“Cuando comenzamos a investigar el fallecimiento de Dai había gente que me mandaba mensajes, se acercaba con información, me llamaba contando cosas que por ahí no tenían relación estrecha con la muerte de Daiana pero sí con la corrupción”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri.

La madre de Daiana Herlein declaró ayer en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para trabajar en el cementerio.

“Me llegó que les habían pedido una coima, los extorsionaban con que si no pagaban esos 50 pesos no podían seguir trabajando”, recordó. 

Zerneri comentó que “algunos (de los albañiles) se tuvieron que ir porque se iban endeudando, por aquellos años un trabajo salía 150 pesos con materiales y obra y de ahí tenían que pagar 50 pesos para trabajar. Entonces, se iban endeudando. Cuando no tenían para pagar se tenían que ir, se quedaban sin trabajo. Después de eso algunos volvieron y están trabajando actualmente”.

“Yo creo que por algo no se habla de eso, creo que quizás tiene que ver con que Caramelli anda suelto por la calle y tiene ese beneficio tan raro que otra gente con problemas de salud mayor no tiene. Nadie controla cómo va esa enfermedad, salió ayer con la manos en el bolsillo como uno más. Creo tiene que ver con esto de si la plata iba para arriba. Alguien está protegiendo para que no se hable “.

Finalmente, señaló que “tuvimos dos reuniones con Héctor Gay apenas asumió, cuando se comprometió a colaborar. Era solamente tener a la vista los sumarios que se habían hecho a raíz de la muerte de Daiana, en una de ellas estaba presente la doctora Karina Mahón, que nos manifestó que ellos no estaban para investigar gestiones anteriores sino para gobernar. Yo entiendo que es correcto que están para gobernar pero también deberían haber mostrado algún tipo de colaboración, eso no sucedió”.

Un nuevo juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo comenzó esta mañana. Están acusados por extorsionar y pedir coimas a albañiles para trabajar en el cementerio entre 2007 y 2010.

“Aún no hemos avanzado con los ‘otros’, los que creen que zafaron, los delincuentes que han podido quedar al margen de la Justicia con la ayuda de los ‘padrinos’, el poder y el dinero, pero van a caer, sólo es cuestión de tiempo”, dijo Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein.

Caramelli ya fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio de la joven fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza. Además, junto a Pombo también fueron sentenciados por cohecho y extorsión contra un comerciaente de Parque de Mayo.

Caramelli recibió entonces una pena de siete años de prisión, la cual cumple en su domicilio por ser diabético, y Pombo fue castigado con 3 años y 6 meses como partícipe necesario.

“Esto pasó en nuestra ciudad, mientras todos lo sabían y festejaban. Poco a poco el tiempo va demostrando que nuestro lema ‘la corrupción mata’ no es sólo una frase hecha.
La corrupción instalada en los gobiernos de Bahía Blanca, mató a Dai. Muchas de las personas que integraron e integran el gobierno de la ciudad, mataron a Dai. Y no es sólo el Ejecutivo, es el Legislativo y el Poder Judicial”, afirmó Zerneri.

La denunciante agregó “pasaron cinco años y cinco meses y sin embargo la muerte de Daiana sigue vigente, porque el desinterés de muchos en investigar, la complicidad en tapar y esconder, el olvido, la nueva oportunidad que se le brinda a muchos funcionarios que colaboraron y fueron cómplices de su homicidio, sigue intacta en el poder, que nunca cambia, sólo va mutando”.

“Y aunque parezca que hicimos mucho, no fue así, sólo hemos podido probar algunos delitos cometidos por estos dos sujetos delincuentes de poca monta, pero hay mucho más, que tiene que ver con ellos, con delitos federales, donde es muy difícil entrar, porque ahí también habita la corrupción”.

Se cumplió el primer aniversario de explosión de la Escuela 49 de Moreno en la cual se produjeron los asesinatos laborales de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

La docente morenense Andrea Blanco visitó Bahía Blanca para acompañar la proyección de la película “Escuela Bomba”.

“No fue un accidente porque se pudo haber evitado si garantizamos la condiciones en las que se trabaja y se aprende. Si bien sucedió ahora, en este gobierno, no son cosas de ahora. Aunque Vidal es responsable. Las malas condiciones de infraestructura de las escuelas preceden a este gobierno, negligencia y múltiples causas que se podrían haber sido evitadas”, dijo Blanco en FM De la Calle.

Agregó que “lo que pasó luego de la explosión fue lo que se pudo construir colectivamente, eso tiene una potencia tremenda, las cosas se fueron desarrollando por la masividad del conflicto. El primer día se suspendieron todas las actividades, fue el dolor y la certeza de que cualquiera de nosotros podría haber sido Sandra y Rubén”.

El distrito estuvo casi seis meses con suspensión de clases.  “Empezamos mayoritariamente el ciclo lectivo 2019, la mayoría de las escuelas sin gas. A una escuela céntrica le habían puesto aires acondicionados para calefaccionar y cuando empezó el frío empezaron a estallar las instalaciones eléctricas”.

En Capital Federal, las autoridades del cine Gaumont censuraron el estreno del film: “Teníamos fecha, estaba en agenda y dos días antes nos dicen que no iba a salir. Eso generó toda una situación alrededor de la película. El director es Juan Mascaró, tuvo la cintura de decir ‘la pasamos en la calle’, y eso tuvo un efecto interesante. Queremos que el documental resulte una herramienta para poner luz a la situación de la provincia y del país, porque no se distancia lo de Moreno con el resto de las localidades”.

“Escuela bomba” es una producción independiente del Departamento de Educación de la Universidad de Lujan, “sin un solo peso, con una cámara prestada”.

Blanco señaló que “intentamos en 68 minutos reflejar lo que los distintos colectivos piensan, el impacto de los asesinatos, la muerte, la explosión. Todo lo que vino después, lo que pasó con la película es análogo a lo que pasó con la explosión”.

“Sandra y Rubén fueron dos compañeros muy comprometidos en su organización sindical y en su labor. Muy comprometidos con su trabajo, con esa escuela y con la comunidad. Su compromiso social habla de ellos como laburantes, como sujetos históricos. Y si no fueran así también deberíamos estar haciendo esto por cualquier trabajador que muere tratando de ganarse la vida”.

La docente comentó que “judicialmente el que tiene algún costo es el gasista, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Claramente los responsables son los gobernantes, sin embargo, ellos no pagan ningún costo”.

“En Moreno los padres han sacado a cachetazos a (el Director General de Cultura y Educación, Gabriel) Sánchez Zinny de la escuela, hay mucha irritabilidad ganada, eso está y tiene su efecto político. Ninguno tiene causas ni procesos judiciales por esto”.

Por último, Blanco señaló que “si Sandra estuviera viva estaría pagando los costos de la explosión porque siempre somos los trabajadores los que pagamos los costos”.

La sorpresa fue compartida con emoción y alegría por buena parte de la sociedad bahiense el 12 de septiembre de 2012, cuando se conoció la primera sentencia contra crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.

No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.

Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.

“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.

“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.

El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.

“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.

Repudio en la calle

El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.

“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.

Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.

“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.

“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.

El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.

La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.

“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.

Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.

Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.

Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.

“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.

El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.

Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.

“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.

Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.

La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.

“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.

La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.

El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.

La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.

El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.

La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

No estuvieron por cuestiones de salud:

Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.

El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.

Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

 Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

El ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, Santiago Maiz, es uno de los peritos convocados por el fiscal que interviene en la investigación de la explosión ocurrida el 28 de junio en la planta de Dow.

Esta mañana explicó en diálogo con FM De la Calle los alcances del informe realizado en base a la inspección ocular realizada dos días después del incidente y a la documentación entregada por la multinacional.

El documento fue firmado también por los ingenieros Daniel Ziegler y Mauro Puccinelli (UNS) y por el perito Andrés Medina. Los expertos concluyeron que al “error humano” se sumó la ausencia de una válvula de seguridad en el equipo V907.

¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas?

Lo que pasó fue que por el corte de luz del fin de semana anterior la planta se detuvo y lo que se hizo fue poner en servicio ese sector. En los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente que y al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara.

¿Cuál fue el impacto en la planta?

Como es una instalación de vapor que funciona con alta temperatura, son equipos, cañerías y tanques que están aislados térmicamente y recubiertos con chapa de acero inoxidable delgadas y entre la chapa y los diferentes elementos hay una capa de aislante, eso estaba todo destruido, y el equipo en cuestión era una chapa torcida, uno miraba y decía eso era el tanque.

La explosión fue tremenda. La chapa del tanque tenía casi un centímetro de espesor, en la explosión pegó contra una brida y era como si hubiese calcado la forma de la brida la chapa del tanque. Hay una foto espectacular que sacó Dow donde uno puede ver la violencia o la energía que tenía ese tanque acumulada cuando explotó.

¿Eso implicó alguna consecuencia respecto de algún otro tipo de procesos más allá del que involucra agua a o vapor?

No. Ese tanque estaba en un lugar rodeado de, no sé si se hace así a propósito, pero estaba contenido por la misma estructura, las mismas cañerías y otros equipos. Por ejemplo, al lado del tanque había un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy pesado, que obviamente lo bajó de su pedestal pero que lo que hizo fue contener la explosión. Está muy protegido por la misma instalación. Supongo que tiene una lógica dentro de la instalación, cuando uno hace una planta también hace un estudio de riesgos.

Cuando el fiscal les pregunta respecto de la expansión del daño, hablan de una distancia de 35 o 40 metros del recipiente y, en segunda instancia, mencionan que el primer sector con materiales inflamables estaba a más de 50 metros. 10 metros parece muy poco. ¿Qué conclusión tienen respecto del riesgo de que esa explosión pudiese haber afectado algún otro tipo de proceso?

Lo que observamos es que en una zona primaria, 10 o 15 metros, esa explosión hubiese sido fatal si había una persona en ese lugar por la cantidad de líquido, la cantidad de agua a alta presión y temperatura. Y en un radio de 35 o 40 metros la explosión hubiese sido de alto riesgo por la cantidad de partículas proyectadas, válvulas, bridas que explotaron y fueron esparcidas.

La zona de caldera está a unos 50 metros, es lo primero que se encuentra con combustibles y llamas, lo que podía haber llegado a pasar es que golpeara algún proyectil, expulsado por la misma explosión, y que podría haber causado la ruptura de alguno de los equipos que trabajan con gas o llama. De ahí a que se forme una reacción en cadena hay una probabilidad que es muy baja porque tendrían que suceder una serie de eventos y que eso se traslade a otro lado.

¿Daño por fuera de la planta hubo?

No.

¿Y riesgo?

No, riesgo tampoco porque una de las cosas que nos preguntaban  era si podía haber desencadenado alguna reacción en cadena o fuga de material tóxico. En el lugar donde explota el tanque es solamente cañería de vapor que se utiliza en diferentes procesos, a diferentes temperaturas.

Todo lo que había era agua, que es tratada químicamente, se le quitan minerales o partículas que pueda tener, porque ese vapor se utiliza para mover turbinas de vapor o para diferentes procesos donde ese agua debe tener una calidad muy alta y debe ser baja en oxígeno para que no produzca corrosión. Pero no representa un grado de toxicidad que pueda comprometer a alguien.

Yendo a las causas, el informe de la empresa que aceptó el CTE, puso el foco sobre un error humano, que no se abrió una válvula en la puesta en marcha post corte de energía. ¿Comparten esa hipótesis?

Sí, hay un error humano en los pasos del procedimiento de la puesta en marcha. Si uno sigue esos pasos es imposible que el tanque esté conectado a una fuente de presión y que no tenga una salida o escape. Pero además de ese error humano, que es una válvula que no se abrió para liberar el vapor que entraba, ese equipo no tenía válvula de alivio de presión. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano porque en lugar de explotar el tanque se hubiese activado el sistema de seguridad.

¿Qué quiere decir que no tenía esa válvula? ¿No estaba ocasionalmente o nunca la tuvo?

No figura en los planos que hubiese una válvula de seguridad ahí. Desde el diseño no fue contemplada.

Ustedes citan una documentación del fabricante del recipiente que dice que debe tenerla y que se debe encargar la empresa de ponérsela.

Ese tanque fue fabricado bajo la norma ASME VIII División 1, que es una norma estadounidense, acá se usa una norma similar. En esa norma hay un apartado de los sistemas de seguridad que abarca y dice claramente que todo lo que es recipiente a presión debe tener un dispositivo de alivio de presión.

En todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad, hace diferenciaciones si el recipiente está expuesto a la llama o no, pero en todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad. Dice que no es necesario que lo provea el fabricante pero sí lo debe instalar quien lo utiliza. Desde la puesta en marcha debe tener un dispositivo de alivio de presión.

¿Hace cuánto tiempo funcionaba este equipo en Dow?

El equipo tiene fecha de fabricación del año 99.

¿Desde entonces estuvo funcionando sin esa válvula?

Claro, ese equipo se fabricó en el 99 y debe haber sido instalado en ese año o al año siguiente.

¿Desde aquel entonces hasta aquí no hubo un organismo de control que advirtiera esa situación?

No, porque generalmente cuando uno fabrica bajo esas normas debe acatarlas. Uno cuando vende su producto dice que su planta está bajo norma ASME VIII, mismo lo exige el comprador. Eso queda a cargo de la empresa.

Esa válvula, aun habiendo error humano, ¿hubiese impedido la explosión?

Claro, esa válvula hubiese liberado el exceso de presión.

Hacen una sugerencia de no puesta en marcha o habilitación de la planta hasta que esto no esté resuelto…

La misma norma con la que fue fabricada la planta indica que en el caso que haya algún incidente se debe cambiar todo a nuevo. Es porque uno debe tener 100% de confiabilidad en los equipos que está poniendo para que no vuelva a suceder. Todos los equipos que estaban en un radio de 35 a 40 metros se deben cambiar a nuevo o, en el caso que sea un equipo muy caro, debería revisarse por completo.

La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.

Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.

El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.

“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.

Expansión del daño y riesgos

Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.

“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.

En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.

“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.

No había válvula de seguridad

“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.

Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.

El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.

“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca realizará el 4 de septiembre la audiencia preliminar del debate oral en la causa que investiga crímenes de les humanidad ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Cinco integrantes de la Triple A serán juzgados por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo.

Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Por otra parte, se espera que el juez federal Walter López da Silva defina la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti.

Al momento de ratificar los procesamientos de los miembros de la patota que llegarán próximamente a juicio, la Cámara de Apelaciones destacó la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

Para los camaristas, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”.

Señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Años atrás, los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron además el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Durante el 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

El dato se desprende del informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos presentado ayer en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Del relevamiento participaron además la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA.

“Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención”, manifestaron.

Agregaron que “la profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad”.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70% son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas.

En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

“Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”, aseguró la CPM.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel afirmó que “a pesar de la gravedad de estas cifras, son sólo un registro parcial, las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención”.

El tribunal oral leerá el veredicto del segundo tramo de la causa Armada el próximo miércoles 28 de agosto por la mañana. Dos días antes, los genocidas serán trasladados por primera vez al Aula Magna de Colón 80 para decir sus última palabras.

“A este juicio nunca fueron traídos, lo siguen por videoconferencia. Están todos con prisión domiliciaria, la mayoría en Buenos Aires, salvo tres casos que están en libertad”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

El debate giró en torno a los secuestros, torturas y homicidios cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano contra 64 víctimas, casi un tercio de cuales continúan desaparecidas.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas. El miércoles 14 será el turno de las réplicas y dúplicas en la sede del TOF de Chiclana y Lavalle.

Fermento comentó que las defensas hicieron los planteos habituales, entre otros puntos, cuestionaron la calificación de genocidio y se opusieron a la ampliación de la imputación por delitos sexuales.

“Solicitamos que se revoquen las domicilarias en función del dictado de la pena. Es una de las cuestiones a las cuales se opuso la defensa. Queda a criterio del tribunal. Consideramos que de dictarse la condena aumenta la expectativa de que esa pena quede firme, recordemos que hasta que no se agotan las instancias de revisión el imputado sigue como imputado y no como condenado”, explicó.

Roberto Daniel Carmona, prófugo en la causa por la estafa habitacional de DyF, fue detenido el viernes. El condenado a nueve años de prisión se hacía llamar “Ronnie Standford” y actuaba y dirigía una obra de teatro infantil.

“Fue identificado por un ex empleado al que le debía un dinero, hay una suerte de venganza. Fue a la policía y le aportó los datos. El contexto de las detenciones de Díaz Flaqué -capturado en un operativo de tránsito- y de Carmona son ajenas a la causa. Son situaciones muy específicas”, comentó el abogado Maximiliano Gorg.

La investigación judicial por la que fueron condenados reveló que el modus operandi consistía en presentar un fideicomiso, vender los terrenos y contratar a constructoras. Sin embargo, los clientes jamás recibían la propiedad y a los contratistas les entregaban cheques sin fondos de compañías quebradas.

“Se va aquedar en una prisión de la provincia, en definitiva no hay necesidad que venga hasta aquí, cualquier unidad penal sirve para el cumplimiento de esa pena de nueve años”.

El titular del fideicomiso DyF, Sergio Favretto, fue detenido en Brasil semanas atrás y aun debe ser juzgado en nuestra ciudad. Gorg señaló que “se mandó a través de Cancillería el exhorto pidiendo la extradición, traducida al portugués, para que autoricen el traslado a Bahía”.

Desde el punto de vista patrimonial de las familias estafadas, el abogado comentó que “no hay cambio alguno con respecto a lo que ha sucedido. Hay algunos que han tomado o intervenido la administración de los fideicomisos, buscándole una alternativa en ese sentido, pero más del 90% no va a poder recuperar nada”.

Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.

“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.

“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.

“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.

Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.

La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía a estudiantes que se manifestaban por la aplicación de la ley que establece el boleto educativo.

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, manifestó que “se ha instalado una práctica derivada de la detención por averiguación de identidad o antecedentes y su regulación, que derivó en un uso más extendido de la resistencia a la autoridad como herramienta a la detención”.

“Tienen como herramienta no tomar declaración en las primeras horas, motivo por el cual una persona se pasa 24 o 48 horas en una dependencia policial. Son multipropósito, se las usa en manifestaciones públicas, cuando alguien quiere interpelar a la policía por la detención arbitraria, para el uso indiscriminado de la fuerza”.

Pomares explicó que “la presencia de personas en una manifestación en un lugar no constituye ningún delito sino un derecho que es el de peticionar a las autoridades. No es cualquier derecho sino que es la base del sistema republicano de gobierno. Es, constitucionalmente, el principio fundamental de la organización democrática, de ninguna manera pueden interferir en un acto así”.

El abogado señaló que “hay un aval generalizado del despliegue policial en los territorios que está acentuado en el control de determinados sectores, que suelen ser los sectores de los más jóvenes y los más populares que participan en acciones que confrontan a los poderes políticos”.

“Esto es con el apoyo de distintas órbitas políticas: provincia, nación y municipios que insisten en exacerbar una seguridad pública sustentada en un despliegue policial. Cuando uno delega esas tareas en el control policial, la policía lo hace con los manuales que tienen incorporados en sus rutinas de control territorial que son las prácticas violentas”, comentó.

Pomares concluyó que “nos preocupa el personal no identificable, que sea una práctica extendida que no tiene ninguna justificación, porque el personal policial que participa de una actividad pública lo hace -en el mejor de los casos- en prevención del delito no en el marco de una investigación que requiera algún tipo de tarea de inteligencia de civil. La realización de tareas de inteligencia está vedada por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.

El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.

Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.

“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.

“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.

Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.

En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.

Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.

“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.

“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES  lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.

Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.

Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.

“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.

Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.