ya se discuten en la provincia de Santa Fe y la difusión de este concepto jurídico y sociológico para su reproducción a nivel nacional.

“Hay cerca de 1100 millones de personas que no acceden a agua sana, tenemos cuatro mil niños que mueren por día y en África cerca de 135 millones de personas que se enferman por no acceder a agua sana. Si le agregamos los dos millones de adultos que se mueren por año, la situación realmente es de un biocidio grave donde ha llegado el momento que en los mínimos actos cotidianos se empiece a generar cultura, conciencia aquí y ahora”, declaró a FM De la Calle.

El abogado se propone además “denunciar que la pobreza, como la esclavitud en su momento, no es normal, no es correcto, es pura patología social y lo genera un sistema determinado para permitir acumulación de unos pocos. Necesita ese sistema desposeer de los bienes comunes necesarios a muchísimos otros. El agua donde es escasa, donde no hay, hay pobreza. No es que no les llega a todos, no les llega a los pobres. La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental que padece ese ciudadano porque no accede al agua sana para vivir”.

“El derecho de Jarras es una creación sociológica, jurídica, de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario como un concepto, un instrumento inédito para Argentina y América Latina, que consiste fundamentalmente en que la gente cuando va a un bar, este es uno de los aspectos, tenga la posibilidad de ejercer este derecho en forma operativa e inmediata. Apenas se sienta en un bar para consumir algo, el mozo le acerca una jarra de agua en forma automática como cuando le acercan los cubiertos”, explicó.

El docente detalló que “otro aspecto es que el ente de administración pública -tanto provincial, municipal o nacional- garantice a los empleados, como así también a nuestros legisladores en los tres niveles del Estado federal el acceso a esta jarra de agua. En los ámbitos laborales privados, muchos de los lugares de producción tanto a nivel comercial, industrial o de servicios, aunque parezca insólito, muchas veces en jornadas de ocho horas no están garantizados dos litros de agua por día por persona”.

La fundamentación no solo se basa en el carácter elemental del acceso al líquido sino a las pruebas científicas que advierten que es un alimento insustituible: “Yo puedo pasar un mes sin comer sólidos pero no puedo pasar más de 72 horas sin tomar agua, el agua es constitutiva, esencial de la vida y nuestro cuerpo, el 75 por ciento de su composición es agua y a medida que nos acercamos a la vejez se reduce del 75 al 50 por ciento”.

Contra la privatización

Faccendini explicó que el agua como el aire son bienes comunes, por lo tanto, “a diferencia de los dos elementos de propiedad que hemos conocido los humanos que son la propiedad privada y lo que se llamó el socialismo real, (…) el bien común es la propiedad de todos en forma colectiva pero individual y en forma simultánea, de manera que nadie se pueda adjudicar la propiedad del agua sana o que se tiene que tomar”. Además, aseguró que la privatización del agua “fue nefasta como Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, de Santa Fe, como en su momento Azurix en la provincia de Buenos Aires o Aguas de Aconquija en Tucumán”.

Para el especialista, brindar agua de calidad a la población sigue siendo un desafío de los estados provincial y nacional ya que, por ejemplo, cerca de cuatro millones de argetinxs están expuestxs al arsénico. Hacen falta inversiones “para acceder a agua de rio que es la mejor” o, si es agua de pozo, mejorarla “mediante la osmosis inversa con todos los gastos que eso implica”.

“Una cosa es agua corriente y otra sana o potable. Yo puedo tener agua corriente que sale del caño pero no ser agua sana. La única sana es la que se pude tomar, si no, no es consumible y eso significa que no es potable. Servirá para bañarse, hacer cuestiones domésticas, pero no sirve para tomar”, detalló.

Por otra parte, el abogado advirtió que el nuevo Código Civil quitó el artículo 241 que establecía que el acceso al agua es un derecho humano esencial. “Estamos hablando de una cultura estatal con un atraso de 50 años, es nuevo el planteo pero siempre fue un derecho humano esencial, es como si alguien puede decir si tenemos derecho al acceso al aire puro. El sistema tan mercantilizado hace que la gente asuma como normal algo que es absolutamente anormal y hasta loco, que es que bienes que son esenciales para la vida lo tomen como algo natural que estén con niveles de contaminación que puedan afectarle la salud”.

El capitalismo fabrica pobres

Con la misma lógica de desnaturalización de problemáticas provocadas por el ser humano, Faccendini integra un colectivo que pretende que la ONU declare ilegal la pobreza.

“En el reino animal no racional no hay pobres, no hay monos pobres y monos ricos, habrá otra disputa de supervivencia pero no hay disputa de la construcción social de las comunidades del hombre que se construyen pobres. El capitalismo de la modernidad ha constituido y producido continuamente pobres que no acceden a los bienes esenciales y lo más terrible es que se ha generado una pedagogía de la pobreza en el sentido de generar en el pobre una situación de cierto estándar”.

“Primero que la pobreza es normal y de normal no tiene absolutamente nada. Segundo, si es pobre es por culpa de él, por ineptitud, por debilidad, por falta de inteligencia, o sea, en ese caso estamos en un proceso de doble victimización. Es víctima social por la pobreza y después, culturalmente se los victimiza como culpables de esa propuesta”, agregó.

En tercer término remarcó que “el sistema de esta modernidad pone al descubierto que la pobreza marca no solamente un biocidio, no solamente una lesa ambientalidad, porque el hombre forma parte de la comunidad biológica junto con los otros animales no racionales y evidentemente si hay pobres, esa pobreza afectada a una de las especies vivas sobre el planeta está afectando y lesionando el ambiente. No es solamente un problema económico, social, psicológico, sociológico sino también es un problema ambiental”.

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“La temática ecológica y ambiental deben estar en la agenda”

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Adolfo “Fito” Aguirre, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente Popular y su precandidato a diputado nacional, Claudio Giorno visitaron FM De la Calle en los últimos días de la campaña electoral.

“Uno de los primeros puntos es plantear que el ambiente es para todos, tomamos la decisión con todos los candidatos en desarrollar un tour socioambiental que en las distintas recorridas marque el nivel de contaminación, quiénes son los que producen esto y los que facilitan la cuestión. Sabemos que todo está conectado”, aseguró Aguirre.

El dirigente de ATE manifestó que se propusieron”colocarlo en la agenda política y además cuestionar el modelo de desarrollo urbanístico, porque se discrimina situando un suelo rico y un suelo pobre favoreciendo una burbuja inmobiliaria”.

“Las anomalías del sálvese quien pueda están haciendo generar inundaciones por la falta de desagües, no tener noción del cambio climático y modificar cuestiones naturales como retocar los arroyos para hacer country es peligroso. Estos temas no están en el show político”, afirmaron los precandidatos.

Claudio Giorno declaró que “el Congreso Nacional debería plantear las condiciones de vida que necesite el pueblo. Las consecuencias de las relaciones con el modelo extractivitas, de saqueo, está desde hace varias décadas, contradiciendo al relato nacional y popular. Hay que plantear modelos como el agropecuario de cultivaciones variadas”.

Al ser consultado sobre la calidad del servicio de la empresa ABSA, Aguirre dijo que “no hay planeamiento, lo último fue con Perón. Desde los ’90 que al Estado lo transfirieron al mercado libre competencia, todo se mueve con presupuestos, por eso en el tema del agua hay que pensar en un gran proyecto de estructura”.

Texto: Diego García. 

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Nueva oficina de delitos complejos

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La Fiscalía General Federal lanzó ayer un área de delitos complejos que pretende recibir denuncias e informaciones que permitan avanzar en investigaciones contra la narcocriminalidad, la trata de personas, afectaciones ambientales y violencia institucional, entre otros delitos.

“Tiene como misión iniciar investigaciones que tengan que ver con estos delitos y prestar apoyo a las fiscalías federales en estas materias de delitos complejos. Se nos ocurrió que este área además tenía que tener un modo de comunicación rápido, garantizado y anónimo para la gente que se encuentra involucrada en estos temas de crímenes complejos”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro.

El funcionario está a cargo de la coordinación de la oficina que cuenta con la colaboración de María Tiesser y Justo Sebastián y tiene a disposición -a cualquier hora y día- el celular 291 154 234 426 y el correo electrónico [email protected]

Cantaro comentó que vienen “caminando los barrios, interiorizándonos y conectando con los sectores sociales más vinculados con los niños, los jóvenes, los sectores más vulnerables de la sociedad, los excluidos. La gente sabe quiénes somos y nos conoce”.

“La gente puede estar tranquila que esto no se va a transformar en la persecución en el barrio. Nuestra idea es generar un cambio también en esto, no solamente ahora no van a investigar los jueces sino los fiscales, además queremos cambiar el marco de la investigación, tratar de llegar a los sectores que se enriquecen y crecen sus fuerzas de poder gracias a esos delitos y no al pibe en el barrio que muchas veces está vendiendo para pagarse el consumo”.

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YPF del Litio: la minería “progresista”

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(Por Darío Aranda – ComAmbiental) Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio'”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Por un minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dilemas del progresismo extractivo

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

“Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.
“El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.
Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.
No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html

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Alerta por las aguas del Colorado

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Ante la posibilidad de que el gobierno de Mendoza y la minera Vale reactiven el proyecto “Potasio Río Colorado” el presidente de la fundación pampeana Chadileuvú, Héctor Gómez, dijo a FM De la Calle que “este emprendimiento, si bien no es una minera de esas que usan cianuro y ese tipo de sustancias, deja un pasivo ambiental muy importante”.

Días atrás la empresa evaluó el estado de sus bienes desplegados entre Malargüe y Bahía Blanca para intentar reactivar las obras con nuevos inversores o desprenderse de la concesión ante el vencimiento de los plazos de paralización permitidos.

Por su parte, las autoridades provinciales y nacionales ratificaron en los últimos meses que se avanzó en el financiamiento de la primera etapa del acueducto que pretende abastecer de agua a Bahía Blanca y localidades de Villarino. “En este momento el río está erogando 50m3 por segundo, por debajo de lo que debería hacer para esta época del año. Hoy en día tuvieron que dejar de regar porque el agua no alcanzaba. Realmente es un problema muy importante”, alertó Gómez.

El dirigente recordó en cuanto al emprendimiento minero  que “al principio el problema era muy grave porque se hacía a cinco kilómetros sobre una pendiente que daba al río. Esto en una zona que es sísmica, donde el viento es muy fuerte y las tormentas, si bien son escasas, son de mucha violencia. Se movilizó la ciudadanía en general por el tema de que no se hiciera el repositorio de cloruro de sodio en ese lugar y se logró que la compañía lo haga a 15 kilómetros”.

“El Río Colorado es un muy buen río pero no es el Río Negro ya que tiene un contenido salino importante. Más o menos casi un gramo por litro de sal. Cualquier cosa que pase que aumente el contenido salino plantea más dificultades para el agua. Sobre todo porque es la que consumen todas las localidades rivereñas. De ahí se extrae el agua para potabilizar”, explicó.

Por otra parte, “en el caso de La Pampa hay un acueducto muy importante que lleva agua a todas las poblaciones del sur de la provincia y a Santa Rosa y está en anuncio la obra de continuar el acueducto para el resto de la provincia. Cualquier cosa que pueda afectar el agua no solamente afecta los aspectos productivos sino humanos”.

Gómez también hizo referencia al “proyecto de sacar agua del Río Colorado para hacer otro acueducto para llevar agua hacia Bahía Blanca”. En ese caso “también puede llegar a tener problemas. Hay que estar muy atentos a todo lo que pase con respecto al río”.

Además, “hay un convenio que regula el Río Colorado y cómo se distribuyen los cupos en las cinco provincias. Como el río tiene asiento en Mendoza prevé que esta provincia pueda extraer 24m3 por segundo más 10. Es aproximadamente un cuarto de lo que es el río. Lo quieren trasvasar al Río Atuel. Entonces el río alguna vez puede tener un cuarto menos de agua”.

“Hay otro aspecto del convenio muy importante y es que, cuando se firmó, la provincia de Buenos Aires autorizó a hacer un trasvaso de las aguas propias del Río Negro al Río Colorado de hasta 50m3 por segundo para compensar la salinidad del río cuando entra a la provincia de Buenos Aires. Es muy significativo porque mejoraría la calidad del agua de Bahía Blanca. Está muy claro para muchos pero no tanto para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo y agregó que “tenemos la dificultad de que la provincia de Río Negro prohibió por ley el trasvase. Es una ley que trata de pasar por arriba el convenio de los cinco estados provinciales”.

Respecto del uso del agua, el titular de Chadileuvú aseguró que “la empresa Potasio Río Colorado va a extraer 2m3 por segundo del río, sumado a los otros usos que mencioné. Su caudal medio está en 145m3 por segundo. Es una cifra importante. Estamos hablando de obras que hacen un uso importante del agua”.

“Tenemos que estar muy atentos con lo que pase con Potasio Río Colorado para que no contaminen el río. También a que la trocha de ferrocarril que va a Bahía Blanca se haga de tal manera que no produzca dificultades en las localidades donde pasa”, advirtió.

Finalmente, Gómez afirmó que las obras que se realicen “deben estar sometidas al COIRCO” y ser controladas por una ciudadanía movilizada. “Requiere de un estudio de impacto ambiental muy importante en todas las cuencas del río con respecto al tema del potasio. La salinidad tiene que ver con la cantidad de agua que traer. En este momento el rio está en un 50 por ciento de lo que tiene que llevar. Tenemos una crisis hídrica sumamente importante que es de todos los ríos cordilleranos”.

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“No estamos buscando la quinta pata al gato, hay una conexión real”

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Un falso robo en el estudio jurídico y un ataque con brea sobre el frente de la casa del abogado Lucas Beier. Un intento de incendio del auto de Ricardo Pasquali, el más activo de los pescadores denunciantes. Una amenaza de sujetos armados para que Eduardo Mena se deje “de joder con la denuncia por contaminación”. Otros dos pescadores -que no intervienen en la causa- fueron amenazados con frases similares en el interior del puerto de Ing. White, uno de ellos recibió un palazo y una fuerte golpiza por parte de varios hombres.

“Es muy difícil desvincular estos atentados con estas causas, con la que tienen Arellano y Beier patrocinando a la Asociación de Pescadores y también esta acción civil para el saneamiento de la ría que tramita la justicia provincial”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro en FM De la Calle. Los abogados mencionados querellan contra las empresas del polo petroquímico y ABSA por la pérdida de la fuente laboral de los pescadores artesanales y exigen la reparación ambiental del estuario bahiense.

El funcionario recordó que los trabajadores presentaron otra denuncia el año pasado vinculando las causas ambientales y laborales con “la confusa reparación patrimonial que le dieron a los pescadores que tenían que dejar de pescar, en el marco de un convenio o acuerdo de reorganización pesquera donde se les ofrecía a los que querían seguir mejores lanchas para ir a pescar más lejos y a los que no, una indemnización. Los pescadores denuncian que esto fue turbio, que se pagó a quienes no correspondía, que se hicieron firmar recibos por más dinero del que percibían”.

La justicia federal entendió que se trataba de delitos ordinarios y derivó la investigación al fiscal provincial Rubén Álvarez. “Habría que ver también cómo es la cuestión tributaria, de dónde salió ese dinero, cómo se pagó, si es que el dinero recibido de la provincia a través del Consorcio fue a parar a quien tendría que haber ido a parar y en qué condiciones”, detalló Cantaro.

El aporte del gobierno provincial alcanzaba en principio los diez millones de pesos aunque “los pescadores dicen que podrían probar que fueron muchos más, en el orden de los sesenta millones”. El Consorcio de Gestión del Puerto se deslindó de la repartija y contrató a la empresa Estibadores S.R.L. de Amílcar Osores.

El fiscal calificó como “llamativo” que haya sido una empresa privada la que definió a quién y cuánto debía abonarse para la reconversión pesquera o la indemnización de quienes se apartaron de la actividad. “Es una empresa de estibadores, ni siquiera tiene que ver con la pesca. Le dieron el dinero y Estibadores S.R.L. tenía que rendirle cuentas. A los pescadores les llama la atención porque el socio gerente es de apellido Osores y en el directorio del Consorcio del Puerto hay otro Osores (Marcelo) que está en representación del SUPA”.

“El Consorcio pretendía hacer una extensión del dragado que después fue impedida pero que llegó a comenzar a hacerse. Con el refulado del estuario que se saca se van construyendo como islas que, cuando se asientan, deben ser base para construcción de empresas o para ampliación de lo que gestiona el puerto. Cuando ese refulado se saca, naturalmente todo ese material sedimentado con tóxicos peligrosos que están en el fondo y que fue lo que impidió que el dragado se extendiese, eso queda todo en la superficie y cuando se seca, vuela”, afirmó Cantaro y agregó: “No es paranoia, es una conexión que existe. Justamente es el Consorcio el que les da el dinero a los pescadores para que no pesquen pero a la vez, esta distribución se hace en una forma de asociación muy extraña para ver a quién le dan el dinero. Pensar que todo esto está conectado no es una locura, una fantasía, porque uno está buscando la quinta pata al gato. Hay una conexión real y vamos a insistir con eso”.

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“El capitalismo es el dios que nadie se anima a desobedecer”

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El papa Jorge Bergoglio pidió perdón “por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios de América en nombre de la Iglesia” durante el cierre un encuentro de movimientos populares en Bolivia. “Nos parece alentador el mensaje porque en América o Argentina hay una mayoría católica y por eso tenemos la esperanza de que ese catolicismo no se demuestre yendo a misa cada domingo solamente sino actuando cada minuto en este momento tan crucial”, opinó el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel.

“Se han cometido muchos pecados contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de la Iglesia y, tal como lo dijo Juan Pablo II, es tiempo que la Iglesia se postre ante Dios y pida perdón por los pecados pasados y presentes”, dijo Francisco y recordó a “millares de sacerdotes y obispos que se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante pero allí también sobreabundó la gracia frente a esos pueblos originarios, recuerden a todos”.

Consultado por FM De la Calle, el referente mapuche Jorge Nawel afirmó que “el perdón es un primer paso fundamental para luego generar políticas de reparación, ese es el valor que tiene, se reconoce un hecho, se reconoce el daño y en consecuencia se asume y se reconoce que es necesaria una reparación. No lo veo solamente como una cuestión simbólica o redentora, cristiana, sino que tiene una connotación política muy importante. Es un mensaje para los gobiernos, en este caso, para el Estado argentino que es lo que a nosotros nos involucra”.

“La presidenta o los gobernadores, acá tenemos a Jorge Sapag que es declarado militante católico y sin embargo a la hora de respetar o de adorar están primero las multinacionales, están las extractivas y a ellos sí les rinden pleitesía y honores como corresponde. Pero después, a los mensajes que les pueda dar su pastor los ignoran totalmente y estamos como si el Estado no hubiese estado aquí en 200 años de historia”, agregó.

Nawel comentó que son “bastante escépticos” respecto al impacto del mensaje papal porque “acá hay un dios fundamental que es el que impera en este país y en todo América lamentablemente, incluidos los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, y es el sistema capitalista o neoliberal el dios que nadie se anima a desobedecer”.

“El papa lo dice claramente, no tenemos salida bajo ese modelo, sin embargo el gobierno actual proclama que fuera de ese modelo estamos perdidos. Nosotros creemos todo lo contrario, que en la medida en que se profundiza este modelo extractivista que solamente ve a la naturaleza como algo para explotar y reventar, estamos todos perdidos. Están perdidos los pueblos indígenas, está perdida la naturaleza, está perdida la sociedad en general porque no hay futuro bajo estas reglas de juego extractivista”.

Finalmente, destacó que la Iglesia Católica de Neuquén es “una excepción” y les permite enfrentar en forma conjunta algunas problemáticas: “Venimos de Las Coloradas, un pueblo que está hoy amenazado por una posible explotación de cobre que va a afectar a dos ríos que dan sustento no solo a ese pueblo sino a todo lo que hay agua abajo y uno de los sectores más movilizados en contra de la explotación minera es la iglesia a través del obispo Bressanelli”.

“La impronta que dejó De Nevares aquí décadas después continúa pero no alcanza, porque mientras tanto tenemos un gobierno declarado ardientemente católico que nos da con un caño día y noche. La lucha es muy fuerte, hay un condicionamiento, una resignación enorme de la dirigencia política de que no hay otra forma de sobrevivir que no sea matando a la naturaleza y eso nos plantea un futuro sombrío. Los pueblos indígenas por supuesto no vamos a bajar los brazos porque está en juego nuestra vida, cultura y territorio, estamos en el centro de los planes de explotación y no podemos bajar los brazos de ninguna manera”, manifestó.

Foto: Nato Cantero.

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“Buscar soluciones sería mucho mejor que golpear a la gente”

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Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

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Breitenstein analiza explotación de cuenca Claromecó  

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El ministro de la Producción bonaerense confirmó que analiza un proyecto de explotación carbonífera en miles de hectáreas del sur provincial. Lo hizo ayer en una reunión con el legislador Ricardo Vago.

El diputado socialista dijo a FM De la Calle que durante el encuentro el funcionario de Scioli “confirmó la existencia del pedido de prospección y cateo para la cuenca de Claromecó por 600 mil hectáreas”.

Frente a esto, sostuvo que expresaron sus diferencias y entregaron firmas que avalan la “inconveniencia del método de prender fuego bajo tierra el carbón, ya que queda permanente encendido y va generando Syngas, que sirve, por ejemplo, para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Los gases que genera se pueden diluir dentro de los acuíferos y el agua pasa a ser envenenada”.

A su vez, el dirigente del FAP también verificó que las firmas involucradas son Delmo Patricios,  Claromecó Energy y Delpo PTY, todas de origen australiano. El Código de Minería autoriza sólo 200 mil hectáreas por razón social y el área a explotar sería de 600 mil. Esto hace sospechar acerca del vínculo existente entre las distintas empresas. El Ministerio expresó que les pidieron que demuestren que no se trata de los mismos socios.

Para Vago, “antes de autorizarse el cateo tiene que informarse y debatirse en audiencias públicas con los distritos de las comunidades afectadas”.

Por otra parte, también preocupó al referente político que “afirmen que no hayan mirado las páginas donde las empresas dicen que ya tienen en explotación las hectáreas y que piensan instalar una usina”.

De esta forma, el ex intendente de Bahía Blanca, sin brindar mayores informaciones, confirmó que la explotación a través de métodos contaminantes de la Cuenca Claromecó es parte de las medidas que analiza en su planificación política.

A través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron estudios sobre la potencialidad de la cuenca en cuanto a la explotación del carbón.

Finalmente, el dirigente del PS aseguró que Cristian Breitenstein afirmó que “se evalúa la posibilidad de utilizar el carbón para generar energía o para realizar un gasoducto con destino al Polo Petroquímico de Bahía Blanca”.

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La agronomía del futuro

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Este sábado Bahía Blanca será sede de la “Segunda jornada sobre el uso de agroquímicos: opinión, diálogo y reflexión”. La actividad se desarrollará desde las 8 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 1º piso.

El Centro de Estudiantes de Agronomía de la UNS propone un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de realidades urbanas y rurales que promueven a la agroecología como el modelo sustentable para una producción sana, redituable, identitaria y fortalecedora de vínculos políticos, socioambientales y culturales en defensa de la soberanía alimentaria de las comunidades.

La jornada, que ofrece distintas conferencias y materiales, tiene un valor de inscripción de 50 pesos para estudiantes y 100 para el público en general. Para más detalles e inscripciones escribir al correo: [email protected] o ingresar al sitio de comunicación del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria en Bahía Blanca: http://www.etsa.org.ar

Parte del cronograma contempla la participación del ing. agónomo Gustavo Almassio, miembro de la Regional Aapresid Necochea, quien disertará sobre la “Experiencia en el manejo de la producción agropecuaria actual”; el dr. Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba para explicar sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud; y el ing. agrónomo Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias Y Forestales de la UNLP, quien abordará la “Agroecología como la agronomía de los próximos años. La Aurora, una experiencia con 15 años de producción sin agroquímicos, rendimientos estables y menores costos de producción”, entre otros destacados profesionales.

Adhieren a la actividad el Departamento de Agronomía de la UNS y el Ateneo Rural Bahía Blanca.

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Incendiaron auto de pescador denunciante en causa por contaminación

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Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó.

En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado.

“Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría.

“Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó.

Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”.

Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones.

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Serra y Saschrgorodsky denunciados por incumplimiento

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Esta mañana el ex titular de la Agencia Ambiental Sebastián Serra, el director de Medio Ambiente Gastón Lucatini y el gerente de Bahía Ambiental Sapem Adrián Saschrgorodsky fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posible malversación de fondos nacionales destinados a la erradicación de basurales, los cuales fueron levantados sin el previo control de vectores generando la invasión de roedores en varios establecimientos educativos.

El abogado Leandro Aparicio explicó en diálogo con FM De la Calle que el municipio identificó más de cincuenta basurales -entre minibasuarles medios y grandes (históricos)-, generó un programa de erradicación y asignó recursos para tal fin a Bahía Ambiental Sapem (BAS).

“En los documentos de proyecto, tanto del Programa de Erradicación de Minibasurales como también en un documento elevado a Nación por el cual se recibieron los recursos económicos para levantar los basurales, la Agencia Ambiental estableció como política levantar primero el basural y luego hacer el control de vectores”, planteó el letrado.

Un año después la comuna presentó un informe en el cual concluyó que “levantaron cerca de 14.000 toneladas de residuos procedentes de basurales, significando un 16% de todos los residuos recolectados por la BAS en el mismo período”.

Sin embargo, para Aparicio, “no hay constancia alguna de que se hayan realizado los tratamientos de vectores correspondientes en cada uno de los basurales, ni antes ni después de sanearlos, lo cual sería grave porque no solamente que no se ejecutaron los controles de vectores sino que tampoco en definitiva se gastaron los recursos que eventualmente pudieran estar asignados para esta tarea”.

“La negligencia y la imprudencia, sumado a la irresponsabilidad y la ausencia de una correcta práctica de saneamiento en la gestión de los basurales provocó una gran proliferación de roedores en toda la ciudad, afectando principalmente el normal dictado de clases en aproximadamente cuarenta establecimientos educativos”.

Finalmente, el denunciante afirmó que Serra y Lucatini “mintieron públicamente reconociendo que siempre se hicieron los tratamientos de vectores en cada basural” y que Saschrgorodsky dijo “que BAS realiza la limpieza de basurales y que previamente le avisan a Saneamiento, pero la verdad es que no hay constancia de ninguna comunicación de este estilo”.


 

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