Ezequiel Gimeno, concejal de PJ Cumplir, dijo que “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en el aumento del 39% para las empresas de gas”.

Respecto a los planteos que realizaron en la Audiencia Pública a cargo del Enargas comentó que realizaron tres propuestas: “Declarar a la ciudad como zona fría, la posición en contra del aumento y un aumento de los metros cúbicos de la tarifa social que quedó muy baja. Actualmente no cumple el objetivo ni la finalidad de la tarifa”.

Por último, declaró que “antes las distribuidoras le compraban a las petroleras y fijaban el precio entre partes, a partir de la suba del dólar las empresas distribuidoras ofrecen el valor del gas, esto hizo que baje casi 20 centavos de dólar el valor de lo que venían pagando. A pesar de que el insumo para las distribuidoras bajó sigue habiendo un aumento del 40 %. El año pasado el gas aumentó un 75%. Sus costos no son tal altos para aumentar tanto”.

“Esta situación obliga a pensar los cuidados de manera privada ya que son las mujeres más pobres quienes toman esta decisión. Además que entorpece la posibilidad de que dediquen tiempo a otras cosas”, comentó la economista feminista María Julia Eliosoff.

La columnista del programa En Eso Estamos explicó que “los hogares pertenecientes a diferentes estratos económicos, tienen diferentes grados de libertad porque hay algunos dispositivos privados que son imposibles de acceder. Es imposible que salgan al mercado a buscar cuidado”.

“O tienen que recargar sus jornadas laborales participando del mercado de trabajo y después volver a cuidar a sus hijos o pueden acceder a los dispositivos del Estado. Si el Estado se empieza a correr de estas tareas está imposibilitando a estas mujeres a acceder otro tipo de actividades (estudiar, empleos mejores) que no sea quedarse en la casa cuidando a sus hijes”, argumentó Eliosoff.

“Esta distribución de los cuidados es un vector de profundización de la desigualdad de género y pobreza”, concluyó.

Roque Sánchez, gerente administrativo de la Corporación del Comercio, comentó los resultados de un relevamiento realizado en el microcentro.

“El aumento de los servicios y de las cargas impositivas afectan severamente a las Pymes. Le pedimos al municipio que controlen la venta ilegal pero entiendo que por el vació legal no deben poder hacer mucho”, concluyó.
Los comerciantes se quejaron de los reiterados incrementos de las tarifas y los alquileres. En cuanto a las expectativas económicas, el 60% de los encuestados opinó que 2019 será peor que el segundo semestre del año pasado, el 35% que será estable y solo el 5% cree que la economía va a mejorar.

 

Después de dos años de recuperar el frigorífico, trabajadores y trabajadoras anunciaron la apertura de una carnicería propia.

“Lo logramos, podemos decir que vamos a hacer la apertura el 8 de marzo a las 10 de la mañana”, comentó Orlando Acosta, trabajador de INCOB.

“Surge  como agradecimiento a todos los bahienses. Nos planteamos qué podíamos hacer para dar una mano a los vecinos. Decidimos abrir una carnicería social, con precios bajos o con la carne directamente al costo en algunos casos porque sabemos que es difícil acceder al producto”.

Respecto al embargo que realizó AFIP a la cooperativa durante el año pasado, explicó que “por ahora no hemos podido llegar a cerrar una ley. Hemos conseguido la excepción que nos permitió trabajar durante dos años sin inconvenientes y hablar con el organismo para decirle que no es que no tengamos voluntad de pago sino que es mucha la deuda que se genero en la gestión de Garaggiola”.

La Defensoría del Pueblo rechazó el decreto que reglamenta un nuevo aumento de tarifas como compensación de pérdidas para las empresas eléctricas.”No decimos que las empresas no tienen que ganar sino que las personas tienen que poder pagarlo”, dijo  Jorge Ruesga, secretario de Servicios Público del organismo.

Respecto de la tarifa social declaró que “le han dado un golpe de gracia, si bien existe en el título, hoy en agua y gas es muy poco el beneficio que se otorga, lo que hace que la tarifa social sea solo una formalidad”.

Por último, Ruesga señaló que la Defensoría tiene constantes reclamos no solo de la calidad del servicio sino porque los usuarios no pueden pagar las tarifas.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.

(Por Giuliana Crucianelli) La Cumbre del G20 no aportó grandes resoluciones a los temas coyunturales de la crisis neoliberal que atraviesan los países convocados. Los principales ejes de trabajo que se suponía iba a tratar esta reunión eran el futuro del trabajo, la alimentación sostenible y la infraestructura para el desarrollo. Sin embargo, los temas abordados fueron el comercio internacional, el cambio climático y la crisis migratoria.

En un documento de ocho páginas, donde casi tres son agradecimientos, poca referencia se hace a resoluciones sobre las temáticas que se iban a plantear pero sí mencionan en varias partes la necesidad de un “comercio justo” y, en este sentido, proponen reformar la OMC luego del fracaso en la regulación del comercio mundial.

Vimos durante toda la semana en cadena nacional las anécdotas de presidentes en diferentes lugares, los looks de las mujeres-de, memes y bloopers, llantos y risas y la ausencia, en los medios hegemónicos, de la discusión real en términos de qué se discutía puertas para adentro de este foro. Sin embargo, la Cumbre de los Pueblos se ocupó durante toda la semana de desarmar discursos y plantear una alternativa. Otro mundo es posible.

Alternativas al agronegocio, al modelo agroexportador, a la economía tal y como la percibimos, a la crisis migratoria, las mujeres y disidencias ante la avanzada del modelo neoliberal, también se habló de educación, salud, juventud, urbanización y derechos humanos.

La comunicación estuvo presente porque desde AMARC Argentina, Uruguay, Brasil y Europa, en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos, realizamos una cobertura colaborativa de las distintas actividades, que está disponible en vocesnoalg20.org.

La Capital estuvo sitiada por policía de civil y uniformada. A pesar de que el gobierno y los medios hegemónicos metieron miedo con el armamento militar que compró el Ministerio de Seguridad, la Cumbre de los Pueblos supo problematizar y proponer.

Ni el G20, ni los organismos internacionales, ni los presidentes propusieron alternativas reales a un modelo que ofrece concentración del capital, apropiación de recursos, colonización sobre los cuerpos, subordinación de las identidades disidentes, machismo explícito y racismo en el prime time.

El G20 se formó a instancias del FMI a fines de la década del ’90, en medio de crisis financieras en la periferia asiática y con problemas financieros en Brasil y México. Surge como espacio coordinador entre los ministros de finanzas del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) más otros países “desarrollados y emergentes”.

En 2008, el grupo se auto proclamó como el “principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política”.

La Confluencia Fuera G20 manifestó que “en la actualidad, el G20 aborda no solamente temas financieros sino también cuestiones correspondientes a la transición energética, el cambio climático, empleo y educación, salud, agricultura, ’empoderamiento e incorporación de las mujeres al mercado de trabajo’, la economía digital, comercio e inversiones, corrupción y desarrollo”.

Para el gobierno, la reunión de las principales potencias en Argentina será la ocasión para poner “las necesidades de la gente en primer plano”. Este año el foro tratará tres temas principales: infraestructura para el desarrollo, nuevas formas de trabajo y futuro alimentario sostenible.

La economista Beverly Keene, integrante de la Confluencia, dijo a FM De la Calle que “el G20 es una instancia en donde los países del centro, más poderosos, imperialistas, buscan resolver la incorporación de los países del sur -de algunos de ellos, los más grandes, los más endeudados- para que nadie zafe del control de las políticas neoliberales en el norte. Busca profundizar esas políticas y por eso viene a Argentina, porque el gobierno de Macri se ofrece como un canal idóneo para la imposición de esas políticas de saqueo y ajuste y en todo América del Sur”.

Argentina integra el foro desde 1998, en épocas de transición de los gobiernos de Menem-De La Rúa, cuando el presidente saliente fue invitado a diferentes reuniones en Washington debido a Argentina era un “país modelo” para el FMI. Durante ese período comenzó a diagramarse la primera Cumbre G20, la cual contaba con los siete países originales y con la Unión Europea y otros países “emergentes”.

Las instituciones que forman parte del G20 fueron responsables de las crisis financieras y económicas de los últimos años. El FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico participan activamente. De hecho, “el FMI está en el centro de coordinación, realización y monitoreo de las políticas del G20”.

Como parte del Plan de Acción 2030 del G20, Argentina, México y Brasil se comprometieron a: “implementar un plan de consolidación fiscal que garantiza la estabilidad macroeconómica” y a “introducir un programa nacional de reparación histórica para sus jubilados y pensionados para ajustar (¡!) los beneficios jubilatorios y cancelar la deuda acumulada”.

“Por primera vez Argentina preside el club de países que manejan el mundo”, dijo Infobae. Argentina vuelve a ser un país modelo, terreno fértil para la proliferación de políticas que no ofrecen ninguna solución a los grandes problemas globales sino que acentúan la crisis y las desigualdades.

Cada vez falta menos para la cumbre del G20 en la cual 19 países y la Unión Europea se reunirán para definir el rumbo de la política económica y financiera del resto de mundo. Buenos Aires será el epicentro del encuentro. La Capital estará severamente controlada por las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich y efectivos que traerá cada presidente.

La Confluencia Fuera G20-FMI propone desarmar mitos acerca del foro y proponer una alternativa. Desarrollarán la Semana de Acción contra el G20 con actividades a cargo de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y feministas que culminarán con una marcha el 30 de noviembre.

Beverly Keene, integrante de la Confluencia, conversó con FM De la Calle, acerca de uno de los ejes de la cumbre: la “infraestructura para el desarrollo”.

“Cuando el G20 habla de infraestructura para el desarrollo habla de privatizar la obra pública y ahí viene también el acuerdo con el FMI que apunta en la misma dirección y busca asegurar que las inversiones privadas de infraestructura sean rentables. Esto es un peligro para todos los países porque tradicionalmente las grandes obras públicas no son rentables o son rentables a muy largo plazo e incumben riesgos para quienes invierten en ello. Están  buscando mecanismos para que el Estado, el público, nosotros también, asumamos los riesgos y el desafío. Eso significa más riesgo y más endeudamiento para Argentina”, aseguró Keene.

Respecto al modelo energético de Vaca Muerta, planteado desde el gobierno como solución a grandes problemas energéticos, de empleo y desarrollo, comentó que “es el ejemplo claro del modelo agroexportador que el G20 discute en este momento y busca condiciones para tornarlo aún más rentable. Es el incremento del modelo extractivista, los pueblos sufren costos y daños”.

Agregó que “el Estado se endeuda para mantener ese modelo y permite las inversiones de las empresas ofreciendo, por ejemplo, la exoneración de impuestos. Los beneficios se van para afuera y las deudas se quedan adentro”.

“Vemos  que las políticas del G20 y FMI coinciden con las políticas del gobierno de Macri, buscando profundizar ese modelo y expandirlo”, concluyó.

Durante la cumbre del G20 que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires, los presidentes de los países mas influyentes del mundo debatirán acuerdos para “revitalizar el sistema actual de comercio”.

Desde la web oficial aseguran que “la presidencia argentina propuso continuar las discusiones hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible, para que los beneficios del comercio y las inversiones lleguen a todos y para que las personas puedan afrontar los desafíos y las oportunidades de la globalización y de los avances e innovación tecnológica”.

Javier Echaide, abogado y doctor en Derecho Internacional en la UBA, aseguró que en términos de comercio e inversiones, las intensiones de Argentina como sede del foro son ni más ni menos que “meterse en estas cadenas globales de valor que favorecen a los sectores más pudientes de la sociedad, el trabajador termina pagando con la degradación de sus derechos, aumento de los costos sociales, mayor desempleo”.

¿De quiénes son mis datos?

Uno de los ejes del área de negocios de la cumbre es lo que denominan “Nueva Revolución Industrial” y que, según Echaide, “se hace a partir de la comercialización de las plataformas de internet como, por ejemplo, pedir algo por una app y allí viene involucrada la generación de datos. Si yo pido una pizza a cualquier lado y me lo trae un muchacho en una bicicleta que ya no es el delivery de la pizzería sino que es un chico que está contratado por una empresa trasnacional por una aplicación del celular que se dedica a eso, eso crea un perfil de negocios, que es distinto y que no se conocía hasta ahora”.

Esta información sobre perfiles de consumidores según preferencias se denomina “Big Data” y el conflicto se presenta a la hora de decidir a quiénes le pertenecen esos datos y, por consiguiente, quién puede comercializarlos, venderlos o intercambiarlos por otro tipo de información. “Los bancos viven comprando y vendiendo estos datos sobre nuestras cuentas personales en términos financieros, desde hace ya muchos años”, aseguró Echaide.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está en negociaciones desde hace varios años. La Unión Europea tiene reparos sobre la colocación de producciones que vienen de países que denominan “subdesarrollados”  por el riesgo que eso conlleva.

“Paradójicamente Argentina es uno de los países en este momento que más le llega la apertura comercial. Digo paradójicamente porque Argentina tiene una crisis en la balanza de pagos, una crisis en la fuga de capitales, abrir las importaciones implica tener que pagar eso con fuga de divisas. El gobierno argentino tiene fe en el libre comercio y desea firmar este acuerdo  con la UE”, comentó Echaide.

Mañana el Senado tratará el proyecto del Presupuesto 2019 y afuera del Congreso habrá nuevamente manifestaciones de centrales gremiales y organizaciones sociales y políticas.

En Bahía Blanca la CTA, ADUNS, SUTEBA, CeHum, Científicos y universitarios convocan a un paro y una movilización que partirá a las 10 desde la Plaza Rivadavia.

“Ese día se intenta consumar lo que no es un presupuesto sino una sentencia, no una sentencia judicial pero sí una sentencia política sobre el conjunto de la clase trabajadora, por la vulneración que representa sobre los derechos sociales más básicos de las mayorías”, comentó Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca- Dorrego.

La dirigente de la CTA Autónoma dijo a FM De la Calle que “es un presupuesto diseñado por el FMI, que sigue teniendo políticas que van en contra del derecho a la salud, educación, seguridad social. Sigue ajustando a los bolsillos de los trabajadores. Por eso estamos planteándole a los senadores que entiendan que la protesta social está muy vinculada a la defensa de los derechos. Darle media sanción significa atacar a los bolsillos nuestros, significas más tarifazos, despidos, desfinanciación”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, comentó que para la comunidad universitaria “es la condena que nos han puesto las federaciones docentes que hace 60 días firmaron una paritaria por el 25%. Estamos pidiendo la apertura de las negociaciones salariales porque para nada nos vamos a conformar con un bono de cinco mil pesos, que ni siquiera sabemos si nos va a corresponder, en negro, a pagar en no se sabe cuántas cuotas y que queda al arbitrio de los sectores patronales”.

“Pensaba en Sandra y Rubén, dos compañeros que perdieron la vida, y toda esta situación nos remite a eso. Vamos a estar el año que viene en peores condiciones, el ajuste va a ser más brutal y no sería extraño que se repitan estas situaciones y que para nada fue una accidente sino producto del ajuste”, dijo Ana Canullo, dirigente de SUTEBA.

“Nos parece que aquella dirigencia sindical que se baje de la decisión de llevar adelante una medida de fuerza por un bonito de 5 mil pesos en dos cuotas, está defendiendo intereses que no son los de la clase trabajadora sino que simplemente están conformando un ejército de salvación de los patrones y del gobierno. Es indignante la conducta de este sector de la dirigencia sindical”, manifestó Gandolfo.

Escuchá la entrevista con Enrique Gandolfo:

El CREEBBA informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró un aumento del 6% en los precios minoristas. Para la entidad “es la suba más importante de los últimos dieciséis años y medio”.

La inflación acumulada en lo que va del 2018 en Bahía Blanca alcanza el 38,5% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 43,7% con respecto a octubre 2017.

“Incrementos de tal magnitud encuentran antecedentes similares en abril 2002 (8,4%), con la depreciación del peso tras el abandono del tipo de cambio fijo. En efecto, el presente mes se destaca como la segunda suba más importante en toda la serie del IPC CREEBBA desde 1996 a la fecha”, señala el informe.

Si bien el tipo de cambio disminuyó aproximadamente un 10% durante octubre, se presume un impacto en los precios locales por el fuerte crecimiento de los precios mayoristas observados en el mes de septiembre con una suba del 16% según datos publicados por el INDEC.

El mayor aumento fue en Vivienda, con un alza del 8,8% debido al nuevo tarifazo de gas para las categorías residenciales que alcanzaron subas del 56,4%. También hubo incrementos del 6,6% en reparación y mantenimiento de la vivienda y del 3% en la actualización de contratos de alquiler.

Salud se ubicó en segundo término con un aumento del 7,4% influenciada por subas del 10 % en elementos para primeros auxilios, 8% en aranceles de medicina prepaga, 7% en servicios médicos y odontológicos y en medicamentos.

Alimentos y bebidas se ubicó en tercer término con una significativa variación del 6,6%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en frutas (12,1%); bebidas sin alcohol (9,9%); cereales y derivados (8,3%); condimentos (7,5%); aceites y grasas (7,4%); carnes (6,6%); verduras, tubérculos y legumbres frescas (6,5%); alimentos semipreparados (6,2%); azúcar, dulces y cacao (5,2%); alimentos consumidos fuera del hogar (5,2%); bebidas alcohólicas (4,9%); alimentos preparados y listos para consumir (4,8%); infusiones (4,7%) y leche, productos lácteos y huevos (4,6%).

Transporte y comunicaciones, con una variación del 6,1%, fue otro rubro que finalizó el mes por encima de la inflación general debido a incrementos del 9,1% en comunicaciones;
7,4% en funcionamiento y mantenimiento de vehículos y 5,7% en vehículos de transporte
personal.

Con respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad (cuadro 5), los ítems que más subieron fueron papa (56,3%), leche fresca (14,2%), manzana (13,9%), manteca (12,5%), tomate (12,5%), pollo (10,3%), harina de maíz (9,9%), agua mineral (9,2%), té en saquitos (9%), fideos secos (8,8%), yerba (8,3%), harina común de trigo (8%), leche en polvo (7,9%), arroz (7%). En tanto la única baja se presentó en naranja (-1,8%).

IPC Online un poco más abajo

Días atrás se conoció también el análisis de IPConline, un análisis sobre miles de precios publicados en internet, el cual fijo la tasa de inflación de octubre con un aumento de 5,35% respecto a septiembre.

Registraron alzas: Alimentos y bebidas (6,96%), Indumentaria (2,28%), Vivienda y servicios básicos (7,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (6,95%), Atención médica y gastos para la salud (5,01%), Transporte y comunicaciones (4,78%), Esparcimiento (2,21%), Otros bienes y servicios (4,62%). Por el contrario, solo Educación (-2,23%) registró baja.

El informe destacó un “efecto arrastre muy fuerte del máximo histórico que representó la variación del nivel general de precios de septiembre”.

En el caso del capítulo Educación, las bajas corresponden a que el aumento de cuotas autorizado para colegios privados por el gobierno provincial en septiembre fue cobrado con un retroactivo a agosto. Dicho retroactivo solo abarcaba ese mes, con lo que el monto pagado por las familias en octubre fue menor que en septiembre.

Para IPConline “la variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 36,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 42,05%”.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

El secretario de Energía Javier Iguacel dispuso el cobro a las y los usuarios de una compensación para las distribuidoras de gas producto de la diferencia que tuvieron las empresas con la suba del dólar. Los repudios y los amparos judiciales no tardaron en llegar.

FM De la Calle dialogó con Marcos Rebasa, integrante del Observatorio de Tarifas de la UMET, quien dijo que el aumento retroactivo “es totalmente ilegal e inconstitucional, el gobierno no sabe qué hacer, desorientado termina de darle la razón a las petroleras por un conflicto que ellos no pudieron resolver y se lo terminan trasladando a los usuarios”.

Detalló  que “el Código Civil tiene un principio que dice que el pago hecho es cancelatorio. Si usted pagó su factura, se canceló esa obligación, no puede luego volver con un aumento”.

El principal argumento del gobierno en defensa del cobro extra es que las tarifas están dolarizadas. Rebasa afirmó que “no es un problema entre las distribuidoras y los usuarios sino entre las distribuidoras y las generadoras. Las empresas generadoras les cobraban en dólares y las distribuidoras aceptaron pero tienen las tarifas en pesos, entonces no le pueden trasladar un contrato que tenían con sus proveedores a sus usuarios porque no es jurídicamente correcto”.

En cuanto al mentado exceso de subsidios el dirigente aclaró que eso ocurría con la energía eléctrica pero que en el caso del gas nunca los hubo, por ende, “la gente pagaba lo que valía”.

Al ser consultado sobre la versión oficial que promete una baja de tarifas a partir de la producción de Vaca Muerta, Rebasa explicó que “es bueno que Vaca Muerta funcione, que salga el gas de ahí. Si el Estado la quiere financiar que la financie, lo que pasa es que eso lo financiamos nosotros con los impuestos. Las empresas petroleras son empresas de riesgo, tienen que invertir pero no a costa de los usuarios”.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.