La CTA-A rechazó el retorno de Argentina al FMI

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Desde la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-A) rechazaron la decisión ya “que recurre a viejas recetas que nos han dado resultados trágicos en el país. Hacemos responsable al Presidente de la Nación y a su gabinete por esta decisión que ha generado estragos en la economía y en la calidad de vida”, manifestó el secretario general Pablo Micheli en FM De la Calle.

“No es casual que hace unos días el presidente se haya reunido con Cavallo y termine tomando esta decisión”, y reiteró que “la gente sabe que no es bueno que el país se endeude de esta manera y que el FMI tome el control: que genera pobreza, pérdida de puestos de trabajo, más dominación. […] No compramos el discurso de que es una versión distinta del FMI y nunca creímos las recetas del Fondo Monetario”.

Desde el mediodía se debate en la cámara de Diputados los proyectos de la oposición para retrotraer los precios de los servicios, al respecto Micheli advirtió: “Si el presidente llega a vetar el dictamen favorable a parar este atropello (las tarifas de gas y luz) no va a ser igual que con la ley antidespidos –que quedamos las dos CTA–, va a haber un paro general de todas las centrales”.

Sobre los tres aspectos que se desglosaron de la reforma laboral, desde el gremio analizaron que las consecuencias para lxs trabajadorxs son “gravísimas”. “El tema de crear un fondo de cese de empleo, que de nuestro bolsillo salga el fondo de indemnización, es una medida de flexibilización laboral atroz. Hay irregularidades, violación a convenios internacionales, al artículo 14 bis de la Constitución, que nosotros vamos a rechazar de plano y seguramente lo hará la otra CGT y CTA también”.

Elecciones internas

Ayer cerraron las listas en todo el país, que cumplen con la paridad de género, y el 28 de junio se realizarán. Micheli aseguró que “el programa de nuestra central es conocido, actualizado en términos de la política económica y reclamos por mayor democracia y libertad sindical a los tiempos que corren. Acá no flamea bandera de ningún partido político.

“No vamos a callarnos la boca ante ningún gobierno frente a problemas con los trabajadores, injusticias, injusta distribución de la riqueza, ataque a bienes comunes, rechazo absoluto al fracking, a la precarización laboral, a la explotación de jóvenes y mujeres. […] Siguen siendo nuestros principios y vamos a seguir en la calle peleando contra esta política económica. Nuestro lema central es: sin unidad no tenemos destino (no sólo en la CTA sino los trabajadores del pueblo argentino)”.

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“No queremos que clausuren el Club Sixto Laspiur”

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Manifestó Walter Uranga, presidente de la institución, luego de una denuncia anónima que alertó a los inspectores municipales y que concluyó con el labrado de un acta. “No tengo quejas sobre los agentes, vinieron a cumplir con su deber, también quisieron ingresar a la casa del denunciante y no les permitió pasar para medir si los decibeles se excedían de lo permitido.

“Labraron un acta y paramos porque no queremos que nos clausuren el lugar. Esto no es un boliche bailable, es un lugar que cedemos a la cultura. […] Los recitales son “solo los sábados de 21.30 a 0 horas, no queremos funcionar como un boliche. Esto nos permite construir, es nuestro único ingreso y así les pagamos a los albañiles, no recibimos subsidio de nadie”, dijo Uranga en FM De la Calle.

El Sixto Laspiur “está abierto a cualquier tipo de expresión cultural y justo nos tocó este mal momento de decir ‘no podemos seguir y apelamos a la buena predisposición de las autoridades’” (actualmente les piden una habilitación que no pueden afrontar económicamente).

“Tenemos apoyo de un montón de gente pero en la Municipalidad no nos han atendido […] Espero que nos escuchen, no pedimos nada solo queremos hacer lo nuestro sin molestar; si hay que arreglar algo para que no genere ruido o molestia a alguien, estamos dispuestos”. Y reiteró que “estaría bueno que el estado nos escuchara. Generamos cosas hace 12 años, tenemos baby fútbol con más de 800 chicos y no tiene la repercusión que debería tener”. También brindan un taller de poesía –que aún no comenzó– a cargo de Álvaro Urrutia y Osvaldo Costiglia, y quieren seguir con el proyecto de la escuela de artes gráficas.

La idea surge de la experiencia que Walter tuvo en La Piedad: “Estábamos a punto de empezar la secundaria y jugando en la cancha de Laspiur, un compañero comentó que había entrado en La Piedad y que había imprenta, tipos móviles. Yo que siempre fui mal dibujante vi mi oportunidad de expresarme a través de letras de molde, letras de plomo y madera. […] Están surgiendo escuelas porque es un oficio lindo y la idea es que no se pierda. Es un trabajo que viene de hace 500 años”.

Señaló que cuentan con las maquinarias necesarias “gracias a la grandeza de los gráficos que nos las han dado o vendido a muy bajo precio”, y que lo mismo ocurre con la infraestructura, “teníamos pensado seguir adelante pero nos prohibieron los recitales, llegamos al encadenado de un salón de 18x5mts sumado a lo que ya tenemos”. Además, están en contacto con Fabián Castro, del Sindicato Gráfico Sureño, intentando hacer un convenio “para que vengan jubilados gráficos a dar una mano con los futuros alumnxs, que se genere un espacio descontracturado pero con la disciplina del aprendizaje”.

Finalmente agradeció “a la gente del rock, rock pesado, trash”, y comentó que la banda Asacris se reunió para tocar en el Sixto Laspiur, “fue un reencuentro de distintas generaciones. […] Esto me da un impulso para luchar, los rockeros de Bahía son gente bárbara, colaboradora, y se lo merecen”.

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“El resultado es la consolidación de una devaluación”

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El economista y doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, analizó én FM De la Calle las medidas económicas del gobierno que encabeza Mauricio Macri.

“El resultado concreto es un ajuste muy fuerte sobre los ingresos de la mayoría de la población. El resultado es la consolidación de una devaluación del orden del 27% entre el valor del dólar a diciembre y el valor del dólar a la actualidad. Eso tiene mucho más que ver sobre la perspectiva de inflación que empieza a dar vuelta sobre cuanto será la evolución de los precios este 2018”, afirmó.

“El primer impacto es que esto es un ajuste para la mayoría de ingreso fijo en la Argentina sean los que perciben salarios, jubilaciones o planes sociales e incluso el sector empresario que le vende a esos sectores de ingresos fijos. Y por lo tanto, acá hay grandes ganadores que son los grandes productores y exportadores tanto del agro como de la industria e incluso sectores especuladores”.

Gambina planteó que “el gobierno está haciendo todo lo posible para que no llegue a buen puerto la iniciativa (contra los tarifazos) en el Parlamento. De todas maneras tiene el presidente, la posibilidad del veto total o parcial. El límite lo veo mucho más en el conflicto de la sociedad que, en lo que se pueda hacer desde el Parlamento. Ni que hablar de la reforma laboral”.

“A un tema que hay que prestarle atención es a la conflictividad social. Hay mucha conflictividad social en la Argentina no, suficientemente articulada por eso es que se demora la medida de un paro nacional. Cuando yo digo que hay mucha conflictividad basta con ver lo que ocurre cotidianamente. Recientemente, el primero de mayo, una cantidad importante de actos pero claro, al mismo tiempo desarticulados. O sea que, lo que muestra es un grado de fragmentación de las centrales sindicales, de las organizaciones sociales y territoriales”, manifestó.

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Tucumán: menos derechos para las mujeres

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El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó días atrás una ordenanza que dispone vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción legal del embarazo, declarando además a la ciudad como “defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural”.

Desde la fundación tucumana Mujeres por Mujeres, alertaron que dicha norma va en contra de la constitución y es por ello que FM De la Calle conversó con Noelia Aisama, abogada e integrante de la misma.

“Claramente (el Concejo), está exhortando a toda la comunidad de San Miguel desde el ámbito profesional, como también al poder de justicia, al Poder Ejecutivo que quien quiera implementar en el caso positivo de que se legalice el aborto en Argentina la obstaculización de que efectivamente este derecho se garantice para las mujeres”.

Consultada sobre cómo funciona dentro la interrupción del embarazo en los términos que plantea la legislación actual, comentó que “es importante destacar que somos la única provincia a nivel nacional que no está adherida a la ley 25.673 que es de Salud Sexual y Procreación Responsable, por lo tanto, tenemos un primer obstáculo para poder efectivizar la garantía al acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por otro lado, también somos una provincia donde no se está aplicando la Ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Por lo tanto, en términos de efectivización de derechos tenemos esos obstáculos”.

“Desde la fundación y con Católicas por el Derecho a Decidir hemos realizado un monitoreo social sobre el acceso a la salud de las mujeres donde, no solamente hay un nivel de desinformación de las usuarias de la salud en términos de derechos de los pacientes, sino también que tampoco hay desde el ámbito de los profesionales de salud en poder informarles y garantizarles todo lo que tenga en materia de derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

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El gremio aceitero rompió el techo de las paritarias y acordó un 19% de aumento

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Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, se refirió al respecto en FM De la Calle. “Lo único que pretendemos es tener una vida digna”.

El gremialista no quiso comentar sobre el porcentaje de aumento: “La mayoría de los trabajadores no sabe cuánto tienen que cobrar, se habla del 15% o 20%, si la inflación futura o pasada, nadie habla de lo que necesita un trabajador. El 50% de los trabajadores del país cobra menos de $15.000 y por más que le agregues 15% o 20% sigue siendo un trabajador pobre, esa es la discusión que hay que dar”.

“Siempre tratamos de ser serios en esa apreciación, lo que importa es cuál es la política salarial. Los trabajadores deben saber cuánto tienen que cobrar para vivir dignamente y no es un porcentaje, sino la cifra necesaria para cubrir las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la 14 bis”.

En una negociación paritaria hay dos temas a tener en cuenta: cuánto tiene que ganar un trabajador, y si las empresas lo pueden pagar o no. Según Yofra “aquellas empresas que dicen que no lo pueden pagar tienen que demostrar con los balances que efectivamente no lo pueden hacer. La ley prevé que los empresarios muestren los balances”.

En relación a lo comentado previamente, el gremialista mencionó a la empresa Cargill como un “caso emblemático”, “no sólo en su ciudad sino las de todo el país han facturado $52.000 millones de pesos. Que una empresa de esas venga a plantear que no puede pagar son excusas. Despidieron a 45 trabajadores como si fueran baterías… ‘no me sirven más, las cambio y se terminó’. Se encontraron con un gremio que pelea por los trabajadores”.

Respecto a los tres aspectos de la reforma laboral que ingresaron al Senado manifestó que tienen una “postura contraria; son todas en contra de los trabajadores, de los derechos, de la posibilidad de progresar. Es una ridiculez que se imponga esas leyes y no se debatan con los verdaderos interesados, los trabajadores”.

“Hay que prestar mucha atención porque ya en algunos convenios se ha modificado la baja flexibilizándolo y los gremios fuimos cómplices, muchos se han flexibilizado. A nosotros una de las condiciones que nos dieron fue esa misma y no lo hemos permitido. Si quieren modificarlo no tenemos problema, pero vamos a imponer nuestra postura para cambiarle la calidad de vida a los trabajadores”.

Más declaraciones del secretario general de la F.T.C.I.O.D y A.R.A.

  • “Este gobierno favoreció mucho a las empresas, y más de nuestro rubro. Las grandes exportadoras no pagan impuesto a la exportación y se les ha sacado algún tipo de retención.
  • Las empresas se niegan a dar un aumento a los trabajadores pero no hay una cuestión de costo laboral porque cuesta entre 0,5% y 5%.
  • El salario es uno de los puntos que nos tiene que unir como obreros. ¿Qué implica dar un buen salario? Que las empresas ganen menos, y esa es la lucha entre capital y trabajo que siempre va a existir. La diferencia es que algunos peleamos y otros no”.
  • La empresa dice que tiene derecho a despedir porque la ley así lo admite, y nosotros tenemos el derecho a huelga y paramos cada vez que despiden a un compañero. Donde los compañeros quieran parar la Federación y los sindicatos van a apoyar.
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El fin del gradualismo de Macri

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Luego de la escalada del dólar que llegó a superar los 23 pesos, el gobierno se vio obligado a salir a calmar las aguas mientras que el Banco Central efectivizó un paquete de medidas para subir la tasa de política monetaria al 40%. Eduardo Lucita, integrante del Colectivo de Economistas de Izquierda, analizó la situación en el aire de FM De la Calle.

Afirmó que el problema financiero “corrió el velo sobre la debilidad de los fundamentos del programa económico del gobierno. En esta disputa ganó el mercado internacional porque la presión fue muy fuerte luego de que Estados Unidos decidiera subir la tasa de interés”.

También aseguró que la idea que quiso dar el gobierno “es que finalmente se acabó el gradualismo. Hasta ahora era un ‘gradualismo sui generis’, porque en las tarifas se utiliza una política de shock (la antítesis). Hay una embestida muy fuerte de los poderes financieros internacionales y de los gurúes de la city de que hay que aplicar una política de shock fuerte en general”.

Sobre los dichos del secretario de Comercio, Miguel Braun -“subestimamos el pase de la devaluación a la inflación y el impacto de las tarifas”- aseveró que “se va a transmitir rápidamente a los precios –especialmente en alimentos– pero también en la industria y sectores que son importadores. Quizás en uno o dos meses también se refleje en precios mayoristas”.

Respecto a cómo afecta esto a los salarios manifestó que “el ministro Dujovne ratificó hoy que no van a mover la pauta inflacionaria del 15%. Si hasta ahora se pensaba que la pauta del 15 se iba a cumplir en agosto, y los últimos 4 meses los salarios iban a perder… van a empezar a perder desde ahora”.

Lucita aseguró que “el promedio de datos que hace el Banco Central periódicamente ya hablaba de una inflación del 20%; con la situación actual, si está por debajo del 25% hay que descorchar champagne. Los salarios si siguen así van a perder más”. Y, si bien el presupuesto plantea un crecimiento de la economía del 3.5, “varias consultoras hablan de que el crecimiento va a estar por debajo del 2; si uno no crece al 4% no crea empleo real”, indicó.

“Si un Estado –que se precie– no le mete mano a la banca y al comercio internacional, no hay forma de eludir la salida de capitales. Le pasó al gobierno anterior que controlaba el tipo de cambio y administraba reservas pero se le iban dólares por todos lados. El mercado lo doblegó en el 2014 y obligó a una devaluación que se les fue de las manos pero que pudieron recomponer por los controles estatales que tenían”, explicó el economista.

“Ahora todo el poder está en los bancos y en el capital financiero. Frente a eso el Estado es un colador, no tiene forma de controlar los movimientos. Todos los que entraron para aprovechar la bicicleta financiera decidieron irse porque Estados Unidos subió la tasa al 3% y están todos mirando para allá porque hoy se anuncia cuánto es la tasa de desempleo (si la tasa de desempleo baja, los salarios aumentan, la inflación va a aumentar y la reserva federal va a aumentar de nuevo)”.

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Nicolás del Caño: “Realmente es insostenible la situación”

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Luego del debate en tres comisiones de la Cámara de Diputados de distintos proyectos para frenar o aliviar los tarifazos, el legislador Nicolás del Caño comentó a FM De la Calle la posición del Frente de Izquierda.

“Nosotros hemos planteado retrotraer los aumentos al 2016. Planteamos la realización de una auditoría sobre las empresas de servicios públicos privatizados porque lo primero que hay que decir es que recibieron subsidios realmente millonarios estas empresas durante los gobiernos kirchneristas y no sabemos qué pasó con ese dinero”.

“Mindlin y Caputo en 2017 ganaron nueve mil millones de pesos. Sus ganancias crecieron un 2000%, entonces son contrastes enormes entre como han ganado las empresas y la rentabilidad”.

Consultado sobre los cambios propuestos por el oficialismo a los proyectos, explicó que no se habla de las ganancias de las empresas sino que “se pide a los municipios y a las provincias que hagan un esfuerzo”.

“La mitad de los trabajadores en la Argentina gana menos de 12 mil pesos ¿cómo hacen para pagar una factura de luz de 1000? tenes que pagar un alquiler, tenes que darle de comer a tus hijos, realmente es insostenible la situación”.

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“Mi hijo no habla” “no me mira” “no sonríe”

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Se trata de la charla informativa y gratuita sobre autismo que se dictará mañana a las 16hs en la Biblioteca Rivadavia, donde disertarán las licenciadas Laura Cragno (fonoaudiología) y Carolina Resio (terapia ocupacional). Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, comentó en FM De la Calle qué lxs motivó a organizar esta charla.

Moya aseguró que uno de los objetivos del Comité es “difundir qué es el autismo para quienes viven con esta condición y sus familias”. Es fundamental hablar de detección temprana, “de cómo podemos los papás y profesionales darnos cuenta que tenemos un niño que puede estar dentro de la Condición del Espectro Autista”.

“En base a mi experiencia hay una falencia muy grande por parte de los profesionales, pediatras específicamente, que son los que nos tienen que dar una alerta. En su formación profesional no tienen materias de neurodesarrollo”, explicó la mamá de Joaquín (8), niño con CEA. “Yo sabiendo que había algún inconveniente con Joaquín, no obtuvimos una detección hasta que tuvo casi 3 años y medio, es mucho tiempo para la familia”.

Actualmente intentan articular con el Colegio de Pediatras “algún tipo de detección en consultorio. Con un simple cuestionario se puede llegar a detectar un desvío, que no implica un diagnóstico pero sí llevaría a una interconsulta. La intención es que los pediatras tomen conciencia de esto y hacerles este test a los niños”.

Entre los principales mitos a derribar sobre el autismo explicó: “Esto no es una enfermedad, es una condición y toda su vida va a vivir con ello. Además nos gustaría hablar de espectro, en la televisión sólo hemos visto personajes con autismo que no hablan -cuando hay más características particulares-, parece que no están en este mundo, y son personas que están pero lo ven de otra manera. Tenemos que incluirlos y eso implica un desafío muy grande de pensar cómo”.

charla

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“Van a dejar de hacerse los mínimos controles que se hacían a través de SENASA”

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Miguel Caracciolo, titular de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), se refirió en FM De la Calle a los cambios en controles a frigoríficos y aseguró: “al mes de mayo tenemos la misma cantidad de casos de SUH que los registrados en todo el 2017, nos preocupa porque quiere decir que las cosas no andan bien”.

En relación a los controles a frigoríficos comentó que “viene afectando hace muchos años a los que dependen de la provincia y ahora se extiende a todo el país”. Así, dejaran de hacerse los “mínimos controles” que se realizaban sobre más de 250 enfermedades de transmisión alimentaria.

“Normalmente los frigoríficos nacionales tenían control a través de veterinarios de planta (pagados por el estado) que supervisaban e inspeccionaban cada frigorífico”. Caracciolo aseguró que no era el control que “uno pretendería que se llevara a cabo de acuerdo a cánones vigentes” pero se controlaba el manejo de cada frigorífico, si la manipulación era correcta y se hacían análisis de medias reses.

“El veterinario de planta no existe más, pasa a ser veterinario de registro y depende de cada frigorífico”, es decir que el dueño del lugar –que debería controlar, supervisar y fiscalizar– será responsable de pagarle el sueldo. “Un veterinario es empleado del frigorífico que le paga y llegado el caso tiene que sancionar o clausurar el lugar que le da de comer. Si alguien cree que eso puede pasar, vuelvo a creer en los reyes magos”, dijo Caracciolo.

Si bien esta situación sucede “hace años” en la provincia, sí es nuevo que “haya salido una medida a nivel nacional. Nos ponemos a trabajar para llegar a través de la Legislatura y que se tomen cartas en el asunto. […] Debería tomarse conciencia de la situación, y responsablemente se debería dar marcha atrás, ese es el pensamiento de APRESUH”.

Sobre los casos de SUH, garantizó que están llevando adelante una campaña de prevención y concientización junto a la Cooperativa Obrera y profesionales de APRESUH en Bahía Blanca, gran parte de la región y distintas provincias.

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Los libros de Hugo Cañón están en la biblioteca Macedonio Fernández

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La Biblioteca Macedonio Fernández de Villa Ventana recibió alrededor de 700 libros que pertenecían al ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, fallecido en un accidente de tránsito en 2016. Su familia reunió los volúmenes y los donó a esta biblioteca de la cual era socio y donde concurría asiduamente.

La bibliotecaria Amalia Bernat comentó en FM De la Calle el homenaje realizado el 14 de abril para “mostrar otras facetas más allá de la pública trayectoria que todos conocemos. Hugo además de ser socio de la Macedonio tenía su casa de fin de semana, un lugar al que acudía y que quería muchísimo. Fue creando lazos y vínculos, en la biblioteca lo tuvimos en muchísimas oportunidades brindando conferencias, charlas, trayendo a otras personas”.

“Su familia en un acto de mucha generosidad donó los libros que estaban en Bahía Blanca y en Villa Ventana; después, Fabián Gauna mandó desde Buenos Aires los libros de su biblioteca personal. Es un material sumamente rico que lo podemos dividir en dos partes: Hugo lector por placer y su lectura en base a derechos humanos, política e historia. Estamos muy agradecidos, orgullosos y con una gran responsabilidad del cuidado de este patrimonio”, comentó Bernat.

Sobre la muestra/homenaje mencionó que “tenía una mesa de libros dedicados por Mirta Colángelo para Hugo –sus dedicatorias son una belleza y un homenaje más–. Otro sector era de libros especialmente dedicados, desde Baltasar Garzón hasta Alicia Partnoy (autora de La Escuelita). Cuando me toca recibir los libros, lo más importante y conmovedor fue recordar haber hablado de poetas que llegaban a Hugo de la mano de Mirta Colángelo, una persona que queremos muchísimo en el ámbito cultural de la región”.

Uno de los paneles con objetos encontrados en los libros que pertenecían a Hugo Cañón.

Uno de los paneles con objetos encontrados en los libros que pertenecían a Hugo Cañón.

“Los textos tenían marcas, la mayoría están intervenidos. Él los que eran de estudio los subrayaba, marcaba, tenía anotaciones. Otros simplemente tenían señaladores, marquitas, eso que haces como lector cuando realmente lo haces tuyo al libro. Los libros hablan del carácter y la personalidad de una persona y fue muy hermoso compartir en ese grupo que estaba homenajeándolo esa tarde del 14 de abril los textos elegidos por él”, comentó.

Los libros de poesía, novelas, ensayos, cuentos, fueron ordenados en el sector correspondiente de la biblioteca, “la diferencia es que tienen una etiqueta que dice “Biblioteca Dr. Hugo Cañón”. En cuanto a los textos sobre derechos humanos, política, historia, tienen “un anaquel dedicado exclusivamente”.

“Es realmente un trabajo conmovedor porque seguimos ingresando los libros. Eso quisimos compartir además de material fotográfico –Hugo como gran curioso le encantaba la fotografía y viajar–. El día de la muestra había “cosas graciosas” dispuestas en paneles: “billetes, cartitas, plumas -de Mirta Colángelo- (porque los libros de Mirta estaban siempre con plumitas y pétalos como adornaba ella sus cajitas)”.

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El CELS sumó su impugnación contra Ulpiano Martínez

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El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.

El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.

Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.

“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.

El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.

“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.

Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.

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No se trató la reforma que regula el espionaje de dispositivos tecnológicos

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El Senado de la Nación reformó esta semana el Código Procesal Penal. Por reclamos de la oposición y organizaciones civiles la modificación excluyó un capítulo vinculado a la vigilancia digital.

Valentín Muro, columnista de La Nación, dijo a FM De la Calle que “estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno pueda hackear legalmente la computadora o celular de una persona que está siendo investigada”.

Muro explicó que la iniciativa “regula la manera en que el Estado puede hacer escuchas telefónicas. El Código anterior permite ‘libertad probatoria’ que si bien contempla la escucha de teléfonos de línea, cuando se trata de nuevas formas de obtener información –como intervenir una computadora o celular– el juez puede elegir usar esos recursos”, y queda a su criterio la duración de la vigilancia.

Lo que plantea el nuevo Código son penas más graves para quienes filtran información –en respuesta a lo ocurrido con las escuchas de CFK y Parrilli–, y explicitar varias de estas prácticas: “en particular, la intervención de dispositivos electrónicos”. Asimismo manifestó que el problema es que la redacción de la reforma tiene puntos “flojos”: “no estipula por cuánto tiempo se podría intervenir los dispositivos” de la persona.

IMG_7397-2_previewSi bien al intervenir una línea fija la información que se obtiene es clara porque “se puede saber con quién está hablando la persona investigada y si es irrelevante a la causa no tiene por qué quedar registrado”, el problema con un celular es que se tiene acceso de manera remota al micrófono o la cámara (pueden activarse), también a las fotos que se haya tomado, a cuentas como Google Drive o Dropbox, “incluso a la información de tu cuenta de Tinder”.

En años anteriores, ONGs internacionales publicaron una propuesta que estipulaba de qué manera los gobiernos pueden hackear dispositivos de la manera más ética posible. Respecto al documento comentó que “tiene trece puntos donde, por ejemplo, marcan: si la persona después recibe una notificación de que fue investigada –acá sólo se saca a la persona de la causa sin que se entere que fue investigada–, límites al uso de la información obtenida, cuánto se puede obtener y durante cuánto tiempo”.

El proyecto tampoco establece cuáles podrían ser las razones para intervenir dispositivos, “si bien los motivos suelen ser pedofilia, trata de personas, narcotráfico”, en este tipo de vigilancia “no queda claro cuándo podemos hacer eso, si por cualquier tipo de causa podemos intervenir la computadora de alguien; que sería extremo”.

La seguridad de la información recolectada tampoco es efectiva, “se podría mandar de forma digital y así garantizar (de manera más segura) que la persona que tiene que escucharlo lo pueda hacer”. Actualmente las escuchas telefónicas se graban en discos (3000 por día) como archivos de audio y se transportan por Correo Argentino.

“Estábamos seguros de que iba a aprobarse, pero se rechazó la modificación del artículo 30 que deja de lado todo lo que garantiza ciertos derechos. Después de que se discuta en Comisión, idealmente se abriría a la participación de expertos en seguridad informática, derechos civiles, y más especialistas”.

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Docentes repudiaron dichos de concejala de Cambiemos

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“Vinimos al Concejo Deliberante para manifestar nuestro repudio hacia la concejala Soledad Martínez porque volvió a vincular a Sebastián Rodríguez Maidana al caso de esta niña Mariana Sol Bruna“, dijo esta mañana Ana Canullo en el marco del paro docente .

La dirigente de Suteba agregó que “son gravísimos los dichos y no dañan solamente la vida de este docente sino que atenta contra la organización sindical, la participación política”. Si bien le acercaron una nota a Martínez, la concejala no bajó al recinto. “Pedimos que se desdiga de sus dichos. […] Si no creyéramos que tiene una clara intención, pensaríamos que es de una gran irresponsabilidad”, aclaró.

Sebastián Rodríguez Maidana fue vinculado a la investigación de la muerte de Bruna por un allanamiento realizado en su domicilio. La Fiscalía y la Policía Federal entraron por error a su vivienda y encontraron 47 gramos de marihuana. Maidana ahora es investigado por tenencia de estupefacientes.

“Consideramos que estas manifestaciones, no sólo perjudican al docente, sino que desvían el eje de la exigencia de justicia por la muerte de Mariana, ya que mientras tanto quien abusó de la adolescente de 15 años y la abandonó muerta en la puerta de un hospital, camina libremente por las calles”, dijeron desde el sindicato.

Paro con nombre y apellido

Respecto al pedido de la Jefatura Distrital de armar una nómina con los nombres de quienes adhirieran al paro, Canullo opinó que “es muy grave pero no nos llama la atención, las presiones que se viven dentro de las escuelas son terribles y es sistemático. Desconocemos esa planilla pero de ninguna manera se puede dar esa información, es inconstitucional, hacer paro es un derecho”.

“Pueden las directoras mandar un porcentaje de acatamiento de adhesión pero no una nómina. La acción es parte de esta cacería de brujas que hacen. Una cosa es que nosotrxs avisamos en las escuelas por una cuestión de organización, otra que esos datos los eleves a la Jefatura. Es una acción (más) disciplinadora de este gobierno hacia lxs trabajadorxs que nos organizamos”.

En relación a los cambios en la educación generados por un recorte presupuestario, la secretaria general del gremio manifestó: “Estamos atajando un montón de cosas, generalmente estos cambios no son para mejor, terminan de precarizar aún más nuestra tarea y los aprendizajes”.

“Los bachilleratos todavía no arrancaron (los primeros años) y estamos muy preocupados porque todo lo que se propuso como paliativo o alternativa al cierre todavía no fue puesto en marcha”. Explicó que la oferta es limitada porque hay la mitad de los bachilleratos y pocos cursos.

Finalmente recordó que la negociación paritaria que “no avanzó sino que retrocedió, la propuesta anterior era de 15%, esta es semestral y del 10% en 3 cuotas, con promesa de volver a reunirnos en junio. No creemos estas promesas porque también prometieron que la paritaria empezaría en noviembre y comenzó en febrero. Este gobierno está muy determinado a condenar a un sector de trabajadorxs al ajuste, a sueldos por debajo de la línea de pobreza”.

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“Tienen una política de Estado para que las pymes desaparezcan”

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El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APyME), Daniel Moreira, dijo que el cuadro del sector es “más que preocupante y muy desesperante” y aseguró que “las pequeñas y medianas empresas estamos excluidas”.
En diálogo con FM De la Calle recordó que lo mismo sucedió “el año pasado cuando el tarifazo fue del 2000% y la presión popular hizo que bajara el 500”.

“Claramente este gobierno desde que asumió e implementó el plan económico lo que hizo fue, sistemáticamente destruir el mercado interno, que es el mercado con el cual el 98% de las pymes nos desarrollamos, con lo cual ha hecho que hoy las pymes estén desapareciendo. Hoy podemos estar hablando a nivel nacional que, entre formales e informales, tenemos alrededor de más de 6000 pymes que ya no existen más”, aseguró.
El empresario manifestó que en “los diálogos que hemos tenido las distintas organizaciones pyme lo que nos dice desde un primer momento el gobierno es que si el negocio no sirve reconviértanse. El problema no es una cuestión de reconvertirse, sino que el problema es que han destruido el mercado interno”.
Moreira comentó que llevan adelante un monitoreo para medir el impacto de las tarifas en los costos de producción: “En el 2015 el impacto en costo era entre un cinco y un siete por ciento aproximadamente, según el rubro. En enero de este año, o sea, sin contar este último tarifazo, el impacto dentro de nuestros costos es entre un 27 y un 30 por ciento”.
“Tienen una política de Estado clara para que las pymes desaparezcan. Ellos cuando llegaron lo primero que hicieron fue sacarle los impuestos la campo y las mineras, en principio, y después todas las políticas que vienen implementando son políticas para hacer negocios ellos. Entonces, cuando te dicen lo que te dicen, son cínicos y mentirosos del primero hasta el último”, dijo.
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Judiciales: más de un mes sin acuerdo salarial

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El 15 de marzo venció el acuerdo paritario de la Asociación Judicial Bonaerense. “Lamentablemente seguimos sin convocatoria”, afirmó el dirigente Pablo Abramovich. En diálogo con FM De la Calle dijo que “ante ese incumplimiento y una demora que ya lleva mucho más de un mes nosotros estamos realizando una serie de acciones gremiales”.

“El reclamo salarial es el 25% en una cuota y con cláusula gatillo, esto tiene una fundamentación bastante sencilla: nosotros miramos siempre hacia atrás para definir el monto en una paritaria. La inflación 2017 según el INDEC fue del 24,8%, con lo cual 25 es el piso de lo que permite recuperar esa pérdida de poder adquisitivo y, aún desde la perspectiva del gobierno que dice que hay mirar para adelante, hoy todas la proyecciones de inflación están hablando de una inflación arriba del 20% y en algunos casos cercana al 25”, comentó.

Abramovich aseguró que “hay decisión política muy fuerte de la gobernadora de sostener ese 15%. Las seis reuniones con los docentes con la misma propuesta evidencian eso y además, eso es parte de la política económica a nivel nacional de poner un techo salarial del 15% para este año sin cláusula gatillo, y la gobernadora ha dado muchas señales de que no se va a correr de esa pauta”.
Ante los proyectos oficialistas que pretenden reformar el sistema judicial de la provincia, el dirigente opinó que “es un anuncio genérico de la gobernadora que se expresa en una cantidad de proyectos de ley, los cuales nosotros, por supuesto los que ingresaron a la Legislatura, los estuvimos analizando. En algunos casos ya hemos tenido participación en la misma Legislatura en trabajo en comisiones planteando nuestras posiciones y en otros casos estamos reclamando que seamos escuchados”.
“La mayoría de los proyectos tienen serios problemas, creemos que lamentablemente no atacan las cuestiones de fondo que tiene que abordar la justicia y eso tiene que ver con el presupuesto que tiene la justicia. Si no se mejora el presupuesto va a ser muy difícil hacer la justicia más dinámica y más cercana a los ciudadanos en la provincia, y el otro tema es: qué jueces, qué fiscales, qué defensores tenemos”, agregó.
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“El problema tarifario es de Macri”

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El diputado provincial por el Frente Renovador Lisandro Bonelli analizó por FM De la Calle el anuncio que hizo María Eugenia Vidal sobre la derogación de impuestos en las boletas de servicios.

“Que la gobernadora haya tomado el proyecto, lo ponga arriba de la mesa y lo haga realidad, es una buena noticia”, aseguró. Recalcó que se trata de un proyecto que habían presentado desde el Frente Renovador hace un año y medio, y la anulación incluye “impuestos que se generaron hace más de 35 años, en la dictadura, impuestos inconstitucionales”.

“Me parece importante aclarar que el problema tarifario no es de la provincia ni de los municipios, es principalmente del gobierno nacional. Quien decidió aumentar de manera desmedida las tarifas de gas y luz es Macri. Más allá de lo que anunció Vidal le pedimos al Presidente que tome la iniciativa que hemos presentado en el Congreso Nacional”.

“Tenemos que discutir qué tipo de impuesto cobramos y qué cantidad de impuestos cobramos. No puede ser que el vecino que usa gas envasado pague 21%, lo mismo que el vecino de una zona pudiente. Ese impuesto del IVA necesitamos que se cobre de manera discriminada, de acuerdo al poder económico de cada vecino”.

Respecto a la sesión fallida de la semana pasada el diputado aseguró que “como consecuencia de los nuevos aumentos le planteamos a la Gobernadora discutir rápidamente para aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Lamentablemente la semana pasada ni los legisladores de Cambiemos ni Vidal quisieron sentarse a discutir. Por suerte han recapacitado y la van a llevar a la práctica”.

Si bien no ven posible la propuesta de Unidad Ciudadana de retrotraer las tarifas a los valores de principios del 2017, “no lo vemos posible por la decisión política de Macri, que ha decidido jugar para las empresas de servicios en detrimento de la gente, empresas en manos de sus amigos. Sí creemos que puede hacer un esfuerzo desde lo fiscal”.

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Juicio político al juez que otorgó salidas a Jonathan Luna

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En 2016 las legisladoras rionegrinas Marta Milesi y Marta Bizzotto presentaron una denuncia por mal desempeño en sus funciones contra el juez Juan Pablo Chirinos, por haberle otorgado salidas transitorias a Jonathan Luna, quien nunca volvió y engañó y mató a Micaela Ortega en Bahía Blanca.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro suspendió ahora al magistrado. El sumario iniciado a Chirinos quedó a cargo del diputado por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.

“La vinculación de tres casos en el análisis de las decisiones adoptadas por el juez son las que me tocó a mí llevar adelante como instructor sumariante del Consejo de la Magistratura y de sugerirle al pleno al pleno del Consejo de la Magistratura las conclusiones que arribaban al cargo de mal desempeño. Solicitándoles también que tengan bien valorada la suspensión del juez hasta tanto se resuelva esto que ahora con la decisión del Consejo de la Magistratura pasa a la órbita del Ministerio Público Fiscal”, manifestó el  legislador a FM De la Calle.

Explicó qué “la decisión respecto de las conclusiones sumariales que yo había advertido, sobre la formulación del cargo de mal desempeño, fue por unanimidad. Eso incluye al presidente del Superior Tribunal de Justicia y al representante de de la Cámara Penal de esa circunscripción. Lo que fue por mayoría, con abstención, fue la separación del cargo”.

El legislador sostuvo que el Poder Judicial tiene “que abandonar esta posición corporativa y de protección, de autodefensa, porque la sociedad está reclamando otro tipo de posicionamiento, está reclamando de los funcionarios públicos, de todos los que seamos, a mí me toca ser legislador pero a ellos les toca ser jueces y lo que tenemos en común es que somos funcionarios públicos, que no somos una casta especial, que tenemos que rendir cuentas de cada uno nuestros actos y hay una sociedad esperando que así sea”.

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“Las empresas exportan más dólares que energía distribuyen en el país”

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Lo expresó Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), en FM De la Calle sobre la política energética que plantea el gobierno nacional y cómo afectan los tarifazos en la sociedad.

Respecto a los tarifazos hizo referencia al contexto histórico en el que se originó la organización a la que pertenece. “FeTERA surge como respuesta a los procesos de privatización en Argentina”. Si bien las cuestiones que los llevaron a agruparse fueron “la defensa de convenios colectivos, puestos de trabajo, recursos naturales y servicios públicos en manos del estado”, el tema de las tarifas constituyó un tema de debate: “el primer reclamo fue que las tarifas –tanto de los servicios como el combustible– tenían que estar relacionadas con los costos locales de producción, de extracción de petróleo y gas, de generación de energía eléctrica o de cualquier otro servicio público”.

También dijo que “desde principios de 1990 hasta ahora la situación se agrava y por épocas el tema de tarifazos constituye un motivo de reclamo popular”, y mencionó las políticas de atenuación que surgen “cuando los aumentos se vuelven muy difíciles de sostener con los ingresos habituales de la población”.

Según Martínez, en esa época apareció un concepto que desvirtuó todo, “convertir a la energía en una mercancía: si la energía se vende, adquiere la lógica de mercado y significa que tiene valor de comercialización que depende de la cantidad, la existencia de, la cantidad importada, la que se genera aquí, etc. Antes del ’90 era un bien social, una herramienta que tenía el estado para garantizar el desarrollo industrial, crecimiento económico, la generación de empleo”.

El gremialista ejemplificó con el proceso del petróleo, “se destila y convierte en combustible para usinas y así generar electricidad. Eso tenía un costo de extracción local distinto a lo que cotizaba en la bolsa de Texas (EEUU), y la cantidad de dólares que valía en el exterior el barril no tenía ninguna incidencia con la cantidad de pesos que eran necesarios para extraer en Argentina. Ahora es al revés, la situación de las privatizaciones ha llevado a que el precio en el exterior influya directamente en el mercado local”.

Aseguró que “los operadores privados locales lograron tener precios más elevados que en el exterior ya que el gobierno permite que valga 54 dólares (el barril) mientras que en Texas es de 48 dólares; es más caro acá porque así se autorizó, y se extrae a un valor de 16 dólares. El petrolero gana el 300% e influye en todos los precios de la economía: las tarifas, electricidad, combustible, transporte, valor de alimentos y en la producción de agroquímicos, por ende en comidas agrícolas”.

“La privatización de recursos naturales y servicios públicos es el primer problema a solucionar si queremos resolver el tema de las tarifas”.

José Rigane, secretario general de FeTERA señaló recientemente que las empresas energéticas cotizaban en bolsa y el aumento de tarifas amplificaba el valor de las acciones, al respecto Martínez comentó que “en Argentina teníamos empresas integradas (YPF, Gas del Estado, agua y energía), empresas provinciales con un solo directorio que no cotizaba en dólares, eran empleados o funcionarios con un nivel de ingreso que no era exagerado. Ahora cada una de estas empresas tiene sus propios directores, y accionistas que reclaman dividendos permanentemente. Por eso las empresas exportan más dinero –dólares, en forma de dividendo– que energía distribuyen en el país”.

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