(Por Comisión Provincial por la Memoria) La última dictadura cívico militar ha sido la experiencia histórica más dolorosa que ha vivido nuestro país. Lo fue no sólo por las víctimas que produjo y su enorme sufrimiento sino porque fue el mismo estado, en manos del gobierno militar, el que planificó y movilizó todos sus recursos para exterminar a una parte de la sociedad en una supuesta defensa de la Nación. Los genocidas no sólo perpetraron los crímenes sino que tuvieron la perversión y el cinismo de pretender hacerlo en nombre de todos.

Los 30000 desaparecidos dan cuenta de esa magnitud. Cifra construida en medio del horror, donde la denuncia parecía imposible, donde imperaba el terror. Cifra construida sobre la negación sistemática a la existencia de los desaparecidos en términos materiales y también simbólicos. No fue una guerra, ni sucia ni limpia, fue un plan sistemático de exterminio. Fue un genocidio. Fue terrorismo de estado. Cuyos objetivos centrales fueron avasallar derechos y libertades, agigantar la brecha social entre ricos y pobres, transferir riquezas a los poderes más concentrados de la economía en desmedro de los trabajadores, aumentar la explotación, subordinar los intereses de la patria a los intereses de las potencias hegemónicas. Fue pérdida de soberanía nacional y popular. La Guerra de Malvinas es otro caro ejemplo. La dictadura fue el gobierno de las minorías privilegiadas sobre las grandes mayorías, y lo hizo intentando garantizar su impunidad.

El gran desafío de la democracia que hemos venido construyendo desde 1983 ha sido revertir esas políticas. Porque no hay democracia si gobiernan las minorías poderosas. La memoria de los hechos aberrantes ocurridos ha sido una de las herramientas de trabajo en esta ardua tarea. Ello implicó un minucioso y largo camino de reconstrucción de lo sucedido para hacer justicia y castigar a los genocidas y también reparar parte del daño como han sido las identificaciones de los cuerpos de los desaparecidos y la búsqueda de los nietos apropiados.

Todo esto que decimos ha sido dicho infinidad de veces. Ha sido corroborado en la justicia y en la investigación académica. Y también en los archivos producidos por el propio estado terrorista, como el de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria. Donde hay un minucioso registro de la preparación del exterminio, de su ejecución y de sus consecuencias en la democracia que vino después.

La insistencia se debe a las declaraciones del actual presidente de nuestro país, Mauricio Macri, que son un gran retroceso en este largo proceso de construcción democrática. Macri niega, banaliza y falsea la historia. Y lo hace usando términos propios de los genocidas, como “guerra sucia”, ese eufemismo que designaba el plan de exterminio. Así como negaban los militares, Macri “no tiene ni idea”, pero tiene obligación de tenerla, es parte inexcusable de sus deberes como presidente de la república.

Macri llama “desquiciada” a una Madre de Plaza de Mayo, a las que la dictadura llamo “locas” para negar su voz y su verdad. Nuevamente: No fue una “guerra sucia”: fue una dictadura genocida.

Tenemos idea: los desaparecidos son 30000 Las Madres de Plaza de Mayo no son “locas” o “desquiciadas”, son luchadoras por la democracia y los derechos humanos. No sólo queremos la Verdad, queremos Justicia y eso significa cárcel efectiva para todos los genocidas.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

Efectivos de las policías Bonaerense y Local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas luego de frenar a dos pibes que circulaban en una moto sin documentación. “La moto es mía, yo la pagué”, dijo uno de ellos. “Mostráme los documentos pendejo de mierda”, retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas.

Una joven intentó hacer entrar en razones al efectivo y este le gritó: “Habla bien las pelotas pendeja, a mí qué mierda me importa que seas mujer, cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra”. Todo fue registrado por Jonathan Vélez, quien viralizó las imágenes en las redes sociales. “Vos dejá de filmar, sacále el celular”, siguió el veterano fuera de sí.

“Tengo que contarles que hoy en la esquina de la Escuela 23 la policía local paró dos chicos, que fueron a dejar a sus hermanitas, los pibes no tenían los papeles de la motito 50 y empezaron a agredir a los menores, yo tomo el celu y empiezo a filmar”, relató en Facebook el presidente de la Sociedad de Fomento de Spurr.

Agregó que “en ese momento llega una patrulla y se baja del móvil un tipo totalmente sacado y empezó a los golpes con todos, éramos más de 20 personas mirando, un atropello total, un abuso de autoridad descomunal, se me vino encima, me pegó, me rompió el celular, nos pegaron, el tipo amenazó, se burló. La piba de unos 16 años fue golpeada hasta que le agarró una convulsión, llamé a la ambulancia y cuando vino la policía la desvió para otro lado. Abuso total”.

Miembros de la guardia urbana municipal siguieron el episodio sin intervenir.

En septiembre, integrantes de las mismas fuerzas policiales, ante supuestas denuncias vecinales, levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y también fueron registrados en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

El juez de Ejecución Penal Claudio Brun ordenó al Servicio Penitenciario otorgar dietas especiales a casi sesenta internos de la cárcel de Villa Floresta que están bajo tratamiento médico. Según informó el magistrado a FM De la Calle, también “se abrieron causas por separado para ver si esta problemática agrava el cumplimiento de la pena y si tendrían que terminar cumpliéndola en prisión domiciliaria”.

Las autoridades manifestaron que la situación se da por falta presupuesto que se registra hace varios años y existen inconvenientes en el cobro por parte de proveedores aunque “no se puede trasladar esta problemática a la falta de insumos, de comida, esta solución debe ser inmediata”.

El juez destacó que “esto es responsabilidad del Estado provincial, cuando una persona delinque el Poder Judicial si lo encuentra culpable de esa circunstancia, la manda a cumplir una pena y dentro de esa pena el Poder Ejecutivo tienen la facultad, el objetivo mismo de la pena, que es la resocialización. Dentro de ese marco y del tratamiento que le tiene que dar está lo más básico que es la alimentación”.

“La Unidad 4 no es un ejemplo a seguir respecto a un lugar de tratamiento para poder resocializar a una persona a la que se la encontró culpable y la obligación del juez ejecutivo es reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Tiene las problemáticas que tiene toda unidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Es un problema general que el Poder Ejecutivo está tratando de solucionar con diferentes alternativas y programas.

“Son unidades carcelarias que están al tope poblacional, eso dificulta todo tipo de tratamiento, el problema urgente que estamos tratando, exigiendo desde el Poder Judicial, es el faltante de comida de algunos rubros. Hay algunos que nunca han tenido problemas como carne, fideos, arroz, aceite, pero en otros sí, verduras, frutas, leche, yogurt, manteca hace bastantes años que no ha tenido ningún tipo de ingreso”, comentó el juez.

De los 520 condenados a disposición del Juzgado a cargo de Brun poco más del tres por ciento cumple su pena en sus casas. El resto lo hace en Villa Floresta o unidades cercanas a sus familias: Batán, Sierra Chica u Olmos. Entre la población carcelaria prevalecen los jóvenes de entre 20 y 30 años y entre las causas que los llevaron allí los delitos contra la propiedad.

La prisión domiciliaria puede ser solicitada por “mayores de setenta años, las mujeres embarazadas o que tienen menores de cinco años o personas que tienen problemas de salud en forma terminal, que no puedan estar dentro de un lugar de encierro, y por medio de un control del médico correspondiente -que es la pericia que estamos solicitando en este momento- termina evaluando que no es el lugar idóneo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.

Se cumplen dos meses del femicidio de Liliana Díaz a manos de su ex pareja Marcelo Camarero en Coronel Dorrego. A las 18, desde el Instituto de Educación Física adonde concurría la víctima se realizará una marcha para exigir la condena del imputado y que en el futuro “no pase lo mismo”. Participarán además familiares de la montermoseña Katherine Moscoso.

“Suponemos que (Camarero) sigue en prisión, no ha avanzado mucho la causa, la lleva la dra. Lozano, hasta ahora está en veremos qué pasa. Lo que queremos con la marcha es que se concientice, que no le den diez, siete años, y que por buen comportamiento salgan de vuelta y pase lo mismo”, dijo a FM De la Calle Sady Acosta, amiga de Díaz.

Recordó que en Dorrego “hubo el caso de Verónica Vaca que (su femicida) ya está libre por buen comportamiento. Eso es lo que no queremos que pase, que se revean las leyes. Es muy triste porque no es la primera y ojalá sea la última, ya esto debería cambiar”.

“En su momento impactó mucho, hemos hecho cuatro marchas y la gente no se adhiere, no va, fuimos veinte personas la última. Creo que la gente no se involucra por el tema de que no me pasa a mí. Lo ven ajeno, no es pariente, amigo, no es nada, entonces van pocos. A Cualquiera le podría pasar”, dijo.

 

"Me mande una cagada con la Negra", dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

“Me mande una cagada con la Negra”, dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

Sady y Liliana se hicieron amigas en Paraguay y se radicaron años atrás en la región. Para ella, estos dos meses fueron de “mucho dolor, se nota la ausencia, ella siempre solidaria, todos la querían, la adoraban, porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”.

Por Kathy, por Mica, por todas

Ezequiel Moscoso comentó la semana pasada en diálogo con FM De la Calle que se reunió con el secretario de la vicepresidente Gabriela Michetti a quien solicitó ” que intervenga en el caso de Katherine la Policía Federal porque la de la provincia de Buenos Aires creemos que estuvo entorpeciendo el caso”.

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Del encuentro participó además Mónica Cid, madre de Micaela Ortega: “Estoy haciéndole el aguante a ella, la verdad todo esto es una vergüenza, que una mamá tenga que dormir ahí afuera mientras que los funcionarios, diputados y senadores estén calentitos y no vengan a laburar”.

“Hace ocho meses que tendría que haberse difundido la Ley de Grooming. Si la hubiesen difundido con folletería y Micaela hubiese tenido ese folletito por ahí hoy estuviera viva. Encima hoy sería el cumpleaños, esa madre está destrozada”, dijo el tío de Kathy el jueves, desde la carpa instalada frente al Congreso.

Encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, unas cien mil personas se movilizaron el domingo en la Capital Federal, entre San Cayetano y Plaza de Mayo. Lo hicieron bajo las consignas “Pan, Paz y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”. Exigen un salario universal complementario igual a la mitad del salario mínimo, vital y móvil.

“Creíamos que iba a tener una gran repercusión pero la realidad nos ha superado. Fue inmensa porque mucho más de la mitad de esa convocatoria, que tuvo diez mil marchantes desde Liniers a la 9 de Julio, logró enorme cantidad donde más de la mitad fue gente que fue por su propia cuenta”, balanceó ante FM De la Calle Amancay Ardura de la CCC.

Para el dirigente “esto le da además un enorme valor político por todos los reclamos de los desocupados, los precarizados, los trabajadores independientes, los cartoneros, los trabajadores en negro, más de la mitad de la población que hoy, entre los doce millones de pobres que heredamos de Cristina más dos millones en seis o siete meses de este gobierno, están en una situación muy grave”.

“Ha crecido el hambre en Argentina, los comedores y los merenderos crecen, ya no solo vienen los niños y las madres sino empiezan a venir los hombres, las changas se han cortado fruto de la recesión, de la inflación, por lo tanto ese suplemento que se hacía a partir de tener un plan social con las changas hoy se ha perdido. Este gobierno dialoga, no podemos decir que no, pero hay un problema, solo le da a esta mitad de la población un poquito mientras a las exportadoras de cereal, a los banqueros, a los fondos buitres, a los acreedores internacionales, la crema de las ramas agrarias reciben miles de millones de pesos”, agregó.

El viernes representantes de las distintas redes de medios, productoras y televisoras comunitarias nucleadas en INTERREDES mantuvimos una reunión con Miguel De Godoy, presidente de ENACOM, de la que también participó el Coordinador de Fomento y Desarrollo, Martín Kunik y los miembros del directorio Heber Martínez, Agustín Garzón y Silvana Giudici.

En la misma se planteó la urgencia y preocupación del sector de medios comunitarios, alternativos y populares por la demora en el desembolso de los fondos Fomeca 2015 y la apertura de las líneas correspondientes a 2016. Al respecto las autoridades reconocieron que la auditoría de la SIGEN demoró más de lo que estimaron a principios de año, al igual que la apertura de los concursos para los fondos de este año.

El presidente de ENACOM, Miguel De Godoy admitió la legitimidad de nuestro reclamo y afirmó que “los compromisos contraídos por el Estado debemos cumplirlos, la razón los asiste” y prometió precisar fechas concretas de cumplimiento, que serán informadas en una próxima reunión a realizarse el miércoles.

Otro punto de la reunión fue la situación de canales que ganaron licencias para Televisión Digital y aún se encuentran en proceso de habilitación definitiva, como Barricada TV, Pares TV y Urbana TV. También se charló sobre la situación judicial del caso de Antena Negra TV y la manera de evitar la persecución a emisoras que aún no tienen licencia, como consecuencia de la falta de llamado a concursos por parte del Estado.

Sobre los concursos ganados por los canales comunitarios, Agustín Garzón manifestó que “nadie duda que tienen un derecho adquirido”, a la vez que -en referencia a la interferencia que sufren Barricada TV y Urbana TV por las señales de experimentales de Canal 13-, De Godoy afirmó que “si se tienen que mudar, se van a tener que mudar” a otro lugar en la grilla.

La posibilidad de ser recibidos por el directorio de ENACOM y los compromisos asumidos por su presidente son fruto de la legitimidad que nuestro sector ha cosechado por el trabajo sostenido durante años, y de la enorme movilización de comunicadores/as populares, rodeados de la solidaridad de diversas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.

Esperamos que en la próxima reunión con las autoridades de ENACOM podamos hacer efectivos los compromisos a los que se comprometió el organismo, en plazos razonables que nos den soluciones concretas a nuestras demandas.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó a FM De la Calle que la orden de detención contra Hebe de Bonafini fue “un hecho horroroso, un montaje absolutamente desproporcionado para intentar detener a un grupo de mujeres cuya edades oscilan entre los 88 y los 93 años” y “un acto irresponsable porque ayer podría haber habido una tragedia en el momento en que intentaron bloquear la salida del móvil de las Madres y un camión de la policía quiso cruzarse y hubo gente que lo impidió”.

“Hay una decisión política de mancillar un símbolo como es Hebe de Bonafini, hoy en todo el mundo ven como un escándalo lo que sucedió. Ahora el juez le está tirando la pelota a la policía, la policía a la ministra Bullrich, como siempre sucede en estos caso, ahora nadie dio la orden”, agregó.

Para el dirigente “lo que está en discusión es tratar de dar vuelta como una media las conquistas democráticas, civiles y sociales del pueblo argentino en los últimos años, en el caso de Bonafini, como hay una fuerte corriente alentada desde algunos medios de comunicación poderosos de volver a una suerte de impunidad, de liberar a los genocidas que están presos, de otorgarle la prisión domiciliaria a los que todavía están en la cárcel, hay que embestir como si fuera una delincuente común contra Hebe de Bonafini, hay que llevársela detenida como si fuese una ladrona de gallina”.

“Personajes que sí tendrían que estar entre rejas gozan de absoluta impunidad, se deben codear en los countries de la clase alta como si nada y una mujer como Hebe de Bonafini tiene que estar padeciendo con las otras Madres que las veía ayer en medio de los empujones, sofocadas, me daba tanta indignación, tenía tantas ganas de tener cerca algún responsable de los que dieron la orden porque son cosas que duelen en el alma”, manifestó Yasky.

El titular de la CTA-T destacó que “después de estos episodios hubo un ruidazo en todo el país que fue multitudinario porque se diseminó. Buenos Aires era como un hormiguero pateado, estaba cada cuatro cuadras un grupito, he visto ancianos golpeando la columna de la luz absolutamente solos, grupos más numerosos, está pasando algo que creo que marca la bronca e indignación de nuestro pueblo y espero que lo podamos expresar multitudinariamente en la marcha federal que va a recorrer todo el país el domingo, vamos a estar también de San Cayetano a Plaza de Mayo y por supuesto la marcha número 2000 porque pretender esta provocación justo antes, el jueves a las tres de la tarde cuando es sabido que las Madres salen de esa casa para ir a la plaza, la verdad que al que hizo eso hay que darle un premio”.

Finalmente, respecto a la unidad de acción con otras centrales sindicales, el docente adelantó que “con la CTA de Micheli estamos convocando juntos a la marcha federal y tenemos expectativas en lo que pueda resolverse hoy en el plenario de la CGT, sabemos que va a haber un documento muy crítico hacia las políticas del gobierno y esperamos que puedan plasmarse en una acción común que puede ser el paro nacional”.

Miles de bahienses volvieron a salir en las calles en unidad para rechazar los tarifazos y el ajuste que implementa el gobierno de la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC). La manifestación convocada por más de treinta organizaciones se concentró frente a la Municipalidad y luego marchó por el centro de la ciudad. Es el segundo #Ruidazo que se realiza en simultáneo con protestas similares en otros puntos del país. FM De la Calle ofrece aquí algunos testimonios e imágenes de la jornada.

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Orlando, socio del frigorífico recuperado INCOBB, apuntó al tarifazo que “pone en peligro nuestra fuente de trabajo y viendo los resultados en empresas de Bahía Blanca como Lucaioli, Burgos, La Nueva Provincia, donde se han producido despidos masivos, como trabajadores nos vemos identificados y podemos estar mañana en la misma situación”.

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La cooperativa pasó de pagar facturas de gas por 12 mil pesos a 58 mil y luego a 62 mil. Además padecen otros tarifazos “menos conocidos”: “Senasa aumentó más del 300%, con la caída en la venta de la carne no podemos hacer ningún tipo de inversión ni siquiera para mantener las instalaciones ya que todo el tiempo nos hacen inspecciones los mismos funcionarios del Senasa, o poder mantener el retiro y no hacer reducción de socios. Estamos en una situación muy delicada y sabemos que para la semana que viene esto va a empeorar porque teníamos una pequeña reserva que se nos agotó. Vivimos el día a día y es muy triste porque no vamos a poder llevar adelante la empresa en esta situación”.

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Luis, médico jubilado, dijo que “no tendría que quejarme pero veo la gente que está muy mal, nunca un gobierno empezó a gobernar tan mal como este, es el neoliberalismo, es empobrecer la mitad de la población para que el resto esté mejor, eso no sirve”. Repudió además la “apertura de las importaciones que lleva al cierre de las pymes y las fábricas”.

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Mariana Torres, trabajadora de Burgos, comentó que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”. En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

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“Claramente estoy en contra del tarifazo, estoy en contra de este ajuste, estoy en contra del desguace del estado de bienestar, estoy en contra de la persecución política que se está haciendo -como quedó evidenciado con el caso de Hebe de Bonafini-“, dijo a FM De la Calle el escritor y docente Mario Ortiz y agregó que “vengo para tratar de resistir desde las bases y hacer un acto de presencia que las cúpulas dirigenciales políticas y gremiales no están haciendo”.

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Un grupo de militantes con carteles que decían “pobreza bajo cero” y “aumenta todo menos mi salario” eligió a Nicolás como vocero quien afirmó que en la plaza estaba “sobre todo el ciudadano de a pie que de siete meses a esta parte empeoró su calidad de vida, perdió derechos y nota que un gobierno que hasta el 9 de diciembre lo amparaba era un Estado inclusivo, de bienestar, que le permitía comprarse su casita, ahorrar, comprarle pilchas a sus hijos, darle de comer y demás y ahora lo hambrea, lo abandona y despide trabajadores”.

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“Vengo por todo, esto es un desastre, es un injusticia que estemos viviendo esta situación, hay mucha desesperanza y hoy hay gente que ya no está comiendo, hay poca solidaridad, sentido social y este gobierno está haciendo lo que pensaba hacer que es defender los derechos de unos pocos y no los del pueblo. Saben hacerlo perfectamente, trabajan para otros intereses”, declaró Pelusa.

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El pastor metodista Aníbal Sicardi fue a la plaza para protestar por esta “burla para toda la ciudadanía, una tomadura de pelo para la gente de pocos recursos y para todos nosotros, estoy esperando que cambie”. A su lado, el cura en opción por los pobres Rodolfo Viano -con un cartel en mano que recordaba el 40 aniversario del asesinato del obispo Angelelli- agregó que “es un deber moral que tenemos de acompañar esta expresión de la ciudadanía y del pueblo e intentar ser la voz y los pies de tanta gente que en la periferia no se cita acá por el horario y por la imposibilidad económica de llegar pero que queremos estar porque hace falta decir basta a esta dictadura demoliberal y del partido judicial”.

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Leontina opinó que está en marcha un “ajuste bestial” que “sabíamos que iban a hacer pero nunca nos imaginamos que en tan breve tiempo iba a hacer tal desastre”. Criticó también “la persecución ideológica, lo que pasó con Hebe es muy emblemático, tocar lo más sagrado que tenemos”.

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Otra manifestante destacó que el tarifazo “es impagable, no es un capricho, está el que no puede y el que tiene que dejar de pagar otras cosas fundamentales, es una injusticia, deseo que el servicio mejore pero es un ajuste”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito del empresario periodístico Vicente Massot, en la causa en la que se investigan los homicidios de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos constitutivos de esta clase de delitos, además de poner en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado Argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

El fiscal ante Casación subrayó que la decisión del juez ad hoc Pontet y Cámara de Apelaciones “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

Leading case

De Luca consideró que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no logró captar “el carácter de leading case del objeto de esta causa. Con respuestas ritualistas dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

Para arribar a esa conclusión, De Luca repasó los elementos de prueba vinculados a los casos Heinrich y Loyola, los del rol de La Nueva Provincia en la “actividad psicológica” de la que el diario de Bahía Blanca “formó parte del y/o sirvió al plan criminal perpetrado por la última dictadura militar”, y su adecuación a la calificación legal de instigación pública o incitación a la violencia colectiva que eran la concreción del crimen internacional e instigación al genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.

Lo hizo siguiendo los razonamientos y las pruebas incorporadas a la causa por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes habían demostrado que el empresario periodístico “en su condición de ser uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario”, “haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (o delitos de lesa humanidad), a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano”, “un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Fuente: fiscales.gob.ar

José Luadi, integrante de la Coordinadora contra los tarifazos, convocó a la movilización contra el ajuste que se realizará este jueves a las 20 en Plaza Rivadavia y destacó que “nuestra preocupación sobre las tarifas del gas, la luz y el agua es que van a tener un carácter confiscatorio. Si tengo que usar el 35% del salario promedio en Argentina para pagarlas algo no voy a pagar o algo no voy a consumir”.

Por FM De la Calle comentó que la intención es “hacer una convocatoria atrayente donde las organizaciones sociales, los sindicatos, marchen por delante, los partidos políticos por detrás, donde no tengamos esa discusión tonta de repetir algunas cuestiones que no fueron del todo claras en la última movilización. El ejercicio de la unidad es complejo pero requiere necesariamente de muchísima paciencia, elaboración, debate, cuestiones que tienen que volver a ser fraternales entre nosotros porque con la economía como está vamos a un segundo semestre más complejo que el que pasó”.

“¿Qué va a pasar cuando a miles de argentinos se les corte la luz, el gas o el agua? ¿Qué reacción vamos a tener? Acá la discusión no es a quién votamos. En las últimas elecciones muchos argentinos votaron por el mal menor. Muchos lo votaron a Macri pensando que era el mal menor porque Scioli era la continuidad del gobierno anterior y muchos votaron a Scioli como el mal menor de que Macri fuera presidente. Pero la boleta no va a venir discriminada entre kirchneristas-antikirchneristas, antimacristas-promacristas, marxistas o liberales. Va a venir para todos exactamente igual”, dijo.

En cuanto a la audiencia pública realizada en Mar del Plata aseguró que, “aunque no físicamente, estuvimos al lado de las CGT y las CTA y nos contiene el discurso de José Rigane porque lo que tenemos que discutir sobre la energía es si es un bien social, si se puede vivir o no sin energía, si seguimos arrastrando la concesión de los noventa donde somos clientes y si podemos pagar podemos pagar y si no no podemos pagar”.

“Por supuesto que tiene un costo y tendremos que discutir cómo financiarlo. No estamos hablando de un costo cualquiera, de cosas de las que se puede prescindir, estamos hablando de que la gente necesita realmente energía para poder desarrollarse “, agregó el integrante de la Corriente Comunista Watu.

El dirigente calificó como “una burla” que el municipio haya estado representado por el secretario de Infraestructura y ex gerente de EDES, Guillermo Manrique. “¿Es el mismo o es otro que el que nos mintió con la inversión de los 27 millones de EDES en 2011 que nunca se realizó? ¿Es el mismo que le presentó un mamarracho de plan de emergencia el 6 de enero de 2012 a Bevilacqua o es otro? ¿Hacía falta? Si total el municipio iba a llevar un funcionario que iba a levantar la mano y decir señorita, señorita, yo estoy de acuerdo con el ajuste. ¿Manrique cuándo va a defender los intereses de los bahienses si es una hombre educado y financiado por la empresa?”.

De cara al segundo ruidazo afirmó: “Estamos muy contentos porque a la última reunión realizada en Cáritas se ha sumado un conjunto mayor de organizaciones a las que nos veníamos juntando y vamos a construir una movilización para el 4 de agosto con la misma consigna que se cerró el acto fuera de la audiencia pública en Mar del Plata: unidos contra el ajuste y los tarifazos”.

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Impulsan la iniciativa las siguientes organizaciones: Frigorífico Incobb empresa recuperada – CTA Bahía Blanca / Dorrego – CGT Bahía Blanca Mesa Político Sindical – Coordinadora contra los Tarifazos – ADUNS – SUTEBA – ASTRAMYC – APYME – Asociación Argentina de Actores – Iglesia Metodista- Comisión de Apoyo a los Juicios – FM De la Calle – Corriente Comunista Watu – Grupo 83 Solidaridad e Igualdad -Partido Solidario – Agrupación 27 de Octubre- Agrupación 14 de Septiembre – Emancipación Sur – Colectivo Pueblo en lucha – Nuevos Vientos – GEN – MST – Cardumen – Unidos y Organizados – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Proyecto Nacional – Los Irrompibles – PSTU – Acciones Feministas – Agrupación Celeste de SUTEBA Bahía Blanca – Agrupación ConBAHÍA – UMSur Unión de Musicxs del Sur – “La Máquina de LU3” – LU3 Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Ltda.

(Por Patricio Eleisegui) Monsanto puso fin a su proyecto en Córdoba y no levantará la planta que anunció Cristina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a este periodista que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. Monsanto comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista, las causas que precipitaron la decisión

Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Fernández concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.

Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de, precisamente, el maíz que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.

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La imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco comenzó a romper la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.

El fin de proyecto fue confirmado a este periodista por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas si se pasó los 2,5 millones”.

“Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos 5 años”, explicó.

La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.

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“No se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”, aseveró.

Según pudo confirmar quien aquí escribe, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio. “La idea es tratar de vender el terreno este año, pero como siempre dependemos de la real decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto”, sostuvo la fuente.

El plan que caducó

La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.

“Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales(una en la Provincia de Córdoba y la otra en la Provincia de Tucumán); el desarrollo de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja; Ensayos Experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios”, informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.

La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.

La movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, a la par de un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.

Artículo de difusión o reproducción libre siempre que se mencione la fuente
Patricio Eleisegui
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La agrupación H.I.J.O.S. Santiago del Estero repudió enérgicamente la invitación que el Centro Cultural del Bicentenario y la Unión de Editores hicieron al dueño del ex diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, para presentar su libro “Los dilemas de la independencia”. Asimismo rechazaron “el espacio que le otorgaron en el Diario El Liberal y el programa Libertad de Opinión de Canal 7 principales medios de nuestra provincia”.

Massot está beneficiado en la actualidad por la falta de mérito dictada por el abogado Claudio Pontet -en una cuestionada subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca- y ratificada por los camaristas Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera. La Fiscalía lo imputó como partícipe en una causa por crímenes de lesa humanidad referida al rol de su empresa como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.

“Los vínculos entre Macri y los Massot datan del inicio de la carrera política del actual presidente. Vicente Massot fue quien lo presentó en sociedad a empresarios y políticos. El sobrino del genocida Massot, Nicolás, fue el elegido por Macri para presidir el bloque legislativo. Un guiño más de los tantos que viene dando el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la protección de los represores y los civiles cómplices de la dictadura”, afirmó H.I.J.O.S. en un comunicado.

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Allí destacaron que “el rol de los medios de comunicación” durante la dictadura “fue fundamental para la implementación del terror en la Argentina: actuaron como aparato de reproducción ideológica para que sea posible el genocidio llevado a cabo” y en “la construcción del enemigo interno, los llamados subversivos, guerrilleros, terroristas” y la “legitimación del Terror a través del disciplinamiento de la sociedad”.

“La Nueva Provincia, no solo ocupó un lugar central en la trama del poder y en la construcción de un discurso de legitimación, sino que fue de suma importancia para las Fuerzas Armadas. Un informe elaborado por Prefectura y en colaboración de uno de los jefes de seguridad de la empresa, el comisario Ramos (sindicado por víctimas como uno de los más eficientes torturadores), consignaba en una lista de empleados “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria’ cita textual del informe.

“Los Massot pusieron el diario a disposición de las fuerzas armadas de 1976 por convicción ideológica y militancia contra la ‘infiltración subversiva’, línea editorial que hasta el día de hoy sostienen desde ese medio. Como otrora realizaron editoriales festejando el cambio y el saneamiento, que llevaría a cabo el régimen terrorista de 1976, en estos últimos días el ingeniero Macri, escribió una editorial en LaNueva., donde instaba a ‘decir la verdad'”, finalizaron.

(Por Mauro Llaneza) La mamá de Micaela Ortega se encadenó ayer frente al Congreso de la Nación para pedir restricciones a las salidas transitorias de condenados por delitos sexuales y una campaña nacional de prevención del grooming. “No me voy a ir de acá hasta conseguirla”, dijo Mónica Cid a FM De la Calle y agregó que “lo que estoy haciendo ahora es por los demás, porque todo fue a partir del encuentro del cuerpo de Mica y se podía haber evitado”.

Estuvo acompañada por integrantes de Mamá en Línea por la Ley de Grooming, familiares de Katherine Moscoso, su abogada Fernanda Petersen y la concejala Miriam Iantosca. Cid encabezó la presentación de proyectos legislativos ante un grupo de diputadas y diputados.

“Quiero hablar con Macri porque la decisión es política. ¿Por qué nos tiene que dar tantas vueltas? Una campaña de prevención, ¿por qué si primero van los chicos? Que le diga sí campaña para todo el país, depende de él”, afirmó durante la mañana.

El cuerpo de Micaela Ortega (12) fue encontrado el 28 de mayo en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. Su familia la buscó durante cinco semanas. Jonathan Luna, de 26, confesó el femicidio y quedó detenido tras un allanamiento en El Saladero donde se encontró una campera quemada y un celular de la víctima. Luna la engañó mediante Facebook haciéndose pasar por otra adolescente.

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Horas antes de la manifestación en el Congreso, Cid mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La funcionaria posó junto a ella y difundió: “Le conté todo lo que estamos haciendo para atacar a estos criminales que se abusan de las chicas, las engañan y esperan a recibir una mínima foto para luego extorsionarlas”.

“Me provocó mucho dolor, más allá de que sé que todo lo que estoy haciendo ahora es por los demás, porque todo fue a partir del encuentro del cuerpo de Mica y se podía haber evitado. Mica tendría que estar acá, son todos responsables, yo también como mamá de haberle instalado internet, de haberle dado una tablet, una computadora a mi hija sin herramientas para defenderse.

“Por eso la campaña de prevención. Cuando ella me dice empezamos a trabajar, empiezo a pensar en mi hija, y cuando me levanté le dije lo único que me sale es pedirle perdón a mi hija, porque no hice nada por ella. Me queda hacerlo por los demás y lo voy a hacer. Ella se comprometió y la quiero ver”, comentó Mónica.

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Junto a la concejala Iantosca viajó también a la provincia de Río Negro para entrevistarse con el juez que habilitó las salidas transitorias del femicida Jonathan Luna. “Pensé que iba a estar más preparado, (Juan Pablo) Chirinos sabía que yo iba a ir, no se hizo cargo de nada, le echó la culpa a la cárcel de Roca, después hablé con la otra campana que es la cárcel, ellos dicen ‘quien firma es el responsable’, así que por eso hoy estoy acá apoyando lo que se necesita que no vuelva a salir ningún detenido más con este beneficio”.

“Yo lo hago responsable de la muerte de mi hija, qué es lo que voy a hacer después tengo que ver, pero sí tenía que ir a verlo a los ojos y decirle que había hecho 490 kilómetros para hacerlo responsable, mirarlo a los ojos y decírselo en la cara, y así lo hice. Y le pedí la renuncia”, contestó al ser consultada sobre la posibilidad de pedir el juicio político al magistrado.

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Chirinos “le echó a culpa al Servicio Penitenciario, después me respondió que él también tenía familia. La diferencia es que él la tiene viva y yo la tengo muerta. Está clara la diferencia. De verdad que me pareció una persona muy fría”.

“Miriam (Iantosca) iba con un montón de preguntas pero no para culparlo. Ella necesitaba saber dónde estaba el agujero por donde escapó Jonathan Luna. Él nunca contestó nada, sacó otras causas, otras sentencias, no contestó nada”.

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“El director del Servicio Penitenciario nos contestó todo, cómo son los pasos de un preso hasta llegar al beneficio que era lo que necesitábamos para saber dónde se falló, dónde se falla con las salidas. De ahí sacó algo más claro y yo también porque ahí me pudieron dar la causa por la cual desde Choel Choel tenían a Jonathan Luna, una causa cerrada pero para el juez no tenía por qué no dejarlo en libertad”, dijo.

En cuanto a los compromisos asumidos por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando la visitó en su casa, Mónica afirmó que “algo se está avanzando, me duele que sea después de mi hija, me duele, pero vamos a seguir adelante”.

Desde el programa ¿Quién te juna?, que se emite los miércoles a las 21 por el aire de la 87.9, entrevistamos a Guillermina Rizzo, psicóloga e integrante de la ONG Ciudades sin Bullying y al psicólogo Manuel Guardiola acerca del fenómeno que aqueja a niños, niñas y jóvenes: el bullying o acoso escolar.

¿Qué es el bullying? “El bullying es un tipo de violencia, interpersonal. Violencia entre pares. No tienen una única causa, son fenómenos multicausales. En líneas generales un chico no nace violento. Tiene que ver con un proceso donde intervienen diferentes factores y obviamente si un chico en la casa es maltratado, de esa misma forma es la que se va a expresar y relacionarse con los demás”, aclaró Guillermina Rizzo.

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Acerca de cómo se genera el acoso y con qué fenómenos tiene que ver, Guardiola señaló que “esto ha ocurrido siempre, no es algo nuevo. Tal vez antes ocurría de una manera distinta a la que ocurre hoy. En la actualidad hay una nueva herramienta que son las redes sociales que se puede agredir al otro casi anónimamente, no es cara a cara. Antes era aquel que no daba con la talla de acuerdo a un modelo preestablecido. Hoy por hoy ocurren otras cosas, es interesante ver en dónde ocurren estas cosas, en lugares de interacción social, colegio, clubes, barrio”.

“Tiene que ver con la pubertad y la adolescencia. En esta etapa ocurre una crisis, una metamorfosis normal, es un periodo de búsqueda de identidad en el cual se genera un fenómeno que es la búsqueda de pertenencia a un lugar, a un grupo. Yo soy así, donde me empiezo a probar ‘trajes’, para constituirme y después lograr una identidad. Esta es un periodo vulnerable, donde emergen un montón de cuestiones, donde se pone en tensión cuestiones que tienen que ver con la agresividad, hay otros que se repliegan y se genera silencio, otros que se abren más y son más extrovertidos”, agregó.

Deconstruir estas prácticas hace a la desnaturalización de la violencia: “Hay que cuestionar estas prácticas. El bullying nace con la institución misma. Hasta hace pocos años esto se minimizó, en las respuestas de los padres siempre encontramos tres elementos presentes: que es un juego de chicos, hay que aguantársela, lo conciben hasta como un rito de iniciación, sobre todo en los adolescentes. Construir otros modelos de vinculación”, dijo Rizzo.

Por último, el psicólogo Manuel Guardiola concluyó: “Es importante trabajar la confianza, porque si hay confianza hay posibilidad de abrirse a otro. Si no hay confianza me lo cayo, me aislo, y aparece un sufrimiento enorme, porque el joven lo sufre, es un martirio. Generar confianza, diálogo y alojar al niño en la escucha”.

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Para Emancipación Sur el resultado de la audiencia pública realizada en Mar del Plata fue la convalidación del aumento de la tarifa de electricidad y tuvo un carácter ilegítimo e ilegal. “Cabe preguntarse si participar de ella sabiendo las condiciones antidemocráticas de la misma y que una amplia multisectorial se manifestó desconociéndola, no resulta en convalidar el aumento dispuesto por el gobierno”, afirmaron.

“Esta audiencia es a todas vistas antidemocrática ya que el juez Arias había dicho que por lo menos se tenía que hacer en tres ciudades de la provincia, eso ya de por sí, desde el punto de vista de los bahienses que no pudimos ir a Mar del Plata, es una restricción importantísima, además había otras condiciones, no se podía hacer preguntas y además no es vinculante”, agregó Laura García Vázquez por FM De la Calle y valoró la contraudiencia convocada por Multisectorial marplatense.

En un comunicado, Emancipación Sur destacó que “ni la luz, ni el gas ni el agua son lujos, por el contrario son servicios indispensables, que deben ser parte de una política pública que priorice los derechos de toda la población. El manejo de empresas privadas prácticamente sin control alguno por parte del estado sólo contribuye a negocios que en nada benefician a las personas”.

“También queda claro que el derecho a la energía es una cuestión de soberanía y así debe entenderse. Las acciones contra el tarifazo son imprescindibles y se volverán a visibilizar con más unidad y contundencia aún el próximo jueves 4 de agosto en todo el país”.

“Emancipación Sur realizó una charla con la presencia de José Rigane y varias acciones sobre este tema que consideramos, desde el origen de nuestra existencia, estratégico y crucial. Los concejales de Bahía Blanca fueron invitados a estas actividades, sin embargo no quieren escuchar la realidad y prefieren convalidar el aumento resultado de la audiencia pública, así como solamente proponer ‘formas de pago’ como si se tratara de cualquier artículo de consumo y no un servicio público”, manifestaron.

No solo tenemos que enfrentar a los tarifazos sino también debemos discutir los temas de fondo, dice el titular de la Federación de Trabajadores de la Energía y secretario adjunto de la CTA-A, José Rigane. Consultado por FM De la Calle explicó que esos “temas de fondo tienen que ver con el sistema energético que se implementó en Argentina desde la privatización, que significó un retroceso en el manejo de los recursos energéticos, y fundamentalmente la extranjerización”.

“Fueron las dos cosas que han venido postergando a los argentinos porque le quitaron el autoabastecimiento por falta de inversión, se desarrolló la crisis energética, hemos pasado a importar energía, combustible, y ahora estamos viviendo una época de tarifa congelada y con miles de millones de pesos de subsidio a un tarifazo”.

Este jueves se realizará el segundo ruidazo contra los tarifazos en los servicios públicos ordenados por el gobierno de la alianza Cambiemos. En Bahía Blanca la Multisectorial contra el Tarifazo y el Ajuste -conformada por unas treinta organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas- convoca a las 20 en Plaza Rivadavia.

“Si queremos modificar esta situación tenemos que modificar el modelo energético porque la causa está ahí, porque este modelo trata a la energía como una mercancía, como si se tratara de un paquete de fideos que uno va a buscar a la góndola y elige de acuerdo a su capacidad económica o a la marca que le gusta. La energía es un monopolio natural. Por la vereda de cualquier usuario pasa un solo caño de luz, un solo caño de gas, un solo cable de electricidad, uno no tiene opción, no hay mercado, no hay competencia”, comentó Rigane.

El secretario de FETERA agregó que “la energía no se siembra, es un bien social que pertenece a los argentinos, no debe ser gratuita pero debe ser un servicio público y debe tener un precio accesible para que todos puedan acceder a una vida digna porque sin posibilidad de acceder al gas, a la electricidad y al agua no hay perspectiva de llegar a tener una vida digna”.

“Habría que dejar de exportar petróleo crudo, no somos un país petrolero, somos un país que tiene petróleo y el petróleo es finito como el gas. Deberíamos primero abastecer el mercado interno, desarrollar tecnología, destilerías, para obtener los combustibles especiales que estamos comprando fronteras afuera”.

En cuanto al llamado del gobierno a la presentación de ofertas para la generación de energía de fuentes renovables -que en Bahía Blanca se traduciría en la creación de parques eólicos- Rigane afirmó que serán un negocio “en tanto y en cuanto la propuesta que es abrirle la puerta a las principales empresas, sobre todo norteamericanas, que trabajan en este tema” y advirtió que “Argentina necesita una diversificación de la matriz energética porque tenemos una dependencia muy fuerte de los hidrocarburos”.

“Hemos perdido autoabastecimiento y por eso se está importando hasta 40 barcos con gas licuado que luego se convierten en gas congelado y luego en gas natural. En ese sentido, esta diversificación la necesitamos para no tener tanta dependencia de lo que son los combustibles fósiles”, dijo el dirigente aunque aclaró que dicha política no va a garantizar el abastecimiento energético: “Va a colaborar pero necesitamos desarrollar las hidroeléctricas y las plantas nucleares que son no contaminantes y que además nos pueden sacar de esta dependencia tan importante que tenemos del petróleo y el gas”.

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