(Por Giuliana Crucianelli, Nicole Corvera y Facundo Muñoz) Comenzó el primer juicio por jurados que involucra un caso de violencia de género. Después de varias horas de demora, cerca del mediodía, en los tribunales de Estomba 34 se produjo el sorteo de las 18 personas que integran el jurado. 12 titulares y 6 suplentes presididxs por la jueza Claudia Fortunatti. La audiencia continúa este miércoles desde las 9:30.

El hecho

El hecho que está en discusión ocurrió el 2 de febrero de 2014 entre las 0 y la 1. Los involucrados son José Luis Sardiña y su ex pareja, Cinthia, cuyo nombre preferimos no dar a conocer. Ese día, Sardiña había acordado con Cinthia llevarse a sus hijas. Posteriormente ella lo llama y se entera que estaban en el cumpleaños de la madre de Sardiña, Beatriz Díaz, quien cumplió una condena de diez años de prisión acusada de prostituir a su propia hija.

Cinthia no quería que las nenas estuvieran con Díaz, temía por su seguridad. Cuando lo llama, él comienza a insultarla, aparentemente, por unas fotos que había visto en su Facebook.

Cinthia fue a la comisaría para que tomen cartas en el asunto pero le respondieron que esa zona no era de su jurisdicción, es entonces cuando decide ir hasta el domicilio de Víctor Hugo Sardiña, hermano de su ex pareja, donde se encontraban sus hijas. Cuando llega a la casa, pide por José Luis Sardiña. “Cuando él sale me pega una piña en la cara. Saqué el cuchillo y yo me defendí para que pare de pegarme”, dijo la mujer. Ella le provocó una lesión en el pecho del lado derecho, con afectación pulmonar por la cual se le imputa homicidio simple en grado de tentativa agravado por el vínculo.

Desde el principio

Cinthia tiene 26 años. Sardiña es su ex pareja, tuvieron tres hijos. El primero fue a los 16. El bebé no pudo sobrevivir al parto debido a las dificultades del embarazo. Sardiña no quiso hacerse cargo hasta que se enteró que el bebé había fallecido.  A partir de allí, comenzaron a convivir.

Al año, Cinthia vuelve a quedar embarazada y tienen su segunda hija. Según el peritaje oficial de la asistente social Patricia Dinamata, quien declaró durante el juicio, Sardiña “no le permitía a Cinthia salir sin su permiso. Los roles estaban estipulados: el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa. Eso era taxativamente así. Incluso dicho por los protagonistas”. Tampoco le permitía ver a nadie sin su permiso. Se aislaba de su familia, amigos, entorno.

Al tiempo, José Luis Sardiña fue condenado a prisión por una causa de robo calificado con portación de arma de fuego. Pese a que estaba preso, ambos continuaron su relación y tuvieron  a su tercera hija.

Cinthia declaró que cuando su ex pareja salió en libertad comenzaron a tener una relación conflictiva y que él la golpeaba. Ella realizó denuncias. La primera fue del 19 de marzo del 2012. Lo denunció por violencia en presencia de una de sus hijas. Pidió que se lo excluya del hogar y se separaron. Como Sardiña no quiso irse, se fue ella a vivir a la casa de su madre, con sus hijas.

En noviembre de 2012 llegó la orden de restricción para que Sardiña no pueda acercase a su ex pareja. Ella nunca le negó la posibilidad de ver a las nenas.

La segunda denuncia fue del 31 de enero de 2013 cuando Cinthia dejó constancia de que una de sus hijas le había dicho que su padre la había manoseado. Sardiña echó a su ex pareja de su propia casa y la amenazó con un cuchillo, el cual impactó en el antebrazo de ella. También hay constancia de estos hechos en una denuncia y una medida cautelar.

La tercera denuncia fue el 25 de febrero de 2013. El hecho se produjo en la casa de Cinthia en presencia de las niñas, de un familiar y un vecino. José Luis Sardiña irrumpió en la casa de su ex novia amenazándola con un revólver. Ella tomó un cuchillo para defenderse. En un forcejeo él logró sacárselo pero ella pudo echarlo de la casa. El hombre se fue al grito de “tu hermano y vos me las van a pagar”, con el arma y el cuchillo en su poder.

“Tenía miedo porque cada vez que me veía en la calle no le importaba nada y me volvía a golpear, cada vez era peor”, relató Cinthia muy conmovida.

Pericias

Según el dr. Emiliano De Prada, perito psicólogo de la Defensoría de Bahía Blanca quien declaró en el juicio, de las pericias psicológicas surge que Cinthia es “una persona pasiva, de carácter sumiso e influenciable por terceros”.

Se evalúo en tres oportunidades el relato de la joven, el cual es -dijo el perito- “fluido, espontáneo y tiene concordancia a lo largo del tiempo”. Se pudo observar en su personalidad un “arrasamiento subjetivo por años de violencia, maltrato y castigos. Esto quiere decir que se cortan los lazos con el entorno, comienzan a haber problemas para relacionarse y la persona se vuelve introvertida”. Además, Cinthia presenta “sensaciones persecutorias, como caminar por la calle y ver la cara del agresor en otras personas. Su vida se desarrolla entorno a hechos violentos”.

De las tres entrevistas del perito con la acusada, se llegó a concluir que el hecho fue “una respuesta emocional ante una situación traumática y de pánico” y que “hay indicadores que son compatibles con los casos de mujeres víctimas de violencia de género”.

Otra pericia citada por la defensa fue la de la asistente social Patricia Dinamata. Fue la encargada de hacer una breve cronología de la vida de Cinthia, de hablar con sus familiares, incluidas sus hijas. “Cinthia se ocupa de absolutamente todo. De llevarlas al colegio, al médico, de darles de comer. De todo. Solo las deja al cuidado de la abuela, su madre, cuando tiene que salir a hacer alguna cosa”, afirmó.

También dijo que debido a los constantes ataques de Sardiña, Cinthia no pudo trabajar porque él se presentaba en su espacio laboral e insultaba a sus compañeros, hacía escándalo y amenazaba a la gente del lugar. Las niñas asisten actualmente a un comedor y espacio de contención una vez que se retiran del colegio y jardín.

Los testigos

Pasaron a declarar los familiares de José Luis Sardiña. Su hermano, Víctor Hugo, el dueño de la casa donde se produjo el hecho. Su otro hermano Daniel, quien estuvo preso junto con él por participar del robo. Su madre, Beatriz Díaz, y el mismo Sardiña.

Los familiares, como es de esperar, lo defendieron. Alegaron que José Luis es analfabeto, que “se peleaban siempre” y que “nadie se metía”. José Luis Sardiña, quien está detenido por haber violado la prohibición de acercamiento, fue reacio a declarar y cuando se le preguntó si Cinthia había tenido intención de matarlo, contestó que no.

Una vez que pasaron todos los testigos, se procedió a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:30 en Estomba 34. El juicio es oral y público, cualquier persona puede asistir. Declararán familiares de Cinthia y se espera el jueves tener el veredicto final.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y docente de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

En la misma causa, esta mañana fue detenido el dirigente de Empleados de Comercio Héctor ‘Cacarulo’ Forcelli ex “personal de seguridad” de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención de Remus Tetu. Antes, habían corrido la misma suerte Héctor OScar Chisu y Raúl Roberto Aceituno.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Dos días antes de la indagatoria, Montezanti deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra. Se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”. Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

Cabe destacar que como informáramos en La profecía de Montezanti, el trayecto represivo de algunos integrantes de la patota de la Triple A, comandada en Bahía Blanca por el diputado nacional y jefe de la CGT Rodolfo Ponce y el interventor de la Universidad del Sur, Remus Tetu, ofrece una imagen de algunas de sus fuentes.

Héctor Oscar Chisu, recientemente detenido en Trelew, y su hermano Miguel Ángel, muerto impune, fueron señalados por varios testigos como miembros del grupo paraestatal responsable de decenas de homicidios de militantes políticos, gremiales y universitarios. El segundo, también conocido como “el Gordo” o el Oso” solía conducir el Dodge Polara verde que junto a un Fiat 125 azul eran identificados como “la fiambrera” que patrullaba la ciudad, intimidaba y concretaba secuestros y homicidios.

En 1974, ante el reemplazo del rector Emilio Garófoli en la UTN bahiense, afín a la CGT y la Juventud Sindical Peronista, Fito Ponce ordenó a sus hombres tomar el edificio. Alrededor de 300 estudiantes se enteraron de la noticia mientras discutían en asamblea y decidieron marchar hacia la sede universitaria. Allí se encontraron con un grupo armado de trabajadores de la Junta Nacional de Granos entre los que se destacaba “un hombre de traje y corbata” quien, según comprobó el juez José Luis Ares, era Néstor Luis Montezanti.

Meses después Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu serían contratados, al igual que el ahora detenido Forcelli, por el rumano Remus Tetu como “personal de vigilancia y seguridad” de la UNS. Así continuaron bajo las órdenes del ex suboficial del Ejército Jorge Argibay, quien distribuía la decena de Itakas que el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181, mayor Luis Alberto González, puso en manos del grupo paraestatal.

Tras el golpe de Estado y el comienzo formal de la dictadura cívico militar, en septiembre de 1976 el mismo González avalaría los “antecedentes morales” de los Chisu, rebautizados como “hermanos Chávez”, para reciclarse como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Cuatro años después, el actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca formalizaría su ingreso como PCI “asesor universitario” en el Destacamento 181 comandado por José Osvaldo “Balita” Riveiro. Este ex integrante de la Triple A condenado en Francia y prófugo de la justicia argentina aseguró conocerlo desde 1975, “en profundidad” y “con el tiempo y asiduidad de trato suficientes” para avalar las “condiciones morales, ideológicas y familiares” del entonces joven abogado. Los datos corresponden al “Legajo Personal de Montezanti N. L.”.

El Destacamento de Inteligencia reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

Alberto Brandán, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio, dijo esta mañana a Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos que se alegra de que “se vayan descubriendo cosas. Todos nos tenemos que alegrar de que la justicia avance sobre estos temas. En ese momento nos habían cerrado el sindicato. Ya hacía unos días que nosotros teníamos el bachillerato para adultos con el gremio. Fuimos a la universidad (del Sur) y estaba Remus Tetu de interventor. Nos encontramos en la puerta de la oficina de Remus Tetu con Forcelli. Estaba en ese momento cumpliendo el rol de guardaespaldas de Remus Tetu”.

Ese fue el lema de la actividad que se realizó este domingo en Villa Nocito para impulsar la erradicación de los basurales del sector. El encuentro organizado por vecinas y vecinos del barrio junto al Merendero Popular Ernesto Che Guevara y el Colectivo Pueblo en Lucha, contó con una charla sobre la salud y los basurales a cargo de la dra. Selva Lamtzev, la pintada de un mural y merienda.

Un par de días antes, Claudia Meza dialogó con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle y adelantó detalles de los reclamos contra el basural: “Es increíble lo que hay, hicieron una pista de salud arriba, ahí los chicos no pueden ir a jugar. La verdad, no se puede. Volvieron las ratas, la Escuela 36 tiene comedor y en las vacaciones de invierno lo tuvieron que suspender por el problema de las ratas otra vez. Todo por el basural”.

“Prometieron mucho, hicimos unas reuniones y todo, que van a hacer esto, que iban a sacar la basura. La basura la dan vuelta, venían las palas y la revolvían. Eso con el viento y el agua vuelve a salir. (…) Habíamos quedado de acuerdo que incluso íbamos a hacer reuniones, nos iban a dar una mano para conocer todas las enfermedades, ayudarnos, nos iban a dar hasta el cebo para las ratas, nos iban a enseñar cómo usar todo, pero eso quedó en la nada. Nunca. Nada”, agregó sobre la atención del municipio.

Por otra parte, apuntó a personas que no son del barrio pero se acercan a usarlo de vertedero. “Gente de afuera que viene, saca la basura del auto, de la camioneta, y te tiran toda la basura ahí. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Que vos me digas ‘bueno es el vecino, todo el barrio’… pero no. Todo es de afuera, esa basura se juntó de afuera y de los camiones que venían de la Municipalidad y tiraban. Del mismo municipio venían”.

“Eso se paró un poco cuando nosotros empezamos a reclamar, pero la gente de afuera viene por la avda. Buenos Aires que es la costa del canal y el frigorífico. Yo te puedo decir que están las cuadrillas del municipio que dejan todo limpito, pero pasaste a las dos horas que la gente se fue y viene un auto y te tira la basura. No sé cómo hay que enseñarle a la gente que no tire basura”, insistió.

Finalmente, advirtió que aunque a sus vecinxs “les cuesta salir de la casa, con el asunto de las ratas tenemos todos el mismo problema”.

Foto: Pueblo en Lucha.

Aníbal Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los creadores del “derecho de jarras” con el cual pretenden concientizar y generar “una cultura del agua sana”. La iniciativa incluye proyectos legislativos que ya se discuten en la provincia de Santa Fe y la difusión de este concepto jurídico y sociológico para su reproducción a nivel nacional.

“Hay cerca de 1100 millones de personas que no acceden a agua sana, tenemos cuatro mil niños que mueren por día y en África cerca de 135 millones de personas que se enferman por no acceder a agua sana. Si le agregamos los dos millones de adultos que se mueren por año, la situación realmente es de un biocidio grave donde ha llegado el momento que en los mínimos actos cotidianos se empiece a generar cultura, conciencia aquí y ahora”, declaró a FM De la Calle.

El abogado se propone además “denunciar que la pobreza, como la esclavitud en su momento, no es normal, no es correcto, es pura patología social y lo genera un sistema determinado para permitir acumulación de unos pocos. Necesita ese sistema desposeer de los bienes comunes necesarios a muchísimos otros. El agua donde es escasa, donde no hay, hay pobreza. No es que no les llega a todos, no les llega a los pobres. La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental que padece ese ciudadano porque no accede al agua sana para vivir”.

“El derecho de Jarras es una creación sociológica, jurídica, de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario como un concepto, un instrumento inédito para Argentina y América Latina, que consiste fundamentalmente en que la gente cuando va a un bar, este es uno de los aspectos, tenga la posibilidad de ejercer este derecho en forma operativa e inmediata. Apenas se sienta en un bar para consumir algo, el mozo le acerca una jarra de agua en forma automática como cuando le acercan los cubiertos”, explicó.

El docente detalló que “otro aspecto es que el ente de administración pública -tanto provincial, municipal o nacional- garantice a los empleados, como así también a nuestros legisladores en los tres niveles del Estado federal el acceso a esta jarra de agua. En los ámbitos laborales privados, muchos de los lugares de producción tanto a nivel comercial, industrial o de servicios, aunque parezca insólito, muchas veces en jornadas de ocho horas no están garantizados dos litros de agua por día por persona”.

La fundamentación no solo se basa en el carácter elemental del acceso al líquido sino a las pruebas científicas que advierten que es un alimento insustituible: “Yo puedo pasar un mes sin comer sólidos pero no puedo pasar más de 72 horas sin tomar agua, el agua es constitutiva, esencial de la vida y nuestro cuerpo, el 75 por ciento de su composición es agua y a medida que nos acercamos a la vejez se reduce del 75 al 50 por ciento”.

Contra la privatización

Faccendini explicó que el agua como el aire son bienes comunes, por lo tanto, “a diferencia de los dos elementos de propiedad que hemos conocido los humanos que son la propiedad privada y lo que se llamó el socialismo real, (…) el bien común es la propiedad de todos en forma colectiva pero individual y en forma simultánea, de manera que nadie se pueda adjudicar la propiedad del agua sana o que se tiene que tomar”. Además, aseguró que la privatización del agua “fue nefasta como Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, de Santa Fe, como en su momento Azurix en la provincia de Buenos Aires o Aguas de Aconquija en Tucumán”.

Para el especialista, brindar agua de calidad a la población sigue siendo un desafío de los estados provincial y nacional ya que, por ejemplo, cerca de cuatro millones de argetinxs están expuestxs al arsénico. Hacen falta inversiones “para acceder a agua de rio que es la mejor” o, si es agua de pozo, mejorarla “mediante la osmosis inversa con todos los gastos que eso implica”.

“Una cosa es agua corriente y otra sana o potable. Yo puedo tener agua corriente que sale del caño pero no ser agua sana. La única sana es la que se pude tomar, si no, no es consumible y eso significa que no es potable. Servirá para bañarse, hacer cuestiones domésticas, pero no sirve para tomar”, detalló.

Por otra parte, el abogado advirtió que el nuevo Código Civil quitó el artículo 241 que establecía que el acceso al agua es un derecho humano esencial. “Estamos hablando de una cultura estatal con un atraso de 50 años, es nuevo el planteo pero siempre fue un derecho humano esencial, es como si alguien puede decir si tenemos derecho al acceso al aire puro. El sistema tan mercantilizado hace que la gente asuma como normal algo que es absolutamente anormal y hasta loco, que es que bienes que son esenciales para la vida lo tomen como algo natural que estén con niveles de contaminación que puedan afectarle la salud”.

El capitalismo fabrica pobres

Con la misma lógica de desnaturalización de problemáticas provocadas por el ser humano, Faccendini integra un colectivo que pretende que la ONU declare ilegal la pobreza.

“En el reino animal no racional no hay pobres, no hay monos pobres y monos ricos, habrá otra disputa de supervivencia pero no hay disputa de la construcción social de las comunidades del hombre que se construyen pobres. El capitalismo de la modernidad ha constituido y producido continuamente pobres que no acceden a los bienes esenciales y lo más terrible es que se ha generado una pedagogía de la pobreza en el sentido de generar en el pobre una situación de cierto estándar”.

“Primero que la pobreza es normal y de normal no tiene absolutamente nada. Segundo, si es pobre es por culpa de él, por ineptitud, por debilidad, por falta de inteligencia, o sea, en ese caso estamos en un proceso de doble victimización. Es víctima social por la pobreza y después, culturalmente se los victimiza como culpables de esa propuesta”, agregó.

En tercer término remarcó que “el sistema de esta modernidad pone al descubierto que la pobreza marca no solamente un biocidio, no solamente una lesa ambientalidad, porque el hombre forma parte de la comunidad biológica junto con los otros animales no racionales y evidentemente si hay pobres, esa pobreza afectada a una de las especies vivas sobre el planeta está afectando y lesionando el ambiente. No es solamente un problema económico, social, psicológico, sociológico sino también es un problema ambiental”.

“El 6 de junio el ministro (de Defensa Agustín) Rossi firmó un acuerdo de colaboración militar con Israel. Rossi dice que es un fuerte impulso para la industria de la defensa argentina, 120 millones de dólares. Y habla de que el mecanismo permite transferencia de tecnología, con lo cual, no sabemos muy bien qué es lo que se ha acordado. Porque también informa Rossi que se mantuvieron negociaciones durante 6 años entre la cartera de Defensa y su par israelí. Uno de los ejércitos más crueles y perversos que actúan hoy en el mundo” dijo a FM De la Calle el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman.

“Ya no sólo que hay contradicción entre las palabras y los hechos sino que se trata de doble discurso, triple discurso, cuatriple discurso. Un día estamos recontra peleados contra Israel por el caso Nisman pero resulta que estaban negociando un acuerdo de cooperación militar en que se habla de transferencia de tecnología. Bueno, yo no creo que Argentina pueda transferir ninguna tecnología a Israel porque no la tiene”.

Por otra parte, “nos preocupa mucho que Israel transfiera su principal tecnología militar que es la de espionaje, como muchos saben. Se me cruzan por la cabeza otras tecnologías que otros gobiernos compraron. Por ejemplo la Triple A manejaba una ametralladora israelí muy liviana, muy rápida, muy famosa en los 70 que era la Uzi”.

Preocupado por la falta de repercusión del convenio en los medios de prensa de nuestro país, el dirigente señaló que “nada bueno puede venir de este convenio y realmente es increíble que ningún diario” haya publicado nada “hasta el domingo, cuando Walter Goobar escribe la nota, te diría sintomáticamente igual a la mía -no soy de los que reclaman derechos de autor porque no creo en la propiedad intelectual, pero hay párrafos enteros que coinciden con lo que escribí yo-, pero lo importante es que haya salido en Miradas del sur, con lo cual, mucha gente dirá que el convenio existe porque si lo denuncio yo a pesar de que está en la página oficial no tiene el mismo efecto”.

Doctrinas de Seguridad

“Hubo un momento, en el mejor de la integración latinoamericana, donde el gobierno argentino convoca a sus pares a hacer un debate para construir una nueva doctrina de seguridad que reemplace la de Seguridad Nacional. Llegó a haber una reunión en Buenos Aires –al menos una conozco yo-. A mí me la contó el general Bareiro, quien fue ministro de Defensa de Lugo. Su expulsión del gobierno fue exigida por la embajada norteamericana. Lugo la aceptó y con ello selló su suerte, porque a partir de ahí no tenía ninguna fuerza”, sostuvo Schulman.

Según el dirigente, “Bareiro es un militar de carrera, un estudioso. Fue convocado a ese encuentro para abrir ese debate y en realidad era muy prometedor poder gestar una nueva doctrina para las fuerzas armadas de América latina. Ese debate no se concretó nunca”.

“Al poco tiempo fue sacada Garré del ministerio. Fue reemplazada por (Arturo) Puricelli, un hombre que no tenía mucha idea del tema que inmediatamente congeló el debate. Cuando fue reemplazado por Rossi, el ministerio nos convocó a conversar. Nosotros fuimos porque siempre estamos dispuestos a conversar. Todavía no se había la denuncia sobre Milani. Nosotros le dijimos que lo que nos interesaba era que ese debate se reanimara y que si era así estábamos dispuestos a ser parte de esa discusión. De hecho a los pocos días que mantuvimos esa reunión aparecieron las primeras denuncias contra Milani y todo cambió: Rossi se concentró en defenderlo a Milani”, explicó.

El actual titular de Defensa “está todo el tiempo con un discurso progresista pero termina haciendo todo lo contrario. Se propone como un defensor de la integración de América latina y le pone la firma a un convenio militar con Israel. Bueno, la verdad que no habla muy bien de su coherencia”.

“El TLC que el MERCOSUR firmó con Israel y con este convenio militar la expectativa de que la Argentina juegue un papel para vigilar el TLC al menos desde el punto de vista oficial no se puede esperar mucho”.

Colonias: aquí o allí

Schulman se mostró preocupado por el impacto que este acuerdo pueda tener en la credibilidad y la acción concreta de la política exterior sobre la recuperación de Malvinas. “La situación es muy grave. La Argentina ha hecho, y el gobierno en los últimos años, de la recuperación de las Malvinas una causa importante. Podría ser una de las mejores políticas exteriores que han tenido el gobierno de Néstor y de Cristina. Pero esa política anticolonialista requiere de un gesto mínimo de coherencia que es oponerse a toda colonia. Y si alguien tiene colonia en este mundo es Israel en territorio palestino que usurpa el territorio de los habitantes desplazados militarmente por el ejército de Israel y establece colonias de religiosos ultra ortodoxos, ultra conservadores, terriblemente reaccionarios, xenófobos, racistas, que proclaman la teoría del destino manifiesto del pueblo de Israel, barbaridades que rondan con el fascismo, y la Argentina no dice una palabra de las colonias israelíes”.

“Los que defienden al gobierno deberían entender que el discurso anticolonialista con Malvinas se reciente, se debilita. Si no quieren ser antiimperialistas -y nadie está obligado a serlo-, si no quieren ser solidarios con el pueblo palestino -y nadie está obligado a ser-, que mantengan la mínima coherencia en aras de Malvinas. Esto es una especie de golpe mortal a la causa de Malvinas porque aliarse con el gobierno de Israel pone a la Argentina al lado de lo más reaccionario, retrógrado, usurpador de territorios extranjeros que hay en el mundo, y hace muy difícil que la causa por Malvinas avance”.

“El espíritu provinciano, la mirada chiquitita, pragmática, el oportunismo de vuelo corto realmente está haciendo estragos en la política argentina y no sólo liquida la coherencia, la ética, la trayectoria de tantas personas, sino que atenta al genuino interés nacional. Porque es genuino interés nacional la causa de Malvinas como es un genuino interés humanitario terminar con la ocupación israelí de los territorio palestinos” finalizó.

El delegado de la Línea 60 Santiago Menconi dialogó ayer con FM De la Calle luego de la represión de Gendarmería en la Panamericana y comentó el conflicto gremial que tienen con la empresa MONSA.

“Cuando llegaron los compañeros ya estaba la Gendarmería, los encerraron contra el alambrado y casi se caen al vacío. Comenzaron a tirar balas de goma a un metro de distancia, utilizaron gas lacrimógeno y palos. También cuando desconcentramos siguieron con la represión, pudo ser una masacre”, narró el delegado.

Menconi  contó que dos compañeros estaban internados y uno en estado es grave. “José Barreiro está en estado crítico, entró en terapia intensiva con fuertes golpes en la cabeza. Estuvo seis horas demorado en esa condición”, sintetizó.

El conflicto gremial se agudizó y los trabajadores están con un plan de lucha: “Estamos en problemas, (el ministro de Trabajo Carlos) Tomada, (el jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, algunos medios y los ministerios están tratando de correr el eje de lo que pasa.  La empresa está dispuesta y quiere romper con el cuerpo de delegados porque somos los únicos que hacemos cumplir el convenio colectivo de trabajo. Por eso nos persiguen con patotas”.

La pelea  por los despidos está en un momento crítico, el gremialista explicó que “son 53 los compañeros en esa condición,  mienten cuando dicen que los incorporaron, el sábado expulsaron a 47 y el día lunes siguieron haciendo lo mismo. Además estamos pidiendo el pago de los días caídos porque fuimos a trabajar y que cese la persecución gremial”.

Menconi afirmó que van a seguir con las medidas de fuerzas, “el domingo en asamblea rectificamos el plan de lucha, en estos momentos tenemos una mesa negociadora con (el ministro de Seguridad provincial) Alberto Granados y una audiencia con él y la empresa”.

El delegado Iván Iza, según informó esta tarde Télam, aseguró que los choferes se reunieron con el ministro Tomada y acordaron un cuarto intermedio en las negociaciones hasta mañana a las 11.

“Unidad y lucha como respuesta”

La CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego manifiestó su solidaridad con la lucha de los tabajadores de la línea 60 y el más enérgico repudio a la brutal represión estatal a través de la Gendarmería, que dejó varios heridos y 7 detenidos.

“Recordamos que el conflicto se inició cuando la patronal responde con un despido a reclamos que se hacían sin producir paros en el servicio de transporte. Ante ello, los trabajadores decidieron seguir trabajando sin cobrar boleto hasta que se produjera la reincorporación. La empresa respondió con 48 nuevos despidos y con un lock out patronal retirando todos los colectivos. Vale destacar el rol de complicidad del ministerio de Trabajo para con una empresa que cobra subsidios millonarios del Estado y también el de la conducción de la UTA que quitó el apoyo a la lucha”, manifestaron desde la central.

Agregaron que “cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la empresa lo incumplió y comenzó con el ‘lock out’ sin permitir la salida de los coches. A la falta de coches, falta de mantenimiento, esperas prolongadas, viajes repletos, frío en invierno, calor en verano. A todas estas dificultades diarias, los dueños de la empresa MONSA, propietarios de la LÍNEA 60 de colectivos, sumaron un ‘lock out’ patronal: vaciaron las terminales de Maschwitz, Tigre y Constitución impidiendo la salida de los coches, a pesar que los trabajadores se encuentran en sus puestos de trabajo y dispuestos a trabajar”.

 Texto: Diego García. Foto:DyN/Alberto Raggio.

La Fiscalía General Federal lanzó ayer un área de delitos complejos que pretende recibir denuncias e informaciones que permitan avanzar en investigaciones contra la narcocriminalidad, la trata de personas, afectaciones ambientales y violencia institucional, entre otros delitos.

“Tiene como misión iniciar investigaciones que tengan que ver con estos delitos y prestar apoyo a las fiscalías federales en estas materias de delitos complejos. Se nos ocurrió que este área además tenía que tener un modo de comunicación rápido, garantizado y anónimo para la gente que se encuentra involucrada en estos temas de crímenes complejos”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro.

El funcionario está a cargo de la coordinación de la oficina que cuenta con la colaboración de María Tiesser y Justo Sebastián y tiene a disposición -a cualquier hora y día- el celular 291 154 234 426 y el correo electrónico [email protected]

Cantaro comentó que vienen “caminando los barrios, interiorizándonos y conectando con los sectores sociales más vinculados con los niños, los jóvenes, los sectores más vulnerables de la sociedad, los excluidos. La gente sabe quiénes somos y nos conoce”.

“La gente puede estar tranquila que esto no se va a transformar en la persecución en el barrio. Nuestra idea es generar un cambio también en esto, no solamente ahora no van a investigar los jueces sino los fiscales, además queremos cambiar el marco de la investigación, tratar de llegar a los sectores que se enriquecen y crecen sus fuerzas de poder gracias a esos delitos y no al pibe en el barrio que muchas veces está vendiendo para pagarse el consumo”.

El fiscal Antonio Gómez acompañó el acampe que desde hace cinco meses realizan las comunidades Qopiwini en 9 de Julio y Avda. de Mayo de Capital Federal. El funcionario brindó una charla sobre habeas corpus y otras herramientas jurídicas vinculadas al derechos indígena.

“En la época de la dictadura los pueblos originarios fueron diezmados, separados, la represión fue durísima, ha dejado muchas marcas a fuego. Luego, en el menemismo, las manifestaciones fueron demasiado débiles”, afirmó en diálogo con FM De la Calle y agregó que “me tocó acompañar como fiscal federal en Chubut y Rawson, muchos de estos reclamos y quejas, hoy tienen una ley más protectora que impide los desalojos compulsivos”.

El fiscal resaltó que “hubo un cambio en la primera década del siglo XXI, fue un éxito notable pero todo cambió en la actualidad. Hay una gran regresión donde la entrega de la personería se dificulta, en muchos de los pueblos originarios se infiltró gente de los partidos políticos y eso generó grandes divisiones”. Asimismo reconoció el trabajo de Félix Díaz y de los wichis que “son perseguidos por todos los rincones del país”.

En cuanto a su participación en el acampe, Gómez manifestó: “Fui a dar una charla de cómo hacer un habeas corpus a la gente. Lamentablemente se sienten desamparados por momentos. Gran parte de la justicia no aplica el derecho precolombino que hoy hay, ni siquiera lo dan en las universidades”.

Además remarcó que “básicamente uno de los dolores más grandes que tienen nuestros hermanos es no tener un documento de identidad nacional. No siempre son anotados, no tienen partidas de nacimientos, entonces sucede que al estar indocumentados salen del acampe, la policía los detiene y se los llevan presos. Yo les estoy enseñando al realizar estos habeas corpus así podemos obtener algún fallo del algún juez de la Capital Federal y de esta manera obtener un poder para no ir presos. Diríamos que sería un habeas corpus preventivo”.

“A Sanguinetti lo condenamos con menos pruebas que a Milani”

Por otra parte, Antonio Gómez se refirió a las causas por crímenes de lesa humanidad que se le imputan al ex jefe del Ejército César Milani en la provincia de Tucumán, en las cuales intervino hasta ser apartado recientemente.

“El fiscal que más trabajó es el doctor Carlos Brito,  ha acumulado muchísimas pruebas, incluido un documento que corrobora el porqué Milani fraguó el expediente del cabo Carlos Ledo que está desaparecido, él mismo dice que desertó. Nosotros condenamos a (el coronel Esteban) Sanguinetti con muchísimas menos pruebas que Milani”.

Finalmente comentó que “me sacaron porque la Cámara dijo que yo debería ser imparcial. Realmente es una locura, jamás podría hacer eso, yo represento a las víctimas, a lo sumo el juez debe ser imparcial”.

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Antonio Gómez en el Acampe QOPIWINI:

Texto: Diego García.

 

 

(Por Darío Aranda – ComAmbiental) Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio'”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Por un minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dilemas del progresismo extractivo

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

“Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.
“El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.
Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.
No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html

Daniel Solano era un joven trabajador que llegó desde su Tartagal natal a Choele Choel para hacerse de unos pesos. En esta ciudad comenzó a desempeñarse en Agrocosecha Argentinas S.R.L (cosechando manzanas) donde conoció la explotación, la discriminación, la segregación humana. Él no dudo, protestó, se molestó, quiso crear el inicio de un cambio y eso le costó caro. Desapareció una noche cuando fue visto por última vez en el boliche Macuba.

Sergio Heredia, abogado de Gualberto Solano, padre de Daniel, manifestó por FM De la Calle que “han dejado libre a los 7 policías tras cumplirse los 3 años de prisión sin juicio. Pagaron 400 mil pesos para quedar en libertad. El juez que determinó el delito de la desaparición forzada de persona (hecho por los policías) se declaró incompetente para seguir el caso”.

El letrado remarcó la gravedad de este hecho: “Están cometiendo un delito dejando libre a estas personas, es increíble lo que está sucediendo. La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y le cabe la pena más alta del código, además, no pueden dejar en libertad a nadie hasta que aparezca el cuerpo”.

Heredia afirmó que “sabemos quiénes fueron los autores intelectuales de este homicidio, sabemos que los dueños de la empresa ejecutaron el plan amparados en la dra. Marisa Bosco y algunos comisarios junto con la dra. María Cecilia Constanzo, asesora legal de la Secretaria de Trabajo de Lamarque”.

Agregó que “no hay ningún juicio en el país con siete policías detenidos, no puedo creer que no tengamos repercusión. Es una noticia callada a nivel nacional. Está metida una empresa que tiene un puerto donde sale la droga para Europa y nadie dice nada”.

“A mí me quisieron matar, me involucraron con el  tráfico de cocaína. Estamos peleando con una de las peores policías de la Argentina, hacen todos los días un trabajo de inteligencia. No me matan porque estoy viviendo en una  iglesia y sería un escándalo asesinar a un abogado. Estamos peleando contra el Demonio”, sentenció.

Escuchá la entrevista completa:

Texto: Diego García.

La impunidad y la represión de ayer y hoy fue el tema de la charla encabezada por Alejandrina Barry el último viernes en Bahía Blanca. Hija de desaparecidos y querellante en la causa contra Editorial Atlántida, Barry es precandidata a diputada nacional por la lista del PTS en el Frente de Izquierda.

“Mi candidatura tiene que ver con levantar esa voz y poder llegar al Congreso de la Nación donde esté representada esta pelea (contra) la impunidad y la represión, nuestras listas además de la cantidad de trabajadores, de mujeres que luchamos por nuestros derechos y de jóvenes es la cantidad de hijos, familiares y referentes de organismos de derechos humanos como mi compañera Victoria Moyano que es precandidata a diputada nacional por Capital Federal con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo”, dijo en su visita a FM De la Calle.

La integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos aseguró que hoy la represión y la impunidad se encuentra “en las calles por la desaparición de Julio López y de Luciano Arruga” y en el Proyecto X, una metodología de “infiltración de Gendarmería Nacional, particularmente sobre las organizaciones de trabajadores, de los delegados de base, mostrando la continuidad del aparato de inteligencia de la dictadura”.

Además destacó la represión sufrida en los últimos años por el pueblo qom, “hace tres semanas tuvimos que salir corriendo hacia el acampe porque lo rodeó la Policía Federal (…) vienen a Capital a reclamar y son rodeados para impedir que levanten la voz y puedan seguir reclamando por sus derechos”.

“Estamos discutiendo mucho con los jóvenes, con los trabajadores, que han tenido expectativas con las banderas o el discurso que ha levantado este gobierno en favor de los derechos humanos”, sostuvo Barry y detalló que, en ese sentido, colaboran el sostenimiento de César Milani como jefe del Ejército “hasta que las denuncias eran tan abrumadoras” y la postulación de Daniel Scioli a la presidencia.

Respecto a las políticas de seguridad pública, la precandidata mencionó que “el 45 por ciento de los casos de gatillo fácil son de la provincia de Buenos Aires” y que la creación de la policía local “es parte de la decadencia de los políticos tradicionales que lo único que tienen para ofrecer es la inauguración de nuevas policías. El presupuesto para salud, trabajo para los jóvenes, es bajísimo pero sus grandes inauguraciones son policías en todos lados, se han incorporado 15 mil a la provincia donde muchos de ellos son exonerados, casi una amnistía general a los que fueron protagonistas de violaciones a los derechos humanos. En esto no tienen diferencia ni Macri, ni Scioli ni Massa”.

Contra los responsables civiles

En el primer tramo de la entrevista, Barry comentó que días atrás presentó un amicus curiae junto a otrxs referentes y organismos de derechos humanos, en la causa contra el ex secretario de redacción de la revista Para Tí, Agustín Botinelli.

La presentación apunta a revertir la falta de mérito otorgada al imputado meses atrás, en sintonía con los fallos que favorecieron a Vicente Massot y Pedro Blaquier, y “hace un planteo para que se avance en juzgamiento sobre el conjunto de los civiles” entendiendo que se trata de una misma política para empantanar las causas.

Además de Botinelli, la querella de Barry imputó a los hermanos Vigil -el único vivo es el ex director de El Gráfico-, y los ex secretarios de redacción de Gente, Chiche Gelblum, y Somos, Héctor D’Amico. Los hechos están relacionados a las acciones psicológicas desplegadas a partir del montaje de notas supuestamente periodísticas en la que se mostraba a Alejandrina como una niña abandonada por sus padres guerrilleros.

La querellante recordó que “fue una investigación de muchos años junto con mi familia, mis compañeros de militancia, ese mensaje que daban los militares ‘Alejandra está sola por culpa de sus padres subversivos’ no es lo que pasó en la realidad. En principio nunca estuve sola porque fui criada por mi abuela materna y desde que me enteré que era hija de desaparecidos, que me convertí en militante por los derechos humanos, siempre estuve acompañada por mis compañeros del CEPRODH, del PTS y todos los organismos”.

“En ese camino pudimos investigar mucho y ofrecer pruebas contundentes a la justicia sobre cómo se había armado ese operativo de prensa, que se había dado en el marco de un operativo conjunto de las fuerzas armadas uruguayas y de Argentina, la patota de la ESMA es la que viaja a Uruguay a asesinar y desaparecer a mis padres, me tienen apropiada unos días cuando montan ese operativo de prensa. Esas pruebas las aportamos mostrando que la relación entre la ESMA y Editorial Atlántida era absolutamente carnal, el caso mío no fue el único sino que fue un modus operandi durante toda la dictadura”.

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Propuestas similares se replican en distintas ciudades del país y Latinoamérica cada vez con mayor frecuencia. “Si tenés cuatro o cinco años y te están promoviendo limpiezas de cutis, masajes y todo tipo de cuestiones que tienen que ver con tu cuerpo, es una indicación de que ese cuerpo necesita de eso porque no lo tiene y porque debe tenerlo para la mirada de los otros. Debe tener una limpieza determinada, determinado aspecto, empiezan a someterle todos los mandatos estéticos a niñas pequeñas”, dijo Silvia Lommi durante el micro de Acciones Feministas que conduce Verónica Bajo en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

Lommi es militante feminista e integrante de La Casa del Encuentro, la ONG que produce anualmente el único registro nacional de femicidios que este año afirmó que cinco mujeres por semana son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres.

La activista destacó que estos spa ponen a las nenas en una situación desventajosa. “Imagináte que mientras las nenas están ahí, no sé si han visto por internet las fotos de estos spa donde muestran a las nenas relajadas con pepinos en los ojos, acostadas con batas rosas. Las nenas están ahí tiradas y relajadas y los varones están haciendo deporte, jugando con alguna computadora, juegos en grupo, están haciendo otro tipo de actividades que los están posicionando en un lugar distinto para el futuro, para el movimiento, para la creatividad, la inteligencia y a las nenas les están enseñando a cuidarse el cutis, a mirarse las uñas. Ese es el mandato que tenemos para las niñas”.

Mencionó que mientras desde Bahía Blanca Acciones Feministas despliega una “gran campaña” contra las selecciones de reinas en distintos eventos, “las están fomentando estas personas con la princesita, la reinita. Algunos se van por el lado de la diva y también es peligroso y espantoso para una niña. ¿Princesa de qué? ¿Reinas de qué? De nada, del ridículo. Eso es lo que le estamos poniendo en la cabeza a estas niñas alegremente en el marco de un cumpleaños, de un festejo”.

En cuanto a las respuestas recibidas por lxs organizadorxs de los spa de nenas, la militante afirmó que “la mayoría son mujeres que están al frente, cuando es un varón me ha mandado una respuesta insultándome y acordándose de mi familia, preguntándome por mi sexualidad, si me falta o me sobra. Y las mujeres me dicen cosas tan básicas como ‘¿vos nunca jugaste a pintarte?’. Yo les doy todo una explicación, porque no es la idea pelear con la gente, le explico que el juego es espontáneo y esto es una compulsión e inducción a determinada práctica. No es el juego espontáneo de la nena que se pinta con sus amiguitas en la casa con los cosméticos de la mamá”.

Para Lommi el camino que les marca a las niñas este tipo de iniciativas hacia su adultez va directo a las cirugías estéticas, la anorexia y la bulimia. “Si tienen que hacerse masajes en el cuerpo y estas cosas con cuatro años es bastante marcada la línea, es lo que le están diciendo que tiene que hacer si quiere ser mujer”.

“Una nena que está ahí tirada, jugando a estar relajándose, no es una nena que está creando, pensando, haciendo un deporte. Y una adulta que está con el tema de su cuerpo en un spa haciéndose un terrible tratamiento en la cara no está en una empresa, no está en el foro político, no está haciendo deporte. Está haciendo eso. Entonces las posibilidades después se notan, cómo se formaron unos y otras, y se notan la diversidad de oportunidades de unos y otras por los mandatos que han tenido cada uno de los géneros, varón y mujer”, advirtió.

La integrante de La Casa del Encuentro opinó que “esta exacerbación de niñas, es lo que después, cuando aparece una niña que ha sido violada y sacan la foto, dicen ‘bueno pero mira, es muy adultizada’, ‘mira cómo está vestida, tiene brushing en el pelo’. Claro, para esa edad, por supuesto que la culpabilizan a la víctima. (…) Es posible que la niña repitiera algunas poses de estas que la sociedad le está poniendo que tiene que hacer porque es niña. Como en estos espacios, las nenas posan porque algunos te ofrecen desfile, karaoke, maquillaje artístico, hacen fotos haciendo trompita, cosa que no tiene que ver nada con el desarrollo psicofísico de las niñas a esa edad. Es un forzamiento, una tinellización de niñas, es llevarlas a un lugar para la mirada pedófila, para después culparla, ¿no? Por provocar, obviamente”.

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Captura Twitter.

La muerte de dos jóvenes de 16 y 17 años en un período menor a veinte días en diferentes institutos de menores deja en evidencia, una vez más, la ausencia de políticas eficaces de promoción y protección de derechos para niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Aunque la justicia investiga todavía las causales de muerte, y existe en ambos casos una presunción de suicidio, no caben dudas que las mismas se encuentran vinculadas con las aberrantes condiciones de detención.

 El 16 de junio de 2015, J. P. falleció por ahorcamiento en el Instituto Almafuerte de La Plata. Tenía 17 años y hacía dos meses que estaba alojado allí, proveniente del Instituto Legarra de la misma ciudad. Al momento del hecho debía estar en recreación pero, según informaron las autoridades del centro, se había negado a salir. Los jóvenes detenidos comentaron que el día anterior había tenido un altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios lo habían encerrado en su celda. Su familia, que lo visitaba asiduamente, fue puesta en conocimiento del hecho seis horas después y tiene dudas sobre el suicidio. La investigación se tramita ante la UFI n° 11 de La Plata.

Veinte días después, el sábado 4 de julio, el joven M. G. fue encontrado sin vida en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas. Tenía 16 años y estaba en la institución desde el 16 de junio de este año. Al igual que J. P., provenía del Instituto Legarra de La Plata. La investigación del hecho se tramita ante la UFI ° 21 de San Martín.

M. G. había sido entrevistado, este mismo año, por un equipo del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria mientras permanecía encerrado en el instituto Legarra; en ese momento, se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna actividad. También se constató que presentaba lesiones de corta y larga data, como consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora por parte de los asistentes de minoridad.

La denuncia de estos hechos fue inmediatamente elevada a la justicia por la CPM interviniendo el juzgado de Garantías del Joven N° 1 de San Martín, a cargo del dr. Marcelo Kohan. Luego de escuchar la declaración de M. G. en una audiencia realizada el 28 de abril de 2015, el juez elevó la causa a la UFI en turno de Lomas de Zamora a efectos de que investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del joven. En su testimonio, M. G. también denunció haber sido testigo de torturas infringidas a otros jóvenes detenidos en el mencionado centro.

Las reiteradas muertes de menores en institutos de la provincia no pueden escindirse de las condiciones estructurales de detención en las que permanecen alojados. Allí las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes que se encuentran imposibilitados de realizar denuncias por la situación de violencia a la que son sometidos. A esto hay que sumar las denigrantes condiciones de encierro caracterizadas por falta de acceso a la educación y la salud y las deplorables condiciones edilicias.

Lamentablemente no se trata de casos aislados o situaciones particulares, sino de una condición estructural del encierro que se profundiza año tras año. Como manifestara la CPM, en su Informe Anual presentado recientemente, “la Secretaría de Niñez no respeta los estándares mínimos establecidos por normas internacionales y locales para el alojamiento de niños/as y jóvenes en lugares de detención”. Y agrega que “lejos de haberse modificado en el transcurso de los últimos años, las condiciones materiales de los lugares de detención se han deteriorado llegando a extremos de precariedad y abandono”.

Es en este contexto que se producen de manera recurrente y en un marco de silencio e invisibilización muertes de menores que están bajo la custodia del Estado, que deberían estar plenamente protegidos en su integridad y respetados en sus derechos.

La Comisión por la Memoria reclamó una vez más a los órganos judiciales y al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de los jóvenes alojados en los centros de detención provinciales dependientes de la SNyA.

Las respuestas deben orientarse a dar cumplimiento efectivo al sistema de promoción y protección que sigue deteriorándose frente al avance del punitivismo y la represión. Así se expresa en el incremento exponencial del presupuesto en materia de seguridad que supera ampliamente al orientado a garantizar derechos. El marco normativo está, sólo hace falta la decisión política de hacerlo efectivo y no lo contrario, como viene ocurriendo desde años atrás.

Asimismo, la CPM exigió que se realicen investigaciones urgentes para determinar las responsabilidades institucionales respecto de la muerte de estos jóvenes, la aplicación sistemática de torturas y las condiciones estructurales de su detención.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El investigador Marcelo Valko se refirió a “la llegada” de Juana Azurduy a los parques aledaños a la Casa Rosada tras la inauguración del monumento donado a nuestro país por la República Plurinacional de Bolivia. “Lo que cambia con el cambio es que se resignifica ese centro del poder político donde Colón no tenía nada que hacer. (…) Es acercarnos a Mayo, a un país fraterno, a un país inclusivo”.

Sin embargo, el autor de Desmonumentar a Roca y Pedagogía de la Desmemoria destacó por FM De la Calle que “es importante lo de la estatua pero no puede ser que a cinco cuadras esté el acampe qom hace cinco meses, tirados ahí. Es la segunda vez, ya pasó hace dos años, ahora volvieron por lo mismo”.

Al mencionar la persistencia del acampe de comunidades qom, pilagá, nivaclé y wichí durante cinco meses en avda. 9 de julio y avda. de Mayo, Valko recordó el Malón de la Paz de 1945 que “fue lo mismo, vinieron a Buenos Aires a pedirle por favor a papacito Perón, como le decían los kollas, que los proteja de las arbitrariedades de la justicia y las administraciones provinciales de Jujuy y de Salta y hoy los qom vienen por el tema de las arbitrariedades de la provincia de Formosa y le vienen a pedir por favor al gobierno nacional que los proteja, que los ampare como ciudadanos argentinos”.

El miércoles 15, la presidenta Cristina Fernández y su par boliviano Evo Morales participaron de la inauguración del monumento a Juana Azurduy construido por el escultor Andrés Zerneri. La generala post mortem enfrentó a los realistas con el Ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano y luego de Miguel de Güemes, junto a su esposo Manuel Ascencio Padilla y sus cuatro hijos, todos ellos muertos en combate. Su figura fue instalada en el sitio que ocupaba Cristóbal Colón.

“¿Qué tiene que hacer Colón ahí? Nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el centro neurálgico del poder político de la Argentina? Es la Plaza de Mayo. De un lado el Cabildo, después está la Plaza de Mayo que es un centro político por excelencia de manifestaciones, hasta cuando gana la selección va ahí la gente. ¿Y en la plaza qué está? La modesta, austera y espartana pirámide de la Revolución de Mayo. Un poco más allá, hacia la casa de gobierno está la estatua ecuestre de Belgrano, en tamaño normal, no como la estatua monumental de Roca que tiene diez metros. Y después está la casa de gobierno. Del otro lado estaba Colón, en ese ámbito de Revolución de Mayo, de centro político de la Argentina Cristóbal Colón no tenía nada que hacer”, opinó Valko.

Respecto al pedido de perdón del papa Jorge Bergoglio por los crímenes de la Iglesia Católica durante la Conquista de América, el psicólogo sostuvo que “está muy bien pedir perdón pero ¿un perdón genérico? ¿Así, pido perdón por los cinco siglos? Tampoco le vamos a pedir pobre hombre que se ponga a enumerar porque en todo su viaje no hubiera terminado de enumerar todos los pecados que se cometieron amparados por el paraguas eclesiástico, el de la religión”.

Para el escritor, la disculpa papal debió haber sido más concreta. “Por ejemplo en Bolivia cuando él está diciendo esas cosas, que está muy bien que las diga, pero el Potosí, en las minas, mueren más de ocho millones de personas. Yo solo lo pude comprender cuando fui a uno de los socavones y pude ver cómo todavía siguen haciendo, llevando en la espalda, ahí comprendí como se murieron ocho millones de mitayos que solo salían los domingos para escuchar misa. ¿Cómo es que solo salían a escuchar misa el domingo a la tarde?”.

La invisibilización “es muy profunda en la historia argentina y latinoamericana” por lo cual “hasta que no se advierta que no somos Noruega, que no somos un apéndice perdido de Europa acá en la negritud americana que nos rodea sino que estamos en Sudamérica, tenemos una población indígena mayor cuantitativamente que Brasil (…) Lo del crisol de razas, lo de Billiken, hay que dejarlo de lado, porque acá el crisol de razas era el de las razas que vinieron de Europa, la presidenta incluso hace unos meses dijo que todos los argentinos venimos de los barcos. Es una persona inteligente, no sé cómo puede decir algo así pero lo dijo”.

“Por qué negar eso, por qué no enriquecerse, ser pluriculturales. Mayo era eso, ¿por qué la independencia Belgrano el 9 de julio la hace en cuatro idiomas: castellano, quechua, aymara y guaraní? Porque la idea era que la revolución llegue, que baje. No llegó. Porque los mejores se nos mueren como San Martín que se va a Europa para que Rivadavia no lo mate. Mayo no era el Cabildo, la gente que está abajo con paraguas y una mazamorrera que pasa”, afirmó.

En ese sentido agregó que “en el himno que cantamos -de pronto automático- hay una frase fantástica que dice ‘ved en trono a la noble igualdad’. Que nos gobierne la noble igualdad, todos somos ciudadanos, no puede ser que tengamos unos que están tirados ahí en la 9 de julio y nadie, nadie, nadie les presta atención porque se convierten en parte del paisaje, se invisibilizan. Y están ahí tirados hace cinco meses y está muy bien inaugurar la estatua, que es fantástico, pero ¿y las personas? ¿Los ciudadanos argentinos?”.

“Somos herederos de esa gente que encima son gente fantástica, que dio todo, en general los mejores murieron como perros, Castelli, Moreno, Belgrano -que cuando muere no tiene en los bolsillos ni para un féretro barato-, el padre de la patria, a San Martín no le mandaron los sueldos que le debían. Mayo no llegó, entonces como herederos de Mayo tenemos que regresar. Nosotros nunca planteamos ni volver a Calfucurá, ni a Atahualpa, lo único que queremos es volver a Mayo. Y eso es lo que va a cambiar con el cambio”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa:

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 4, a cargo de Rita Ailan, rechazó el amparo solicitado por Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia e investigado por su participación durante la última dictadura, y Alejo Ramos Padilla, Juez Federal titular de Dolores, seguirá a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca.

Massot promovió una acción de amparo para que se declare la ilegitimidad y nulidad de la resolución 131/2015 del Consejo de la Magistratura, de fecha 18 de junio pasado, por la que se había designado a Ramos Padilla, al sostener que se había violado la Ley de subrogancias 27.145, el reglamento del cuerpo y la garantía del juez natural.

Además, Massot planteaba como causal para el apartamiento que Ramos Padilla fue abogado de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

La Cámara Federal de Bahía Blanca había apartado de la causa en la que se investiga al juez subrogante Alvaro Coleffi, quien había convocado al director de La Nueva Provincia a prestar declaración indagatoria, y designó en su reemplazo a Ulpiano Martínez.

El nuevo Juez dirigió su accionar a mejorar la situación procesal de Massot hasta que fue apartado por el Consejo de la Magistratura, designándose en su lugar a Ramos Padilla, Juez Federal titular de Dolores.

Fuente: InfojusNoticias.

El Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur informó que la doctora Alicia Partnoy realizará actividades académicas de grado, posgrado, extensión e investigación vinculadas a la Literatura, la Política y los Derechos Humanos entre los días 10 y 22 de agosto.

La doctora Partnoy fue alumna del “Profesorado en Humanidades. Especialidad en Letras” del Departamento de Humanidades entre 1973 y 1976. Fue secuestrada por personal del Ejército el día 12 de enero de 1977, trasladada a un centro clandestino de detención y, posteriormente, encarcelada como presa política hasta diciembre de 1979, cuando el Poder Ejecutivo Nacional posibilitó su exilio en los Estados Unidos.

La mencionada ha testificado ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnesty International, y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Así sus testimonios fueron registrados en la compilación de testimoniales por dicha Comisión. Actualmente vive en Los Ángeles (California) y enseña en la Loyola Marymount University. Visita la Argentina regularmente, el marco de su activa militancia por la defensa de los derechos humanos. Ha publicado ocho libros de relatos y poesías, donde expone su experiencia como presa política, entre otros temas.

“La concreción de su viaje y las actividades que desarrollará en la institución donde cursara en el momento de su secuestro político, constituyen un acto de reparación simbólica y material de las acciones vividas en nuestro país durante la dictadura cívico militar eclesiástica, además de significar un aporte para la formación académica de los estudiantes de grado y posgrado, dada su destacada trayectoria en investigación”, indicaron desde el Departamento. Para mayor información contactarse con la Secretaría de Posgrado, Investigación y Formación Continua: [email protected]

Seminario de posgrado: “Textos Testimoniales Argentinos: Herramientas para su análisis y diseminación”. Más información aquí.

Diez días después de asumir como subrogante del Juzgado Federal Nº1, Alejo Ramos Padilla remitió un informe de situación al Consejo de la Magistratura demostrando la “situación caótica” que dejaron Santiago Ulpiano Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno.

“En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado”, aseguró.

Propuso analizar si los sumarios y denuncias cruzadas “respondían a otros intereses”  y afirmó que “el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza”.

Ramos Padilla reasumió su cargo el 9 de julio ante la Cámara de Apelaciones por orden de la Corte Suprema que, a pedido del ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti, declaró nula la toma de posesión realizada ante funcionarios del Consejo de la Magistratura.

El principal inconveniente que encontró Alejo Ramos Padilla fue la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Mario Fernández Moreno es “el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado desde que asumí”, situación agravada por la centralización personal que hacía el funcionario sobre “los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo”.

Fernández Moreno se escabulló ante los funcionarios que participaban de la asunción del nuevo juez tras pedir una licencia médica que sorprendió al personal dado que “había estado hasta el día anterior instruyendo causas y tomando declaraciones en la causa contra (Álvaro) Coleffi”.

Su ausencia “provocó que se tornara dificultoso el conocimiento del estado procesal actual de las causas por delitos de lesa humanidad, así como recabar información precisa sobre los asuntos urgentes y relevantes que permitieran iniciar la gestión en dichas causas para una más eficaz administración de justicia”, manifestó el subrogante que debió suspender provisoriamente las audiencias previstas para ordenar el despacho.

La Secretaría de Derechos Humanos tramita las causas madre sobre crímenes de lesa humanidad denominadas V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales. La primera de ellas, cuenta con un centenar de imputados y 750 víctimas y acumula 172 cuerpos y más de 400 incidentes. En el caso de la Armada el trámite reúne 120 cuerpos y 250 incidentes. Aparte, se investigan las responsabilidades civiles del ex secretario Hugo Mario Sierra, el dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el ex juez provincial Francisco Bentivegna y la de las bandas paraestatales popularmente conocidas como Triple A.

Si bien no existían registros actualizados, el magistrado informó que son 64 los imputados privados de la libertad por orden del juzgado, que está pendiente de resolución el estado procesal de otros 76 desde febrero de 2014 y que en el caso del represor Carlos Enrique Villanueva “se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva”.

Por otra parte, Ramos Padilla escribió que “la guardia permanente de la Policía Federal Argentina tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos -incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos”.

Por ello, dispuso el inmediato cambio de guardia y de cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría y la permanencia de la guardia nocturna fuera de sus instalaciones “para preservar el secreto de las investigaciones” pues se trata de causas “sensibles en la que se investiga a las fuerzas de seguridad y donde se encuentran datos de denunciantes, víctimas, testigos e imputados que son menester preservar”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Integrantes del Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh y del Sindicato de Prensa de Neuquén denunciaron esta tarde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadxs la apropiación del complejo edilicio Torre de Periodistas por parte de la dictadura cívico militar y comentaron los avances judiciales en relación a la investigación de los hechos como delitos económicos de lesa humanidad.

Durante la mañana, Víctor Hugo Reynoso adelantó detalles de la historia a FM De la Calle. “Nos preocupa la reivindicación histórica y moral y luego la recuperación del cuantioso patrimonio que, de acuerdo a la tasación que hicieron martilleros amigos, supera los diez millones de dólares, todo patrimonio de los periodistas de Neuquén”.

A fines de la década del ’60 un pequeño grupo de hombres y mujeres periodistas crearon una cooperativa de viviendas y el Sindicato de Prensa. “Era un momento del boom de la provincia del Neuquén en cuanto al petróleo, la universidad, el nacimiento del canal de televisión regional, la amplitud de la potencia de la emisora única que era LU5 Radio Neuquén y la aparición del diario Sur Argentino, que por supuesto trajo consigo numerosos colegas de todo el país, dibujantes, guionistas, personal gráfico. Empezamos a nuclearnos y formamos primero el Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en el ’67”.

En 1971 se colocó la piedra fundamental del complejo edilicio Periodistas I en av. Argentina y Periodistas Neuquinos, pleno centro de la capital provincial. Se proyectó la primera torre de viviendas de la región, “un barrio en altura de planta baja y catorce pisos, 86 departamentos”, el primer centro cultural neuquino y una novedosa torre de cocheras en altura.

Tras el golpe de Estado, las fuerzas armadas impidieron que la torre y el centro cultural sean inaugurados el 6 de junio de 1976, tal como estaba previsto para el día del periodista. “Irrumpieron fuerzas militares y nos robaron, nos saquearon, nos humillaron. Se llevaron toda la documentación de la cooperativa que estaba en un obrador al Comando de la VI Brigada donde funcionó la intervención militar”.

“Esta intervención militar demoró un año y cuatro meses la inauguración que ya estaba prácticamente a un paso de concretarse, solo faltaba las conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado y CALF la cooperativa de electricidad de la ciudad -contó Reynoso-. Se hicieron un replanteo de todos los adjudicatarios y propietarios de los 86 departamentos, empezaron a depurar y con argucias y argumentos falaces, persecuciones, aquel que se atrasó dos meses le sacaban el departamento, aquel que se sospechaba que tenía alguna sobrina o alguien estudiando en La Plata vinculado a un movimiento subversivo, afuera; otros empleados públicos provinciales que fueron prescindidos, al no poder responder con un sueldo a la cuota mensual también fueron despojados”.

23 departamentos se distribuyeron entre las fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, cuatro para Gendarmería, dos para la Armada y otros dos para la Policía Federal. “Desde entonces hasta el día de hoy están allí. Es un ejemplo al máximo de la corrupción, la impunidad, la complicidad de los civiles, acá está comprometida gente que se ha enriquecido, profesionales, agrimensores, escribanos, abogados, políticos”.

“El Fondo Nacional de las Artes había prometido que en dos meses llegaban por tren las butacas, el equipo de proyección cinematográfica, los telones para el escenario. Fuimos a consultar qué pasa con el centro cultural. La denominación era Centro Cultural Comunitario. Nos dijeron ‘olvidensé del centro cultural comunista, ya oportunamente se les va a informar”, resaltó Reynoso.

Finalmente un empresario se quedó con el edificio y lo puso en venta. “Se lo entregaron a una inmobiliaria que dibujó allí dos locales comerciales, doce cocheras y dos bauleras. Cuando fuimos a reclamar el aporte que habíamos hecho nosotros, los 120 socios -el terreno, el proyecto y la obra- nos dijeron que eso oportunamente se les va a comunicar. Jamás comunicaron, jamás nos devolvieron el dinero. Además del robo, dejaron a la ciudad sin su primer centro cultural. (…) Está tal cual en 1976 ahora transformado en una verdulería por un lado, una rotisería por otro, doce cocheras y dos bauleras”.

Además de la Torre Periodistas I, la cooperativa había diagramado un segundo complejo para atender la demanda de otros cuarenta asociadxs. “Cometimos el proyecto complejo edilicio Periodistas II en un triángulo céntrico. Eran dos torres de viviendas con locales comerciales, oficinas, cocheras y bauleras”. Cuando comenzó la dictadura ya habían comprado las tierras y logrado financiamiento del Banco Hipotecario Nacional.

“Todo esto lo heredó la dictadura cívico militar genocida y desde entonces manejan a voluntad y tales negociados y denuncias y juicios provocaron la quiebra de la cooperativa. Al Banco del Sud, que creo que era de Bahía Blanca, hoy Banco Macro, le pidieron 1.800.000 dólares de préstamos respaldados por todos los bienes que tenía la cooperativa. Así que estamos desde el ’83 remando y recién hace dos años logramos que la Legislatura de Neuquén, el Concejo Deliberante, los organismos de derechos humanos y  la Defensoría del Pueblo se expidan a favor de nuestra petición”.

Con el acompañamiento de los fiscales Adrián García Lois, Miguel Palazzani y Walter Romero, el Sindicato de Prensa y el Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh buscan que la apropiación de sus bienes sea declarada delito de lesa humanidad.


Foto: La Mañana de Neuquén.