Con una exposición sobre la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales comenzará hoy la cuarta edición de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, que organizan la UNS y la Red local de Violencia de Género, con entrada libre y gratuita. Será a las 19:30 en Colón 80.

La exposición estará a cargo de la profesora Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y docente del Programa de Actualización en “Comunicación, Géneros y Sexualidades” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“La Defensoría tiene una serie de recomendaciones para los casos de violencia contra las mujeres que principalmente tiene que ver con pensar que esas coberturas tiendan a brindar información socialmente útil para la ciudadanía sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres, cómo denunciarla, dónde acudir en caso de estar atravesando una situación de violencia”, dijo Coluccio a FM De la Calle.

La comunicadora agregó que se pretende además que “haya una diversidad de fuentes, que además de las de las fuerzas de seguridad o judiciales, estén presentes fuentes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática, que pueden poner en contexto la situación para que se dé cuenta que es una problemática social y no un caso individual y aislado, que se inserta en un modo de subordinación de la mujer y por eso los varones ven la posibilidad de cometer una agresión”.

 La “Cátedra Abierta de Violencia de Género” consiste en siete exposiciones durante el cuatrimestre a cargo de expertas y expertos, que este año tendrá como algunas de sus temáticas a las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros. Los interesados pueden anotarse de manera libre y gratuita para obtener certificado.

Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.

El fallo de la jueza de primera instancia,  Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos. Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión.

En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que  “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.

Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.

Este fallo, consideramos desde AMARC Argentina, sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión. Consideramos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su profunda preocupación y denunciaron el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.

En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias del organismo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de sus nietos y nietas.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí se pudo constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial.

“Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”.

“Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones”, dijeron las Abuelas.

A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.

“Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluyeron.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer esta semana los argumentos de la condena a ocho años de prisión por un supuesto aborto transformado en “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” sufrido por “Belén”, joven de 27 años detenida desde marzo de 2014.

Su nueva abogada, Soledad Deza, pidió el “inmediato cese de prisión” hasta que el fallo quede firme. A contramano de la defensa, el tribunal aseguró que “hay tantas pruebas que no hace falta ADN” para relacionar el feto con la mujer y que su anterior representante legal nunca planteó su inocencia sino su inimputabilidad. La lectura de los fundamentos fue acompañada por protestas del movimiento de mujeres en Tucumán y Buenos Aires que se sumaron al pedido de libertad.

Horas antes, Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo a FM De la Calle que “lo que está en juego es la posibilidad de autonomía de los derechos de las mujeres como ciudadanas” y que “en este caso no hubo una condena legal sino una condena moral, hay un prejuzgamiento, una discriminación, Belén es una mujer pobre con poco acceso a los derechos porque no hay políticas de Estado que garanticen su difusión (…) el acceso a la justicia es tan restringido como el derecho a la salud en determinados lugares, aunque haya ya una inequidad de base”.

Belén es el nombre ficticio que protege la identidad de la mujer que a los 25 años concurrió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Allí fue revisada y el médico de guardia le diagnosticó un embarazo de veinte semanas con aborto en curso. “Se siente mal, pide ir al baño, vuelve, dice que parece ser que expulsó algo, no sabe exactamente qué pasó. Ante la hemorragia deciden hacerle un legrado, la internan en la sala de operaciones y cuando se despierta está rodeada de gendarmes, de policías, que entre otras cosas la revisan, la someten a malos tratos, a torturas”.

“Esta joven no había sido informada de nada de lo que estaba pasando, se acerca una enfermera con una caja que transportaba un feto -que después diagnostican de 36 semanas- y dicen que es hijo de ella, que fue lo que expulsó en el baño y acá es donde empezamos a marcar la vulneración de derechos y lo irregular de toda esta situación. Primero es la diferencia entre las semanas diagnosticadas en primer momento y el feto que traen, al que no se le hace ADN, por lo tanto no está probado que sea expulsado por Belén, también hay una violación de secreto profesional, del derecho a la intimidad, porque los médicos que la atienden ya internada hacen la denuncia policial y la obligan a declarar contra sí misma”, comentó Schvartzman.

Desde entonces Belén está presa. El 8 de abril fue condenada a ocho años, “una caratula que cambia de aborto a homicidio agravado por vínculo y alevosía, figuras que no se entiende la contradicción y la condena porque por esa carátula sería reclusión perpetua y por aborto son cuatro años, entonces estos ocho años tampoco se entiende en base a qué están dados”.

Las organizaciones que acompañan a Belén reclaman además de su libertad que la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y deje sin efecto la sentencia por estar basada en la violación del secreto médico, que la ministra de Salud tucumana ordene un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectores de salud y la capacitación de derechos humanos en los hospitales y en el Poder Judicial.

Según publicó Notas.org tras la lectura de los fundamentos del fallo, la abogada Soledad Deza afirmó en el pedido de libertad, que la prisión preventiva “no ha residido en el fundamento de peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad”, el único válido para una coerción. “La investigación contiene graves y serias irregularidades”, explicó Deza, “que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías y han favorecido una condena sin pruebas”.

En la presentación judicial, Deza se explaya: “Se intima primero, se imputa después y luego se enjuicia a mi defendida por un hecho sobre el cual no hay pruebas”. “De hecho”, continúa, “no solo no hay constancia de que el hecho sea imputable a mi defendida, sino que no hay constancias fehacientes ni siquiera de que el hecho ocurrió”.

La abogada, en el material presentado en el juzgado, se pregunta también: “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”

En paralelo, Deza reflexiona y cuestiona: “Lamentablemente la etiqueta de ‘asesina’ estaba moralmente puesta en la paciente por el equipo de salud y la Policía al inicio de la atención sanitaria, pero –agrega- mucho más lamentable es que el Poder Judicial consolide esta tríada criminalizadora sin ni si quiera interiorizarse acerca del contexto, el espacio y las probabilidades de certeza de las acusaciones, sobre todo en vista a las pobrísimas pruebas recolectadas”.

Además de la nulidad que genera en toda la causa la violación del secreto profesional (art. 156 Código Penal), lo cual será motivo del Recurso de Casación, según informó la abogada, hay muchos elementos en el proceso que evidencian “una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto”.

¿Por qué es un caso de violencia institucional?

Desde la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), de carácter constitucional, hasta las 100 Reglas de Brasilia, elaboradas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la argumentación de Deza explica con precisión los motivos por los que la condena y encarcelación preventiva de “Belén” son tanto un ataque a los derechos de las mujeres como un caso de violencia institucional.

En ese sentido, propone: “Un poder Judicial con Jueces/zas y Fiscales/as especializados/as en la materia y avocados/as a la materia, es lo que permitirá incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos e impartir justicia a la vida de las víctimas que denuncian”.

La abogada sintetiza:

– “Belén” está presa por ser mujer.

– Nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aún sin pruebas de que lo fuera. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial.

– Fue identificada como “homicida” a los pocos minutos de que su médico ginecólogo constate el “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.

– “Belén” con etiqueta de “asesina” tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado.

– Fue imputada de matar a su hijo por la Fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada. Incluso llegó a ser requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria.

– Hasta la defensora oficial halló culpable a Belén, y jamás se atrevió a afirmar que no la imputada no había cometido ningún delito.

– Siempre vincularon moralmente a la joven a un “feto encontrado”, sin importar que hubiera sido encontrado antes de que ella ingrese al Hospital (3 am) y pese a que hay confusión en el expediente acerca de si ese famoso “feto encontrado” fue uno solo o más, si era femenino o masculino, si era de una mujer de 35 años o si es de alguien más. Esa vinculación moral se convirtió en sospecha médica primero, acusación policial después, vinculación forense a posteriori, luego registral y finalmente jurídica, todo sin ninguna prueba.

– “Belén” nunca contó con el principio “in dubio pro reo” de su lado. El Presidente del Tribunal al momento de decidir su condena dijo “que este había sido el caso más complejo que le tocó resolver al Tribunal, pero que valoraron la vida del NN hijo de la imputada” (sic del 19/04/2014).

– No tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer.

Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuestionó las declaraciones discriminatorias que realizó el intendente bahiense Héctor Gay (PRO Cambiemos) en relación al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

“Más allá de que por supuesto están en el marco de la libre expresión que puede tener, son muy peligrosos sobre todo por lo que pueden habilitar, sectores de la población que quizás piensan en un mismo sentido pero que creen que la vía de resolución de esto es por la violencia pueden sentirse envalentonados ante una declaración de este tipo”, aseguró Paulón en diálogo con el programa Enredados de Continental Bahía Blanca*.

Aclaró: “No lo digo en abstracto, lo digo concretamente cuando vemos que desde fines del año pasado se han incrementado en varias localidades de la costa atlántica, entre ellas Miramar o Mar del Plata, ataques xenófobos y neonazis con especial foco en la población gay y trans”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

Paulón afirmo que “bueno sería que se oponga a una ley vigente en todo el territorio de la república” e informó que gracias a dicha norma “más de doce mil parejas se han casado en todo el país, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, una ley que ha demostrado en el andar que contrariamente a lo que sostienen estos discursos de supuestos órdenes naturales ha venido a dar una respuesta concreta a la necesidad de muchísimas personas, pero sobre todo ha venido a traer un mensaje y un sentido de eliminar la discriminación de parte del Estado argentino para con las personas de la diversidad sexual”.

Más allá de la “tristeza” que provoca la persistencia de pensamientos discriminatorios en la dirigencia política y parte de la sociedad, el vicepresidente de la FALGBT dijo que también genera “una reflexión acerca de lo que aún falta”.

“A veces pareciera que cuando se aprueban estas leyes hemos completado el camino que queríamos recorrer y este tipo de declaraciones que nos retrotraen a épocas en las cuales todavía no podíamos contar con igualdad de derechos y a discursos por medio de los cuales sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos se oponían a la ley, demuestran la vigencia que tiene la necesidad de promover políticas públicas”.

“Sería muy importante que el intendente salga de este lugar al cual ha llevado a la ciudad de Bahía Blanca con una respuesta contundente como es la creación de un área o espacio de la diversidad sexual para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el marco de su política municipal”, concluyó Paulón.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en esta ciudad muchas veces tildada de conservadora resulta  una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿porqué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

radioTodas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

 “Si abriste las patas, bancátela”

“De eso no se habla, prefiero callar”

“Digamos las cosas como son, las mujeres abortamos”

El resto del material recopilado será utilizado para iniciar una campaña por la legalización y despenalización del aborto de carácter nacional en conjunto con otras radios comunitarias nucleadas en AMARC (Asociación de Radios Comunitarias Argentinas).

texto aborto

Dirigentes y militantes de gremios de la Central de Trabajadores de la Argentina, agrupaciones estudiantiles y partidos de izquierda se reunieron este domingo primero de mayo en Plaza Rivadavia para conmemorar el Día Internacional de las trabajadoras y los trabajadores.

La secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canulo, reivindicó a los mártires de Chicago y las y los fundadores del movimiento obrero y destacó que “siempre supimos que todos los derechos que hemos gozado se los arrancamos a los patrones y a los gobiernos con lucha, no fueron concesiones graciosas. Sabemos que el Primero de Mayo aunque algunos lo han querido convertir en un día de festejo es un día de lucha, y es un día profundamente clasista y anticapitalista”.

Canulo manifestó que muchos de aquellos logros se fueron perdiendo “sin horca, sin tiros, con acuerdos entre los sindicatos comprados, corporativos, el capital y los gobiernos. Acá en nuestro país muchos de esos derechos se perdieron en la década del noventa con todas las leyes de flexibilización laboral”.

“Hoy vemos que la mayoría de los chicos y chicas que se inician en el mercado laboral lo hacen de manera precaria. El trabajo precario está totalmente instalado y naturalizado y el Estado, con sus distintos gobiernos, el anterior y este que tenemos hoy, no solamente no lo combate sino que es cómplice, incluso contrata personal precario y paga parte de nuestros sueldos en negro”, dijo.

1Denunció más de cien mil despidos y suspensiones, el “saqueo” diario a nuestros bolsillos “con el aumento del costo de la vida” y que “todas las medidas de este nuevo gobierno son para favorecer a los grupos concentrados de poder y no al pueblo trabajador. (…) No es verdad que tienen medidas para parar la inflación, el único plan que ellos tienen es que la crisis la sigamos bancando las trabajadoras y los trabajadores mientras ellos se siguen llenando de dinero”.

Tras celebrar la “jornada histórica” del viernes 29 con el masivo acto de las centrales obreras en Capital, Canulo comentó que la CTA local está “construyendo la unidad” más allá de las diferencias “en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los hospitales, en los juzgados, porque creemos que la única unidad que necesitamos es la del pueblo y que crece desde el pie”.

Enrique Gandolfo, del Colectivo Pueblo en Lucha, preguntó “qué cosa nos puede separar cuando hay una ofensiva tan clara de este gobierno de los empresarios, qué cosas nos pueden separar cuando vienen claramente a rebajar los salarios, cuando el programa de los despidos es un programa de disciplinamiento para todos, cuando bajan las inversiones en salud y educación”.

“¿No será el momento de deponer disputas estériles, sectarismos, de que los intereses del conjunto estén siempre por encima de los intereses de cada agrupación política a las que pertenecemos? ¿No es el momento de sellar la unidad de la clase trabajadora porque lo que se viene se viene contra todos y porque los yanquis hacen pie en América Latina y porque Obama vino a pisarnos la cabeza nada menos que un 24 de marzo?

“¿No será el momento de que un Primero de Mayo el movimiento obrero se junta, se une y conmemora en las calles por los mártires que tenemos pero que además de pelear por lo inmediato, por lo que se nos viene, pelea para construir un futuro distinto, una sociedad de nuevo tipo, una sociedad donde el lucro no sea el motor de la economía sino la cooperación y la solidaridad entre los trabajadores?”, finalizó.

WhatsApp-Image-20160501Santiago Slominsqui, militante del Comunismo Revolucionario, dijo que “en Argentina nuevamente las clases dominantes han preparado un terreno para volver a derrotar a la clase obrera y al pueblo. Nuevamente nos arman una división y sectores populares están embarcados en una u otra opción de las clases dominantes”.

Desde el PTS, Daniela Rodríguez incorporó el repudio al golpe institucional contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil “porque consideramos que los intereses del pueblo trabajador brasileño están íntimamente relacionados con los intereses del pueblo trabajador argentino” y advirtió que “si avanza la derecha en Brasil avanza la derecha en toda Latinoamérica”.

“No solo denunciamos el golpe sino además el ajuste que estaba impulsando el PT, que además con su política de intentar conciliar los intereses de los trabajadores con el gran capital favorecía notablemente el avance de la derecha y llamamos a todos los trabajadores a impulsar y exigir a las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores kirchneristas y que la crisis la paguen los capitalistas”, agregó.

WhatsApp-Image-20160501 (3)El dirigente del Partido Obrero Juan Capa afirmó que “están dadas las condiciones” para “parar el país para imponer a las patronales que ellas se ajusten los cinturones, para imponer la prohibición de los despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la reincorporación de los despedidos”.

Para ello, planteó la “necesidad de constituir, de transformar a la izquierda y a los trabajadores en ese polo político de independencia anticapitalista y socialista para dar una salida positiva frente a las luchas y las grandes crisis que están por venir”.

Durante el acto, también hicieron uso de la palabra representantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes (ASTRAMYC) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

El secretario judicial y ex juez subrogante en las causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez fue denunciado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por obstaculizar las investigaciones, demorar detenciones e indagatorias y desobedecer resoluciones de instancias superiores e incumplir deberes de funcionario público.

En esta ocasión, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, mantenido por el fiscal general Javier De Luca, en el expediente referido a la útima de dichas imputaciones.

Castaño había presentado el recurso de Casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que desestimó una denuncia contra Martínez por desobedecer una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener a personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Apelaciones, en su momento, tuvo por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”. Al respecto, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales.

“Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, dijo De Luca. Y agregó que a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

En este sentido, el camarista Mariano Borinsky, señaló que “el Ministerio Público Fiscal se rige por una unidad de acción externa y que la organización jerárquica que tiene de acuerdo a la ley responde a su funcionamiento propio e interno. El hecho de estar representado por diversos funcionarios, no obsta a la unidad que caracteriza al Ministerio Público, la que ya se encontraba prevista por la anterior ley 24.946 (B.O. 23/03/1998)”.

Asimismo, continuó diciendo que “la representación que se ejerce de dicho Ministerio ante los órganos jurisdiccionales es la misma, por lo que mal pueden los magistrados a quo tener por desistido el recurso por falta de actuación fiscal cuando ésta fue debidamente ejercida por el Dr. Antonio Horacio Castaño (Fiscal Federal) y consentida por el Dr. Alejandro Cantaro (Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) quien conocía el procedimiento llevado a cabo por la Cámara, en virtud de las pertinentes notificaciones”.

Por su parte, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos adhirieron a los argumentos de su par. La jueza también refirió a la actuación del MPF en el proceso penal, y destacó la “unidad e indivisibilidad de actuación de sus miembros”.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, sostenido por Javier De Luca, anuló la resolución y remitió las actuaciones a la cámara de origen para que -previa constitución del Tribunal, se dicte un nuevo pronunciamiento.

A instancias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se reunió por primera vez en el año la Mesa de Discusión Social e Institucional que reúne a fiscales, querellantes, abogadas y abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Su coordinadora, Carolina Varsky, comentó ayer a FM De la Calle que del encuentro participaron representantes del nuevo gobierno y “manifestaron su compromiso de continuar con el trabajo que se venía haciendo. Es una buena señal porque el Ministerio de Defensa colaboraba mucho con las investigaciones que se aportan en las causas y el Programa Verdad y Justicia era quien estaba a cargo del acompañamiento de los testigos”.

“Sin embargo se mencionó que seis personas fueron despedidas del Programa Verdad y Justicia y en el marco del Ministerio estamos esperando cómo avanzan los distintos oficios que se tramitaron desde los juzgados y tribunales en el marco de los expedientes. También hubo muchos comentarios en relación con el desmantelamiento de las oficinas públicas que colaboraban con el proceso”, dijo Varsky.

Por la justicia federal bahiense intervinieron en la reunión de la Mesa Institucional el titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal general Alejandro Cantaro. Varsky sostuvo que “como terminó el juicio hace relativamente poco” las prioridades de Bahía Blanca pasan por la falta de titular en el Juzgado Federal Nº1 y “resolver las cuestiones relacionadas con las imputaciones a los civiles y la complicidad de los civiles con el grupo Massot”.

En cuanto a la colaboración de las personas convocadas a brindar testimonio se notificaron inconvenientes respecto a las reiteradas citaciones. “Se conversó la necesidad de unificar la información y compartirla desde el punto de vista de evitar convocar a una persona que ya declaró diez o doce veces en una causa judicial, y hay cierta preocupación por parte de los testigos sobre quiénes van a estar a cargo de su cuidado porque no se trata solamente de un cuidado físico sino también de un acompañamiento psicológico para aquel que declara por primera vez, desconocemos quién quedó a cargo del Centro Ulloa, por ejemplo”.

“Sentimos que hay un parate en el marco de los tribunales que han relajado la convocatoria a audiencias y hay juicios que están convocados para hacer audiencias una vez por semana cada quince días, eso sí nos parece preocupante desde el punto de vista de lo que se demoran los procesos”, afirmó Varsky.

Por ejemplo, en Tucumán está por comenzar el debate en la causa por el Operativo Independencia para el cual fueron citados 1400 testigos y el tribunal pretende sesionar un día y medio por semana. Los megajuicios ESMA o La Perla llevan más de tres años.

Un verdadero obstáculo en el desarrollo de los debates orales es la falta de integración de tribunales en varias ciudades y provincias. “Le corresponde al Consejo de la Magistratura por un lado y después sí al Ejecutivo enviar las ternas para que estos tribunales sean integrados”.

“Hay jurisdicciones en las que no hay tribunal. Santiago del Estero lleva más de dos años sin juicio y no existe el tribunal oral, entonces hay que salir a convocar a jueces de la jurisdicción más cercana, a veces ellos son recusados o se inhiben de intervenir, lo que deriva a que se convoque a jueces de la jurisdicción de Buenos Aires en tanto el lugar más fácil desde el que se puede llegar”.

La funcionaria de la Procuraduría que conduce Oscar Auat explicó que entre el personal despedido y las personas contratadas que desconocen el estado de las investigaciones “es como volver a foja cero después de mucho tiempo”. Preocupa además que quienes deben responder oficios o pedidos de documentación de la justicia a las fuerzas armadas o de seguridad dejen de ser civiles y se delegue dichos trámites a los uniformados.

El desmantelamiento de oficinas dedicadas a analizar pruebas documentales implica a su vez el riesgo de perder el material recolectado en los últimos años. “Se están pensando algunas medidas, se supone que como dijeron los dos integrantes del Ejecutivo los equipos siguen, con lo cual esa información debería estar resguardada sin perjuicio de lo cual pedimos que se incorporen al expediente judicial”.

Al ser consultada sobre los procesos contra civiles cómplices o partícipes del genocidio, Varsky destacó como una “buena señal”que haya concluido el juicio a Marcos Levín en Salta. “El primer empresario condenado como instigador de las desapariciones. Sin embargo, las oficinas del grupo que trabajaba dentro del Banco Central fue desmantelada en su totalidad y es cierto que es uno de los temas que más nos preocupa en tanto la mayoría de los empresarios tienen relación con este gobierno y probablemente sean difíciles de ser investigados o que haya voluntad para investigarlos”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

La organización Acciones Feministas salió al cruce inmediatamente y denunció que estas “expresiones dubitativas y que invocan a un ‘orden natural de las cosas’, además de evidenciar un profundo desconocimiento del tema y del marco legal vigente en Argentina, connotan negativamente al colectivo LGTBI, aportando a la discriminación que ya de por sí sufre dicho colectivo”.

“En Argentina rigen múltiples leyes y ordenanzas, desde la propiamente dicha ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, hasta la ordenanza aprobada en el HCD de Bahía Blanca que declara con forma permanente al día 7 de marzo como ‘Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género‘” y establece que las autoridades municipales deberán realizar campañas de “sensibilización y difusión tendientes a adoptar el criterio de aceptación de la existencia de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en las diferentes reparticiones públicas”.

Acciones Feministas exigió el cumplimiento pleno y efectivo de la norma por parte del gobierno municipal y una reunión con el jefe comunal “para tratar estos temas con el solo fin de propiciar una sociedad menos violenta, más informada y con mayor protección hacia los grupos más vulnerados”.

“Si como dice el intendente Gay ‘hay un orden natural de las cosas’ se desprende que existen por ende conductas y prácticas anti naturales. No se trata de ‘tolerar’, palabra tan de moda últimamente, se trata de concebir a la diversidad como un valor en si mismo. Por un lado Gay pareciera intentar esgrimir un discurso político correcto pero la incomodidad ante la pregunta, su silencio y sus primeras palabras, ‘¿Cómo definirlo para no ofender a nadie?’, develan su pensamiento reaccionario”, afirmaron desde el Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad.

Para la agrupación “no se trata de algo meramente individual, ‘si alguien considera que su realización está ahí’, estamos hablando del rol del Estado en la formulación de políticas públicas, en la promoción del respeto y de la diversidad como un derecho. Hoy el Estado municipal carece de una política concreta en materia de diversidad sexual”.

En ese sentido, propusieron crear un Área de Diversidad Sexual que “promueva la igualdad y la no discriminación” y la urgente reapertura de una sede local del INADI. “El Estado comunal debe generar políticas públicas, que más allá de la legislación progresista existente a nivel nacional, presenten el debate cultural necesario para considerar y sostener en el tiempo que la diversidad sexual es un valor de las sociedades modernas y democráticas, que reconocen la pluralidad de orientaciones sexuales como elemento constitutivo del mosaico social. Cabe recordar que en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema violencia contra integrantes del colectivo LGTB, como los sucedidos en la ciudad de Mar del Plata”.

El Grupo 83 presentó además un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para que sus integrantes repudien los dichos de Gay y exijan políticas públicas de diversidad sexual a la comuna.

Por otra parte, miembros de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Delegación Bahía Blanca se mostraron “asombrados” por las manifestaciones del intendente: “A meses de cumplir seis años de que nuestro país aprobó una ley histórica, que iguala la diversidad de matrimonios, y que impulsa a nuestro país como vanguardia en materia de derechos humanos. Nos encontramos con preocupación y asombro ya que el intendente habla de un ‘orden natural de las cosas’ haciendo referencia a la tradición heterosexista y machista hegemónica”.

“Así estigmatizando todas las diferencias, por no ser parte de tal orden, y en ese caso dejarlo a la libertad individual. Olvidando las luchas colectivas de toda la sociedad para ampliar derechos en nuestra región. Nosotros creemos que nuestro pueblo es heterogéneo, en todos sus aspectos, cultural, religioso, y obviamente sexual”, afirmaron Nicolás Huss y Juan Reyes.

(Por Julia Giménez) El domingo 17 de abril, Brasil entero asistió en la Cámara de Diputados a las votaciones del pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los discursos de los legisladores que dieron la victoria a la continuidad del proceso contra la presidenta, el del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Progresista de Rio de Janeiro (PP-RJ), recibió el repudio internacional, al dedicar su voto al coronel Carlos Alberto Bilhante Ustra, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Brasil.

Para analizar este hecho, Brasil de Fato se comunicó con la abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad y coordinadora de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, Nadine afirmó que “todos pudimos asistir a lo que hablamos todo los días los defensores de derechos humanos […] Ahora puedo hablar con gente y decir: ‘¿te acuerdas lo que pasó el domingo? Así es el Congreso, así son los que deciden sobre nuestra vida’. Y eso si la gente acepta y la gente pasa a mirar esto con una nueva mirada. Porque lo que la prensa hace es impedir, imposibilitar que la gente sepa lo que pasa. Pero el domingo todos pudimos mirar lo que está pasando y creo que eso puede ayudarnos a quienes defendemos los derechos humanos en Brasil”.

Durante la entrevista, Nadine criticó la falta de avances en las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil y reivindicó la necesidad de avanzar en una nueva regulación del sistema de comunicación en el país.

Brasil de Fato – ¿Cómo es posible que estos discursos pro dictadura y que reivindican el accionar de represores y torturadores siga vigente en la Cámara de Diputados de Brasil?

Nadine Borges – Aunque sea diputado y tiene el derecho de decir de lo que quiere, porque vivimos en una democracia, lo que habló es criminoso. Pero sólo habló eso porque en Brasil no abrimos los archivos de las Fuerzas Armadas y tampoco hicimos una revisión de la Ley de Amnistía, una nueva interpretación de ella. Después de la Comisión de la Verdad, seguimos sin saber lo que pasó en la dictadura en Brasil. Y si la gente no puede saber, tipos como ese no se pueden meter en la cárcel, no se puede hacer justicia, asi como no se pudo hacer con [Carlos Alberto Brilhante] Ustra, como no se pudo hacer con todos los otros torturadores, no sólo de Dilma, sino también con una generación que fue molestada, torturada, desaparecida. Y bueno, seguimos sin revisión de la amnistía, seguimos sin saber lo que pasó. Y como seguimos así, no se pude decir que vivimos en una democracia plena.

En las calles se ven carteles que llaman a la dictadura, como si la solución de la crisis está en una intervención militar y en un quiebre violento de la institucionalidad democrática. ¿Hay una relación entre los procesos de memoria, verdad y justicia, y estos discursos que nos permitan repensar las democracias?

Por suerte, no son tantos carteles. Lo que pasa es que los medios, la gran prensa – que el gobierno no hizo nada para cambiar el sistema de comunicaciones del Brasil -, hace que esos pocos parezcan muchos. Por suerte son pocos, te juro que tengo mas familiares que carteles en la calle que dicen que vuelva la dictadura. Pero es un peligro, porque hay una nueva generación de jóvenes que siguen sin saber lo que pasó porque seguimos con la amnistía y los torturadores siguen caminando por la calle. Entonces, es posible que en poco tiempo tengamos más carteles.

Todavía no hay tantos, por suerte no tenemos. Porque la gente que está en el gobierno, son personas que fueron torturadas, detenidas como la presidenta Dilma, pero los que vienen, los que hicieron el domingo en el Congreso Nacional, ellos si pueden estar con eso carteles, y eso es lo dramático y lo más peligroso para toda Sudamérica. Porque tenemos una ola conservadora que empezó en Colombia, en la municipalidad de Bogotá, después siguió con la elección de Macri para la presidencia de Argentina, y ahora tenemos en Brasil un escenario muy malo, porque lo que Dilma intentó hacer con una nueva política económica y relaciones internacionales, el capitalismo nunca va a aceptarlo. No importa que es lo que hace cualquier gobierno que sea mínimamente de izquierda, no va a tener éxito mientras la religión y las empresas sigan involucradas en el Congreso. No tenemos un Congreso, tenemos una empresa. Eso es lo que tenemos en Brasil.

¿Existe algún tipo de medida que se pueda realizar contra el diputado Bolsonaro por estos discursos que son un aval a las dictaduras, a las prácticas de tortura?

Él tiene fueros privilegiados, que es un asco. Pero claro que se pueden hacer denuncias en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es otro problema, porque quien está en el Tribunal son personas que fueron ubicadas en un espacio de poder muy grande y como llegaron allá es una cuestión que tampoco nadie entiende, porque tienen posiciones que son contrarias a la democracia, que no son justas, que no son legales, que no poseen el sentido de justicia social. Entonces, hacer eso es una opción, otra son denuncias internacionales, son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU [Organización de Naciones Unidas], como la OEA [Organización de los Estados Americanos].

Pero pasa que Brasil sigue sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al país por los crímenes contra la Guerrilla de Araguaia [en Pará]. Entonces no es que no crea en el sistema interamericano, yo creo porque trabajo con eso y sé que es importante que en el mundo sepa lo que pasa en Brasil. Pero si el país no hace lo mínimo para garantizar una sentencia de condena sobre lo que pasó en la dictadura, como vamos a creer que va a pasar algo con Bolsonaro si su caso llega a la Corte. Quizá cambie la manera de Brasil de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, y quizás un día tengamos una responsabilidad efectiva, pero aun no tenemos.

Durante la sesión del domingo (17) El diputado por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (Psol-RJ) Jean Wyllys – reconocido defensor de derechos humanos y referente en la lucha LGBTT – escupió en la cara de Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud de Jean Wyllys?

Pienso que cualquier diputado, cualquier persona que tiene una posición pública no debe tener una actitud así. Pero el caso de Jean Wyllys es muy distinto de cualquier otro que uno puede comparar. Porque él sufre todos los días, desde el momento que despierte, hasta que vuelve a su casa. Y el Congreso Nacional es el órgano más sexista, misógino y machista que hay en el país. Entonces, todos los días, todos los días, durante las 24 horas de su vida, sufre las más distintas violaciones de todos aquellos hombres blancos, ricos y creo que fue el momento que el país todo, toda la gente que acredita en los derechos humanos, que lucha por los derechos humanos, tenía ganas de escupir en Bolsonaro.

Lo que hizo como diputado no podía hacer algo así, sabemos que no se pude, pero tampoco Bolsonaro pude decir lo que dijo. Entonces la defensa de Jean Wyllys tiene que ser algo incontestable, porque me parece que las fuerzas conservadoras que hay en el Congreso Nacional es suficiente si para sacar a Jean Wyllys de la Cámara. Pero tener fuera de la Cámara a una de las personas más importantes de Brasil en la defensa de los derechos humanos, por ese grupo conservador que tiene soporte en la gran prensa de Brasil, eso no me parece imposible que suceda.

Tu has sido presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado de Rio de Janeiro y asesoras la Comisión de la Verdad Nacional, que durante los años 2014 y 2015 se desarrolló intensamente gracias a abogados, defensores y, principalmente, familiares y víctimas. ¿En que quedó todo eso?

Bueno lo que le quedó es que un montón de gente que no tenía como hablar sobre eso, porque no tenía instrumentos gales ni garantía del Estado, empezaran a hablar. Pero la gente que habló fue la gente que sufrió con la dictadura; y los que cometieron los crímenes hablaron muy poco, siguen sin hablar y seguimos sin saber. Por suerte, hay gente que tuvo condiciones de hablar. Pero hay un montón de gente que son grandes y que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros, y eso es lo más dramático. Porque aunque los archivos no sean más secretos – que eso tenemos también la Ley de Acceso a la Información –, antes del 2035 las cosas que fueron consideradas secretas en el último año de la dictadura [1985], aun no saberemos que son. Y los militares dicen que destruyeron todo, pero sabemos que no destruyeron. Aunque un día tengamos condiciones de abrir todo, ese día no tendremos a ninguna persona vida. Eso es algo que no podemos perdonar.

Por eso tenemos que garantizar la democracia y garantizar que lo que ha pasado con Dilma, lo que ha pasado con tanta gente que ha sido torturada desaparecida, que no vuelva a pasar. Porque esto no pasa sólo una vez. Nunca pasa sólo una vez. Lo que pasó en Alemania con el nazismo, lo que pasó en Italia con Mussolini, lo que pasa todos los días en el contiene africano, lo que pasa todos los días en las favelas de Rio de Janeiro, eso va a seguir pasando mientras que la gente que hace crímenes como Bolsonaro sigan cometiendo crímenes y no pasa nada con ellos. No se trata sólo de justicia penal, se trata de justicia social. Porque personas así no pueden estar donde están. No pueden. Y solo están porque la prensa lo soporta. Y esa es una gran responsabilidad de los gobiernos de Dilma y de Lula, que no han movido un paso para cambiar el papel de los grandes medios en Brasil. Y eso lo estamos pagando muy caro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

(Lucía Gorricho*) Este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres, una localidad del Partido de General Pueyrredón que cuenta con una población estable de unos 4 mil habitantes. El lugar forma parte del sistema montañoso de Tandilia y está compuesto por sierras de unos 150 metros de altura. La vegetación es muy diversa y se pueden apreciar pastizales, monte y bosque. En el espacio conviven un barrio residencial con calles que respetan la topografía y campos productivos ubicados sobre los márgenes; siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, el cultivo de frutillas. Hay varias agro-empresas operando en la zona y todas contratan mano de obra boliviana y han recibido diversas denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales que señalan, no sólo situaciones de semi-esclavitud en relación a la mano de obra, sino que han advertido sobre el uso de agroquímicos como parte del paquete tecnológico de producción.

Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela.

Como no fue estudiante mía decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior; pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota.

A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual y entonces le pregunté:

¿De las frutillas sabés algo?
Abrió los ojos enormes.
Si, me dijo.

Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio escribí:

Evaluación de Geografía

Fecha: 07/04/16
Año: 2º

Estudiante: G.C

1) Describir una actividad económica

y ella preguntó:

¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy Boliviana.

Si claro, le dije. Entonces agregué:

2) Mencionar los aspectos más importantes del algún país latinoamericano.

A las dos horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija.

Hacia tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos sólo en mí.
Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura.

1)

En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean, limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba y algunas embarazadas también pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno casi todos, son juntados.

Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos que nunca le preguntan nada qué cómo estás o algún problema en la escuela.

Las frutilla se cosecha en cunitas en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas y claro a la frutilla se le pone esa cosa rara en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Lo ponen los tractores.

Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente y a la tarde también.

Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas o será porque ellos si pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa porque no estudian porque no hay tiempo es la misma respuesta que me dan todos los días.

Ya que la frutilla es una empresa a nosotros nos dan techo, agua potable, luz menos gas. Pero claro a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que los cuidan. Ahí les dan desayuno, comida y merienda y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio o del suelo del baño y sino están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten.

También hay donaciones que mandan o traen en camiones y se le dejan a una señora que se llama Graciela y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan y lo descartable lo dejan en una carretilla para que la gente lo use.

2)

Bolivia me encanta porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche todas las luces se encienden de todos colores y yo escucho tambores y cosas así como una banda porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar.

En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela les dan uniformes. Sabía que en el jardín de niños estudian las lineas, los cuadrados, triángulos y números?

La gente del campo vive en casas de barro y paja y lo único que comen es chuño y mate y cuando es cumpleaños de alguien de la familia comen seco que significa arroz con papa y ensalada y carne seca y queso de vaca y de desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocinan en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre pero no sé cómo se escribe.

La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda. Más o menos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Sulema para enjuagar la ropa.

Alguna vez comió tostado? Se hace con habas. Las hacés secar al sol hasta que estén más secas. Después tenés que poner en una olla sal y después poner las habas secas y tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. Sabe que mi abuela tiene ochentaialgo y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella? Vive en el campo y solamente dos veces la vi.

La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle:

¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel?

*Educadora Popular y comunicadora social. Feminista. Autora del blog: Lucía Gorricho – Que nadie decida sobre tu cuerpo