(Por Giuliana Crucianelli) “Yo viví un infierno con él, sabe muy bien lo que me hizo pasar a mí y a mi familia. Estoy segura de que fue él”, declaró ayer la ex esposa de Hernán Rogero, imputado por el femicidio de Aída Rosa Caballín, ocurrido el 16 de julio de 2018.

En la primera jornada del debate se escucharon ocho testimonios de la Fiscalía y cuatro de la defensa. Este viernes se desarrollarán los alegatos y a fines de la semana próxima habrá sentencia.

Rogero está imputado por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Intervienen el Tribunal Criminal Nº2 a cargo de Eugenio Casas, Claudia Fortunati y María Mercedes Rico; el fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefel.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. Personal de la DDI pudo, a través de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, seguir el recorrido de la combi hasta cercanías del lugar donde aparece el cuerpo de Caballín en el barrio Los Chañares.

Dos testigos que formaron parte del operativo dieron cuenta de que en el lugar donde se encontró el cuerpo había huellas de un vehículo con ruedas duales, las cuales coinciden con las de la camioneta que manejaba Rogero. También constataron que el acusado realizó una primera visita a Caballín en calle Blandengues, luego se retiró y, minutos más tarde, volvió a acercarse al lugar y ella subió al vehículo.

Personal de la DDI declaró haber realizado el recorrido de todas las cámaras de seguridad de la zona hasta Ayacucho 7500. El vehículo pertenecía a la empresa para la que trabajaba Rogero y contaba con un GPS que se desactivó segundos después de las 23 y se encendió en el domicilio del acusado minutos antes de las 24. En dicho lapso ocurrió el femicidio.

Fue de mucha utilidad una cámara de seguridad de un comercio que tomó la imagen de una camioneta Sprinter en el semáforo de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez a las 23:01, segundos después de desactivarse el GPS. Metros más adelante, apareció tirado el celular de Caballín, encontrado por un vecino a la mañana siguiente. A partir de allí, se pudo reconstruir el rastro del vehículo y cotejarlo con los datos del software de seguimiento que tenía la empresa propietaria de la camioneta. Por otro lado, se constataron en el allanamiento a la casa de Rogero rastros de soga similares a las utilizadas para asesinar a Caballín.

Vecinos de la cuadra señalaron que la víctima “no era una persona conflictiva”, que la veían regularmente y que a uno de ellos le llamó la atención salir a fumar y no encontrarla. Un testigo afirmó ver el primer acercamiento de la camioneta de Rogero el día del hecho.

Ningún testimonio pudo acreditar si Caballín y Rogero se conocían con anterioridad, aunque una ex pareja de la víctima declaró que tuvieron internado al hijo de ambos en el Hospital Penna mientras el acusado trabajaba en la cocina.

A su vez, declaró Luciano Luna, amigo de Caballín, quien afirmó que la llevaba todos los días hasta Blandengues y luego la pasarla a buscar. También informó que le llamó la atención cuando le escribió un mensaje alrededor de las 24 y ella no contestó. Luna fue quien recuperó el celular de la víctima.

Llamativamente, el abogado defensor preguntó al personal de la DDI si cuando encontraron el cuerpo la víctima tenía toda la ropa y si se le encontraron lesiones en la cara y pidió dejar constancia de que entre las pertenencias había preservativos. Por otro lado, solicitó testigos que declararon que el acusado tenía adicción a la cocaína. Sin embargo, nadie constató que durante los hechos el imputado estuviera bajo consumo.

Entre hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público contra Hernán Rogero por el asesinato de Aída Rosa Caballín. Lo juzgará el Tribunal Criminal Nº 2 por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018 alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en immediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. “Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer”, sostiene en la investigación.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era trabajadora sexual y que solía estar en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó en rastreo mediante las cámaras de seguridad del lugar desde donde se obtuvo filmaciones en las que se observa un vehículo utilitario que coincidiría con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Además se destacó el aporte de filmaciones de otras cámara de seguridad perteneciente a los vecinos de las inmediaciones, gracias a las cuales se pudo completar el cuadro de situación.

También se realizaron tareas para logar la identificación del vehículo perteneciente a la empresa Ronan Transportes, el personal policial se entrevistó con el dueño de la firma que aportó los registros del GPS y los datos del chofer.

En los registros del GPS, se detecta que el vehículo al mando de Hernán Rogero estuvo en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte la noche del 16 de julio donde la mujer habría subido, se retiraron por calle Sixto Laspiur, se corta la señal del GPS y más tarde retoma el registro de localización cuando el vehículo ya se encontraba estacionado en la casa del imputado, sobre la calle Alemanes del Volga.

La Fiscalía General informó que la unidad especial de búsqueda de personas, de reciente creación, investigó en el último semestre más de 80 casos.

El grupo especializado cuenta con la participación de tres mujeres policías de la DDI, los efectivos de cada Comisaría donde se radica la denuncia y todos funcionan bajo las tareas de coordinación del fiscal Rodolfo de Lucía.

De 88 denuncias por el faltante de personas mayores y menores de edad, 60 pertenecen a Bahía Blanca y 28 al resto de los distritos que conforman el Departamento Judicial.

La puesta en marcha del equipo especializado se produjo el 1 de junio de 2019 luego de detectarse la necesidad de que este tipo de circunstancias sean tratadas de una manera especial por la conflictividad que hay en su origen.

La tarea de la UFIJ (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) Nº20 abarca a “las investigaciones iniciadas por averiguación de paradero, hallazgos de personas y/o aparición de cadáveres o restos óseos N.N.”.

“Merecen una especial atención dado que cuando una persona desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto de su destino se ve alterado gravemente su círculo familiar, además de conmocionar a toda la sociedad”, destacaron desde la Fiscalía.

Asimismo, “cuando se trata de la desaparición de menores de edad, sin que se tenga noticia o conocimiento cierto de su paradero, conforme lo indica la experiencia, podría presumirse que su vida, libertad e integridad física se encontrarían en grave riesgo, por lo que siempre resulta imprescindible asignarle a su búsqueda el máximo grado de prioridad y urgencia”.

Anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas recaía en las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio genéricas, las que, debían atender gran cantidad de causas anuales por lo que se dispuso de recurso humano para esclarecer con urgencia estos casos que son de importancia.

La Fiscalía destacó que “cuando desaparece un menor, puede deberse a un conflicto familiar” y que “su vida, libertad e integridad física podrían estar corriendo peligro”. Recordó además que la ley castiga a aquellas personas mayores que retengan a menores de edad o les brinden cobijo sin informarlo a la autoridades.

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron al presidente Mauricio Macri, a su ex ministro Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central, Guido Sandleris, por los acuerdos con el FMI.

Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

“Esperamos que la justicia investigue y no archive la causa y que el próximo gobierno y el Congreso realicen una auditoria de la deuda”, dijo a FM De la Calle el abogado Jonatan Baldiviezo.

La denuncia afirma que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.

“Son tres aspectos: considerar que la deuda no es democrática, no ha sido aprobada por el Congreso Nacional que es el único poder competente para que el Estado se endeude. Se hizo revivir una ley muerta del año 2010 para tomarla. Es de una gravedad institucional muy importante, es la deuda más grande de la historia argentina que no se ha discutido con los representantes del pueblo y, por eso, el Estado y los ciudadanos argentinos no deberían asumir la carga”, comentó.

Baldiviezo agregó que tampoco “se cumplieron los pasos administrativos previos para autorizar el acuerdo con el FMI, no hay dictámenes técnicos previos del Banco Central, dictámenes jurídicos, nada que prevea la situación del Estado sobre si era posible pagar la deuda, tampoco existe una autorización de Macri a su ministro -por entonces Dujovne- o al presidente del Banco Central autorizando la deuda”.

“La tercera es para qué se utilizó esta deuda”, dijo. Desde junio de 2018 a julio de 2019 ingresaron a la Argentina U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones.

“Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

La demanda advierte además que “la devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.

El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.

Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.

“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.

La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.

Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.

“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.

La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.

“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.

El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.

En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.

Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.

En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.

Los fallos

El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.

La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.

El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.

Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.

El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.

Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.

“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.

La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.

Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.

Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.

La Asociación de Pensamiento Penal invita a regalar un libro con dedicatoria a las internas de la Unidad Penal N°4 de Villa Floresta.

“Es una forma de generar algún acto reflexivo, tendiendo puentes entre el afuera y el adentro, si bien la cárcel está en la ciudad es una realidad de la que no se habla o nunca se pone a pensar lo que pasa adentro de la cárcel. Esta actividad, más allá de la lectura, genera un pensar colectivo de qué se trata la cárcel, quiénes están, qué pasa”, comentó a FM De la Calle Ornela Scarano.

La invitación señala: “Sabemos que la pregunta no es fácil… puede que te genere incomodidad, que se sumen prejuicios, enojos o descontentos… pero luego de ponerte, aunque más no sea por un momento, en sus zapatos, la respuesta será transformadora para vos! Y puede llegar a transformar los días de encierro de alguna mujer”.

Scarano dijo que “la cárcel es un mundo y el pabellón de mujeres es otro mundo dentro de esa estructura. Hay que evaluar la condena, la gran mayoría cumple una condena corta, son delitos menos graves vinculados a infracciones a la ley de estupefacientes, narcomenudeo, como se suele decir”.

“Las mujeres se llevan la peor parte, estar dentro de un establecimiento donde se producen violaciones a los derechos humanos, tienen restringida la libertad ambulatoria pero no el resto de derechos. La gran mayoría son madres, algunas con sus hijos dentro de la cárcel, otras ven disminuido o conflictuado el vínculo con sus hijos afuera o sus familias”, afirmó.

El cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira es investigado por la justicia a partir de la denuncia por abuso sexual presentada por una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque.

De dicha institución católica depende el Colegio San Cayetano. Un grupo de ex alumnas reflotaron una publicación que hicieron en redes sociales luego de egresar en 2018. Hablaban de diferencias de trato según el género y conductas inapropiadas hacia las mujeres por parte de profesores.

Las autoridades del colegio dijeron que la denuncia contra el párroco “era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución”.

Martina Trujillo, Juana Martínez y Julieta Anzorena dialogaron en FM De la Calle con Giuliana Crucianelli. Dijeron que el sacerdote “se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas”, afirmaron.

-Un año después de habernos egresado empezamos a juntar experiencias que habíamos tenido en el colegio y se nos ocurrió hacer la presentación. Tuvo un montón de repercusión porque nos hablaron un montón de chicas que actualmente van al colegio diciéndonos que sí, capaz está este profesor que siento se me acerca de más, a mí me pasó esto. Se difundió un montón pero la institución no respondió como tendría que haber respondido.

-Fueron distintos relatos de profesores, de directivos, de compañeros. Y la respuesta de los directivos, como es también la de ahora, fue resistencia y repudio ante las publicaciones en vez de contener a pibas que estaban denunciando que habían sido violentadas en una institución educativa.

¿De qué forma?

-Diferencias entre géneros dentro del aula con profesores, específicamente ahora con lo del padre del colegio fue que nos hemos cruzado con él y se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas.

-Además, profesores que te miraban el cuerpo o el pecho, tenían un acercamiento más físico a las mujeres o un ataque simplemente por ser mujer. Una diferencia de a las mujeres las mandamos al pizarrón, las sacamos del aula, las cagamos a pedos, que se sienten derechitas con el uniforme. Eso con los varones no se veía, siempre estaba la diferencia de género.

-Siempre estaba el comentario del catequista diferenciando el género o hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Un montón de actitudes que fuimos relatando. Fue una manifestación de nuestra experiencia y el colegio se lo tomó como un ataque. No sé si fue nuestra idea ir a escrachar a la institución porque ni siquiera pusimos nombres ni nada, fue una manifestación nuestra como mujeres en esa institución y no tuvimos respuesta por eso.

-También para que quienes siguen en la institución sepan que tienen un apoyo desde afuera porque ya que no lo tienen de la institución saben que lo tienen de las ex alumnas.

-Sí, en ese sentido sirvió muchísimo. De verdad nos habló un montón de gente, inclusive de otros colegios diciendo que eso también pasa.

-Mismo mujeres que habían ido a esa institución en 2013 y comentaban. Quiero recalcar que somos mujeres que contamos nuestra experiencia pero éramos mujeres menores de edad a cargo de un adulto que no nos contenía ni se responsabilizaba, ni tomaba cartas en el asunto como está pasando ahora. Por ejemplo, les chiques del colegio se manifestaron en contra, querían hacer algo y las autoridades de la institución dijeron que esto era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución.

¿Qué hacía el cura denunciado cuando ustedes cursaban?

-Hacía confesiones, estaba siempre en el colegio. Rezábamos a la entrada, la primera hora, daba las misas y eso. No daba catequesis, solo confesiones o te llamaba para ir a su oficina a charlar o lo que sea.

¿Cuando se enteraron de la denuncia qué les pasó?

-No me sorprendió. Lamentablemente no. Además, si no me equivoco, en esa parroquia hubo hace un tiempo otra persona denunciada (NdR: el catequista José Luis Andersen fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual reiterado a un niño de 8 años). Lo que más me sorprendió fue el apoyo de las personas que asisten a esa iglesia y de padres o la comunidad educativa de San Cayetano. Me pareció terrible estar en 2019, casi 2020, y que haya personas que hacen una misa a favor de un abusador o de un denunciado o lo que fuera. Si son tan cínicos, mínimo llámense a silencio.

¿Las autoridades del colegio son las mismas de cuando ustedes cursaban?

-Siguen.

Y la respuesta al comunicado de ustedes fue que era un chusmerío, que era mentira…

-No sé si es un chusmerío o mentira sino que nosotras queríamos armar bardo o lo que fuera. Lo que dijeron que era un chusmerío es lo de la denuncia al cura. De nosotras que las queríamos embarrar porque en el medio hubo un cambio de directora, algunas cosas pasaron con la anterior y otras con la actual y es como que ella se la agarró con nosotras.

-La respuesta a ese comunicado fue bloquearnos de las redes sociales. Fue la única.

-Sí, hasta respuestas de profesores en la misma publicación. De profesores a alumnas o ex alumnas, me parece terrible, en vez de sentarnos a charlar. Había confianza con algunos y algunas profesores, y en vez de charlar: ataques, querer callarnos, bloquearnos.

-Cuando surgió la idea era que a partir de ahí se podría construir. Había cosas en el colegio que eran muy estructuradas. Fue con esa intención, pero no…

-Situaciones que planteamos hace un año y medio ahora, a partir de eso, hay circunstancias que se podrían haber evitado después de nuestro documento.

¿Por ejemplo?

-Lo de Mauro. Lo del abuso de Mauro.

¿Ustedes advertían estos comentarios y situaciones con esta persona?

-Era como un llamado de atención a toda la escuela en realidad. A toda la escuela y a sus trabajadores y trabajadoras. Más que nada por eso, están a cargo de menores, nosotras más que nada pensando en eso. Nosotras ya transitamos la escuela, ya la pasamos, por suerte nos pudimos contener entre nosotras o alguna profesora que tenía perspectiva feminista o lo que fuera. Pero los pibes que siguen después… Por suerte esos pibes y pibas leyeron estos relatos, ahora armaron una historia que decía ‘en el colegio importa más que pagues la cuota antes que haya un cura abusador’, así como dando a conocer su postura. Me parece que está buenísimo, usar las redes sociales como herramientas si en la institución no te escuchan está buenísimo y es un camino que se va a seguir utilizando. No me escuchan, me voy a las redes sociales, me voy a la calle.

-Ahora se están organizando pero, la verdad, es muy difícil. Los directivos están muy metidos en el centro de estudiantes, no hay mucha diferenciación, no podría haber una confrontación. Estaría bueno que se organicen y armen lo que fuera que se les ocurra, desde lo artístico hasta pegar carteles, pero antes de subir estas historias a instagram hubo otras instancias de diálogo en las que no se los escuchó. Apoyo que muestren sus posturas ante una denuncia penal, no ante un escracho cualquiera.

-No decir nada de la situación también es decir. Lo estás avalando.

-Desde el momento uno los alumnos y las alumnas quisieron saber qué postura iban a tomar. Lo único que hubo es que la directora se vaya de un grupo de whatsapp, no hubo respuesta directamente. Creo que se están movilizando desde el lado que pueden y se los permiten.

-Nos pasó lo mismo a nosotras como alumnas, no podíamos hacer nada desde adentro porque nos lo imposibilitaban los directivos. Lo decidimos hacer después de haber terminado, cuando ya estábamos despegadas de la institución. Cuando te amenazan con amonestaciones, cuando te corren la cara, te bloquean por whatsapp, no te dan ninguna alternativa.

-Sí me acuerdo de compañeras nuestras que ya militaban en una organización a los 16 años que habían presentado una lista del centro de estudiantes y se corría la bola de que no querían que ganen porque iban a politizar la escuela. Me parece importante hacer esta relación del centro de estudiantes con los directivos, parece más algo de beneficencia de la escuela que un centro de estudiantes que recibe y hace reclamos. (…) Las decisiones las toman los directivos junto con los curas, algo así.

El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.

Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.

Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.

Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.

Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.

Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).

La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.

Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.

Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.

MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.

Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.

Foto: H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Andrea, la mamá del joven que falleció por una sobredosis en El Saladero semanas atrás, pide que el Estado la ayude a contener a sus otros dos hijos menores de edad, quienes continúan en situación de extrema vulnerabilidad.

La mujer había radicado una denuncia por abandono de persona contra responsables de Políticas Sociales, Niñez y Adolescencia e integrantes de un Servicio Local.

“Pedí hablar con el intendente y el señor Rubén Gómez me atendió de muy mala manera y me sacó. Necesito reunión inmediata, para uno ya es tarde pero tengo dos hijos más en riesgo. No me quisieron atender, necesitaba ser escuchada diez minutos”, dijo a FM De la Calle.

Andrea comentó que su “hijo de 17 está mucho más tranquilo, pasando su duelo como corresponde, pero mi hijo de 14 está descontrolado. No lo tengo al lado mío y no quiero que me vuelvan a llamar porque un hijo mío se murió”.

“El otro día hubo una situación de robo donde detuvieron a dos menores, uno era uno de mis hijos. Me presenté en el tribunal y me dijeron que no tenían intervención. Me comunican desde Niñez que le habían dado la libertad desde el Valentín Vergara. Quise saber con qué fundamentos, era la oportunidad para tomar alguna medida. Tiene que pasar algo extremo señora, me dijeron. Tiene que estar porque cometió algo grave. ¿Qué tiene que pasar? Una muerte más, ¿tiene que morir como su hermano para que activen algo? No quiero tener a mi hijo encerrado pero era una oportunidad para atenderlo por su seguridad y la de terceros”.

Luego de la muerte de uno de sus hijos, sus amigos junto a una vecina se acercaron al delegado de Ing. White para pedirle ayuda para conformar una cooperativa de trabajo con el fin de que los adolescentes se alejen de las adicciones.

“Les tomaron el pelo, se aprovecharon de sus necesidades y, como saben que ella puede actuar contra el municipio, le ofrecieron armar la cooperativa y ponerla de presidenta. Fue días antes de la elecciones. Ella movilizó a los pibes, fueron con banderas a apoyar a Gay y nunca llegó el trabajo ni la cooperativa, solo algunas chapas y materiales a algunas familias”.

“Se aprovecharon de la situación. Cuando hice la denuncia esta gente aprovechó la oportunidad para obtener un voto en El Saladero. Fue todo propaganda política, a mi hijo le prometieron que iba a estar dentro de la cooperativa y después le dijeron que de los 25 jóvenes que son había puesto para diez”, finalizó.

Una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque denunció al cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira por abuso sexual. La víctima afirmó haber recibido amenazas y hostigamiento de parte de la Curia.

La abogada Fernanda Pertersen dijo a FM De la Calle que en el relato de la joven “hay abuso de poder muy marcado, hay una cuestión de manipulación, de perversión, de psicopatía por parte de esta persona hacia la víctima. Por su pertenencia a una fe católica queda en el medio de algo muy difícil de salir”.

“A ella hasta le cuesta reconocerse como víctima, se pone en un lugar de responsabilizarse, de considerar que ella hizo algo mal. Estas cuestiones hacen que sean hechos más difíciles de abordar desde lo legal y desde el acompañamiento a la víctima”, explicó.

La letrada afirmó que se realizarán las pericias correspondientes para acreditar las denuncias: entrevistas con el equipo técnico y con el área de asistencia a la víctima. En la causa interviene la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara.

Petersen aseguró que “la institución católica, en la práctica y en el imaginario tiene mucho poder, ella pertenencia a la comunidad, se fueron generando situaciones que hicieron que ella no pudiera ponerlo en palabras. Ha recibido muchísimas marcaciones, desde superiores dentro de la instituciones o personas allegadas a ella que le marcaron que nadie le iba a creer, que iba a terminar perdiendo y todas situaciones que han dado una revictimización tras otra”.

“Todo esto, para quienes no somos las vulneradas, suena a que podría haber hecho algo. Pero la realidad es que fue haciendo mella en su psiquismo, le impedía llevar adelante una denuncia formal. Luego de haber hecho la denuncia, intentó comunicarse con autoridades de la Curia y no ha recibido otra cosa que no sea eso, el descrédito se ha dado sistemáticamente”.

Consultada respecto a la existencia de otras mujeres abusadas, Pertesen señaló que “ella hace mención a esa circunstancia. Las víctimas denuncian cuando pueden y cuando están dadas las condiciones, es cuestión de respetar esto y ver si están en condiciones de denunciar”.

El fiscal federal Franco Picardi abrió una investigación para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sus funcionarios actuaron ilegalmente en la persecución y represión a comunidades originarias en la Patagonia.

A partir de una denuncia de la APDH, Picardi sostuvo en su dictamen que el objeto del plan fue “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.

En diálogo con FM De la Calle, Ricardo Ragendorfer, periodista y autor de “Patricia, de la lucha armada a la seguridad” analizó la denuncia y opinó que Bullrich entrará en una zona de riesgo penal a partir del 10 de diciembre “no solo por este expediente sino también por otro tipo de situaciones como su relación con el falso abogado y espía polimorfo Marcelo D’Alessio”.

-Sostenés que el despliegue represivo de Bullrich en la Patagonia se parece más al Operativo Independencia de Tucumán que a la Conquista del Desierto, ¿por qué?

Lo de la Patagonia fue una especie de laboratorio represivo al igual que el Operativo Independencia en esa época, en dos contextos diferentes. En el caso del régimen macrista esa ofensiva contra las comunidades mapuches comienza con un informe de gestión redactado por Pablo Noceti en el cual decía que los reclamos de los mapuches de esa zona no eran derechos de la Constitución sino que más bien se tendrían que evaluar bajo el Código Penal, poniendo en vilo intereses estratégicos como una industria gasífera y petrolera. A partir de entonces se desplegó un dispositivo de espionaje en el que participó Noceti, quien fue sorprendido presenciando de incógnito una de las audiencias del primer juicio por extradición a Jones Huala, su presencia ahí quedó a la luz.

A eso le siguió el violento operativo en la Pu Lof Cushamen de enero del 17 donde hubo varios heridos graves, uno con un disparo en el cuello, cosa que no había trascendido tanto porque no hubo muertos en esa ocasión. El siguiente paso de ese proceso fue la detención de Jones Huala cuando, ya liberado de ese primer juicio de extradición, Macri le promete a Bachelet su captura, cosa que se produce unas horas después.

A eso siguió una situación vidriosa entre los mapuches y las autoridades judiciales de Bariloche que instruían esa detención, cosa que coincide con una reunión de Noceti con altos mandos políticos y policiales de Río Negro y Chubut, en la cual Noceti pronuncia una frase antológica: ‘si la violan a mi madre yo tengo que actuar’. Así justifica de una manera freudiana la figura de flagrancia para actuar sobre esos territorios sin orden judicial. Horas después se produce la muerte de Santiago Maldonado, le sigue la muerte de Rafael Nahuel, persecuciones y espionaje sobre los mismos objetivos y una especie de Plan Cóndor entre Chile y Argentina.

La Dirección de Inteligencia de Carabineros realiza el Operativo Huracán en el cual, según ellos, desbaratan un complot catastrófico de la RAM en Argentina y de la CAM en Chile, que resultó ser un blef de la primera hasta la última página, cosa que acá no se difundió demasiado pero en base a ese informe trucho, donde todos sus hacedores fueron procesados por falsedad ideológica, asociación ilícita y otros delitos, la ministra Bullrich elabora un mamotreto de 180 páginas con la situación de los pueblos originarios en el sur y, a partir de ahí, se produce la creación de un comando unificado entre las fuerzas federales y provinciales de Chubut, Neuquén y Rio Negro.

-Esto involucra a la ministra Bullrich, al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cané, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman. ¿Cuál fue el objetivo del plan?

Esto tiene que ver con una constelación de factores que abarca desde la subordinación de la política oficial a la doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, que es una especie de Doctrina de la Seguridad Nacional de la década del 80 pero que, como no existe el comunismo, identifica entre sus amenazas al terrorismo, los migrantes, los pueblos originarios y hasta las catástrofes climáticas. Para eso es necesaria la creación de un enemigo interno. En ese sentido, en este punto se aplica un laboratorio represivo y, por otra parte, en la denuncia de la APDH y en el dictamen del fiscal Picardi se menciona otro objetivo que es facilitar emprendimientos inmobiliarios para amigos del presidente como Luciano Benetton y Lewis.

-¿Qué balance hacés del rol de Bullrich en el gobierno de Cambiemos?

A diferencia de las oleadas represivas que hubo desde mediados del siglo XX hasta la fecha, durante gobiernos no militares, Plan Conintes en la época de Frondizi, la Triple A en la de Isabel Perón, los muertos del 19 y 20 de diciembre en el de De la Rúa o Kosteki y Santillán en la época de Duhalde, asuntos que tienen que ver los primeros con la Doctrina de Seguridad Nacional y los últimos con hechos desesperados de gobiernos agónicos. El macrismo le agrega una nueva vuelta de tuerca que es la represión como cuestión de marketing. Advirtieron que esta política goza de la simpatía de un vasto sector de lo que podríamos llamar de la parte sana de la población y ellos se deben a su público. Por otro lado, para aplicar y convertir el ajuste de una política de Estado se necesitaba una cuota de mano dura.

-¿Cómo ves el futuro de Bullrich y el de esta investigación?

Pienso que a partir del 10 de diciembre ella entraría en lo que podríamos llamar una zona de riesgo penal no solo por este expediente sino también por otro tipo de situaciones como su relación con el falso abogado y espía polimorfo Marcelo D’Alessio, el cual fue una pieza fundamental en la estructura inorgánica en el Ministerio de Seguridad puesto que estuvo detrás de todos los operativos policíaco publicitarios desde la detención de Pérez Corradi en Paraguay, grandes operativos antidrogas, las tareas de inteligencia que motorizaron la falsa denuncia contra Gómez Centurión cuando fue apartado de la Aduana, etcétera, pienso que esta mujer está en graves aprietos.

El Tribunal Criminal Nº 1 condenó a Fernando Benítez (27) a 48 años de prisión por secuestrar, violar, drogar y torturar a dos jóvenes de nuestra ciudad en Güemes al 3700. Como partícipes necesarios recibieron 13 años de cárcel su hermano Gonzalo (26) y su madre Nélida Llanos.

Viviana Lozano, abogada de una de las víctimas, comparó los hechos con una película de terror: “Lo definí así muchas veces, es de terror que estas criaturas hayan tenido que atravesar semejantes atrocidades. Es un caso típico de violencia de género bien marcado que uno cree que solo lo ve en las películas”.

“Es muy difícil entender la cabeza de alguien que llega a perpetrar semejantes actos, semejante violencia hacia otro ser humano”, aseguró a FM De la Calle y destacó que “no cabe duda que no tiene cargo de conciencia, nunca pidió disculpas, ni cuando tuvo derecho a la última palabra habló. Estará en ellos entender algún día el daño que han ocasionado socialmente”.

La fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, había solicitado 50 años de prisión para Fernando Benítez por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegal de la libertad agravada y suministro de estupefacientes a título gratuito agravado respecto a Aldana García y Andrea Santa Cruz. En cuanto a Gonzalo y su madre pidió 11 años y 6 meses de cárcel. Ambos seguirán en libertad hasta que la condena quede firme.

Si bien los tres imputados hicieron uso de su derecho de rechazar pericias psicológicas y psiquiátricas, para Lozano “no hay dudas que (Fernando) es un psicópata”. “El perfil que nos demuestra por las actitudes y demás es de un psicópata de manual. Esta no es una conducta aislada que tuvo una sola vez en su vida, es reiterado con distintas víctimas. Tuvimos víctimas declarando en el debate sobre hechos de hace seis años y temblaban como una hoja”.

“Lo de ellas era calcado a esto en cuanto a las atrocidades: dejarlas encerradas, no darles de comer, no dejarlas bañar, no tomar líquido, no comunicarse con el mundo exterior, no poder irse, los golpes, las quemaduras, todo es calcado. Con Aldana y con Andrea llegó más lejos, estuvieron a horas de morir. Si Aldana no escapaba moría en horas, moría ella y moría Andrea porque las dos estuvieron muy grave”, comentó la abogada.

Lozano explicó que Llanos y el menor de los Benítez “eran partícipes necesarios respecto a la privación ilegítima de la libertad agravada. Eran quienes quedaban a cargo de vigilar a las chicas cuando Fernando no estaba, eran quienes cuando les pedían agua les decían que no, cuando la madre de Aldana quería ver a su hija le decían no está, eran quienes facilitaban a Fernando que pueda llevar adelante estas atrocidades”.

Hoy las chicas “están tranquilas de que se hizo justicia, se las escuchó, se probó el calvario que vivieron y pudieron hablar. Les costaba muchísimo. Lo dijo el psicólogo de la Asesoría Pericial: tenían la psiquis arrasada. Fue una frase impactante para todos, explicó que no esperen un detalle pormenorizado con detalles de día y hora y fue así, los recuerdos son fragmentados, van apareciendo de a poco”.

“Antes del debate las habíamos juntado. Ellas no se veían desde que estaban encerradas y cuando se vieron se reconocieron como víctimas y afloraron los recuerdos. Entre las dos se fueron acordando lo que vivía la otra porque ellas eran testigo de lo que le pasaba a la otra. Fue fructífero ese encuentro porque sirvió para que pudieran recordar lo que estaba bloqueado, el cerebro bloquea los malos recuerdos, contar todo eso es revivirlo. Pero ahora están más tranquilas”, dijo Lozano.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez realizó ayer una reunión informal con las partes involucradas en la causa que investiga la contaminación del estuario. Fue en respuesta al fallo de la Cámara Federal que en junio ordenó la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

“Explicó el motivo de la audiencia, que estábamos la parte querellante, la Fiscalía y el poder judicial y que vemos con buenos ojos que este conflicto finalice con un acuerdo, no imponer una sentencia obligatoria que tal vez sea de difícil cumplimiento”, comentó Lucas Beier a FM De la Calle.

El abogado de los pescadores artesanales agregó que “se trata de solucionarlo hablándolo con ellos que son los que saben qué tecnología podría utilizarse, lo que paulatinamente podría mejorarse. De parte del Consorcio (del Puerto) quedó en proponer nuevas reuniones para llegar a algún acuerdo”.

Mega y Dow apelaron semanas atrás la resolución de la Cámara Federal y ante el rechazo recurrieron en queja ante Casación para que resuelva si una medida cautelar es apelable o no. “El fiscal interpreta que está en suspenso todo el procedimiento hasta que Casación resuelva”, dijo Beier. A pesar de la informalidad de la reunión, destacó que “concurrieron todas las partes, de hecho vinieron abogados de estudios jurídicos de Buenos Aires que no conocía ni habían venido nunca”.

En cuanto a la posibilidad de avanzar sobre las responsabilidades penales por parte de autoridades de las empresas y organismos denunciados, el abogado explicó que “las penas no son altas, según lo que prevé la Ley de residuos Peligrosos o el Código Penal, salvo que haya muerte que en este caso ni siquiera está denunciado, posiblemente se deje en suspenso la persecución penal de los directores en caso que se llegue a un acuerdo”.

“Lo que no quita la responsabilidad civil de los directores y las empresas. Sería como una especie de acuerdo que en el fuero provincial es bastante más común donde hay penas bajas. Que haya una acuerdo y dejar en suspenso la pena”, agregó.

Consultado sobre la tecnología que podría aplicarse para la recuperación ambiental del estuario, Beier aseguró que, “salvo el representante del Consorcio, ninguno ha manifestado interés en que esto avance aunque, esto es una interpretación propia, al haber concurrido a una citación informal creo que hay un interés en hablar esto. Las causas han avanzado bastante, la resolución de la Cámara fue importante en reconocer la contaminación y que algo hay que hacer y, además, estamos muy cerca de la sentencia del juez López Cóppola que creemos que va a ser condenatoria, que va a ser reconocer la contaminación”.

En el marco de la campaña electoral el gobierno provincial inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales. “Previo a que empiecen con esa planta se había dictado una medida cautelar en la que ordenaba a la provincia a hacerla. (…) Ayer fue un representante de ABSA junto con un técnico y explicó que es lo que hay: tratamiento primario, secundario y terciario y faltaría el cuaternario como para poder usar ese agua para tratamiento industrial”.

“Es un proyecto interesante porque ABSA directamente dejaría de arrojar agua al estuario y evitaríamos que se siga utilizando agua del dique. Abiertamente ayer no lo dijeron pero sé que hay interés de algunas empresas de poder finalizarlo”.

Por último, Beier informó que la causa civil que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo ya fueron presentados los alegatos de las partes y se solicitó el dictado de sentencia. “El juez tiene que dictar un auto, eso puede llegar a ser apelable. Hasta ahora no lo ha dictado, si se apela va a demorar un poquito más pero si no se apela el juez tiene que dictar sentencia”.