La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.

El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.

El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.

Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.

La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.

Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.

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La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.

Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).

La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.

El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.

Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.

Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.

¿Qué proponen las empresas?

Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.

Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.

Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.

Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.

Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.

“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.

El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.

Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.

En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.

“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.

El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.

“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.

Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.

La salida de la droga

En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.

La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.

Otros vínculos

Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.

Lavado de dinero mediante bitcoins

Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.

“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.

El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.

El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.

Próximos pasos

González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.

La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.

“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.

La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.

La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3%  de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.

Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.

“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.

Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.

Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.

En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.

“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.

La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.

A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva  y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.

Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.

“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.

La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.

Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.

El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.

Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.

Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.

“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.

La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo  recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.

Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.

A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) realizará este jueves un paro nacional en canales de aire y productoras tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras del sector. 

El gremio reclama un incremento del 39% para el semestre abril-septiembre. “Hace 15 días que estamos con ATA-CAPIT discutiendo el tema, estábamos esperando una oferta razonable pero no sucedió”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Horacio Tolza.

Comentó que “ofrecieron una propuesta irrisoria de un 20% separador en un 10% y el otro 10 en cinco veces a un 2% por mes. Nos pareció que nos estaban tomando el pelo y por eso se decidió hacer el paro”.

En Bahía Blanca la medida de fuerza será por dos horas por turno y afectará a los canales 7 y 9. “En el 9 va a ser total y en el 7 puede llegar a haber informativo porque no son todos afiliados pero cuando llega el momento de repartir las ganancias logradas también las reciben. Sería bueno que fueran solidarios con sus compañeros”.

“En la pandemia hay industrias que han sufrido la desgracia de venir para abajo y esta ha crecido porque la gente estuvo en su casa. Las tandas que ves, que tienen que ser de 12 minutos, son de 18 o 16. Esto quiere decir que al producto lo están vendiendo bien pero al trabajador no lo quieren hacer participar de las ganancias. No le pedimos más que competir o estar cerca de la inflación”, agregó Tolza.

La abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S., solicitó penas de prisión perpetua para Raúl Aceituno y de diez años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Focelli.

Es por haber integrado la asociación ilícita Triple A, la cual cometió decenas de crímenes en nuestra ciudad durante los meses previos al golpe de Estado de 1976. En el caso de Aceituno, se le imputa, además, participación directa en el homicidio de David “Watu” Cilleruelo.

“Por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las compañeras y compañeros víctimas de la Triple A y sus familiares, señores jueces, les solicito que se haga justicia”, concluyó.

El 3 de mayo continuarán las audiencias con los alegatos de Leandro Aparicio y Francisco Fuster, en representación de la familia de Luis “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur, respectivamente.

La querella no computó ningún tipo de atenuantes. “Es obvio que no existieron condicionamientos de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento que los hubiera compelido a cometer los hechos”. Sí sumó agravantes, “principalmente respecto a la extensión del daño causado y a la ausencia de arrepentimiento”.

Por otro lado, adhirió a los pedidos de reparación simbólica realizados por la Fiscalía y requirió que se revoquen las excarcelaciones de Curzio, Pallero y Forcelli y la detención domiciliaria de Aceituno.

La abogada cerró con una cita de la testigo Gladys Haydé Elvira:

“Para que una sentencia sea justa debe ser reparadora. (…) Hay que reparar los 45 años de demora, el medio siglo que pasó con los asesinos impunes. Esta gente ni siquiera se cambió de vecindario, nos obligaron a convivir por medio siglo a las víctimas y a los familiares con los asesinos. (…) Espero de este tribunal una sentencia ejemplificadora, aleccionadora, que acabe con la impunidad para siempre (…), aun así, con los 45 años de impunidad. Quiero decir que José, Julio, Gabe, los 30 mil no son solo Memoria, son, por sobre todas las cosas, convicciones que levantaron los pañuelos blancos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que en este presente todavía sin justicia, levantan los hijos, las hijas, los nietos y nietas”.

Fernández Avello agregó: “Por los testigos fallecidos durante este juicio. Maffo Pereyra, que durante su declaración se quedó sosteniendo la cabeza de su amigo Watu. Esa gran mujer que fue la compañera de Gini, Marta Fabini. Eugenio Navarrete, Víctor Basterra y Jorge Bernardi. También Luis Ángel ‘el Turko’ Salomón, quien tomó registro de todos los juicios en Bahía Blanca. Y por ese gran luchador contra la impunidad en Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo”.

Nuevamente el avance de las empresas mega mineras pone en vilo a la comunidad de Andalgalá. Nuevamente, como en la última década, la movilización y la resistencia son sinónimos de lucha popular en defensa del agua y la vida en la provincia de Catamarca.

El proyecto denominado Mara, resultado de la fusión que realizó la empresa canadiense Yamana Gold con la suiza Glencore y la estadounidense Newmont, pretende utilizar las viejas instalaciones de La Alumbrera: “Nadie se hace cargo y en la orfandad que nos deja el Estado no nos permite vivir tranquilos, no tenemos paz desde hace 11 años”, expresó a FM De la Calle, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo.

La vecina de Andalgalá denunció que “desde el 7 de abril han pasado maquinarias al cerro por un departamento cercano para comenzar 11 pozos de perforación. Esto fue documentado por nuestros compañeros y alertamos al pueblo. El gobierno, argumentando la situación pandémica, nos puso en fase roja y empezaron las restricciones de circulación, vigilada con mucha policía trasladada desde la ciudad capital”.

“A pesar de esta prohibición, las mujeres nos manifestamos haciendo una sentada dos días seguidos a la misma hora frente del edificio de la empresa. El 10 de abril, se cumplieron 584 sábados que hacemos una manifestación pública. En medio de la caminata, un grupo de chicos comenzaron con disturbios y se trasformó en caos. Nuestra gente se quedó un rato pero logramos seguir caminando hasta la iglesia del pueblo”, explicó Farías.

Según narró la asambleísta, dos días después de los hechos “comenzaron los allanamientos y las detenciones violentas a varios compañeros, casi todos varones, también a algunos vecinos que no son de la Asamblea”. En las últimas horas, continuaron los arrestos en Andalgalá y la zona: “Así se vive, quienes tienen que hacerse cargo, la siguen careteando. Las autoridades siguen lamentándose por el vidrio roto en un local partidario pero la cuestión de fondo, una minera a 15 km de nuestro pueblo, queda siempre en la nebulosa”.

La compañía canadiense “hace un impresionante pozo en las nacientes de nuestro río. Teníamos una ordenanza municipal que protegía pero fue derogada, declarada inconstitucional por la Suprema Corte catamarqueña. A partir de allí se movieron de forma conjunta la Secretaría de Minería y la empresa para dar inicio a estos pozos”.

Farías explicó que “les han dado una servidumbre de agua de 7 mil metros cúbicos por segundo y ya está impactando, imagínense cuando quieran comenzar las excavaciones, ni imaginar cuando vuelen el cerro. Somos gente que vivimos del agua de las montañas, no tenemos napas. Logramos dictamen favorable en 2016 porque el proyecto era inviable ambientalmente hablando. Pero todo lo dejan sin efecto, estos gobiernos son nefastos y entreguistas, todos los partidos políticos son culpables”.

Este jueves la asamblea El Algarrobo informó que dos de los detenidos obtuvieron el arresto domiciliario y los otros nueve deberán esperar que se resuelva su situación procesal privados de su libertad. Por otro lado, destacó que “ante la presencia real de camiones del ejército, la paz de nuestra ciudadanía volvió a zozobrar ante la falta de información oficial. Situación que captó la atención debido a la sensibilidad palpable de éstos días”.

“Hicieron lo que hicieron por la connivencia de políticos, fuerzas armadas, jueces y fiscales. O sea, el Estado puso a disposición de estos asesinos gran parte de su aparato”, dijo Mónica Fernández Avello en la primera jornada de su alegato.

La representante de la agrupación H.I.J.O.S. continuará lunes y martes desde las 9 su exposición en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense acusados de integrar una asociación ilícita que cometió 24 homicidios.

“Todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”, afirmó.

La semana pasada la Fiscalía pidió pena de prisión perpetua para Raúl Roberto Aceituno y de 10 años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

Fernández Avello recordó que en los noventa, década en la cual nació la agrupación H.I.J.O.S., “existía la absoluta impunidad” y el discurso oficial sostenía la teoría de los dos demonios. “Se pretendía equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con los genocidas. Eso lo estamos viendo en este juicio ante la insistencia de la defensa para hacer ver los hechos como una simple disputa interna dentro de un partido que se arreglaba a los tiros, cuando la Triple A en ese momento definía todo en esta ciudad, en la CGT, en la universidad, en la justicia y en la iglesia”.

Destacó que el accionar de la asociación ilícita que integraban, entre otros, los imputados en el juicio “se dedicó a matar a un montón de gente en Bahía Blanca y la zona dentro de un plan criminal macro que estaba establecido en todo el país”.

“No estamos nutriéndonos solamente de prueba testimonial, no nos valemos de testimonios únicos, aislados, huérfanos y carentes de sustento. Cada uno está refrendado por muchos documentos, por elementos de convicción como, por ejemplo, las notas periodísticas de la época y por los informes de inteligencia, refrendados a su vez por las causas penales en las que surge palmariamente la connivencia del Poder Judicial”.

Impunidad y reciclaje

En aquel clima de impunidad menemista surgieron los escraches. “Se encontraban las víctimas y los victimarios. Ellos: asesinos, torturadores, violadores y robadores de bebés, andaban por las calles, en algún café, en cualquier kiosco o en la esquina de una manifestación de derechos humanos”.

Eso permitió que muchos genocidas se reciclaran en la función pública. “En este juicio lo hemos visto claramente. Uno de los casos emblemáticos es el de Pablo Argibay, hijo de Jorge Oscar Argibay, a quien hemos escuchado nombrar hasta el cansancio como el jefe de los culatas”.

“Este señor actuaba conjuntamente con su hijo Pablo y formaba parte de la asociación ilícita Triple A, varios testigos los vieron en la UNS y en otros lugares, armados, amedrentando y también asesinando, como es el caso de Watu”.

Pablo Argibay murió impune días después que la Fiscalía lo incluyera en el pedido de detención e indagatoria al grupo que está siendo enjuiciado. Luego de su participación en el genocidio, estudió medicina, trabajó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, investigador del CONICET. “Murió en 2015 como un gran señor lleno de honores por sus colegas. Una se pregunta: ¿por qué sucedió esto? Realmente sucedió por la impunidad”.

Otro ejemplo fue el del acusado Héctor Ángel Forcelli, quien al recuperar la libertad -de la que aún goza- concurrió al acto del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 2018. “Nadie de los presentes reparó en él o repudió su presencia, cosa que sí hizo la agrupación que represento”.

“Ni que hablar de otro muy mencionado en este juicio, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado de la Nación desde el 10 de diciembre de 1983 al 9 de diciembre de 1985”, agregó y subrayó “la distorsión moral que permitió que aquellos integrantes de hordas asesinas se transformaran en representantes del pueblo argentino”.

Acólitos de Montezanti

En otro tramo de su alegato, Fernández Avello se refirió a la demora que tuvo la justicia bahiense en dictar su primera sentencia sobre los crímenes del terrorismo de Estado respecto a otras jurisdicciones.

Arriba: Forcelli, Montezanti y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

“No es casual que ocurra esto en un Poder Judicial que, hasta hace pocos años, tenía como integrante de la Cámara Federal a Néstor Montezanti, quien también fue profesor de la UNS formando futuros abogados. Este individuo está procesado por la asociación ilícita Triple A, la misma que estamos juzgando acá. Él no está más pero sus acólitos y los de la dictadura siguen estando en el Poder Judicial”, afirmó.

La persistencia del miedo

Para la abogada, esto explica el miedo de los testigos para declarar en la causa. “Tenemos a todos los procesados en libertad y uno solo con domiciliaria, en una ciudad chica como Bahía Blanca donde, como remarcaron varios testigos, todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”.

Durante el debate se supo que Curzio llamó a una testigo antes de su declaración. “Pero claro, el tribunal no lo tomó como un acto intimidatorio y Curzio sigue en libertad. Esta es la respuesta que la justicia les da a las víctimas hoy. Y después quieren que los testigos no tengan miedo”.

“Me limité a decir lo que dije, si alguna vez la justicia me da seguridad yo voy a explicar esto”, sostuvo otro testigo a quien, luego de ser convocado en la instrucción, le quemaron la casa y un grupo -entre cuyos integrantes sospecha estaba Pallero- le dio una paliza.

Dijo Fernández Avello: “Señores jueces, hace once años que estoy como querellante en juicios de lesa humanidad pero nunca vi el terror de los testigues. Es más, muchos ni siquiera quisieron declarar”.

Más allá de las disculpas

“Hoy estamos juzgando hechos que ocurrieron hace 46, 47 años”, sostuvo la titular de la querella, “más allá de las disculpas que se puedan pedir a las víctimas y sus familiares, la asociación que represento no es culpable de esta situación”.

“Culpables son los que apoyaron o callaron ante las leyes de impunidad. Culpables son esos jueces que no investigaron, esa policía que dio zona liberada, esa prensa que mintió deliberadamente y, por qué no, esa parte de la sociedad que miró para el costado siendo la Triple A la antesala de los años más oscuros que vivió la Argentina y cuya influencia siguió hasta nuestros días”, sentenció.

La presencia del gobierno estadounidense en Argentina tiene un nuevo capítulo. La donación de tres hospitales de campaña como ayuda humanitaria en contexto de pandemia fue la excusa de la visita del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

Para la periodista Stella Calloni “hay un proyecto de recolonización de Nuestra América en donde nos están sometiendo a un conflicto, como durante la guerra fría”.

En Buenos Aires se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y con el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Juan Martín Paleo. Luego viajó a Tierra del Fuego donde la Armada busca financiamiento para la instalación de una nueva base.

Esta semana llegará al país Juan Sebastián González, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad.

Calloni, especialista en política internacional, advirtió en FM De la Calle que la visita del militar yanqui ocurre en medio de la puja geopolítica con Rusia y China. “Si vas a mandar a una misión humanitaria, enviá al Ministerio de Salud, resulta siempre más amenazante que aparezca aquí el Comando Sur que está poniendo bases en un montón en países”.

Las bases que se instalan en diferentes puntos de América Latina “aparecen como lugares de ayuda humanitaria para catástrofes que tienen esa cobertura falsa, como la que está en Neuquén. Está cerca de Vaca Muerta, son centros estratégicos de la red de bases de EE.UU. Hay vigilancia de radares y alta tecnología que ellos manejan en lugares claves de nuestro territorio”.

“Rusia y China hacen su juego. Estados Unidos se desayunó que había dejado de ser la única potencia, entró en decadencia, y empezó a tener otra conducta con respecto al mundo. Como vieron que Pekín había donado hospitales y también se pueden elaborar sus vacunas en otros países, los demócratas sugirieron que plantearan acuerdos más amigables porque China les estaba ganando terreno”, explicó Calloni.

“No digo que sea malo que Biden quiera tener una buena relación con Argentina y el gobierno actual, pero no se puede ofrecer ayuda con condicionamientos” a nuestras relaciones internacionales con la patria de Bolívar y otros países. La especialista comentó que, años antes, “el almirante Craig Faller se negó a convalidar una invasión a Venezuela, eso lo puso en una mejor situación para negociar con América Latina pero saca a la luz la necesidad de saber qué hay detrás”.

Otro ejemplo que utilizó la periodista para comprender el objetivo de Estados Unidos fue la colocación de “un centro regional naval en Panamá, pequeño Comando Sur naval para monitorear toda la región. Tenemos que tener claridad. Hay un proyecto de recolonización de Nuestra América en donde nos están sometiendo a un conflicto, como durante la guerra fría”.

En relación a la militarización de la región y las decisiones tomadas durante el gobierno de Macri, Calloni afirmó que el ex ministro Defensa, Oscar Aguad, “había anunciado la construcción de una base logística en Ushuaia, suponiendo que esta sería argentina. El objetivo era facilitar insumos para la gente que hace expediciones científicas” en el continente blanco. “Se quieren quedar con la Antártida argentina y chilena”, sentenció.

En 2016, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rubricó un convenio para “crear un centro de inteligencia criminal regional” en la provincia de Tierra del Fuego. En noviembre de ese mismo año, Aguad “firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, sede del Comando Sur, violatorio a la soberanía nacional, que autorizó la utilización de las tropas especiales, como boinas verdes y mercenarios” en territorio argentino. “Frente a esta realidad, yo me pregunto, ¿la ayuda humanitaria no se tendría que haber quedado acá, para que ir a Ushuaia, ¿cuál es el criterio?”.

 “Hay bases sin tropas, que pertenecen supuestamente a centros humanitarios pero están pensadas dentro de la red del Comando Sur a lo largo de América Latina”, concluyó Stella Calloni.

La licenciada en Economía Agostina Costantino analizó en FM De la Calle los números del Indec sobre la pobreza en Argentina. “La situación estructural se vio agravada no sólo por la pandemia sino también por algunas decisiones respecto a la distribución del ingreso que se vienen tomando desde el año pasado”.

Costantino detalló que las cifras corresponden al segundo semestre del año pasado y exponen que “un 42% de las personas en nuestro país están cobrando bajo la línea de pobreza y un 10% están bajo la línea de indigencia. Sus ingresos no les alcanzan para cubrir la canasta alimentaria”.

La columnista explicó que “la comparación interanual muestra que la pobreza aumentó un 6,5% en promedio en todo el país. La región más afectada fue el Gran Buenos Aires, y tiene directamente que ver con la pandemia, por el parate de las industria en esa zona y la prohibición a la circulación” hacia un lado y otro de la General Paz.

Según la Encuesta Permanente de Hogares “el ingreso promedio de una familia pobre en el segundo semestre del 2020 fue de $29.500 mientras que la canasta básica total, estuvo en $50.000. La brecha con el monto de la canasta básica total, aumentó respecto a 2019”. La economista explicó que “no sólo se acrecentó la proporción y la cantidad de pobres, sino que las personas pobres son más pobres que antes ya que cobran en promedio cada vez menos ingresos con respecto a lo que cuesta la canasta básica total”.

Mujeres y niñeces

Costantino dijo que “el INDEC aún no publicó detalles, sino un informe: del total de personas pobres, la incidencia sobre los niños es realmente escalofriante. Las cifras muestran que el 57,7% de las personas entre 0 y 14 años, son pobres, casi 6 de cada 10”.

En relación a la feminización de pobreza, la economista citó una investigación de BAE Negocios, realizada por Macarena Turubiano, quien “compara el primer trimestre 2020 con el tercer trimestre del 2020, e intenta analizar qué pasa con los ingresos laborales y no laborales”.

“¿Qué es lo que explica este aumento en la pobreza? Turubiano narra que en el primer trimestre, las tasas de ocupación de desempleo y actividad entre varones y mujeres, fue más o menos similar. La diferencia está en el punto de partida ya que ellas enfrentan cotidianamente una tasa de ocupación mucho menor que ellos, 35% en el primer trimestre, contra 49%”.

Asimismo, Costantino mencionó que la investigación de BAE Negocios “analiza específicamente el tema de los ingresos y observa que en la normalidad pre pandemia los salarios correspondientes a las mujeres ya eran inferiores al de los varones: $36 mil contra $28 mil”.

“Es en la distribución de ingresos, donde ocurre la feminización de la pobreza, porque en los deciles más bajos hay una mayor proporción de mujeres. Estructuralmente en Argentina, un dato nunca cambiaba: dentro del 10% más pobre de la población, 7 de cada 10 eran mujeres. Al tercer trimestre del 2020, esa proporción del decil más bajo de ingreso, descendió de a 6 de cada 10, por la existencia del IFE, que fue escasa pero tuvo un efecto importante”.

En este sentido, la licenciada en Economía, pronosticó que “lo más esperable que esta cantidad de mujeres, haya vuelto a subir porque el IFE se cortó. Es real que al mismo tiempo que se corta el IFE, el Estado siguió manteniendo otro tipo de política de transferencia de ingresos, como el ATP, que son subsidios a empresas para pagar salarios”.

Costantino invitó a reflexionar sobre estas medidas: “¿Cómo se financia ese ATP? ¿Qué efectos tiene sobre la distribución de ingresos? ¿Cómo recauda el Estado? Todavía no se ve la plata del gravamen a las grandes fortunas y en la Cámara Baja se aprobó el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias (NdR ayer el Senado lo transformó en ley). Se decide disminuir cargas a los sectores asalariados en blanco que son los que mejores estarían en la distribución de ingresos pero se resuelve hacer menos progresivo a un impuesto progresivo y no se toca uno regresivo, como es el IVA”.

En el ámbito local, disminuyó la pobreza y subió la indigencia. “Bahía Blanca está dentro de los más bajos en todo el país con un 24%. Esto podría estar relacionado con el parate de actividades no tan abrupto como en Gran Buenos Aires o CABA, muchas actividades volvieron antes que en otras ciudades, no creo que sea por la incidencia del IFE”, concluyó.

La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua y de 10 años de cárcel para los cuatro imputados en la causa que juzga más de una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.

Son las penas más altas para los delitos que se imputan.

“Por la memoria de las víctimas y la dignidad de familiares y sobrevivientes, por la valentía de quienes prestaron testimonio y el silencio de quienes no pudieron hacerlo, por el fin de la impunidad y del miedo, que sea justicia”, afirmó Pablo Fermento.

Los acusados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Todos imputados por asociación ilícita y en el caso de Aceituno, también por la coautoría del crímen de David Cilleruelo.

“Los hechos que estas personas cometieron siguen atravesando a la sociedad, la condena cumple una función reparadora ya que únicamente de esa manera se clausura el capítulo de impunidad”.

Fermentó solicitó que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio.

Reclamó que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.

En cuanto a la reparación simbólica requirió que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.

A las universidades del Sur y del Comahue y a las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN que coloquen en espacios de circulación pública de referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.

A 46 años del crimen se conformó la Comisión por el reconocimiento académico de Watu Cilleruelo. La Fiscalía sumó su apoyo y consideró que el dirigente “se convirtió en un símbolo por lo que fue, por lo que le hicieron y por cómo y para qué se lo hicieron”. Por ello, pidió que la UNS le entregue el título honoris causa al dirigente de la Federación Universitaria del Sur.

El periodista Miguel Bonasso destacó la relevancia del juicio contra ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. Este jueves, La Fiscalía cerrará su alegato con el pedido de penas para los cuatro imputados.

“Puede mostrar el vínculo perverso de la derecha peronista con la Marina que ha aparecido siempre como el arma más gorila, más antiperonista, y, por supuesto, con La Nueva Provincia que es un órgano directo del Servicio de Inteligencia Naval”, dijo el ex secretario de Prensa de Héctor Cámpora a FM De la Calle.

La entrevista se realizó días después de las declaraciones de Mario Simón y Héctor Álvarez, presidente y vice del Partido Justicialista bahiense respectivamente, quienes defendieron a dos de los represores y desconocieron los crímenes de la banda parapolicial en la región.

“Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento”, afirmó Bonasso.

¿Por qué el PJ no tiene una mirada crítica respecto a los años previos al golpe de Estado?

No se ha hecho el juicio a Isabel Perón y no se ha calado a fondo en la responsabilidad del propio Perón en la creación de la Triple A y en la persecución brutal desatada después de su regreso con Ezeiza.

El elemento central es que los crímenes perpetrados por la Triple A -más de 1500 asesinatos entre 1974 y el golpe, durante el gobierno ‘constitucional’ de la señora María Estela Martínez, alias Isabel Perón- fueron perpetrados desde el Estado, con autos y armas del Ministerio de Bienestar Social. En Bahía Blanca también con el apoyo de la universidad conducida por el nazi rumano Remus Tetu, de triste memoria.

Todo es terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Cuando algunos pseudo periodistas como Ceferino Reato presentan a José Ignacio Rucci como un pobre mártir del sindicalismo olvidan el vínculo que, por ejemplo, está explícito y claro en el tema de Rodolfo Ponce, mencionado reiteradamente en el juicio. En este criminal, que fue diputado justicialista, Cámpora tenía confianza al comienzo -me consta por haber sido secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación- y era un hombre de los servicios vinculado a la Marina. No es casual que este juicio esté ocurriendo en Bahía Blanca, esto tenía que ver con lo que significa La Nueva Provincia y el Servicio de Informaciones Navales.

Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento.

Si no se quiere tratar y estos señores contestan cosas que dan la sensación de que viven dentro de un frasco, tanto el presidente como el vicepresidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, les diría que salgan del frasco, saquen la tapa de la olla porque se van a ahogar con los olores fatales que hay adentro y vean la realidad. Es cierto que ha pasado mucho tiempo pero también sabemos muchas cosas que pasaron hace tiempo…

Usted menciona en uno de sus libros “el somatén para Perón”, ¿cómo se fue gestando y cómo lo veían desde dentro de las filas del movimiento peronista?

Cuando escribí ‘El presidente que no fue’ fui el primero que denunció lo del somatén, me hago responsable. Decirlo fue un acto de valentía porque de alguna manera he pertenecido al peronismo, no al PJ sino a la JP, estuve vinculado a Montoneros pero no al PJ específicamente.

Desgraciadamente tengo el testimonio grabado de Gloria Bidegain, la hija del dr. Oscar Bidegain -quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires- en un viaje que hizo a España en abril de 1973 para ir después a China con José López Rega, uno de los jefes de la Triple A, y con Isabel Perón.

Perón se refirió a algunos actos de violencia que habían ocurrido en Argentina. Algunos posiblemente cometidos por el ERP, no recuerdo exactamente. Dijo: ‘lo que hace falta en Argentina es un somatén’. El somatén fue aplicado en la dictadura española de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, y era un organismo paramilitar, parapolicial, creado desde el Estado para reprimir actividades fundamentalmente de la izquierda social, sindical, de la que peleaba al nivel de la clase trabajadora.

La Triple A es eso, es un somatén. Perón estaba esbozando ahí la idea de crear un aparato estatal secreto, paraestatal, no oficial sino oficioso, con los recursos del Estado para reprimir a la izquierda, sobre todo a la de su propio movimiento que era la que más le preocupaba. Está comprobado, es histórico, hay numerosos documentos, hay una reunión a la que se convocó a los dirigentes del justicialismo con el objeto de denunciar, investigar y señalar a personas que pudieran ser infiltradas, que fueran subversivos.

¿Por qué ese Perón que había hablado de la juventud maravillosa, que había elogiado al Che Guevara como el mejor de nuestros compañeros, que se había reunido con los Montoneros, que había aprobado el tema Aramburu -muy espinoso- que alentaba a la juventud guerrillera, militante, de golpe se convierte en el tipo que dice hay que hacer el somatén?

Por una razón muy sencilla. Vuelve con un pacto con fuerzas internacionales, incluido obviamente Estados Unidos. El pacto se hace a través de la gente de Licio Gelli de Propaganda Due, los tipos que tuvieron que ver con el asesinato del papa Luciani, le estoy hablando de cosas gruesas, han provocado varios muertos en el mundo, son una mafia internacional muy pesada.

Hay un viaje clave que hacen a Roma Isabel Perón y López Rega para entrevistarse con Gelli. Le plantean que el único que puede parar a la izquierda revolucionaria, a las organizaciones armadas a la Argentina, es Juan Perón con su retorno. Esto explica Ezeiza.

El autor de ‘Recuerdo de la muerte’ y ‘Diario de un clandestino’, entre otros libros, destacó la responsabilidad en la organización de aquella masacre de López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde y excluyó al ministro del Interior Esteban Righi y a la Policía Federal.

La Federal había aconsejado armar una especie de círculo alrededor del palco donde iba a hablar Perón para evitar incidentes –recordó-. Osinde, con un argumento aparentemente popular, se negó diciendo que la gente no iba a querer ver uniformes de la Federal que había reprimido hasta el día anterior en la dictadura. Era un argumento de izquierda para hacer una política de derecha. La policía quedó a 1500 metros de distancia. Eso permitió que grupos fascistas como la CNU, el CdO de Brito Lima y otras porquerías siniestras y armadas por el estilo, ocuparan militarmente el palco y el Hogar Escuela que estaba enfrente, lo cual hizo que hubiera una apariencia de enfrentamiento pero eran todos del mismo bando, la extrema derecha peronista. En el medio quedó la multitud.

El periodista destacó que “así como Perón tuvo una primera presidencia brillante, ejemplar desde el punto de vista de la distribución -por algo se generó el peronismo- también es cierto Perón regresó en un negocio con el imperialismo y la oligarquía y fue un Perón represor. No alcanzó a desplegar toda su represión total porque se murió”.

Foto: Diego Goldberg

En cuanto a José Ignacio Rucci, sostuvo que tuvo una participación directa en la masacre de Ezeiza:

Lo que queda demostrado con este vínculo con Ponce y la gente de Bahía Blanca es que Rucci no era un angelito, un pobre mártir del movimiento obrero, lo cual no significa que hubiera que asesinarlo. No estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un hecho terrible y lamentable, que no debió haberse producido. Pero no por sus características morales sino porque Perón lo había elegido como secretario general de la CGT y hacerle eso a alguien que acababa de ganar con el 62% de los votos desde el punto de vista político era una barbaridad descomunal.

Rucci no era un santo. Lo prueba el juicio de Bahía Blanca. Prueba que Rucci estaba decidido a cazar militantes de izquierda. Él decía ‘hay que acabar a los bichitos colorados’. ¿Quiénes eran los bichitos colorados? Nosotros. Por eso 1500 compañeros quedaron tirados en las cunetas, perforados a balazos por la Triple A.

Nunca se debió responder a la violencia con violencia sino con una política de masas. En aquel momento, afortunada y desgraciadamente también, la Juventud Peronista respondía a Montoneros como organización revolucionaria y la visualizaba como conducción, eso sindicaba que había que haber dado una batalla política enorme para quedarse con la conducción del peronismo.

En el juicio se evidenció el alineamiento de Ponce con Rucci y se juzga la toma de la sede local de la UTN en el marco de un proyecto que ese sector del sindicalismo tenía para las universidades y en el contexto de instalación del polo petroquímico. ¿Qué intereses había detrás de ellos?

Rucci era un producto del vandorismo, tuvo una fuerte presencia en la UOM. Hay todo un sector del sindicalismo argentino vinculado al sindicalismo norteamericano. Detrás está el poder económico. Para mí la derecha es derecha, puede ser peronista o no, pueden ser los que pusieron las bolsas (NdR: en Plaza de Mayo) el otro día u otros, representa el poder económico frente a un modelo distinto de justicia social, distributiva. El vandorismo se caracterizaba por simular una lucha sindical, incluso a veces con acciones audaces, huelgas y lo demás, para después negociar. (…)

Lo que querían hacer en las universidades era limpiarlas de toda presencia militante de izquierda peronista o no peronista. Por otro lado, vincularlas al desarrollo técnico pero no por el propósito benefactor de generar técnicos sino de establecer un control político sobre un sector que les resultaba adverso.

Durante la entrevista el ex diputado nacional recordó una conversación con el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Duarte:

Él sabía que yo era amigo de Carlos Mujica, asesinado por la Triple A. Me dijo, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos? Le digo: la Triple A. Me dice, no, eso ya se sabe, la Iglesia lo sabe bien, yo le preguntó quién disparó la ametralladora. Le digo que, según un testimonio de un sobreviviente que fue herido con Mujica, fue el comisario Rodolfo Almirón. ¿Y qué era el comisario Rodolfo Almirón en ese momento? Le digo: era el jefe de la custodia de Isabel Perón. ¿Usted no cree en el carácter transitivo?, me preguntó.

Por eso, Bonasso repudió semanas atrás el saludo del papa Francisco a Isabel Perón cuando la ex presidenta cumplió 90 años: “Isabel tendría que haber sido convocada por lo menos para la investigación del asesinato de Carlos Mujica”.

En nuestra ciudad el debate oral del juicio continuará mañana a las 9:30 con el tramo final del alegato del fiscal Pablo Fermento. El viernes, comenzará la exposición de la dra. Mónica Fernández Avello por la querella.  Las audiencias son transmitidas en directo por el canal de youtube Audiovisuales UNS y el sitio juiciobahiablanca.wordpress.com

A Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, se les imputa haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, haber sido uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento avanzó con el alegato contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense para quienes pedirá condenas en la audiencia del 8 de abril.

El lunes pasado continuó con la exposición de los hechos y las pruebas que dan cuenta de los homicidios que son juzgados.

Se refirió a Luis Jesús García, Alberto Noé Bayarsky, Carlos Dorñak, María Isabel Mendivil, Fernando Antonio Alduvino, José Manuel González, Angel Enrique Ogues, Ovidio Oscar Ancel, Carlos Anibal Nakandakare, Alberto Mario Pojomovsky, Víctor Eduardo Oliva Tronocoso, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Manuel Santiago García y Salvador Julio Trujillo.

Luis Jesús “Negrito” García, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al ser asesinado tenía 18 años y trabajaba en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, donde había sido designado delegado de obra.

De acuerdo con las pruebas señaladas por la fiscalía, en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, un grupo de entre cuatro y cinco personas armadas ingresó violentamente en su domicilio alegando pertenecer a la policía. En el acto, procedieron a su secuestro, arrastrándolo y golpeándolo. Los captores se retiraron del lugar en dos vehículos. Por la mañana de aquel día, y luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y compañeros de militancia, el cadáver de García fue hallado junto a un camino de tierra perpendicular a la ruta N° 3, cerca del paraje conocido como “El Pibe de Oro”.

Para la fiscalía, la realización de aquel operativo por parte de la asociación ilícita dirigida por el fallecido diputado provincial Rodolfo Ponce quedó acreditada –junto al patrón de actuación– por los testimonios que dieron cuenta de una tarea de “fichaje” por parte de la C.G.T. local, entre cuyos blancos se encontraba el propio García.

Pero el dato insoslayable resulta ser, según se indicó en el alegato, que tanto los captores como los vehículos utilizados para la concreción del secuestro fueron identificados por la madre y la hermana de la víctima como pertenecientes a la organización criminal conocida como Triple A. De acuerdo a las actuaciones judiciales de la época, el automotor fue hallado en el hall de la Universidad Nacional Tecnológica de la ciudad, cuyas instalaciones se encontraban por entonces bajo ocupación armada del mismo grupo paraestatal.

Otro aspecto destacado en la exposición fue la profusa actividad de inteligencia que se realizó sobre el acto de sepelio de García —según consta en archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense que fueron expuestos en pantalla durante el alegato— en donde figuran los nombres y las banderas políticas de quienes asistieron. Tal es así que la gran mayoría de las personas apuntadas luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Por otra parte, se expuso la prueba sobre una serie de crímenes cometidos por la misma organización criminal en la madrugada del 21 de marzo de 1975, en la que fue asesinado el sacerdote Dorñak, y secuestrados y posteriormente ejecutados Mendivil y Alduvino.

Esa misma madrugada, hicieron detonar además una bomba en el domicilio del militante universitario Jorge Riganti, atacaron con armas una escuela de Cáritas (en donde intentaron secuestrar a la hermana Norma Gorriarán) y tuvo lugar la tentativa de secuestro de Carlos Entraigas, también militante estudiantil.

A su vez, se analizó la prueba del caso de Alberto Mario Pojomovsky, quien en la madrugada del 29 de junio de 1975, al retirarse junto a su esposa en vehículo de la casa de unos amigos, fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaba en un Ford Falcón verde con techo blanco y una camioneta doble cabina, ambos vehículos propiedad de la Universidad Nacional del Sur.

Tras hacerlos descender del automóvil y pedirles que acreditaran la identidad, los agresores intentaron secuestrar a la pareja de la víctima, quien logró escapar corriendo, pero recibió un disparo en una de las piernas. Mientras se alejaba, escuchó los disparos efectuados a su marido.

Según el análisis de la fiscalía, Pojomovsky fue abandonado herido por los captores, junto a la camioneta que estos utilizaban, la cual un día más tarde fue reclamada a la policía por uno de los integrantes del grupo paraestatal en representación de la Universidad Nacional del Sur, bajo la cobertura de que el automotor había sido robado del rectorado la noche anterior. Antes de fallecer veinte días más tarde en el Hospital Municipal, la víctima llegó a manifestar a su familia que el Falcon que usaron los atacantes también pertenecía a esa casa de altos estudios.

La fiscalía enfatizó en el modo en que los casos de García y Pojomovsky ponen de manifiesto la práctica de utilización de los vehículos y recursos de las universidades, al servicio del accionar delictivo de la asociación ilícita. Por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional del Sur era Remus Tetu, señalado por la acusación como uno de los jefes de la Triple A bahiense.

Durante el desarrollo de los restantes casos analizados en la jornada, se exhibió en pantalla un volante de la época —aportado por un testigo— en el que compañeros de militancia de los trabajadores “Negrito” García, González, Ardiles, Walker, Trujillo y Santiago García apuntaban al sector de Rodolfo Ponce como el responsable de sus asesinatos. Cabe destacar que para la fiscalía el diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca era el otro de los jefes de la Triple A local.

El juicio continuará el 8 y 9 de abril a las 8.30. La fiscalía estima que en la primera jornada concluirá su exposición y formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.