Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.

ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.

Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.

“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.

Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.

Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.

“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.

Denunciaron a Vidal por homicidio culposo

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.

Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.

El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.

“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.

“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

(Por Francisco J Cantamutto) El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar provecho particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es ésta toda la historia?

Trama de corrupción

Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.

Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”, simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.

Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Esta fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral, y finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.

Proyectos políticos

Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.

Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación toman como la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, prescribiendo la mayoría –mostrando la impresionante y aborrecible impunidad. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).

Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.

Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darle rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.

(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”

Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]

Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.

Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.

Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.

En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

(Por Alfredo Grande) La tierra necesita héroes. Lo aprendí de Bertold Brecht. Es necesario pensar qué es un héroe. Y pasar del héroe colectivo que postulara el talento masacrado de Oesterheld, al colectivo de héroes. Colectivo en tanto grupo con una estrategia de poder. Héroe por la decisión no reactiva ni oportunista, ni coyuntural, de combatir a todas las formas de la cultura represora. Incluso la que se enquista en las mismas organizaciones que dicen combatirla. Esa lucha puede corromperse, pero en su origen es pura y sin mancha.

“No hay verdad más armada que la pura inocencia” escribió Alberto Morlachetti. La pureza es corrompida, como los ácidos corroen el metal. Pero donde nunca hubo pureza, donde la sonrisa fue ahogada antes de asomarse a los labios, donde la ternura fue tronchada antes que se deslizara por la piel; nada se corrompe porque todo está podrido desde

sus profundidades.

La política en el capitalismo es apenas la cobertura del pan de todas las locuras y el chocolate rancio de todas las amarguras. Y cuando logra los sueños más tranquilos, puede con la tranquilidad de los verdugos y los torturadores hablar de gobernabilidad. O sea: el arte de disimular, de encubrir, de engañar, de estafar, de ganar todos los concursos para que los lobos puedan lucir los trajes y vestidos de las ovejas. En la tierra contaminada de la gobernabilidad democrática, donde proliferan los sabihondos y suicidas como si todo el mundo fuera un cafetín de Buenos Aires en el cual quedan con la ñata sobre el vidrio millones de voluntades y deseos, crecen, siempre crecen, los colectivos de héroes.

“Corruptos off shore del mundo:

uníos”

(Aforismo implicado A. G.)

Es una lucha desigual. Porque ellos tienen todo el poder y lo saben, y nosotros tenemos toda la fuerza y lo ignoramos. Más tarde que temprano, este plano inclinado de nuestra propia desigualdad construida tendrá un cambio de eje. No de una vez y para siempre. Pero tampoco en la crónica esperanza de una espera eterna en la bienaventuranza de una eternidad reaccionaria.

Alguna vez dije, y siempre recordando a George Orwell, que lo único que podemos cambiar es el pasado. O sea: el sentido en el cual nuestro pasado devino este presente que no siempre combatimos. O del cual nos quejamos. O del cual siempre protestamos. Necesitamos que los perros muerdan porque de tanto ladrar ya están afónicos.
A diferencia de lo que tanto se ha cantado, no siempre es triste la verdad y muchas veces tiene remedio. La verdad: la democracia burguesa es la forma más perfecta de encubrir la explotación de la clase capitalista sobre la clase trabajadora, y especialmente, sobre la clase obrera. Explotación que tiene la sutileza de un rayo láser, de un impuesto al consumo, de un ritual electoral.

Nunca más a las formas groseras, grotescas, evidentes, obvias, que se pueden fotografiar, filmar y grabar. La publicidad se encarga de fabricar sonrisas, apretones de manos y abrazos, para sepultar llantos, fracturas de cráneo y suicidios cuidadosamente vigilados. Y entonces aparece como la opción a cualquier dictadura genocida el Estado de Bienestar. Que también necesita un enorme aparato publicitario, al mismo nivel que la Coca Cola. O más. Y el Estado dice de él mismo que es de Bienestar, aunque nunca aclara que hay pequeños bienestares, medianos bienestares y todas las rutas del dinero.

Todos los caminos de la economía capitalista llevan a las sociedades off shore. En el mundo de los negocios de la economía capitalista hay dos tipos de off shore: los que se descubren y entonces el escándalo es la cara visible de la crónica hipocresía y los que no se descubren simplemente porque están a la vista de cualquier que quiera ver. La denominada corrupción, que es una constante, una regla absoluta, es el off shore aceptado. El denominado off shore es corromper más de lo necesario. Los hijos del Poder en realidad son la evidencia que la omertá maffiosa ha reemplazado a la sagrada familia. Ahora se juntan los domingos no a comer ravioles como los tiernos Campanelli, sino toda la semana para contar dólares.

No sé adónde van las obscuras golondrinas, pero las obscuras ganancias de los capitalistas todos saben a dónde van. On shore, off shore, pero nunca a los bolsillos de los únicos que generan la riqueza: los trabajadores. La derecha liberal y la derecha fascista han visto comunismo, socialismo, anarquismo en las más modestas propuestas de sensibilidad social. Tiene una envidiable conciencia de clase.

Desde esa mirada reaccionaria, el kirchnerismo sufrió el anatema de montonero. Agravio nada gratuito para el colectivo de héroes que luchó por la patria socialista. Y no fue un relato. Fue una praxis revolucionaria. Guerrilleros y guerreros con aciertos y errores, pero que desalojaron queja, protesta y afrontaron el combate. Desde la Alianza Anticomunista Argentina (y mucho antes) hasta la actual derecha en el gobierno y un poco en el poder, la obsesión de las democracias burguesas y el aparato del estado benefactor es arrasar de la conciencia y de la inconsciencia el destello de la lucha de clases. Y lo cambia por su paradigma: la clase explotada no lucha, la clase explotadora masacra. Actualización del fifty fifty.

“Perro que ladra no muerde.

Se queja pero no combate”

(Aforismo implicado A. G.)

Por eso escribí que el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo. Plantarse en un antimacrismo a histórico, donde se deploran efectos sin analizar causas, donde queda oculto la alianza FPV y PRO en espacios legislativos, es otra canallada que debemos combatir. Aunque el remedio sea peor que la enfermedad, no añoro la enfermedad, sino que busco otro remedio.

Hoy hay boicot a los súper mercados. La desobediencia civil prepara la insurrección. Hay que boicotear todas las formas de robo calificado que llaman gobernar. El sapo montonero fue el relato alucinatorio que podían unirse capitalismo serio con derechos humanos. Arrasaron los derechos humanos y desarrollaron el capitalismo que tiene la misma seriedad que la tota del sel. No debe sorprendernos que el presidente Macri tenga cuentas off shore. Si la cabra al monte tira, el empresario al off shore se abalanza. Capitalismo y legalidad no se llevan bien.

Pero la pregunta es qué hicimos para que un empresario hijo de un empresario que pactó con todos los gobiernos, que de franco nada tenía, sea hoy presidente electo, aunque cada vez menos erecto. El sapo montonero que fuera relato del gobierno anterior tiene, a mi criterio, una enorme responsabilidad no asumida aún por la mariscala de la derrota.
La denuncia por el asesinato de Rucci, cuando la familia del dirigente sindical y operador de organizaciones de la derecha, cobró la indemnización aceptando por lo tanto que el asesinato era consecuencia del terrorismo de estado, es otro sapo montonero. Quiero creer que esta vez no vamos a tragarlo.

Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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La CTA Autónoma, Consumidores Libre y la Defensoría de la Tercera Edad porteña  convocaron a boicotear a las grandes cadenas de supermercados de todo el país mañana con el fin de expresar un claro mensaje hacia estos formadores de precios que fomentan la inflación y el abuso de los precios.

Bajo la consigna “#SúperVacíos”, la iniciativa apuesta a que sea la población, al no realizar compras, la que exprese un contundente mensaje a quienes remarcan a diario los alimentos como la leche, la carne, el pan y demás productos básicos en la mesa de cualquier familia, por un lado, pero también para quienes tienen la responsabilidad de gobernar y no toman medidas al respecto.

“Los ‘súper vacíos’ darán el mensaje pacífico pero elocuente, de una ciudadanía cansada ante la inflación y la suba permanente e indiscriminada de precios. Sabemos que no comprar durante un día no es la solución, pero estamos convencidos que va a ser un mensaje muy claro a los grandes comercios que abusan de nosotros y también para quienes gobiernan”, afirmaron las organizaciones convocantes.

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(Por Francisco J Cantamutto) Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

  1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
  2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
  3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
  4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llevan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva (Tax Justice Network) encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar-, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.

Se espera hoy una masiva adhesión al paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En Bahía Blanca se concretará con una concentración en Plaza Rivadavia a las 10 convocada por SUTEBA, ADUNS, FEB y SADOP. Luego de un homenaje a Carlos Fuentealba y una clase pública a cargo de docentes universitarios, maestrxs y profesorxs marcharán al rectorado de la UNS y al Consejo Escolar.

“Las tizas no se manchan, la lucha continúa” advierte una de la consignas de la jornada que evidencia la impunidad política y material del fusilamiento del maestro neuquino Carlos Fuentealba ocurrido el 4 de abril de 2007 durante una protesta gremial contra el gobierno de Jorge Sobisch.

La secretaria de SUTEBA Bahía Blanca, Gabriela Delfino, dijo a FM De la Calle que “nada está resuelto en educación” y eso se manifiesta en el ámbito local en las numerosas falencias en infraestructura, los recortes en los comedores escolares, el fin del Plan Más Vida y la mala calidad de la lecha entregada por el municipio a los jardines. “Es como que vamos sumando cosas”.

Respecto a lo salarial, “en la provincia de Buenos Aires si bien hubo un acuerdo lo que no quedó escrito y que por los dichos del gobierno no se va a respetar es la posibilidad de reabrir la paritaria, vamos a terminar de cobrar lo acordado en septiembre, al nivel que se está dando lo inflacionario y los aumentos que vamos a percibir con el tema de la tarifa de los servicios, nuestro aumento va a quedar disminuido. El acuerdo que se hizo desde la CTERA para toda la Argentina, para que todos los docentes cobraran un mínimo de 8500 pesos tampoco se está pudiendo sostener”.

En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Santiago del Estero los gremios docentes continúan en conflictocon sus gobiernos. “En dos de ellas están poniendo a prueba algunas cuestiones que nos preocupan, en Mendoza el Ítem Aula claramente es un retroceso y un ataque a los estatutos provinciales porque intenta unir el presentismo a la situación de tratar de dividir dentro de las escuelas lo que cobran los docentes. Quienes están a cargo de niños, dentro del aula, van a tener la posibilidad de cobrar más que aquellos que no lo estén”.

“Pero el aumento está ligado al presentismo, aquel docente que no falte durante determinada cantidad de días lo percibiría, por ejemplo, una docente que sale por licencia por maternidad no estaría en condiciones de percibir esta bonificación. En la provincia de Buenos Aires ya hemos tenido el tema del presentismo que ascendía en su momento a casi una tercera parte del salario total. Es un claro retroceso como derecho y no va a cambiar la calidad de la educación”, agregó Delfino.

(Por Laura García Vázquez) Esta nota tiene por objetivo destacar un hecho inusual que consiste en que el “cambio climático” haya sido uno de los protagonistas en un Congreso de trabajadores de la energía, y, además que esto se haya dado en un contexto muy difícil para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en medio de despidos y recortes propiciados por el gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri. También estamos ante un aumento desmedido de las tarifas de los servicios, con lo cual, el eje sostenido durante años por FeTERA: ” la energía es un BIEN SOCIAL, un derecho humano, un problema de todos, LA ENERGÍA NO ES UNA MERCANCÍA”, se convierte en un objetivo prioritario que es necesario difundir y trabajar con la población en su conjunto. El desafío es encontrar una forma de comunicar y compartir para poder desarrollar la necesidad de que la energía sea vista como un derecho fundamental que necesita ser reclamado por todos. Este es el contexto nacional.

Por otro lado, nosotros señalábamos hace poco tiempo, en diciembre de 2015 con respecto a la COP 21:  “Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.”

Por eso en este Congreso señalamos: que es importante detenernos en la situación actual, que tenemos que saber a ciencia cierta que estamos ante un gobierno que puso un Ministro de Ambiente que “dice” todo el tiempo que defienden el ambiente, mientras retiran las retenciones a la megaminería.  Que también dice que este es un problema de todos, cuando las responsabilidades y posibilidades de actuar son tremendamente desiguales. Tenemos claro también, que una parte de los negocios privados y extranjeros que se priorizan actualmente en la Argentina tendrán el sello de la “Economía Verde”, que esto es una política mundial. El rol de los trabajadores de la energía es crucial,  está claro que tenemos que diversificar nuestra matriz pero que esta diversificación tiene que ser con el objetivo de democratizar y abaratar el acceso a la energía. Como dicen muchos compañeros de FeTERA  ¿Qué energía queremos y para qué? ¿Hacia qué modelo productivo queremos transitar?  La energía no sólo es un derecho humano fundamental sino que está ligado a la supervivencia: agua, alimentos y energía es lo que necesita todo ser vivo para conservar la propia vida.

El Congreso contó con la valiosa participación de María Elena Saludas quien intervino especialmente en este punto. Su claros y concisos señalamientos en un tema de por si complejo fueron enriquecidos por la voz de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Este tema, dijo,  tiene que ser abordado por todos y desde los saberes de todos, no es un tema de “especialistas”  como se nos quiere hacer creer sino que está ligado a la educación popular, es un tema de las poblaciones los modos de producción, distribución y consumo y son las grandes corporaciones y empresas transnacionales las que producen la crisis climática.   Luego, intervinieron, entre otros, Juan Alberto Llanos señalando la falta de nieve y de agua en la Patagonia y el negocio inmobiliario que determina todo esto, así como un problema de extranjerización de la tierra instalándose familias extrajeras en forma permanente. Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA explicitó que tenemos un problema civilizatorio, formamos parte de una cultura global en dónde la industria del automóvil domina nuestro comportamiento mucho más de lo que creemos, lo mismo sucede con la cultura del derroche y el descarte. Todo esto lleva a una sobreexplotación y hasta unas autoexplotación de los trabajadores y trabajadoras donde la plusvalía es nuestra propia vida. Terminó diciendo que tenemos que trabajar en defensa de un sistema de transporte público eficiente y defender la industria de productos de larga duración. En definitiva se trata de romper el deseo permanente de consumir cosas.

Ha sido una experiencia inenarrable compartir el Congreso de esta organización sindical conducida por José Rigane, organización ejemplar que construye día a día conciencia social y política en un tema crucial y estratégico como la energía. Poder trasmitir esta compleja realidad que muchos intentamos describir de manera sencilla y accesible es nuestra obligación y nuestro trabajo por delante ya que los efectos del cambio climático nos van a afectar a todos pero en primer lugar a los pobres y excluidos.

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El libro “Profeta del genocidio”, de Ariel Lede y Lucas Bilbao, será presentado este domingo a las 19 en el SUM de los Museos de Arte, como parte de las actividades que propone la muestra “Derechos Humanos, museo abierto y en acción”. Participarán junto a los autores los periodistas Diego Martínez (Página/12) y Diego Kenis (Agencia Paco Urondo).

Los diarios que llevó Bonamín durante 1975 y 1976 reúnen la doble condición de fuente historiográfica insustituible y aporte de peso a las causas contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Al mismo tiempo son un testimonio en primera persona por el que desfilan, junto a nimiedades cotidianas, secuestros, asesinatos, torturas. A continuación el diálogo de FM De la Calle con el historiados Lucas Bilbao.

-“Profeta del genocidio” es un libro con una fuente valiosísima desde lo histórico, judicial y testimonial que son ni más ni menos que los diarios que escribió el provicario castrense Víctor Bonamín entre los años 75 y 76. La pregunta que surge -y supongo han respondido en más de una ocasión- es: ¿cómo se hicieron de esta documentación?

Exactamente. El libro consta de dos partes, una de esas partes es la publicación completa de los diarios personales de quien fuera provicario castrense entre el año 60 y el 82, estos diarios pertenecen al año 75 y 76, es decir, corresponden con el período del inicio del terrorismo de Estado y en dictadura, el primer año.

¿Cómo nos hicimos de los diarios? A partir de una investigación que habíamos empezado con Ariel sobre curas del tercer mundo y trabajando con uno de ellos que era archivero, José Meisegeier, jesuita, muy reconocido justamente por su archivo, entre las cosas que tenía estaban estos diarios. Un hombre grande, ya cerca de ochenta años, y hace ya casi siete años que empezamos a ver cómo se le daba forma a eso que nunca había trabajado, estaba ahí, se sabía que era una fuente importante por las anotaciones que registra Bonamín.

-Antes de meternos en quién era Bonamín y qué plantea en estos diarios, desde el abordaje histórico, periodístico, del material, ¿cómo organizaron este proceso de siete años?

En primer lugar estudiar bien las fuentes, quién era Bonamín y a través de Bonamín conocer la institución que representaba que era el Vicariato castrense, este vehículo fundamental que tuvo el terrorismo de Estado y las fuerzas armadas para hacer sagradas sus acciones, para sacralizar las acciones en el marco represivo.

La etapa de contextualización la pudimos ir haciendo a partir de fuentes. Lo más a mano que teníamos era lógicamente la prensa. Bonamín en sus diarios, cualquiera que lo lea va a notarlo, era un hombre que viajaba mucho porque la diócesis, es decir, la jurisdicción que él atendía, eran las unidades militares de todo el país. Está viajando constantemente, cada tres o cuatro días está visitando una unidad y recorre toda la Argentina desde la Patagonia hasta el norte, los cinco cuerpos de Ejército.

En la prensa salía muchísimo este tipo de noticias avalando o legitimando también la acción militar, fundamentalmente después de 76. Daba mucho lugar a la cuestión religiosa y de los obispos vinculados a las fuerzas armadas.

Después también pudimos ir contextualizando con otro tipo de fuentes importantes como fueron los boletines que el mismo Vicariato distribuía cada tres meses o los mismos legajos de los capellanes que tiene actualmente el Ministerio de Defensa.

Ha sido un trabajo enorme, un rompecabezas muy grande para poder ir armando no solo la trayectoria de una figura como la de Bonamín sino también ir a lo más importante, la trayectoria de una institución que se había creado en un marco de dictadura, en la del año 57 de Aramburu, y había permanecido y profundizado su lugar, había tomado un rol protagónico para los años 70.

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-¿El Vicariato como institución, y Bonamín particularmente, de qué manera, a través de qué actividades o funciones cumplían el rol de sacralizar la represión?

Lo que decimos es que el Vicariato participó como educador de esas fuerzas armadas, que no son sólo los años 75 y 76, es un proceso largo en la historia política argentina donde la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante al lado de las fuerzas armadas. Eso viene desde principios del siglo XX.

Ahora, con la creación del Vicariato lo que le permite a las fuerzas armadas es tener a la Iglesia en su mismo seno. Hay una función educadora, pensemos en el marco de la guerra fría, de la doctrina de seguridad nacional, donde estos formadores y educadores que eran los capellanes de todas las unidades que tenían semanalmente y tres veces por semana una función educativa dentro de las bases y unidades militares, hay toda una función de cuál es el enemigo, siempre es el marxismo, la izquierda, y ya hacia los años 70 ese concepto se va delimitando y va a aparecer el fenómeno que ellos llaman “de la subversión”. El enemigo lisa y llanamente es la subversión. ¿Quiénes son los subversivos? Eso es un juego que han ido delimitando las fuerzas armadas, la Iglesia, la prensa, un conjunto de actores sociales y para los años 74, 75, 76, el blanco ya está mucho más certero y los años de dictadura ya saben contra quiénes deben ir.

-¿Los meses previos al golpe qué decía Bonamín?

Él registra día a día de qué hablan, cuáles son los temas importantes políticos y al interior de las fuerzas armadas o de la Iglesia, él está al tanto de todo fundamentalmente por la comunicación y la fluidez con la que visitaba las unidades militares, sobre todo los centros de formación, los edificios o lugares donde se concentraban las jerarquías militares. La fuente nos sirve para poder mirar al dedillo estos espacios que recorre y lo que se está conversando, sabiendo, en esos lugares. Pensemos que en el 75 se inicia el Operativo Independencia, es una fuente para poder mirarlo también con mucha claridad.

Bonamín relata la cuestión de las torturas, de los robos por parte del Ejército, las tareas represivas, etcétera. No teníamos, en Argentina al menos, una fuente similar, un diario personal donde viene un militar, habla con él y registra lo que hablaron. Bonamín vive para el mundo militar, es un militante de lo que está haciendo, entonces las conversaciones y anotaciones que aparecen la gran mayoría están vinculadas a la cuestión militar o eclesiástica en ese contexto particular. Nos ayuda a comprender mejor no solo la alianza entre la Iglesia y las fuerzas armadas sino los planes que traían las fuerzas armadas, por eso hablamos de planes sistemáticos, de reestructurar y reorganizar a la sociedad.

-¿Bonamín era la cabeza de una red de capellanes de cuántos centenares?

400 logramos localizar en todo el período, entre el 75 y el 83. En el 75 y 76 eran más de 260 capellanes. Hicimos el número completo de los que pasaron entre esos años por el Vicariato.

-200 igualmente no es un número despreciable…

No, para nada teniendo en cuenta la población militar y si a eso lo comparamos con, por ejemplo, la feligresía que tiene cualquier cura de parroquia.

profeta-¿Qué rol cumplían esos capellanes en relación a los detenidos en las unidades militares o sus familiares que generalmente se acercaban pidiendo información?

Ahí logramos contabilizar que 110 capellanes convivieron en unidades que tenían y alojaban centros clandestinos de detención. Hicimos un trabajo muy fino de poder pensar y analizar las funciones que tuvieron estos capellanes. Personas de una legitimidad y un trabajo como los capellanes militares en ese momento, los capellanes castrenses están full time trabajando en el Vicariato, visitan seis de siete días de la semana una unidad militar, están en contacto permanente no solo con las tropas sino con las jerarquías de esas unidades militares, saben lo que circula, la información que da, lo que sale, es imposible que estos capellanes estuvieran sin conocer lo que sucedía en un lugar que no le es ajeno. No se trataba de curas que iban usualmente a hacer una bendición, se trataba de funcionarios que iban seis días a la semana con tareas específicas, a veces de catecismo, a veces de charla, casi siempre en la labor educativa, más la ceremonia. Es imposible pensar que estos capellanes estuvieran al margen de la cuestión represiva.

En algunos casos a partir de testimonios, e incluso de lo que está saliendo en los juicios de delitos de lesa humanidad, sabemos de funciones vinculadas a la represión específica que tuvieron muchos de ellos como fue estar en las sesiones de tortura, amedrentar la conciencia de los genocidas, etcétera.

-En Bahía Blanca la justicia avanzó solamente en el caso de Aldo Vara, ex capellán del Batallón de Comunicaciones que terminó falleciendo antes de ser trasladado para ser indagado. En otras jurisdicciones y en base a la expectativa que tenían al aportar el material, ¿qué repercusión judicial tuvo la investigación?

Pudo ser incluida en alrededor de diez causas por delitos de lesa humanidad, algunas todavía están en curso, quizás la más emblemática fue la del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, donde los diarios sirvieron como prueba fehaciente para poder fundamentalmente contextualizar no solo la labor que había tenido el Vicariato castrense en esa estrategia de cercamiento hacia el obispo Angelelli, de quedar en una situación de soledad y de ser un blanco perfecto para las fuerzas armadas.

Ahí cumplió un rol fundamental el Vicariato en deslegitimar la pastoral de un obispo de la Iglesia Católica, es la misma Iglesia la que le está deslegitimando frente a los militares a uno de sus obispos. Como dice la sentencia, sin esta ayuda y complicidad del Vicariato castrense a la fuerza militar le hubiese sido al menos un poco menos fácil.

-Por último, ¿por qué aparece el capellán del V Cuerpo de Ejército Dante Inocencio Vega en el listado de quienes participaron del Operativo Independencia en Tucumán?

Es interesante poder mirar el proceso, nosotros también lo analizamos en particular dentro del libro. A partir de leyes que crea el gobierno de Isabel envían tropas a aniquilar -dicen ellos- la guerrilla rural en Tucumán. Eso va a durar al menos tres años, estamos hablando de 450 militantes y personas vinculadas a las organizaciones armadas con un ejército que despliega una fuerza de más de 2500 personas. Ahora, lo que necesitan las tropas del ejército y las fuerzas que están cumpliendo funciones en Tucumán es que la moral de los militares no decaiga en lo que fue ese ensayo de “guerra” -según ellos- que tuvieron los militares.

Era la primera vez después de años de hablar de la afronta ideológica contra el marxismo, de por lo menos más de diez años, era la primera vez que el ejército en territorio argentino le daba “guerra” a la guerrilla. Era el momento de aniquilarla.

Los capellanes tuvieron una función fundamental, incluso está dentro de la legislación especial que crea el Ejército para esos años, en ayudar a no quebrar la moral de los combatientes. Estaban al lado de las tropas para fortalecer espiritualmente el proceso de aniquilamiento de la guerrilla.

Muchos eran soldados conscriptos de 20 o 21 años que por primera vez participaban en acciones de ese tipo y que -lógicamente y como lo relata Bonamín en sus diarios- aparecen los problemas de conciencia, frente a eso, al lado están los capellanes para dar una seguridad moral. En ese proceso es que van pidiendo cada vez más capellanes, no solo del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba sino que empiezan a llamar a algunos de otro, del V Cuerpo creo que el único que va es Vega.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó esas condenas para Jorge Conti, Carlos Villone, Julio Yessi y Rubén Pascuzzi, todos ellos pertenecientes a la organización paramilitar desde cargos formales que ocupaban en el ministerio de Desarrollo Social que conducía José López Rega. A uno de ellos se le imputa haber ordenado el asesinato del padre Carlos Mugica. La causa tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó que cuatro integrantes de la Triple A sean condenados a penas de reclusión perpetua por cuatro homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves cometidos por la organización paraestatal que funcionó bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1973 y 1975.

En el marco de una causa que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó a Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi y Rubén Pascuzzi distintas intervenciones en torno a cuatro sucesos: la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del gremialista Carlos Llerena Rosas; la privación ilegítima de la libertad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Oscar Dalmacio Meza, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia” y el asesinato de los tres hombres; la privación ilegítima de la libertad de Carlos Tacchela, Alfredo Manachian y Roberto Omar Leonardo, quienes hasta la actualidad continúan desaparecidos, y la coautoría del crimen del padre Carlos Mugica, junto a las lesiones graves causadas a Ricardo Capelli. Los cuatro ya fueron condenados en febrero, junto a Norberto Cozzani, por la jueza federal María Romilda Servini por el delito de asociación ilícita. La misma magistrada interviene en la causa.

En particular, a Conti se le atribuye haber dado la orden para cometer los crímenes contra Llerena Rosas y los miembros del PST en lo que se conoció como “La masacre de Pacheco”, en los que habría participado Yessi junto a otras personas. A Villone se le imputan los mismos hechos, a los que se les suma su participación directa en los que afectaron a Tachela, Manachian y Leonardo en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y la orden para asesinar a Mugica. Finalmente, a Pascuzzi se lo sindicó como uno de los que participó del operativo contra el sindicalista mencionado.

El fiscal federal reseñó que en el trámite de la causa principal “se presentaron varias asociaciones y personas -damnificados o familiares de damnificados por hechos que se atribuyen a esta organización criminal-, motivo por el cual fueron incluidos seiscientos ochenta y un (681) casos de secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas y atentados”, y que por ese motivo “se formaron múltiples incidentes de investigación en los que se han adoptado diversas medidas de prueba”. Muchos de ellos continúan “en plena etapa de investigación”. En ese sentido, explicó que la Alianza Anticomunista Argentina fue “digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación” como “uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad con la actividad de López Rega o la administración central, procedentes de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetrar atentados contra locales partidarios”.

El secuestro de Llerena Rosas

El primer caso abordado en el escrito presentado en la etapa de plenario es el de Llerena Rosas, quien fue secuestrado el 30 de octubre de 1974 en las oficinas de la Asociación Personal del INTA (APINTA) ubicadas en Malabia 2157, en Palermo. De allí fue sacado a punta de ametralladora y cara descubierta por un grupo en el que fueron identificados Rodolfo Almirón -ya fallecido-, Yessi y Pascuzzi. El cadáver de la víctima fue hallado horas después en Ezeiza, con varias heridas provocadas por disparos con armas de fuego. La hipótesis de un testigo es que el crimen se cometió porque Llerena Rosas, como delegado, “proponía remover al Secretario General” del gremio.

“La masacre de Pacheco”

De la investigación surge que pasada la medianoche del 30 de mayo de 1974, un grupo integrado por 15 personas arremetió contra un local del PST ubicado en El Talar de Pacheco. Tras un primer ataque a balazos de metralleta, los agresores entraron al local y se llevaron a Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia”; antes de subirlos a los vehículos se toparon con Meza, quien estaba afuera. Los cuerpos de Zidda, de 22 años de edad y presidente del centro de estudiantes de una escuela técnica de Tigre; Moses, de 25 años y delegado en la fábrica Wobron; y Meza, de 26 años y delegado en Astilleros Astarsa, fueron encontrados en la Ruta Nacional 6 a la altura de la localidad de Manzanares. La testigo Ferraté identificó a Yessi como la persona que estaba a cargo del procedimiento.

Secuestros en Valentín Alsina

Por otra parte, la acusación efectuada por el fiscal Taiano también consideró acreditado que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1974 se produjo la privación ilegítima de la libertad de Roberto Leonardo, Alfredo Manachian y Carlos Tachella, quienes permanecen desaparecidos desde aquel día. Durante esa jornada también se encontraban en el lugar las parejas de Leonardo, Silvia Nieves Negro, y de Manachian, Nélida Ramos, que desde allí fueron llevadas a la Comisaría de Lanús, al Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield” y finalmente al penal de Olmos, donde se “legalizó” su situación.

Sobre el operativo, la testigo Nieves Negro refirió que un grupo ingresó provisto de armas largas, identificándose como “Triple A”. Tras ello, “ponen una máquina de escribir y nos empiezan a hacer preguntas. Nos preguntaban sobre nuestros datos personales, y en ese momento se empiezan a repartir las cosas que había en la casa, empezaron a robar otras personas que también estaban en la casa”. Nieves Negro fue llevada a una maternidad de La Plata, en donde dio a luz a su hijo, y de regreso a Olmos tuvo que criarlo en pésimas condiciones de salubridad hasta que en 1976 pudo entregarlo a su familia. Fue quien reconoció a Carlos Alejandro Gustavo Villone.

El caso del padre Mugica

El 11 de mayo de 1974, después de las 20, Eduardo Almirón, secundado por Miguel Ángel Rovira, disparó cinco veces contra Carlos Mugica a metros de la iglesia San Francisco Solano. Junto a él se encontraba Ricardo Rubens Capelli, que sufrió lesiones graves por balas provenientes desde adelante. Así lo determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 el 12 de julio de 2012, en el marco del expediente 14.905/2009, a través del testimonio de al menos cuatro testigos del homicidio que vieron también cómo los atacantes escapaban a bordo de un Chevrolet de color verde claro, que luego se identificó como robado.

Además de los autores directos, a través de la pesquisa en la que intervino la fiscalía a cargo de Taiano se concluyó que ambos respondían a las órdenes de Carlos Villone. Al respecto, cabe señalar que Mugica se había vinculado con el Ministerio a través de una asesoría ad honorem para hacer trabajo social en el barrio de Retiro. “Cuando Carlos toma conciencia de que desde esa secretaría de Bienestar Social no hay el menor interés en hacer nada por su gente, hace en la villa una renuncia pública, ante una multitud, y él dice que les pide permiso para renunciar a su puesto (…). Pienso que esta denuncia pública ante una multitud y pasada por televisión, fue su sentencia de muerte”, consideró su secretaria.

La fiscalía recordó que entre los elementos probatorios se encuentran los testimonios del edecán presidencial Tomás Medina, quien “manifestó que antes de que asesinaran a Mugica pudo escuchar una conversación mantenida entre Rovira y Almirón donde decían, refiriéndose al sacerdote, ‘a éste le vamos a hacer la boleta’”. “Ello coincide con los dichos de Salvador Horacio Paino, quien tuvo conocimiento de que López Rega había dispuesto que un grupo de personas, entre la que figuraba el Padre Mugica, serían ejecutadas por la Triple A”.

Cargos en el Ministerio

Tal como se estableció en las condenas de febrero por asociación ilícita, todos los acusados integraron la agrupación de extrema derecha desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno de López Rega.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Finalmente, se determinó que el policía Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Fuente: fiscales.gob.ar

Tal como informáramos el lunes, cuatro miembros de la Alianza Anticomunista Argentina fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría a cuatro años de prisión por el delito de asociación ilícita.

“Esperamos que ahora se empiecen a juzgar las demás instancias y hechos de la Triple A pero es un camino complicado el que tenemos, más por el cambio político, y que tememos que todas las causas de lesa humanidad o que tengan conexidad con las mismas sufran un retraso”, dijo a FM De la Calle Pedro Dinani, abogado de la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El juicio se realizó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), por ende, “al no haber juicio oral, la publicidad del acto queda a través de la prensa que se interese o básicamente con la cédula que nos llega a nosotros pero no toma estado público ese procedimiento porque es netamente escrito y no se escuchaba a los testigos de manera oral”.

Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi integraron la banda “proyectada, materializada, financiada y conducida” por agentes públicos como el ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, José López Rega.

“Se establece que López Rega sería el eslabón más alto y que la coordinación partía del ministerio en el cual él tenía asentadas sus funciones y por lo cual, a partir del Ministerio de Bienestar Social se coordinaban todas las acciones de esta asociación ilícita. Eso queda acreditado y puede servir como base para futuras imputaciones de las personas que se encuentren”, aseguró Dinani.

El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.

Dinani afirmó que “es la primera vez que se logra una condena porque en las más de las veces cuando se llegaba a un proceso previo a una condena fallecía el imputado o entraba en un estado de senilidad absoluta. Si bien se los condena por asociación ilícita por integrar la Triple A, no se los condena todavía por la inmensa cantidad de delitos y asesinatos que cometió la Triple A, por eso el monto de la pena es de cinco años”.

“Hubo un impulso central de la Liga en llevar adelante las causas de la Triple A, también una predisposición del juzgado de Oyarbide de procesar y detener a estas personas, son relativamente jóvenes, eran en ese momento grupos operativos de la Triple A, se los puede detener en función de que contaban con 65 o 68 años de edad, la plana mayor de la Triple A obviamente es mucho mayor”.

Dos de los detenidos continuarán con arresto domiciliario y otros tres en prisión, “quedaría por probar qué tarea cumplió cada uno de ellos en los crímenes de la Triple a, es una tarea compleja y va a costar mucho pero esta sentencia nos da un impulso”.

(Por Laura García Vázquez) Hace 4 años escribía este texto, dedicado a la memoria de mis padres, Néstor Enrique García y María Ester Vázquez, de cuya desaparición se cumplirán 39 años el próximo 13 de julio, y, a través de ellos, a toda su generación de compañeros y compañeras militantes revolucionarios.

Me pregunto, una vez más ¿ Por qué es que desaparecen? y respondo, cada vez con más certeza:  porque no todos somos iguales.

“Que la memoria nos ayude para que lo simbólico no nos tape lo real. Por la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos.

Queremos orientar nuestra reflexión hacia el significado de un hilo conductor histórico. Desde el: “seamos libres, lo demás no importa nada” de nuestro general San Martín, pasando por el “Liberación o dependencia” de los 70 queremos llegar a nuestros días.

Desde nuestra mirada, luchar hoy por la emancipación de nuestra patria, por el futuro para nuestros hijos e hijas tiene que ver, directamente, con recuperar nuestros recursos naturales, todos, los de las islas Malvinas y los de la plataforma marítima y continental, con no permitir el saqueo producido por empresas transnacionales, con ser un país con soberanía energética y con soberanía alimentaria, que proteja el medio ambiente, que favorezca el desarrollo cultural y social y los derechos humanos de todos sus habitantes.

Como hay tanto por hacer, creemos que el 24 de marzo es un día de homenaje, de reflexión, de construcción. El mejor homenaje que podemos hacer hacia los desaparecidos es trabajar para que el avance producido en el campo del poder judicial con el desarrollo de los juicios a los genocidas se traslade al campo de la economía donde las consecuencias de la dictadura afectan directamente a gran parte de nuestros hermanos. El proceso iniciado por Jorge Rafael Videla y que continuó  en otros gobiernos democráticos vino a ahondar nuestra dependencia. La deuda externa fue contraída ilegal e ilegítimamente mientras se asesinaba impunemente a miles de argentinos. La represión fue un paso necesario para endeudar a nuestro país y acentuar su dependencia. Gobiernos democráticos, un poco más tarde, continuarían con este plan  efectivizando el saqueo mediante entregas y privatizaciones.

Por todo esto el “no pago de la deuda” no es una consigna vacía ni panfletaria sino que representa directamente el dolor de las muertes, las de los desaparecidos y las de las muertes evitables que se produjeron durante todos estos años. Y es una consigna con un gran valor histórico que no olvidamos los que venimos con esta lucha desde la dictadura. Nos parece bien que se haya bajado el cuadro de Rafael Videla, pero no nos parece bien que se pague la deuda al Club de París, contraída durante la dictadura. Esta deuda se paga con nuestras reservas que deberían usarse para necesidades urgentes e imprescindibles para el bienestar de toda la población. Con su pago se van los esfuerzos y el trabajo de los argentinos.

El significado de este proceso está perfectamente denunciado por Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, carta de la que justamente hoy se cumplen 35 años.”

24 de marzo de 2012

Incorporamos, cuatro años más tarde, alrededor del 24 de marzo de 2016, algunas palabras referidas a este tiempo que estamos viviendo los argentinos. Siempre, desde hace 40 años, hago un balance alrededor de esta fecha tan dolorosa y particular. No pudiendo escapar a las décadas, los números redondos redimensionan la historia, la verdadera historia, desde una mirada que intenta incorporar pasado, presente y, sobre todo, futuro.

Nuestro país gobernado por Cambiemos

Cuatro años después, es otra la situación en la que nos encuentra este nuevo 24 de marzo donde los argentinos salimos nuevamente a marchar por Memoria Verdad y Justicia por las plazas y las calles de todo el país. Múltiples causas han determinado esta etapa que nos toca atravesar en la cual, creemos, humildemente, que, justamente en el año del Bicentenario de la Independencia, se ha vuelto a reformular lo contrario: la dependencia. No porque la hubiéramos superado en estos años anteriores sino porque los acontecimientos nacionales y latinoamericanos indican claramente un retroceso considerable a favor de la dependencia y esta realidad amerita, aunque no es tema de este escrito, estudiar seriamente y con autocrítica lo sucedido, como responsabilidad de cada persona, o grupo, u organización. Todo esto representa una cruel ironía del destino, tan cruel como tener que admitir que ganó las elecciones una alianza encabezada por un partido (el PRO)  que no tiene, ni siquiera, un pedacito de origen popular, obviamente con la complicidad y la ayuda de un partido que traiciona, una vez más, su origen. Me refiero a la Unión Cívica Radical.

La conciencia de la realidad nos indica que se producirá en los próximos meses  una gran recesión, y también que, por otro lado, hay reacciones importantes, pero que el grado de fragmentación y de disputas mezquinas y egoístas todavía prevalece demasiado y actúa en contra de la necesidad de unirnos y organizarnos.

Hegemonía o democracia

En el camino de fortalecer la esperanza y el espíritu patriótico y emancipador de tantos hombre y mujeres latinoamericanos que han trabajado incansablemente por la emancipación y la integración de los pueblos, es momento de considerar seriamente cómo buscamos la unidad necesaria, ante esto creemos que hay dos visiones: la hegemónica que lleva a disputas internas o competitivas a ver quién o quiénes dirigen o conducen las acciones (y que por lo tanto implican dominar,  utilizar y hasta a veces desaparecer al otro, sea una persona o una organización) o la democrática (que nada tiene que ver con lo formal e institucional de la democracia) que necesita de grandeza, solidaridad, respeto, diálogo, intercambio. Por supuesto esto amerita un gran cambio cultural de la práctica política pero sin duda contribuiría a aumentar la participación de personas independientes y ayudaría a reunir fuerzas y voluntades a la hora de enfrentar el proceso político que estamos sufriendo.

Habría que separar los momentos de construir lo propio de los momentos de unirnos y organizarnos en la acción, sin perder convicciones propias ni objetivos comunes. Esto sería sabiduría, eso quisimos que sucediera el pasado 24 de marzo. Por esto seguimos trabajando diariamente considerando que hoy es un trabajo imprescindible para la liberación, que sigue siendo nuestra necesidad.

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(Por Alfredo Grande) El 30 de diciembre de 2004, se perpetró la mayor masacre civil en la Argentina. La cultura represora tiene, al igual que la divinidad, designios inescrutables. Pero por eso debemos escrutarlos, denunciarlos, combatirlos. Esa noche de la masacre nada podía ser entendido.

Confusión, dolor inaudito, sorpresas que no daba la vida sino que daba la muerte. Varias veces he dicho que las muertes no son todas iguales. De la misma manera que no todas las vidas son iguales.

Masacrar niños por hambre, asesinar jóvenes por el delito de bailar y divertirse, extinguir ancianos por la osadía de haber vivido, no deja lugar para ninguna esperanza. Aclaro: esperanzas de la salvación de alguna providencia. La salvación será auto gestionada o no será. La salvación no hay que esperarla sino que hay que ir a buscarla. Y los colectivos que enfrentan a la cultura represora son tan necesarios como escasos. Muchos terminan negociando espacios de poder lo que algunos llaman “cooptación”. Palabra suave para designar la moral de la traición que funda la política de occidente.

La masacre de Cromañón fue ignorada por muchos organismos de derechos humanos. Solo la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos apoyaron a familiares y sobrevivientes.

“Resistir es vencer.
Y vencer es
seguir resistiendo”

(Aforismo implicado A.G.)

Tengo clavada en mi memoria el llanto de Ariel Bignami, militante comunista, por un nieto asesinado en un lugar bailable. Trampa mortal de empresaurus depredadores. El colectivo Cromañón cometió el peor de los pecados: pidió justicia para sus muertos, sin que importara la camiseta partidaria de los muertos. El divino Ibarra, al cual le debo mi idea del “retroprogresismo” no debía ser atacado. No podía ser atacado. Porque era hacerle el juego a la derecha. O sea: al Pro.

Y fue al revés: los que le hicieron el juego a la derecha liberal y a la derecha fascista fueron los templarios nacionales y populares. Desde la Jefa indiscutible, al decir de Luis D’ Elía, pasando por Estela de Carlotto que luchó para recuperar nietos desaparecidos, pero que ante jóvenes masacrados optó por defender al César y participó de un acto de apoyo a Ibarra. Para no hacerle el juego a la derecha había que mirar para otro lado, escuchar para otro lado, pensar para otro lado.

¿Una discoteca transformada en una trampa letal para masacrar 192 jóvenes es una política de izquierda, progresista, socialdemócrata? Y alguna salvación vino de los propios jóvenes que murieron para salvar otros jóvenes.

El 30 de diciembre de 2014 se escribió con sangre, pero con sangre indeleble, la historia de otra masacre no anunciada. Hay muertes no anunciadas. Y si alguien pretende ver los anuncios de la masacre en cada acto de los gobiernos, lo diagnostican de paranoico. Por eso definí hace años la “lógica Cromañón”. Ausencia total de prevención, ausencia total de cumplimiento de normativas básicas de seguridad, ausencia total de conciencia de responsabilidad individual y social, ausencia total de autocrítica, ausencia total de medidas que puedan reparar el daño realizado.

“Aunque el remedio
sea por que la enfermedad,
no elogiemos la enfermedad
mientra combatimos el remedio”
(Aforismo implicado A.G.)

La Lógica Cromañón esa una de las lógicas de la cultura represora. La masacre de Once, el exterminio de los pueblos originarios, el hambre aguda y crónica, el hacinamiento, las instituciones de encierro, en todas, en cada una, y en todas las que faltan, la lógica cromañón es Ley Represora y Destructora.

Por eso entrevistamos a Clara Barbero, junto a Irene Antinori, en mi programa Sueños Posibles. Y a Cristina Bernasconi. Y por eso la primera etapa de Sueños Posibles la compartimos con José Iglesias. Abogado de una de las querellas. Y estuvimos marchando con Jorge Garaventa, Susana Etchegoyen, y muchas otros y otras. Ninguna lucha termina porque enseguida aparece otra lucha.

La lógica Cromañón será arrasada por los colectivos autogestionarios. “Ni la bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción” Otra paradoja de la cultura represora: la corrupción es inmaculada. Por eso el diablo sabe por viejo. Desde los 30 dineros a la actualidad, la corrupción sigue matando. Habrá que matar a la corrupción.

Chicas muertas es un libro de no ficción que reconstruye tres femicidios impunes ocurridos en el norte de nuestro país, a partir de los cuales la entrerriana Selva Almada despliega “esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio”.

Almada participó esta mañana del micro de Acciones Feministas durante la emisión del programa En Eso Estamos de la FM De la Calle. Nacida en 1973, también es autora de Ladrilleros, El viento que arrasa, Una chica de provincia, Niños y Mal de muñecas. Su publicación más reciente es El desapego es una manera de querernos una reunión de relatos “dispersos e inhallables”.

“La idea de escribir un libro sobre estos casos arranca con un caso que yo conocía porque había sucedido en un pueblo vecino al mío cuando yo era adolescente, que es el de Andrea Danne. Nunca se había resuelto, además en su momento estaba lleno de visos misteriosos y la gente hablaba (…) enseguida se empieza a buscar las razones por las cuales casi podríamos decir se justifica el asesinato de una mujer”, afirmó.

chicas muertas efemedelacalleLa joven tenía 19 años y “la ligaban con tráfico de drogas, con prostitución, con que tenía una vida sexual muy activa, ese tipo de cosas que lamentablemente siguen ocurriendo cada vez que nos enteramos de un femicidio, como que la sociedad empieza a echarle la culpa a la víctima de que lo que le pasó, le pasó por su manera de comportarse o por como vivía. Me había impactado mucho porque además a Andrea la asesinaron en su casa, mientras estaba durmiendo, con sus padres en la habitación de al lado”.

“Estoy hablando de los años 80. Me fui interiorizando más en la temática, atando cabos y dándome cuenta que en realidad, de esto que se empezaba a nombrar como violencia de género, este tipo de crímenes que se empezaban a llamar femicidios y ya no crímenes pasionales como estábamos acostumbrados, eran cosas que me habían ocurrido a mí, a mujeres cercanas a mí, que me había criado con vecinas que eran golpeadas por sus maridos, o que tenían novios celosos que cuando se enojaban con ellas amenazaban quemarles la casa. Y a medida que me iba interiorizando más -para mí es como una causa te diría personal- cada vez me venía más fuertemente a la memoria el crimen de Andrea y después medio fortuitamente me topé con el caso de María Luisa Quevedo que es otro de los que habla el libro, una chica de 15 años asesinada en Roque Sáenz Peña, en el Chaco y después el caso de Sarita Mundín”, relató Almada.

La escritora subrayó que ninguno de los crímenes se resolvió: “Nunca fue nadie preso por esos femicidios pero la verdad que me servían de disparador y motivación para contar esto otro, en el libro hay muchas anécdotas (…) e incluso cosas que me pasaron a mí, que no llegaron por suerte a tener la violencia ni siquiera de un golpe pero que también son esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio o un golpe o situaciones más extremas de violencia”.

Escuchá la entrevista completa.

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