Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

CmJjJAsWIAEGVPsLos represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

CmJulEJWIAEkUm9En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.

La Coordinadora contra los Tarifazos convoca a una reunión esta tarde a las 18 en Rodríguez 78 para organizar las manifestaciones públicas que se realizarán los días 9 y 12 de julio tal como se consensuó en encuentros anteriores. Será para repudiar los despidos y los aumentos en los costos de los servicios públicos.

“Venimos trabajando con unos gastos que ya estaban previstos y planificando de acuerdo a eso y de pronto nos encontramos con que en menos de un mes viene un tarifazo que pone en riesgo la continuidad laboral nuestra y de muchas otras empresas a lo largo de todo el país”, dijo a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del Frigorífico INCOB.

El cooperativista recordó que “participamos de la reunión por el tarifazo en Buenos Aires, vimos que fue productivo, que tuvo convocatoria, la gente respondió ante esta necesidad de hacer frente a esta situación que no solamente complica a las empresas sino también a cada hogar que tenemos el consumo de estos impuestos”.

“Ahora acá en Bahía nos reunimos, hicimos una convocatoria en conjunto con varias organizaciones para también poder demostrar que nos está perjudicando y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión porque no se pensó realmente en las consecuencias que hay hoy y cómo precariza la situación laboral nuestra y de todas las empresas”, agregó.

La flamante Coordinadora ya realizó dos reuniones de las que participaron miembros de clubes de barrio, cooperativas, centros culturales, pymes, centros de jubilados y personas independientes afectadas por las subas implementadas por el gobierno y las empresas. “Estaría bueno que se puedan acercar y que juntos peleemos para dar marcha atrás con esto”, dijo Acosta.

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

sirenaLa intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

diaboloAl ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

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Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.

Mirta Susana Filipuzzi, quien subroga el Juzgado Federal Nº1, se declaró incompetente en la causa contra el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual. La jueza entendió que corresponde la figura de “facilitación de la prostitución” y, por ende, la investigación debería llevarla la justicia ordinaria.

Por otra parte, dictó la falta de mérito por el delito migratorio. Los fiscales Antonio Castaño y Marcelo Colombo (Protex) le reprochan también a Iglesias, García, Gutt y Vargas “haber promovido o facilitado la permanencia en situación migratoria irregular de una de las presuntas víctimas, encontradas la noche del procedimiento con el fin de obtener un beneficio económico a partir de la actividad que ella realizaba”.

Según la Dirección Nacional de Migraciones una de las mujeres rescatadas “tenía su visa de turista vencida y pese a ello, permanecía en la Argentina siendo explotada la actividad económica que practicaba en favor de Alfredo Ismael García y obteniendo por ello sumas de dinero que le permitían permanecer en nuestro territorio”.

La causa

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

La instrucción fiscal comenzó en 2014 a partir de una denuncia anónima en la línea 145 que advertía que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.

La titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNS, Graciela Cortázar, dijo a FM De la Calle que junto a un grupo de colegas fueron convocados por la Secretaría de Investigación del atentado a la AMIA para analizar la factibilidad de crear una ley que permita el juzgamiento en ausencia para personas imputadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes de guerra.

La causa sobre el atentado contra la mutual judía se estancó luego de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el gobierno anterior. “Hay dificultades para poder notificar a los imputados y se encuentra con una parálisis que conmociona al Estado porque es la segunda causa judicial más importante que tiene el país y sin embargo no se encuentran las formas de resolverla, no de lograr siquiera una condena sino poder aportar una verdad sobre lo ocurrido”.

El respeto a las garantías de las personas acusadas es uno de los puntos centrales del estudio. Cortázar explicó que “hay que hacer un análisis en base a los tratados de derechos humanos para ver de qué modo se puede hacer una interpretación que garantice los derechos y sin embargo no nos impida, porque las personas se profuguen, continuar con el proceso. La cuestión está en poder garantizarle a las víctimas y a la sociedad -porque el Estado tiene la obligación- que las causas terminen en un plazo razonable”.

Si bien parten de la necesidad planteada por la causa AMIA, la incorporación del juzgamiento en ausencia “puede venir a resolver muchas cuestiones que tienen que ver con causas o procesos abiertos por los hechos cometidos por la dictadura y se encuentran con algunas personas profugadas. (…) Me parece que en el país hemos tenido y tenemos procesos complejos que requieren contar con herramientas jurídicas especiales”.

Por último, Cortázar destacó que los procesos en ausencia también garantizan a las o los imputados una definición de su situación porque tratándose de crímenes imprescriptibles quedarían encausados “eternamente”. Además las defensas técnicas se “refuerzan mucho para evitar que esto sea una apariencia de debido proceso. (…) Se pone mucho énfasis en las leyes de los otros países y en que tenga la posibilidad el imputado de elegir un defensor y, verificada su voluntad de ausentarse del proceso, continuar con todas las garantías hasta juzgarlo y obtener una sentencia”.

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Ing. White, Andrea Cardone, defendió la continuidad de los concursos de belleza y la elección de la reina nacional del Camarón y Langostino porque si bien “estamos en contra de todo lo que es violencia de género meterlo en este sentido es un golpe bajo”. La concejala Miriam Iantosca propuso que el municipio no participe ni financie estos eventos por su violencia simbólica.

La fomentista aseguró que solicitaron la Banca 25 para presentar su postura en el deliberativo porque “que haya una reina nacional no es capricho nuestro, esta es la número 22, los diputados y senadores de la Nación decretaron esto”. “Cuando la reina viaja va representando a la ciudad de Bahía Blanca y al municipio y en otros lugares nos recibe el intendente, también es un evento cultural”, dijo a FM De la Calle.

Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la simbólica es aquella violencia que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

“Con el pensamiento que tienen, tienen que prohibir los desfiles de moda, cerrar las escuelas de modelos, que en las revistas no aparezca la mujer para vender un producto en bombacha o en malla”, se quejó la organizadora.

Cardone aseguró que en la fiesta del Camarón “no nos guiamos ni por medidas, ni por estatura, ni por color de piel, ni color de ojos, ni color de cabello”. Este video del “backstage” la desmiente. Por otra parte, se jactó de actuar diferente a quienes discriminaron a la reina de la Vendimia por estar embarazada: “Hace dos años atrás nuestra reina Sol Díaz después de ser electa quedó embarazada, no se le sacó la corona, sí no viajó, viajó la princesa en su lugar para preservar su embarazo y al otro año se despidió en el escenario mayor con su bebé”.

Dijo que el municipio “no está participando en la elección de la reina” y que el “único aporte” que hizo este año para la fiesta whitense “fue el aporte de los músicos locales”.

“Dentro del jurado siempre participaba el intendente o mandaba alguien en su lugar, en este caso era el delegado, siempre participaron concejales, te puedo nombrar a Ana Civitella. Cuando se hace la elección de la reina se realiza el día sábado, el miércoles anterior todas las postulantes tienen una entrevista donde el jurado las conoce por primera vez, pueden conversar con ellas y tienen una planilla con un montón de cosas que ven no solo la belleza de la que se postula”. Por ejemplo, “se ve la simpatía que pueda tener, cómo se desenvuelve, la parte humana, si es solidaria, un montón de aspectos, no solamente el físico”.

“Cuando las nenas desfilan, en la primer pasada que es en malla, es en malla enteriza para preservar su cuerpo”, contó. ¿Para que lo hacen si quieren preservar el cuerpo? “Porque desde que se hace la elección es eso”, concluyó.

Un proxeneta en la cocina

iglesias camaronLa Fiesta del Camarón y Langostino es organizada por la Sociedad de Fomento junto a otras instituciones de la localidad portuaria. Entre ellas el Club Huracán, cuyo vicepresidente Víctor Hugo Iglesias será juzgado junto a su hermano y otros tres hombres por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en otra causa similar tiene un pedido de detención y procesamiento en su contra por parte de la Fiscalía.

El Piraña Iglesias es el encargado de la cocina de la fiesta. “Antiguamente había una empresa que venía desde Mar del Plata a hacerlo. En la gestión de Juan Mosqueira (sic) logramos que estuviera a cargo de gente de White. En manos del Club Huracán y con los cocineros Víctor Hugo y Hugo Iglesias”, publicó Ecodias el 12 de abril. Años antes, como consta en el parte municipal, el propio imputado destacaba los “cinco años seguidos” que llevaba en la función.

Al ser consultada respecto a la imputación contra el vicepresidente del club, Andrea Cardone dijo que “eso lo tiene que decidir la justicia, o sea, uno lo conoce como vecino y tampoco lo podés juzgar de antemano. La justicia tendrá que dar el dictamen final”.

-Víctor Hugo representa al Club Huracán pero hay un montón de gente, nosotros como entidad trabajamos no solamente con el Club Huracán sino con un montón de entidades de Ing. White.

-Que no tienen un vicepresidente procesado por trata.

-Eso lo va a dictaminar la justicia.

-¿Trataron el tema en algún momento?

-No, sinceramente no.

El ex marino Carlos Alberto Paxote fue recibido ayer por el intendente municipal Héctor Gay. Se trata del ganador del primer concurso realizado para ocupar el cargo de gerente en la SAPEM Ambiental.

La Corriente Comunista David Watu Cilleruelo emitió un comunicado en el que sostienen que “el ex militar, en plena dictadura cívico-militar, ocupó el cargo de Teniente de Corbeta” y “en 1978 fue ascendido, según consta en información pública difundida en el Boletín Oficial de la época”.

A esta información pública agregaron que flamante funcionario “llevó adelante una cuestionable carrera militar. Según información que obtuvimos, Paxote y miembros de la Armada Argentina estarían involucrados en el robo a un arsenal militar y faltante de material naval.  Como también una detención en plena formación con sus pares”.

De esta forma, solicitaron “al Ejecutivo municipal que dé a conocer cómo fue el proceso de designación de Paxote” y requieren respuesta acerca de si ”se solicitaron antecedentes personales de los participantes” y si éstos fueron corroborados ante organismos públicos y de derechos humanos”.

Además el espacio político señaló que “es de extrema gravedad que las designaciones oficiales para ocupar cargos públicos en democracia sean permeables a personajes con los antecedentes mencionados. En este caso, solo aumentaría la falta de transparencia con que todas las administraciones municipales vienen gestionando las SAPEM”.

“Por último, y como parte del entramado social de nuestra ciudad, aparece otra vez un hombre de la Marina inmiscuido en la administración pública. La historia de esta fuerza militar con la política de los sectores dominantes locales no hace más que oscurecerlo”.

 Ascenso Paxote

Tomando una iniciativa de Acciones Feministas el Concejo Deliberante discute la posibilidad de “dejar sin efecto todo procedimiento administrativo que permita o habilite por parte del Municipio, concursos de belleza de personas y en particular de las mujeres, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales, o eventos públicos”.

El proyecto fue presentado por la concejala Miriam Iantosca y recomienda “la no realización de concursos de belleza en espacios privados de acceso público” y para ello la comuna “desalentará toda iniciativa privada que promueva su realización, dejando estipulado que NO avalará bajo ninguna modalidad ni tácita ni expresa ningún tipo de estos eventos, ni subsidiará a organizaciones que los fomenten”.

“Nos hemos encontrado con personas que ni siquiera lo habían considerado, cuando tenés algo naturalizado, cuando tenés algo que aprendiste así, que nunca lo cuestionás, a veces aparece esta violencia que ha aparecido en estas semanas, creo que me han llamado de todo menos bonita pero te das cuenta que algo debemos realizar”, dijo Iantosca a FM De la Calle y se preguntó: “¿Quién dijo que la belleza es así?”.

La propuesta sostiene que los “certámenes de elección de reinas resultan ser discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica, donde solo se mira y define a la mujer por sus medidas, atributos físicos y estereotipos de belleza” y que el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer y promoviendo medidas que eviten la violencia simbólica, en el marco de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Dicha norma establece que la violencia simbólica es aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Iantosca plantea que como alternativa se promueva “otro tipo de reconocimientos, basados en destacar a personas de acuerdo a su compromiso solidario y ordena la conformación de una comisión asesora “integrada por representantes de las diferentes organizaciones que se ocupan de la perspectiva de género y de la violencia de género, con el fin de monitorear el cumplimiento de la presente ordenanza y proponer acciones que acompañen el proceso de adecuación”.

La desvinculación del Estado de este tipo de concursos discriminatorios tiene antecedentes en Chivilcoy, Villa Gesel, Villa La Angostura, Coronel Suárez y Viedma. En Bahía Blanca, se opone a la medida la Sociedad de Fomento de Ing. White que organiza la elección de la reina de la Fiesta del Camarón y Langostino.

La directora del programa de Investigación del Área de Educación, Investigación y Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, Samanta Salvatori, participó del ciclo de Encuentros “Memoria, Derechos Humanos y Educación” y brindó una charla sobre “La Construcción de la Memoria y las formas de participar en el aula”. Antes de su exposición en la actividad convocada en el marco de la Licenciatura en Ciencias de la Educación visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle.

Salvatori comentó que vino a la ciudad para  “contar la experiencia que llevamos adelante en la Comisión por la Memoria, a partir del programa Jóvenes y Memoria que hace años que se viene desarrollando en las escuelas y con organizaciones sociales y poder comprender qué es esto de educar en la memoria, de reflexionar qué entendemos por memoria, no como algo anclado en el pasado sino a partir de ese mandato que tuvo la escuela desde un principio, del deber de memoria, poder desentrañar eso y qué ha pasado todos estos años desde el período posterior a la dictadura militar”.

La dictadura “caló hondo en la educación pero también hubo muchas resistencias y eso es interesante de indagar, cuando trabajamos con docentes en las capacitaciones emergen esas situaciones de resistencia, de cómo hacían para poder dialogar con los jóvenes, presentarles otra mirada. Si no nos quedamos solamente con esa implantación de un modelo económico, la implantación de un sistema en la educación”, afirmó.

La investigadora recordó que “al principio muchos de los trabajos tenían que ver con recuperar estas historias del pasado, siempre contraponiendo relatos. Después las temáticas fueron ampliándose, más allá de la intervención que hicimos como institución para proponer nuevos temas porque nos parecía que había que empezar a hablar de algunas cuestiones, se hablaba de la dictadura pero no se hablaba de la violencia política”.

“Pero también hubo una emergencia de temas que tienen que ver con lo que fue atravesando a los jóvenes, la violencia policial, la violencia en distintas instituciones del Estado, en la escuela, las interpretaciones que ellos hacen sobre el sistema educativo, los barrios, qué sucede en el barrio, muchos de los trabajos indagan en cómo se construye desde la sociedad ese Otro somos nosotros en este barrio, y también la incorporación de organizaciones sociales -ahora están participando desde Envión Bahía Blanca- hace que esos temas vayan emergiendo y se vayan fortaleciendo en el programa”, agregó.

También el plantel docente se renovó: “Muchos son jóvenes y a veces no conocen qué sucedió durante la dictadura militar, por ahí tienen 22 o 23 años y empiezan a estar frente a alumnos. Cómo abordar el tema, a veces en las capacitaciones decimos ‘pero todavía no saben qué pasó, cuál fue el modelo económico de la dictadura militar’. Les querés contar todo. Llevamos adelante una capacitación en distintas instancias en el programa para no solamente pensar en la información que se necesita para abordar el tema sino también de qué manera podemos formarnos en nuestra tarea de formar a los jóvenes, plantearnos una crítica sobre lo que estamos haciendo (…) y de qué manera es la práctica docente porque muchas veces es transmitir el conocimiento y no, lo que promovemos es la reflexión en torno a ese conocimiento”.

Foto: Sandra Della Giustina.

(Por Mauro Llaneza) El procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White fue solicitado por la fiscalía federal. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

El fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas. Iglesias es un hombre del presidente de la Liga del Sur, Dámaso Larraburu. Supo militar la frustrada candidatura a la intendencia del dirigente peronista y muestra con orgullo su foto con dos que tuvieron mejor suerte: los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua y Sergio Massa.

iglesias +aVarios de los hombres investigados son ex integrantes de la Prefectura Naval expulsados por cuestiones disciplinarias y aún tienen contactos en esa u otras fuerzas de seguridad que los mantienen al tanto de los movimientos judiciales y allanamientos. El imputado Eduardo “Moisés” Gutt es actualmente ayudante de primera entre el personal subalterno de la Prefectura Bahía Blanca y advirtió a Beto García que la situación se estaba poniendo “peligrosa”. La exclusión de esa dependencia y su reemplazo por prefectos de Zona Mar Norte, Mar del Plata y Quequén permitió que la madrugada del viernes 15 de abril pudiesen ser rescatadas siete mujeres en el Bar Brodway y cuatro en El Gran Chaparral.

García también se mantiene informado por el policía bonaerense Marcelo de la Rosa a quien alguna vez le pidió que actúe contra El Gran Chaparral, ubicado en la playa de camiones cercana al Triángulo, porque las “fiestas” del restaurante de Martín Vargas le quitaban prostituyentes. Muchos clientes solían ver el cierre de las persianas del local sentados en sus mesas, las luces bajaban, la música subía y los machos estallaban en “aplausos, silbidos y una especie de aliento”. Los cuerpos y la compañía de las “mozas” pasaban a ser vendidos mediante “copas”, bebidas que las mujeres compran al dueño para revender más caras y quedarse con la diferencia.

chaparralllLuego de la clausura de El Gran Burlesque en Torres 4091, edificio del Piraña Iglesias, los investigadores dieron con una “cumbre” de proxenetas en la cual acordaron variar la modalidad del delito para no ser descubiertos e incorporaron a ex miembros de Prefectura como personal de seguridad. Miguel Ángel “Sapo” Álvarez de Diábolo y José Gabriel Contreras de Las Vegas participaron del encuentro con los miembros de la red denunciada por la Fiscalía.

Varios de ellos están procesados en otras causas y a la espera del juicio oral -como Iglesias- aunque la justicia nunca aceptó mantenerlos en prisión preventiva a pesar del riesgo de fuga y el comprobado entorpecimiento de la instrucción mediante presiones contra las víctimas.

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La investigación concluyó que todas las mujeres rescatadas atraviesan situaciones de pobreza, violencia familiar, son único sostén de familia, madres de varios hijos e hijas menores de edad, inclusive con discapacidades físicas, o tienen parientes mayores enfermos, a quienes deben asistir, padres ausentes (suyos y de sus hijas e hijos), provienen del circuito prostibulario, vivieron circunstancias muy violentas, y no cuentan con estudios secundarios ni ninguna otra alternativa económica viable. “Allá es mierda”, dijo una de las víctimas sobre su país.

Dicha vulnerabilidad “facilita la captación -denominada actualmente ‘captación blanda’- como asimismo, mantener a la persona damnificada en la condición de explotación, asegurándose” los tratantes “no ser delatados y a consecuencia de ello, garantizar su impunidad”.

Muchas de las mujeres rescatadas no se reconocen como víctimas, según los fiscales, “por miedo a represalias por parte de traficantes, contra ellas mismas o sus familiares, trauma, vergüenza, temor al rechazo de su familia al regresar o de la sociedad, falta de confianza o autoestima y falta de información sobre la asistencia disponible”. Ellas vieron que los imputados no fueron detenidos por la jueza Mirta Susana Filipuzzi.

La licenciada en psicología María Victoria Burgos detectó en las víctimas “un vínculo patológico y dependiente con los tratantes, o que tendería a encubrirlos, mostrando enojo y molestia ante la intervención judicial y la interrupción del funcionamiento del que forman parte”.

“¿Se puede ser libre para decidir cuando se encuentran quebrantados los derechos más elementales del ser humano?”, preguntó la referente local de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas Silvina Pasquaré.

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El 13 de febrero de 2014 un llamado anónimo denunció en la línea 145 que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

iglesias hIglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

Una de las mujeres rescatadas en abril dijo que una amiga le pidió que “nunca se meta con Víctor Hugo Iglesias y compañía, alias Los Pirañas, que son muy bravos, que son muy peligrosos, con la droga, no sé, ha tenido chicas encerradas, prostituyéndose”. Otra había “trabajado” en Kaos con un Víctor Hugo: “Él sí las amenazaba, se quedaba con todo el dinero de los pases. Eso hace como seis años atrás, cuando recién llegó de Paraguay. Víctor Hugo si veía una chica que no trabajaba la trataba mal, era re loco, venía y les decía por qué no trabajaban. Arriba de la casa de Víctor Hugo tenía piezas, allí vivió durante cuatro años. En esas habitaciones se hacían los pases. Eso fue más o menos de 2009 a 2013”.

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“¿Por qué las mujeres insisten en jurar no saber nada? ¿No puede aparecer como indicador de la posición dominante e influencia negativa que ejerce el tratante que ellas lo llamen “señor”, “patrón” o “el dueño”? ¿Será por vergüenza que intentan convencernos falsamente que tienen novio (de los cuales no recuerdan sus datos personales) y que por eso han dejado de practicar intercambios sexuales por dinero?”, plantearon los fiscales Castaño y Colombo.

Y agregaron: “¿No es raro que alguien salga solo a tomar algo a un bar de esas características, instalado a la vera de la ruta, dejando a sus hijos durmiendo sin nadie que los cuide, únicamente para divertirse, sin ganar dinero? ¿Es solamente casualidad que todas las entrevistadas hayan tenido una vinculación anterior con el circuito prostibulario bahiense, presenciando inclusive otros procedimientos judiciales? ¿Por qué dicen haber concurrido por esa sola vez, cuando las hemos visto antes, junto a los proxenetas? ¿No debe resultar llamativo que, por ejemplo, la supuesta moza “P” mantenga el mismo discurso que el tratante?”.

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Alfredo Ismael “Beto” García se defendió en la indagatoria diciendo que su negocio “contaba con la habilitación municipal” y que tenía las “obligaciones fiscales en regla”. Dijo que se dedica al “servicio de bar y sanguchería” y que la acusación “infundada” provino de enemigos de Prefectura. Pidió una audiencia en la Municipalidad y se quejó por ser “injustamente perseguido”.

brodwayIglesias ofreció como prueba de su inocencia las grabaciones de las cámaras ubicadas frente a su hotel aunque el fiscal la descartó por los contactos clandestinos que el imputado tenía en el Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes “que le brindaban protección y aseguraban su impunidad”.

“A mí solo me rompe las bolas, me manda a decir ‘Víctor te vieron que saliste con un fierro’, ‘Víctor te vieron que saliste con un palo'”, le dijo Iglesias telefónicamente a un hombre no identificado quien le contaba que “el de las cámaras”, “el hermano de Martín”, se lavaba las manos y no lo ayudaba.

Eduardo Gutt admitió su amistad de tres décadas con Beto García, a quien conoció en la Prefectura y apuntó también a oficiales de Inteligencia de dicha fuerza con quienes tiene “mala relación”. Alias Moisés advertía sobre los allanamientos a García y este a Iglesias. Para los fiscales “violó todas las normas de secreto que regulan la actividad pública convirtiéndose en un cómplice primario del delito de trata de personas”.

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“Ninguna duda queda a esta altura que tanto en el Bar Brodway de propiedad de Alfredo Ismael García, como así también en El Gran Chaparral de propiedad de Martín Vargas, desde un tiempo desconocido hasta la fecha en que se practicó el procedimiento de registro, detención y secuestro, se cometió el delito descripto supra, habida cuenta que allí se explotaban sexualmente mujeres, las que previamente fueron captadas a través del circuito prostibulario que funciona en este medio, y a consecuencia de lo expuesto, se enriquecieron ilícitamente con el dinero preveniente de dichos intercambios sexuales ajenos. Para ello se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, haciendo de dicho abuso una actividad habitual”.

“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los prostíbulos, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela. Una clientela muy especial: casi exclusivamente formada por camioneros”, dijeron Castaño y Colombo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº1, sin titular desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale cuatro años atrás. En el Nº2 fue nombrada en febrero de 2015 Gabriela Marrón, de licencia hasta octubre de 2017 para acompañar el traslado laboral a Cuba de su marido. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi ordenó como subrogante los allanamientos de abril y pidió más pruebas para detener a los imputados. Está de licencia. Héctor Plou, titular del Juzgado Federal de Junín, debe resolver el pedido de los fiscales para procesar y dictar la prisión preventiva de los tratantes. Además de sus propios expedientes y los de Bahía Blanca fue designado hasta el 30 de noviembre en otra sede judicial en Santa Rosa. Intentó renunciar a esa responsabilidad pero el Consejo de la Magistratura no se lo permitió.

(Por Mauro Llaneza) El juez Jorge Ferro se refirió ayer en FM De la Calle a los fallos que firmó como integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense en los cuales se aceptaron las recusaciones planteadas por las defensas de represores que son investigados en la ciudad contra Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Federal Nº1 hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2015.

“Los actos que dictó mientras estuvo a cargo del juzgado quedan vigentes”, aclaró y agregó, contradiciendo lo escrito en el fallo Delaico que ilustra esta nota, que las quejas fueron declaradas “abstractas” y por ende, no analizaron los cuestionamientos contra el juez que firmó en Bahía Blanca alrededor de 80 procesamientos contra represores de las fuerzas armadas y de seguridad y de Triple A.

Por otra parte, comentó por qué votó por la confirmación de la falta de mérito que benefició al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y adelantó que en agosto podría comenzar el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad.

Desde Mar del Plata, Ferro aseguró que “cuando estas causas llegan a la Cámara Federal, la sala que integro con el dr. Triputti y creo con el dr. Velázquez, resolvemos que las recusaciones del dr. Ramos Padilla caen en abstracto precisamente porque él ya no es juez subrogante en Bahía Blanca. Por cuestiones técnicas, no obstante esa declaración en abstracto, dejamos vigentes los autos que el dr. Ramos Padilla había dictado como tal durante su permanencia como juez, las causas no se retrotraen, lo que ocurre es que a partir de ahora van a tener un nuevo juez que va a ser designado por el Consejo de la Magistratura”.

delaico abstracto

Extracto fallo Delaico.

Los defensores calificaron a Ramos Padilla como un “juez militante” y cuestionaron que haya sido “director de Derechos Humanos, que participó como querellante en causas de lesa humanidad mientras estuvo cumpliendo funciones como abogado en La Plata e intervino en muchos juicios” y que al subrogar el juzgado local “esa supuesta forma de actuar o ejercer ese derecho de defensa de los querellantes podía influir en su ánimo parcial”.

Sin embargo, Ferro aseguró: “Eso nosotros no lo tratamos porque entendemos que ya al haber renunciado a su cargo de juez ya no tiene sentido analizar las pretensiones de los abogados defensores porque precisamente caen en abstracto”.

deaico padilla

Extracto fallo Delaico.

El camarista reprochó al juez renunciado el haberse excusado en causas de lesa en su juzgado original pero no en nuestra ciudad: “El tema de la uniformidad del plan criminal ya como miembros del tribunal oral lo hemos dicho en tres juicios ahí en Bahía Blanca, entonces decimos si las causas de lesa humanidad actúan de una forma en Dolores tienen que actuar de la misma forma en Bahía Blanca”.

La falta de mérito de Massot

Al ser consultado sobre la falta de mérito otorgada al empresario Vicente Massot por el abogado Claudio Pontet en el marco de la causa que investiga la participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado, Ferro aseguró que la Cámara confirmó la resolución porque “no hay ningún tipo de elementos que lo convaliden al señor Vicente Massot como participante de los casos de Heinrich y Loyola en el año 76, 77”.

“Al menos está acreditado por ahora que él vivía en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires y que solo ocasionalmente viajaba a Bahía Blanca. Distinto es el caso de la madre (Diana Julio) y del hermano fallecido (Federico Massot) que ellos estaban en Bahía Blanca y manejaban de manera directa el diario La Nueva Provincia”, dijo.

Massot fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

Según el magistrado, las negociaciones con el Sindicato de Ártes Gráficas que conducían los obreros asesinados estaban a cargo de Federico y “un señor que en este momento no recuerdo el apellido, ¿puede ser Gabrielli?”. Insistió en considerar probada la permanencia del actual director de la empresa en Capital Federal durante el conflicto gremial.

-¿Y las actas de delegación de la gestión de Federico a Vicente?

Porque él no estaba en Bahía Blanca. Él tiene perfectamente acreditado que durante esos períodos estuvo permanentemente en Buenos Aires.

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Acta LNP, 16/9/75.

-¿El acta de la propia empresa no dice lo contrario?

No, el acta ante escribano dice que él puede manejar las negociaciones sindicales, como que estaría facultado, pero no dice que él las llevó a cabo.

-Hablan de por lo menos dos ocasiones en que estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola.

Por eso le digo, el acta dice, pero hasta este momento no está acreditado que él participó de esas reuniones en el ámbito del diario, hasta lo que surge ahora. Por eso confirmamos la falta de mérito y si la parte de la Fiscalía profundiza investigaciones y logra acreditar lo que ellos dicen otro puede ser el resultado.

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Acta LNP 28/9/75.

-¿Y en relación a la acción psicológica que ustedes habían ordenado investigar?

Bueno, la acción psicológica era manejada por las autoridades del diario en ese momento que eran la señora, la madre, y el hijo que falleció.

-Eso está probado pero no lo de Vicente…

Eso sí, pero no lo de Vicente Massot.

-Ustedes dicen en algún momento que la empresa es usada por las fuerzas armadas, casi como víctima de los terroristas de Estado…

No, lo que decimos es que el diario La Nueva Provincia en ese interín sirvió como acción psicológica porque lo expresaba el propio Adel Vilas en su declaración indagatoria. Lo que ocurre es que el diario en ese momento estaba dirigido por la señora de Massot y por el hijo que estaba en Bahía Blanca. El señor Vicente Massot por lo que surge en el expediente hasta este momento no tuvo nunca injerencia o poder de decisión en ese diario, aparte tenía si mal no recuerdo creo que 19 o 20 años.

Próximo juicio

Como presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca, Ferro informó que “está en pleno camino el cuarto juicio” por crímenes de lesa humanidad. Las partes están aportando sus pruebas, “tenían un plazo de diez días, creo que van a pedir otra ampliación y si todo ocurre normalmente calculo que en el mes de agosto empezaríamos con las audiencias orales. Es un plazo muy relativo porque como es complejo el juicio y muy extenso las partes pueden ofrecer muchas pruebas”. Se trata de la causa Ejército III caratulada “González Chipont y otros” con cerca de 35 imputados por casi un centenar de hechos.

(Por Mauro Llaneza) Seis meses después de la renuncia de Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, la Cámara Federal avaló una recusación en su contra planteada por la defensa de un represor y puso en jaque a todas sus resoluciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Se trata de varias causas similares que repiten el argumento: que Ramos Padilla haya sido abogado de organismos de derechos humanos y condene públicamente el terrorismo de Estado da “sustento serio y razonable al temor de parcialidad” que plantean los genocidas. Esto habilitaría a las defensas a pedir la nulidad de decenas de procesamientos, elevaciones a juicio, prisiones preventivas e indagatorias de civiles y militares.

El camarista Jorge Ferro afirmó que más allá de la renuncia del recusado “el caso no puede ser declarado abstracto” porque eso sería “adoptar una posición, por lo menos, ingenua respecto del tipo de proceso que nos ocupa, pues en razón de su objeto, los sujetos que involucra, su gran volumen, su complejidad, su extensión geográfica y temporal, su importancia histórico social y su alto contenido político e ideológico entre muchos otros factores, nunca podría ser asimilado a una causa penal ordinaria”.

A pesar de haberse inscripto en la historia judicial bahiense como el presidente del tribunal oral que condenó a decenas de represores y ordenó investigar a La Nueva Provincia, el marplatense ya había comenzado su adaptación al cambio cuando confirmó la falta de mérito a Vicente Massot victimizando a la empresa sin importar siquiera las “apariencias” de quien benefició al hijo de Diana Julio.

La Fiscalía había solicitado la nulidad de la designación de Claudio Pontet a quien recusó por imparcial “no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento”, que “afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia”. El tema no fue de “interés actual” para la Cámara.

Ahora, por ejemplo en un incidente de la causa “Delaico… p/Privación de la libertad pers. tortura, homicidio agravado”, Jorge Ferro declaró la nulidad del rechazo de Padilla a la recusación en su contra por entender que era una definición que correspondía a la Cámara y desplegó la jugada con el apoyo del pampeano José Mario Triputti –vocal del tribunal oral- y Pablo Candisano Mera.

El debate comenzó cuando el defensor Sebastián Olmedo Barrios pidió el apartamiento de Ramos Padilla por falta de imparcialidad porque a su entender el juez “tiene una posición política tomada” respecto al tema de la causa y “de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”. Se basó en declaraciones periodísticas que Padilla realizó cuando era abogado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado destacó entonces que fue designado para entender en todas las causas que tramita el Juzgado Nº1 y que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento” y que sus resoluciones se fundarían en las pruebas de cada caso.

Padilla sostuvo que su anterior actuación como abogado no tenía ninguna incidencia en la causa en cuestión ni su compromiso con los derechos humanos podía ser un inconveniente dado que así lo exige el Reglamento de Selección de Magistrados. Calificó la recusación como “absurda” pues si los mismos argumentos se utilizaran en causas de “trata de personas, narcotráfico, abuso de menores, etcétera, se podría sostener que no se encontrarían habilitados para actuar como magistrados aquellos abogados que previamente hubieran actuado como acusadores en algunos de esos procesos” o que hubieran manifestado que los imputados “deben ser juzgados y de resultar responsables, condenados”.

Ya en la Cámara, el juez Ferro dijo que el planteo es “ambivalente” porque, por un lado, toma “esa posición simplista” y, por otro, “al justificar su designación y el rechazo de los múltiples planteos recusatorios, busca apuntalarse en la diferenciación de estas causas respecto de cualquier otras, haciendo hincapié en que este tipo de causas es producto de una política de Estado y que todo juez de la Nación debe regir su actividad siguiendo los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados de DDHH”.

Para Ferro es “obvio” que el mejor argumento es el “mixto” de Olmedo Barrios quien invocó “tanto las causales del código como la causal objetiva de ‘temor de parcialidad’, debiendo tenerse en consideración las particularidades propias de los procesos judiciales en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

En plan de compartir “obviedades”, Ferro recordó que “el plan criminal fue único, no hubo uno por cada circunscripción en las que está organizada la justicia federal, de allí que no puede hacerse el análisis desvinculando las causas unas de otras pues se iría a contramano de la realidad de los hechos acreditados en las distintas causas que tramitan en todo el país”.

Y agregó que “si bien las acusaciones que como querellante formuló el dr. Ramos Padilla involucraban a personas distintas de las partes intervinientes en esta jurisdicción (tanto víctimas como imputados), igualmente refieren al mismo plan criminal investigado”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia trabajan por estas horas en la apelación de los fallos, los represores de las fuerzas armadas y la Triple A son de los pocos que aún tienen expectativa de mejorar en el segundo semestre.

Ayer, el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de la jueza Susana Amelia González La Riva, absolvió a Norberto Maximiliano Metz, gerente local de Camin Cargo Control, acusado de la muerte de Juan Cruz Manfredini.

Por homicidio culposo, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba.

Durante el proceso judicial, los testimonios de los trabajadores, especialistas y funcionarios públicos que dieron cuenta de la clandestinidad en que la empresa llevó a cabo su proyecto, generaron cierta expectativa sobre la posibilidad de una decisión judicial orientada en un sentido contrario a la adoptada por González La Riva.

“Esperábamos una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá del joven trabajador. “Se demostró que Juan no tuvo responsabilidad alguna”, agregó.

Por su parte, Federico Mandredini, papá de Juan Cruz, sostuvo que “deja mucho que desear el fallo de la jueza. Porque en el juicio quedó demostrado que el lugar no estaba habilitado, que no estaban las condiciones dadas, que no tenían el lugar habilitado, inclusive cómo se produjo la explosión. Quedó también demostrado que Juan no alcanzó a manipular nada. A la jueza no le alcanzó esto”.

Marcando las condiciones laborales a las que se vieron sometidos los trabajadores en el dúplex, Manfredini recordó que “había muestras semi enterradas del año 2008. Cuando fueron los peritos de la universidad se agarraban la cabeza porque decían que eso es una bomba ambiental”.

La cocina judicial

“Ayer fui la voz de mucha gente común que trabaja, que cumple con la cosas. Me preguntaron ¿qué piensa de la justicia? Y… la Justicia es una mierda, dije”, agregó Federico.

“Nos quedamos con las manos vacías, peor que antes. Porque tuvimos una ilusión que fue borrada. Ayer cayó un muchacho en una obra en construcción. Te da a pensar que la justicia no va a resolver nunca nada y no sabes qué pensar y para dónde ir”, cuestionó Gino Manfredini, hermano de la víctima.

La estrategia de absolución se basó en que el gerente también era empleado y con ello relativiza su responsabilidad. Sin embargo, Norberto Metz “sabe cómo actúo y sabe perfectamente bien que es culpable”, recalcó Federico.

Según Mónica, el absuelto “no fue en toda la semana previa al accidente a la oficina. Estuvo toda la semana cerrada ahí es donde se convierte ese anfo”. “Eso es su responsabilidad. Tenía un trabajo extra al que le dedicaba mayor responsabilidad y los chicos le hacían el trabajo a él”, agregó Manfredini.

Además de absolver a Metz, la jueza no hace ninguna consideración concreta acerca de quién tuvo la responsabilidad. “Ya sabíamos que es una jueza que se tira a favor de las empresas. El hecho de que Metz no haya estado en la audiencia marcaba que lo iban a dejar libre”.

Según la familia de Juan Cruz, el hecho de que el letrado que representó al imputado no haya presentado una defensa férrea daba la sensación de que “estaba todo cocinado”.

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(Por Francisco Tavaglione) Sabemos desde siempre que el diario LaNueva., por más que hayan querido lavarle la cara cambiándole el nombre, es un periódico por demás derechista y ultraconservador, que no solo durante la última dictadura militar colaboró “lavando” secuestros y asesinatos, armando enfrentamientos ficticios, si no que directamente pesa en su haber el asesinato de dos empleados gráficos, Heinrich y Loyola, que aparecieron cuatro días después del secuestro con signos de tortura y más de cincuenta tiros en el cuerpo.

Afortunadamente, cada vez más gente es consciente del tipo de medio que es, y del rol que cumple en el proceso formativo cultural de nuestra ciudad, que no por casualidad tiene fama de ser conservadora y de una moral, en algunos casos, cuasi castrense.

El tiempo pasa, la opinión social se modifica, pero LaNueva., como un ser prehistórico embalsamado, se resiste a cambiar. Se mantiene incólume y presta oídos sordos a la voz del pueblo. Pero sería equivocado creer que solo resiste, pasiva e inofensivamente. Por el contrario, su resistencia es activa, impartiendo valores, instaurando ideología; es un portavoz vigoroso de la “vieja moralidad”, es un bastión de lucha, de los muchos que hay a lo largo y ancho del país, de la derecha neoliberal, del conservadurismo moral, del fascismo social.

Llama la atención que todavía sea uno de los medios zonales más leídos. Quizá eso sea un indicio, de que en materia intelectual, todavía nos quedan muchos pasos para dar.
Presentado el medio, pasemos al tema en que me quiero centrar.
Tras las infelices afirmaciones del intendente durante el acto del 25 de mayo de este año, de que hay enemigos internos y externos, que citara los valores de la patria, que llamara a unirse a los ciudadanos de bien, etc., muchas fueron las críticas que recibió no solo por parte de la oposición local, sino también de toda la sociedad civil a nivel nacional. Lo que más enojó a todos fue que citara casi de manera prodigiosa, las mismas palabras que Videla pronunciara cuarenta años atrás, en una conmemoración del mismo hecho.

¿Qué hizo LaNueva., ante estas afirmaciones? ¿De qué manera trató el tema? ¿Cuál fue su estratagema, para defender un discurso que siempre fue el suyo? Me pregunté esto cuando encontré en LaNueva. una nota editorial, en letra minúscula, en un rincón casi recóndito, un texto sin foto ni colores, donde acusa de carroñeros a todos aquellos que tras las palabras del intendente, se dedicaron a buscarles dobles sentidos con el objetivo de ensuciarlo. ¿Por qué tantos días después, vienen a tratar el tema nuevamente? Esta vez sin velos ni disimulos. Abierta y felizmente, defienden al intendente, y dicen que cualquier malinterpretación corre por cuenta de cada uno. Sin duda, pasadas las semanas, a nadie le interesa tanto como cuando el tema estaba candente, y sin embargo yo vengo a resaltarlo, para hacerle un poquito de fuerza y manifestarles que la impunidad con la que siempre se manejaron, va a tener cada vez más resistencia.

La primer noticia que sacaron al respecto (25/5), se limita a repetir las palabras del intendente durante el acto. La noticia se titula “En el día de la patria, el intendente habló de “enemigos importantes de adentro y de afuera”.
Cuando al día siguiente (26/5) Gay debió afrontar las críticas de toda la sociedad, LaNueva. publicó dos noticias en simultaneo (hay una diferencia de un minuto en la publicación): en la primera, se limita a nombrar a tres políticos locales, como los únicos que reaccionaron negativamente ante su discurso. Intenta llevar la atención al hecho de que son opositores, explicando por este motivo su inquietud. La otra noticia es nuevamente una descripción presuntamente objetiva de su discurso, una repetición de sus palabras, una nota desinformativa y distractora que solamente detalla cómo fue el acto, dónde se realizó y qué personajes de la política estaban presentes.

El día 27/5, LaNueva. nos informa que Gay debió aclarar ante las críticas opositoras que se refería al narcotráfico, y en primera plana, el titular principal reza lo siguiente: “Tras la aclaración de gay, el consejo le pedirá las estadísticas sobre el narcotráfico.”, con lo que hace dos cosas: en primer lugar, legitima el discurso setentista, dando por hecho que en referencia al narcotráfico el intendente se puede expresar en los términos que quiera; en segundo lugar, busca descentrar nuestra atención, hacernos olvidar de sus nefastas afirmaciones, y que el problema del narcotráfico ocupe en nosotros un lugar de interés.

Pasan dos días, domingo 29/5, el hallazgo del cuerpo de Micaela atrae toda la atención, pero en un apartado editorial (el segmento Entre tazas y cafés) no pierden la oportunidad de barnizar y atenuar las desagradables paráfrasis. Dicen que por no haber aclarado a qué se refería, todo se prestó a confusión, pero “…convengamos que rápidamente Héctor salió a pedir disculpas y a aclarar con precisión a lo que se refirió, algo con lo que no dejó lugar a dudas y con lo que, obviamente, no puede haber desacuerdo alguno”, y agregan: “Lo que pasa es hay veces que los que están “siempre listos” para ayudar por ahí la complican”, en clara acusación a todos aquellos que repudiaron su discurso.

Ese mismo día, otra nota editorial titulada “Yo subvierto, tu subviertes, todo estalla” hace una sola cosa por nuestro intendente: intenta que confundamos todo, que las palabras que dijo las podamos interpretar como nos plazca en gana. Habla de problemas internos y externos sin relación alguna con nada, e invita a que pensemos: “bueno, quizá se refería a esto Gay cuando hablaba de enemigos”. Lo gracioso: entre los enemigos internos nombran hasta a los baches de las calles.

Otros dos días (31/5) y vuelven indirectamente a trabajar sobre el asunto. Una nota editorial titulada “El dinero que se lleva la droga”, sigue buscando que nuestro interés deje de enervarse por las palabras del ex periodista, y nos da datos estadísticos relacionados con el narcotráfico. Más claro echale agua: estamos ante el tratamiento de una temática para evitar tratar otra.
Finalmente, cuando uno creía que ya no iban a decir más nada al respecto, diez días después (5/6), sacan una nota editorial titulada “Repercusiones de un discurso”, donde, como ya dije, no hacen nada por disimular su postura, y su fascinación por los discursos y las personalidades fascistas. En ella atacan directamente a los que criticaron su discurso castrense tildándolos de carroñeros, ubicándolos en ese eje que tan mal definió Gay de los enemigos internos, aduciendo que en política no hay códigos, y que los opositores están dispuestos a hacer cualquier cosa por embarrarle el terreno a alguien tan limpio e ilustre como el intendente. Diez días después, cuando se calmaron las aguas, vuelven, no a removerlas, si no a escupir su postura, la de siempre, a afirmarse en el terreno de la impunidad y el fascismo.

De este modo, disfrazando lo que dijo el intendente, disimulando detrás de otros asuntos el tema principal, llevando nuestra atención a otra parte, procedió LaNueva. Queriendo que creamos que le entendimos mal, intenta hacernos olvidar que lo de Gay fue una repetición casi exacta del discurso de un genocida, y que pasemos por alto, el hecho de que ellos mismos son portavoces del totalitarismo.

Quizá develar este estratagema no conlleve a ningún cambio en este medio periodístico, pero si al menos consigue cambios en la perspectiva que muchos ciudadanos tiene sobre él, así sea una sola persona, entonces esta nota ya ha cumplido su objetivo.