El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) anunció mediante el Boletín Oficial la derogación de los reglamentos de las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA. La resolución se publica a tres días del cierre de presentación de proyectos y generó consultas del sector comunitario e indígena ante la Defensoría del Público: manifestaron su preocupación ante la incertidumbre sobre la ejecución del fondo.

La Resolución 1803/2018 del ENaCom, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, deroga las resoluciones 415, 416 y 550 que establecen los reglamentos para las líneas 3, 4 y 5 del Fondo de Fomento Concursable de la Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de las convocatorias para proyectos de producción radiofónica y producción audiovisual, cuya fecha de cierre estaba pautada para el 23 de marzo, y de proyectos de gestión, con fecha para el 2 de mayo.

La Resolución Sintetizada, que lleva la firma del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Ángel De Godoy, no da precisiones sobre la continuidad de la convocatoria, sobre nuevos plazos o posibles modificaciones a los reglamentos. En el texto completo de la resolución, publicado horas más tarde, se puede leer que se deja “sin efecto el proceso iniciado” y da intervención a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENaCom para adecuar los reglamentos de convocatoria de las tres líneas abiertas del FOMECA.

Explica en el mismo texto que, por recomendación del Ministerio de Modernización, las modificaciones apuntan a evitar que para la presentación de proyectos se solicite información ya requerida en trámites previos. Cita también la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 8 de febrero de 2018 que “efectuó una serie de consideraciones (…) de las cuales se concluye la importancia de fortalecer los mecanismos tendientes a controlar la administración y ejecución de los fondos públicos”.

En enero de 2018 se había publicado, con un año de retraso, la convocatoria a las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA correspondiente a 2017. El procedimiento administrativo para la presentación de proyectos presentó modificaciones sustanciales respecto a convocatorias anteriores y la Defensoría del Público puso en marcha un intenso proceso de acompañamiento para facilitar a las organizaciones beneficiarias la comprensión de la plataforma online y los requerimientos para la presentación de proyectos. Las capacitaciones que brindó la Defensoría en estos meses abarcaron a 120 organizaciones de todo el país. En los encuentros y consultas telefónicas se evidenciaron falencias de diverso orden en el procedimiento de Registro y presentación de proyectos. Algunas de estas deficiencias, y las consecuentes recomendaciones, ya habían sido manifestadas al el ENaCom en la nota N° 740/2017 de la Defensoría del Público y otras se expresan en el informe que recoge el proceso de acompañamiento que se puso en marcha en noviembre de 2017.

Las modificaciones que anticipa la Resolución se anuncian sin que mediara aviso a la Defensoría del Público ni a los sectores beneficiarios del FOMECA y generan incertidumbre sobre la continuidad del fondo, a tres días del cierre del plazo de presentación de proyectos en las líneas de producción radiofónica y audiovisual.

El FOMECA es el fondo creado en el artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09, que destina 10% de los fondos recaudados mediante el pago de gravámenes al fortalecimiento de “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”.

La suspensión del FOMECA perjudica el fortalecimiento de medios y proyectos de comunicación que promueven la participación de las audiencias. Por tratarse de medios sin fines de lucro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró necesario el acompañamiento del Estado y los FOMECA se constituyeron en una herramienta para cumplir ese objetivo.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentará un informe con la descripción de los inconvenientes del sistema de registro FOMECA que se verificaron durante las capacitaciones realizadas con medios beneficiarios. Asimismo, instará al organismo competente a convocar con urgencia a todas las líneas de fomento previstas por la Ley 26.522.

Fuente: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.

La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.

Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.

Explicó que tiene implicancias legales  ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.

Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura.  Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.

Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.

A cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan y aun sin ninguna respuesta concreta sobre qué fue lo que pasó con la embarcación, FM De la Calle habló con Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que se encontraban a bordo del navío y querellante en la investigación.

“Seguimos en la lucha por esto que es tan básico como encontrar a nuestros seres queridos y que, si bien el presidente se expresó en esa línea, entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas” expresó.

Las últimas medidas sobre el caso estaban relacionadas al pedido de licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la búsqueda y una recompensa con el mismo fin que fue cuestionada por los familiares de lxs tripulantes del ARA San Juan: “Nosotros le planteamos al ministros y al presidente una serie de medidas para que actúen de manera complementaria una con otra”, manifestó.

“El tema de la recompensa fue propuesta nuestra pero como una última medida complementaria a todo lo anterior que tenía que ver con incluir a la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda, incluir a algunos buques específicos que tienen sonares de alta tecnología para detectar cardúmenes de peces hasta mil metros de profundidad, que se han ofrecido a cambio de la logística y no se los ha tenido en cuenta (…), que el buque ruso Yantar se quede, nosotros tenemos información que a fin de mes se retira”.

Consultado por las hipótesis más razonables sobre lo sucedido con el submarino Tagliapietra contó que “hasta ahora, si vamos a los elementos materiales, digamos, que tienen que ver con documentos de la Armada y las últimas comunicaciones, todo va apuntando a que ha sufrido algún grave accidente en virtud de los problemas que tenían en las últimas horas respecto de la entrada de agua por el snorkel y el incendio en las baterías”.

“Lo que sucede es que no hay más datos y la realidad que esos datos por sí solos no permiten establecer con la certeza que requiere una investigación judicial, por ejemplo, para establecer que esa es la causa de la desaparición. Porque estuvieron durante 10 horas trabajando en ese problema. Alrededor de las diez de la noche del día 14 fue la entrada de agua por el snorkel y a las siete y media de la mañana en el último comunicado dieron por resuelto el inconveniente y manifestaron su intención de sumergirse a 40 metros de profundidad para poder descansar. Todo esto en virtud del terrible desgaste que implicó estar tantas horas superficie”.

Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.

“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.

“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.

En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.

En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.

“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.

Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.

“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.

Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.

La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.

Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.

Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.

Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.

Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.

Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.

“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su descontento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial.

“Básicamente desde la sociedad argentina, desde hace varios años se viene manifestando una desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros desde el INECIP hace más de 27 años que venimos trabajando en pos de la reforma del sistema de administración de justicia penal en nuestro país especialmente, dando debates y pretendiendo, avanzar hacia discusiones que son totalmente necesarias”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de la entidad, Aldana Romano.

Lamentó que “una vez más se anuncie con bombos y platillos una reforma que no es tal” y opinó que “es un mensaje bien equivocado hacia la sociedad argentina y casi que una tomada de pelo. Podemos discutir perfectamente las ferias, podemos discutir los horarios; podemos hablar de la necesidad de mejorar las tecnologías en pos de contribuir a la modernización de la administración de justicia, pero no puede ser que se desconozca y no esté en agenda, por ejemplo, la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que hace años que hemos sancionado”.

Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Romano sostuvo que “en hay un debate más amplio que tiene que ver con el gobierno judicial, en donde el Consejo de la Magistratura es una de las organizaciones que lo conforman pero no es la única. Tenemos que discutir el gobierno judicial y tenemos que entender que la administración de justicia es una política pública, y en tanto tal requiere de un gobierno y de su desarrollo y ejecución”.

“Lamentablemente las reformas que se han dado en el Consejo de la Magistratura en los últimos años no han sido más que para ver quien tiene un poco más de poder, no han logrado transparentar la selección de los magistrados ni tampoco un sistema de disciplina o de miradas sobre las decisiones de los jueces que sea justo”.

Miles de bahiensas marcharon por el centro de la ciudad en el marco del Paro Internacional convencidas de ser “la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión”.

“No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras”, dijeron en la Plaza Rivadavia.

Las organizadoras manifestaron que “los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc”.

“Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico”, fueron algunas de las demandas.

En este segundo paro el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito fue otro eje de la jornada, ahora con el debate en marcha en el Congreso de la Nación. “Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres”.

El documento, que abajo reproducimos completo, tuvo un párrafo para las víctimas de femicidios que nos faltan en Bahía Blanca y la zona: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Mónica Esteban, Sandra Arbilla.

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Nosotras paramos contra la violencia machista, el ajuste y por el aborto legal

 

Este 8 de marzo, LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos: nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres porque estamos convencidas de que somos la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión.

Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres y por eso hemos llamado este día “Día internacional de las Mujeres Trabajadoras”. En este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras.

Hoy 8 de marzo:

Paramos porque los estados nos empobrecen y explotan y esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Paramos porque existe una brecha salarial a nivel mundial entre varones y mujeres. En Argentina si hablamos de trabajo registrado los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, y esta brecha es aún mayor en los trabajos menos remunerados. Esto se profundiza cuando consideramos que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a cargos jerárquicos por la subestimación de nuestro trabajo (nos vemos obligadas a demostrar “idoneidad” permanentemente). Además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupamos el 54% de este universo laboral, trabajo asalariado precarizado y mal pago que en muchos casos es concebido como mera extensión del “rol doméstico” de cuidado y reproducción que se nos impone, generando a la vez la idea naturalizada de que existirían trabajos que son “de mujeres y trabajos “de hombres”.

Todo esto reforzado por el trabajo no reconocido invisibilizado y naturalizado que se nos impone dentro del hogar. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todos los trabajadores y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta y desigual, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de las familias a través de políticas de estado, sino al interior de estas entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

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En este contexto de recesión económica internacional y de avanzada contra los derechos laborales a nivel mundial vemos que las mujeres también somos principales protagonistas de la resistencia.

En Argentina el gobierno nacional de Cambiemos con la complicidad del FPV, PJ y Massismo vienen llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para profundizar este ajuste el gobierno impulsa un paquete de reformas (laboral, tributaria, educativa, de la salud y previsional) tendientes a cambiar las relaciones laborales, reducir el gasto público y ahorrarse millones a costa de los salarios y jubilaciones de las y los trabajadores.

Sabemos que los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc.

Hoy encontramos muchos ejemplos de lucha y resistencia por parte de las mujeres a lo largo y ancho del país: docentes y auxiliares en todo el país defendiendo la educación pública, profesionales de la salud con el ejemplo del Hospital Posadas defendiendo la salud pública, enfrentando los despidos como las trabajadoras del INTI, en Rio Turbio, Fanazul y los ingenios azucareros del norte, las mujeres originarias luchando por su tierra y su cultura ancestral enfrentando los procesos represivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que van desde la militarización de sus territorios y desalojos. Exigimos el cese de las políticas de criminalización y persecución luchadoras y luchadores sociales y a los pueblos originarios.

Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y por eso les venimos reclamando a las centrales sindicales que convoquen a este Paro Internacional de Mujeres Luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras. No al ajuste. Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico.

Paramos porque en nuestro país anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos. Sin embargo, solo las mujeres con mayores recursos económicos pueden abortar de forma segura, siendo las más pobres quienes corren riesgos, resultando muchas veces en su muerte. No podemos seguir tolerando la injusticia social que esto acarrea, constituyéndose el aborto como la primera causa prevenible de mortalidad materna. Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres. En todo esto la Iglesia, con complicidad y aval del Estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente, obstaculizando aún hoy la práctica. Seguimos luchando por la implementación efectiva del protocolo de aborto no punible e interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud. El aborto, en nuestro país, es legal en casos de violación o riesgo para la salud desde 1921; sin embargo no hay protocolos que garanticen esta práctica en todas las provincias, ni información hacia las usuarias, ni profesionales suficientes. El acceso a un aborto no punible es sistemáticamente bloqueado por objetores y objetoras quienes imponen su moral y creencias personales por sobre el derecho a la salud. Así también repudiamos la estrategia del poder de judicializar a profesionales que cumplen con su obligación en el sistema público, como es el caso de Estrella, la médica de Maitén, procesada por garantizar el derecho a abortar. Sostenemos que garantizar derechos no es delito!

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Este martes pasado fue presentado por 7ª vez en el Congreso de la Nación, el Proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En esto no existen concesiones y cada avance ha sido y seguirá siendo resultado de la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No nos contentamos con un mero debate, queremos la aprobación del proyecto!!!! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Basta de criminalización a las mujeres y personas con capacidad gestante por abortar.

Tampoco se garantiza fehacientemente el derecho a la anticoncepción a pesar de contar con una Ley Nacional que obliga al estado a proveer los distintos métodos. Las barreras son múltiples, desde la existencia o no de los diferentes métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres así como la falta de asesoramiento profesional y acorde a los deseos y necesidades de cada mujer, considerando además que casi todos los métodos están diseñados para nuestros cuerpos, sosteniendo el prejuicio de que la anticoncepción es responsabilidad estricta de la mujer, y sobre nosotras también recae la penalización cuando estos métodos fallan. Todo esto redunda en una criminalización exclusiva de las mujeres, como las únicas responsables de la concepción. No ha y juicio ninguno hacia los varones, lo que marca una visión totalmente patriarcal: las mujeres no nos embarazamos solas.

También denunciamos que la Ley Educación Sexual Integral no se aplica efectivamente, quedando a merced de la voluntad de docentes y directivos de cada escuela el tratamiento de estos contenidos, no siendo curricular y transversal como debería. Luchamos por un estado y una educación laica y no sexista. Separación de la Iglesia del Estado.

Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista Además seguimos sufriendo violencia obstétrica y ginecológica sistemáticamente, la cual es absolutamente naturalizada por lo cual no se problematiza. A pesar de que existe la Ley 24929 de Parto Respetado, ésta no se aplica. Basta de violencia obstétrica!

Exigimos que los espacios de atención pública a la salud realicen sus prácticas con un enfoque transversal en perspectiva de género, sexualidades e identidades disidentes y que no caiga exclusivamente en la voluntad individual de las/os profesionales la necesidad de especializarse en esta perspectiva.

Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Porque en Argentina una mujer es asesinada cada dieciocho horas, y en muchos casos familiares y amistades de la víctima pueden ser también afectadas en lo que llamamos “femicidios vinculados”. Porque la desigualdad y falta de autonomía económica, muchas veces, nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables ante el machismo, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

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Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Monica Esteban, Sandra Arbilla.

En octubre del año pasado producto de la lucha de la familia y las organizaciones de mujeres la justicia dictó una condena ejemplar para el asesino de Micaela Ortega. Esto nos reafirma que el único camino para lograr justicia es la visibilización y la lucha.

En Monte Hermoso a más de 2 años del femicidio de Katherine Moscoso en el cual se implican todas las tramas del poder político local, la familia debió luchar públicamente para que el fiscal del Cero realizara alguna acción en la causa.

Al día de la fecha no hay ningún procesado por este crimen.

Nos falta la maestra Vanesa Castillo quien fue apuñalada y muerta en Santa Fe por Juan Cano, un ex convicto. Las noticias relacionaron el crimen a un intento de robo, mientras que nosotras sostenemos que el crimen podría estar vinculado a una denuncia que hiciera Vanesa relacionada con un abuso sexual hacia de sus alumnas. Este crimen pone de manifiesto el desamparo en el cual quedan las trabajadoras cuando denuncian las situaciones de violencia que constatan. Acompañamos la lucha por el esclarecimiento del crimen y justicia por Vanesa.

Pedimos total esclarecimiento del asesinato de Sandra Arbilla, quien fuera encontrada en su lugar de trabajo con 30 puñaladas en su cuerpo.

Reclamamos justicia para Camila Borda de 11 años quien fuera violada y asesinada, en la ciudad de Junín, como así también denunciamos la represión por parte de la policía hacia los vecinos de Camila quienes fueron los que encontraron y reaccionaron ante su asesino.

Luchamos porque no queremos ni una muerta más por violencia machista, exigimos ¡NI UNA MENOS! Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias genuinas destinadas a la atención integral de mujeres en situación de violencia. Refugios accesibles y sin requisitos burocráticos para las mujeres y sus hijxs, atendidos con personal con perspectiva de género. Apoyo económico, planes de vivienda, asesoramiento legal y asistencia integral a cargo del Estado y las patronales para las víctimas. Exigimos rendición de cuentas y visibilización de las acciones de la dirección de políticas de género.

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Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones y la invisibilización de nuestras luchas. Pedimos el Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Paramos porque se invisibilizan los crímenes de odio hacia las identidades disidentes (lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales). Exigimos la absolución “Higui” procesada por defenderse ante el intento de violación y castigo a sus agresores. Exigimos la anulación del protocolo represivo contra la comunidad LGBTIQ.

Paramos porque exigimos al estado la aprobación y cumplimiento y presupuesto para el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans a aplicarse tanto en el ámbito público como privado. Acceso a la salud integral, protección de las infancias trans, libres de violencia y patologización en las instituciones. Acceso a la educación, promoción e inclusión de las personas trans dentro de todos los niveles educativos. Creación de un área específica de contención y seguimiento de personas trans, organizando las políticas en la promoción de estos derechos.

Justicia por Alejandra Galicio, crimen impune por más de 12 años. Acompañamos a la “Comisión de Justicia por Diana Sacayán”, en el primer juicio caratulado como travesticidio, en Argentina, Basta de travesticidios y crímenes de odio.

Paramos porque el Poder Judicial en muchísimos casos es un elemento más para la vulneración y la victimización de las mujeres que recurren legítimamente a él, y que en su lugar encuentran el reforzamiento de la ley patriarcal que las culpabiliza y desprotege. Muchas veces las diferentes instancias no dan respuestas a las mujeres de forma integral y en ocasiones no tienen la formación correspondiente para el abordaje de estas situaciones. Por lo tanto el Poder Judicial funciona reproduciendo y profundizando la violencia y como una instancia disciplinadora hacia las mujeres. Porque fiscales, abogados y jueces continúan utilizando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” para acallar a las niñas, niños y adolescentes que son víctima de violencia por parte de sus padres, así como también silenciar y juzgar a las mujeres que denuncian. No existe ninguna institución científica seria que defina la existencia de este síndrome. El SAP no existe!!

Basta de justicia misógina y patriarcal. Por un poder judicial con perspectiva de género. Basta de judicialización hacia las mujeres.

Paramos por todas las mujeres que nos faltan víctimas de las redes de trata, porque las pocas que son rescatadas no tienen contención social ni sanitaria, porque no se les garantiza tratamiento psicológico ni trabajo genuino lo que muchas veces las coloca en mayor situación de vulnerabilidad y a ser captadas nuevamente por estas redes. Porque en Bahía Blanca la prostitución y la trata son un negocio más del poder político y económico que tiene el control absoluto de los negocios lícitos e ilícitos de la región, lo cual hace que la complicidad con los demás poderes imposibilite una intervención real sobre este crimen contra las mujeres, particularmente las de menores recursos. Porque la trata usa los cuerpos de las mujeres como objetos descartables destinados al placer masculino, mientras exista no tendremos igualdad de derechos!

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado.

Por un cupo laboral para sobrevivientes del delito de trata.

Denunciamos que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte del sistema prostituyente.

Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven no solo la violencia machista sino también racista y capitalista que siguen asesinando a las mujeres originarias que se oponen a la invasión de los megaproyectos en las comunidades. Porque fue en defensa de esos intereses que fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la gendarmería de Bullrich.

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Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la lucha de las mujeres de todo el mundo.

1-Paramos porque las reformas laborales, previsionales y los despidos nos afectan doblemente a las mujeres. Y el trabajo doméstico y de cuidados está invisibilizado. Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y les reclamamos a las centrales sindicales continuidad en las medidas de lucha contra el ajuste.

2- Paramos por el aborto legal seguro y gratuito. Educación Sexual Integral laica y científica. Separación de la iglesia del estado. Basta de criminalización a las mujeres por abortar.

3- Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Exigimos la declaración de emergencia por violencia sexual y doméstica. Basta de justicia misógina y patriarcal.

4- Paramos por la aprobación y cumplimiento del cupo laboral trans. Basta de travesticidios.

5- Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y la explotación sexual.

Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.

Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.

Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.

“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.

En cuanto  al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.

A raíz de las medidas de fuerzas tomadas por distintos gremios de la educación, FM De la Calle conversó con Analía López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, gremio que para por 24 horas, a diferencia de otros que adoptaron la medida por 48. La huelga “tiene que ver con la no concreción de la paritaria general docente, cuyo principal objetivo era establecer un piso salarial único para que todos recibieran la misma remuneración”.

SADOP ha convocado a las comisiones de negociaciones de esas paritarias pero que el Ministerio de Trabajo dejó afuera a este sindicato, impidiendo negociar con otras organizaciones sindicales las condiciones en que se llevará adelante el acto educativo.

López aseguró que desde el gremio se oponen al concepto de presentismo: “Creemos que sería muy injusto premiar económicamente la suerte que pudiera tener un trabajador de gozar de buena salud y castigar con una quita a aquel que tiene la desgracia de tener una patología o un familiar enfermo. Personalmente jamás aceptaría cobrar algo que me beneficie porque goce de buena salud y que no lo percibe otro compañero”.

Al respecto mencionó que quieren discutir las causas del ausentismo y que realizaron una encuesta sobre salud docente. “Muchas de las patologías que afectan a los docentes tiene que ver con las condiciones en las que realizan la tarea cotidiana. Queremos mejorar esas condiciones para disminuir las causales de las patologías (problemas de la voz, horas de estar parado, cursos excesivamente numerosos, aulas cuya infraestructura dejan bastante que desear)”.

También explicó que “dentro del universo de trabajadores docentes un 80% somos mujeres, las tareas de cuidado si un hijo se enferma recaen mayoritariamente en la mamá; tenemos una gobernadora mujer que encima estigmatiza esa función, castigando a los trabajadores si atendieron a sus hijos enfermos. No se cómo hará ella en su casa”, cuestionó.

En relación a cuánto perdieron de poder adquisitivo en los últimos tres años, la titular del sindicato dijo que el sector ya sufría una depreciación un 10% por debajo de la inflación de 2016, que no se recuperó en el 2017”. En diciembre realizaron una encuesta interna para establecer la canasta básica del docente privado y “estableció que hubiéramos necesitado un incremento salarial del 27% para estar acorde con el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo”.
Finalmente aseguró que “si ahora nos ofrecen 15% en tres cuotas, con la proyección inflacionaria que estamos teniendo, sabemos que va a ser imposible para el trabajador satisfacer sus necesidades básicas. La oferta que ha hecho la gobernadora nos resulta inaceptable”.

El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.

“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.

El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.

Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.

La causa fue elevada con una veintena de represores aunque hoy son 14 los que estarían habilitados por el tribunal. “Por el transcurso del tiempo algunos fallecieron, otros quedaron fuera del proceso por incapacidad psíquica y por eso también la necesidad y la premura de que se lleve adelante el debate”.

¿Lo miran por TV?

Casi la totalidad de los acusados está detenido en sus casas. “Esa es una característica que se detectó desde el inicio de las acciones, inclusive en primera instancia: la diferencia entre fuerzas. La Armada ha sido mayoritariamente beneficiada con prisión domiciliaria en contraposición al resto de las fuerzas”.

“Este juicio tiene todos imputados de la Armada y no es la excepción. La inmensa mayoría está con prisión domiciliaria, algunos aquí en Bahía y la mayoría en Capital Federal. Pedimos que se los reexamine para ver la posibilidad de que sean trasladados para que, al menos en algunos tramos cruciales del proceso, estén presentes a la vista de los jueces, las partes y el público”, dijo el fiscal.

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Consultado por las causas del privilegio de los marinos sobre los genocidas de otras fuerzas, Nebbia aseguró: “Lo nuestro es meramente descriptivo, desde la Fiscalía hemos llamado la atención sobre eso e impugnamos de igual manera cuando entendemos que no están las condiciones que fija la ley para que una persona esté en domiciliaria y esté en condiciones de cumplir su detención en un establecimiento carcelario. Pero lo cierto es que los números muestran esa diferencia”.

El defensor Sebastián Olmedo Barrios afirmó que sus defendidos tienen más de ochenta años y pidió que sigan las audiencias desde Buenos Aires. Para su colega Gerardo Ibáñez, trasladar a los reos al Aula Magna universitaria es “puro hostigamiento”.

El juez Jorge Ferro anunció que la modalidad será la misma que en los juicios anteriores, con videoconferencias desde Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura. El tribunal deberá resolver si los genocidas estarán o no durante la lectura de la acusación, las indagatorias, los alegatos, las últimas palabras y la sentencia.

No innovar en Baterías

Durante la audiencia preliminar la Fiscalía pidió continuar con la medida cautelar que impide modificar la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías y ordena realizar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas”.

El fiscal Nebbia comentó que en el lugar está trabajando Memoria Abierta, la misma organización que realizó la excavación y recuperación de los cimientos del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, detrás del Batallón de Comunicaciones 181 del Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

“Se pudo comprobar a partir del primer juicio que en la Séptima Batería funcionó uno de los centros clandestinos de la Armada. Hay un trámite ante el Juzgado de primera instancia donde a partir de la solicitud hecha por la Fiscalía se cauteló y se mandó a hacer una protección del lugar”.

Los primeros trabajos se realizaron a fines de 2017 y para continuar es necesario que el Consejo de la Magistratura destine los fondos necesarios.

Declaración anticipada

Con la probable intención de alejar al represor Aristóbulo Nicanor Moreira del escenario de los crímenes de lesa humanidad cometidos a fines de 1976 y principios de 1977 en la región, el defensor oficial Gustavo Rodríguez adelantó el testimonio de la cuñada del ex capitán de fragata.

Marta Catalina Moreno declaró que desde “el 23 o 24 o diciembre del 76 hasta mediados de enero del 77” compartió las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de calle Carabobo de Capital Federal con su hermana Noemí y con Moreira quienes estaban casados desde 1969 y tuvieron una hija en 1976.

(Por Santiago Rey desde Bariloche // En Estos Días) Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval ingresaron en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Como consecuencia de esa incursión, murió asesinado Rafael Nahuel, de sólo 21 años, quien recibió un tiro por la espalda que ingresó por un glúteo y se alojó en su tórax. Desde entonces, los testimonios, inspección ocular y primeros datos extraoficiales de las pericias tienden a demostrar la responsabilidad de la Prefectura en el hecho, a pesar que la causa sigue caratulada como NN s/muerte dudosa.

Ahora, un dato clave al que accedió En estos días revela que la fuerza de seguridad federal desató una verdadera cacería en la comunidad: cinco de los Albatros dispararon un total de 114 tiros durante la persecusión de los mapuches que se encontraban en el lugar.

Así se desprende del recuento de los cartuchos faltantes de los cargadores de las 26 armas secuestradas a los uniformados. Los 114 disparon fueron realizadas con subfusiles MP5 y pistolas Beretta, que utilizan proyectiles 9 milímetros, similares a la bala que acabó con la vida del joven barilochense.

Este medio logró determinar que son cinco los Albatros que efectuaron disparos. Sus apellidos son: Obregón, Sosa, Pintos, García y Blanco. Entre ellos estaría el asesino de Rafael Nahuel. Dos de ellos realizaron más de 30 y 40 disparos, respectivamente.

Según el registro, los cinco prefectos dispararon 114 veces, repartido de la siguiente forma, de acuerdo al faltante de balas en los cargadores: uno de ellos disparó en 33 oportunidades; otro en 17; un tercero en 46; otro 15 veces; uno en dos oportunidades; y un prefecto una vez. Si bien el número final indica que seis Albatros tenían faltante de proyectiles, uno de ellos argumentó que perdió un cargador entero.

Producto de la balacera, además del fallecimiento de Rafael, fueron heridos otros dos jóvenes: Johana Colhuan, de 20 años, y un hombre de 30 años, no identificado. Salvaron su vida de milagro.

La pericia clave que permitirá determinar cuál de los prefectos fue el responsable del tiro mortal, es la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael con los proyectiles testigos obtenidos de los disparos de las 26 armas secuestradas. Ese análisis -a partir de las estrías de cada bala- servirá para confirmar de qué arma salió el proyectil que mató al mapuche.

En paralelo, otras dos pericias intentan determinar la presencia de pólvora en las manos y las ropas de los 21 Albatros que estaban en el lugar, los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González -quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40-, y del propio fallecido.

Todos esos trabajos deberían finalizar en los próximos días. Por ese motivo, el Juez de la causa, Gustavo Villanueva -el mismo que este lunes definirá la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala-, comenzará esta semana a tomar testimonios a los prefectos que participaron del operativo represivo.

Según pudo saber En estos días, fueron convocados los efectivos que no realizaron disparos, cuyas armas secuestradas tenían los cargadores llenos. Es decir, aquellos sobre los que no pesa inicialmente la sospecha de que pudieran ser responsables por la muerte de Rafael.

Son en total 15 los integrantes de Prefectura que, desde este lunes y durante cinco días, deberán testificar ante el magistrado.

En paralelo, Villanueva solicitó los registros de llamados al Servicio de Emergencia Telefónica (número 107) del Hospital Zonal de Bariloche, efectuados entre las 16 y 17 horas del 25 de noviembre pasado.

Finalmente, libró exhorto para que la Dirección de Operaciones de Prefectura Naval Argentina entregue los audios y las transcripciones de todas las comunicaciones realizadas a través de las radios, handys, equipos de trunking, entre otros, que haya utilizado el personal de esa Prefectura, en particular los efectivos del Grupo Albatros, que se encontraban participando del operativo en Villa Mascardi.

El conjunto de medidas dispuestas por el Juez acelera los tiempos de la posible resolución de la autoría material del homicidio, aunque resta avanzar sobre las responsabilidades políticas. El dato aportado hoy por este medio sobre la cantidad de disparos efectuados habla del contexto represivo en el cual se produjo el ingreso de los Albatros, sin orden judicial, al territorio de la comunidad mapuche.

El resultado de la inspección ocular no permite abonar la teoría oficial de la existencia de un enfrentamiento, tal como sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y demostró que los Albatros salieron a la búsqueda de los mapuches, ya que los primeros disparos fueron efectuados en un área boscosa ubicada a unos mil metros de la tranquera de ingreso al lugar.

(foto Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)

El clima de tensión no terminó en la zona. El pasado viernes 2 de marzo, el Presidente de Parques Nacionales emitió una resolución “promoviendo las acciones” para reclamar a la Justicia Federal que vuelva a intentar desalojar del territorio.

En la comunidad intuyen que un nuevo intento de desalojo sería inminente, aunque, hasta este momento, no se produjo ninguna aproximación de fuerzas de seguridad.

El texto de la resolución repasa que el 23 de noviembre, “en el marco de la causa judicial, se llevó a cabo -con el auxilio de las fuerzas de seguridad federal- el lanzamiento de los intrusos”.

“Lanzamiento” fue la palabra elegida por el Presidente del Directorio de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, para describir el operativo durante el cual fueron detenidas cinco mujeres y tres niños, quienes permanecieron durante varias horas en dependencias de la Policía Federal en Bariloche. Dos días después, el 25 de noviembre, los uniformados volvieron a ingresar al territorio y mataron a Rafael.

Ante los anuncios económicos que hizo el presidente durante la apertura de sesiones parlamentarias el día de ayer, el economista Julio Gambina dijo a FM De la Calle en relación al supuesto “crecimiento invisible” que “el INDEC acaba de dar a conocer los datos del 2017 hablando de que el crecimiento de la economía argentina es de un 2%. Apenas la economía argentina está como en el 2015”.

Asimismo, explicó que dicho documento habla de un 30% de pobreza. “Ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, vos podes tener trabajo y ser pobre. Hay un 20 o 30% que está por encima de la línea de pobreza y que no alcanza satisfacer las necesidades básicas”.
Respecto de la matriz de política económica, el Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sostuvo que “la economía puede crecer en aquellos sectores que están ligados al endeudamiento. A los sectores especulativos de la economía les está yendo muy bien (…), porque si la propia política oficial que vos tenés es una recurrente devaluación de la moneda local donde te conviene importar, directamente te conviene convertirte en importador que arriesgar y producir”.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.

Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.

Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.

Adonde vayan los iremos a buscar!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

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Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).

“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.

Compartimos el documento completo.

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El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.

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En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.

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En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.

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Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.

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En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.

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Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.

Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.

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Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.

Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.

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Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.

 No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.

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Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.

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Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.

“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.

La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.

Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.

SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.

El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.

La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.

Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.

Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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