(Por Helen Turpaud Barnes) El surgimiento de los movimientos de DDHH en los países latinoamericanos y de los activismos por los derechos civiles en los países europeos y anglosajones con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial trajo aparejada –entre otras cosas- una disputa por el lenguaje. Las luchas campesinas, de grupos LGTBQ, el movimiento de mujeres, los reclamos indígenas, de presos/as, de las personas con discapacidades, la emergencia de actores sociales como piqueteros/as y desocupados/as, implicaron también un cambio en el modo en que se nombraba los sectores con algún grado de subalternidad. Cuestionar las palabras aún es visto como una nimiedad. Minimizar el rol del lenguaje en la construcción de las representaciones sociales es una manera de justificar la prevalencia de términos discriminatorios: parece que si “no importa tanto”, tampoco es tan grave si no lo cambio. (El término “discriminación” tiene sus bemoles, pero no es el tema de esta nota.)
Se suele definir lo “políticamente correcto” como todo lenguaje o comportamiento destinado a evitar “ofender” o “incomodar” a un determinado grupo o individuo en razón de su clase, raza, género, religión, edad, nacionalidad, características corporales, etc. La expresión implica toda una concepción respecto de lo que significa “poder hablar” cuando nombramos la otredad. Por lo pronto, nos referiremos solo al tema del lenguaje para no abarcar cuestiones de gestualidad.
Hablar de lo “correcto” es hablar de una determinada norma y también de cierta idea moral de lo “bueno” y lo “malo”. Hablar de “evitar” cierta cosa estaría indicando algo que en principio esa cosa seríaesperable o “natural” pero que en aras de la concordia social debe esquivarse. Este proceso implicaría un aprendizaje. Y no es que esto no sea así, pero enfocar el tema desde esta perspectiva pone el lenguaje discriminatorio en el lugar de algo meramente desafortunado y no algo también aprendido. Haciendo un cruce etimológico entre el griego y el latín, lo “correcto” es también lo “ortodoxo”. Pero el lenguaje propuesto habitualmente como propio de lo “políticamente correcto” y que tiende –por lo menos en la superficie- al tratamiento digno de todas los sujetos sociales, especialmente los subalternos, difícilmente pueda ser presentado como la “ortodoxia” en la sociedad. En el actual sistema de mega explotación capitalista, feminización de la pobreza y racialización del flujo de las poblaciones, no es nada “ortodoxa” la idea de un trato justo para todo individuo.
Y tampoco se trata de que sea ortodoxia. En este sentido, la invocación de que la ley estaría de “nuestro lado” nos pone en una posición incómoda a veces. El hecho de que haya leyes que garantizan derechos fundamentales para grupos históricamente oprimidos no significa que la situación de estos grupos sea óptima, aunque sería obtuso negar que hubiera cambiado en algo. En muchos contextos, referenciarse con la ley a lo mejor da cierta ilusión de hegemonía y ortodoxia que no favorece nuestras causas.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek provocadoramente compara corrección política y totalitarismo, planteando que es mucho más difícil rebelarse ante alguien que es “políticamente correcto” que ante alguien abiertamente violento. Sin embargo, en determinados contextos la captación de la voluntad de la víctima es esencial para ejercer la violencia. O la dialéctica del amo y del esclavo. No es nada nuevo y no es algo que haya inventado la corrección política: es un modo específico de ejercer poder.
En rigor, los mandatos de tener “cuidado” y ser “correcto/a” en el trato con otros sujetos son parte de todo un corpus moralista propio de los sectores de derecha que apelan a un discurso de lo que llaman “valores”: respeto, tolerancia, amor, buenas costumbres, etc. Hasta la Dictadura Militar pretendía fomentar estas “virtudes”. Difícilmente podríamos llamar esto “corrección política”. La “cultura de los valores” se propugna negando la conflictividad inherente a la sociedad. En cambio, casi todos los movimientos de DDHH (de algunos de los cuales surgen los planteos de lo “políticamente correcto”) parten de la premisa de que existen opresiones y que el trato justo entre las personas no vendrá de cambios individuales con “buenas intenciones” sino de una lucha que deconstruya las bases culturales y materiales que permiten dichas opresiones. Ambas perspectivas son contrarias entre sí. Tal vez se nos está escapando la tortuga con tanta crítica a lo “políticamente correcto” (que puede ser o no un error de lectura de ciertas reivindicaciones) mientras que por detrás nos vienen pasando discursos similares pero con trasfondos políticos muy diferentes. Pensemos en el discurso macrista o incluso en la Ley de Educación Sexual Integral en la cual las presiones eclesiásticas lograron que se incluyera el término “valores”. La derecha curiosamente nunca se queja de este otro modo de “corrección” pero sí despotrica contra un puñado de términos que les cuesta demasiado adoptar. Y mucho progresismo se está subiendo al mismo tren.
Las quejas contra lo que habitualmente se entiende como corrección política apelan sobre todo a invocar la libertad de expresión: se habla de “censura”, de un “ahora no se puede decir nada” o “hay una hípersensibilidad”. No puede negarse, claro está, que hay quienes usan la corrección política como un lavado de cara que oculta sus verdaderas posturas. Cuando se propone el uso del lenguaje no sexista o no racista no estamos pidiendo cambiar una “etiqueta”, sino que estamos proponiendo que  reflexionemos sobre por qué decimos lo que decimos. Pero siempre alguien nos va a mentir en el mundo.
El problema podría encararse de un modo mucho más simple. ¿Qué es lo que tanto queremos decir y sentimos que “no podemos” si usamos expresiones entendidas como “políticamente correctas”? ¿Acaso tenemos semejante necesidad de decir algo racista, antisemita o machista que si se nos interpela por ello se nos está “coartando” la libertad de expresión? Que emerjan expresiones con las que se sienten más identificados ciertos sectores y se nos sugiera usar esos términos y no otros que no los identifican, ¿significa que se nos está “censurando”? “Libertad de expresión” no es “libertad de agresión”.
Las luchas sociales dieron lugar a nuevos términos así como en cualquier disciplina existen neologismos, disputas conceptuales, ampliación del léxico técnico. Nada que temer. La censura y la hípersensibilidad es la de aquellos sectores que no resignan sus privilegios ni sus modos de seguir definiendo a lo otro como degradado.
Esto no significa que hay que adoptar acríticamente todas las expresiones que se presentan como no discriminatorias. Más bien al contrario: implica aceptar el reto de pensar cada expresión, comprender su alcance, sus contradicciones, su historia. De hecho, muchos grupos tienen divergencias respecto de los términos a usar. E.g., en EEUU, la expresión “people of color” (“gente de color”) es usada con bastante consenso para referirse a sí misma tanto por la población negra, la latinoamericana o la originaria. Y sin embargo, no es una expresión que se haya aceptado aquí en Argentina: a nuestros oídos tiene cierto tinte exageradamente escrupuloso que no implicaría un reconocimiento para los grupos racializados sino mero eufemismo despolitizante. En nuestro país, la expresión “pueblos originarios” es ampliamente utilizada para lo que en otros países americanos los propios actores involucrados llaman población “indígena”, “aborigen” o incluso “india”, que aquí se verían como términos inadecuados. Cada colectivo discute el término que mejor le acomode. Forzar el modo de nombrar desde afuera es un acto de violencia. Claro que no siempre sabemos qué sujetos forman parte de un colectivo dado, y es habitual la aclaración de “a mí no me importa cómo me llamen”. Pero usar estas tensiones internas como mera excusa para desoír a la parte que no coincide con mi posición (y encima en nombre de una supuesta “apertura”) es muy deshonesto.
Tomemos por caso el tema del lenguaje no sexista: están las opciones “a/o”, x, “e”, “@”, “*”, etc. Hay razones en pro y en contra de cada posibilidad. La cuestión será en todo caso asumir esa disputa, informarse y no pretender que solo hablamos de lo gramatical. O sí, se está hablando de lo gramatical, pero este no es aséptico ni descontextualizado. Ya lo demostró Heidegger cuando hizo toda una lectura de la cultura occidental a raíz de la existencia en la gran mayoría de los idiomas de origen indoeuropeo de la estructura sujeto-verbo-objeto. Muchas veces no sentimos una interpelación subjetiva con este tipo de planteos, pero cuando se trata del lenguaje de todos los días, debemos tomar decisiones. Toda gramática es política.
Eso sí: es importante no centrarse tan solo en la denuncia. El intercambio de ideas en el escenario de los medios de comunicación y las instituciones sociales no siempre se nutre positivamente de ello. No es que no haya casos que lo ameriten, pero es necesario reconocer el nivel de debate social que llevan algunas cuestiones y saber conducir ese debate. Por cierto, en muchos casos, se oculta que estos debates YA se han abierto: el cambiar ciertos modos de nombrar o de presentar noticias o actores sociales no siempre es exceso de pruritos; en algunos casos es mera precisión.
Muchos de los llamados “peligros” de la corrección política son más bien modos de cooptación que se operan a través de ella. Cuando se dice que la lucha contra el acoso sexual en algunos países ha llevado a perseguir ciertos grupos racializados, el problema no está en querer combatir el acoso sexual, sino que es el propio racismo el que hace lecturas deliberadamente engañosas de algunas reivindicaciones a efectos de relanzarlas contra ciertos sujetos. Quienes tengan real interés en evitar el uso de –por ejemplo- las reivindicaciones feministas para criminalizar sujetos racializados deben combatir no las reivindicaciones feministas en sí, sino las fisuras que estas dejen para usos racistas (y el propio racismo, claro).
El conjunto de lo que se entiende como “políticamente correcto” no es algo homogéneo y –dado que la expresión ha tomado un rumbo irremediablemente peyorativo- deberíamos encontrar mejor modo de denominar lo que se suele definir con esa noción. En nombre de la “corrección política” se han propuesto muy malas ideas, o buenas ideas pero muy mal planteadas. Debemos pulir estas imperfecciones. Por otra parte, nadie escapa completamente a recibir cuestionamientos políticos a su lenguaje. Pero de eso se trata: de reinventar y garantizar la palabra una y otra vez.
No debemos renunciar a visibilizar las múltiples opresiones. Y no debemos poner en víctimas a quienes refuerzan estereotipos opresivos por medio del lenguaje. No hay fórmulas fijas en la búsqueda de las palabras que nos representen. Las luchas no se forjan a través de manuales. Pero que el árbol no tape el bosque.

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión un  proyecto de resolución solicitando a la Cámara de Diputados bonaerense que dé tratamiento a las iniciativas tendientes a atenuar la situación crítica atravesada por la cooperativa de trabajo Incob Ltda. La iniciativa presentada por el legislador Guillermo Kane Cáceres (FIT-PO) apunta a lograr la condonación de deudas con organismos estatales generadas por el desfalco del ex presidente Enrique Garaggiola.

“Lograr el apoyo por unanimidad en Bahía Blanca fue súper importante ya que es un paso para viajar a La Plata y encontrarnos con los diputados de provincia y presentar el proyecto de condonación de la deuda de ARBA”, dijo a FM De la Calle María del Carmen Dauphin y destacó “las lindas palabras que dijeron cada bloque porque eso nos levantó mucho el ánimo, están apoyando a la comisión nueva, ven que hacemos las cosas bien, queremos que la cooperativa siga trabajando porque para Bahía Blanca es algo muy importante”.

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Dauphin recordó que por la irrupción violenta del ex titular de la cooperativa y su grupo a la planta en noviembre de 2015 “hay una denuncia y una causa que todavía está en investigación, se pidió el juicio oral y público. La justicia no va al mismo paso que nosotros pero sabemos que está encaminado y hay una denuncia también por la estafa, la falta de los libros y varios temas que hemos denunciado”.

En la sesión del jueves, Gabriela Galleti (IC) opinó que “Incob representa un caso genuino de cooperativa cuando muchas veces esta figura se utiliza para encubrir relaciones de precarización laboral. Es imprescindible que el Estado esté presente, que acompañe, más teniendo en cuenta el contexto social crítico. Hace unos días nos ubicaba el Indec como una de las ciudades con mayor desempleo con un índice del 7,3% y también escuchábamos a trabajadores de la empresa Zanon manifestando la imposibilidad de pagar las tarifas de luz y gas que ascendían a 9 millones de pesos y que había quedado por fuera del fallo de la Corte”.

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“La lucha que hacen, a partir de nuestra representatividad, es también un poco la lucha de todos los vecinos de Bahía Blanca que sin ninguna duda no quieren que se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que abrazan como propia la causa de la recuperación de esta empresa”, manifestó Gustavo Mandará (FpV) y agregó que “uno realmente no se explica cómo teniendo la potencialidad que tenemos en cuanto a riqueza económica, recursos naturales y humanos, este tipo de emprendimientos no llegan a ser mucho más sustentables de lo que son y terminan embarrados en larguísimas disputas judiciales como esta”.

Para Martín Salaberry (FULT) el ex Paloni es “una empresa recuperada emblemática y simbólica por el rubro del sector frigorífico pero va más allá de un caso puntual, estamos hablando de un enorme ejemplo para toda nuestra ciudadanía, en tiempos donde uno habrá oído a algún sector de la sociedad que pretende hacernos creer que están perdidos los valores del trabajo, del esfuerzo, de levantarse todos los días para ganarse el pan y llevar dignidad a la casa de cada uno de los trabajadores”.

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Ricardo Pera (FR) se interesó por “la situación de las familias que viven y dependen del trabajo” en Incob y Julián Lemos (Compromiso Bahía) recordó que “no es la primera vez que se acercan a este Concejo a expresar las dificultades impositivas, legales y formales pero también que tienen que ver con la comercialización en la ciudad, cuestiones que ven para mejorar la industria” y demuestran su “intención de superarse y mejorar día a día lo que hacen”.

Desde el oficialismo, Soledad Pisani, agregó que es “importante e indispensable que el Estado garantice la continuidad de los puestos de trabajo y acompañe a las empresas en estado de recuperación”.

Fotos: INCOB.

Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.

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“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.

Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.

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“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.

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Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.

“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.

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Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.

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Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.

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Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.

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La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.

En el marco de la Marcha Federal, el paro en la educación alcanza también al sector privado “ante la falta de respuesta y de diálogo de las autoridades gubernamentales con respecto a la convocatoria a la Paritaria Federal Docente que buscaba recomponer el piso salarial”, informó a FM De la Calle Analía López del Sadop local.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal tampoco cumplió con la reapertura paritaria para enfrentar la desvalorización salarial ante el alto índice inflacionario. López detalló que reclaman “igualdad de condiciones para el acceso a la jubilación de los docentes privados y la equiparación de los docentes extra programáticos, todas medidas que es importante tratar y que tienen que ver con la igualdad y la justicia de igual trabajo igual remuneración”.

Otra demanda está relacionado a la “igualdad en el número de alumnos a atender porque hay una resolución que establece un tope de 30 para los cursos de primaria en las escuelas públicas, con 31 se desdobla. Esa resolución no aplica a las escuelas privadas con lo que implica la carga de trabajo, hay docentes que tienen entre 38 y 40 alumnos”.

El paro se realiza en medio de fuertes presiones de la cámara de la educación privada que ayer les hizo a cada docente que la adhesión a la protesta implicaría el descuento del día. “Todos somos adultos y cada quién sabe los derechos y los deberes que le corresponden. Eso es una clara situación de apriete y amenaza”.

“En otras jurisdicciones de la provincia hubo docentes despedidos, eso implica una presión enorme a la hora de tomar la decisión de acompañar una medida de fuerza, muchas veces los compañeros nos hacen estos planteos: ideológicamente están de acuerdo pero no pueden sostener este tipo de presiones”, finalizó.

Foto: Radio Gremial.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

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Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.

(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

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Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.

Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.

El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.

El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.

En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.

Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.

El que no busca, no encuentra

La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.

En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.

Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.

Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.

Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.

Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.

La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.

Fuente: fiscales.gob.ar

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

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En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

(Por Francisco J Cantamutto) Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

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-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

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En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

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Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.

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Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.

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“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.

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Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.

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A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.

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Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.

(Por Francisco Cantamutto y Martín Schorr)* La política económica del gobierno de Macri al cabo del primer semestre de gestión estuvo signada por dos orientaciones preponderantes.

Por un lado, un drástico ajuste de la economía, que se expresa en un profundo deterioro del salario real (del orden del 15%) y una feroz ola de despidos y suspensiones. En ese marco, se produce una fenomenal transferencia de ingresos a distintas fracciones del poder económico, como los grandes exportadores, los principales formadores de precios, el sector financiero, las prestatarias de servicios públicos y el oligopolio petrolero. Una estimación de mínima de los recursos internalizados por estas fracciones dominantes la ubica en el orden de los 25 mil millones de dólares. A esto habría que adicionar los cerca de 11 mil millones de dólares que, con la anuencia de la mayoría en el Congreso, el gobierno destinó al pago a los “fondos buitres” que habían litigado en las cortes de Nueva York.

Por otro lado, un ciclo de endeudamiento externo del sector público sumamente acelerado sobre el que valen las siguientes reflexiones: (a) resulta plenamente funcional al poder económico en tanto, entre otras cosas, posibilita la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras radicadas en el país, la fuga de capitales locales al exterior y el pago de intereses (ver el Cuadro 1); (b) genera recursos para afrontar importaciones que, en numerosos rubros industriales, están desplazando producción nacional; (c) viabiliza el despliegue de estrategias de acumulación en torno de la especulación financiera; (d) sirve para financiar gastos corrientes del Estado en un cuadro de déficit de las cuentas públicas asociado, en buena medida, al “sacrificio fiscal” implícito en muchas de las transferencias de ingresos motorizadas hacia las fracciones dominantes, así como a los impactos que el ajuste regresivo acarrea sobre las cuentas públicas; y (e) supone el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero internacional al núcleo del bloque de poder en la Argentina. Debe tenerse presente que el bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera con agentes privados como punto de partida es clave para que este esquema no estalle inmediatamente. Este saldo, junto a la convalidación de los instrumentos, la jurisprudencia y los tribunales externos, constituye un legado central del kirchnerismo, que ya en 2014 había iniciado una hoja de ruta en una dirección similar.

Cuadro 1. Argentina. Estimación del balance cambiario, I Sem. 2015-I Sem. 2016 (en millones de dólares)

  I Sem. 2015 I Sem. 2016
Cuenta Corriente -2.146 -8.578
Saldo comercial 1.422 1.025
– Mercancías 5.098 5.774
– Servicios -3.676 -4.749
Saldo rentas -3.628 -9.795
– Intereses -3.521 -8.345
– Utilidades, dividendos y otras rentas -107 -1.451
Otras transferencias corrientes 59 192
Cuenta Capital y Financiera 4.821 13.126
Inversión directa de no residentes 712 1.290
Inversión de portafolio de no residentes -33 869
Préstamos financieros 1.622 5.364
Préstamos de organimos internacionales 2.977 2.735
Formación de activos externos del SPNF -3.046 -5.996
Formación de activos externos del SPF -282 558
Compra venta de títulos-valores 47 -506
Otras operaciones del sector público 1.375 13.693
Otros movimientos 1.449 -4.881
Variación de reservas internacionales 2.674 4.548

SPNF: Sector privado no financiero; SPF: Sector privado financiero.

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA.

Es en ese marco que hay que encuadrar las perspectivas para el segundo semestre. Al respecto, caben dos comentarios.

En primer lugar, en la medida en que el gobierno no logre o le resulte difícil, como hasta ahora, contener el proceso inflacionario y encauzar la economía en un sendero de crecimiento más o menos sostenido, es de esperar que se empiecen a manifestar disputas cada vez más abiertas al interior de los sectores dominantes en cuanto al rumbo a privilegiar (conflictos que de manera incipiente ya se han presentado). Sobre todo, aunque no sólo, en lo que se refiere al nivel (real) del tipo de cambio y la tasa de interés, así como también al uso a darle a las divisas procedentes del endeudamiento externo y a los cursos a privilegiar en los acuerdos que definen la inserción del país en bloques comerciales (Alianza del Pacífico, Mercosur/Unión Europea, etc.).

En segundo lugar, hay dos factores que atentan de modo considerable contra la capacidad de que crezca la actividad económica. Por una parte, el referido deterioro salarial “plancha” la demanda interna y, por esa vía, sella la suerte de las distintas fracciones del capital cuya acumulación se estructura fundamentalmente alrededor del mercado interno (como la mayoría de las mipymes, aunque también es el caso de muchas grandes firmas). Por otra parte, en el frente externo se verifica un escenario complejo, tanto en lo que se vincula con el tema precios (deterioro en los términos de intercambio), como en materia de cantidades (por caso, a raíz de la crisis brasilera o la desaceleración en el crecimiento de otros importantes socios comercial del país, como China). De modo que la capacidad de crecer vía exportaciones encuentra límites muy precisos. De allí que no resulte casual que al cabo del primer semestre de este año las exportaciones continuaron en declive, lo cual es un claro indicador de que el combo “devaluación-quita (o reducción) de retenciones” que implementó el gobierno de Macri a poco de asumir tuvo por finalidad principal (y como logro exclusivo) motorizar una fabulosa transferencia de ingresos hacia la cúpula exportadora (téngase presente que apenas 50 grandes empresas explican alrededor del 60% de las exportaciones totales del país).

Frente a estos factores internos y externos, todo parece indicar que una de las principales apuestas del gobierno de Macri pasa por utilizar el endeudamiento externo para apalancar obra pública. De todos modos, en lo inmediato es de esperar la profundización o la no reversión del escenario recesivo. Incluso de lograr reactivar la inversión pública, en la medida en que ésta se sostenga en las actuales elevadas tasas de interés, bloqueará la posibilidad de que otros sectores acompañen la expansión. Ante este incremento del costo financiero, las demandas por reducir el costo salarial ya se han hecho explícitas en discursos del presidente, en editoriales de la prensa masiva y en diferentes espacios vinculados al establishment.

De allí que, como suele ocurrir en este tipo de coyunturas, se avizora un escenario de profundización de la concentración económica y la centralización del capital, el afianzamiento de la reprimarización del tejido productivo y el desmantelamiento de una multiplicidad de ramas industriales y, como resultado de ello, un deterioro manifiesto del mercado de trabajo, con todo lo que ello acarrea sobre la dinámica salarial y distributiva.

En consecuencia, a corto plazo se trataría de un horizonte de más recesión económica, disputas al interior de los sectores dominantes y una creciente conflictividad social.

“Publicado originalmente en el Anuario del EDI, disponible en http://rosaluxspba.org/es/taller-a-donde-va-la-economia-del-gobierno-macri/

*              Investigadores CONICET/IDAES (UNSAM).

La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.

“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.

“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.

“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.

INCOB CARTELEl diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.

La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.

“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.

Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.

“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.

La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.

La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa. El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.

Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.

En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios. En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.

En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.

Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.

(Por Alfredo Grande) No tengo el disgusto de conocer a Héctor Aguer. Y habiendo tantos motivos para pasarla mal, no creo que lo incorpore en la lista. Héctor, el mítico héroe que defendió el honor de Troya, siendo vencido por el legendario Aquiles, no le cabe como nombre al inquisidor sexual. Pero me alegra que lo haya dicho. Porque Héctor se ubica en ese lugar donde nadie quiere estar. En lo fundante de la cultura represora.

Héctor ha producido, bien que le pese, el más formidable analizador para entender, incluso a honestos creyentes, que es el fundamento de la cultura represora: el exterminio del placer. Corporal sin duda, pero no solamente. Los anatemas sobre libros, la censura y represión de ideas, haber liderado todas las noches oscuras de la historia, indican que el placer mental, intelectual, espiritual, también debe ser castigado.

“En la cultura represora,

las sorpresas que te da la vida

son siempre indignantes”

(Aforismo implicado A. G.)

Héctor sabe, y quizá lo haya sufrido, pero con seguridad lo hace sufrir, que el placer puede generar dependencia, pero nunca sometimiento. Que el placer cuando genera dependencia, abre el camino a la autonomía y a la libertad.

El sometimiento por el contrario, avala el destino de todas las formas de la esclavitud. Héctor nos ahorra el tiempo perdido en el remanido “¿Qué habrá querido decir?”. Muy alejado de los laberintos semióticos de Carta Abierta, lo de Héctor es una carta, patética, pero carta al fin, que de tan abierta se le puede entrar por cualquier lado.

Héctor ha unido -no es el único, pero quizá como uno de los últimos jerarcas desnudos- la fornicación con la mortificación. Porque no puede ir lo uno sin lo otro. En una canallada cuasi sacramental, cuestiona la entrega de preservativos. Calcula el uso dado, y quizá, y hasta allá llega su sinceridad, imagine aquellos puertos en los cuales los preservativos amarran las cajas y los plásticos.

Si lo aterra que se coja (sic) 1 atléticamente, quizá prefiera que se coja (sic) 2 en forma profesional. Podría haber echado algún rayo y centella contra el delito de lesa sexualidad que es el abuso sexual de niñas y niños, la prostitución a escala industrial que algunos llaman “la trata”, y ya que no estamos, la pedofilia. Puedo acercarle info chequeada sobre el caso Pacheco Melo. Se lo pido a ENRED Mar del Plata, y en minutos le llega.

La fornicación la confunde con una fábrica de humanoides, despojados de deseo y de vergüenza. Vergüenza por desear. Incluso a la propia mujer, además de la del prójimo. Algo así como un fordismo sexual. Pero en su brutal necedad, les da a los hijos la misión imposible de reprimir la sexualidad de la madre y el padre. O sea: aunque pagues el peaje, la barrera del placer sigue baja.

La molestia del “petting” (sic) 3 es por hacerlo en lugares públicos. Héctor seguramente prefiere la cruel práctica de la pedofilia, siempre realizada en lugares privados. Bueno, clandestinos. Que no es lo mismo y que no es igual. La pacatería y cinismo de Héctor lo lleva a una cruzada anti concepción. La sabia naturaleza nada sabe de las burradas de Héctor. Y por suerte para todos, porque en otro diluvio universal ya no salvaría ni siquiera a dos por cada especie.

Además, por cosas menos graves que las que dijo Héctor, algunos filósofos fueron quemados vivos.

Horrorizado por la adopción de niños por parejas no heterosexuales, confunde amor con género. Quizá nada sepa de ambas cosas. El embarazo no deseado, o sea, el embarazo por mandato, el embarazo como castigo, el embarazo como freno al desenfreno y a la lujuria, el embarazo como marca del hierro candente de la monogamia, necesita método anticonceptivos totalmente inútiles.

Héctor, por favor. La naturaleza nada tiene que ver con los ciclos de fertilidad de una mujer. La mujer no es un mamífero. No es la hembra de una especie de primate superior. La mujer, como el varón, son cultura. A veces liberadora, a veces, y gracias a personas como vos, represora. Pero nada tiene que ver la naturaleza en esto. Ni en esto ni en el estro. El deseo sexual es independiente de la potencia reproductiva.

No creo que tu ignorancia sea tal. Me inclino a pensar en un mecanismo de pensamiento perverso, capturado por lo peor de dios y lo mejor del diablo, que busca todo tipo de cruel alquimia que despoje al humano de su capacidad de placer. No solamente fusionándola con la culpa, terrible constructo represor en el cual participaron todos los príncipes y patriarcas de todas las iglesias, sino exterminando de raíz el irresoluble problema que los gerentes del placer y la sexualidad no hay podido resolver

“A Dios rogando

y con el diablo fornicando”

(Aforismo implicado A. G.)

Y en la repugnancia de tus palabras, asocio con el anatema que colgué hace años sobre la testa de Won Wernich, capellán torturador: cerdo de dios. Te cabe como preservativo hecho a medida.

Preocúpate más por hambre de tus ovejas, ya que no hay buen pastor que se ocupe de encontrarlas y cuidarlas.

Gracias a compañeros como Ruben Dri, Gerardo Duré, Rafael Villegas, Carlitos Cajade, Eduardo Pimentel, y tantos otros y otras, entendí que otra religión no sólo es posible, sino que también es necesaria.

En el fundante de todas las libertades está la libertad sexual. Libertad para el placer. Libertad para todos los placeres. No hay peajes, ni corrales, ni murallas que frenen el deseo. La vida, esa que merece ser vivida, no la tuya Héctor, siempre se abrirá paso. Por eso te cuento lo que dije en una de las reuniones del Seminario de Formación Teológica: “la fe es otro de los nombres del deseo”.

Por favor, Héctor. Por tu incurable sexofobia, no invoques este aforismo implicado: será en vano.

Pero te dedico versos de Silvio Rodríguez, asumiendo que nada de él conocés y menos practicás.

ojalá se te acabe la mirada constante
la palabra precisa, la sonrisa perfecta
ojalá pase algo que te borre de pronto
una luz cegadora, un disparo de nieve
ojalá por lo menos que me lleve la muerte
para no verte tanto, para no verte siempre
en todos los segundos, en todas las visiones
ojalá que no pueda tocarte ni en canciones

(1) Textual obispo Héctor Aguer

(2) Textual obispo Héctor Aguer

(3) Textual obispo Héctor Aguer

Con 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, y cinco absoluciones concluyó hoy en Córdoba uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, que abordó las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra 711 víctimas por 43 -la cifra fue mayor, pero son los que llegaron al final del juicio- ex militares, policías y civiles de inteligencia en delitos del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976, con epicentro en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “Campo La Ribera”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, en la voz de su presidente, Jaime Díaz Gravier, dio a conocer cerca del mediodía el veredicto de un extenso debate que llevó tres años y nueve meses de trabajo y que culminó al cabo de 353 audiencias.

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Secundado por sus colegas  Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, Díaz Gravier leyó los 97 puntos del resolutorio, que, además de las condenas a perpetua y las absoluciones, incluyó penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión para diez de los acusados.  La lectura fue seguida por atención tanto dentro como fuera de la sala de audiencias, en el marco de una expectativa nacional: una multitud se congregó en las puertas de los tribunales federales de Córdoba para escuchar los pormenores de la sentencia, que fue seguida a través de Internet -entre otros lugares- en el auditorio del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la Ex ESMA, en Buenos Aires.

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El Tribunal, que dará a conocer los fundamentos de la decisión el 25 de octubre próximo, dispuso penas de prisión perpetua para el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -quien sumó hoy su decimocuarta condena por crímenes de lesa humanidad- y para los miembros del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, su jefe y segundo comandante -en distintos períodos-, Luis Santiago Martella; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y el jefe de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo.

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La misma pena fue aplicada a los ex jefes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés; el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; para los ex integrantes de la Sección Actividades Especiales de Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el ex sargento Juan Eusebio Vega; el ex miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; y los civiles de Inteligencia Emilio Morard, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.

Los jueces también coincidieron con la Fiscalía en la aplicación de la pena de prisión perpetua para el ex subcomisario del Departamento de Informaciones policiales (D2) Yamil Jabour; el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli; los ex policías del D2 Juan Eduardo Ramón Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Herminio Jesús Antón y Mirta Graciela Antón.

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Los civiles de inteligencia, José Luis Yañez y Enrique Alfredo Maffei recibieron 20 y 21 años de prisión, respectivamente; el policía del D2, Antonio Reginaldo Castro, 8 años de prisión, y el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine, 5 años de prisión, al igual que el militar Wenceslao Claro. En tanto, el ex policía del D2 Raúl Alejandro Contrera fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su colega Rubén Osvaldo Broco recibió tres años de prisión e inmediatamente obtuvo la libertad por haber cumplido la pena. El ex militar Carlos Edgardo Monti, en tanto, fue condenado a dos años y medio de prisión.

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El ex jefe de la Sección Comando y Servicio o Logística del Destacamento de Inteligencia 141, José Andrés Tófalo, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que el ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux, recibió 11 años de prisión. Para ambos la Fiscalía había requerido la pena de prisión perpetua.

Fueron finalmente absueltos los ex policías del D2 Juan Carlos Cerutti, Francisco José Melfi y Antonio Filiz, sobre quienes pesaba una acusación fiscal para que se los condenara a prisión perpetua; José Idelfonso Vélez, para quien los fiscales habían pedido 17 años de prisión; y el ex militar Ángel Osvaldo Corvalán, para quien se había reclamado una pena de tres años de prisión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Imágenes de los colectivos: Mucho Palo Noticias – ECOS Córdoba – Zumba La Turba – Fotografía de Prensa – en la transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos 

Antonio Castaño solicitó la indagatoria al empresario Lázaro Báez en el marco de una causa en la que está imputado por asociación ilícita fiscal y en la cual se confeccionaban facturas apocrifas para evadir impuestos. El pedido se extiende a su hijo Martín, ya procesado por lavado de dinero por el juez Sebastián Casanello.

Así lo consignaron a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que el fiscal también pidió la declaración indagatoria de los empresarios bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti; de Denis, Jorge y Franco Ferreyra; y de Rogelio Chanquía.

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó en la misma causa que el cierre de las oficinas locales del organismo tuviera que ver con una supuesta intención de bloquear la investigación por la emisión de facturas apócrifas.

Para el Ministerio Público Fiscal y por las maniobras realizadas, Austral Construcciones logró obtener ganancias por más de 20 millones de pesos, según consta en el expediente.

El requerimiento solicitado por Castaño y que fue dado a conocer hoy, fue efectuado en los últimos días ante la Justicia Federal de Bahía Blanca, que deberá definir los pasos a seguir. Recordemos que se encuentran vacantes los dos juzgados federales, con lo cual ambos son subrogados por la jueza federal de Viedma, Mirta Filippuzzi.

Fuentes judiciales señalaron que, “además de Lázaro y Martín Báez, quienes integraban Austral Construcciones, figuran los Ficcadenti, quienes tenían el Gupo Calvento, Penta y Terrafari, y los Ferreyra quienes estaban a cargo de la firma Constructora Patagónica, en tanto que Chanquía se desempeñaba como contador”.

Según la investigación, en muchos de los casos, las empresas locales Calvento y Penta eran proveedoras falsas de Constructora Patagónica, una empresa que luego le facturaba servicios falsos a Austral Construcciones.

En su dictamen, Castaño señaló a Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado del grupo Báez, sin perjuicio de las relaciones con otras estructuras en el país y en el exterior”. “Este bloque fue pergeñado en nuestra región y, con la connivencia de funcionarios de la AFIP-DGI, se posibilitó la perpetración de ilícitos fiscales”, expresó el fiscal en su resolución.

Indicó que “se desprende de lo analizado hasta el momento que durante un tiempo prolongado, al menos desde el 2011, funcionó la presente asociación ilícita que principalmente se autoabastecía generando un riesgo potencial la maniobra reprochacha”.

“Estamos frente a un delito de peligro, que hace a que, si bien se encuentran cuantificando las deudas en cabeza de los obligados de autos, es relevante sostener que la organización favorece la generación de créditos fiscales falsos, utilizables no sólo por los integrantes de los grupos interrelacionados”, expresó en el escrito.

Por otro lado, el fiscal sostuvo que, “apoyándose en la estructura jurídica de Austral Construcciones SA, el Grupo Báez con formado por Lázaro y Martín Báez, secundados por sus apoyos técnicos, diseñaron un entramado societario con diferentes actores a los efectos de beneficiarse con dinero ilícito, en la mayoría proveniente de la obra pública, generando costos falsos, y atemperando deudas fiscales”.

Para eso, “se valieron de entre otras personas como los grupos constituidos por las familias Ficcadenti, Ferreyra, Pedraza, entre otros”.

Además, el fiscal remarcó que, de acuerdo con informes de la AFIP, “Calvento y Penta eran proveedores falsos de Constructora, quien luego le facturaba los servicios a Austral Construcciones Sociedad Anónima”.

“A partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, como mínimo en lo atinente al grupo Penta y Calvento, se colige que le estaría sobrefacturando costos a Austral Construcciones SA para permitir la salida de dinero contable, además de evadir el IVA y las ganancias”.

En este marco, Castaño afirmó que, “gracias a la maniobra de esta asociación ilícita fiscal, al menos 20 millones del costo de Austral son falsos”.

Fuente: Télam.