El fiscal Miguel Palazzani, titular de la Unidad de Lesa Humanidad que investigó la participación de La Nueva Provincia en el genocidio, aseguró a FM De la Calle que le causó “escozor” escuchar a “la voz de LU2” hablando sobre “enemigos de adentro y de afuera” y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”. “Hay que tener cuidado con esas lógicas discursivas porque cuando después se materializan es tarde”, dijo respecto a los dichos del intendente macrista Héctor Gay en el acto del 25 de mayo.

“La imagen que tengo es (Gay) delante de jefes de fuerzas de seguridad diciendo estas cosas, uno creía que de algunos sectores se podía empezar a superar pero cuando tenés en la memoria tan claro varios editoriales y se escucha eso, uno dice, bueno, no estamos hablando nunca del pasado, estamos hablando siempre de un pasado presente. Sobre todo en estas lógicas discursivas en las cuales hay que poner mucho el ojo porque ahí hay que empezar a trabajar y mucho porque es el intendente, es una figura política que es escuchada, que se replica, es preocupante”, comentó.

Para el fiscal “nuestra obligación es poner el ojo y alertar sobre las lógicas de esas discusiones de construcción de un enemigo. Y en la lógica de construcción enemigo, como decía La Nueva Provincia, al enemigo se lo destruye, se lo aniquila, porque para el enemigo no regían las reglas de Ginebra, no merecen ni un juicio justo, sin piedad, ni nada”.

“Puede ser cualquiera, en este caso tiene la salida cómoda del narcotráfico, entonces ahí le ponemos todo y termina siendo presentable para todo el mundo. En realidad, el discurso de la dictadura, los reglamentos secretos decían -justamente encubriendo estas lógicas- que al enemigo se lo presentaba como una excusa para justificar el aniquilamiento. Ahora, ese es el problema, porque con lo discursivo, vamos a suponer que es ‘combatir el narcotráfico’, con esa excusa, ¿habilitamos qué?”, preguntó.

El ex camarista federal Luis Alberto Cotter se mostró sorprendido por “la manera de utilizar términos que son muy caros al recuerdo de los argentinos. Caros en el recuerdo de haber pasado épocas sangrientas cuando se sufrió la dictadura militar e incluso utilizando todos esos términos, enemigos de afuera, subversión, etcétera, cuando no sé en qué se basa el intendente o si quiere reeditar algún tipo de ideología de extrema derecha”.

Cabe “advertir que hay sectores que evidentemente quieren reeditar una opción falsa para de alguna manera justificar tal vez una futura represión, eso es lo que más aterra, lo que más inquieta porque sabemos perfectamente que se empieza con este tipo de palabras que tienen por supuesto una raíz ideológica profunda”.

Como Videla

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca destacó que Gay hizo suyas “las mismísimas palabras que podría haber empleado el propio Videla. Con el mismo discurso del ‘enemigo interno’ y arrogándose los ‘valores e ideales’ de lo moralmente correcto, utilizó igual vocabulario que en la dictadura los genocidas emplearon para aniquilar a toda una generación y perseguir a quienes pensaban distinto”.

“No escapa al conocimiento de todos nosotros, que este intendente fue empleado durante 20 años del monopolio de los Massot, dueños de la Nueva Provincia, LU2 y Canal 9, acusados por ser partícipes necesarios de llevar adelante la dictadura genocida en nuestra ciudad, que aun no ha sido resuelto por esta justicia amiga de los poderosos, y que sin duda empleaba en su trabajo y emplea aun hoy, el mismo vocabulario que sus patrones. Nos preguntamos si la intencionalidad también es la misma”, afirmaron y acusaron al jefe comunal “de apologista del vocabulario de la dictadura y de incitar a la violencia entre ciudadanos”.

Alberto Rodríguez, integrante de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, llamó a “no ser ‘tibios'” frente a las declaraciones de Gay: “Debemos dar una respuesta de los sectores que luchan contra el ajuste, la represión y la entrega de nuestra soberanía. Por eso mas que nunca UNIDAD. No esperemos el repudio a un discurso fascista, de quienes sabemos se esconderán en el silencio. Pero sabemos bien que sectores sociales, políticos, organismos de derechos humanos como Hijos y nuestra Liga estamos dispuestos a salir a la calle, exigir al Concejo Deliberante exprese su repudio y analizar si judicialmente no merece ser tenido en cuenta como una proclama antidemocrática y como tal punible”.

Eran los narcos…

El intendente Héctor Gay “aclaró” esta mañana a quién señalaba como “enemigos de adentro y de afuera” en su encendido discurso del Día de la Patria. “Me refería a los estragos que está haciendo el narcotráfico. (…) Me gustaría que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras recorran más los barrios y se den cuenta de lo que está haciendo la droga en nuestra provincia y nuestra ciudad”, dijo y agregó: “Lo de enemigos de adentro y de afuera el primero que lo dice es José Hernández, lo dice Alem y lo dice Perón”.

“Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera, los que responden a intereses personales y los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Por eso digo, no son tiempos fáciles pero tampoco son tiempos para tibios”, dijo el intendente macrista Héctor Gay en el acto oficial por el 25 de mayo.

En estricta sintonía con el rol ejercido durante las últimas décadas como principal vocero del grupo La Nueva Provincia, Gay agregó que “este momento especial que estamos transcurriendo, en el año del bicentenario de nuestra independencia, es un tiempo de reflexión, de unión de los argentinos que queremos construir y no destruir, de los argentinos que queremos una mejor educación, más trabajo, de los argentinos que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría, pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques, frente a esos que no nos quieren ver unidos, frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores y con un destino de grandeza”.

El jefe comunal realizó sus manifestaciones en nombre de “la libertad” en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo de cara a las cúpulas de las fuerzas armadas, legisladores provinciales oficialistas y opositores como Nidia Moirano, Santiago Nardelli, Marcelo Feliú, Federico Susbielles, integrantes del Concejo Deliberante y del gabinete municipal y entidades locales. El repudio a los dichos del líder de Cambiemos se multiplica en las redes sociales.

Desde la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego mostraron su preocupación por “el mensaje cuasi castrense” el cual “desde el vocabulario hasta el contenido, manifiesta su ideología y nos remite a épocas nefastas. Cabría preguntarle al intendente, a qué grupos organizados se refiere. ¿Será a la militancia que enfrenta su política neoliberal, o se referirá a algún demonio?”.

“Frases muy sugestivas y gráficas ha manifestado, tanto que parecen extraídas de un discurso de Videla o Masera. (…) También habría que preguntarse de qué ‘Patria’ habla él. ¿De la patria de las corporaciones? ¿De la patria financiera? Seguro, no habla de la patria de las familias empobrecidas, la de lxs laburantes, la de lxs chicos y chicas de las escuelas. La patria que pagó la fiesta de otros, la que se la jugó, la de lxs compañeros y compañeras desaparecidxs, la de todxs nuestros mártires”.

La central tomó el discurso como “una provocación hacia los que nos manifestamos, los que integramos organizaciones, los que militamos en las calles. Seguramente no compartimos esos valores que tanto cuida, los nuestros tienen que ver con el respeto, la solidaridad de clase, con la igualdad de oportunidades para todos y todas, fundamentalmente para esa juventud que no consigue trabajo, la que trabaja en forma precaria, la que no puede estudiar porque sus familias carecen de recursos. Creemos que desde las organizaciones y de toda la sociedad bahiense debemos interpelar al intendente, respecto de sus dichos, que sobre todo en este contexto de luchas y reclamos, no son menores ni inocentes”.

El escritor y docente Mario Ortiz afirmó que Gay “se expresó en los más lamentables términos que merecen el repudio de toda la sociedad civil y exigen una aclaración inmediata” y preguntó al intendente “¿quiénes son, según usted, esos enemigos? ¿Por qué mantiene esa ambigüedad que da pie a cualquier interpretación? ¿Acaso, como periodista que trabajó durante años en el multimedio de La Nueva Provincia, uno de los actores fundamentales de la dictadura cívico militar, puede usted desconocer que está apelando al viejo discurso del terror de estado?”.

“Tiene razón cuando afirma que no es tiempo de tibios, sólo que debe explicitar cuáles son los fríos y los calientes y en consecuencia de qué lado se sitúa usted. Ideológicamente, lo sospechamos. Sólo falta aclarar el exacto alcance político-represivo de lo que, ya a esta altura, no podemos sino considerar una amenaza”.

“No es una cita de Videla en 1976 sino de Héctor Gay este 25 de mayo de 2016. A quiénes se refiere este señor??? Quienes son sus enemigos? A que grupos organizados alude? Muy significativo el discurso del intendente de hoy. Nos remite a otras épocas no?”, publicó la dirigente de Suteba y CTA Ana Canullo.

Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal que investigó e imputó por crímenes de lesa humanidad al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, dijo que “los anacronismos políticos-discursivos a veces son útiles como recurso humorístico, y de eso sabe Capusotto. Cuando los usa el intendente de mi ciudad (con agenda marcada por Massot), se me eriza la piel”.

“Como ciudadana, como madre y profesora de jóvenes, quiero saber a qué enemigos organizados se refiere el intendente. En un marco democrático, debe dar información precisa a la ciudadanía sobre tal peligro. O retractarse, por formular juicios sin fundamento pero que instalan un clima de sospecha que puede utilizarse para justificar la represión”, exigió la profesora Adriana Ressia.

“Nosotros y ellos, argentinos de bien, ataques a los mejores valores. Los valores de quién? De nosotros, los hombres de bien, no los otros. Ojo”, advirtió el ex concejal Raúl Ayude. El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, repudió los dichos de Gay “que intentan sembrar un estado de confusión y terror” y destacó que “los que subvierten, los enemigos, los que no tienen patria ni corazón son ELLOS, que te quede claro”.

“Una declaración de guerra a las organizaciones populares. Los que no tienen ni patria ni bandera son ellos y lo han demostrado a lo largo de la historia entregando nuestro país y la sangre de nuestro pueblo a los intereses imperialistas. Repudio absoluto a las declaraciones fascistas del intendente Gay”, dijo Joni Landa desde la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes.

Foto: Bahía Despierta.

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó hoy a cuatro años y nueve meses de prisión al secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; a cuatro años al entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos; a tres años y medio al ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, y a tres años al ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi, por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó la muerte de cinco personas y numerosas lesiones entre los manifestantes.

Además, los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín les impusieron penas de hasta seis años de prisión por el “homicidio en agresión” de Alberto Márquez a tres de los nueve agentes que llegaron al debate acusados por ese hecho, entre otras condenas.

A fines del año pasado, el equipo fiscal consideró acreditados los hechos que en siete causas fueron elevados al debate y la responsabilidad de todos los acusados. Por ello había solicitado cinco años de prisión para Mathov y Santos; tres años y ocho meses para Andreozzi; y tres años y medio para Gaudiero, al encontrarlos culpables del delito de homicidio culposo de Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, y lesiones culposas a 48 personas -que enumeraron durante su alegato- y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces encontraron culpables a Mathov y a los integrantes de la cúpula policial de los crímenes culposos de Lamagna, Riva y Almirón y alrededor de una veintena de lesiones, muchas de ellas de gravedad.

Durante esta mañana, los acusados terminaron de hacer uso del derecho a las últimas palabras, tras lo que los magistrados convocaron a las partes a las 16 para dar a conocer su veredicto, ante una sala de audiencias que lució colmada con la presencia de víctimas y familiares de la represión. La Fiscalía destacó que “se logró una muy buena sentencia en cuanto a las autoridades políticas”, en tanto el tribunal “adhirió en forma parcial” con lo postulado. Como hubo “diferencias en cuanto a los hechos ocurridos en la 9 de julio y Avenida de Mayo”, los fiscales señalaron que esperarán a conocer los fundamentos -que serán comunicados por el tribunal el 4 de agosto- “para analizar la posibilidad de presentar un eventual recurso de Casación”.

En su alegato de diciembre, la Fiscalía también había requerido condenas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y Paula Simonetti.

El accionar de los policías, que se desplazaban en móviles no identificables, fue calificado como “una especie de pelotón de fusilamiento”. En este caso, las penas pedidas fueron de 16 años para el comisario inspector Orlando Oliverio; 14 para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y 5 años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, a quienes encontraron como partícipes secundarios. El TOF N°6 dictó condenas de seis, cuatro años y medio y tres años en suspenso para López, Juárez y Firpo Castro, respectivamente, y absolvió a los restantes acusados.

Por otra parte, se le había solicitado al Tribunal Oral Federal N°6 que le imponga a Víctor Manuel Belloni 10 años de prisión por la tentativa de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. En este caso, la pena fue de tres años por el delito de abuso de armas.

Para el subcomisario de la Seccional 51ª Omar Alberto Bellante, la Fiscalía solicitó una condena a tres años de prisión por el encubrimiento del crimen de Gustavo Ariel Benedetto. Su homicidio se produjo en las inmediaciones del cruce de la Avenida de Mayo y Chacabuco, en cercanías al entonces edificio del Banco HSBC. La Fiscalía consideró probado que su deceso fue producto de los numerosos disparos efectuados desde el interior de la entidad bancaria, en un horario cercano a las 16:30, por el personal policial a cargo de Bellante. Los jueces coincidieron con el requerimiento fiscal y condenaron al imputado a esa misma pena.

Finalmente, para Carlos Loforte -principal- y Jorge Toma –subcomisario-, el Ministerio Público Fiscal había pedido penas de dos años y dos años y medio -de ejecución en suspenso- por las vejaciones cometidas durante las detenciones realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación. Los magistrados resolvieron el sobreseimiento de ambos por prescripción, aunque rechazaron los planteos de nulidad y de prescripción interpuestos por la mayoría de las defensas restantes.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Plan B Noticias) La periodista pampeana Yanina Lofvall (35) falleció este mediodía en la ruta nacional 205, cerca de la localidad bonaerense de Roque Pérez, cuando por causas que se tratan de establecer, el Chevrolet Corsa en el que viajaba chocó de frente contra un Chevrolet Ágile.

El siniestro se produjo en el kilómetro 142 y fallecieron además otras 2 personas que iban en el otro vehículo. Las demás víctimas fueron identificadas como Rodolfo Cardoso (73 años) y Liliana Noemi Pesaresi (54 años de edad). En ese mismo auto viajaba Aldana Pereyra (22), quien resultó con heridas de gravedad.

La periodista pampeana se movilizaba junto a un amigo, Pablo Ramos (35) que resultó con heridas. Recorrían el trayecto de Santa Rosa a La Plata.

Yanina Lofvall fue una de las víctimas del Instituto Católico Servis Trinitatis y la experiencia fue contada en el libro “Siervas Trinitarias” donde denunció los casos de servidumbre y humillaciones que debió soportar en su permanencia durante siete años en la institución católica.

Era docente de Educación primaria, periodista y licenciada en Comunicación Social, con Orientación en Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajaba en 7 Sellos Editorial, fundada por la Cooperativa Gráfica Visión 7 de Santa Rosa.

Estuvo en situación de virtual detención en la “secta católica” por lo que la justicia pampeana investigó y exculpó, por considerar que se trataba de un acto de entrega de fe, a los curas Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre.

Junto a Yanina hubo decenas de jóvenes que ingresaron a la secta que les retenía todos sus ingresos, las obligaba a realizar ayunos extendidos y las conminaban a no mantener relaciones con la sociedad porque aseguraban que habían elegido el camino de “entrega a Dios”.

Aunque fueron absueltos, la Iglesia pampeana tomó nota de su situación y desplazó al obispo Bredice por Poly, actual Arzobispo de Buenos Aries tras la asunción de Bergoglio como Papa.

Más información:

Siervas Trinitarias: otra forma de trata

 

Escuchá cuentos que liberan

 

La Red Local de Violencia de Género denunció públicamente a La Brújula 24 por realizar “una invasión a la privacidad de la familia y una violación a los derechos humanos” de Micaela Ortega -la niña desaparecida el 23 de abril- mediante la difusión de la carta que dejó antes de irse de su hogar. El comunicado fue leído por la concejala Miriam Iantosca durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Sin noticias sobre su paradero, familiares, amigas y amigos de Micaela volvieron a marchar este viernes.

“Exclusivo: la carta de despedida que le dejó Micaela a su mamá”, tituló el lunes pasado el sitio web de la emisora que ilustró la nota con imágenes del texto manuscrito de la nena. “No entendemos la intencionalidad de divulgar masivamente esa información, conducta que nos parece imprudente en el contexto sumamente complejo y delicado de la búsqueda que se está llevando a cabo para encontrar a Micaela”, dijeron las instituciones y organizaciones que conforman la Red al manifestar su “preocupación”.

“Si bien resulta pertinente el retiro de la web de los comentarios cuestionados y de haber cerrado a comentarios las otras publicaciones, manifestamos que resulta indispensable que los medios masivos de comunicación asuman éticamente su responsabilidad en el contenido informativo y en la manera en que este se da a conocer a la opinión pública, por encima de su avidez para asegurar su éxito comercial. De esta manera su servicio a la comunidad será una contribución social esencial para que la consigna #NiUnaMenos pueda hacerse realidad”, concluyeron.

twLa Red de Violencia de Género está integrada por las ONGs El Nido, Creer Sí, Prevención y Asistencia a Víctima de abuso sexual infanto juvenil y Mujeres en Acción; la Dirección General de Políticas de Género de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Fiscalía Departamental, la Defensoría General Departamental, los Juzgados de Familia, y la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca, en conjunto con los dispositivos: “Promover” Servicio Municipal de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y maltrato infantil y Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Antecedente

En 2008 el editor del medio, Germán Sasso, fue denunciado por la titular del Colegio de Trabajadores Sociales por haber difundido nombres y domicilios de menores en conflicto con la ley durante una emisión de La Brújula, en aquel entonces un programa radial semanal de Radio 10. “”Vamos a dar la lista de los cinco, diez menores más bravos, más -¿cómo podríamos decirlo?- más peligrosos, más incontenibles de la ciudad de Bahía Blanca, con nombre, apellido y domicilio. Más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas””, dijo al aire con plena conciencia de la infracción que cometía.

El juez correccional José Luis Ares lo condenó a abonar cuatro mil pesos  y cumplir dos días de arresto por contrariar el Art. 94 quater del Decreto Ley 8031. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -integrada por Alfredo Mones Ruiz, Hugo Ángel Cavallaro y Guillermo Rodríguez- confirmó la pena pero redujo la multa a 2.474 pesos y el arresto a un día. Sasso recurrió a la Suprema Corte donde, al amparo de parte de la dirigencia política local, la condena prescribió.

Malas noticias

La radio La Brújula 24 es una empresa de los directivos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Gustavo Elías y Maximiliano di Federico y los periodistas Germán Sasso y Martín Noir. Desde su fundación recibe una de las mayores pautas publicitarias del Estado municipal. Días atrás, la periodista Sandra Crucianelli detectó en los archivos del Estudio Mossak Fonseca -filtrados en los #PanamaPapers- una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas compartida por Elías y el Guillermo Luis Montezanti, hijo del ex camarista federal Néstor Luis Montezanti quien abandonó el cargo a punto de ser destituido por su participación durante el terrorismo de Estado.

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Micaela Aldana Ortega, de 12 años, falta de su casa desde el 23 de abril. Desde entonces distintas fuerzas y organismos llevan adelante una búsqueda infructuosa. Imágenes de cámaras de seguridad registradas el día de su partida la muestran en compañía de un hombre joven no identificado. El Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de entre 50 mil y 200 mil pesos para quienes aporten datos concretos de su paradero. Teléfonos de contacto: Comisaría Quinta (0291) 4555300 o (0291) 455 2984, Missing Children (0291) 156 457 020 o Mónica Cid (0291) 154 444 284.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará mañana a las 17:30 en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor Carlos Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

“Hace varios años en la Facultad tenemos este premio para reconocer a diferentes personalidades que tengan que ver con la comunicación y que hayan aportado en la línea de lo que fue Rodolfo Walsh. En este caso en particular, la valentía que han tenido los fiscales es digna de ser reconocida, por eso el Consejo Directivo decidió por primera vez entregarlo a representantes de la justicia”, dijo a FM De la Calle el vicedecano de Periodismo Cristian Scarpetta.

El docente destacó “una investigación que ha sido inédita a nivel nacional y que es ejemplo para seguir por otros fiscales que no han hecho lo mismo y dejar en evidencia el rol que han tenido los medios de comunicación para fomentar, para encubrir y facilitar las acciones de la dictadura”.

efemedelacalle fiscalesLa labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico-militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica como el que desplegó La Nueva Provincia.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la dirección empresarial de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, fue dictada la falta de mérito de Vicente Massot en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Juli tiene 26 años y hace 23 padece epilepsia refractaria, secuela de la meningoencefalitis herpética que sufrió en su niñez. Recibió diversos tratamientos, combinaciones de antiepilépticos, hizo dieta cetogénica. A veces mejoraba pero “las caídas no se resolvieron”. Su familia descartó la alternativa terapéutica quirúrgica que podrían hacerle en Estados Unidos por las pocas chances de que resulte positiva. “Si podemos mejorarle en un porcentaje importante su epilepsia, la calidad de vida va a ser otra para ella y para el resto de la familia”, pensó su mamá Ana María.

A la mujer le llamó la atención el caso de Charlotte Figi que mostraba el documental en CNN. El Síndrome de Dravet le provocaba 300 ataques epilépticos por la semana. La nena consumió marihuana alta en cannabidiol y disminuyeron en un 99%. La cepa no psicoactiva de Colorado hoy lleva su nombre y es solicitada por familias de todo el mundo.

“Hace alrededor de veinte años el doctor Rafael Mechoulam descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide con un sistema de cerradura llave, de receptores, y de una marihuana endógena que nosotros fabricamos. A partir de ahí comencé a andar un camino de búsqueda, no teníamos ya nada más para ofrecerle a Juli y esta era una posibilidad”, contó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El primer impacto fue contra el desconocimiento académico, científico, jurídico y social en el país. “Cuando como mamá y como médica vi que el desconocimiento es total y los pacientes están solos, decidimos construir un canal de información que en su momento fue CAMEDA, pero vimos que no alcanzaba para encontrarnos con el paciente sino que tenía que ser para todos”.

Cannabis Medicinal Argentina es un grupo de pacientes, cannabicultores, madres, padres, profesionales de la salud, la biología y la química, quienes se unieron para conseguir la regulación del uso del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El 7 de mayo, junto a sus hijas e hijos, encabezaron la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires. La Revista THC informó que este año fueron 170 mil personas en 19 ciudades las que salieron a gritar “¡No más presos por cultivar! – Regulación del cannabis ya”. Exigieron el cese urgente de la criminalización de quienes usan y cultivan cannabis y la urgente regulación del cannabis medicinal y el inicio de investigaciones para desarrollar su potencial terapéutico e industrial.

Las pibas y los pibes que marcharon tienen, como Juli, epilepsia refractaria. No responden a la medicación, tiene convulsiones diarias y diversas crisis que cortan su autonomía, se caen, se lastiman, se fracturan, se queman al intentar tomar mate. “La atención es de 24 horas”, dijo Ana María.

Recordó que “en 23 años hemos hecho de todo pero lo que uno sí termina dándose cuenta es que mientras siga desconectada todo el tiempo es como un prende y apaga, la epilepsia es muy difícil. Aparte porque con tanta medicación los chicos están muy abúlicos, sin ganas de nada, están tirados todo el tiempo y un poquito eso es lo que yo veía en mi hija, que era la nada ¿no?”.

El tratamiento con aceite de cannabis redujo a la mitad los anticonvulsivantes y las crisis bajaron. “Si bien tiene por ahí algunas mioclonías, algunas sacudidas en el día, la verdad que las recaídas se reducen notablemente, a veces una o dos por semana, venimos caminando en un ensayo desde hace más o menos un año y medio porque recién ahora los neurólogos empiezan a acompañar. Lo más llamativo es la conexión que ella ha tenido con los objetos, con el otro, está despierta todo el día, está inquieta, la verdad es que a veces parece que durante 23 años hemos sido en esta casa el espejo de ella y ahora ella nos está imitando en cómo se maneja y la autonomía que tiene, el orden, absolutamente todo, se despertó a la vida. Nada más ni nada menos que eso”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza varios proyectos. El bloque del FIT convocó a una audiencia pública este lunes. Participaron Nilda Garré el FPV y legisladores del Frente Renovador de La Plata. La diputada Soledad Sosa presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación de semillas, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis para fines medicinales y/o de investigación científica”.

“El dolor no puede esperar, CAMEDA somos todos los argentinos porque se conecta gente de toda la Argentina y estamos trabajando para todos. Esperamos construirlo rápido porque los chicos se mueren y los pacientes, más allá que no sea epilepsia, sufren dolor. Pacientes con cáncer, dolor neuropático, oncológico, no oncológico, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hay múltiples patologías con las cuales está la posibilidad de tratamiento”, comentó Ana María Nicora a FM De la Calle.

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en memoria del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como trastorno mental. En Bahía Blanca una marcha partirá de Plaza Rivadavia a las 18:30. “Porque queremos igualdad, basta de discriminación. Somos libres de amar, vive y deja vivir, ama y deja amar”, es la consigna.

Cecilia Serafini es una de las organizadoras del encuentro en el cual se reclamará la incorporación de la discriminación por orientación sexual o identidad de género al texto de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

“Están expresados específicamente algunos actos discriminatorios hacia algunos tipos de personas, por religión, por nacionalidad, por ideología, pero esa misma ley -que es bastante útil obviamente- dice aplicación para discriminación por sexo primero, no dice en ninguna parte discriminación por orientación sexual o diversidad de géneros lo cual en un país que tiene leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género bastante avanzadas a nivel mundial es una deuda pendiente importante”, dijo a FM De la Calle.

Otro punto destacado este año es la alta tasa de travesticidios como el que recientemente tuvo como víctima a la militante Diana Sacayán. “La edad promedio de las personas trans es de alrededor de 35 años, es bajísimo, en Latinoamérica y el Caribe el promedio no sube mucho más, es más o menos 40 años y el 80 por ciento de las muertes violentas a personas trans se dan en América Latina y el Caribe. La realidad es que las personas trans son las que más sufren esta problemática de violencia y de fobia, de no tolerancia”.

“Bueno, eso es otra cosa, la tolerancia no es algo que estamos buscando sino la aceptación y ya. Somos personas  igual que todas y en este país todavía los crímenes de odio a las personas homosexuales, trans y de cualquier tipo de orientación sexual o de género que no se aplique a las normas regulares, sigue siendo moneda corriente”, dijo Serafini.

Finalmente, consideró “totalmente repudiables” las declaraciones del intendente Héctor Gay, quien días atrás habló de un “orden natural de las cosas” en una entrevista radial. “Da a entender que no hay una aceptación al colectivo LGBT de ninguna manera de este gobierno local”.

En el mundo hay alrededor de ochenta países que todavía criminalizan la homosexualidad y en diez llegar a condenarla con pena de muerte. En 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría modificó el “Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales” eliminando el término “trastorno de la identidad de género” y recién en marzo de 2016, la Organización Mundial de Psiquiatría publicó un comunicado oficial repudiando las “terapias de conversión” y reconociendo que, tanto ni orientación sexual ni la identidad de género deberían ser tratadas como enfermedades.

Desde este lunes se realizará por quinto año consecutivo el ciclo Bahía Originaria, organizado por FM De la Calle y la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu en el marco del aniversario de la masacre indígena ocurrida el 19 de mayo de 1859. La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNS.

“La madrugada del 19 de Mayo de 1859 por defender Nuestro Derecho, Nuestra Tierra y Nuestra Autonomía como pueblo fueron recapturados tras el enfrentamiento en el boliche Piu Iturra (actuales Zelarrayán y 19 de Mayo) alrededor de 200 hermanos mapuches, fueron masacrados y apilados en la plaza pública -hoy Plaza Rivadavia- donde se les prendió fuego bajo la orden del Comandante José Olegario Orquera, iniciando la ‘hoguera del escarmiento'”, afirmaron desde Kumelen y detacaron que “este inhumano y aberrante hecho no debe quedar en el olvido. Por Memoria, Justicia y Pluriculturalidad!”.

A partir del lunes 16 podrá recorrerse la muestra “Prisioneros de la Ciencia” del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social de la Universidad de La Plata. En el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29) se expondrán hasta el 27 de mayo fotografías tomadas dentro del Museo de La Plata a prisioneros sobrevivientes de las expediciones militares a fines del siglo XIX, previo a su inminente y premeditada muerte en dicho museo en el marco del genocidio roquista.

El jueves 19 a las 7 en la plazoleta de Florencio Sánchez y 19 de Mayo Kumelen Newen Mapu desarrollará la habitual ceremonia mapuche en honor a los caídos durante el episodio que la historia oficial registró como “el último malón” aunque no fue el último pero sí el más cruento dado que culminó con una hoguera humana ardiendo durante días en la actual Plaza Rivadavia.

En tanto a las 17, los antropólogos de GUIAS Fernando Pepe y Miguel Añon Suarez brindarán el seminario “Genocidio, Museos y Pueblos Originarios”. Un espacio de debate y construcción de conocimiento crítico frente al tema de la apropiación de los cuerpos, la construcción social de los conceptos de “patrimonio”, “colecciones”, “objeto de estudio”, y las relaciones sociales involucradas en estos procesos y sus implicancias, aportando a la construcción de una memoria social e histórica sobre los Pueblos Originarios.

inacayalEl seminario constará de una clase expositiva, “Antropología del genocidio. Restituciones de restos humanos de los Pueblos Originarios en el Museo de La Plata” y pretende abordar y discutir la problemática de la formación de las “colecciones” del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, analizar su rol geopolítico tanto en el contexto de la avanzada militar y sometimiento de los Pueblos Originarios por parte del estado roquista hacia fines del siglo XIX, como así también en la coyuntura actual en el marco de la conquista de derechos de los Pueblos Originarios y las políticas públicas estatales referente a esta temática.

Entendiendo que las prácticas científicas tienen necesariamente implicancias políticas y económicas, y que las mismas se desarrollan en determinado contexto socio-histórico, el abordaje del rol que esta tuvo en el proceso de conformación del estado nacional resulta de interés fundamental para analizar la conformación de las “colecciones” arqueológicas y de restos humanos del Museo de La Plata y otras instituciones, las construcciones simbólicas correspondientes a la noción de cuerpo en el marco de la antropología colonialista, su vinculación con la producción de identidades y los procesos de patrimonialización.

Centrándose en el caso del Museo de La Plata y del trabajo del Colectivo GUIAS (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social) en la identificación y restitución de restos humanos de los Pueblos Originarios que forman parte de las ‘colecciones’ del mismo, se propone realizar un recorrido histórico sobre los casos emblemáticos de los prisioneros que mueren dentro del Museo de La Plata y cuyos cuerpos son convertidos en ‘objetos de estudio’.

bahia originaria

El 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro José Francisco Ramírez (22) hacía guardia en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, Misiones, cuando un disparo de fusil FAL calibre 7.65 dio en su pecho y terminó con su vida. Un juez provincial entorpeció la investigación hasta archivarla por inexistencia de delito bajo la carátula de suicidio.

Casi trece años después y por la perseverancia de su madre para esclarecer el caso, la causa fue reabierta por la justicia federal y la pesquisa quedó a cargo de un grupo de fiscales encabezados por el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Ángel Palazzani. El defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque tiene una “intervención atípica” como querellante en representación de la mamá de la víctima, Susana Pintos.

“El soldado ingresó a una guardia en un destacamento en cercanía de Posadas, en una localidad que se llama Apóstoles, y a los poquitos minutos se escucha un disparo y cuando concurren al lugar lo encuentran muerto. Las hipótesis que se manejaban eran lógicamente o suicidio u homicidio, pero ocurre que por una innumerable cantidad de irregularidades, imprecisiones, de negligencias, por parte del juez que intervino allá -que derivó luego en que lo apartaran del caso y del cargo- se perdió prueba importante”, comentó Jarque a FM De la Calle.

Para el defensor “no había razones para sostener que el soldado tenía tendencias suicidas, tenía proyecto de vida, tenía una novia, se iba a casar, había estado buscando una vivienda para alquilar en Apóstoles para vivir junto con su novia. De manera que por ese lado no surge de la causa que este muchacho haya tenido algún estado de depresión ni mucho menos”.

La madre de Ramírez sostuvo que tiene información extraoficial que afirma que su hijo “sabía algo y lo hicieron callar”. “Mauro me contó que se sentía perseguido por sus jefes. En ese momento le dije que no se preocupara, que obedeciera a sus jefes y que, quizás, lo estaban haciendo pagar derecho de piso, porque era nuevo. Jamás pensé que lo iban a matar. Hoy sí creo que dentro del Ejército hay asesinos sueltos”, dijo la mujer a Territorio Digital.

En ese sentido, el defensor oficial aseguró que por el momento no hay evidencia en la causa de que “de parte de los superiores o de los compañeros del propio destacamento (se) haya excedido el límite de lo tolerable a punto tal que lo lleve a un suicidio. Puede llegar a haber de parte de los superiores una presión, una exigencia, algunas circunstancias que indudablemente hablaban de que no estaba todo bien, pero no como para que se suicide, de ahí en más es motivo de la investigación”.

Jarque explicó que la reapertura de la causa “es una forma de iniciar de nuevo con el agravante de que pasaron trece años. Entonces lo que pueda aportar un testigo tiene la cuota de olvido, el paso del tiempo lo tiene encima, lo mismo con otra prueba, en su momento hubiera sido oportuno realizar una pericia psicológica del muchacho”.

El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires atendió el histórico reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. La decisión es clave para apuntalar el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la CPM, como organismo de monitoreo en la provincia, en su lucha por documentar los casos de torturas y malos tratos.

El Ministerio dio a conocer ayer la resolución que revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.

Desde la creación de su Comité contra la Tortura en el año 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir un acopio de información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas. Los informes anuales presentados cada año desde el 2004 son un testimonio contundente de esta realidad y han tenido el objetivo no sólo de visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.

Con una exposición sobre la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales comenzará hoy la cuarta edición de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, que organizan la UNS y la Red local de Violencia de Género, con entrada libre y gratuita. Será a las 19:30 en Colón 80.

La exposición estará a cargo de la profesora Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y docente del Programa de Actualización en “Comunicación, Géneros y Sexualidades” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“La Defensoría tiene una serie de recomendaciones para los casos de violencia contra las mujeres que principalmente tiene que ver con pensar que esas coberturas tiendan a brindar información socialmente útil para la ciudadanía sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres, cómo denunciarla, dónde acudir en caso de estar atravesando una situación de violencia”, dijo Coluccio a FM De la Calle.

La comunicadora agregó que se pretende además que “haya una diversidad de fuentes, que además de las de las fuerzas de seguridad o judiciales, estén presentes fuentes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática, que pueden poner en contexto la situación para que se dé cuenta que es una problemática social y no un caso individual y aislado, que se inserta en un modo de subordinación de la mujer y por eso los varones ven la posibilidad de cometer una agresión”.

 La “Cátedra Abierta de Violencia de Género” consiste en siete exposiciones durante el cuatrimestre a cargo de expertas y expertos, que este año tendrá como algunas de sus temáticas a las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros. Los interesados pueden anotarse de manera libre y gratuita para obtener certificado.

Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.

El fallo de la jueza de primera instancia,  Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos. Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión.

En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que  “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.

Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.

Este fallo, consideramos desde AMARC Argentina, sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión. Consideramos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su profunda preocupación y denunciaron el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.

En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias del organismo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de sus nietos y nietas.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí se pudo constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial.

“Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”.

“Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones”, dijeron las Abuelas.

A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.

“Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluyeron.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer esta semana los argumentos de la condena a ocho años de prisión por un supuesto aborto transformado en “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” sufrido por “Belén”, joven de 27 años detenida desde marzo de 2014.

Su nueva abogada, Soledad Deza, pidió el “inmediato cese de prisión” hasta que el fallo quede firme. A contramano de la defensa, el tribunal aseguró que “hay tantas pruebas que no hace falta ADN” para relacionar el feto con la mujer y que su anterior representante legal nunca planteó su inocencia sino su inimputabilidad. La lectura de los fundamentos fue acompañada por protestas del movimiento de mujeres en Tucumán y Buenos Aires que se sumaron al pedido de libertad.

Horas antes, Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo a FM De la Calle que “lo que está en juego es la posibilidad de autonomía de los derechos de las mujeres como ciudadanas” y que “en este caso no hubo una condena legal sino una condena moral, hay un prejuzgamiento, una discriminación, Belén es una mujer pobre con poco acceso a los derechos porque no hay políticas de Estado que garanticen su difusión (…) el acceso a la justicia es tan restringido como el derecho a la salud en determinados lugares, aunque haya ya una inequidad de base”.

Belén es el nombre ficticio que protege la identidad de la mujer que a los 25 años concurrió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Allí fue revisada y el médico de guardia le diagnosticó un embarazo de veinte semanas con aborto en curso. “Se siente mal, pide ir al baño, vuelve, dice que parece ser que expulsó algo, no sabe exactamente qué pasó. Ante la hemorragia deciden hacerle un legrado, la internan en la sala de operaciones y cuando se despierta está rodeada de gendarmes, de policías, que entre otras cosas la revisan, la someten a malos tratos, a torturas”.

“Esta joven no había sido informada de nada de lo que estaba pasando, se acerca una enfermera con una caja que transportaba un feto -que después diagnostican de 36 semanas- y dicen que es hijo de ella, que fue lo que expulsó en el baño y acá es donde empezamos a marcar la vulneración de derechos y lo irregular de toda esta situación. Primero es la diferencia entre las semanas diagnosticadas en primer momento y el feto que traen, al que no se le hace ADN, por lo tanto no está probado que sea expulsado por Belén, también hay una violación de secreto profesional, del derecho a la intimidad, porque los médicos que la atienden ya internada hacen la denuncia policial y la obligan a declarar contra sí misma”, comentó Schvartzman.

Desde entonces Belén está presa. El 8 de abril fue condenada a ocho años, “una caratula que cambia de aborto a homicidio agravado por vínculo y alevosía, figuras que no se entiende la contradicción y la condena porque por esa carátula sería reclusión perpetua y por aborto son cuatro años, entonces estos ocho años tampoco se entiende en base a qué están dados”.

Las organizaciones que acompañan a Belén reclaman además de su libertad que la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y deje sin efecto la sentencia por estar basada en la violación del secreto médico, que la ministra de Salud tucumana ordene un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectores de salud y la capacitación de derechos humanos en los hospitales y en el Poder Judicial.

Según publicó Notas.org tras la lectura de los fundamentos del fallo, la abogada Soledad Deza afirmó en el pedido de libertad, que la prisión preventiva “no ha residido en el fundamento de peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad”, el único válido para una coerción. “La investigación contiene graves y serias irregularidades”, explicó Deza, “que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías y han favorecido una condena sin pruebas”.

En la presentación judicial, Deza se explaya: “Se intima primero, se imputa después y luego se enjuicia a mi defendida por un hecho sobre el cual no hay pruebas”. “De hecho”, continúa, “no solo no hay constancia de que el hecho sea imputable a mi defendida, sino que no hay constancias fehacientes ni siquiera de que el hecho ocurrió”.

La abogada, en el material presentado en el juzgado, se pregunta también: “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”

En paralelo, Deza reflexiona y cuestiona: “Lamentablemente la etiqueta de ‘asesina’ estaba moralmente puesta en la paciente por el equipo de salud y la Policía al inicio de la atención sanitaria, pero –agrega- mucho más lamentable es que el Poder Judicial consolide esta tríada criminalizadora sin ni si quiera interiorizarse acerca del contexto, el espacio y las probabilidades de certeza de las acusaciones, sobre todo en vista a las pobrísimas pruebas recolectadas”.

Además de la nulidad que genera en toda la causa la violación del secreto profesional (art. 156 Código Penal), lo cual será motivo del Recurso de Casación, según informó la abogada, hay muchos elementos en el proceso que evidencian “una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto”.

¿Por qué es un caso de violencia institucional?

Desde la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), de carácter constitucional, hasta las 100 Reglas de Brasilia, elaboradas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la argumentación de Deza explica con precisión los motivos por los que la condena y encarcelación preventiva de “Belén” son tanto un ataque a los derechos de las mujeres como un caso de violencia institucional.

En ese sentido, propone: “Un poder Judicial con Jueces/zas y Fiscales/as especializados/as en la materia y avocados/as a la materia, es lo que permitirá incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos e impartir justicia a la vida de las víctimas que denuncian”.

La abogada sintetiza:

– “Belén” está presa por ser mujer.

– Nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aún sin pruebas de que lo fuera. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial.

– Fue identificada como “homicida” a los pocos minutos de que su médico ginecólogo constate el “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.

– “Belén” con etiqueta de “asesina” tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado.

– Fue imputada de matar a su hijo por la Fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada. Incluso llegó a ser requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria.

– Hasta la defensora oficial halló culpable a Belén, y jamás se atrevió a afirmar que no la imputada no había cometido ningún delito.

– Siempre vincularon moralmente a la joven a un “feto encontrado”, sin importar que hubiera sido encontrado antes de que ella ingrese al Hospital (3 am) y pese a que hay confusión en el expediente acerca de si ese famoso “feto encontrado” fue uno solo o más, si era femenino o masculino, si era de una mujer de 35 años o si es de alguien más. Esa vinculación moral se convirtió en sospecha médica primero, acusación policial después, vinculación forense a posteriori, luego registral y finalmente jurídica, todo sin ninguna prueba.

– “Belén” nunca contó con el principio “in dubio pro reo” de su lado. El Presidente del Tribunal al momento de decidir su condena dijo “que este había sido el caso más complejo que le tocó resolver al Tribunal, pero que valoraron la vida del NN hijo de la imputada” (sic del 19/04/2014).

– No tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer.

Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuestionó las declaraciones discriminatorias que realizó el intendente bahiense Héctor Gay (PRO Cambiemos) en relación al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

“Más allá de que por supuesto están en el marco de la libre expresión que puede tener, son muy peligrosos sobre todo por lo que pueden habilitar, sectores de la población que quizás piensan en un mismo sentido pero que creen que la vía de resolución de esto es por la violencia pueden sentirse envalentonados ante una declaración de este tipo”, aseguró Paulón en diálogo con el programa Enredados de Continental Bahía Blanca*.

Aclaró: “No lo digo en abstracto, lo digo concretamente cuando vemos que desde fines del año pasado se han incrementado en varias localidades de la costa atlántica, entre ellas Miramar o Mar del Plata, ataques xenófobos y neonazis con especial foco en la población gay y trans”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

Paulón afirmo que “bueno sería que se oponga a una ley vigente en todo el territorio de la república” e informó que gracias a dicha norma “más de doce mil parejas se han casado en todo el país, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, una ley que ha demostrado en el andar que contrariamente a lo que sostienen estos discursos de supuestos órdenes naturales ha venido a dar una respuesta concreta a la necesidad de muchísimas personas, pero sobre todo ha venido a traer un mensaje y un sentido de eliminar la discriminación de parte del Estado argentino para con las personas de la diversidad sexual”.

Más allá de la “tristeza” que provoca la persistencia de pensamientos discriminatorios en la dirigencia política y parte de la sociedad, el vicepresidente de la FALGBT dijo que también genera “una reflexión acerca de lo que aún falta”.

“A veces pareciera que cuando se aprueban estas leyes hemos completado el camino que queríamos recorrer y este tipo de declaraciones que nos retrotraen a épocas en las cuales todavía no podíamos contar con igualdad de derechos y a discursos por medio de los cuales sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos se oponían a la ley, demuestran la vigencia que tiene la necesidad de promover políticas públicas”.

“Sería muy importante que el intendente salga de este lugar al cual ha llevado a la ciudad de Bahía Blanca con una respuesta contundente como es la creación de un área o espacio de la diversidad sexual para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el marco de su política municipal”, concluyó Paulón.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.