(Por Francisco J. Cantamutto) Comprender la situación de los aumentos tarifarios se vuelve cada vez más difícil. El gobierno retrocede en uno de los frentes importantes.
Esta semana se recalentó la disputa por las tarifas, tras sucesivas ondas de anuncios y medidas. La Cámara Federal de La Plata suspendió la semana pasada los aumentos de gas en todo el país, lo que obligó al gobierno a acelerar sus gestiones, iniciadas a partir de los sucesivos fallos contra el tarifazo en distintas provincias.
Concretamente, está pidiendo el tratamiento de la Corte Suprema de Justicia, omitiendo los tribunales intermedios para acelerar la resolución, mediante el recurso del per saltum. La Corte definiría esta semana si toma el caso o no, donde deberá considerar no solo elementos jurídicos sino el hecho de que se trata de un asunto político muy candente, sometido a una presión social muy evidente.
El tarifazo
El carácter anti-popular de Cambiemos está, a esta altura, establecido con claridad. Su programa representa un ataque contra las clases populares y trabajadoras, a favor del capital concentrado. Esta caracterización general es correcta aunque, sin embargo, incompleta, porque al interior del bloque en el poder hay disputas relevantes.
Cambiemos es el proyecto de las fracciones financiera, primario-exportadora (agropecuaria, minería y sus procesamientos industriales básicos) y la que opera en los servicios públicos, desplazando a otras fracciones en el poder los años previos -como la industrial y de la construcción. En una disputa que es de segundo orden respecto de la avanzada anti-popular, sus medidas favorecen a las primeras fracciones en detrimento de las segundas, por ejemplo, con el actual incremento de las tarifas, que golpea la competitividad de la industria no ubicada en ramas con ventajas comparativas.
Finalmente, el gobierno tiene que resolver disputas entre las fracciones ganadoras, como por ejemplo, en relación al aumento del precio de los combustibles que generó la queja de la Sociedad Rural porque le “quitó” lo ganado por la eliminación de las retenciones. No se puede favorecer a todos, y al optar, se ganan aliados y enemigos.
El tarifazo se compone de aumentos en los diferentes servicios: agua, gas, electricidad, transporte. Supuestamente, se buscaba corregir el desfasaje respecto de otros precios, pero también subsidios cruzados entre regiones y usuarios. El transporte público se incrementó en todos los distritos, impulsado por las cuatro subas en el precio de los combustibles desde diciembre.
En el caso del agua en Buenos Aires, por ejemplo, el aumento (de hasta 400%) vino junto al cobro por metros cúbicos consumidos y no por superficie, de manera de comprometer a usuarios -en principio, solo obligatorio para no residenciales- a eficientizar el uso del recurso. En el caso de la electricidad -que ya había aumentado entre 30 y 240% en 2014- hubo dos aumentos, el primero en febrero de hasta 600% y un segundo marzo de un 55% más para las empresas. El gas fue, sin embargo, el que mayores conflictos generó, en medio de un otoño-invierno particularmente frío que tuvo mayores requerimientos para calefaccionar espacios. En algunos casos, las nuevas facturas llegaron con incrementos de hasta el 1.100%. En este caso, al igual que en la electricidad, la “corrección” de tarifas consolidó de hecho las asimetrías existentes, lo cual promovió la multiplicación de los reclamos.
Los errores de aplicación, excusados por el ministro de Energía Aranguren ante el Congreso por estar “aprendiendo sobre la marcha”, no deben oscurecer el sentido político de los aumentos: el gobierno vino a recomponer la tasa de ganancia de las empresas de este sector. El ministro, en esa misma audiencia, explicó el llamativo hecho de que a pesar de los aumentos las transferencias del Estado no se hubieran reducido cuantiosamente: es que, según declaró, el objetivo prioritario de estos aumentos no era reducir los subsidios estatales sino incentivar la inversión para garantizar la oferta de energía a futuro.
En el mismo sentido se expresó la neoliberal fundación FIEL, de cuyo consejo directivo Aranguren es parte, que entiende que es el camino correcto para incentivar inversiones. El documento corrobora que este incremento es apenas la primera parte esperada de “correcciones” de ganancias, aunque las futuras subas deberán esperar a no entrar en conflicto con la política macroeconómica de control de la inflación: el actual divorcio entre objetivos macro y política sectorial no ha tenido buenos resultados.
Los reclamos
El malestar, pues, se multiplicó con rapidez. Ante los despidos y la desvalorización del salario ante la mayor inflación, los hogares se encuentran en una situación delicada. Miles de PyMEs se ven totalmente incapacitadas de absorber los aumentos en un contexto recesivo y de apertura de las importaciones, que ha pulverizado la demanda final. Se retroalimenta así una situación donde no se corrigen desequilibrios, se alimenta la inflación y se genera recesión. Un auténtico polvorín social.
Semejantes incrementos no han sido compensados por otras políticas. La tarifa social anunciada aún tiene severas deficiencias de implementación, y en cualquier caso sigue significando un fuerte aumento -aunque por la mitad de los valores aquí referidos. Esta tarifa se aplica a diversos grupos vulnerables (jubilados, desocupados, etc.) y se discute su ampliación a entidades de bien público, como los clubes sociales. Esta política claramente neoliberal de focalización en la demanda, busca invertir la carga de la prueba, obligando al usuario a demostrar su pobreza o necesidad.
Las protestas se han multiplicado por doquier en todo el país, con manifestaciones, cortes de calle, bocinazos y petitorios auténticamente federales. La estrategia se ha complementado con un fuerte proceso de judicialización, que llevó a sucesivos fallos de la Justicia en Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego que frenaron los aumentos. En Rawson, un tribunal incluso declaró inconstitucional el aumento. El argumento central es la falta de audiencias públicas previstas en la ley y evitadas por el gobierno, que no ha llevado a cabo ni siquiera las auditorías que las resoluciones 5 y 6 del ministerio de Energía mencionan. La Cámara Federal de La Plata argumentó en defensa de derechos humanos a una vivienda digna, que incluye el acceso a costos razonables de agua, luz y gas.
Esta presión ha forzado a que el gobierno pida una resolución por parte de la Corte Suprema, al tiempo que anunció un tope de aumentos de gas del 400% respecto de igual bimestre del año pasado -en lugar de hacerlo por metro cúbico. Este es un nuevo retroceso del gobierno en la estrategia, y aunque aun implica un cuantioso aumento, da una mala señal a los capitales que quiere tentar: si no es capaz de garantizarles las ganancias que promete, ¿por qué traerían esa lluvia de inversiones? Máxime cuando en unos meses debería volver a incrementar las tarifas. Este traspié pone en jaque su estrategia de tentar al capital, hasta ahora sólo ilusionado con las fabulosas ganancias financieras, que no sacarán al país del estancamiento. El gobierno no tiene todas las cartas en su mano, y aunque se muestra confiado, lo cierto es que sus disputas internas comienzan a aflorar.
