Esta mañana la empresa Lucaioli despidió a decenas de sus trabajadores. “Nos habían prometido que a pesar de que lo que todos saben de cómo viene la situación con la empresa que no iba a haber despidos (…) son unos mentirosos, estamos hablando de más de cincuenta compañeros de Comercio y más de veinte de Camioneros”, dijo un dirigente sindical frente la sede de Patricios al 800.

Roberto Arcángel, dirigente del Sindicato de Camioneros afirmó que “a las diez de la mañana nos comunican que había 160 despidos de los cuales 24 eran de camioneros. Más allá de eso, de haber venido planeando algunas dificultades que tenían, en ningún momento nos sentamos a ver si podíamos encontrar alguna otra forma de poder paliar toda la situación porque acá estamos involucrados todos”.

Fue “una decisión unilateral, que no tienen otra alternativa según ellos pero decidieron todo ellos, el despido de los trabajadores y la forma de pago de la indemnización en cuotas, creemos que pueden existir otras alternativas”.

Un trabajador comentó “se venía viendo hace un año más o menos, Lucaioli había empezado a hacer un vaciamiento en el Centro de Distribución de Cerri, cada vez peor, de ocho camiones que se recibían por día se empezaron a recibir cinco, cuatro, tres y esta última semana o mes nada casi. Hoy nos avisaron a doce en el horario de mañana que quedábamos afuera y otros tantos a la tarde. Creo que unos treinta compañeros de Camioneros y no sé cuántos más de Empleados de Comercio, no manejo el número pero más de sesenta personas seguro”.

Semanas atrás la empresa bahiense cerró las sucursales de Río Grande y Tolhuin en Tierra del Fuego después de nueve años de presencia y despidió a todos sus trabajadores y trabajadoras. El secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, manifestó entonces que “no hay problema en el pago de las indemnizaciones, pero el local se levanta y se va de la isla”.

Hoy volverán a verse las caras dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión y de las cámaras patronales de los cables. Será en plena vigencia de la conciliación obligatoria exprés que el gobierno otorgó a las empresas la semana pasada, horas antes de que comience el paro declarado por todas las seccionales gremiales de país.

Más de ocho mil trabajadoras y trabajadores del SATSAID realizaron el miércoles una Jornada Nacional de Lucha por la Dignidad del Salario con epicentro en la Plaza Congreso en Buenos Aires y con movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Chaco y Jujuy, entre otras. En nuestra ciudad la marcha partió desde Cerri y San Martín, pasó frente a las sedes de Cablevisión y BVC y culminó en Plaza Rivadavia con una radio abierta junto a FM De la Calle, la cual podrá revivirse desde las 21 por la 87.9 o por delacalle.org con reemisiones el sábado a las 12 y el domingo a las 13.

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El secretario adjunto del sindicato, Horacio Tolza, comentó que la paritaria comenzó hace 45 días con un reclamo del 42% de aumento salarial. Las cableras ofrecieron 29% y subieron hasta 33%. El 17 de julio el plenario general del gremio llamó al paro. “Lo hicimos para el 20, lo coordinamos, y el 19 a las 22 horas teníamos la conciliación obligatoria presentada. Nos llamó muchísimo la atención, nunca nos había pasado eso. Al entrar en conciliación pusimos todo el respeto del sindicato hacia el Ministerio pero ahora nos estamos movilizando y esperaremos la reunión del 29”, dijo el camarógrafo.

Tolza aseguró que “estamos luchando contra grandes medios, no es que luchamos contra hormigas sino que son elefantes gigantes. Estamos en la calle, compañeros, compañeras, todos presentes tratando de llevarlo adelante. (…) Es Cablevisión, está Pierri, está Vila, gente que es difícil, y también tenemos los cables del interior que son las cooperativas que tampoco son nada fácil, manejan todo un pueblo desde la luz, el velatorio y el cable”.

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“¿Por qué marchamos?”, se preguntó el secretario gremial Octavio Alvarado. Respondió que era “porque no estamos dispuestos a resignar ninguno de nuestros derechos”, porque “no vamos a aceptar la extorsión del ministro de Hacienda ni la falsa opción de trabajo o salario”, para “que sepan el señor ministro y el aprendiz de tirano berreta que tenemos en la Rosada que acatar la ley no significa que estemos dispuestos a negociar la baja de nuestros salarios como pretende la patronal” y, entre otras cosas, porque “nos ha costado mucho esfuerzo y lucha llegar hasta aquí”.

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“Uno siempre está del otro lado, siempre está poniendo el micrófono y prestando la cámara para que se hagan visibles los reclamos que no terminan de ser sino otra cosa que los de uno mismo que es un trabajador o una trabajadora más y vive lo mismo que cualquier persona que tiene una familia atrás, que sabe que el salario ya no alcanza como antes, que las peleas se tienen que dar desde otro lugar porque hay una realidad distinta”, afirmó la periodista Gisela Estremador.

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El delegado de Cablevisión Jorge Diomedi destacó que “esto ha hecho que todos los trabajadores de televisión se puedan a unir para tener este porcentaje que estamos pidiendo. Nos parece que es una cifra que está por debajo de la inflación real pero las empresas no quieren dar más del 33%. Es mucha la diferencia que hay así que seguiremos en la lucha, estamos tranquilos, como estamos acá todos los trabajadores, creo que esta unión que tenemos se la debemos mucho a Carlos Arrigoni”.

“Los últimos doce años se amplió a cantidad de empleados porque se amplió la obra. Hay un dineral puesto en las redes, se hizo un enlace directamente de Buenos Aires a Neuquén con redes propias para no pagar un transporte lo que generó muchísimo trabajo, peleando para que no sea todo contratista, meterlos dentro del convenio. Tienen bolsillo de payaso, pueden pagarlo”, dijo Laly Serra sobre la empresa de Clarín que posee 250 cables en el país y acumula aumentos tarifarios del 44% en lo que va del año.

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Liliana Villa encabeza la Secretaría de la Mujer del SATSAID y recordó que cuando se afilió “éramos muy pocas mujeres y a nivel local menos todavía, con el surgimiento de los cables fuimos incorporándolas, hoy somos muchas y es un orgullo”. Luchando por la igualdad de género lograron traspasar las tareas administrativas para alcanzar los trabajos operativos “que cambian todo fundamentalmente”. Tanto Villa como Analía Izquierdo padecieron alguna vez violencia de género y laboral en Canal 7 y las oficinas de BVC, respectivamente. “Estamos tratando de abrirnos un lugar donde podamos tener los mismos derechos, pero que realmente se cumplan”, dijo Izquierdo.

Voces de apoyo. Dirigentes de gremios y agrupaciones políticas locales manifestaron su solidaridad durante la radio abierta: Néstor Alende (Asociación Judicial Bonaerense), Sergio Zaninelli (ADUNS), Hugo Astorga (Sindicato de Trabajadores Telefónicos), Rodrigo Bahía (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Ana Canullo (CTA Bahía Blanca-Dorrego), Laura García Vázquez (CTA-A Pcia. Buenos Aires), Mauricio Rasquete (Agrupación Jauretche), Joni Landa (ASTRAMYC) y Carlos Ferrari (APYME).

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FOTOS: Manifestación, Luis Ángel Salomon. Radio abierta, FM De la Calle.

“Los aumentos son una fenomenal transferencia de recursos a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras y un saqueo al bolsillo”, así comienza el comunicado emitido por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), en torno al aumento de tarifas.

“El gobierno nacional impuso aumentos en las tarifas de agua, luz y gas que llegaron a multiplicar hasta por 20 su valor, en algunos casos. Sumado al avance inflacionario y a los aumentos de precios de la canasta básica, la opción para muchos sectores sociales se transformó entre comer o pagar los servicios. Y ante esta opción, fue creciendo la protesta popular en todo el país. El malestar social es tan grande, que hasta la Justicia tuvo que dictaminar fallos que suspendieron momentáneamente los aumentos.

El gobierno pretende acallar los reclamos disponiendo a último momento que los aumentos tengan un techo del 400%. Esto significa que hay que multiplicar por cinco los valores de la factura del mismo mes del año pasado. ¿Qué sector de la clase trabajadora multiplicó por cinco sus ingresos en el último año? Simplemente, ninguno.

El gobierno afirma que la situación se debe a que no se actualizaron las tarifas durante los últimos años, por lo tanto las empresas no tuvieron rentabilidad suficiente y no pudieron hacer las inversiones para producir más energía. Con lo cual, hoy no hay gas suficiente y se debe importar para abastecer el consumo. Nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Mientras el precio internacional del petróleo no supera los 45 dólares por barril, en la Argentina se les garantiza un precio de casi 70 dólares el barril. El costo de producción del barril de petróleo en la Argentina ronda los 14 dólares. Se les garantiza entonces, ganancias o rentabilidad de más del 400%. Ya el gobierno anterior les garantizó a las petroleras -muchas de ellas multinacionales- que en la Argentina cobren un precio sostén de casi el doble.

También en el gas, mientras que el precio de referencia en América del Norte es de alrededor de 2 dólares el MBTU, en Argentina se les garantiza 5,2 dólares el MBTU del gas ya perforado y 7,5 dólares el gas recientemente extraído. El costo de extracción o producción en la Argentina es de 1,9 dólares el MBTU. Aún con estas súper ganancias, no hicieron las inversiones en todos estos años y hoy no hay gas suficiente. El gobierno anterior les garantizó -con los llamados subsidios- estas súper ganancias. El actual gobierno, además de aumentarles el precio de producción en el gas y la electricidad, ahora nos transfiere en las facturas el costo de las súper ganancias de las empresas multinacionales productoras y distribuidoras. Por esto los aumentos son tan desmesurados.

Es tal el aumento, que para muchas familias es impagable y para muchas pequeñas y medianas empresas implica estar al borde de la quiebra.

La crisis energética es producto de otro desfalco: el de la privatización a precio vil durante el menemismo de las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energia, luego vaciadas por los dueños privados bajo el gobierno de De La Rúa, rescatadas sobre la base de subsidios millonarios durante la gestión del kirchnerismo y que continúan en el actual gobierno.

Con servicios deplorables, que en pleno siglo XXI cubren las necesidades de apenas el 60% de la población, mientras se siguen llevando en pala los subsidios, ahora pretenden que además les paguemos tarifas más caras que en el primer mundo con todos sus libros contables cerrados, contratos secretos (Chevrón) y concesiones que no garantizan el suministro, ni en invierno, ni en verano.

CONADU Histórica repudia estos aumentos escandalosos de las tarifas, que además se hicieron al margen de las audiencias públicas que establece la ley. Por ello, apoyamos los reclamos populares que a lo largo y ancho del país se impulsan desde las distintas organizaciones sociales, sindicales y vecinales, y convocamos a nuestras Asociaciones de Base a sumarse a la coordinación de toda acción que le diga NO AL TARIFAZO hasta imponer su derogación.

– Abajo el tarifazo.

– Que se abran todos los libros de las privatizadas que saquearon el país.

– Nacionalización bajo control de trabajadores y consumidores de los servicios públicos y la energía”.

Fuente ACTA.

 

(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por tres bahienses para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el OCEBA suspendan la audiencia pública que se realizará mañana en Mar del Plata para analizar el tarifazo de las empresas de energía eléctrica.

“En el mismo rechazo de la medida cautelar no se dice en ningún momento que nuestro pedido esté infundado sino simplemente que sin dar un traslado al Estado ni producir pruebas no tiene los elementos suficientes como para considerar ilegal la audiencia, más allá de un posterior pedido de nulidad que es algo que vamos a trabajar si es procedente”, dijo a FM De la Calle Facundo Miguel, abogado de la Asociación Civil Vientos del Sur.

El cuestionamiento estaba motivado “en los mismos considerandos del llamado a audiencia que dicen que se van a tratar las modificaciones tarifarias, mensualizar las facturas, cambiar los precios de referencia y todas estas medidas son las que dispuso el ministro (de Energía Juan José) Aranguren en los Decretos 6 y 7 que están actualmente suspendidos”.

Por otra parte, “el único propósito de estas audiencias es la intervención ciudadana y no creemos que se haya cumplido atento que hasta el viernes estaba suspendida por recursos que se han ido planteando a lo largo de la provincia”.

El abogado destacó la dificultad para que, “en menos de cinco días hábiles, la ciudadanía pueda participar activamente teniendo la información a mano. Estamos hablando de decretos que en términos vulgares es chino básico, hablamos de arreglos tarifarios complejos, no es algo que en dos días se puede releer e ir a una audiencia a argumentar en igualdad de condiciones”.

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Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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Lo reconoció Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) en consonancia con el informe de INDECOM difundido durante las últimas horas. Destacan que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

El directivo certificó los datos difundidos hace pocos días por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), cuyo sondeo se realizó sobre un muestreo de 816 pymes de las principales regiones del país, comparando el primer semestre del 2016 con igual período del 2015. Ese sondeo arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las pequeñas y medianas empresas pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3 % trasladó varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo.

También reconocieron falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de obra social, y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria.

La mayoría afirmó que los principales motivos tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Al respecto, Zylberzstein expresó que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque explicó que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

El dirigente explicó que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas” pero dijo que “no se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, pero también reconoció que “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “en la actualidad, sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”.

El referente del sector aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito;  y la energía más cara del mundo”. Además consideró como otro punto en contra de trabajo formal que “en nuestro país se da el mismo tratamiento a las empresas de mano de obra intensiva que a las de capital, lo cual, sumado a un régimen de monotributo que no contempla los salarios pagados y empuja a la informalidad, hace que dar trabajo no sea competitivo”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91,6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.

Zylberzstein reiteró que “la precarización avanza en momentos de crisis porque las pymes y los trabajadores buscan sobrevivir en el marco de una perversa estructura que se construyó durante décadas” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional y toda la dirigencia política deben tomar nota urgente de esta crítica situación y dejar de promover pequeñas leyes que no terminan de resolver los grandes problemas, para dar de una vez por todas un debate serio acerca de la estructura impositiva que se debe tener en pos de lograr un país industrializado y de pleno empleo registrado”.

(Por Julio Gambina) La información actualizada que ofrece el FMI es un llamado de alerta sobre la evolución de la Economía Mundial. El resultado del plebiscito británico para salir de la Unión Europea, el BREXIT, le agregó “incertidumbre” a la economía mundial, dice el FMI en la revisión a la baja de las proyecciones de evolución económica del sistema mundial.[1]

Destaca el informe que el principal impacto estará en Gran Bretaña y Europa pero también en las principales potencias del capitalismo mundial y como novedad, en los llamados países “emergentes”.

Estos países “emergentes”, durante un buen tiempo luego de estallada la crisis mundial capitalista en 2007/08 fueron receptores de los flujos internacionales de capital y por lo tanto aparecían “por afuera de la crisis”. El espejismo del crecimiento económico en estos países inducía opiniones erróneas sobre la territorialidad de la crisis.

Los nuevos datos derivados de la caída de los precios de las commodities, entre otras cuestiones, morigeran el crecimiento y en algunos casos se procesa la recesión (Brasil caerá 3,3% este año), contribuyendo al deterioro de los indicadores económicos regionales y globales.

Respecto de América Latina se asume una leve mejoría en el marco de una tónica de escepticismo sobre el futuro inmediato, con una opinión satisfactoria sobre el restablecimiento de una lógica pro mercado y liberalización, especialmente derivada de la situación en Argentina.

“En Argentina, la transición a un marco de política macroeconómica más coherente y creíble sigue avanzando, y debería afianzar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, aunque el impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto. El ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 —tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos— ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado. Ahora la actividad económica probablemente empezará a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés. Se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”.[2]

La Revista The Economist destaca el programa pro mercado del gobierno Macri, al tiempo que llama la atención sobre la recesión, coincidiendo con la proyección del FMI de una caída del 1,5% del PBI de Argentina para este 2016. El punto de partida de la evaluación ponderada es la modificación cambiaria, la eliminación de las restricciones a la compra venta de divisas, el acuerdo con los acreedores externos y la eliminación o reducción de las retenciones. Son esos los puntos de coincidencia de la Revista británica y el organismo internacional. Ambos llaman la atención sobre la inflación inducida bajo la nueva política económica y especialmente el conflicto social a ello vinculado.

El lenguaje de los analistas remite a formulaciones técnicas, pero la realidad de la protesta interviene en la consideración de la realidad económica y política de la Argentina. La preocupación de las clases dominantes se asienta en el paro nacional de fines de abril y su probable recreación en el corto plazo; más aún con el clima social contra el tarifazo y el ajuste en general, que involucra a sectores medios.

Desde el poder son conscientes que el conflicto ahuyenta inversores externos que buscan “seguridad jurídica” en sus inversiones, con retornos asegurados en tiempos de incertidumbre mundial.

Resuena el interrogante entre empresarios e inversores locales y externos sobre la posibilidad del oficialismo para contener el conflicto y disciplinar a la sociedad. El protocolo de seguridad no funcionó, mucho menos si la protesta es masiva, por lo que se ensayan otras formas para la represión o el control del conflicto, especialmente con el chantaje económico exacerbado ante las restricciones de un ingreso popular disminuido.

El gobierno acelera la reinstalación de la Argentina en la liberalización de la economía mundial, precisamente cuando la globalización capitalista está cuestionada, no solo por el voto británico. El problema político es la acumulación por derecha de esta crítica, expresión manifestada por Donald Trump en EEUU, lo que exige construir una perspectiva crítica desde los pueblos para la emancipación.

Notas:

[1] http://www.imf.org/es/News/Articles… (visto el 22/07/16)

[2] http://blog-dialogoafondo.org/?p=6677 Nota de Alejandro Werner sobre las perspectivas de América Latina, del 20/07/2016. (visto el 22/07/16)

(Por Alicia Torre) Estamos en la capital de Colombia, en el distrito de Cundinamarca, es la sabana de Bogotá, en el altiplano a más de 2600 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera capital más alta de Sudamérica después de La Paz y Quito. Cuenta con una variada oferta cultural con una gran cantidad de teatros, museos y bibliotecas. Es muy famoso el Museo del Oro que guarda la mayor colección de orfebrería prehispánica de América. También es llamativo su sistema de transporte que incorporó el TransMilenio constituido por un gran número de vehículos articulados que circulan por carriles propios, con paradas cada cuatro o cinco cuadras, y agilizan enormemente el tránsito.

Bogotá tiene un encanto especial en sus calles coloniales, el barrio de La Candelaria es el lugar histórico: conserva sus callecitas empedradas, el estilo de sus casas y la iluminación difusa que respeta la tonalidad de la época de su fundación.  El Museo del Oro se encuentra sobre una plaza enfrente a la antiquísima Iglesia de San Francisco. También se puede visitar el Museo Botero con muchas salas dedicadas a la obra del artista. Hay teatro callejero, músicos en las plazas y espectáculos gratuitos. Además, en La Candelaria están las principales oficinas gubernamentales, casi todas en antiguos palacios, rodeando la Plaza Bolívar, enorme plaza seca que conserva el empedrado original.

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En esta hermosa Candelaria tuve la enorme alegría de tropezar con un lugar que desde hace mucho tiempo tenía agendado para visitar: Quinua y amaranto: tienda saludable. Sabía que se trataba de un interesante proyecto de Economía Social tal cual pude comprobar al entrar. Allí estaba Magdalena Barón, de quien había leído una ponencia presentada en el Seminario internacional y diálogos locales: “Economía Popular – Qué es y para dónde va en Bogotá” de 2013. Es una experiencia que aborda desde la práctica la construcción de redes agroalimentarias y procesos de consumo solidario.  El nudo de conversación pasa por definir qué es Seguridad alimentaria y qué Soberanía alimentaria.

“Quien controla tu pan, controla tu destino”, están convencidas las integrantes de este proyecto que ese es su frente de lucha. Magdalena pone como ejemplo el valor de las rosas con referencia al de los alimentos. En Colombia es muy complicado el tema del cultivo de rosas, también en Ecuador. Estos cultivos son sólo para cubrir la demanda de los mercados europeos y en esos países del “primer mundo” no está permitido, por lo menos con la modalidad intensiva que se hace en los países americanos porque, entre otras cosas, es altamente contaminante. Se fumiga permanentemente bajo invernaderos plásticos y quienes trabajan en esa situación tienen riesgo permanente de contraer graves enfermedades o de morir. Además, es común se use trabajo esclavo y mano de obra infantil porque justamente el tamaño de sus manos permite una mejor labor. Muchas organizaciones de la sociedad civil demandan a los invernáculos de la muerte pero hasta ahora… el negocio es más fuerte.

Hay 27 mujeres, 27 familias que viven de lo que produce la tienda, con respeto, solidaridad y muchas ganas siguen adelante con el proyecto teniendo presentes los principios fundacionales:

# Priorizamos como proveedores redes de mujeres productoras y de pequeñas empresas.

# Decimos no a la distribución y consumo de productos artificiales y promocionados como  alimentos.

# Garantizamos que detrás de nuestras actividades y productos hay procesos ambientales limpios y socialmente justos.

# Facilitamos el conocimiento e intercambio de proveedores y proveedoras con consumidores y consumidoras.

# Entendemos el comercio como actividad no centrada exclusivamente en el lucro. Cuenta el servicio y el relacionamiento humano.

Quinua y amaranto Calle 11 N| 2-95 Centro histórico de la Candelaria. Bogotá – Colombia

Charla con Magdalena Barón, trabajadora social que buscando mejores maneras de vivir se sumó a la Economía Social.

Latinos Jazz quartet agrupación conformada en el 2009 con Rocío Amaya, que ya tenía como cantante una trayectoria reconocida dentro del jazz latino, y su par Jairo Pérez se fusionan con Carare, otro grupo local.

La Federación de Gremios Estatales Bonaerenses (salvo AEMOPBA), UPCN y SOEME aceptaron esta semana un aumento salarial del 16% hasta el 30 de septiembre alcanzando, según informó la provincia, un 31% desde enero a octubre en comparación con diciembre de 2015. ATE y CICOP rechazaron la oferta por “insuficiente” frente a la inflación mayor al 40%. En provincia impulsan un paro para el 1 de agosto.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, destacó ayer por FM De la Calle que si bien el gobierno reconoció que el suyo es el gremio con mayor cantidad de afiliadas y afiliados esto “no alcanza” porque “si se juntan otros gremios y suman tienen mayoría y eso fue lo que pasó”.

“Es un aumento de 1268 pesos -si no me equivoco- para los auxiliares de la educación para este trimestre, de 1000 pesos promedio para los administrativos y de 1500 pesos para quienes trabajan 48 horas en los hospitales públicos que son enfermeros y enfermeras. No le voy a poner más calificativos, quien está escuchando en Bahía sabe lo que eso significa, un auxiliar pasaría a tener un salario mínimo de 9500, si alquila y tiene dos hijos mucho más que argumentar no hay. Por eso lo rechazamos categóricamente y planteamos que se haga una nueva oferta”, afirmó.

Para el dirigente, al no ser retroactivo, el aumento salarial “ni siquiera nos permite recuperar lo que hemos perdido en el primer semestre”. Por otro lado, aseguró que desde ATE plantearon “que no se descargue la crisis sobre los trabajadores y se reinicie el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que hoy no tienen estabilidad y que se derogue el Decreto 618 que congela las vacantes”.

“Hoy para nombrar un camillero en el Penna no tenemos cargo, solo podría ingresar por el contrato autónomo de la Ley de Emergencia Administrativa que le quita derechos porque expresamente dice que no implica derechos de la Ley 10.430 y que no genera ningún tipo de expectativa de continuidad laboral, es decir, que ni sueñe que alguna vez pase a planta permanente”.

Frente a la sede de la empresa Telefónica de Berutti 54 se concentrarán desde las 15 trabajadoras y trabajadores de telecomunicaciones y se movilizarán luego en demanda de una mejora salarial. La protesta será fuera del horario laboral porque rige la conciliación obligatoria en la paritaria del sector.

Desde el Sindicato de Obreros Empleados y Especialistas de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de Bahía Blanca, Hugo Astorga informó a FM De la Calle que exigen un incremento del 39% y un bono alimentario que compense el desfase registrado durante el primer trimestre.

“La única propuesta concreta de la empresa ha sido un 20% para el salario de julio y diferir algunos números para el primer semestre del año que viene. Si bien la paritaria nuestra compete desde el 1 de julio al 30 de junio entendemos que ha habido un impacto terrible sobre los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores que debe ser subsanado en el transcurrir de este 2016”.

Recordó que “el propio ministro de Economía anunció que la inflación prevista hasta diciembre es del 42%, vemos que hemos percibido un 7,8% en abril y algún 1 o 2% en enero que fue una suma fija”. La protesta será en simultáneo con otra que tendrá lugar en Neuquén.

La movilización pretende esclarecer a la comunidad “respecto a la falta de respuesta al reclamo salarial efectuado a las compañías de telecomunicaciones, abarca a Telefónica, a Telecom, a Movistar, a Personal y también debería abarcar a Claro que se está negando a aceptar el convenio colectivo de trabajo que represente en las telecomunicaciones a sus trabajadores. (…) No sé si estarán afiliados porque Claro -valga la redundancia- tiene una clara persecución  hacia sus trabajadores por cualquier forma de sindicalización”.

Finalmente, Astorga destacó que esperan que el Senado transforme en ley el proyecto de participación en las ganancias empresariales que ya obtuvo el aval de la Cámara de Diputados.

Este miércoles trabajadoras y trabajadores de la televisión por cable realizarán un paro nacional tras el estancamiento de las negociaciones paritarias con la cámara que agrupa a las empresas del sector. En Bahía Blanca afectará la programación de Bahía Visión Color y Cablevisión.

“Llegamos a esta instancia en base a las continuas dilaciones que ha tenido la mesa de negociación que se inició hace unos 45 días aproximadamente y no estamos teniendo una respuesta satisfactoria al pedido efectuado por la entidad sindical”, informó a FM De la Calle Octavio Alvarado desde la seccional local del Sindicato Argentino de Televisión.

El gremio exige una recomposición del 42% “habida cuenta del deterioro notable que vienen sufriendo los salarios a lo largo y a lo ancho del país en todas las actividades” y recibió en principio una oferta del 18% y el martes pasado una mejora del 32% en tres cuotas, la última de ellas a cobrar en marzo de 2017.

“A diferencia de otras oportunidades hemos tomado la decisión del cese de actividades en todos los sectores de las empresas habida cuenta que la respuesta ha sido durísima, que hubo un menosprecio por la mesa negociadora y la voluntad que ha mostrado nuestro sindicato, con un grado de virulencia importante que no tiene antecedentes”, dijo Alvarado.

En ese sentido, opinó que la actitud empresaria “responde a una clara política del gobierno nacional y de los grupos concentrados de la economía del país de comprimir salario, que ya han logrado en un primer paso con una devaluación salvaje, con el ajuste de tarifas, es decir, tomaron todas las medidas necesarias para comprimir el ingreso de los trabajadores en el marco de lo que ellos llaman lograr competitividad, comparando nuestros salarios con el resto de la región, de los países vecinos”.

Por otra parte, la paritaria del personal de los canales de televisión por aire debería reabrirse recién en septiembre. “Se le ha solicitado a la cámara un adelantamiento o extender alguna suma fuerte que nos permita llegar con un poco más de holgura”, culminó el dirigente.

En Bahía Blanca también se escuchó el ruidazo contra los tarifazos del gobierno de la Alianza Cambiemos. Más de 800 personas se concentraron frente a la Municipalidad y marcharon por las calles del centro.

A la Coordinadora contra los Tarifazos, el Plenario Abierto del Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y otras agrupaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos y sociales se sumaron bahienses independientes con bocinas, cacerolas y otros objetos para dejar en claro su desacuerdo con los aumentos en los servicios públicos y el ajuste.

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Al recorrer la columna de manifestantes se podían escuchar diversas consignas: “Paso, paso a paso, abajo el tarifazo”, “Che Mauricio, che Mauricio, no te lo decimos más, si no paran el ajuste que quilombo se va a armar” o su versión en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández, el clásico antineoliberal “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Vamos a volver, vamos a volver” y “A dónde está, a dónde está, el periodista que gobierna la ciudad”.

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La movilización pasó por el frente de la empresa de la familia del jefe de la bancada PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot. La Nueva Provincia despidió recientemente a más de veinte trabajadoras y trabajadores al amparo del gobierno macrista-radical.

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El presidente y sus ministros “aprenden” a costa de la ciudadanía, sin convocar las audiencias públicas que establece la Constitución y fijan aumentos impagables en los servicios de luz, gas, agua y transportes. En la justicia se multiplican los amparos que obstaculizan o frenan los tarifazos y la Corte Suprema demora su definición. Mientras tanto, los sectores afectados confluyen en multisectoriales y salen a la calle a mostrar su hartazgo.

DSCN9005Como en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en las capitales provinciales y otras grandes ciudades se replicaron las movilizaciones, cacerolazos, frazadazos y otras protestas exigiendo también la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren.

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Un grupo de habitantes del partido de Tornquist “alarmados y gravemente afectados” por la suspensión del servicio de trenes de Ferrobaires junta firmas para reclamar la “inmediata restitución” del transporte con “calidad” y “tarifas accesibles” y pide se “establezca un canal de diálogo permanente” con la población.

“Es uno de los medios de transporte más usados para la Comarca, por los distintos pueblos que la componen, Sierra de la Ventana, Tres Picos, Tornquist, Saldungaray, y te encontrás con distintos tipos de pasajeros que lo usan frecuentemente”, dijo a FM De la Calle el usuario Mario Sehtman.

Comentó que viajando “casi todas las semanas desde Tornquist o desde Sierra de la Ventana a Constitución te encontrás personas que lo usan como medio de transporte que los puede trasladar esa distancia a bajo precio por cuestiones personales o comerciales. Tenés gente que va con sus bolsones de ropa a comprar a lugares mayoristas a Buenos Aires y vuelve a sus pueblos a revenderla o gente que utiliza ese tipo de transporte por el tema de encomiendas porque de otra manera le resulta muchísimo más costoso”.

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El petitorio, que puede descargarse aquí, señala que la suspensión del servicio “impacta de forma negativa en toda la zona afectando a: casi 20 mil usuarios mensuales, sólo en el ramal Roca, que usan el tren para ir a trabajar, estudiar y con fines turísticos; comerciantes, productores y particulares que utilizan el servicio de encomienda; la comunicación entre pueblos que cuentan con el tren como único medio; y a los 2700 trabajadores de Ferrobaires”.

El grupo, que se comunica por facebook en Que vuelva el Tren, denunció además “la violencia que ha generado la medida, cancelando la totalidad del servicio sin brindar una alternativa a la población, vulnerando así nuestros derechos constitucionales” y recordó que la Ley 27.132 obliga al Estado a “garantizar un servicio público de trenes”.

“El petitorio está justamente dirigido a que el Municipio de Tornquist, quien por supuesto está al tanto de esto, pueda mediar y tomar cartas en el asunto y tanto algunos intendentes de la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires se han reunido y están preocupados por lo que sucede con el tema del corte del ferrocarril”, afirmó Sehtman y destacó que “nosotros tal vez tenemos pueblos un poquito más grandes pero Tres Picos, por ejemplo, no tiene otra forma de comunicación que no sea el tren”.

Fotos: Facebook Sierra de la Ventana y Arqueología Ferroviaria.

(Por Francisco J. Cantamutto) Comprender la situación de los aumentos tarifarios se vuelve cada vez más difícil. El gobierno retrocede en uno de los frentes importantes.

Esta semana se recalentó la disputa por las tarifas, tras sucesivas ondas de anuncios y medidas. La Cámara Federal de La Plata suspendió la semana pasada los aumentos de gas en todo el país, lo que obligó al gobierno a acelerar sus gestiones, iniciadas a partir de los sucesivos fallos contra el tarifazo en distintas provincias.

Concretamente, está pidiendo el tratamiento de la Corte Suprema de Justicia, omitiendo los tribunales intermedios para acelerar la resolución, mediante el recurso del per saltum. La Corte definiría esta semana si toma el caso o no, donde deberá considerar no solo elementos jurídicos sino el hecho de que se trata de un asunto político muy candente, sometido a una presión social muy evidente.

El tarifazo

El carácter anti-popular de Cambiemos está, a esta altura, establecido con claridad. Su programa representa un ataque contra las clases populares y trabajadoras, a favor del capital concentrado. Esta caracterización general es correcta aunque, sin embargo, incompleta, porque al interior del bloque en el poder hay disputas relevantes.

Cambiemos es el proyecto de las fracciones financiera, primario-exportadora (agropecuaria, minería y sus procesamientos industriales básicos) y la que opera en los servicios públicos, desplazando a otras fracciones en el poder los años previos -como la industrial y de la construcción. En una disputa que es de segundo orden respecto de la avanzada anti-popular, sus medidas favorecen a las primeras fracciones en detrimento de las segundas, por ejemplo, con el actual incremento de las tarifas, que golpea la competitividad de la industria no ubicada en ramas con ventajas comparativas.

Finalmente, el gobierno tiene que resolver disputas entre las fracciones ganadoras, como por ejemplo, en relación al aumento del precio de los combustibles que generó la queja de la Sociedad Rural porque le “quitó” lo ganado por la eliminación de las retenciones. No se puede favorecer a todos, y al optar, se ganan aliados y enemigos.

El tarifazo se compone de aumentos en los diferentes servicios: agua, gas, electricidad, transporte. Supuestamente, se buscaba corregir el desfasaje respecto de otros precios, pero también subsidios cruzados entre regiones y usuarios. El transporte público se incrementó en todos los distritos, impulsado por las cuatro subas en el precio de los combustibles desde diciembre.

En el caso del agua en Buenos Aires, por ejemplo, el aumento (de hasta 400%) vino junto al cobro por metros cúbicos consumidos y no por superficie, de manera de comprometer a usuarios -en principio, solo obligatorio para no residenciales- a eficientizar el uso del recurso. En el caso de la electricidad -que ya había aumentado entre 30 y 240% en 2014- hubo dos aumentos, el primero en febrero de hasta 600% y un segundo marzo de un 55% más para las empresas. El gas fue, sin embargo, el que mayores conflictos generó, en medio de un otoño-invierno particularmente frío que tuvo mayores requerimientos para calefaccionar espacios. En algunos casos, las nuevas facturas llegaron con incrementos de hasta el 1.100%. En este caso, al igual que en la electricidad, la “corrección” de tarifas consolidó de hecho las asimetrías existentes, lo cual promovió la multiplicación de los reclamos.

Los errores de aplicación, excusados por el ministro de Energía Aranguren ante el Congreso por estar “aprendiendo sobre la marcha”, no deben oscurecer el sentido político de los aumentos: el gobierno vino a recomponer la tasa de ganancia de las empresas de este sector. El ministro, en esa misma audiencia, explicó el llamativo hecho de que a pesar de los aumentos las transferencias del Estado no se hubieran reducido cuantiosamente: es que, según declaró, el objetivo prioritario de estos aumentos no era reducir los subsidios estatales sino incentivar la inversión para garantizar la oferta de energía a futuro.

En el mismo sentido se expresó la neoliberal fundación FIEL, de cuyo consejo directivo Aranguren es parte, que entiende que es el camino correcto para incentivar inversiones. El documento corrobora que este incremento es apenas la primera parte esperada de “correcciones” de ganancias, aunque las futuras subas deberán esperar a no entrar en conflicto con la política macroeconómica de control de la inflación: el actual divorcio entre objetivos macro y política sectorial no ha tenido buenos resultados.

Los reclamos

El malestar, pues, se multiplicó con rapidez. Ante los despidos y la desvalorización del salario ante la mayor inflación, los hogares se encuentran en una situación delicada. Miles de PyMEs se ven totalmente incapacitadas de absorber los aumentos en un contexto recesivo y de apertura de las importaciones, que ha pulverizado la demanda final. Se retroalimenta así una situación donde no se corrigen desequilibrios, se alimenta la inflación y se genera recesión. Un auténtico polvorín social.

Semejantes incrementos no han sido compensados por otras políticas. La tarifa social anunciada aún tiene severas deficiencias de implementación, y en cualquier caso sigue significando un fuerte aumento -aunque por la mitad de los valores aquí referidos. Esta tarifa se aplica a diversos grupos vulnerables (jubilados, desocupados, etc.) y se discute su ampliación a entidades de bien público, como los clubes sociales. Esta política claramente neoliberal de focalización en la demanda, busca invertir la carga de la prueba, obligando al usuario a demostrar su pobreza o necesidad.

Las protestas se han multiplicado por doquier en todo el país, con manifestaciones, cortes de calle, bocinazos y petitorios auténticamente federales. La estrategia se ha complementado con un fuerte proceso de judicialización, que llevó a sucesivos fallos de la Justicia en Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego que frenaron los aumentos. En Rawson, un tribunal incluso declaró inconstitucional el aumento. El argumento central es la falta de audiencias públicas previstas en la ley y evitadas por el gobierno, que no ha llevado a cabo ni siquiera las auditorías que las resoluciones 5 y 6 del ministerio de Energía mencionan. La Cámara Federal de La Plata argumentó en defensa de derechos humanos a una vivienda digna, que incluye el acceso a costos razonables de agua, luz y gas. 

Esta presión ha forzado a que el gobierno pida una resolución por parte de la Corte Suprema, al tiempo que anunció un tope de aumentos de gas del 400% respecto de igual bimestre del año pasado -en lugar de hacerlo por metro cúbico. Este es un nuevo retroceso del gobierno en la estrategia, y aunque aun implica un cuantioso aumento, da una mala señal a los capitales que quiere tentar: si no es capaz de garantizarles las ganancias que promete, ¿por qué traerían esa lluvia de inversiones? Máxime cuando en unos meses debería volver a incrementar las tarifas. Este traspié pone en jaque su estrategia de tentar al capital, hasta ahora sólo ilusionado con las fabulosas ganancias financieras, que no sacarán al país del estancamiento. El gobierno no tiene todas las cartas en su mano, y aunque se muestra confiado, lo cierto es que sus disputas internas comienzan a aflorar.

Un grupo de empleadas y empleados del Supermercado Burgos se manifestó esta mañana frente a la sede comercial de Zelarrayán y Rodríguez para exigir el pago de salarios adeudados y definiciones por parte de la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo respecto a su futuro laboral. Mañana participarán de la movilización de la CTA y otros gremios frente a la comuna.

“Todavía estamos esperando a ver si se efectiviza el préstamo para poder formar una empresa recuperada pero ha quedado en nada, no tenemos ninguna respuesta, ninguna información por parte del sindicato (Empleados de Comercio) que es el que está tramitando junto con el Ministerio de Trabajo”, dijo Mercedes a FM De la Calle.

La trabajadora comentó que a los propietarios “les conviene que mantengamos nuestra fuente de trabajo porque es un alivio para ellos en el sentido de lo que es carga monetaria, porque ya de por sí están adeudando a los acreedores, el mayor es Empleados de Comercio, las cargas sociales, el tema de la jubilación, obras social”.

Mercedes explicó que la caída de las ventas del supermercado comenzó dos años atrás aunque opinó que fueron “varios problemas que se fueron dando a través de los años con mal manejo de lo que son negocios de la empresa”. Se trata de “una mala administración, no ha sido muy clara y repercute en este momento justo que hay una crisis económica bastante grande, prácticamente la gota que rebalsó el vaso”.

“Estamos terminando de cobrar mayo, no empezamos a cobrar junio y no tenemos idea si llegaremos a cobrar el aguinaldo. Está complicado porque al no tener tantas ventas como antes la entrada de plata es menor y repercute en la compra de mercadería y en el pago nuestro. Al mismo tiempo estamos tratando de controlar para ver qué es lo que se destina a proveedores, a nosotros, controlamos con las chicas de la administración tanto la entrada de efectivo como de tarjetas de crédito”, aseguró.

Con la falta de cobro de varios meses a cuesta, decenas de familias se encuentran en una situación “difícil” para pagar los alquileres de sus casas o atender la salud de sus hijos e hijas. “Muchos compañeros se han ido porque por suerte han encontrado otro trabajo pero al mismo tiempo le están adeudando el sueldo que ya han trabajado. Ni hablar de la liquidación, las vacaciones que no han tenido”.

(Por Julio Gambina) A 200 años de la declaración de la independencia asumida en Tucumán el 9 de julio de 1816, que hoy se conmemora con vocingleros “Viva la Patria”, debe consignarse que la “independencia” sigue siendo en la Argentina un objetivo pendiente.

No importa lo que se dice, sino lo que se hace y por años en la Argentina se celebra la fecha “patria” escamoteando la relación de dependencia y subordinación al orden capitalista mundial.

Tanto la revolución de mayo de 1810 como la celebración independentista en Tucumán de 1816 pretendían insertar a la nueva Nación en curso de formación al ritmo del desarrollo capitalista de la economía mundial, lo que puede traducirse en la lucha por el libre comercio para el Río de la Plata, contra las restricciones que suponía la dependencia colonial de la corona española.

El libre comercio expresaba la naciente fuerza de la producción capitalista y la disputa entre las viejas naciones hegemónicas, Inglaterra y Francia; y las nuevas emergentes de época: Alemania y EEUU. Insertar a la Argentina en el libre comercio fue el programa de 1810 y 1816, insistamos, contra las restricciones del régimen colonial.

La gesta por la independencia confrontaba con el régimen colonial y pregonaba la inserción en el régimen económico mundial, el libre cambio y el desarrollo capitalista. Ello imponía la necesaria conformación de la dualidad social necesaria de las relaciones de explotación, lo que hoy podemos explicar con la impresionante inmigración que dio lugar a la conformación del proletariado en la Argentina, pero también a la radicación de capitales externos que delineó la hegemonía del régimen capitalista local.

Sin trabajadores e inversores capitalistas no existía la posibilidad del desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. El programa de 1810 y de 1816 habilitó ese proceso y por eso también, en la tradición cultural local no se contempla, en términos generales, las demandas de los pueblos indígenas originarios, no contenidos por el sujeto independentista a comienzos del Siglo XIX y mucho menos por el programa relativo al modelo productivo y de desarrollo.

Centenario de 1916

La Argentina celebró el centenario con restricciones políticas (estado de sitio) y auge económico de las clases dominantes de época: la oligarquía terrateniente y el gran capital externo asentado en el agro y la exportación, la infraestructura, especialmente ferrocarriles y en la banca, canal del viejo y sempiterno endeudamiento público de la Argentina.

Fueron las protestas sociales, obreras, las que dieron la nota de un capitalismo pujante, con crecimiento económico y conflicto social evidente en un marco de proyecto de desarrollo inspirado en un imaginario de inserción exitosa en el mercado mundial capitalista. De allí surge la imagen de Argentina potencia, proveedora de alimentos al mundo: carne y trigo principalmente.

Ese mismo 1916, Lenin, el revolucionario ruso escribió uno de sus folletos más discutido aún en el presente: “El imperialismo, etapa superior del capitalismo”, donde daba cuenta de las transformaciones económicas en el capitalismo mundial, desde el libre comercio estudiado por Marx al monopolio, y de la dominación del capital industrial al financiero, entendido éste como la fusión del capital industrial y el bancario.

Vale destacar que en ese análisis, Lenin resalta el carácter dependiente de la Argentina, señalando respecto de la “política colonial en la época del imperialismo capitalista”, que  además de países que poseen colonias y las colonias propiamente dichas, también “es característico de la época, las formas variadas de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. Enfatiza la opinión, señalando que un ejemplo “lo proporciona la Argentina”.

Para el centenario de la independencia política ya están sentadas las bases de la industrialización dependiente que consolida el régimen de inserción subordinada a la lógica capitalista mundial, entonces hegemonizada por Inglaterra.

El Pacto Roca-Runciman, suscripto en mayo de 1933 por Julio Argentino Roca (hijo), vicepresidente de la Argentina y Walter Runciman, encargado de negocios británicos, será el último intento para sustentar esa forma de inserción subordinada a Inglaterra, para pasar a construir una nueva relación de inserción internacional, ahora bajo la hegemonía imperialista que se definirá por EEUU a la salida de la crisis mundial del 30´, en rigor, el proceso mediado entre las guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945).

Inmediatamente a la celebración del centenario comienza otra etapa de inserción subordinada, con la presencia creciente de los capitales estadounidenses y alemanes, entre otros, y con ello el aliciente para una extendida burguesía local que asociará sus actividades a la nueva hegemonía capitalista y a la expansión del mercado interno que proporcionó la inmensa inmigración entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX.

El capitalismo local había madurado y presentaba la conflictividad de la lucha de clases que empujaba iniciativas políticas de confrontación para definir el tipo de desarrollo pretendido para el país. Disputas políticas para el desarrollo capitalista y otras para intentar superar el orden social en una lógica global que incluía al socialismo como alternativa al capitalismo desde 1917 y como bloque luego de 1945.

Bicentenario del 2016

Si el centenario está atravesado por el proceso de crisis mundial del 30´, proceso que abarca desde 1914 a 1945; el bicentenario está cruzado por la crisis mundial de fines de los 60´ y mediados de los 70´, junto a la actual, evidenciada desde 2007/08.

Es interesante destacar que el argumento o discurso de las clases dominantes, retoma el planteo originario de 1816 por el libre comercio, el libre cambio y la libre competencia, claro que ahora en la época imperialista desde comienzos del Siglo XX y la mundialización operada por las transnacionales desde la crisis de fines de los 60´ y comienzos de los 70´.

La liberalización de la economía mundial es programa del capital hegemónico mundial que sustentan los principales Estados del capitalismo mundial contemporáneo, y que con ellos organizan una superestructura jurídica de la mundialización para sustentar los derechos y seguridad de los grandes inversores del capitalismo mundial.

Aquí está la convergencia del proyecto del gobierno de Macri con el orden mundial para desactivar cualquier pretensión de inserción internacional alternativa, como los intentos formulados en años recientes derivados del cambio político manifestado a comienzos del Siglo XXI en Nuestramérica.

En rigor, el gobierno de Macri se asienta en la cuestión objetiva del modelo productivo y de desarrollo construido desde los 90´, con sojización y mega minería a cielo abierto bajo dominación de transnacionales de la alimentación, la biotecnología y la minería; con estímulo a la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, subordinada a la tecnología de la fractura hidráulica o fracking; con una industrialización de armaduría sustentada en importaciones de partes y dependencia tecnológica, incluso ahora alentando la importación y desarticulando industrias asentadas en las economía regionales; financiada por un endeudamiento deliberado e inserción en la lógica criminal del capitalismo contemporáneo, con especulación financiera, tráfico de drogas, armas y trata de personas.

El sentido de la Patria

Macri cerró el acto del bicentenario con un “viva la patria”, lo que pone en discusión a la patria, al sujeto social y político que construye el concepto y con él, que programa para el modelo productivo y de desarrollo, que inserción internacional, y en definitiva, si se está por resolver la independencia en sentido integral, pero conteniendo en su propuesta el rescate de las diversas luchas y reivindicaciones de los pueblos a través de la historia.

En un sentido plurinacional y de diversidad, la lucha por la independencia es anticolonial, anti-patriarcado, anticapitalista, antiimperialista y contra toda discriminación y formas de racismo, asociada a la búsqueda de una integración regional y mundial que promueva un desarrollo armonioso entre la sociedad y la naturaleza.

La disputa y el conflicto están presentes en este bicentenario, pero no solo contra el gobierno de Macri y su proyecto de subordinación a la liberalización, sino contra y más allá del régimen del capital.

Por eso no alcanza con la defensa de derechos, sino que se requiere ir más allá. El camino es por ejemplo, la protesta contra el tarifazo, caso que motiva las disposiciones judiciales contra los aumentos del gas y también en la electricidad; pero se requiere conciencia social contra la privatización de la energía y su mercantilización; para defender el derecho a la energía y un programa de soberanía energética. Lo mismo podemos afirmar con el derecho a la alimentación y por ende sustentar un programa de soberanía alimentaria, o de soberanía financiera y discutir el régimen tributario y financiero para organizar la promoción alternativa de los recursos públicos y privados.

No es solo discutir el papel del Estado, sino el carácter del Estado, al servicio de quién o el para qué del Estado. Se trata de definir un Estado para la transición social, económica, política y cultural, para afirmar una independencia integral.

El bicentenario puede favorecer un debate de ideas sobre el orden económico, social, político y cultural actual y el necesario en perspectiva de emancipación social.

(Por Coordinadora contra los tarifazos) Doscientos años de lucha, de conquistas obreras, de intelectuales patriotas, de juventudes comprometidas, de mujeres heroicas, de pueblos originarios que luchan por su Nación; de un pueblo noble y laborioso que construye todos los días la Patria, de sangre derramada por defender causas populares, de alegrías, frustraciones, de dolor.

Es la historia del pueblo argentino como ha sido y es la de los pueblos hermanos de toda América Latina, ya que nuestra Independencia sólo fue posible en un momento de auge de las luchas populares en todo el continente. Nuestra Independencia es continental: Chile 1818, Bolivia 1825, Perú 1821, Ecuador 1809, Paraguay 1811, ayer como hoy nuestros destinos están unidos.

Hoy, un conjunto de organizaciones del pueblo construimos esta fiesta popular por la Independencia porque somos orgullosamente descendientes de aquellas y aquellos pardos, mulatos, zambos, negros, indios, criollos, que acompañaron la gesta y las ideas que por entonces mantenían San Martín y Güemes entre otros y otras.

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Esta fiesta popular por la Independencia tiene mucho de aquella carta de San Martín a Estalislao López, donde San Martín le pide: “paisano, unámonos para derrotar a los maturrangos y después que los derrotemos, resolvamos nuestras diferencias como usted quiera”.

¿Por qué reflexionar en este sentido? Porque hoy organizaciones que decimos con alegría en debates fraternos hasta ponernos de acuerdo, que lo fundamental es festejar, como lo estamos haciendo en este, nuestro Bicentenario: el de la multiplicidad de voces, de colores, de matices; porque esto somos.

¿Cómo poder visualizar las corrientes políticas que se manifestaban en aquella época en las actuales circunstancias? ¿Cuánto de continuidad hoy podemos ver en un mundo capitalista desarrollado y desigual? Como no podría ser de otra manera, capitalismo es sinónimo de desigualdad.

37Sin duda hay un pueblo que en la búsqueda de organización para llegar a la segunda y definitiva Independencia, lucha, se moviliza, genera nuevas ideas, revisa su historia y no olvida sus mártires, los del siglo XVIII y los actuales: San Martín y Fuentealba, Güemes y Tosco, Monteagudo y 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos,  Belgrano y Henrich y Loyola,  Juana Azurduy y  las compañeras víctimas de femicidio y trata.

Un pueblo que no olvida a sus mártires porque reconoce a quienes entregaron su vida por la construcción de una sociedad más justa. Merecen el mismo respeto, no importa en qué época o bajo qué circunstancias, aunque a la ortodoxia le parezca una herejía.

Hoy tenemos un gobierno, el de Cambiemos, que es heredero natural de las ideas que explotaron y explotan al pueblo trabajador, que asesinaron a una parte importante de la juventud, que encarcelaron y desaparecieron a las luchadoras y los luchadores populares en la Argentina, que provocaron genocidios desde Rivadavia y Alvear hasta de la masacre de los pueblos originarios en la mal llamada conquista al desierto, herederos de Roca y Mitre.

35Cambiemos es -estamos convencidos de esto- un gobierno que representa las ideas del centenario. Su concepción es la de patrones de estancia hoy concebida bajo la hegemonía de los CEO de las principales empresas, quienes atrasan y quieren una “moderna” versión del granero del mundo mientras como en 1916, el pueblo pasa hambre, los niños y las niñas mueren por desnutrición y enfermedades evitables, existe la falta de trabajo, la educación de baja calidad, la salud empobrecida.

Este gobierno es la expresión genuina y descarnada de quienes fueron derrotados en 1816 y hoy están dispuestos a vengarse con saña de los negr@s, mestiz@s, mulat@s, zamb@s, indi@s, crioll@s. Es un gobierno que le pide perdón a las empresas como Repsol, que invita al jefe del Imperio Norteamericano el 24 de marzo para reírse de nuestras compañeras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos, que subió al palco de honor este 9 de julio nada más ni nada menos que al rey de España.

Es un gobierno que le grita en la cara al pueblo argentino, a Latinoamérica y al mundo, que l@s patriotas se equivocaron, que son desde el punto de vista histórico, una ofensa para nuestr@s mártires.

41Por eso debemos tener unidad, organización, paciencia entre nosotros y nosotras, escuchar para enfrentar a un gobierno que multiplica las ganancias de las empresas, transfiere recursos vía devaluación, aumenta las tarifas y fomenta los salarios a la baja de las grandes empresas. Sólo un dato: en el primer trimestre las 84 empresas que cotizan en bolsa ganaron 796 millones de dólares, la banca el aliado principal de este gobierno y de otros, ganó en el mismo período 389 millones de dólares.

Debemos construir multisectoriales que enfrenten los tarifazos, la falta de trabajo, el recorte a la libertad sindical, defender las empresas recuperadas. Tarea ardua y compleja, pero absolutamente necesaria, que nos pondrá en sintonía con las ideas de la Independencia. La falta de unidad, de compromiso; nos hará responsables del fracaso y la frustración de nuestro pueblo.

COORDINADORA CONTRA LOS TARIFAZOS

Frigorífico INCOB empresa recuperada – CTA Bahía Blanca / Dorrego – SUTEBA – Asociación Argentina de Actores – Unión de Músicos del Sur – Partido del Trabajo y Del Pueblo- – Corriente Comunista Watu – Grupo 83 Solidaridad e Igualdad – Colectivo Pueblo en Lucha – Nuevos Vientos – Partido Comunista Revolucionario – Cardumen – GEN – Centro Cultural La Panadería – FM De la Calle. Adhieren: Los Irrompibles – Comisión de Apoyo a los Juicios.

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