Tras cinco jornadas, terminó este mediodía el alegato de la defensa en la causa que juzga a ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca. El 29 de junio desde las 9 se dará lugar a las réplicas de las partes.
La estrategia consistió en resumir los crímenes a “luchas sectoriales entre bandas dentro del peronismo y en algunos casos por fuera de él”, la negación del control de los hechos por parte del Estado y, por lo tanto, la descalificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y genocidio.
La intervención, a cargo de Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, culminó con el pedido de absolución para los cuatro imputados por haber integrado la asociación ilícita que cometió más de una veintena de crímenes de lesa humanidad.
La defensa pública pidió la inmediata libertad para Raúl Roberto Aceituno y que se mantenga la excarcelación de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.
En el caso de Aceituno, respecto a la acusación por el homicidio de David “Watu” Cilleruelo, requirió subsidiariamente se lo condene como “cómplice secundario” a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.
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El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.
Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.
La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.
“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.
El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.
“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.
El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.
Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.
La intervención del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.
La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.
Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/06/662813.jpg?fit=1280%2C590&ssl=15901280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-06-23 09:30:312021-06-23 09:30:31Ing. White: Prefectura Naval custodia el mercurio de Veladero
La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo in límine -sin entrar en el tratamiento del fondo de la cuestión- de la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” interpuesta por el partido NOS de la provincia de La Pampa.
El fallo destacó la falta de legitimación activa de la parte actora y la inexistencia de un caso concreto que permita propiciar la vía del control judicial.
Con el voto del camarista Roberto Daniel Amábile y la adhesión de su colega, Pablo Candisano Mera, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado Federal de Santa Rosa.
En la resolución, la Cámara Federal no ingresó al fondo de la cuestión y rechazó la petición por cuestiones formales, dado que “no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada”.
La decisión se dictó en línea con el dictamen del fiscal general subrogante ante ese tribunal, Horacio Azzolin, y de la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, quienes habían solicitado al rechazo en una extensa presentación realizada el 14 de junio pasado, en la cual analizaron los aspectos formales del pedido e ingresaron en el fondo de la cuestión.
Antes de esta intervención de la Fiscalía General, la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, se había pronunciado en el mismo sentido en febrero pasado.
En su voto, el camarista Amábile señaló que “en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, considiro deben tenerse especialmente en cuenta los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Halabi” respecto de los alcances de la figura de la acción colectiva.
Así, señaló, “se debe corroborar la presencia de los elementos significativos del caso colectivo, que son la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalización, la necesidad de su tramitación y resolución por medio de un único proceso; la concurrencia de un factor de agresión común, en la medida en que la vulneración que se invoca recaiga sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homogéneos; la representación adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categoría de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia”.
El camarista explicó que, sobre la base de esos parámetros, “no surge la representación del interés colectivo que se invoca, no solo en razón de la discutida posibilidad de encuadrar a los partidos políticos como uno de los sujetos habilitados por el artículo 43 de la Constitución Nacional para promover este tipo de planteos, sino que además, por las características particulares que rodean al proceso de reconocimiento de personería en curso que se encuentra impulsando la Junta Promotora del Partido NOS”, que “a la fecha impide reconocerle más potestades que las que pudieren otorgarle voluntariamente los diez miembros que de momento la conforman” como parte actora, y “menos aún, la arrogada representación de un interés jurídico concreto, inmediato y sustancial para que la acción resulte procedente”.
Por otro lado, la Cámara señaló que tampoco se ha demostrado “la existencia de un caso concreto” y, por lo tanto, “no corresponde al Poder Judicial de la Nación hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que dicte el Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino únicamente con relación a la aplicación de estas al hecho o caso contencioso producido”.
El magistrado que lideró el acuerdo señaló que “la mera invocación formal de la jerarquía constitucional del derecho a la vida que el accionante señala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa, así como también la presencia de un caso concreto que habilite la vía judicial excepcional de control de constitucionalidad de una disposición emanada de los otros dos poderes del Estado siguiendo los procedimientos constitucionales específicamente establecidos a tales fines”.
En ese sentido, citó una vez más la fiscalía para afirmar que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 “no puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicaría la intromisión del Poder Judicial, a pedido de un partido político en formación que carece de representantes en el Congreso de la Nación, en una discusión que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democráticos”.
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(Por Yica Guardia – Conexión Socioambiental) Amanecimos el martes con la noticia de que un cargamento de cien toneladas de mercurio, cuya partida desde la mina Veladero (San Juan) con llegada al puerto de Ing. White prevista para el lunes próximo denunciaba la “Asamblea Jáchal No se toca”, ya había arribado a la ciudad.
Visibilizamos parte de los lamentables efectos del ejercicio megaminero y del desarrollo extractivista en el territorio, el cual genera enormes cantidades de residuos peligrosos. Tránsito de sustancias tóxicas como el mercurio no orgánico, violando las leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente. Tal responsabilidad se vuelve tácita. La información a la ciudadanía encubierta, medios hegemónicos de comunicación callados, impunidad latente, órganos de contralor estatales que administran su función superficialmente y corruptamente en tantos otros casos, como leyes que se incumplen recurrentemente.
Un puerto lejano que aparece como destino y perfecta opción. Confusión y desinformación, típicos mecanismos de un sistema que deja rastros que esperamos no den frutos como hace unos años atrás ocurrió en Choropampa en Perú. Recordando aquel triste suceso, el viernes 2 de junio del año 2000 un camión de transporte produjo el derrame de 151kg de mercurio metálico ocasionando daños irreparables en la salud y mortales en su caso en la población.
Damos nota de esto citando parte de un informe de investigación brindado por Conicet: “Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacia la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas”.
Respecto de la llegada del reciente convoy de mercurio debemos decir que no es la primera vez que transitan por el territorio sustancias con residuos altamente tóxicos y peligrosos. Siempre sucede con la connivencia de los gobiernos provinciales y nacionales y la tímida aparición de los diferentes organismos de contralor que escoltan estos tránsitos por tierra, con total ausencia de información hacia las poblaciones que ignoran semejante travesía.
No existe justificación ni excusa para estas maniobras que atentan contra la vida desde su primera vertiente que es la misma existencia de megaminería en nuestro país.
Cada Estado que mal administró estos territorios socavó sus bienes comunes, extirpó sus recursos hasta sobrepasar límites y consecuencias de degradación social, económica y sanitaria. Como de seguridad ambiental. Un sistema de negociados entre jefes patriarcales gubernamentales y sus colegas en valores corporativos y empresariales, cierran un mercado privado financiero de ganancias extradimensionales y abren camino a un sinfín de responsabilidades jamás cubiertas ni cargadas al portador.
Preguntarnos por qué existen aún este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto, por qué utilizan sustancias tóxicas, por qué se permite el uso del agua abusivamente, por qué no existen órganos de contralor eficientes y respetuosos de la ley y de las normativas vigentes. (…) Preguntas retóricas, preguntas necesarias preguntas que ya no queremos hacernos y de las que no esperamos respuestas, porque no las requerimos.
Quienes denunciamos estos hechos sólo buscamos y accionamos para acabar con el statu quo actual extractivista, ecocida y terricida. Podríamos agregar genocida encubierto o descubierto para quien sepa ver las consecuencias previsibles, peligrosas y evitables de estas acciones.
Aún aguardamos declaraciones oficiales por parte del directorio del Puerto de Bahía Blanca como personalmente por parte del presidente del Consorcio, Federico Susbielles. También del CTE (Comité Técnico Ejecutivo) dependiente del gobierno municipal, ARES Ambiental y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentabel (OPDS). Lo mismo respecto a los Ministerios de Energía y Minería y Medio Ambiente.
Y, lo más urgente, aún desconocemos cuánto tiempo permanecerá la carga en almacenamiento en el Puerto de Ingeniero White.
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La Cámara Federal denegó a Mega S.A. un recurso de casación y ratificó la anulación del convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y su apoderada en el marco de la causa por contaminación del estuario.
Ante las quejas de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y la Fiscalía General, el tribunal había descartado las propuestas de las empresas del polo petroquímico. Las mismas contaban con el aval de la jueza federal Gabriela Marrón.
Mega sostuvo que la Cámara había “equiparado un acuerdo programático sujeto a verificación de su cumplimento con una homologación anticipada que se computa como existente”.
Calificó la medida como “arbitraria” porque pretendería “introducir requisitos o condiciones que no estaban previstos en la resolución cautelar” y afirmó que la querella “intervino previo a la homologación del acuerdo por lo que se respetó la bilateralidad y la participación de las partes”.
Por último, aseguró que su plan cuenta con un “informe técnico”, que “garantiza la intervención de los organismos de contralor” y que “ningún órgano del Poder Judicial puede imponer la intervención de la UFIMA, sino que es una competencia del Ministerio Publico Fiscal”.
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Amábile argumentaron que no existe una sentencia definitiva que habilite la queja ante el tribunal superior y, en relación a la alegada arbitrariedad, manifestaron que la apoderada de la empresa se limitó a plantear su “disconformidad con el análisis” de la Cámara.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/06/mega.png?fit=1203%2C524&ssl=15241203FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-06-17 19:02:012021-06-18 12:54:50Contaminación en la ría: rechazan queja de una empresa
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.
Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.
Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.
“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.
Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.
Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.
En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.
“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.
Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.
“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.
“Estamos perdiendo el estuario”
“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.
Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.
“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.
Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.
“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.
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El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.
El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.
El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.
La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.
Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.
La falta de caso y de legitimación para accionar
Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.
En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.
Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.
Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.
Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.
Marco general de derechos en juego
Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.
Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.
Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.
El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.
En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.
Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:
Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.
Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.
Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.
En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.
“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.
En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/06/DSC_5973.jpg?fit=939%2C447&ssl=1447939FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-06-14 23:57:452021-06-14 23:57:45La Fiscalía bahiense y la UFEM dictaminaron a favor de la constitucionalidad de la ley de IVE
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.
Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.
“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.
Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.
Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.
“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.
“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-11-at-8.21.24-AM.jpeg?fit=1054%2C464&ssl=14641054FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-06-14 13:15:142021-06-14 13:20:48Contaminación en la ría: continúan las protestas de pescadores
La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.
“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.
Jana Curuhinca.
Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.
En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.
Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.
La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.
Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.
“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.
Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.
Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.
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Compartimos el documento entregado por hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en la reunión interministerial que mantuvieron la semana pasada en Casa de Gobierno.
Llamado de las Mujeres de las Naciones Indígenas
Nosotras, las mujeres de las 36 naciones indígenas, habitadas por las fuerzas telúricas y la sabiduría de nuestras ancestras, hemos salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontrándonos con todos los pueblos y seres, sanamos también por el cariño de esos pueblos que se organizaron para alojarnos, alimentarnos, cobijarnos en solidaridad y respeto. Brotaron lágrimas de sus ojos y esperanzas de construir un mañana mejor, fueron narrándonos los nefastos efectos de este sistema sobre las vidas. Cruzamos de punta a punta el país recogiendo esas voces inaudibles.
Hemos llegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trayendo nuestras medicinas, ancestrales y sagradas, en un momento que creemos histórico porque somos conscientes que no hay tiempo que perder, que el #Terricidio es innegable.
Celebramos la oportunidad del diálogo con responsables del Estado Argentino porque el negacionismo que ha sido el proceder ideológico de una casta opresora ya no servirá como lógica política, para no hacernos responsables de este presente producto de una matriz civilizatoria que hoy colapsa y no vislumbra futuro. La misma matriz que produjo el genocidio de los pueblos y naciones indígenas.
Este caminar fue arduo y necesario, fuimos empujadas por las sequías, los incendios, las violaciones a nuestras hijitas en el marco del #chineo, cansadas de tanta impunidad ante tantos crímenes, no podemos pensar en sanar sin justicia. Es por ello que decidimos caminar, con pasos amorosos y comprometidos por la vida, porque no se trata sólo de nosotras sino del mundo.
Son tiempos en los que nos determinan los hechos, convocadas por el llamado de la tierra, de nuestros ancestros y ancestras, estamos decididas a recuperar el Buen Vivir como Derecho, que es la única alternativa civilizatoria que nos rescatará de un sistema de muerte.
Desde nuestro legado ancestral no admitiremos #megaminería, #fracking, #desmontes, #megarepresas, #monocultivos y #agrotóxicos entre tantas industrias contaminantes bajo la idea de “desarrollo y progreso” porque eso es destrucción absoluta.
Estamos en vísperas de la conmemoración del 25 de mayo, para el Estado argentino el primer grito de libertad; y para los pueblos y naciones indígenas alaridos de dolor que aún hoy reclaman memoria, verdad y justicia.
Nuestros hombres indígenas nos han precedido en un intento de diálogo, que se estableciera desde el respeto y reconocimiento de paridad, naciones parlamentando y acordando, sin embargo han fracasado. Nosotras guardianas de los territorios y de todas las formas de vida estamos decididas a no fracasar, porque no claudicaremos, no nos resignamos y no traicionaremos.
Invitamos a los pueblos del mundo a decir #BastaDeTerricidio.
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Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.
“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.
La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.
Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.
“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.
¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?
El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.
¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?
Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.
Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.
¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?
Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.
Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?
Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.
Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.
Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?
No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.
En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.
Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?
Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.
¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?
No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/arellano.png?fit=925%2C463&ssl=1463925FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-19 13:12:062021-05-19 14:36:06Contaminación en la ría: “No hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente”
La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.
El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.
El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.
Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.
La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.
Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/watu3.jpg?fit=1435%2C491&ssl=14911435FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-18 13:30:372021-05-18 14:57:40Watu: avanza el reconocimiento honoris causa
La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.
Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).
La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.
El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.
Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.
Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.
Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.
Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.
Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.
Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.
Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
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El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.
“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.
El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.
Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.
En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.
“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.
El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.
“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.
Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.
La salida de la droga
En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.
La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.
Otros vínculos
Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.
Lavado de dinero mediante bitcoins
Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.
“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.
El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.
El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.
Próximos pasos
González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.
La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.
“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.
La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/bobinas.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-07 20:24:542021-05-07 20:24:55Bobinas Blancas: alegato sobre la cocaína secuestrada en el Parque Industrial
La economista María Julia Eliosoff analizóla situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3% de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.
Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.
“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.
Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.
Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.
En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.
“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/trabajadora-domestica.jpg?fit=960%2C540&ssl=1540960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-05 14:23:232021-08-31 15:02:57El trabajo doméstico emplea “a 1 millón 400 mil personas pero es el sector más precarizado”
La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.
A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.
Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.
“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.
La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.
Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.
El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.
Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.
Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.
“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.
La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.
Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/marron.jpg?fit=1200%2C523&ssl=15231200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 15:55:032021-04-29 15:55:04Jarque: “La jueza ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”
A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.
Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)
El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.
De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.
El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.
A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.
Las dudas se centran en:
Lo sucedido Mayor Buratovich.
La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.
Mayor Buratovich
De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.
Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.
En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.
En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.
Teniente Origone
Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.
Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)
La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.
Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.
Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.
Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.
A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.
Alberto González (FM De la Calle)
González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.
Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.
No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.
Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.
Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.
En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.
Continuación del viaje a Bahía Blanca
En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.
Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.
El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.
No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.
Fin de la desaparición
Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.
En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.
El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.
La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.
Patrulleros en la zona
El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.
En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.
Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.
Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.
El equipo fiscal y las medidas pendientes
El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.
El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.
También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.
La obligación de llegar a la verdad
Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.
Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/gorra-facu.jpg?fit=921%2C437&ssl=1437921FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 13:30:362021-04-29 13:30:38Informe de la Fiscalía a un año de la desaparición forzada y muerte de Facundo
“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.
En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.
-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?
El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.
En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.
La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.
(FM De la Calle)
-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?
Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.
La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.
La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.
Un trabajo a distancia, pero articulado
Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:
El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.
Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.
Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.
La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.
-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?
La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.
Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/FAC_Entrevistas_Fiscales_1.png?fit=1024%2C450&ssl=14501024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 12:48:502021-04-29 13:50:03“El compromiso es llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”