El economista Julio Gambina advirtió que el cambio discursivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en favor del financiamiento del Estado a partir del aumento impositivo a los sectores más ricos y la liberación de patentes de vacunas contra la Covid 19 apuntan a reposicionar al país del norte como “gendarme mundial”.

“Biden dice que EE.UU. tiene que volver a mundo como líder, como país hegemónico e imperialista, lo que plantea es retomar la presencia militar, política, diplomática e ideológica y dice que el principal debate es con China que les está ganando en varios terrenos”, dijo a FM De la Calle.

El titular de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas agregó que “ese retorno de EE.UU. para hacerse realidad debe ser sobre la base de algunos logros, el primero es la vacunación. Se habían propuesto una meta de vacunación en los primeros cien días que han, prácticamente, duplicado. A EE.UU. le sobra stock e incluso plantea suspender las patentes de vacunas”.

“Pero también hay que lograr consenso en la ciudadanía de que hay que poner plata en le bolsillo de la gente. ¿Quién va a poner plata sino son los ricos? Lo está diciendo el jefe del Estado imperialista más importante desde el punto de vista militar, económico e ideológico”, argumentó.

“Algunos dicen que China tiene más capacidad productiva”, dijo Gambina y aclaró que “una cosa es tener capacidad productiva y otra es tener hegemonía económica”.

En relación a este punto comentó que “lo económico no es solo producir más bienes y servicios sino pensar que el mundo funciona con dólar y no yuan. El sistema financiero y las reservas mundiales se hacen en dólares. EE.UU. sigue siendo la potencia número uno aunque China tenga mayor capacidad fabril. Es el único país que tiene un despliegue de tropas en todo el territorio mundial. A EE.UU. le preocupa que el despliegue de China en América Latina sea por el lado de vacunas, de los acuerdos comerciales y productivos, pero en en el plano militar es indiscutible la primacía y ni hablar en el plano ideológico”.

Respecto a la referencia al discurso del norteamericano por parte de Alberto Fernández, Gambina opinó: “Que un presidente hable de Juan Domingo Biden me parece subestimar el tema, ahora nuestro aliado es el jefe del gobierno invasor, de un gobierno que está retirándose de Afganistán pero que presiona a Cuba que es el país ejemplo en vacunas”.

Apuntó que dar la imagen de que “Argentina dice lo mismo que Estados Unidos es erróneo, aunque coincida la cuestión tributaria y que los ricos son cada vez más ricos. Puedo usar ese argumento y decir apliquemos la misma política económica y tributaria pero no imaginar que Argentina puede exportar ideología del peronismo, eso nos llevaría a discutir qué es el peronismo o quién expresa el peronismo”.

“No nos comamos el amague de Biden”, afirmó Gambina, “es el jefe de una potencia cuya política exterior es de intromisión, que en América Latina tiene un costo muy fuerte sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua o sobre cualquier país que intente un proceso de autonomía. ¿Quién sostiene a Iván Duque y la política de Colombia? Es EE.UU.. Es engañoso creer que por muy bien que suene cierta parte del discurso se puede asociarlo con una pretensión de participación popular”.

“Se puede pensar qué bueno que el presidente de EE.UU. esté por la suspensión de las patentes, puede ser un aliado para un debate en la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual de las patentes es un tema calve del orden capitalista contemporáneo”.

Sin embargo, para Gambina “no hay que banalizarlo y creer que EE.UU. es nuestro aliado. Es peligroso en un momento que hay que debatir mucho hacia dónde va Argentina, hemos tenido discusiones de la política económica con el ministro de Economía. Eso sería mucho más interesante, más que en la discusión por las tarifas se ha puesto en evidencia que lo que fracasó fue la privatización de los servicios públicos. Habría que discutir la energía y la vuelta no solo a la gestión estatal de los servicios sino en la participación popular en la gestión, administración y desarrollo de los servicios, sería discutir la política de fondo”.

“El Municipio y el Concejo Deliberante tienen que evaluar todas las alternativas, una especie de lluvia de ideas, dame todas las opciones que pueda generar con foco en los sectores más vulnerables”, dijo el economista jefe del CREEBBA, Gonzalo Semilla, al ser consultado sobre la aplicación de una tasa extraordinaria sobre sectores económicos que no se vieron afectados por la pandemia.

En diálogo con FM De la Calle aseguró que “el tema es ponerse de acuerdo, hay tire y afloje, hay sectores a los que les va bien con su esfuerzo y no quieren pero esto se está viendo no solo en Argentina sino afuera, países como Estado Unidos o Inglaterra”.

“Aquellos sectores a los que les fue bien, como el e-commerce -empresas como Microsoft, Mercado Libre, Amazon, Alibaba- han tenido ganancias extraordinarias. Ves los valores y no sé si te ponés contento porque hay muchísimos otros que perdieron, en América Latina hay 22 millones de nuevos pobres”.

El economista destacó que “es hora de que aquellos a los que les fue muy bien, porque además de hacer las cosas bien la restricción hizo que lo que es online floreciera, pongan las barbas en remojo”.

En cuanto al impacto de la pandemia en la economía local, Semilla comentó que “el sector más perjudicado es el comercial, indumentaria, calzado, gastronomía, hotelería, eventos deportivos culturales, eso fue a nivel internacional”.

“El sector del puerto, el industrial, estuvo trabajando. No estuvo cerrado el Parque Industrial. El sector educativo tuvo cierta complejidad porque perdió alumnos, el público y el privado. Los grandes supermercados no tenían la afluencia de público de siempre, empezó a ir menos gente”.

Agregó que “la construcción y el sector industrial de metalmecánica comenzó a despegar el año pasado. La construcción aglomera mucha mano de obra, el gobierno sabe que una de las formas de activar la económica es por la obra pública o créditos hipotecarios”.

Respecto al sector financiero, Semilla destacó que “si bien cuando hay corridas cambiarias, como en 2018 o 2019, la gente tiende a sacar el dinero del banco (…) el sector bancario está consolidado, tiene mucho dinero para prestar”.

La inflación no para

El último Índice de Precios al Consumidor elaborado por el CREEBBA registró un 5,2% de inflación para el mes de abril. El economista jefe del organismo señaló que “en todos los rubros hubo aumentos”.

“El gobierno está intentando contener la variable inflacionaria. El acumulado anual es casi de 17% cuando pronosticó un 30% el año pasado, estamos muy lejos de los pronósticos del gobierno y muy cerca de lo que el mercado decía que cerca del 50%”, aseguró.

La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3%  de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.

Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.

“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.

Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.

Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.

En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.

“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.

FM De la Calle recopiló opiniones de referentes y referentas de las organizaciones que firman el documento que propone implementar una tasa extraordinaria para paliar algunos de los efectos de la pandemia en la ciudad.

“Si queremos disminuir la circulación para poder seguir dando atención tenemos que ofrecerle a la gente para que no necesite circular, o que circule lo menos posible. Si le pedimos solidaridad con el vecino también tenemos que pensar de qué manera se puede llevar a cabo esa solidaridad. Para todas las familias no es lo mismo hacer un aislamiento. Eso lo tenemos que visibilizar”, dijo la presidenta de CICOP, Cristina Ferraro.

Agregó que “es momento de que aquellos sectores que han enriquecido y han acrecentado la riqueza que ya tenían hagan un pequeño aporte a las mayorías que se vieron perjudicadas desde marzo del año pasado.

Nicolás Fernández Vicente, integrante del Consejo Cultural Consultivo, sostuvo que “muchas personas se han visto afectadas por la pérdida de empleo formal e informal, la imposibilidad de ni siquiera poder realizar changas. En el sector cultural ha sido manifiestamente visible. Hay quienes frente a la difusión de la propuesta señalaron que la herramienta es la reasignación de partidas presupuestarias. El año pasado se pudo constatar que los recursos redirigidos de parte del Municipio habían sido 20 millones de pesos abajo que lo que se había invertido en pauta publicitaria oficial. Si la imposibilidad de implementarlo viene por este lado, la experiencia nos indica que no ha resultado”.

Miguel Vidal, vicedirector de Cáritas Bahía Blanca, mencionó que “el Papa Francisco nos sigue llamando a sumarnos a enfrentar estar pandemia a nivel mundial pero también la otra pandemia que es la pobreza, que se gesta a partir de un sistema muy injusto. Queremos ser parte de propuestas que le lleguen a la gente y que la ayuden a recuperar su dignidad”.

El secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo que “es urgente y necesario generar una tasa extraordinaria que atienda a esta crisis sanitaria, económica, policial y social. Es una acción que no ha querido tomar el gobierno nacional, lo que ha impulsado con poco éxito fue el impuesto a al riqueza”.

Manifestó que “la pobreza y la indigencia crece mes a mes, los jubilados ven depreciados sus salarios, la atención en la pandemia es cada vez más caótica, de algún lado tienen que salir los recursos, no puede ser que los pongan siempre los que menos tienen. Llegó la hora de invertir la tortilla”.

Cecilia Epherra, integrante de la Unión de Músicos y Músicas del Sur, expresó que “es fundamental y necesario en este momento aplicar una sobretasa especial a los sectores económicos que no solo no han detenido su actividad sino que han incrementado sus ingresos, para distribuir esos recursos desde una política pública hacia los sectores más vulnerables, que necesitan garantizar sus condiciones básicas para sobrevivir y tener una calidad de vida de los espacios de la comunidad. Es fundamental que ya no dependan de los lazos de solidaridad, como ha sido en el caso de músicos y músicas, sino que además se pueda contar con la decisión política”.

Finalmente, Damián Funk de Sureando opinó que “ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación en los sectores más marginales y el aumento de precio de los alimentos, proponemos que la política tenga un poco más de audacia e iniciativa e instrumente de manera inmediata esta tasa que les traería algo de alivio”.

Días atrás se conformó una multisectorial para discutir la implementación de una tasa especial de emergencia en el ámbito municipal para afrontar la crisis que atraviesa la ciudad producto de la pandemia.

Se trata de un aporte económico de parte aquellos sectores que se beneficiaron durante el último año, el cual se destinaría a paliar las necesidades de sectores vulnerables y afectadas por el receso económico.

“Si no se pone reparo para solventar la crisis el riesgo de inestabilidad política y social es real, no acá, sino en el mundo. Lo que interesaba pensar desde lo local es cómo se puede hacer para apuntalar esto dado que a nivel nacional no hay previstas nuevas inyecciones de ayuda social”, comentó el economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto.

Agregó que “hay varios municipios de la provincia de Buenos Aires que aprobaron tasas extraordinarias: 25 de mayo, Castelli, Lavalle, Hurlingam, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, 3 de febrero y Vicente López. Hay algunos gobernados por el Frente e Todos, por Juntos por el Cambio o por el radicalismo”.

El economista destacó que en esos casos “se aprobaron distintas imposiciones sobre sectores que percibieron ganancias y se distribuyó a sectores que necesitan ayuda. La mayoría fue para solventar la ayuda sanitaria -compra de insumos, materiales, bonos para trabajadores de la salud-; para subsidiar pymes; comprar de alimentos; bonos para trabajadores municipales; e incluso para aumentar las partidas sociales. Se les ha cobrado a productores rurales, a distribuidores comerciales a gran escala y empresas de servicios públicos”.

“El municipio gastó 60 millones de pesos para atender la pandemia. En un presupuesto de 12.400 millones de pesos es un chiste, menos del 0.5%. La mayor parte se fue a compras de alimentos, productos de limpieza, con lo cual las necesidades que hay para atender en la segunda ola, ameritan pensar una tasa extraordinaria”, dijo.

¿Cómo se define qué sectores aportan?

“Depende de la propia multisectorial. Para cobrarlo hay que tener en cuenta sectores que hayan estado ganando: bancos, el polo. Pero también la posibilidad de definir con claridad quiénes son los sujetos y cobrarles.

Hay sectores que ganaron en años anteriores por las políticas públicas y, también en el año pasado, por ejemplo, el sector financiero. Este mismo año la construcción recibió un conjunto de beneficio fiscales asombroso, es un sector activo y que podría hacer una contribución”.

¿Es difícil de implementar?

“No debería ser complicado, no es un nuevo impuesto. Es elevar la tasa de lo que ya existe. O una suma fija por concepto de equis cantidad de pesos a quienes tienen una superficie comercial mayor a tal tamaño o explotación mayor a tal tamaño.

No por colocar una sobretasa en alguna actividad se va a provocar que alguna inversión no llegue. Si se le cobra una tasa al puerto o al polo no se van a levantar y se van a ir. No es cierto que se desincentiva la inversión.

La información es la que dispone el municipio, lo único que hace falta es la voluntad política”.

¿Hoy a dónde está esa ganancia, a dónde va?

“A nivel nacional ha habido emisión de deuda a grandes tasas de interés que capta estas ganancias, por eso ganan dinero de la mano de la emisión de deuda del Estado que busca evitar que fueran a correr al dólar paralelo. Otra parte es la construcción, hay programas de blanqueo en la construcción para hacer esto”.

¿Puede repercutir en la reactivación de la economía local?

“En general todo el gasto distributivo que se hace en sectores vulnerables se vuelve a gastar en lo local. El beneficio del blanqueo de la construcción puede ser en Bahía o en otro lado, pero estas ayudas lo más certero es que se destinen al comercio local, con lo cual reactiva la económica local”.

Más de 200 personas de todo el país, integrantes de diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales, del ámbito de la cultura y feministas se reunieron virtualmente para construir una nueva herramienta política para un proyecto emancipatorio.

“La propia coyuntura política de Argentina, de América Latina y del mundo muestra que hace falta un proyecto político emancipatorio contra el orden capitalista”, dijo a FM De la Calle, el economista e integrante de la Corriente Política de Izquierda, Julio Gambina.

Aseguró que “en el marco de esta pandemia está claro que eso tiene efectos y consecuencias en el orden cotidiano. Los laboratorios discuten a quién le venden y a quién no. Eso hace que se concentren en países de gran capacidad económica. 20 países tienen el 90% de las vacunas”.

“No deberían estar la privatización de los laboratorios sino que habría que plantear una política humanitaria para la producción de vacunas a otro nivel. Argentina debería discutir con otros países de Latinoamérica para la puesta en marcha de la producción de la Soberana II, la vacuna cubana. Cuba desarrolla la vacuna no para lucrar y ha instalado el tema de la solidaridad mundial”, dijo.

Gambina destacó que la repercusión fue “inmensa”. “Fuimos desbordados en la asamblea del 10 de abril, es mucho más que una necesidad y hay que hacerlo realidad”.

“Hay muchos movimientos populares, sociales, que generan movilizaciones cotidianas porque reclaman que la asistencia no es pareja. Hay algunos movimientos más vinculados al gobierno que reciben una asistencia privilegiada y discriminación a movimientos que no están subordinados a la estrategia política. Reclamamos política pública universal. no una masividad relativa sino que todos tienen que recibirla, sobre todo cuando tenés 42% de pobreza”, comentó.

Gambina destacó que “este año vencen más de 1300 millones de capital y de intereses con el FMI, eso debería denunciarse y rechazarse el acuerdo con el Fondo. Lo que hace falta es generar más presión de organización política popular. En ese sentido avanza el proyecto político emancipatorio”.

La licenciada en Economía Agostina Costantino analizó en FM De la Calle los números del Indec sobre la pobreza en Argentina. “La situación estructural se vio agravada no sólo por la pandemia sino también por algunas decisiones respecto a la distribución del ingreso que se vienen tomando desde el año pasado”.

Costantino detalló que las cifras corresponden al segundo semestre del año pasado y exponen que “un 42% de las personas en nuestro país están cobrando bajo la línea de pobreza y un 10% están bajo la línea de indigencia. Sus ingresos no les alcanzan para cubrir la canasta alimentaria”.

La columnista explicó que “la comparación interanual muestra que la pobreza aumentó un 6,5% en promedio en todo el país. La región más afectada fue el Gran Buenos Aires, y tiene directamente que ver con la pandemia, por el parate de las industria en esa zona y la prohibición a la circulación” hacia un lado y otro de la General Paz.

Según la Encuesta Permanente de Hogares “el ingreso promedio de una familia pobre en el segundo semestre del 2020 fue de $29.500 mientras que la canasta básica total, estuvo en $50.000. La brecha con el monto de la canasta básica total, aumentó respecto a 2019”. La economista explicó que “no sólo se acrecentó la proporción y la cantidad de pobres, sino que las personas pobres son más pobres que antes ya que cobran en promedio cada vez menos ingresos con respecto a lo que cuesta la canasta básica total”.

Mujeres y niñeces

Costantino dijo que “el INDEC aún no publicó detalles, sino un informe: del total de personas pobres, la incidencia sobre los niños es realmente escalofriante. Las cifras muestran que el 57,7% de las personas entre 0 y 14 años, son pobres, casi 6 de cada 10”.

En relación a la feminización de pobreza, la economista citó una investigación de BAE Negocios, realizada por Macarena Turubiano, quien “compara el primer trimestre 2020 con el tercer trimestre del 2020, e intenta analizar qué pasa con los ingresos laborales y no laborales”.

“¿Qué es lo que explica este aumento en la pobreza? Turubiano narra que en el primer trimestre, las tasas de ocupación de desempleo y actividad entre varones y mujeres, fue más o menos similar. La diferencia está en el punto de partida ya que ellas enfrentan cotidianamente una tasa de ocupación mucho menor que ellos, 35% en el primer trimestre, contra 49%”.

Asimismo, Costantino mencionó que la investigación de BAE Negocios “analiza específicamente el tema de los ingresos y observa que en la normalidad pre pandemia los salarios correspondientes a las mujeres ya eran inferiores al de los varones: $36 mil contra $28 mil”.

“Es en la distribución de ingresos, donde ocurre la feminización de la pobreza, porque en los deciles más bajos hay una mayor proporción de mujeres. Estructuralmente en Argentina, un dato nunca cambiaba: dentro del 10% más pobre de la población, 7 de cada 10 eran mujeres. Al tercer trimestre del 2020, esa proporción del decil más bajo de ingreso, descendió de a 6 de cada 10, por la existencia del IFE, que fue escasa pero tuvo un efecto importante”.

En este sentido, la licenciada en Economía, pronosticó que “lo más esperable que esta cantidad de mujeres, haya vuelto a subir porque el IFE se cortó. Es real que al mismo tiempo que se corta el IFE, el Estado siguió manteniendo otro tipo de política de transferencia de ingresos, como el ATP, que son subsidios a empresas para pagar salarios”.

Costantino invitó a reflexionar sobre estas medidas: “¿Cómo se financia ese ATP? ¿Qué efectos tiene sobre la distribución de ingresos? ¿Cómo recauda el Estado? Todavía no se ve la plata del gravamen a las grandes fortunas y en la Cámara Baja se aprobó el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias (NdR ayer el Senado lo transformó en ley). Se decide disminuir cargas a los sectores asalariados en blanco que son los que mejores estarían en la distribución de ingresos pero se resuelve hacer menos progresivo a un impuesto progresivo y no se toca uno regresivo, como es el IVA”.

En el ámbito local, disminuyó la pobreza y subió la indigencia. “Bahía Blanca está dentro de los más bajos en todo el país con un 24%. Esto podría estar relacionado con el parate de actividades no tan abrupto como en Gran Buenos Aires o CABA, muchas actividades volvieron antes que en otras ciudades, no creo que sea por la incidencia del IFE”, concluyó.

La economista María Julia Eliosoff analizó en su última columna en FM De la Calle las políticas de inclusión financiera. ¿Para quiénes están pensadas? ¿Qué miradas hay? ¿Cumplen con su objetivo?

“La idea de inclusión financiera no es nueva en términos de género. Quienes traen esta agenda son organismos internacionales de crédito que hablan de tratar de que más cantidad de población tenga acceso a cuentas bancarias, cajas de ahorro y créditos. Según su teoría, esto contribuiría a la inclusión social, a luchar contra la pobreza, al empoderamiento económico de las mujeres”, afirmó.

Agregó que “en Argentina, en términos de bancarización, hay mucha gente que tiene una cuenta abierta, esto tiene que ver con la AUH y con el IFE. Durante la pandemia se bancarizó a 2 millones de personas”.

Eliosoff destacó que “El IFE fue una política de inclusión financiera pero la agenda mira la inclusión financiera para emprendedoras y mujeres a cargo de pymes. Básicamente para el sistema bancario las mujeres son sujetas de crédito para consumo. Los créditos vinculados al desarrollo productivo tienen más trabas, por ejemplo, le piden que vaya EL responsable de la empresa o garantías vinculadas a un titular masculino. En el papel no está escrito pero al momento de generar las entrevistas, el banco pide de interlocutor a un varón”.

“Cuando pensamos la inclusión financiera para el desarrollo, en general está vinculada al acceso a crédito, es decir, el acceso a la deuda. El acceso financiero si no viene acompañado de otras herramientas es deuda”.

La economista afirmó que “es importante mencionar que las personas que llegan al sistema bancario formal ya están endeudadas. Empiezan a conectar una población con ingresos intermitentes a un circuito bancario que ofrece otro tipo de herramientas que profundizan más el círculo de endeudamiento·.

Las investigadoras Luci Cavallero, Verónica Gago y Celeste Perosino plantean una agenda feminista para abordar la cuestión financiera. Algunos de sus puntos son:

1- ¿A dónde estamos incluyendo a las personas, en qué contexto están esas personas? ¿Qué condiciones van a garantizar su permanencia en ese sistema bancario? Por otro lado, generar una pedagogía financiera: incluir a los territorios en la planificación de estas estrategias. Que esa educación vaya de la mano con la denuncia de las prácticas usureras que tienen estas entidades.

2- Buscar otros dispositivos para apoyar la producción y reproducción de la vida.

3- La inclusión financiera tiene que ir de la mano de otras estrategias de políticas públicas.

4- Que exista información pública para poder complejizar los registros de cómo, para qué y quiénes se endeudan.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.

El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.

Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.

Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.

Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.

Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».

«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.

La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.

«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».

Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».

«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.

La economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff, invitó a reflexionar sobre “las propuestas del gobierno nacional para una agenda de género desde la economía en una situación de pandemia”.

Según la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica (SEC), varios informes de fines de 2020 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), enuncian que “el empleo de las mujeres tiene un comportamiento diferente porque en general trabajan en sectores más precarizados y menos cantidad de horas. En la crisis por la pandemia, estos informes identifican que las mujeres estamos muchísimo peor porque hay sectores muy feminizados como restaurantes, bares, turismo, hotelería, que cerraron y eso profundizó el desempleo, y otros ámbitos se precarizaron aún más, como son los de salud y educación”.

Asimismo, la economista señaló que “otro punto de análisis tiene que ver con la profundización y el aumento de la cantidad de horas destinadas al cuidado porque dejamos de tener acceso a instituciones que provee el Estado o el mercado. Esto generó una profundización de las brechas”, enfatizó.

En este contexto, Eliosoff expresó que “desde el gobierno nacional han intentado llevar a cabo algunas medidas que se encuadran bajo políticas de género desde algunos ministerios pero es probable que empecemos a ver sus primeras dificultades cuando lo dispuesto como política pública tiene que transformarse en infraestructura y articular con otras áreas para poder generar nuevos espacios de cuidado”. Algunas decisiones de gobierno tienen que ver con la agenda que está llevando a cabo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a través de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado.

También, desde el Ministerio de Economía, realizaron un diagnóstico y “proponen la inclusión financiera aunque hay que mirarlo con ojos críticos, ya que puede generar algunas ventajas pero es una trampa muy peligrosa. Algunas feministas, como Verónica Gago y Luci Cavallero, analizan los impactos por los ciclos de endeudamiento que generan a nivel comunitario y territorial como el acceso al crédito de sectores más vulnerables, y comentan que las mujeres terminan destinando todo su tiempo de trabajo para pagar deudas”.

Por otro lado, la economista explicó que “existe una agenda productiva y laboral donde se abordan temas que trabajan el acceso de mujeres a puestos jerárquicos y a determinados empleos, también a las licencias para cuidados de niñas y niños, el nacimiento, la adopción, entre otras. Argentina está por debajo de los estándares de la OIT, hay muchos proyectos en el Congreso Nacional para mejorar esto pero no se tratan en el recinto”.

Por último, según Eliosoff, la política social con el programa Potenciar Trabajo, tiene una impronta de género pero “hay muchos puntos a discutir como por ejemplo en qué condiciones se concreta ya que se habla de obra pública y trabajos remunerados de cuidado que están por debajo de los precios de mercado”.

El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El presidente Alberto Fernández anunció que llevará a cabo una querella criminal tendiente a investigar las responsabilidades de los funcionarios macristas que acordaron el crédito con el Fondo Monetario Internacional.

El economista Francisco Cantamutto destacó en FM De la Calle que ya “hay cuatro denuncias iniciadas contra las gestiones de toma de deuda. Tal vez la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es la más relevante porque lograron demostrar que, más allá de los efectos sociales y económicos, hay vicios de tipo legal”.

“El acto administrativo que inicia el expediente y que da lugar a la acción del Estado se inicia una semana después que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presente la denuncia. Ya estaba pactado el acuerdo con el Fondo pero no había ningún acto del Estado que diga que eso existía. Se vulneró la Ley de Administración Financiera porque no hubo ni dictamen jurídico ni técnico, no intervino ni la Procuraduría del Tesoro, ni la Oficina de Presupuesto del Congreso ni el Banco Central, todas instituciones que tienen que decir si la deuda es o no pagable”, afirmó.

En cuanto a otros antecedentes judiciales señaló que hay “un fallo en la justicia federal del año 2000 sobre actos ilícitos cometidos con la deuda de la dictadura. Me parece celebrable que esto se inicie porque significaría credibilidad, certidumbre, respecto al estado de derecho”.

Cantamutto mencionó que “todo este proceso es un elemento más para presionar la negociación (aunque) en en FMI podrían decir son las leyes argentinas las que se tocaron”.

“La Oficina de Evaluación Independiente es un organismo técnico que el FMI tiene para tratar este crédito, si hay un resultado que se pueda ofrecer para mostrar los ilícitos cometidos puede ayudar a obtener alguna opinión pública tendiente a mejorar esto”.

“Si se insiste bajo los parámetros que están habilitados hoy por el FMI la Argentina no va a poder pagar, es inviable. El cronograma original supone que en los próximos dos años paguemos 37 mil millones de dólares, si incluso se pasa a un préstamo de diez años implicaría que Argentina entre en problemas de pago después del 2026 porque se le juntaría con la deuda de acreedores privados”, dijo el economista.

Agregó que “el FMI es una caja de préstamo donde tienen socios que quieren cobrar un rendimiento. ¿Cómo les explicas que la mitad se la diste a un país que te decía que no podía pagar y se lo diste igual ? Por eso es necesario ver cómo resolverlo políticamente, ahí es donde ayuda esto a la discusión”.

Cantamutto aclaró que aun hay que conocer qué política tendrá la gestión de Joe Biden para el Fondo Monetario -donde Estados Unidos tiene poder de veto- y que resolución propone la entidad para la crisis desatada por la pandemia.

Una nueva edición de las Producciones de la Agricultura Familiar está en marcha y ofrece verduras, mermeladas, panificados y otros alimentos de elaboración local.

La compra se realiza mediante un formulario en línea y se retira la semana siguiente en Avellaneda 416. Ocurre cada 15 días e incluye envío a domicilio.

En un contexto altamente inflacionario, los Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced mantuvieron sus precios durante casi un año. En diálogo con FM De la Calle, el técnico del INTA Pablo García explicó cómo y por qué lo hicieron.

“La variable de precios siempre es un debate interesante dentro de los grupos porque las propuestas de venta directa intentan romper con la lógica tradicional del mercado que tiene picos de precios por oferta y demanda o por otras variables”, comentó y puso como ejemplo los “cimbronazos donde la lechuga en el mercado de pronto se dispara a 180 o 200 pesos el kilo”.

Mediante un acuerdo entre los productores y productoras se logró la estabilidad desde marzo de 2020, “por eso quienes consumen esta bolsa ven que siempre vale más o menos lo mismo y que la composición es similar”.

“En horticultura es bastante difícil fijar los costos porque son escalas o dinámicas distintas pero estamos trabajando en generar herramientas que nos permitan fidelizar ese precio final del consumidor con el costo real de la producción”.

Las y los Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced realizan reuniones periódicas para definir precios “en función de lo que sale en el mercado, de las verdulerías, del costo de los combustibles o las semillas que son la principal variable de la producción. Los fijamos y no los movemos aunque en el mercado se mueva”.

“Estos precios que estaban circulando hasta ahora están puestos casi al principio de la pandemia. Fue decisión del grupo no modificarlos porque la pandemia estaba siendo muy cruda para algunos sectores, los productores no querían castigarlos con un aumento de precios pero los incrementos del combustible de los últimos meses no nos dejan alternativa que ajustar un poco los precios”, afirmó García.

El ingeniero agrónomo dijo que varias familias optaron por producir exclusivamente para la venta directa. En la actualidad, además del proyecto de Producciones de la Agricultura Familiar coordinado por Cáritas, INTA y FM De la Calle, funciona otra iniciativa de venta semanal de INTA y la agrupación Animate Vale Oro.

“Hay familias que optaron por destinar toda la producción a este tipo de canales de venta directa, lo cual es muy auspicioso, hoy el mercado está pagando en algunos productos por encima de lo que el productor recibe en la bolsa, es algo que pasa muy esporádicamente, es una situación muy rara que tiene que ver con que los precios del mercado también aumentaron, al consumidor final de una verdulería el precio le es excesivamente alto y toda la cadena de comercio minorista y mayorista se movió hacia arriba. Quedamos un poco atrasados con los precios que están recibiendo, siempre en un acuerdo con el productor, no es que alguien dijo mantengan los precios fijos”, detalló.

Son cerca de 40 familias las que producen en el cordón hortícola local. Una docena participan de la venta directa: “Juntamos a los productores más pequeños o que ven en estas alternativas de comercialización un canal importante”. Durante 2020 se vendieron unas 27 mil bolsas, poco más de un tercio de las cuales fueron adquiridas por organizaciones sociales a precio solidario o donadas por los productores”.

A fin de año comenzaron a abastecer a “algunas verdulerías que prefieren comprarle directo a los productores, en breve las identificaremos. El precio que definimos tiene la misma lógica, simplemente es un poco más económico para que puedan recargar un poco y tener una ganancia por la venta”.

El economista Francisco Cantamutto comentó en su primera columna enel aire de la FM De la Calle el panorama económico para el año que comienza: pandemia, FMI y proyectos del Congreso.

“De agosto a esta parte la economía muestra señales de recuperación, va recuperando en casi todas las ramas de actividad con lo cual todo indicaría que lentamente se ve la pre pandemia. Todas las demandas que el año pasado estaban limitadas empiezan a cobrar relevancia y, entre ellas, las de distribución del ingreso”, señaló.

Agregó que “el gobierno lo que dice es que la inflación que se espera es del 29% y que los salarios deberían ganarle levemente a esa cifra. Desde las cámaras patronales no están tan de acuerdo, una recuperación a penas por encima sería moderar las expectativas de los votantes que- entendían que había que ponerle freno al desguace para distribuir mejor el ingreso”.

Esto se piensa desde varios ejes, argumentó el economista, “por un lado, la reticencia de las cámaras patronales a elevar los salarios pero, por otro, la capacidad del Estado de morigerar este proceso. Me refiero a la inflación, el mercado habla de una inflación estimada del 40%, bastante por encima. Los niveles de precios dependen de varias cosas: una es el salario, que lo quieren acotar a niveles de pandemia, para el caso de trabajadores estatales da casi 25 puntos por debajo del 2015, eso es lo que perdimos en cinco años. El otro precio es el tipo de cambio, el dólar. El año pasado lograron que el tipo de cambio fuera moviéndose lentamente, eso produce un ancla cambiaria, lo que tratan es ir con una devaluación paulatina”.

“Esto está atado hasta tanto se arregle con el FMI, que dice que no hay que achicar tanto el gasto pero en los hechos todas las evidencia indican que a los países de la periferia nos dice hay que achicar el grifo”.

Esto es importante por dos motivos, “el primero es que el FMI señala que hay que subir tarifas porque si no crecen subsidios y aumenta el déficit y de nuevo a la misma bola. Desde el gobierno saben que aumentar tarifas en año electoral es más o menos como pegarse un tiro en los dedos. Hay una fuerte tensión de no subir tarifas de manera generalizados, una alternativa es una suba 0 para sectores vulnerables, una suba de 9 o 10% para sectores medios y para los sectores mayores la suba que corresponde”.

Otro elemento que condiciona es la discusión con el FMI es cuánta política social habrá. “Las organizaciones sociales señalan que la situación es critica. Es necesario que el Estado salga apuntalar, pero si lo hace incumple las metas del FMI. El gobierno está en un hilo muy delgado para lo cual la apuesta central fue mantener a todos en el diálogo”.

Congreso

“Hay dos proyectos en discusión parlamentaria. Incentivos para la construcción y modificación del piso de Ganancias. Buscan que “sectores de ingresos altos vuelquen recursos al gasto. Los incentivos a la construcción ya se ven, al tener tantas dificultades para acceder a dólares los sectores de altos ingresos con el sobrante que tiene salen a construir. La idea que tienen es darle más incentivo fiscal, desgravaciones. es bastante poco progresivo en realidad”.

Por último, mencionó que también hay acuerdo en “ampliar un piso de exenciones que permitiría a 1 millón 300 mil personas dejar de pagar Impuesto a las Ganancias y se supone que esos pesos se volcarían en la economía. Son seis u ocho mil pesos al año, no es fortuna”.

“Es una medida de corte electoral, ese gasto esperan volver a recaudarlo por la vía del IVA. Lo que habría que discutir cuáles son las distintas escalas y alícuotas. La canasta de pobreza es de 56 mil pesos y alguien que gana a partir del 55 mil puede pagar impuesto. Esto es irracional y se arrastra hace más de una década y en vez de reformar integralmente se hacen estos parches”.

Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.

“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.

Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.

“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.

El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.

“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.

En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.

La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.

“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.

¿Cuánto cuesta un aborto seguro?

Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.

“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.

Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan

A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.

“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.

Conclusiones finales

“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.

Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.

El economista Francisco Cantamutto dijo en FM De la Calle que “hay nueve municipios en la provincia de Buenos Aires que ya han aprobado algún tipo de aporte extraordinario: 25 de mayo, Castelli, Gral. Lavalle, Hurlingam, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López”.

Destacó que “se apuntó a que los bancos pagaran esa tasa extraordinaria, lo mismo para las grandes distribuidoras comerciales. Una cifra se le pidió a grande productores rurales y, en otros casos, una sobretasa a propietarios de más de cinco inmuebles”.

El columnista de En Eso Estamos detalló que “solamente cuatro (de los municipios mencionados) están gobernados por el Frente de Todos, el resto son de Juntos por el Cambio. En Castelli se judicializó y la Corte de la provincia dijo que era legítimo este pedido. Se estuvieron aplicando de marzo a septiembre, se trató de o bien de una suma fija o de elevar las tasas municipales para algunos sectores por algunos meses”.

Lo recaudado se destinó a “refuerzos sanitarios, a subsidios de PyMES, a bonos de trabajadores de salud. Es un buen momento para plantearla, puede discutirse por fuera del presupuesto”.

Para el caso local, Cantamutto afirmó que varios sectores han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años y podrían hacer un aporte mayor en tiempos de emergencia: “Bancos, el polo petroquímico, la actividad portuaria de gran porte, algunos sectores de gran escala rural, prestadoras se servicios públicos, propietarios de grandes inmuebles o habitantes de barrios cerrados”.

En el contexto nacional, el economista recordó que el aporte extraordinario de las grandes fortunas ya está aprobado. “Encontré una sucesión de notas indicando planteos de judicialización en términos de cuestionar la constitucionalidad, ya la prensa hegemonía está dándole consejos de cómo hacer para entorpecer el pago”.

“Gran parte de la riqueza acumulada por quienes más tienen proviene de políticas específicas que los favorecen. En gran medida el Estado ha ido quitando impuestos a las grandes fortunas, a negocios y ganancias. Esos impuesto que no se pagan generan un ahorro para sectores poderosos. Este sector es el que luego compra bonos y títulos públicos que emite el Estado. No solo que no pagaron un impuesto sino que después cobran un interés de lo que le prestan al Estado. La riqueza de la gente más rica del país está basada en esta lógica”, finalizó.