El secretario nacional del Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, se refirió en FM De la Calle al Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de la seguridad interior.

“Se recoge en las primeras horas mucha sensibilidad, mucha voluntad de rechazarlo. Nosotros aportamos una mirada un poco larga y un poco más amplia. La decisión de Macri se debe contextualizar en el tiempo, los milicos fueron inhibidos al final de la dictadura. Menem intentó un camino de profesionalismo, una camino de crear una fuerza pequeña, moldeable para las cooperaciones internacionales”, manifestó.

“Pero luego, cuando empezaron las luchas populares, el Estado, el menemismo primero y los gobiernos que lo sucedieron, todos apelaron a un truco que todavía muchos callan, que es usar a la Gendarmería como fuerza armada. ¿Por qué entonces esta decisión de Macri? Yo creo que hay dos temas fundamentales: uno simbólico-cultural de revancha de reivindicar al ejército asesino y otra cuestión es la internacional, es evidente que no puede enviar junto con el Comando Sur a Gendarmería a Venezuela”, aseguró.

En ese sentido, Schulman sostuvo que “hay que empezar a hablar de Macri-fascismo, no será el fascismo de Videla, no lo es, no será el fascismo de Onganía, no lo es. Pero esto tampoco es un gobierno burgués de derecha. Esto es un gobierno que no tiene límites y que ya hemos comprobado no tiene límite en matar”.

“Yo creo que hay un cambio social y también hay un cambio político (en las fuerzas armadas). No todos los militares están felices con esto. Como en tantas otras cosas, es un momento de prueba en el que se verá que es lo que es cada uno. Hasta ahora, lamentablemente en el país, pocas veces las personas que tienen armas han obrado con dignidad y con decoro. En principio, yo diría que las actitudes de los militares han sido bastantes complacientes con las concesiones en términos de soberanía”.

 

Le otorga un rol en la seguridad interior, bajo la figura de “integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”. Se multiplican las voces de rechazo.

El presidente Mauricio Macri firmó este martes el decreto 638/2018 que reestructura las Fuerzas Armadas y oficializó de esta manera los anuncios que hizo ayer en Campo de Mayo.

El texto publicado en el Boletín Oficial y suscripto por el presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, sustituye el artículo 1° del decreto 727 estableciendo que las Fuerzas Armadas en el caso de las misiones establecidas en la Ley de Seguridad Interior, el Ministerio de Defensa “considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, establece que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas”.

De esta manera se modifica el decreto 727/06 emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se deroga el decreto 1691 de noviembre de 2006.

La misión primaria del Instrumento Militar “consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”, sostiene el texto oficial. En ese marco, el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.

Macri encabezó el lunes un acto en Campo de Mayo, desde donde anunció la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, donde las Fuerzas Armadas cumplirán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior”, anunció el primer mandatario, habilitando que los militares puedan intervenir en el futuro en un área que hasta ahora les está vedada.

El jefe de Estado señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas actuarán como “apoyo logístico en la zona de fronteras”, así como ante “eventos de carácter estratégico”.

El decreto incluye párrafos que abren la puerta a una actuación interna de las Fuerzas Armadas. Dice, por ejemplo, que “este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.

Fuente: En Estos Días.

Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.

“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.

Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.

Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.

“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.

“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.

Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]

Personalidades de la política y la cultura argentina firmaron una carta dirigida a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para advertirle que el acuerdo firmado con el gobierno nacional viola la Constitución argentina por no haber pasado por el Congreso.

En diálogo con FM De la Calle el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, sostuvo que “la intención claramente es hacer reserva de derechos, como se diría en término legal. Advertirle a Christine Lagarde y, a través de ella, a todo el directorio de ese organismo internacional que el supuesto acuerdo refrendado por el gobierno no reunió los requisitos que establece la Constitución por tratarse, en este caso, de una deuda que contrae el Estado Nacional”.

“Por otro parte se hace un pormenorizado análisis de cómo estos recursos que endeudan a la Nación argentina fueron utilizados para seguir sosteniendo la fuga de capitales que beneficia a unos pocos”.

El diputado por Unidad Ciudadana explicó que “el gobierno ha decidido seguir beneficiando a los sectores más poderosos de la economía. Ese pequeño y reducido núcleo se beneficia a tal punto que el gobierno se debate entre suspender o seguir bajando las retenciones a las exportaciones de soja cuando no duda un segundo en meterle la mano a los jubilados o hacer lo mismo con los maestros”.

“Está claro que el Fondo Monetario Internacional no es el que va a definir quienes son los que van a pagar el ajuste. Esto depende de decisiones que, si el gobierno las va a tomar, debería discutirlas por lo menos en el Congreso de la Nación. El gobierno ha decido unilateralmente volcar el peso del costo brutal de este ajuste sobre los más débiles, esto también se señala en la carta”, manifestó.

A CONTINUACIÓN TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Sra. Christine Lagarde

Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

Washington, D.C. 20431

EE.UU.

“Artículo 75: Corresponde al Congreso:

Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, 

Constitución Nacional de la República Argentina.

Sra. Lagarde:

El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.

El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.. Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo.

Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.

También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.

Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia.

Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.

Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.

También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.

Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.

Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda” entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.

Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”. Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.

Primeras firmas

Dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, DDHH, indígenas, mujeres

Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) – Juan Carlos Schmid  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Héctor Daer  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Esteban Castro (Secretario General Confederación de Trabajadores de la Economía Poular) – Lidia Miy Uranga “Taty Almeida” (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) — Víctor Santa María (Secretario General SUTERH) — Sergio Palazzo (Secretario General Asociación Bancaria) — Vanesa Siley (Secretaria General de FE.SITRAJU) – Hugo Yasky  (Secretario General de la CTA de los Trabajadores) -Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) – Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros) Hugo Cachorro Godoy (Secretario General Asociación de Trabajadores del Estado) – Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) – Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA),Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP – Subterraneo) -Daniel Catalano (ATE Capital) (Secretario General ATE Capital) – Sergio Sánchez (Secretario General Federación de Cartoneros y Recicladores) – Eduardo López (Sec. Gral.  UTE) – Fani Espinola (Secretario General Federación de Cooperativas Textiles) – Jorge Hofffman, (Sec. Gral. ATE Santa Fe) -Rita Colli (Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reo Argentina Santa Fe) -Carlos De Feo, Sec. Gral. (Federación Nacional de Docentes Universitarios  -CONADU)- Emilio Pérsico (Secretario General Movimiento Evita) – Daniel Menendez (Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie) -Juan Grabois (MTE/CTEP) – Deolinda Carrizo (Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC) – Eduardo Murua (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) – Walter Correa (Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores-CGT) –  Cristian Miño (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) – Damian Gabriel Rojas (Cooperativa de Trabajo Gallo Rojo Ltda.) (Ingeniero Agronomo) – Nacho Levy (La Poderosa) – Maria Rachid (Secretaria General de la Federación LGBT de Argentina) – Fernanda Miño (Mesa Nacional de Barrios Populares) – Gervasio Muñoz (Federación de Inquilinos Nacional) -Luis  Cáceres  (Secretario Gral. UOLRA) – Flor Minici (Colectivo Ni Una Menos)- Susana Trimarco (Fundación María de los Ángeles contra la Trata de Personas) – Eugenio Zaffaroni (Jurista) – Sergio Maldonado y Andrea Antico –  Josefina  Arévalo (Karaí de Comunidad Guaraní Rincón Ava) – Ceferino Ríos (Karaí de Comunidad Guaraní Ñupy) – Miriam Sotelo (Pueblo Guaraní de Corrientes en el Consejo de Participación Indígena.) – Elida Barriga (Comunidad Mapuche Lafquenche Neuquén) – Luis Pilkiman (Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro ) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Jesica Millalonco (Nawe Wapy Ñgein) – Eduardo “Negro” Montes (Frente de Economía Social) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Ever García Lizarraga (MTE Rural CTEP) – Carlos Pissoni (H.I.J.O.S.) – Sergio Val (Fundación Che Pibe) – Gildo Onorato (Sec de politicas sociales Movimiento Evita) – Arnaldo Bocco (Ex Presidente del Banco Central, Director del Observatorio de la Deuda Externa) – Adrián Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires)- Mariel Fernández  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Carolina  Brandariz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Juan Manuel  Abal Medina  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Gerardo  Rico  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Raul “Pucho”  Lorenzo  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Ernesto “Indio”  Paillialef  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Lis  Díaz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Alejandro “Peluca”  Gramajo  (Secretario de Organización del Movimiento Evita) – Eduardo “Cholo”  Ancona  (Defensor del Pueblo Adjunto Buenos Aires) – Jonathan  Thea  (Seamos Libres) – Elizabeth Gomez Alcorta (Movimento de Profesionales por los Pueblos) – Natalia Vinelli (Barricada TV) Marina  Cardelli  (Seamos Libres) – Itai Hagman (Patria Grande) – Milagro Sala – Eleonora  Pedot  (Via Campesina) – Enrique Quique Viale (Abogado Ambientalista)

Dirigentes políticos

María Emilia  Soria (Diputada Nacional) – Lucila  de Ponti  (Diputada Nacional) – Felipe Solá (Diputado Nacional) Máximo  Kirchner (Diputado Nacional) – Axel  Kicillof (Diputado Nacional) – Fernando  Espinoza (Diputado Nacional) – Jorge Capitanich  (Ex Jefe de Gabinete de la Nación/ Ex Gobernador del Chaco/ Intendente de Resistencia) – Verónica Magario (Intendenta de La Matanza) – Facundo  Moyano  (Diputado Nacional) – Daniel Arroyo (Diputado Nacional) – Agustín  Rossi (Diputado Nacional) – Leonardo  Grosso  (Diputado Nacional) – José Luis Gioja (Diputado Nacional) – Silvia  Horne  (Diputada Nacional) – Fernando Pino  Solanas (Senador Nacional) – Leopoldo Moreau (Diputado Nacional) Laura  Alonso (Diputada Nacional) – – Martín  Sabbatella  (Presidente de Nuevo Encuentro) – Mario  Mazzitelli (Secretario General Partido Socialista Auténtico) – Wado De Pedro (Diputado Nacional) – Fernando “Chino”  Navarro  (Secretario Político del Movimiento Evita) – Andres Larroque (Secretario General La Cámpora) – Josefina González (Diputada Nacional) – Cristina  Britez  (Diputada Nacional) – Juan  Cabandie (Diputado Nacional) – Guillermo  Carmona (Diputado Nacional) – Pablo Carro (Diputado Nacional) – Silvina Frana (Diputada Nacional) – Carlos Castagneto (Diputado Nacional) – Daniela Castro (Diputada Nacional) – Daniel  Filmus (Diputado Nacional) – – Carlos  Kunkel (Diputado Nacional) – – Gustavo Cardesa (Presidente Partido Intransigente) – Araceli Ferreyra  (Diputada Nacional) – Nilda  Garré  (Diputada Nacional) – Mayra  Mendoza  (Diputada Nacional) – Horacio  Pietragalla (Diputado Nacional) – Gabriela Estevez (Diputada Nacional) – Monica  Macha (Diputada Nacional) – Analía Rach Quiroga (Diputada Nacional) – Oso  Leavy (Diputado Nacional) – Fernanda  Vallejos (Diputada Nacional) – Darío Martinez (Diputado Nacional) – Lucila  Masín (Diputada Nacional) – Martín  Pérez (Diputado Nacional) – Martín Doñate (Diputado Nacional) – Adrián Grana (Diputado Nacional) – Fernanda  Raverta (Diputada Nacional) – Rodrigo  Rodriguez (Diputado Nacional) – Santiago  Igon (Diputado Nacional) – Luana Volnovich (Diputada Nacional) – Rodolfo Tailhade (Diputado Nacional) – Alicia  Soraire (Diputada Nacional) – Veronica  Mercado (Diputada Nacional) – Josefina González (Diputada Nacional)- Roberto  Salvarezza (Diputado Nacional) – Marcelo Santillan (Diputado Nacional) – Alberto Siampini (Diputado Nacional) – Susana  González (Senadora Nacional) – Maria Ines  Pilatti Vergara  (Senadora nacional) – Rodolfo Filipponi (Intendente de Pascanas) – Gabriel Fernández (Intendente de Laborde) – Antonio  Bonfati  (Ex gobernador) – Silvina  Batakis (Ex Ministra PBA) – Alfredo  Beliz  (Diputado de Parlasur por Chubut) – Damian Brizuela  (Diputado de Parlasur por Provincia de Catamarca) – Jorge  Cejas  (Diputado de Parlasur por Rio Negro) – Eduardo Fuentes  (Diputado Provincial por Neuquén) – Hernán  Cornejo  (Diputado de Parlasur por Salta) – Tulio Enrique Caponio  (Diputado de Parlasur por Tucuman) – Gabriel  Mariotto  (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Ana María  Corradi  (Diputada de Parlasur por Santiago del Estero) – Fernanda  Gil Lozano  (Diputada de Parlasur por Capital Federal) – Oscar Laborde  (Diputado de Parlasur por Provincia de Buenos Aires) – Cecilia  Merchan (Diputada de Parlasur por Córdoba) – Mario Metazza  (Diputado de Parlasur por Santa Cruz) – Julia Perié  (Diputada de Parlasur por Misiones) – Franco  Saillen (Legislador de la provincia de Córdoba) – Julio  Sotelo  (Diputado de Parlasur por Chaco) – Juan José  Strada  (Diputado de Parlasur por San Juan) – Jorge  Taiana (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Eduardo Valdés (Diputado de Parlasur por Caba) – Diego Mansilla (Diputado de Parlasur por Santa Fé) – Patricia  Chialvo (Diputada Provincial) – Vilma Chiapell (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Andrea  Conde  (Legisladora  CABA) – Martín Fresneda (Legislador de la provincia de Córdoba) – María Teresa Garcia (Senadora Provincial por Buenos Aires) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Deborah Giorgi (Secretaria de Producción – Partido de la Matanza) – Alejandro  Karlem  (Diputado de Parlasur por Corrientes) – Carmen  Nebreda (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Juan Monteverde (Concejal de Ciudad Futura) – Caren  Tepp  (Concejala por Ciudad Futura) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Patricia “Colo”  Cubría  (Diputada Provincial) – Luis  Bhom  (Senador Provincial) – Martin  Sereno  (Diputado Provincial) – Natalia  Soria  (Diputada Provincial) – Ricardo  Vissani  (Diputado Provincial) – Eduardo  Tindiglia (Diputado La Pampa) – Cuto Moreno (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Martín Ogando (Referente Patria Grande) – Itai Hagman (Referente Patria Grande) Florencia Saintout (Diputada Provincial por Buenos Aires) – José Ignacio Rossi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Facundo Tignanelli (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Juan Agustín Debandi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Gabriel Godoy (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Mariana Larroque (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Lauro Grande (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Fernanda Diaz (Diputada Provincial por Buenos Aires) – María Cristina Alvarez Rodríguez (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Sergio Berni (Ex-Secretario de Seguridad de la Nación) – Maria Teresa Garcia. (Senadora Provincial) – Santiago Carreras (Senador Provincial) – Juan M Pignocco (Senador Provincial) – Cecilia Comerio (Senadora Provincial) – Gervasio Bozzano (Senador Provincial) – Gustavo Barrera (Intendente Villa Gesell) – Malena  Defuncio (Concejala 9 de julio) – Silvina  Batakis  (Ex ministra de Economia PBA) – Dario Díaz Perez Senador Provincial – Karina Nazabal Diputada Provincial (MC)

Dirigentes Religiosos

Padre Pepe Di Paola (Integrante del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia) – Jorge Elbaum (Presidente del Llamamiento Argentino Judío) – Marcos María García (Sacerdote COMUN UNION) – Padre Toto de Vedia (Sacerdote) – Diác. Ricardo Carrizo (Integrante del Grupo de curas en la Opción por los Pobres) – Eduardo  de la Serna  (Integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres) – Ernesto  Narcisi (Sacerdote diocesano en Parroquia de Los Pirpintos, diocesis de Añatuya, Santiago del Estero) – Rodolfo  Viano (Cura franciscano en Arquidiócesis de Bahía Blanca) – Pbro. Juan Carlos  Di Sanzo (Parroquia Cristo Re, Diócesis de Chascomus) – Pbro. Ignacio J. Blanco (Parroquia Santa María Hudson, Diócesis de Quilmes) – Padre Carlos  Gómez (Parroquia Stella Maris, Arquidiocesis de La Plata) – Pbro. Gustavo Ricardo  Varela (Asesor Diocesano de Pastoral Social, Alto Valle de Rio Negro) – Padre Alejandro C.  Llorente (Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Arquidiócesis de Bs. As.) – Pbro. Juan Ángel  Dieuzeide (Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Bariloche, Río Negro) – Pbro. Juan  D´Amico Parr (N. S. del Carmen dioc. B.Bca) – Natalia Noemí   Rodríguez (Grupo Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Córdoba) – Movimiento de Misioneros de Francisco.

Intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles

Adrián  Paenza  – Adriana  Puiggros  – Alicia  Castro  – Daniel  Campi  – Ana  Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Carolina  Mera  (Decana Facultad de Ciencias Sociales UBA) – Graciela  Morgade  (Decana Filosofía y Letras UBA) – Fernando  Salino (Rector de la Universidad de La Punta) – Adrián  Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires) – Alejandro  Villar  (Rector Universidad Nacional de Quilmes) – Nicolás  Trotta  (Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) – Jaime  Perczyk (Rector Universidad Nacional de Hurlingham) – Juan  Castelucci  (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) – Ana  Catalano  (Vice Decana de la Fac. Cs Sociales UBA) – Gabriela  Dicker  (Rectora Universidad de Gral. Sarmiento) – Ana  Jaramillo (Rectora de la UN de Lanus) – Mauricio  Erben (Decano Fac. Ciencias Exactas UNLP) – Fernando  Porta  (Economista / Docente UNQ)  – Ana  Castellani  (Investigadora Conicet-UNSAM) – Arnaldo  Bocco  (Director Observatorio Deuda Externa UMET) – Emilce  Mooler (Investigadora Peptis – Citra / UMET) – Marta Novick  (Directora CITRA – CONICET / UMET) – Mariano  De Miguel  (Director del Instituto Estadístico de los Trabajadores) – María Mercedes Ferrero (CONICET)  – Sergio F. Job (Abogado/ Docente UNC) – Candela de la Vega (Investigadora UCC/ CONICET) – Daniel  Campi  – Ana Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Jose  Paruelo  – Hugo  Aimar  – Raquel  Chan  – Ayelen  Petracca (Presidenta del Centro de Estudiantes Sociales UBA) – Fabiana  Rios  – Victoria  Tolosa Paz  – Paula Lenguita  (Investigadores Autoconvocados) – Mara  Brawer  – Juan Manuel  Valdes  – Alberto  Kornblihtt  – Diego  Tatian  (ensayista, Universidad Nacional de Córdoba) – Marcelo  Ruiz  – Eduardo  Dvorkin  – Juan Pablo  Paz  – Sandra  Carli  – Rolando  Gonzalez  – Felix Requejo   – Mirta  Iriondo  – Patricia  Schilardi  – Jorge  Geffner  – Osvaldo  Uchitel  – Dora  Barrancos  – Andres  Kreiner  – Federico  Thea  (UNPAZ) – Hugo  Andrade  – Juan  Castelucci  – Diego  Hurtado  – Oscar  Galante  (Secretario Vin.Tec. UNGS) – Sergio  Angel (Inv Principal Conicet en INTECH) – Federico  Machado  (Secretario Ejecutivo FUA) – Gisella  Cernadas  (Presidenta de la Federación Universitaria de la Plata)  Mariana  Gotardo (Presidenta del Centro de estudiantes de Psicología UBA) – Lucas  Tavolaro (Presidente de Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas UBA) – Silvina Pedraza  (Secretaria General de la Federación Universitaria de Villa María) – Johana Gabriela Lacour  Consejera Superior por el claustro estudiantil UNSE – Regina González  (Presidenta del CESOC de la Facultad de CP y RRII – UNR) – Estefania  Genesio  (Presidenta del CEP Facultad de Psicología UNR) – Sabrina  Márquez (Secretaria de Articulación Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Córdoba) – Melanie Infante  (Secretaria General de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNCo) – Juan Pablo Paz (científico) – Jorge Aliaga (CONICET) – Fernanda Beigel (CONICET – Mendoza) – María Litter (Comisión Nacional de Energía Atómica) – Andrés Kreiner (Comisión Nacional de Energía Atómica – UNSAM) – Alicia Motta (investigadora principal CONICET) – Verónica Vildosola (CONICET) – Araceli Bellota (historiadora) – Marcelo Ruiz (Universidad Nacional de Rio Cuarto) – Juan Carlos Suarez Sandin (científico) – Diego Hurtado (docente UNSAM) – Rolando González José (CENPAT –CONICET)

Artistas

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…………………. Siguen las firmas  –

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.

Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.

La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.

Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.

“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.

Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.

“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.

Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.

“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.

“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.

(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.

La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.

En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.

La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.

El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.

Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.

La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.

Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.

Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.

Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.

“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.

Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle

 

El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.

Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.

Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.

Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.

Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.

“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.

Luego de que el Ministerio de Trabajo dictaminara a la conciliación obligatoria a los trabajadores de refinería Trafigura y el posterior envió de telegramas de despidos por parte de la empresa, el dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Fabio Pierdominici, conversó con FM De la Calle.

“Lo que pudimos avanzar es que, en el acta firmada quedan sin efecto todas esas cartas documento, sino creíamos que era imposible iniciar cualquier tipo de negociación. Después la conformación de una mesa de trabajo, porque a las claras quienes habían venido en representación de la empresa no tenían mandato para discutir cuestiones técnicas”, aseguró.

Consultado sobre si en el marco de esta conciliación están contemplados todos los trabajadores, incluyendo a los jerárquicos despedidos previo a esta situación, Pierdominici argumentó que “entendemos que sí porque es extraño porque la conciliación se la dicta a la institución de primer grado. Pero entendemos que así lo entendió la empresa y el Ministerio”.

Respecto a la reunión con el Ministerio planteada para el próximo jueves 19 sostuvo que “esperamos que todos los actores vengan con las ganas de trabajar y aportar ideas. Nosotros estamos convencidos de que esta refinería tiene que estar en marcha”.

“Ningún espacio político manifiesta otra herramienta como camino para sacar Argentina que no sea tomar la materia prima de nuestro país, agregarle un valor agregado y dar empleo de calidad. Bueno, eso es lo que hace la refinería”, finalizó.

Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.

El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.

En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.

“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.

Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.

“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.

LEÉ EL DOCUMENTO ACÁ

Organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.

El MSA es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la tierra desde el año 2009 y que les permite entre otras cosas, poder acceder a una obra social, facturar y contar con aportes jubilatorios.

Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sostuvo en FM De la Calle que “hace más de un año que el Ministerio de Agroindustria no estaba inscribiendo nuevos monotributos y en los últimos días nosotros presentamos un amparo para que reabran la inscripción para pequeños productos y, lejos de reabrir la inscripción, el Ministerio e Agroindustria anuncia formalmente que va a darlo baja a partir del primero de enero del año que viene. Esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud”.

“Este gobierno lo que tiene son todas políticas a favor de generar las condiciones macroeconómicas para que los grandes exportadores ganen cada vez más plata, mientras que los pequeños productores que compran sus insumos en dólares para vender después en pesos estén cada vez más pobres”, aseguró.

Esta mañana trabajadores de la refinería iniciaron medidas de fuerza luego de saberse que 200 compañeros perderían sus puestos de trabajo. Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), se refirió al respecto en FM De la Calle: “Los telegramas no han llegado pero la empresa envió abogados, y a personal fuera de convenio se les está notificando personalmente”.

Desde la empresa aducen que los “números no cierran” pero según el sindicalista no hay ningún argumento válido para los despidos, “es una estupidez total, es tomarnos de idiotas a todos. […] Si la refinería tiene que ser ajustada en este número, quiero saber si echan a 200 trabajadores cómo van a poner en marcha la planta. No tienen ninguna intención de poner en marcha la planta”, concluyó.

También estimó que alrededor de mil familias están en relación directa con la actividad de la refinería, y aclaró que a pesar de que “la situación coyuntural -y más en la actividad energética- no ayuda, la misma situación ocurre en otras refinerías (Refi Pampa o Refinor) y ninguna despidió gente o paró. Claramente es una política de esta empresa de no venir a producir, de rebalsarnos de productos importados, cagandose en nosotros”.

Matarazzo indicó que tuvo contacto con el Intendente, quien se puso a disposición para intentar mediar, “contamos con que lleve el conflicto al gobierno, al Ministerio de Energía y nos acompañe. […] Recién termino de hablar con el Ministro de Trabajo, donde apuran una reunión de una mesa de trabajo que contenga organismos nacionales, provinciales, empresas y nosotros, para poder salir del conflicto”.

“Entiendo que el Ministerio va a convocar una audiencia, probablemente emitiendo alguna conciliación obligatoria que obligue a la empresa a retrotraer los despidos y nosotros las medidas”. Asimismo manifestó que entiende que hoy, en relación al valor del crudo y combustibles hay un problema, “pero hacer foco en los trabajadores, el menor de los costos que tienen, es tomarnos de giles”.

Al momento continuarán con el paro total, el bloqueo de despacho de combustibles por tiempo indeterminado y la planta tomada. Por otro lado, diferentes gremios expresaron su solidaridad y apoyo en comunicados a través de las redes sociales.

La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.

De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.

Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca. 

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El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.

Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.

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La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.

El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

“Hay un estado concreto de abandono de la negociación por parte del gobierno. Hace 75 días que no nos convocan a negociar y nosotros estamos llegando a los dos meses de la última negociación y el diálogo está totalmente cortado y la responsabilidad en este caso es del Estado nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación”, manifestó desde ADUNS Sergio Zaninelli.

El gremio realizó una encuesta entre sus afiliadas y afiliados para conocer sus opiniones en torno a la continuidad del plan de lucha.

“Por otro lado, yendo al plano más amplio, no es el plan de lucha una defensa corporativa de nuestros salarios como trabajadores. Hay un retraso en el envío de los fondos, el Ministerio de Educación solo está enviando los fondos para salarios. Hay como cinco meses de retraso en gastos de funcionamiento”.

Respecto a la encuesta explicó que “se lanzó con un formato a nivel nacional, que no solamente está haciendo la CONADU Histórica sino la CONADU, la otra federación docente que junto con la CONADU Histórica representamos a más del 80% de los docente y que estaremos frente al Ministerio de Educación anunciando que va a suceder luego del receso invernal”.

Consultado sobre los datos que arrojó la medición a nivel local sostuvo que “había dos preguntas básicas; una era si estaba dispuesto a aceptar la no toma de exámenes, una pregunta que repercute en el ámbito universitario y cuya responsabilidad recae en el claustro de profesores. Esa no tuvo aceptación, casi el 50% dijo que no estaba dispuesto a aceptar. La que sí tuvo aceptación, cerca del 80%, es la segunda pregunta que hacíamos: si estaba dispuesto a no iniciar el segundo cuatrimestre”.

“Todo este insumo, lo tomó la asamblea de ayer de ADUNS y lo que resolvimos era que lo que venimos haciendo como medida de fuerza no alcanzó porque la negociación está abandonada por parte de Ministerio de Educación. Por lo cual, lo que decimos como  un dato para traer ahora al congreso de la federación de CONADU Histórica es hacer un paro de una semana de duración”, aseguró.

A casi ocho años del fallecimiento de Juan Cruz Manfredini, víctima de la precarización laboral, la justicia convocó a una audiencia preliminar del juicio a Marcelo Camin, titular de la empresa para la cual trabajaba el joven fallecido tras la explosión de un depósito clandestino. Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, explicó a FM De la Calle el estado de la causa.

Fernández aseguró que están “bastante animados por el fallo anterior y las cuestiones que se comprobaron” haciendo referencia a lo ocurrido con Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la empresa, a quien le revocaron la absolución en el 2016. En esa ocasión la jueza González La Riva había determinado que Metz no tenía responsabilidad por lo ocurrido, razón por la que se excusó en esta ocasión del juicio a Camín. “Ya emitió opinión y no puede fallar en este juicio”, aseveró el abogado.

Sobre la audiencia manifestó que tienen pruebas suficientes como para avanzar, “el 10 será la audiencia preliminar donde se presentan pruebas y se fija la fecha para el debate. Esperemos que los mismos testigos que declararon en el anterior juicio lo hagan nuevamente y se pueda probar lo que se probó con el primer imputado.

Respecto a Camin comentó: “Si uno lo analiza […] parecería que nadie es responsable porque el [gerente] de Capital dice que está lejos, el [gerente] de acá tampoco porque obedece a Capital… Creo que la responsabilidad penal en estos casos, en caso de muerte, es de ambos. […] Ésta gente no solo almacenaba en un depósito clandestino muestras explosivas sino que las mandaban en un colectivo a Capital Federal (donde tenían los laboratorios) y ponían en riesgo a la gente del colectivo porque iban en una encomienda. La peligrosidad que generaron fue un agravante que se tuvo en cuenta”.

Al no estar fija la condena consideró que la pena puede ser “superior a dos años por homicidio culposo y pedimos agravantes en base a la peligrosidad y al conocimiento que tenían. Tendrían que haber tomado los recaudos para que no pase un accidente como este porque podría haber muerto muchísima gente” [El dúplex donde trabajaba Manfredini estaba en un barrio de la ciudad].

El abogado aseguró que buscan la misma imputación de Metz para Camin, “es el gerente –no nos olvidemos que esta empresa es de un familiar suyo– y hay una sociedad local que se hace responsable, Camin firmó hasta el contrato de alquiler del dúplex. Es una persona que sabía perfectamente que ese era su único lugar de trabajo y va a tener que explicar dónde hubiera guardado las muestras si no era ahí”.

También comentó en relación al trabajo del fiscal Zorzano en el juicio a Metz que “le dedicó muchísimo tiempo a la causa e impulsó la última parte del juicio. La Fiscalía dispuso muchos medios para poder llegar al resultado obtenido, estábamos seguros que se iba a dar vuelta y no creemos que se vaya a modificar el resultado de Cámara, que fue bastante contundente”.

Asimismo remarcó la importancia del rol de la familia de Juan Cruz, ya que estuvieron desde el primer día e incluso aportaron información importante para la investigación. Es decir que sin el aporte de la familia Manfredini “seguramente no se hubiese investigado mucho más”, concluyó.

En el marco del paro docente planteado para mañana, Gabriela Delfino (secretaria adjunta de SUTEBA) se refirió a la situación que atraviesan los Equipos de Orientación Escolar luego de que la gobernadora Vidal decidiera su modificación y traspaso a distrito. El jueves el tema no se trató en el Concejo Deliberante porque el oficialismo –que tiene la mayoría– se negó.

Delfino, quien también integra uno de los equipos, comentó “toda mi vida laboral transcurrió en esos equipos. El jueves vimos con tristeza y preocupación la indiferencia del bloque mayoritario por lo que va a pasar… No creo que esa gente tenga sensibilidad”.

Como orientadora social estuvo en diversos barrios y colegios, y las problemáticas van variando, tienen especificidades y formas de abordarlos diferentes. “El gobierno sólo toma números, tiene una visión totalmente empresarial, acá hay escuelas de la periferia con matricula baja pero con una inmensa complejidad”, aseguró que es imposible que se atiendan todas las problemáticas con uno o dos encuentros semanales.

Respecto a la posibilidad de que la regulación habilite que un/a solo/a integrante del equipo asuma todo el trabajo, Delfino manifestó “tenemos muy claro nuestro rol profesional y no vamos a tomar los roles de nuestros compañeros (orientador/a social, orientador/a educacional, orientador/a en aprendizaje, fonoaudióloga). Que el estado se haga cargo de lo que falta, y la fuerza que esta situación está generando en la provincia… Van a tener que dar demasiadas explicaciones si lo llevan adelante”.

Respecto a la decisión del Honorable Concejo Deliberante de no tratar el tema el jueves, dijo: El rechazo fue rotundo, se va a tratar en comisiones, eso significa alargar el asunto y el 4 de julio ya están citados los inspectores para empezar a darle forma a esta reestructuración. No querían dar la cara […] porque evidentemente su intención era rechazar este proyecto para avalar la decisión del gobierno.

También mencionó que en los últimos días surgieron mas situaciones preocupantes, por ejemplo la “reforma en la educación técnica que implica menos horas de clase de contenido teórico, curricular, del secundario. Los cambios de situaciones laborales de profesores de educación física, de artística… Es un ataque a la educación pública y al acceso al conocimiento en toda la línea: educación a bajo costo, docentes a bajo costo, propuestas educativas a bajo costo… y el resto no importa”.

“Quienes trabajamos en estos lugares somos apasionados por lo que hacemos, nadie elige trabajar en equipo porque sí sino porque siente una profunda vocación por lo que se hace en este ámbito. Las necesidades son muchísimas y van variando y complejizándose al compás de lo que plantea una sociedad injusta. Ahi estuvimos siempre los EOE, en el ojo de la tormenta”, concluyó.


(Por Astor Vitali) Las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca dan cuenta de una realidad penosa: la democracia ha caducado como expresión de organización social para convertirse en un sistema de administración del cinismo del grupo gobernante.

Uno de los no argumentos que balbucea el malformado oficialismo (carente de toda formación política necesaria y ausente de la mínima capacitación institucional para operar dentro del marco constitucional) es que fueron votados por la mayoría. Eso sería el aval para meterle para adelante como les plazca. Este adefesio de la sinrazón política se repite como justificación de todo.

El hecho de haber sido votado por la mayoría del pueblo implica la legitimidad social para que un gobierno, un partido político o una alianza actúe en función del programa que esgrimió durante su elección. La alianza entre la putrefacta UCR y el partido de CEOS PRO dijo explícitamente, durante todas las oportunidades posibles durante la campaña electoral, que no tocarían beneficios sociales, derechos adquiridos ni nada de lo que implicara bienestar social. Lo que venían a hacer era combatir la corrupción pública (nada dicen de la corrupción que forjó sus fortunas personales).

Ninguna mayoría popular votó a la alianza Cambiemos para hiciera lo contrario: destruir derechos sociales, económicos y culturales; generar más gasto público en altísimos salarios como los del intendente Héctor Gay y lxs ediles; destruir el poder adquisitivo de lxs jubiladxs, y una larga lista de vejámenes impuestos por el programa político vigente.

Sin embargo, Nicolás Vitalini, el más insulso de todos los presidente del cuerpo deliberativo local, dirige las sesiones ordinarias como un trámite arbitrado a reglamento, dando o quitando la palabra sin escuchar ni atender argumento alguno y sobre todo restando entera legitimidad al carácter representativo del cuerpo cada vez que un sector social o gremial asiste a la tribuna en reclamo de sus derechos. Les clava un “cuarto intermedio” para no escuchar nada y “los invita” a “dejar que se desarrolle la sesión”. Es decir, cuando se acercan organizaciones representativas de la sociedad o simplemente gente de a pie el presidente del Concejo Deliberante actúa como militante infalible de la indiferencia a toda problemática social.

Está claro que existen mecanismos formales de reclamo. Está clarísimo. Hay que explicarles con paciencia a todos los bloques que cuando una organización llega angustiada y levanta la voz es porque ya ha agotado todas las vías formales de las instituciones democráticas y que el gobierno de Cambiemos no da respuesta por ninguna de estas vías. Violan los estamentos estipulados por vía administrativa.

Los mecanismos arbitrados por los gobiernos de los distintos estamentos democráticos no garantizan los derechos del conjunto de la comunidad. Con esa dura realidad las organizaciones se acercan a reclamar al cuerpo. El oficialismo y el presidente del cuerpo militan con virulencia por no escuchar esos reclamos o directamente optan por tomarles el pelo diciéndoles que “presenten las notas correspondientes” con la plena conciencia de que si llegó a esa instancia es porque las notas fueron cajoneadas o faltas de respuestas concretas por parte de sus secuaces amarillentos del ejecutivo.

Por lo ante dicho, en la actualidad, no cabe duda de que en Bahía Blanca la Alianza Cambiemos viola sistemáticamente los derechos que deberían garantizar como estado y, montados en el voto que los mandató para objetivos que han incumplido, ocupan los espacios creados para la vida democrática con prácticas y objetivos autoritarios y ejercicio de la violencia institucional.

Después, cuando alguien desesperado levanta la voz e interpela en términos políticos a estos personeros del ajuste, resulta que es “no son las formas” y huyen de su propio pueblo al que condenan a pobreza sistemática.

Casi la mitad de los niños y las niñas bajo la línea de pobreza (tal como afirma la UCA –no una patrulla perdida de la URSS-) por causa de las políticas adoptadas que abonaron a la pobreza estructural, y resulta que cuando alguien denuncia que el hambre es un crimen a los gritos resulta que ese alguien es un violento.

Cambiemos es la alianza del cinismo y es el partido de los autoritarios de la concentración de la riqueza. Esto está definido.

Los distintos bloques de la oposición, en tanto, tienen el desafío de ocupar el rol para el cual fueron votados y no caer en la legitimación de este perverso sistema de imposición de políticas a través del método de Nicolás “Doble voto” Vitalini.

Es claro que Cambiemos gobierna con un programa por el que no fue votado. Pero tampoco se pueden suspender los derechos de la comunidad hasta que se vote otra opción política. Para garantizar la vida institucional hacen falta creatividad y acción política. Deben cuidarse las ideas y las vidas antes que las formas.

En el marco del paro general convocado por la CGT (la cual no movilizó) y las CTA, diversos gremios y bahienses de a pie se concentraron en Plaza Rivadavia y marcharon por el centro de la ciudad. Hablaron referentes sindicales de CTA-Suteba, ASTRAMyC, Aceiteros de Bahía Blanca-Daireaux, UMSur, Asociación Judicial Bahiense, CICOP y Asociación de Profesionales de la Salud Municipal, Federación de Educadores Bahienses y ADUNS.

Ana Canullo, secretaria general de CTA manifestó la “gravedad de la situación que atravesamos, […] las paritarias congeladas o el ofrecimiento del 15% que es insuficiente”.

  • Grave es la condena al futuro de nuestro pueblo, a hacerse cargo de una deuda externa, ilegítima e inmoral como todas las deudas con usureros.
  • El ajuste fiscal en las provincias es la desfinanciación de todo lo público, el vaciamiento de salud, educación, justicia, derechos de nuestro pueblo.
  • La semana pasada nos enteramos de una resolución que saca de las escuelas -para convertir en equipos distritales- a los Equipos de Orientación Escolar que trabajamos en las escuelas, que acompañamos las trayectorias pedagógicas de alumnos/as, que trabajamos con las familias, comunidades. No es más que un ataque a los sectores más vulnerables, un ataque a la educación de los sectores que más la necesitan.
  • Estamos en la calle porque no nos resignamos a que este ajuste caiga sobre los salarios, las familias, las jubilaciones… mientras los que nos gobiernan tienen cuentas offshore. No nos resignamos a los tarifazos, a que aumente la pobreza, a que los/as niños/as y ancianos pasen hambre, […] le vamos a seguir dando pelea.
  • Estamos en la plaza porque esta unidad la construimos en la calle y en cada lugar de trabajo, en cada escuela, fábrica, juzgado, hospital, ahí construimos la unidad, la organización y la lucha. No nos representan esos dirigentes atornillados a sus sillones y escritorios lujosos, esos dirigentes que son empresarios, socios de nuestros patrones.
  • Canullo reivindicó al movimiento de mujeres: Debemos tomar el ejemplo del movimiento más dinámico y revolucionario que hemos vivido en los últimos años, aquellas que nunca esperaron que nadie nos llamara, las primeras y las únicas que le hicieron una movilización enorme a Donald Trump el día que asumiera, aquellas que le hicimos el primer paro a Mauricio Macri, el movimiento de mujeres. Debemos seguir ese impulso que día a día en la calle pelea por sus derechos contra la violencia machista y para que ninguna mujer más muera por aborto clandestino.
  • Y finalmente se refirió a las dos víctimas de la Masacre de Avellaneda: Hoy debemos seguir en la calle, se lo debemos a los dos pibes que perdieron la vida defendiendo a su clase, Maximiliano Kosteki y Dario Santillán.

Por su parte, Jonathan Landa del sindicato de trabajadorxs de las motos (ASTRAMyC) dijo que se trata de “un sector fuertemente golpeado por las políticas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos, y –a pesar de la presión mediática y cámaras patronales que se expresaron en los últimos días– el paro es contundente en Bahía y a lo largo y ancho del país. […] Estamos siendo sometidos a un ataque gravísimo que plantea sacarnos el plato de comida de la mesa. No alcanza con trabajar 8, 10, 12 horas, estamos viendo todos los días cómo hacemos para ponerles el plato de comida a nuestros hijos en la mesa”.

Cristian Montaño, secretario de prensa del gremio de Aceiteros delegación Bahía Blanca- Daireaux aseguró: adherimos al paro y a salir a la calle porque creemos que la lucha está acá. […] Este gobierno no tiene un plan B, vino a hacer lo que está haciendo, tiene un desprecio sobre toda la clase trabajadora, sobre nuestros maestros, hijos, jubilados, lo nacional y popular, y van por nosotros.

Por la Unión de Músicxs del Sur habló el secretario de prensa, Nicolás Fernández Vicente, quien lamentó que no estén todos los sectores movilizándose. ”Estamos con presencia no solo de afiliadxs sino de estudiantes de los centros de las escuelas de arte”.

  • Se refirió a lxs docentes de artística “que sufren la misma realidad que los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en el paso a distrito”.
  • En el sector de la cultura la situación de los establecimientos como la Orquesta Infanto-juvenil de Miramar (que no funciona hace dos años pero en distintos ámbitos circula el falso rumor de que la van a reabrir) o la Escuela Municipal de Música de Coronel Pringles que hoy se ha vuelto a poner en funcionamiento con la decisión de contratar a nuevas personas pero exigimos la reincorporación de lxs docentes.

Desde la Asociación Judicial Bahiense, Nestor Alende señaló: “Le decimos ‘no’ al endeudamiento y al FMI porque sabemos que no vienen a rescatar a nadie, paralelamente al pedido de 50 mil millones de dólares se bajan cada vez más las políticas sociales. Nosotros que trabajamos con los sectores más vulnerables vemos cómo se pierden pensiones por discapacidad a nivel nacional y cómo se bajan los subsidios municipales a quienes más lo necesitan”.

La médica Selva Lamtzev se expresó por CICOP y la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal: “Nos encontramos presentes quienes para este sistema somos gasto, quienes no tenemos derecho a la salud o educación gratuitas y debemos pagar el costo del ajuste, y nuestros derechos son la moneda de cambio a la hora de reingresar al nefasto FMI”.

“Desde CICOP y APSM denunciamos lo que nos pasa en el sistema de salud: nuestros reclamos no son nuevos, luchamos por salarios y condiciones laborales dignas para todxs lxs profesionales de la salud, y queremos ser parte de un sistema de salud público, gratuito y de calidad; que cese la precarización laboral y la reapertura de las paritarias que cerraron en el 15%. […] Cuando las autoridades dicen que recién ahora están elaborando un plan entre instituciones de salud, les decimos que nuestras guardias no pueden esperar. […] Existe un plan y se llama CUS: un sistema de salud precario y quien no pueda pagar simplemente no tendrá atención”.

Además, desde la Federación de Educadores Bahienses, la docente Ana Laura indicó “es una vergüenza tener que reclamarle al gobierno por algo que ya había sido logrado, que daba excelente resultado en las escuelas, los EOE. Para los docentes, directivos, padres, alumnos, los EOE son nuestra mano derecha porque se encargan de atender todas las necesidades institucionales que surgen a diario. […] Estamos solos si nos quitan a nuestros equipos. […] Hay que tener en cuenta que los niños son los que más van a sufrir por esta vulneración de derechos”.

Sergio Zaninelli, titular de ADUNS, comentó: Ni los más pesimistas, ni los más escépticos pensamos hace dos años y medio que nos íbamos a encontrar con un gobierno miserable, sin escrúpulos, que nos ataca laboralmente, personalmente, y vulnera día a día los derechos que hemos sabido conquistar.

Finalmente, previo a la movilización por el centro bahiense, Gabriela Delfino de Suteba expresó su parecer: “Para quienes trabajamos en educación estos dos años fueron duros. Tantas veces nos hemos encontrado en la calle quienes trabajamos en las escuelas para defender tantos derechos. Esta semana fue como un tsunami la noticia de que los equipos pasarían a distrito. […] Los EOE son el lugar donde van a contar los problemas, donde en las escuelas… –cuando no había nada, cuando en 2001, en los ’90, el Estado estaba destruido–, era el único lugar donde se escuchaba a las familias, el único lugar donde seguían siendo sujetos de derecho. […] Defendíamos sus derechos, por eso nos quieren sacar. Si nosotros no los dejamos, no pasarán”.

(Por Tomás Casella) Lucas Pedulla es periodista, trabaja en la Cooperativa La Vaca, además de ser docente y escritor. A través de su experiencia demostró que no hay una sola manera de hacer periodismo, sino que en esta profesión también existe lugar para la horizontalidad, el debate y la autogestión.

La crisis del 2001 sacudió los cimientos de una sociedad que se la rebuscó para salir adelante. El cierre indiscriminado de fábricas obligó a la gente a unirse para buscar la manera de seguir llevando el pan a casa, y las cooperativas de trabajo surgieron como un actor protagonista en este contexto. El periodismo, sin dudas, no podía ser ajeno a este proceso, y en este año tan trágico para nuestro país nace La Vaca.

“Un grupo de periodistas decidieron con la crisis que no querían estar atados a nada. Los medios comerciales ya no nos representaban a nosotros, al público ni a nadie”

Inspiradxs por las fábricas recuperadas, donde sus trabajadorxs lejos de resignarse tomaron sus puestos de trabajo y resistieron, decidieron llevar al periodismo el concepto de horizontalidad. Aunque pueda ser conflictivo trabajar sin jefes, este cambio de paradigma derivó en una nueva forma de ver y de hacer periodismo.

La libertad es enorme y el único límite es el profesional. Cada periodista aporta a la cooperativa algo único. El grupo es reducido (son 17 personas) y muy heterogéneo. Lucas estudió comunicación, hay una antropóloga, hay periodistas, artistas, estudiantes, etc. Y esas diferencias, lejos de frenarlos, sirven para hacer de La Vaca un lugar donde muchas disciplinas conviven y se alimentan entre sí.

Revista Mu, página web, editorial, taller, centro cultural, teatro independiente. Cuesta definir qué es La Vaca. Es todo lo nombrado anteriormente y también es más. Funcionan en un espacio ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue creado de cero y donde hoy funcionan actividades de todo tipo.

“Buscamos asociarnos con gente de la comunicación no necesariamente periodística, queremos ser una cruza entre arte y comunicación”

Cuando se habla de una nueva forma de hacer periodismo, no se trata de una frase armada, sino de una consigna a la cual responder día a día. Para Lucas Pedulla la clave pasa por estar presente en el lugar de los hechos. “Cada comunidad tiene su dinámica propia, la cual es importante conocer a la hora de hacer cualquier nota, y es imposible hacerlo sin ir hasta el lugar” explica.

Así, los medios cooperativos llegan a lugares donde otros no acceden, ya sea por desinterés o comodidad. Y, aunque a veces los viajes largos sean difíciles, el trabajo en red les permite compartir energías y dividir gastos. Este periodismo no da lugar al ego, aquí no se matan por la primicia. La información se comparte y se chequea entre colegas, lo que puede resultar impensado en otros medios.

Lucas define a las notas como un espacio para la construcción de vínculos. Hablar con gente y crear relaciones a lo largo del país en cada crónica facilita el trabajo. Los medios cooperativos tienen la puerta abierta en todos lados. Así, por ejemplo, Lucas pudo quedarse en Esquel a cubrir el caso de Santiago Maldonado gracias a los vínculos que creo cuando fue allí meses antes a cubrir la movilización contra la minería.

“La crónica implica movimiento. Es reconstruir una situación con la mayor cantidad de voces posibles”

Y este tipo de periodismo no necesariamente necesita cámaras y grabadores. Lucas nos enseña lo que significa usar la piel como medio de comunicación. Nos anima a sentir, eliminando la falacia del periodismo objetivo y distanciado de la realidad para involucrarse y a la vez dejarse conmover ante situaciones que lo ameritan, las cuales no son pocas a la hora de cumplir esta labor.

“¿Qué veo?”, “¿Qué escucho?” y “¿Qué siento?” se convierten en los interrogantes fundamentales para hacerse a la hora de cubrir cualquier acontecimiento. A través de las respuestas se puede pintar de cuerpo completo una imagen para ilustrar una crónica, hacer partícipe al lector de un hecho que quizás sucedió a kilómetros de distancia o en la esquina de su casa.

Lucas aprovecha los distintos espacios para llevar adelante su labor, aunque el más rico para él son las marchas sociales, las cuales define como “noticieros a cielo abierto”. La Vaca se caracteriza por su accionar en defensa de los derechos humanos y de la lucha de las mujeres, por lo que las marchas resultan un lugar perfecto para conseguir las historias más variadas.

“Es importante no buscar siempre las mismas voces. Toda la gente tiene algo para contar y ganas de hacerlo. A veces las mejores historias salen así”

Las revistas independientes se distribuyen a 7 millones de personas, estimativamente, según un relevamiento de AReCIA. Cuesta entender a estas publicaciones como medios “alternativos” si en realidad son tan consumidas. Aportan una mirada distinta a la que se ve por televisión en un contexto de concentración y monopolio. Una visión que incomoda y que es crítica. Pero, por sobre todas las cosas, que es honesta y fiel a sus ideales.

Imágenes: Nazareno Montecchia.

El fin de semana pasado se conoció la salida del gobierno del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, reemplazado por Javier Iguacel (otro gerente de grandes petroleras). José Rigane, secretario general de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y secretario adjunto de CTA-Autónoma, se refirió a ese “cambio de figuritas” en FM De la Calle.

El dirigente aludió el ‘cambio de figuritas’ porque “el gobierno necesita tratar de moderar una situación que no piensa modificar, que es el modelo energético del país y la profundización de la utilización de energía como un bien suntuario en el marco de una política donde las empresas que cotizan en valores son las que tienen que garantizar alta rentabilidad, y el gobierno viene ejerciendo una política para que así suceda”.

Asimismo manifestó que la llegada de Iguacel “no va a cambiar nada, la política no se va a modificar, la energía va a ser para una minoría de usuarios que está en condiciones de pagarla y el resto estará con serios problemas para poder acceder. El gobierno ha ratificado la política que venía ejerciendo Aranguren y ha ratificado en sus declaraciones que va a mantener el régimen de incremento en tarifas por el resto del año”.

También aseguró que el gobierno generó “un desarrollo político en el modelo energético para hacerle creer a la gente una mentira” de que hay competencia y por eso hay que pagar tarifas tan altas. “Han defendido el negocio, le dieron una base a la posibilidad del fracking en Vaca Muerta y necesitan que el barril del petróleo tenga un precio mucho más alto sino la ecuación económica de las multinacionales no cierra para poder hacer inversiones ahí. […] Macri vendió Vaca Muerta como el súmmum de las buenas noticias para la Argentina y hay una entrega directa de nuestra soberanía, nuestros recursos, hipotecando una situación que no vislumbramos cuál va a ser su dimensión real”.

Según el secretario general de FeTERA, Aranguren dio pasos muy sólidos: dolarizó las tarifas, quitó los subsidios –“que eran altos pero no imprescindible llegar a donde quieren llegar” – y aplicó los tarifazos. “Tres cuestiones centrales que exigían los grupos multinacionales para que el pueblo argentino termine subsidiando a las empresas petroleras, las que más rentabilidad tienen en el país”.

Respecto a las elecciones internas del 28, aseguró que están “mucho mejor de lo que esperábamos por el compromiso, nivel de adhesiones y participación de compañerxs que han presentado listas a lo largo y ancho del país, demostrando que este es un proyecto que tiene vigencia y que se hace imprescindible profundizar en la etapa actual. Tenemos por delante una fuerte tarea de desarrollo organizativo, […] se hace imprescindible transformar y cambiar para mejorar, lograr mayor participación, mayor democracia, eso depende de la apertura que tengan los dirigentes”.