La “beneficiaria” del crédito hipotecario UVA, Carmen Dinoto, advirtió que su deuda aumentó un 50% y se torna impagable. Lo mismo sucede a decenas de familias que buscan la declaración de emergencia para sus créditos.

“No sabemos si fuimos beneficiados o perjudicados, logramos tener nuestra casa y hoy estamos viendo de qué manera no perderlas. La primera cuota fue de ocho mil pesos y ya estamos casi en once mil. Sacamos con Banco Nación y en nuestra banca en internet no está la información, tenemos que ir a ver cuánto pagamos o cuánto nos descuentan del sueldo”, comentó.

Dinoto comentó que un proyecto de ley del senador Federico Susbielles “plantea una ley de emergencia para ponerle un freno a la suba los créditos y buscarle una solución final”.

 

Según el CREEBBA la suba de marzo tuvo “una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento de precios minoristas al aumentar un 3,4% en relación al mes anterior”.

La inflación acumulada en la ciudad al finalizar el primer trimestre del año alcanza el 10,1% mientras que la variación interanual evidencia un significativo incremento general del 49% con respecto a marzo 2018.

Durante marzo el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Educación con un alza del 12,7%. Los incrementos en cursos de idiomas y computación y una variación de casi 20 puntos en colegios privados marcaron la diferencia.

Bienes y servicios varios se ubicó en segundo término con una suba del 4,6% debido a incrementos del 6% en cigarrillos y el encarecimiento de productos de higiene y cuidado personal.

Finalmente, Alimentos y Bebidas registró subas del 4,3%. Las más destacadas tuvieron lugar en carne de ave fresca (18,2%); yerba mate (8,9%); leche fresca (7,9%); verduras tubérculos y legumbres (7,5%); pescados y mariscos frescos (6,8%); productos lácteos y huevos (6%); harinas de trigo (6%); carne vacuna fresca (5,3%) y galletitas dulces (5%).

IPC Online

A comienzos de esta semana, el IPC Online había arrojado una cifra similar destacando que “lamentablemente el capítulo Alimentos y bebidas se mantiene por encima del 5% de variación mensual”.

El dato de marzo fue del 3,21% con alzas en todos los rubros: Alimentos y bebidas (5,12%), Indumentaria (1,07%), Vivienda y servicios básicos (3,16%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,80%), Atención médica y gastos para la salud (1,07%), Transporte y comunicaciones (1,65%), Esparcimiento (1,60%), Educación (7,67%), Otros bienes y servicios (3,83%).

La concejala del PJ Cumplir, Romina Pires, expresó su preocupación por los altos niveles de pobreza. “Hay muchísima gente que no tiene trabajo ni para comer ni puede pagar el alquiler, y en contraposición hay un Estado que tiene que tirar más de mil quinientos kilos de alimento porque están en mal estado”.

Consultada por los dichos de la titular de Políticas Sociales, Vanina González acerca del poco incremento en la demanda de asistencia, comentó que “por supuesto que no es así, estoy haciendo recorridas con las instituciones que trabajan y la realidad es que la gente lo que te dice es que el incremento es muy alto. Mientras más neguemos menos soluciones estamos buscando”.

Pires presentó un pedido de informes en relación a las actualizaciones del área de fiscalización un depósito de Secretaría de Políticas Sociales. Semanas atrás el Municipio cambió a los proveedores más de una tonelada de alimentos con gorgojos.

“No sabemos si desde la Municipalidad están pensando en un lugar alternativo, porque tengo entendido que conviven alimentos con madera, chapa y distintos elementos que no tendrían que estar en el mismo lugar y que si no se revé va a seguir pasando lo mismo”, señaló Pires.

El vicedirector de Cáritas Arquidiócesis de Bahía Blanca, Miguel Vidal, dijo ante el aumento de la pobreza que “los espacios parroquiales están abocados a repartir comida y a la asistencia”.

“Es necesario pero no es la función de Cáritas, pensada para promover espacios de mejoramiento de derechos y de trabajo. No es una cuestión circunstancial, es parte de una política”, destacó.

Vidal destacó que “se va generando un círculo o estructura de pobreza donde las cosas se van complicando y resulta cada vez más difícil salir de eso. Termina generándose una desconfianza entre los vecinos. No es bueno para el barrio y es muy difícil construir en esos lugares”.

Finalmente, señaló que “tenemos voluntarios, no es un trabajo, laburamos en red con las instituciones del Estado. Le compete al Estado pero cuando se les escapa eso quedamos sobre saturados”.

A raíz del informe del Observatorio de la Deuda Social que elabora la UCA, el economista Francisco Cantamutto analizó las variables que componen el estudio “multidimensional” que concluyó que la pobreza alcanza al 31,3% de la población .

Además del nivel de ingreso, el estudio mide otras variables estructurales: alimentación y salud, condiciones de vivienda y educación, acceso a servicios básicos y situación medioambiental de donde se habita, empleo y seguridad social.

“Del 2017 al 2018 se agregaron casi 2 millones de personas a la pobreza totalizando 13 millones de personas”, señaló el columnista de En Eso Estamos.

Lo difundido por el INDEC va en línea con el estudio de la UCA. “En 2017 había un 25,7% de la población en la pobreza, ahora llega a casi un 32%. Sube casi siete puntos la pobreza y llega a 14 millones de habitantes. En un año es mucho, el último antecedente  fue en la crisis del 2002”.

Situación local

Cantamutto comentó los datos de desocupación en Bahía Banca a partir del análisis del economista Gustavo Burachik. “La tasa de desempleo está dando por encima de la tasa promedio a nivel nacional con un 9,4%. Es la sexta ciudad en orden de mayor desempleo, con 13 mil personas desocupadas”.

“No solamente cayó el empleo sino además hay menos gente buscando. Hay un elemento de frustración, la gente no está saliendo a buscar trabajo porque sabe que no lo va a conseguir. Cuando dejan de buscarlo, dejan de ser medidas como personas desocupadas. No solo la desocupación da por encima del promedio sino que además está subestimada”.

El economista explicó que “el desempleo entre mujeres menores de 29 años se ubica en el 25%. Una de cada cuatro mujeres que está buscando activamente trabajo, no lo consigue. Estas son las razones que explican los factores de desaliento”.

El bloque de Unidad Ciudadana pretende derogar un artículo de la ordenanza que establece un aumento automático del boleto de colectivos en julio.

“Queremos contemplar la situación de los usuarios que están en una situación insostenible. No puede haber un nuevo aumento sin poder incorporar un nivel de subsidio superior para aliviar la situación de quienes viajan”, señaló a FM De la Calle Carlos Quiroga.

El valor del boleto se estipula por un estudio de costos que es “una fórmula integrada por los salarios de los choferes, el costo de neumáticos, combustible y unidades”.

En cuanto a la posibilidad de considerar un número menor al que establezca dicho estudio, Quiroga destacó que “es muy peligroso porque es a lo que dé. El contexto que estamos viviendo difiere hoy respecto del de julio”.

 

Según el titular de la Cámara del Comercio, Martín Garmendia, Héctor Gay “no desconoce la situación del comercio porque basta con caminar por el macro y micro centro o por los centros barriales” para observar “qué cantidad de negocios hay en alquiler, algunos cerrados definitivamente”.

Buscaron “poner la pelota en la cancha del intendente” para que el funcionario defina “qué puede hacer por el comercio que durante tanto tiempo dio trabajo a muchísimas familias de Bahía Blanca”. De esta forma, más allá de las notas que han acercado con reclamos o pedidos concretos, desde la institución decidieron escuchar qué propuestas podría bajar el ejecutivo.

Solicitan medidas con foco en “los comercios que van a quedar en el camino” porque “esto no termina aquí, se está agravando” la situación del sector.

Ampliar la cantidad de boxes de estacionamiento, liberar las calles donde “nadie estaciona y está dentro del perímetro de los parquímetros”, evaluar el horario de cierre del sistema pago a partir de las 18 y el control de la “venta ilegal”, fueron parte de los temas conversados.

En sus discursos institucionales, el jefe comunal insiste en la idea de que el padecimiento del sector no se debería tanto a las decisiones macro económicas del gobierno de Cambiemos sino a las “ventas online”. Según Garmendia, si bien “tiene razón en cuanto a las tendencias”, advierte que ya hay una inversión para que los comercios locales también tengan la opción de venta por internet. “Tiene un costo para los comercios. Y ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cerramos nuestros negocios y nos encerramos a vender online?”.

Como dato de época, el dirigente expuso que, en la actualidad, hay quienes visitan stands comerciales como un paseo, sin capacidad de compra.

Como compromiso del encuentro, tienen “la promesa de volver a encontrarnos en 30 días para ver esta ordenanza sobre los Showrooms. Hoy cualquiera habilita el living de su casa y en algunos casos le pone estanterías y vende. Esto no es controlado y no hay legislación. No estamos en contra de que cada uno se las pueda rebuscar como pueda para pasar el día. Pero estamos exigiendo los controles mínimos. Estos showrooms se habilitan en un edificio donde nadie controla el peligro que significa la entrada y salida de gente. Los propios reglamentos de consorcios no lo permiten”.

En tanto, el pedido de combate de la llamada “venta ilegal”, es decir, la venta ambulante de sectores sociales excluidos, parece una pelea por las migajas de un modelo social expulsivo. Para finalizar, Garmendia explicó que “no estamos en una situación de pobres contra pobres”, que entienden “la necesidad de la gente que pone la mesa y que seguramente quisiera trabajar en otras condiciones”. Propone resolver la situación “con laburo formal” pero advierte que “los costos laborales, impositivos, las tarifas y los alquileres hacen casi improbable que en este momento alguien esté pensando en tomar personal”.

La economista feminista Agostina Costantino destacó que para remunerar los trabajos domésticos y de cuidados que hacen las 2 millones 700 mil amas de casa de nuestro país se deberían desembolsar 30 mil millones de pesos, lo que equivale a lo aportado al PBI por todo el sector de la administración pública.

“Sin el trabajo de esas amas de casa el resto de los integrantes no podría salir a trabajar porque tendría que ocuparse de los cuidados personales y familiares diarios”, dijo en FM De la Calle y opinó que “las personas que se encargan de los cuidados deben recibir remuneración pero esas tareas deben dividirse entre varones y mujeres” para no profundizar las desigualdades en el mercado de trabajo desde el origen.

Las amas de casa, las jubiladas y las estudiantes son la mitad de las mujeres de más de 15 años de nuestro país. La otra mitad trabaja o busca empleo fuera del hogar. De ellas, “casi un 10 por ciento está desocupada”.

“De las que logran emplearse, trabajan principalmente en casas particulares -9 de cada 10 son mujeres-, en servicios sociales y de salud -7 de cada 10 lo son- y en la enseñanza repiten esa proporción”, explicó Costantino.

La economista agregó que “son sectores muy mal pagos, por lo cual la discriminación de género se da también por el sesgo de género de cada uno de esos sectores: los de cuidados feminizados y mal pagos y en otros mejores pagos, como la industria y el transporte que son los más masculinizados de la estructura económica, las mujeres solemos ocupar cargos operativos y no de dirección”.

Trabajadores de la fábrica de colchones Fabra Fons denuncian que hace cinco quincenas no cobran. “Desde hace tres años venimos cobrando por día, mil pesos por día, a veces ni eso”, comentó el delegado Héctor Giacobini.

“Todo el dinero que entra lo repartimos entre nosotros, somos 24 trabajadores. Esta situación viene desde hace tres años a esta parte, cuando don Fabra fallece deja la empresa completa a los dos hijos, Isabel y Luis, entre ellos mucho diálogo no había y entonces empezó la decadencia”, señaló Giacobini.

Finalmente, el delegado habló de las condiciones salariales: “Uno quiere que esto siga porque a la mayoría le falta poco para jubilarse, llegar a cobrar el último sueldo, no que nos despidan ahora y que nos falten tres años. Yo no tengo obra social hace ocho meses, los Fabra anteriores no pagaron y a mí me lo descontaban todos los meses. Hace tres años que no tenemos ART. Hay un compañero que le deben tres años de cuota alimentaria”.

La tasa de inflación de Bahía Blanca para febrero aumentó un 3,61% respecto a enero según el IPC Online. La variación fue mayor al mes pasado y acumula en el año 6,10%. En los últimos 12 meses registra un incremento del 45,69%.

Todos los capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,81%), Indumentaria (1,32%), Vivienda y servicios básicos (5,89%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,96%), Atención médica y gastos para la salud (4,43%), Transporte y comunicaciones (2,86%), Esparcimiento (1,72%), Educación (0,36%), Otros bienes y servicios (2,89%). Por el contrario, ningún capítulo registró bajas.

De los 12.688 productos y servicios relevados el 30,5% registró alzas, el 3,9% bajas y el restante 65,6% no tuvo cambios.

Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Lechuga, Texto secundario, Libro infantil, Mermelada y Ropa interior femenina, todas con subas superiores a 45%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Mermelada, Vino fino, Hamburguesas congeladas, Lámpara bajo consumo y Agua saborizada, todas ellas mayores a -25%.

Se destacan aumentos en Electricidad, Afiliación a sistema de salud, Gas natural comprimido, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Gimnasio y Cigarrillos.

La evolución de la inflación a lo largo del mes informado mostró variaciones intersemanales de 2,39%, 0,86%, 0,22% y 1,37%.

Se destacó que el capítulo Alimentos y bebidas se mantuvo notablemente alto a lo largo de todas las semanas, en niveles superiores al 3,5%, del mismo modo que Atención médica y gastos para la salud.

Transporte y comunicaciones, con aumentos tarifarios y de combustible, empezó el mes con alzas superiores al 11% y se mantuvo en el 2,8% el resto de las semanas.

“Queremos mostrar la situación de los pequeños productores, el aumento de los costos de la semilla, de los insumos, los bajos precios a los que nos compran la verdura”, señaló Marisol, delegada de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el feriazo que se realizó esta mañana.
La protesta forma parte del Verdurazo convocado a nivel nacional en repudio a la represión de la Policía Metropolitana a productores de la agricultura familiar y en demanda de políticas públicas para el sector.
En la esquina de Bolivia y Entre Ríos se reunieron trabajadores y trabajadoras de Bahía, Pedro Luro y Ascasubi: “En Luro vendemos 5,50 o 6 pesos el kilo de cebolla, el consumidor paga mucha plata y el productor cobra muy poco. Hablamos con el intendente pero no nos supo resolver nada”, comentó Roberto a FM De la Calle.

Ezequiel Gimeno, concejal de PJ Cumplir, dijo que “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en el aumento del 39% para las empresas de gas”.

Respecto a los planteos que realizaron en la Audiencia Pública a cargo del Enargas comentó que realizaron tres propuestas: “Declarar a la ciudad como zona fría, la posición en contra del aumento y un aumento de los metros cúbicos de la tarifa social que quedó muy baja. Actualmente no cumple el objetivo ni la finalidad de la tarifa”.

Por último, declaró que “antes las distribuidoras le compraban a las petroleras y fijaban el precio entre partes, a partir de la suba del dólar las empresas distribuidoras ofrecen el valor del gas, esto hizo que baje casi 20 centavos de dólar el valor de lo que venían pagando. A pesar de que el insumo para las distribuidoras bajó sigue habiendo un aumento del 40 %. El año pasado el gas aumentó un 75%. Sus costos no son tal altos para aumentar tanto”.

“Esta situación obliga a pensar los cuidados de manera privada ya que son las mujeres más pobres quienes toman esta decisión. Además que entorpece la posibilidad de que dediquen tiempo a otras cosas”, comentó la economista feminista María Julia Eliosoff.

La columnista del programa En Eso Estamos explicó que “los hogares pertenecientes a diferentes estratos económicos, tienen diferentes grados de libertad porque hay algunos dispositivos privados que son imposibles de acceder. Es imposible que salgan al mercado a buscar cuidado”.

“O tienen que recargar sus jornadas laborales participando del mercado de trabajo y después volver a cuidar a sus hijos o pueden acceder a los dispositivos del Estado. Si el Estado se empieza a correr de estas tareas está imposibilitando a estas mujeres a acceder otro tipo de actividades (estudiar, empleos mejores) que no sea quedarse en la casa cuidando a sus hijes”, argumentó Eliosoff.

“Esta distribución de los cuidados es un vector de profundización de la desigualdad de género y pobreza”, concluyó.

Roque Sánchez, gerente administrativo de la Corporación del Comercio, comentó los resultados de un relevamiento realizado en el microcentro.

“El aumento de los servicios y de las cargas impositivas afectan severamente a las Pymes. Le pedimos al municipio que controlen la venta ilegal pero entiendo que por el vació legal no deben poder hacer mucho”, concluyó.
Los comerciantes se quejaron de los reiterados incrementos de las tarifas y los alquileres. En cuanto a las expectativas económicas, el 60% de los encuestados opinó que 2019 será peor que el segundo semestre del año pasado, el 35% que será estable y solo el 5% cree que la economía va a mejorar.

 

Después de dos años de recuperar el frigorífico, trabajadores y trabajadoras anunciaron la apertura de una carnicería propia.

“Lo logramos, podemos decir que vamos a hacer la apertura el 8 de marzo a las 10 de la mañana”, comentó Orlando Acosta, trabajador de INCOB.

“Surge  como agradecimiento a todos los bahienses. Nos planteamos qué podíamos hacer para dar una mano a los vecinos. Decidimos abrir una carnicería social, con precios bajos o con la carne directamente al costo en algunos casos porque sabemos que es difícil acceder al producto”.

Respecto al embargo que realizó AFIP a la cooperativa durante el año pasado, explicó que “por ahora no hemos podido llegar a cerrar una ley. Hemos conseguido la excepción que nos permitió trabajar durante dos años sin inconvenientes y hablar con el organismo para decirle que no es que no tengamos voluntad de pago sino que es mucha la deuda que se genero en la gestión de Garaggiola”.

La Defensoría del Pueblo rechazó el decreto que reglamenta un nuevo aumento de tarifas como compensación de pérdidas para las empresas eléctricas.”No decimos que las empresas no tienen que ganar sino que las personas tienen que poder pagarlo”, dijo  Jorge Ruesga, secretario de Servicios Público del organismo.

Respecto de la tarifa social declaró que “le han dado un golpe de gracia, si bien existe en el título, hoy en agua y gas es muy poco el beneficio que se otorga, lo que hace que la tarifa social sea solo una formalidad”.

Por último, Ruesga señaló que la Defensoría tiene constantes reclamos no solo de la calidad del servicio sino porque los usuarios no pueden pagar las tarifas.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.