(Por Francisco J Cantamutto) La inflación se erigió como el problema central para Cambiemos, orientando la política económica. Pocos resultados positivos y crecientes límites a esta estrategia.

Resulta difícil de descifrar cómo se reparten los funcionarios del gabinete que creen en lo que afirman y aquellos que aprovechan de un discurso para esconder el rumbo real de las políticas. La falta de efectividad que han mostrado hasta ahora las soluciones neoliberales propuestas hace sospechar la existencia de objetivos diferentes a los anunciados públicamente, o el fracaso empírico de estas teorías.

El gobierno sostiene que la inflación es el problema central de la política económica. Una baja tasa de inflación permite un horizonte de previsibilidad sobre los precios relativos, lo que, siempre según este enfoque, incentivaría la inversión bajo señales de mercado. Y por ello la estabilización de precios es el centro mismo de gravitación de la acción estatal en la materia: el gobierno procura alinear la política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria para lograr ese objetivo.

En materia comercial, la primera semana de gobierno se eliminaron la mayor parte de los controles y regulaciones, esperando que los precios nacionales se alineen con los internacionales “eliminando distorsiones”. Los precios externos funcionarían así como límite al aumento de los locales. Esto incluye la eliminación de las retenciones a las exportaciones, pero también de las Declaraciones Juradas Adelantadas de Importaciones. Por el momento, los efectos de esta medida han sido básicamente dos. Por un lado, el saldo comercial ha pasado al déficit, debido al ingreso inmediato de artículos trabados por las DJAI, en un auténtico aluvión de productos. Por otro lado, dirigentes industriales ya han avisado al gobierno que, por este incremento de la competencia, están en riesgo la continuidad de 7.000 empresas, y alrededor de 100.000 empleos.

En materia cambiaria, en un inicio, el gobierno pretendió librar al mercado el nivel de tipo de cambio, nuevamente, bajo la idea de lograr un “precio” del dólar de equilibro, no sesgado por la voluntad política. Por ello, una de las primeras políticas fue eliminar los controles para la compra de dólares, el mal llamado “cepo”. Sin embargo, luego de la segunda devaluación en febrero, que disparó el dólar de 13 a 16 pesos, obligó a Sturzenegger a revisar la estrategia, y abandonar la flotación libre. El Banco Central comenzó a intervenir en la plaza cambiaria, lo que logró estabilizar el dólar en torno a los 14,50 pesos, pero produjo continua salida de reservas. Como recién señalamos, por la vía del comercio los dólares comenzaron a salir en lugar de entrar, siendo que además el complejo agroexportador liquidó la mitad de lo que había prometido. Los 5.000 millones de dólares obtenidos por el canje de letras intransferibles por bonos negociables se dilapidaron rápidamente. Esto hizo evidente la necesidad de complementar la estrategia.

La política monetaria apuntó inicialmente a un objetivo de inflación: reducir la emisión de pesos para quitar circulante, conteniendo así el aumento de precios. El problema fue doble: por un lado, la reducción del déficit no avanzó a la velocidad esperada, y por otro, contener nuevas devaluaciones estaba erosionando las reservas demasiado rápido. El Banco Central optó por intensificar la esterilización de la emisión, mediante la colocación de letras (LEBAC). Mediante estos títulos, el Central retira pesos del circulante, ofreciendo una colocación financieramente atractiva, que compita contra el dólar, conteniendo de esta manera la fuga sin perder tantas reservas. El mayor “mérito” de esta estrategia ha sido rehabilitar una nefasta forma de especulación financiera: las empresas con liquidez suficiente y los bancos compran estos bonos, obteniendo rendimientos que alcanzan el 38% anual de interés. Este proceso cohíbe otro tipo de inversiones productivas, que no logran alcanzar estos niveles de rentabilidad, forzando a la recesión. Este riesgo fue abiertamente reconocido por Sturzenegger como un efecto esperable, que en cualquier caso, aporta al objetivo de reducir la inflación por la vía recesiva. En el caso de los bancos, el negocio es redondo porque pueden captar pesos de ahorristas no sofisticados mediante plazos fijos, que pagan alrededor del 25% anual: es decir, logran un elevado rendimiento con fondos ajenos.

La estrategia está entrando en problemas porque la presión del mercado hacia el dólar no cesa, y las LEBAC deben ofrecer cada vez mayores rendimientos a corto plazo. Las LEBAC se están colocando a 35 días, con lo cual con una frecuencia casi mensual el Banco Central debe sumar la renovación de estas LEBAC a las necesidades de “aspirar” pesos del mercado, multiplicando las promesas de pago de manera incremental. Esto está produciendo un severo incremento del déficit cuasi-fiscal, contrario a los dichos del propio gobierno en relación a la política de reducción de este déficit. La presión es tan elevada, que se rumoreó la semana pasada la posibilidad de aplicar un plan estilo “Bonex” (preludio de la Convertibilidad) o Corralón (aplicado por Duhalde en 2002). Se trataría de la colocación forzosa de bonos a largo plazo, que reduzcan compulsivamente los pesos disponibles para presionar contra el tipo de cambio.

Finalmente, la política fiscal se orientó, al menos en el discurso, a la reducción del déficit, causa primaria de la inflación para el gobierno. Se priorizó el recorte del gasto público. Acusando ineficiencia o corrupción, se han recortado planes (como el Conectar Igualdad), paralizado pagos de obra pública y, especialmente, despedido trabajadores. Los despidos son sistemáticamente tratados –aunque sin presentar ninguna prueba- como una limpieza del Estado en aras de eficiencia (menos recursos para mejores resultados). Sin embargo, las remuneraciones de funcionarios jerárquicos se han incrementado, y se han comprometido nuevos gastos, entre los cuales los pagos de deuda son el más significativo. El principal ahorro provendría de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, vía aumentos de tarifas. Por el lado de los ingresos fiscales, la eliminación de retenciones ha quitado una fuente central de recaudación. El aumento del mínimo no imponible resulta extraño, porque fue anunciado como un alivio esta carga (es decir, se preveía menos pagos por esta vía), pero acabó con más trabajadores pagando este tributo que con la escala previa.

Las dificultades para reducir el déficit fiscal y cuasifiscal, ponen en problemas la intención del gobierno de contener la emisión monetaria. Por ello se comprende la importancia clave que tiene la ruta de la deuda para Cambiemos. La deuda se erige como la fuente de financiamiento que compensa esta supuesta reducción del déficit, y es por ello la clave de sostenibilidad del proyecto de Cambiemos.

Hasta el momento, la inflación no se ha reducido, sino que se incrementó respecto de la herencia kirchnerista. En los primeros meses acumula cerca de un 15%, lo que ha puesto en duda el objetivo anunciado del 25% para todo el año. A la vista de este pésimo resultado, resulta llamativo que el gobierno insista con suponer el déficit y la emisión como fuentes de la inflación, y no la asocie con la devaluación, la quita de retenciones o los aumentos de tarifas que aplicaron desde diciembre. Evidentemente, el gobierno tiene una mala teoría para sus políticas, o sus objetivos no son los que declara en público.

(Por Francisco J Cantamutto) El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar provecho particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es ésta toda la historia?

Trama de corrupción

Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.

Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”, simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.

Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Esta fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral, y finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.

Proyectos políticos

Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.

Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación toman como la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, prescribiendo la mayoría –mostrando la impresionante y aborrecible impunidad. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).

Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.

Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darle rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.