Luego de la absolución de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual, desde “Bahía contra la Trata” solicitaron que las autoridades nacionales y el Consejo de la Magistratura incorporen la perspectiva de género como requisito para la futura conformación del Tribunal Oral y la Fiscalía de juicio.

Gabriela Galetti dijo a FM De la Calle que apelan a “la no naturalización de la explotación” y agregó que “muchas veces la explotación sexual tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres que habían sido sometidas, con la falta de oportunidades, con el silencio y con la complicidad”.

La organización reclamó que el fiscal Santiago Roldán apele el fallo de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu “para que estas causas avancen” y que la justicia “actúe con celeridad”. “Por ejemplo en la causa del club Kaos, que todavía no se elevó a juicio” y que involucra a Víctor Hugo Iglesias, uno de los absueltos.

“Consideramos que ya hay un inicio en el cambio cultural. Como sociedad tenemos que evitar la naturalización y que los proxenetas sean condenados. La ley de Trata es del 2008, recién en 2012 se establece el tema del aparente consentimiento porque hay que ver las oportunidades que tuvieron esas mujeres. El consentimiento no quita que se esté cometiendo un delito por parte del tratante. Esa complejidad también tiene que darse desde la justicia”, comentó Galetti.

Señaló que pretenden un pacto social: “Nos preguntamos: todo el sistema prostibulario que la sociedad bahiense conoce que existía en Ingeniero White, en la zona del puerto, en los cabarets, ¿era una ficción , un montaje que no existió?”.

Una absolución “no niega la realidad ni controvierte lo que toda la sociedad bahiense vio y calló por años”, concluyó.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

La ex diputada nacional Alcira Argumedo tuiteó luego de la renuncia del titular del Banco Central que “la Justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país”.

“Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con el FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central dónde dilapidó miles de millones de dólares”, amplió.

Minutos después, en diálogo con FM De la Calle, recordó que el Financial Times realizó a fines de 2017 una encuesta mundial preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del año 2017 y “el 7% de los lectores votaron que había sido el bono a cien años al 8% anual -hay que ver que hay un gran escándalo porque subió la tasa de interés de EEUU al 3% anual-“.

“Al poco tiempo de esa operación aparecen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panamá Papers, y ahí sale que el fondo de inversiones más beneficiado con el bono a cien años fue Noctua Partners, fundado por Luis Caputo y que a su vez le pertenece a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas”, agregó.

Argumedo afirmó que bancos como el JP Morgan, al cual presidió Caputo “hasta que entró a trabajar en la especulación finaciera”, con los fondos de inversión ganaron “miles de millones de pesos”. “Esto de que se fugan 50 mil millones de pesos, no! Van amanos de estos sectores”.

“Este caballero ha hecho negocios descomunales”, destacó la socióloga y mencionó la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los amigos presidenciales Joe Lewis y Marcelo Midlin compraron acciones de Petrobras Argentina “avalados, entre otros, por Caputo que estaba en el consejo directivo”.

Las adquirieron “a 10 dólares la acción con tal buena suerte que a la semana estaba 18 dólares la acción. Una ganancia de 80% en cinco días y una pérdida para la ANSES del 80% en este rubro y después dicen que hay una crisis. Esto no es una crisis, es un brutal saqueo por parte de los sectores especulativos”, concluyó.

Caputo fue reemplazado al frente del Banco Central por Guido Sandleris, ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. Durante 2016, se desempeñó como subsecretario provincial de Finanzas.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

En los meses que siguieron a la desaparición de Santiago Maldonado se cometieron apelando a la supuesta búsqueda de pruebas atropellos y abusos de violencia institucional en distintas comunidades aledañas a la zona de Esquel.

Moira Millán respondiendo a su rol de weichafe mapuche (guardiana, defensora) perteneciente al lof (comunidad) Pillán Mahuiza (Chubut), acompañó a integrantes de la comunidad Vuelta del Río al Juzgado Federal de Esquel para exigir el cese de tal burdo hostigamiento y la renuncia inmediata del juez a cargo de los allanamientos Guido Otranto.

Estos reclamos se realizaron de manera pacífica durante toda la jornada tal como registraron los medios de comunicación allí presentes.

A días de este evento Moira Millán recibió violentas amenazas de muerte por teléfono y un permanente hostigamiento por parte de las fuerzas policiales.

Moira Millán, madre y sostén de sus cuatro hijos, desde los 21 años ha recorrido el país conociendo las comunidades de 36 naciones originarias que habitan nuestro territorio, sus realidades y problemáticas. Su lucha abarca desde la defensa de los territorios, los derechos de las mujeres indígenas y el equilibrio y reciprocidad con la naturaleza. Este camino la ha llevado junto con otras ha conformar el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

El 26 de junio Millán fue notificada que por orden del juez Guido Otranto ella era la única imputada bajo la figura de “coacción agravada” por los hechos sucedidos el 20 de septiembre de 2017 en el Tribunal de Esquel anteriormente detallados.

“Nuestra lamngen (hermana) deberá presentarse a declaración indagatoria por un delito inventado que está penado de entre dos y cuatro años de prisión el miércoles 19 de septiembre de 2018 en el Juzgado Federal de Esquel”, informaron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

#ReclamarJusticiaNoEsDelito

Contacto para prensa: Evis Millán +5492915745857

Mail: [email protected]

FB: Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

(Por Giuliana Crucianelli) Ayer en las inmediaciones del Congreso hice cola para todo porque nada alcanzaba.

Fui a un baño que encontré y por supuesto no era la excepción. Las chicas que estaban adelante mío estaban comentando que una conocida se hizo un aborto con misoprostol con recomendaciones de una médica que le había dicho “ponete dos en la boca y cuatro en la vagina” y comentaban que por suerte funcionó.

Yo, que estaba inmediatamente atrás de estas pibas, no pude disimular mí cara fastidio y asombro, ellas respondieron con una risa nerviosa y me miraron. Es muy peligroso hacerlo de esa manera, les dije. Son 12 pastillas. 4 cada 3 horas, debajo de la lengua. Siempre en la boca. Y esperar media hora a qué se disuelva. Y que te produce ? Me preguntó una. Contracciones, le contesté. Son como cuando tenés cólicos, ubicas ? Dolores que van y vienen. Podes tomar ibu.

Y por qué entonces le dijo eso la médica? Preguntó una.

Y, que se yo. Tal vez por ignorancia o porque quería darle una lección. Cómo un castigo, le respondió la otra.

Si, dijo la de al lado. Cómo un castigo. Nos quieren castigar por ser mujeres. Nos quieren obligar a la muerte. Por qué imagínate que le pasaba algo ? Ella hizo lo que le dijo un médico. Qué se iba a imaginar que era falso. Eso quieren: castigarnos.

Yo permanecía en silencio mientras ellas dialogaban conmigo y con ellas mismas.

Ojalá que salga esta ley, yo estaba en contra hasta que me enteré que mí mejor amiga abortó y nunca me lo dijo porque sabía lo que yo opinaba. Y lo hizo sola, sin mí digamos, porque sabía cuál era mí opinión. Y la pasó re mal. Fue el cierre de una de ellas hasta que una voz nos interrumpió: Che, chicas, ustedes están en la cola del baño? Si, le decimos a coro.

Acto seguido ellas entran al baño, yo me quedo esperando.

Cuando se van me dicen, ojalá que salga esta ley. Así mí amiga ya sabe que cuenta conmigo.

Y la otra responde: y con un montón de pibas más.

Y así como nosotras hablamos de aborto en la cola de un baño público, otras lo hacen en la cola de un supermercado, esperando el bondi, en el recreo de la escuela, en el aula tambien. En la oficina, en el campo, a la salida de misa, en la cola del banco, en el mate de la mañana.

Está marea verde logró sacar a los abortos de clóset. Logró poner nuestra subjetividad en primer plano. Logró que podamos decir que abortamos sin temor a ser juzgadas, sabiendo que hay alguien allá afuera o acá adentro que nos va a entender.

Esa es nuestra victoria, como así lo es el movimiento de pibitxs organizadxs e independientes que aprendieron de política y organización con esta ley. Estoy segura de que en las próximas elecciones no se van a olvidar la cara ni el nombre de lxs senadores que avalaron el aborto clandestino y que nos despreciaron abiertamente frente a los ojos del mundo.

Nuestros cuerpos son políticos, nuestros abortos también. El feminismo logró politizarlos y ponerlos en el medio del asunto. Discutan esto. Por qué discutir aborto si o no, no es válido.

Nuestros abortos no vuelven más al clóset.

#VaASerLey

Mientras tanto en Bahía Blanca…

El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra a Germán Sasso, Guillermina Machado y Patricia Díaz, periodistas radio La Brújula.

La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos.

En esa misma emisión, la producción del programa, se comunicó con Yáñez, quien se negó a salir al aire argumentando que los bolsones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados eran distribuidos por los centros de jubilados inscriptos ante este organismo y, por ende, la sociedad de fomento no tenía competencia alguna en el tema.

Según la transcripción del archivo de audio del programa que detalla la denuncia, el periodista -sin investigación previa- dictaminó: “Bueno que nos diga cuál es la sociedad de fomento, así denunciamos públicamente a estos chorros de mierda que le están afanando a los pobres… (…) Esto es un curro de algún puntero político, o de alguien que está ahí, o de alguno que está en la sociedad de fomento, algún ladri. (…) El nuevo robo… O sea se van modernizando en el choreo estos hijos de puta… (…) Eh… Podemos llamar en vivo, eh… ahí tenemos un teléfono de un representante… de un fomentista de Villa Nocito… Uno de los acusados. A ver, llamemos en vivo al Sr. Marcos Yáñez, está a cargo de la sociedad de fomento de Villa Nocito, a ver si está cobrando los bolsones… (…) Ahí está. Los chorros de Villa Nocito. El señor Yáñez, eh. El tránsfuga. Ya lo hemos denunciado públicamente”.

Marcos Yáñez dijo a FM De la Calle que “nos sentimos muy injuriados por el periodista. El Centro de Jubilados está a tres cuadras de la Sociedad de Fomento. Sin decirme que iba a salir al aire, yo me había negado, me sacaron diciéndome que era parte de un sistema de corrupción donde le robaba a los abuelos y yo le decía que entendía que no. Traté de explicarle de alguna manera que ese bolsón primero es de PAMI y que la Sociedad de Fomento no tiene nada que ver”.

La querella transcribe además la conversación que Sasso mantuvo en programas posteriores con Francisco Díaz Martínez y con Liliana Ciaccio, director y coordinadora de PAMI, respectivamente. Ambos aseguraron no haber recibido ninguna denuncia formal o anónima sobre la situación.

“Él se ensañó con nosotros y empezó a injuriarnos, a decirnos malas palabras, a putear al barrio. Y lo que uno no está preparado es para el público que lo oye al señor Sasso, porque la gente empezó a putearnos a nosotros como creyéndole al cien por ciento lo que estaba diciendo y nosotros lo único que le decíamos es que viniera a ver, que averigüe bien, que haga una mínima investigación, porque para él eran todas verdades las que decía, no usaba infinitivos, usaba los verbos más duros. Sus únicas pruebas eran unos mensajes de whatsapp que le enviaban y para colmo esos mensajes eran de otros barrios. Le buscaba la vuelta a todo como para decir que son unos chorros, y son abuelos”, agregó.

El Centro de Jubilados de Villa Nocito tenía 55 socios/as y actualmente reparte 280 bolsones aproximadamente. Según comentó Yáñez, luego de las acusaciones de Sasso, perdieron 15 adherentes. “Es como que le tienen todos miedo a Sasso, a nosotros nos hizo quedar mal y a PAMI no le importó quedar mejor. Los abuelos están ofreciendo un servicio gratuito para PAMI y lo hacen porque acá hay una necesidad enorme”.

Tanto las calumnias como la deshonra, no se constituyen como delito si la acusación es asunto de interés público. Respecto a este tema la denuncia presentada por Yáñez y su abogado Emiliano Tellechea, diferencia entre “interés público” o “interés del público”. En el caso, se aplicaría este último concepto en relación al interés de la audiencia del programa Bahía Hoy.

“¿Cómo es que los representantes del Interés Público no ejercieron acción alguna en su defensa? Claramente, porque no hay interés público comprometido. Tanto es así que la jurisprudencia bonaerense ha dicho: ‘No comete el delito de calumnia quien se limita a la promoción de una investigación administrativa, con la finalidad de determinar la existencia de supuestas irregularidades imputadas a los querellantes. Pero ni siquiera eso ha tenido lugar”, advierte la querella.

No es la primera vez que el denunciado tiene problemas con la interpretación del concepto. En 2009 fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto.

El magistrado probó en la causa 5375 que Sasso reveló al aire la identidad y domicilio de trece pibes y pibas en conflicto con la ley penal, acción prohibida por el art. 94 quater del Dec. Ley 8031.

El argumento del condenado en aquel entonces fue que “más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”. En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal ratificó la sentencia, tras lo cual Sasso recurrió a los buenos oficios de sus padrinos políticos para que la causa muera en un cajón de la Suprema Corte bonaerense.

Las cinco mujeres del Frente Feminista Nacional y Popular que habían sido detenidas anoche por estar pintando un paredón lindero con un terreno baldío, fueron liberadas cerca del mediodía de este martes.

Por la mañana, un grupo de personas se autoconvocó en laFiscalía General de Gorriti y Vieytes y pidió la liberación de las compañeras.

Maggie Itten, una de las cinco detenidas, habló tras su liberación y sostuvo que “nos habían dicho que nos iban a largar las dos de la mañana,  entonces cuando se hacían las siete u ocho nos preocupaban porque no sabíamos que podía pasar”.

Varias organizaciones bahienses repudiaron las detenciones y exigieron la libertad de las mujeres. Desde la CTA y en diálogo con FM De la Calle,  Dante Patrignani comentó que “no es un hecho aislado, los permisos que ha dado el gobierno y su ministra de Seguridad, habilitan para que la policía haga cualquier cosa. La verdad que es un hecho aberrante”.

El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández  y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.

FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.

Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.

No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).

Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.

Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.

Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.

Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.

Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.

Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.

Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.

Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.

También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.

Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.

ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.

Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.

Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca: 

o    la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;

o   las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;

o   alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;

o   nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;

o   tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.

Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.

(Por Fernando Tebele para La Retaguardia)  El tribunal presidido por María Evelina García Balduini condenó a prisión perpetua por el crimen del joven salteño de origen guaraní, a los policías de Río Negro Sandro Berthe, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Quidel.

En una larga lectura de más de cuatro horas que comenzó hoy a las 10, el tribunal tomó casi todos los pedidos de los abogados de la familia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El fallo fue seguido en una sala colmada, por referentes de Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, familiares de víctimas de represión estatal como Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga) y Sergio Casas (papá de Matías Casas), entre muchos otras personas que acompañaron la causa.

La lectura completa pudo escucharse a través de una transmisión especial de Radio Zona Libre, la radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Radio La Retaguardia la replicó. A las 14:23 se escuchó la condena a perpetua que fue festejada en la sala. El actual embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, fue vicepresidente de la empresa Expofrut, la empresa para la que trabajó indirectamente Daniel Solano, cuyo cuerpo aún no fue encontrado. 

Los 7 policías que llegaron a juicio por el crimen del joven salteño Daniel Solano, fueron condenados esta tarde a prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el hecho de ser policías.

Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal (Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.

Su papá, Gualberto Solano, y otros familiares de Daniel, vivieron en un acampe en esa ciudad durante estos años de impunidad hasta llegar al juicio. Gualberto murió durante el juicio y no alcanzó a ver la justicia que llegó para su hijo, aunque según contó su abogado Sergio Heredia a La Retaguardia pocos días después de su muerte “Gualberto Solano murió sabiendo quiénes mataron a Daniel, cómo lo mataron y quiénes encubrieron”. La tristeza que lo llevó a la muerte hoy se mezcló, en muchas de las personas que lo acompañaron en la larga lucha, con la emoción de haber conseguido desarmar la trama de impunidad que hay detrás de su crimen.

El caso de Daniel Solano desnuda la trata de personas, explotación y violencia de todo tipo a la que son sometidas miles de personas que cruzan el país para trabajar en las peores condiciones como “golondrinas”, la manera en la que se conoce a los laburantes que vuelan kilómetros incontables para llegar a realizar esas tareas generalmente mal pagas, y poco tiempo después regresan a sus lejanos hogares.

Solano había viajado por segunda vez para realizar este tipo de trabajo. Con su entereza quiso organizar a sus compañeros tras asumir la estafa a la que estaban siendo sometidos. Eso le costó la vida, pero su muerte no ha sido en vano y hoy se levantan su nombre y su rostro como bandera para denunciar que, aún con esta condena, la situación de miles de personas en los campos de las grandes empresas agroexportadoras continúa siendo la misma. Lo que intentó ser una lección para el resto de los laburantes, quizá pueda terminar siendo la bandera que ayude a cambiar esa realidad.

Así como durante estos 7 años costó una enormidad denunciar que Solano estaba desaparecido, el actual gobierno premia a los empresarios de este tipo de empresas con las embajadas más importantes. Será interesante escuchar la opinión acerca de esta condena de Fernando Oris de Roa, nuestro representante ante los Estados Unidos. Aunque uno supone que quizá sea imposible.

Vale acotar que la emisión de la señal que nos permitió hoy escuchar la larga lectura de la sentencia, la generaron los integrantes de Radio Zona Libre, Fermín Martínez y Nadia París. Ambos están mencionados en el nefasto informe acerca de la RAM que generó hace unos meses el Ministerio de Seguridad de la Nación. A Martínez se lo acusa incluso por la participación en un supuesto hecho de sabotaje contra un pozo petrolero de la región. Hoy quedó claro que en realidad son culpables de hacer cosas peligrosísimas como la de esta jornada: difundir causas demasiado incómodas para el poder. Sus armas estuvieron a la vista de todo el mundo: consolas, micrófonos y cables que nos permiten informar lo que gente muy importante quiere ocultar.

Foto: Jóvenes por la Memoria.