La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal José Nebbia y revocó la resolución de primera instancia que denegaba el llamado a indagatoria al ex juez provincial Francisco Bentivegna, imputado por crímenes de lesa humanidad.

En su momento, los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Nebbia y Miguel Palazzani, habían imputado penalmente a Bentivegna, “en su actuación como juez provincial a cargo del Juzgado en lo Penal Nº2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, una omisión de actuación funcional (incumplimiento del deber de investigar, de proteger a la víctima y de reprimir a los responsables); y la actividad lesiva a la que aquellos comportamientos estaban conectados (secuestros, torturas, violencia sexual, ultimaciones, desapariciones, etc.).

Allí, señalaron que “garantizando indebidamente una no interferencia y evitación por parte de la justicia–… [el encartado] permiti[ó] la continuidad … [del] curso del plan delictivo (secuestro, torturas, abusos sexuales, ultimación), y … asegur[ó] la impunidad de los demás responsables”.

Tras la imputación, solicitaron que el acusado sea llamado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, la jueza federal de primera instancia se negó al pedido, “con base en que la evidencia aportada si bien permitía afirmar objetivamente la omisión del encartado de investigar los hechos denunciados (incumplimiento a sus deberes de funcionario público) era insuficiente para vincular dicho accionar con los comportamientos constitutivos de crímenes de lesa humanidad endilgados”, se detalla en la resolución de la Cámara.

Sin embargo, en el voto del magistrado de la Cámara Federal Jorge Ferro, al que adhirió la mayoría del tribunal, se señaló que “la declaración indagatoria es la primigenia oportunidad que tiene el imputado para que se lo escuche en el proceso, deviniendo, en esta inteligencia, la realización del acto que la dispone esencial para el desarrollo del proceso respecto de determinada persona, aunque el compareciente llegado el caso se niegue a declarar. En tal sentido, constituye el primer acto de defensa, voluntaria y personal en orden a las imputaciones que se le dirigen”.

Luego, precisó que “la calidad de imputado se adquiere desde el momento en que una persona es sindicada como autor o partícipe de un delito, momento a partir del cual se ponen en movimiento las garantías constitucionales”. Por esto, el juez Ferro destacó que, “una vez cumplido con el acto procesal de defensa material [en referencia a la declaración indagatoria], el juzgador tendrá la oportunidad de valorar la prueba obrante en contra del imputado […] y podrá adoptar una decisión de mérito sobre su situación procesal, o declarar la falta de mérito para procesar o sobreseer al encartado”.

Asimismo, especificó que el llamado a indagatoria, en primer término, “si bien es un acto privativo del juez –salvo las contadas excepciones que establece la norma procedimental–, en resguardo de la división tripartita del proceso penal, no podría oponerse a la petición de escuchar en indagatoria al sindicado, máxime cuando la instrucción se encuentra en cabeza del acusador público”. En segundo término, indicó que cuando el código procesal penal señala “motivo bastante” para llamar a indagatoria, “es sabido que no se requiere semiplena prueba, sino que constituye un presupuesto subjetivo del juzgador como para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, lo que no implica darle a la norma un alcance mayor ni asimilarla a las exigencias o motivos –elementos suficientes que prevé el artículo 306 para dictar el procesamiento del imputado”.

A continuación, aclaró que lo anterior “significa que existen elementos de juicio para valorar que él habría participado, de alguna manera, en el delito que se le enrostra hasta el momento y asimismo esa indagatoria, como medio de defensa que es, sirve para posibilitar su descargo material y al mismo tiempo, escuchar al indagado con la ventaja que está amparado con todas las garantías legales establecidas para esa declaración y además para investigar con los datos que pueda aportar”.

“Todo ello -concluyó el magistrado de la Cámara Federal- debe ser conjugado, al menos en el presente caso, sin perder de vista la particularidad de los delitos investigados –lesa humanidad– y que la investigación se encuentra a cargo” del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Marco Teruggi) Fue real. La espera, el trayecto, la entrada a la casa, verla ahí, en la cocina, la espalda de mi padre abrazándola, los segundos hasta encontrar su mirada, agarrarla entre los brazos, apretar, dejar de pensar, vivir. Fue real. Observarla sin hacer otra cosa, sin necesidad de decir nada, viendo cada lágrima, cada alegría. Quedarme cerca. Solamente eso. Como si con su presencia partiera todo el fuego del tiempo.

Por unas horas estuvimos junto a Clara Anahí.

Luego vinieron las preguntas. Las dudas. La palabra que no dice lo que debe. Los juzgados, lo que se sabe: papeles, exámenes, datos cruzados, negaciones. El vacío. El comunicado, deshacerse de los abrazos, las fotos, la felicidad, todo lo construido en su mirada que ya no fue nuestra sino ajena, por certeza, por necesidad.

Dejamos de ser la familia entera, el almuerzo del día siguiente a punto de ser hecho, la vida en Clara, la verdad en Clara, nosotros mismos en Clara. El tiempo volvió a ser tiempo, con sus cenizas siempre en la boca, en los silencios quemados. Sobrevivientes todos, como el país.

Volvimos al punto de inicio. El ataque, resistencia y caídos del 24 de noviembre de 1976, el botín de guerra, la muerte en la puerta de cada casa. 39 años de búsqueda. En su centro una mujer: Chicha Mariani. Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, del camino de reconstrucción de la identidad de un pueblo. Volvimos a la imagen del bebé en el cochecito, en la cama junto a Diana, en los brazos de su abuela Kewpie, esas fotos que nos habitan como campanadas cada día.

Todo se movió. Un error. Nada cambió en lo que debe ser hecho: encontrarla.

Otra certeza fue nuevamente confirmada: la época de la soledad quedó atrás. Miles y miles de mensajes, correos, imágenes compartidas, llamados, abrazos, voces de Argentina, del mundo. Gracias a una lucha colectiva que enfrentó lo que muchos no pudieron. Señalada por quienes nunca intentaron, se dedicaron a juzgar desde la tranquilidad de las sillas. Como siempre en la historia.

Siguen ahora las pistas. Las personas que se han acercado y continuarán haciéndolo pensando ser ella. La verdad de los resultados científicos. La construcción del país que revierta el proyecto impuesto por las clases dominantes con el genocidio. Que le quite poder a quienes lo concentraron a través de la matanza programada. Que juzgue y encierre a todos los responsables directos, indirectos, los que saben dónde están nuestros más de 300 hermanos, primos, sobrinos, nietos que faltan.

Quedan también los cuerpos. Todo lo sentido, llorado, esas horas en que por primera vez en 39 años el tiempo fue libre de su fuego. El respiro. Porque fue real. Tan real como saber luego que no, así no. Que Clara Anahí sigue en alguna parte, sin saber su nombre, su Kewpie, su Chicha, nosotros, todos. Devolverle su identidad será la posibilidad de ser más libres.

La encontraremos o nos encontrará. No hay duda.

Juan Martín Ramos Padilla, colaborador de la Fundación Clara Anahí, confirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) descartó el vínculo entre María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y la joven que ayer se presentó ante ella con un informe privado con el que aseguraba ser Clara Anahí, la nieta apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida (foto). Padilla aclaró que la muchacha sabía del resultado del BNDG desde junio. Mañana al mediodía habrá una conferencia de prensa.

Por su parte, el fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas, emitió un comunicado en el que ratifica que dos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos desmienten la información.

“Este jueves 24 de diciembre de 2015 se difundió una noticia que daba cuenta del hallazgo de Clara Anahí, nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. El anuncio se basaba en un informe efectuado por un laboratorio privado que supuestamente establecía un vínculo biológico entre Chicha Mariani y la joven que se presentó como su nieta.

Hoy, 25 de diciembre, Chicha Mariani se presentó ante el Juzgado Federal nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y ante el fiscal de la Unidad que interviene frente a crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, Hernán Schapiro, y acompañó el estudio que le fue acercado ayer y que supuestamente acreditaba el vínculo con la persona que alegaba ser su nieta.

Asimismo, declaró la Directora Ejecutiva de la Comisión por el Derecho a la Identidad (CONADI), Claudia Carlotto, quien presentó dos estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) respecto de esta misma joven, ambos con resultados negativos respecto de todas las familias cuya información genética obra en el BNDG, incluyendo las del grupo familiar de Chicha Mariani.

El primer estudio fue realizado a principios de este año y su informe negativo fue firmado por la anterior directora del BNDG, María Belén Rodriguez Cardozo. El segundo estudio fue elaborado hoy por la actual directora, Mariana Herrera Piñero, teniendo en cuenta la repercusión pública del caso. Ambos informes son concluyentes en cuanto a que no hay correspondencia entre el perfil genético de esta joven con el grupo familiar de Chicha Mariani ni con el resto de familias que aún buscan niños apropiados.

Chicha Mariani fue informada de estos estudios en la sede del juzgado. De esta manera, queda claro que la información difundida ayer era errónea, situación que pudo aclararse por la presentación efectuada por la propia Chicha Mariani ante el juez y el fiscal y por la actividad realizada tanto por el BNDG, como por la CONADI.

Cabe reiterar la importancia de seguir los pasos que establece la ley para la identificación de personas mediante el análisis de ADN. En este sentido, el BNDG es el único organo habilitado legalmente para establecer la identidad en estos casos, porque es la única institución que posee las muestras de las familias que buscan niños y niñas y que cuenta con procedimientos técnicos homologados internacionalmente.

La búsqueda de Clara Anahí y de todos los niños apropiados continúa. Es una búsqueda colectiva y también una política de Estado que debe ser profundizada cada día. Así lo haremos desde el Ministerio Público Fiscal”.

Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, logró encontrar a su nieta, apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida. “Tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9 por ciento”, informó la Fundación Anahí. Es la nieta número 120 que recupera su identidad.

Ayer, Chicha había escrito en su facebook: “Mi querida Clara Anahí te sigo buscando. Cueste lo que me cueste hasta que te encuentres con toda tu familia… Somos muchos y todos queremos conocerte, abrazarte y escucharte. Acercate mi vida. Te quiero mucho!!”.

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LA FUNDACIÓN ANAHÍ COMUNICA:
Luego de 39 años de incansable búsqueda se han reencontrado Chicha Mariani con su nieta Clara Anahí, en lo que representa uno de los mayores anhelos de la sociedad argentina en el camino de la restitución de los nietos desaparecidos bajo la dictadura cívico-militar.
Quien con otras abuelas fundara y presidiera la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, jamás abandonó la búsqueda de su nieta y de todos los nietos en general, promoviendo en el campo de las ciencias genéticas se resolviera la posibilidad de establecer la identidad de los niños desaparecidos en ausencia de sus padres.
Bajo estas condiciones y tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9%.
“Clara Anahí” de 39 años ha sido perseverante en encontrar el modo de llegar a su abuela y asegurar mediante los estudios genéticos su vínculo biológico. En pocas horas ese vínculo adoptó las modalidades más afectivas y de alto compromiso amoroso. Compartimos con millones de personas en la Argentina y en todo el mundo, esta inmensa alegría y el reconocimiento a su solidaridad.
Dr. Norberto Liwski / Lic. Finocchi Leticia / Lic. Elsa Pavón
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Casación revocó uno de los últimos fallos del suspendido camarista Néstor Luis Montezanti y volvió a procesar a un intendente y un comisario pampeano por el delito de trata. La medida, firmada también por Pablo Candisano Mera, había sido repudiada por distintas agrupaciones de mujeres y políticas por servirse de argumentos medievales tales como: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.

Si bien no forma parte del dictamen del Consejo de la Magistratura, la resolución prostituyente fue mencionada por varios testigos que la semana pasada declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que  juzga a Montezanti por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, sus vínculos con la Triple A bahiense y los malos tratos y decisiones arbitrarias y despóticas contra estudiantes y trabajadorxs. Los días 1 y 2 de febrero el juez declarará en el jury y se escucharán los alegatos del proceso de remoción.

Compartimos aquí la nota de PlanB Noticias sobre el procesamiento del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el excomisario Carlos Alanis por el delito de trata de mujeres para explotación sexual.

Procesaron otra vez al intendente de Lonquimay

FOTO: SOL VAZQUEZ INFOJUSNuevamente Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

El intendente de Lonquimay Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron otra vez procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

La Sala 4 está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.

El tribunal pulverizó el fallo de la Cámara bahiense con duros conceptos: por ejemplo no dieron “razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por los jueces para adoptar su decisión (la anulación de los procesamientos)”.

También tuvieron en cuenta como “indicios” de delito los dichos públicos de Rogers en defensa del cabaré. Consideraron que los hechos estaban probados y que el Estado argentino tiene un compromiso con tratados internacional de lucha contra la trata de personas, según se consigna en el Diario de La Pampa.

El fallo de juez Gustavo Hornos dice que “por otro lado y en cuanto al agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento dictado para revocar el procesamiento de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers, conviene recordar que el Estado Argentino mediante la sanción de la ley nº 26.364 de abril de 2008, dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la Ley nº 25.632, en el año 2002)”.

Dice que “esos compromisos internacionales institucionalmente asumidos y la decisión política de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delito así como brindar la máxima asistencia a sus víctimas, deberán ser necesariamente contemplados por una visión realista y contextualizada del acontecer social, circunscripta a cada caso concreto, , pero que lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos”.

Además piden que “debe profundizarse la investigación de los hechos investigados cuando se encuentren denunciados hechos de corrupción, que habrían facilitado o permitido la comisión del delito de trata de personas”.

Consideraron la fundamentación de los magistrados de la Cámara Federal de Bahía Blanca para revocar el procesamiento dispuesto respecto de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers cmo “arbitraria y carente fundamentación”. Acusaron a los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti de “formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado”.

El fallo dice que los jueces bahiense omitieron “considerar los distintos elementos probatorios reunidos en la causa”.

“Ello es así por cuanto en autos no se encuentra controvertido que en el local ”Good Night“, de propiedad de Carlos Fernández, habilitado como Salones de Baile, funcionaba una whiskería, en la que se encontraban siendo explotadas varias mujeres mayores de edad”, dice la Sala 4.

“De las denuncias que dieron origen a las presentes actuaciones, y en particular la efectuada por G.L.A., se desprende la posible existencia de una relación de connivencia entre las autoridades y funcionarios públicos, con el dueño del local ”Good Night“”, agrega.

“Particularmente y tal como lo mencionara anteriormente, el intendente de la localidad de Lonquimay, manifestó públicamente una defensa hacia la existencia del local ”Good Night“ y el posible veto que ejercería en caso de que una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, prohibiera su funcionamiento”, dice el juez Hornos.

“Sobre el punto, manifestó el magistrado de la primera instancia, que se encuentra acreditada prima facie una relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay. En este sentido, tuvo en cuenta la firma de libretas sanitarias por parte de Luis Rogers de las que resulta que las mujeres se hallaban exentas de enfermedades contagiosas, en efecto que no tenían enfermedades sexuales para el trabajo que realizarían en el local ”Good Night“”, enfatiza.

“Asimismo, y con respecto al jefe de policía Carlos Adrián Alanis, resaltó que en su calidad de comisario, firmó actas de exposición en las que dejó constancia que las mujeres que trabajaban en aquel local ”Good Night“, dejando a consignación sus prendas por tener una ”deuda“ con el dueño del local y que allí trabajaban con plena voluntad”, menciona sobre la instrucción.

“Consideró, además, el contenido de las actas de exposición y rúbrica de ellas por el subcomisario de la que se desprende que L.V.D. y M.M.L. trabajaban en la Whiskería ”Good Night“ y que tenían ”deudas“ con el dueño del local, de 432,05 y 499,95, respectivamente, en concepto de ”gastos, tales como análisis, libreta sanitaria, comida y mercadería razón por la que dejaban en consignación ”sus pertenencias“”, precisó.

El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense, que el 14 de noviembre pasado revocó los procesamientos a un intendente de Lonquimay (La Pampa), Luis Rogers, y del subcomisario Carlos Alanis, acusados como cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno de aquella localidad.

Cantaro y Colombo debieron presentar el recurso de queja ante el máximo tribunal penal del país luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca les rechazara el 12 de diciembre el recurso de casación contra la revocación de los procesamientos de los dos funcionarios que había dictado el propio tribunal de alzada.

Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.

Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.

Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro. 

Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.

“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.

Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.

En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.

Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.

El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.

“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.

Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del comisario Sergio Fabián Mugione, quien fuera condenado en 2014 por defraudación a la provincia mediante un negociado con la compra de alimentos para detenidos en la Estación de Policía Comunal de Punta Alta. Aquel fue un fallo del juez José Luis Ares, excusado de intervenir por haber opinado respecto al coprocesado comisario Rubén Gab, condenado recientemente  en juicio abreviado.

Mugione había sido hallado penalmente responsable de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación ideológica de documento público y omisión de los deberes de funcionario público cometidos en los meses de enero, febrero, abril, mayo y junio de 2006 en Punta Alta y condenado a sufrir las penas de dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación perpetua para desempeñarse como empleado o funcionarios público y multa de diez mil pesos.

El juez comprobó que en la Estación de Policía Comunal de Coronel Rosales durante cinco meses del año 2006, Mugione defraudó a la administración pública en una suma aproximada a los veintisiete mil doscientos cincuenta pesos. Esto fue al disponer que las raciones de comidas necesarias para alimentar a los detenidos alojados en la dependencia fueran elaboradas por la esposa y la cuñada del sargento de la misma seccional, Aldo Alfredo Medrano. Wanda y Mónica Giuliano proveían almuerzos y cenas desde su domicilio particular.

Ante la oficina de administración de la Jefatura Departamental Sur, Mugione y compañía simularon datos falsos respecto a la cantidad, calidad y procedencia de las raciones de comidas, remitiendo “planillas falsas de los datos de los detenidos que incluían las raciones de comidas suministradas, así como también facturas falsas emitidas por un comercio inexistente denominado “La Parrilla””.

Comisario Rubén Gab.

Comisario Rubén Gab.

En la documentación rendida falsearon la cantidad de personas detenidas incluyendo a las que se encontraban por averiguación de identidad y mintieron que se les suministraba desayuno y merienda. Asimismo, destacó Ares, mediante la utilización de las facturas apócrifas se simulaba que se habían abonado comidas en cantidad, calidad y precio superiores a las que realmente se brindaban.

“Las maniobras ardidosas hicieron que los funcionarios provinciales incurrieran en error al dar por ciertas las rendiciones de datos falsas y emitir en consecuencia las órdenes de pagos respectivas, aprobando las mismas y confeccionando los cheques a nombre de la dependencia por sumas de dinero superiores a las realmente gastadas, lo que perjudicó a la Administración Pública Provincial en aproximadamente veintisiete mil doscientos cincuenta pesos”, afirma el fallo.

Actuó como agravante el incumplimiento de una disposición del 12 de agosto de 2005 mediante la cual se dispuso la obligatoriedad de proporcionar a los detenidos y contraventores alojados en dependencias policiales las cuatro comidas diarias consistentes en desayuno, almuerzo, merienda y cena, debiendo asegurarles una ingesta diaria no menor a 2400 calorías.

Respecto al comisario Rubén Gab, Ares argumentó: “Era el jefe máximo de policía del Partido de Rosales, si bien ello es cierto y también que tenía su despacho en la misma estación comunal, no es menos cierto que el jefe de dicha estación era Mugione y como tal era el responsable y tenía a su cargo el comando operativo de la totalidad de los efectivos y la custodia de las personas alojadas en los calabozos, y en consecuencia nada se podía hacer de todas esas maniobras ilícitas sin la intervención y anuencia de Mugione”.

Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.

“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.

La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.

¿Quiénes declararon?

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Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.

También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.

FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.

“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”

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Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.

“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.

Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.

Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.

El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.

En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.

Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.

“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.

Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.

“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.

Autoritario y misógino

jurado enjuiciamiento

Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.

“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.

Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.

(Comisión Provincial por la Memoria) La emergencia en seguridad propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que las emergencias anteriores, no está basada en indicadores fiables que demuestren el diagnóstico que se describe. Por lo tanto, no resuelven el problema de fondo sino que buscan generar impacto mediático y sumar potestades al poder ejecutivo en materia de seguridad, sobre todo en la disposición de los fondos públicos.

De hecho la reiteración de la declaración de la emergencia, a un año de la anterior, constituye en sí misma una nueva evidencia de la ineficacia más absoluta de este instrumento para resolver las problemáticas vinculadas a las violencias y el delito. Como se ha corroborado en los hechos, el único resultado de la emergencia decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en abril de 2014 fue el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires.

En línea con una política criminal basada en el punitivismo –que los diferentes gobiernos de turno han repetido una y otra vez desde hace 15 años–, la medida constituyó un serio retroceso en el respeto de las libertades individuales y las garantías constitucionales que afectó especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Producto de estas decisiones políticas que encuentran responsables en todos los poderes del Estado provincial, hoy lo que está en emergencia en la provincia de Buenos Aires son los derechos humanos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia, la Comisión por la Memoria viene denunciando públicamente el efecto regresivo de estas decisiones y acciones. En las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiatricos impera la tortura como una práctica sistemática, la muerte evitable y la violencia como forma de “gobierno” o control de estos espacios.

En 2014, mediante un informe que fue remitido a todos los poderes del Estado y organismos internacionales, la CPM cuestionó la constitucionalidad de la emergencia y alertó sobre las consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y su ineficacia para resolver los problemas de inseguridad.

Entre los datos más alarmantes figuraban el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; el crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.

En este sentido, las inspecciones realizadas por la CPM en comisarías motivaron la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está siendo tratada por el organismo.

A las voces que alertan sobre las consecuencias de la política criminal en la provincia de Buenos Aires se sumó en los últimos días una resolución de la SCJBA en la que se reconoce el “colapso del sistema penal”. Para la Suprema Corte bonaerense se trata de un problema “crónico y complejo” que hoy se cristaliza en algunos indicadores clave: récord histórico de detenidos en cárceles y comisarías, situación que genera altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, malos tratos y deficiencia en el acceso a la salud y la educación, entre otros.

Como se ha señalado desde la CPM, todos estos hechos incrementan las condiciones inhumanas de alojamiento, constituyéndose en hechos de tortura graves. Por otra parte, en consonancia con esta emergencia, el Consejo de Ministros de Seguridad Interior de la Argentina –integrado por los representantes de todas las provincias– aprobó que el gobierno nacional declare la emergencia.

Esta medida profundizará en todo el país la situación descripta en la provincia de Buenos Aires. Sin importar el signo político de los gobernadores, todos apoyaron esta iniciativa. Es imperioso revertir la tendencia de las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo.

Como tantas veces hemos insistido, se debe avanzar en el paradigma de una seguridad democrática –que ha contado con el acuerdo de amplios sectores– para abandonar las “emergencias” y diseñar políticas de Estado que, en base a consensos amplios y datos fehacientes y objetivos, encaren políticas criminales orientadas a la problemática de los mercados ilegales y los delitos graves y complejos, sin caer en el facilismo efectista de una supuesta “guerra” contra el crimen, que no sólo no ha resuelto la cuestión sino que ha profundizado la violencia.

Al mismo tiempo, es imprescindible avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos.

Juan Larrea declaró ante el tribunal que juzga al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por mal desempeño en sus funciones, por su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentino y por su pertenencia como personal civil de la inteligencia genocida.

El testigo milita en el Partido Comunista desde su juventud y es diputado provincial de San Luis por el Frente para la Victoria. Aseguró que desde principios de la década del sesenta el juez “estaba organizado dentro de las ideas antisemitas” en las filas de la Guardia Restauradora Nacionalista promovida por el cura Julio Meinvielle. “Una especie de pogroms criollos” que acosaban a jóvenes judíos en la ciudad.

Larrea ratificó que, ya en los setenta, Montezanti participó en la toma de la UTN junto a los sicarios de la Triple A y continuó su tarea como agente del Destacamento de Inteligencia 181. “Dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad”, dijo a FM De la Calle.

-Su conocimiento de Montezanti, viene desde que eran muy chicos, ¿eran vecinos?

No solamente éramos vecinos, nuestro padres eran suboficiales de la Armada Argentina, formaban parte de la Base Aeronaval Comandante Espora, entonces tenemos un conocimiento anterior a la propia existencia política de Montezanti o mía.

-¿Eso le permitió saber de algunas intervenciones previas a la vinculación más conocida con la Triple A, con organizaciones que usted calificó como antisemitas?

Precisamente le indiqué al tribunal que este hombre, Montezanti, estaba organizado dentro de las ideas antisemitas, participaba activamente los primeros años de la década del sesenta de la Guardia Restauradora Nacionalista que se dedicaba a acosar, eran como una especie de pogroms nativos, criollos, de acá de Bahía Blanca, que llevaban adelante contra los jóvenes estudiantes de origen judío.

Esto a mí me causaba un impacto realmente terrible, nunca pude tolerar las agresiones a quienes ellos consideraban más débiles. Y sobre mí esto actuaba en forma puntual porque, al ser hijo de un militar y también ellos lo eran en general, reclamaban de mí una posición como la de ellos, o sea de carácter antisemita, cosa que por supuesto nunca pasó por mi mente.

De ahí ya empezaron a ser notables estas acciones de Montezanti como un hombre organizado desde el punto de vista del antisemitismo. Y después fue progresando rápidamente, porque como dice Bertold Bretch, empiezan con los judíos, siguen con los comunistas, después vienen por uno y ya es demasiado tarde.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

-¿Cómo lo vincula con la Triple A?

Montezanti se va de la ciudad de Bahía Blanca. Va a estudiar a otro lado, supongo que a La Plata, no me he detenido a revisar su vida. Pero él ya regresa a principios de los años setenta y su presencia es notable en un principio en lo que fue la intervención del profesor Emilio Garófoli en la delegación de la UTN que está en Bahía Blanca.

Ya estaban trabajando en ese momento junto con la banda que capitaneaba el Moncho Argibay. Nosotros lo conocíamos desde el año 70 porque Argibay intenta interrumpir un acto que estábamos realizando en el Salón de los Deportes con la presencia de Héctor Agosti, conocido dirigente comunista, en aquel momento al frente del Encuentro Nacional de los Argentinos.

Y la conjunción se hace efectiva más precisamente cuando los compañeros estudiantes de la UTN -ahí estaba dirigiendo el centro de estudiantes el hijo de nuestro querido camarada Sosa- nos piden ayuda solidaria y nosotros desde la UNS marchamos. Cuando llegamos, encontramos que estaba en la puerta de la UTN este grupo armado y este hombre Montezanti al lado de Argibay. Y Argibay siempre estaba con una pistola ametralladora PAM colgando del hombro. Ahí estaba él, con esta exhibición de armas invitando a que entráramos para producir una masacre. Por supuesto que seguimos de largo.

Ya se manifestaba Montezanti activamente como un dirigente, no solo en su adolescencia de la GRN, sino en este caso también de la Triple A, organización montada por López Rega que en el orden local contó entre sus principales dirigentes y organizadores a Néstor Luis Montezanti.

-¿Usted sufrió previamente un atentado en su casa?

Bueno, eso se produjo después del atentado que fue el 15 de febrero del 74. A la madrugada se produjeron una serie de atentados con bombas al local del Partido Comunista, al local de la Caja de Crédito, a la casa del rector de la universidad -en aquel momento Víctor Benamo- y en mi casa.

Por supuesto, sí, ya estábamos señalados claramente. La Triple A actuó con precisión en este sentido y, como manifesté, una de las personas que conocía originariamente de alguna manera el dispositivo, la ubicación de mi casa, que no era una cosa secreta pero que al vivir en el barrio, al tener algunos elementos como el propio (Juan Carlos) Curzio que formaba parte de la banda, un hombre que corría en motos y está mencionado entre el listado de los empleados de la universidad que cumplía esta función de “seguridad” y era uno de los asalariados de la Triple A.

Este hombre tenía un taller a media cuadra de mi casa, algo así como Alvarado 650. En una ciudad chica como en aquel momento, todos nos conocíamos y sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos. También los que tengan memoria y algunos años tienen que recordar perfectamente las actividades de Montezanti.

monte infobaeDespués él progresa en todo esto, porque se desarrolla en la propia universidad. Allí cumple una doble función. Montezanti es funcionario en la UTN y se vincula a la “gestión”, a la intervención sangrienta de Tetu en la Universidad (del Sur) que tiene uno de los primeros y más terribles sucesos ocurridos en una universidad pública argentina que es el asesinato de un alumno en su interior, el querido amigo Watu. Yo en aquella época ya estaba preso, los sucesos me son informados, no los conozco en forma directa.

Pero él después tiene una actuación muy significativa donde se manifiesta el grado de desparpajo. Él se introduce dentro de la organización de la comunidad de la Inteligencia, respondiendo en particular al Ejército. Funcionaba en Bahía Blanca desde el golpe de Estado, actuaban en algo que se denominaba “el cónclave”.

Este cónclave funcionaba todos los días jueves en el Comando V Cuerpo de Ejército y ahí se decidía vida, muerte, prisión o libertad de aquellos que estaban detenidos o secuestrados. Quien informaba a las familias de esto era el entonces mayor Mario Hugo Delmé.

Esta actividad era apoyada desde el punto de vista de la investigación criminal -porque obviamente los delincuentes subversivos para esta gente eran considerados criminales-, por personal de investigación entre el cual se encontraba Montezanti. Estos son hechos que uno se entera después cuando se publican las listas con los integrantes.

Además hay otra información que es muy importante que es la que aportan los archivos de la DIPPBA. Ahí hay más de 500 mil carpetas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que a lo largo de los años, desde la década del 30, desde la época de la Sección Especial en adelante, han sido investigados hasta principios de los años 90. Entre esas carpetas está la mía, son 282 hojas, y si bien es cierto que tachan los nombres que no sean el del titular de la carpeta, a veces tachan mal o se olvidan de tacharlo.

Entonces, hay un relato de cómo funciona en la década del 70 -en particular 78, 79, 80- el cónclave. En particular con los alumnos que han intentado reincorporarse a los estudios, es mi caso, que son cesanteados en función de sus antecedentes políticos. En esta labor participaban los delegados de la universidad, ahí el interventor Lucero lo menciona, me parece que fue decano y es un elemento de ellos.

Y me parece importante porque en ese escrito terminan reconociendo el éxito del alumno Larrea que logra la reincorporación en un fallo final de la Corte Suprema de Justicia y que había que encontrar los sistemas “legales” para evitar que eso se repitiera. Eso se repitió y hubo una gran cantidad de alumnos que habían sido cesanteados que pudieron terminar de estudiar, entre ellos, (Dante) Patrignani.

Ahí se ve la actividad de Montezanti, él dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad.

-¿Quién es o fue Diógenes Salazar?

Diógenes Salazar, yo lo menciono porque fue precisamente el que en una conversación me transmitió el suceso en el cual (el jefe de la UOM) Albertano Julián Quiroga, del cual era asesor Montezanti, asesina a una persona desde las oficinas y el imputado en este caso -Montezanti- fue testigo.

No sé si esta persona está viva o muerta, era el secretario general del sindicato FOETRA Bahía Blanca y tenía funciones a nivel nacional también. Estamos hablando más o menos del año 85. Estos fueron relatos que yo transmití al tribunal. Hay cosas que no me constan sino que transmito para que en todo caso si son de interés del tribunal se cite a quiénes me informan de tal asunto.

Foto Larrea: Facebook Prensa Comunista San Luis.

Dante Patrignani es autor de una de las denuncias que confluyeron en el dictamen acusatorio aprobado por el Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que se tramita desde el lunes en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Fue el tercero de los testigos y aseguró que el único compromiso que tiene es “político y con la memoria de los 30 mil compañeros desaparecidos”. Habló del accionar de las bandas de la Triple A en los ámbitos universitarios y su vinculación con el imputado.

Montezanti “por una cuestión de practicidad y de coherencia” prefirió “avanzar un poco en la recepción de la prueba y luego decir lo que sea pertinente y no todo lo mucho que tengo para decir, me pongo en el lugar del jurado que no tiene por qué soportar circunstancias personalísimas”.

FM De la Calle registró además los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Hoy estaban citados Alberto Rodríguez, Sandra Martínez Borda, Dino Berdini, Graciela Diez Paz, Miguel Thomé, Ricardo Serafini, José Manuel Sáez, María Inés Colantuono y Marcos Fernández Peña. Ayer se presentaron ante el tribunal Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga. El único ausente fue el ex fiscal Hugo Cañón quien se encuentra fuera del país.

Patrignani ingresó a la UNS en 1971 como estudiante de ingeniería y se sumó a la Federación Juvenil Comunista y al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura “donde conocí y milité junto a Watu Cilleruelo hasta el día en que lo asesinaron, estando yo presente mientras repartíamos volantes”. “Pretendíamos enfrentar la intervención de Tetu” que había cerrado carreras y cesanteado a decenas de docentes y alumnxs, “cuando se va Watu, a los dos minutos, tres minutos, escucho un disparo, me doy vuelta y veo caer a Watu… Y a Argibay atrás con una pistola en la mano”, declaró.

El profesor describió el accionar de grupos armados en la universidad como “una cosa cotidiana” e informó al tribunal sobre la conformación de la banda parapolicial y la intervención del rector Remus Tetu en el marco de la Misión Ivanissevich.

Luego del fusilamiento de Cilleruelo en los pasillos de la Universidad del Sur, sus compañerxs convocaron a un enjuiciamiento público de la gestión de Tetu y su rol en el homicidio. Participarían federaciones, organizaciones estudiantiles y personalidades de los derechos humanos. El testigo era parte de la media docena de militantes que debía preparar el salón en el segundo piso del céntrico Hotel del Sur. “En un momento, casi de casualidad, mirando por la ventana veo cruzando Colón a Argibay, armado, con dos personas más y de pronto estacionaba lo que nosotros llamábamos la fiambrera o la chanchita, que era un Fiat azul con rayas blancas que se sabía estaba para levantar gente y reventarla después”.

Los jóvenes se encerraron a oscuras hasta que llegó la policía. “Nos detuvo, yo estuve con otros compañeros dos años y medio preso y era exactamente la misma gente que se movía con ese vehículo, que actuaba en la universidad, y que en un juicio que le inicio el dr. Montezanti a Alberto Rodríguez, el juez José Luis Ares dio por acreditado que ese grupo de gente era la guardia de seguridad de la Universidad Nacional del Sur -Argibay y su gente-, formaban parte de la organización Alianza Anticomunista Argentina”, afirmó.

dante efemedelacalle

Esa fue la primera vez que vio a Argibay, sin saber que se así se llamaba. “Estaba en el hall central junto con otro grupo de gente, con su arma, estaba el dr. Montezanti, provocándonos como para decir ‘entren’. Enterados que estaba este grupo de matones en la Tecnológica, los estudiantes de la UNS hicimos una movilización, obviamente nos quedamos afuera y no respondimos a la provocación porque era evidente que estaban buscando que hiciéramos algo para meternos algún balazo”.

“Yo no sabía qué era el dr. Montezanti. Yo vi una persona de saco y corbata que desentonaba con el grupo de matones vestidos con camperas, con armas en la mano. Pero estaba con ese grupo y se reía y provocaba. Entonces le pregunto a Alberto Rodríguez quién era ese tipo que desentonaba y Alberto me dice ‘ese es Montezanti, profesor mío’. En ese momento no existía el Departamento de Derecho, él daba materias de Derecho en el Departamento de Ciencias de la Administración”, aseveró el testigo.

Ese fue también el primer contacto con Montezanti. Comprendió mejor “su personalidad” durante la querella que entabló el magistrado contra Rodríguez y “terminé de conocerlo leyendo el descargo que hace cuando pido el juicio académico donde me trata de ITS (NdR: sigla militar de ‘inútil para todo servicio’), de drogadicto, de parásito que vive de la teta ubérrima del Estado y que no trabajo y por eso me dedico a la militancia y a escribir cosas como el pedido de juicio académico”.

Sobre el desempeño docente de Montezanti, Patrignani repitió algunas de las acusaciones planteadas en las declaraciones anteriores (ver abajo) y sumó el caso de una abogada que enfrentó al camarista en el Consejo Departamental de Derecho como dirigente estudiantil y luego tuvo que terminar su carrera en otra universidad.

Respondió preguntas sobre el trámite del juicio académico y la persecución judicial que desató el denunciado mediante tres demandas en su contra. En la defensa de una de ellas, el ingeniero adjuntó copia del legajo de Personal Civil del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, provocando la ira del camarista quien lo acusó penalmente por supuesta violación de secretos políticos y militares.

En esa causa, ajena al jury, pensaron seguramente Montezanti y su abogado al demorar el testimonio de Patrignani hasta la llegada de un expediente que contenía la documentación, para preguntarle cómo había accedido a ella. Ni el testigo, ni la acusación, ni el tribunal les permitieron el gusto.

Patrignani intentó informar al tribunal sobre otros aspectos de la ética del magistrado suspendido, como aquel fallo que desprocesó en una causa por trata a autoridades policiales y políticas de un pueblo pampeano en nombre de “lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal (…) Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. El jurado prefirió ceñirse al dictamen acusatorio. La defensa bufó por tres golpecitos en su mesa que habría dado el testigo al salir.

Malos tratos y arbitrariedades en las aulas

uns-tv-noticias-obras-en-el-camp-1024x576Luciana Yamile Yauhar es abogada, graduada de la Universidad Nacional del Sur, fue dirigente estudiantil y alumna del imputado en las cátedras de Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I entre los años 2007 y 2012.

Fue la primera testigo y dijo al tribunal que Montezanti “trataba de perjudicar” y “no era respetuoso con los alumnos”. “Yo eso lo dejé manifestado porque mientras estudié, participé de los órganos de gobierno, fui asambleísta y consejera departamental y participé del centro de estudiantil. Así que no solo como alumna vivía su actitud frente a los alumnos sino también en el centro de estudiantes recibíamos denuncias” sobre su actitud docente. Por ejemplo, “preguntas inadecuadas o no lo relacionadas con la materia, durante las clases si sonaba un celular las terminaba o si algún alumno se retiraba también terminaba la clase”.

En cuanto a la violación del reglamento, Yauhar relató que el docente sabiendo que el alumnado tiene el derecho de rendir finales dos veces en cuatro momentos del año, burlaba el reglamento y “ponía la fecha el 1 y el 3 de diciembre, ante eso teníamos que hacer presentaciones hasta que logramos que se establezca una diferencia de diez días entre una fecha y otra”. Tampoco cumplía con las “encuestas de cátedra” que se realizan cada fin de cursada.

La abogada, una de las tantas asambleístas universitarias que levantaron la mano para aprobar el proyecto que restringe la contratación de colaboracionistas en la UNS que luego sustentaría el pedido de juicio académico, también dio cuenta del encierro de alumnas y alumnos durante una clase de Montezanti en una de las aulas del edificio de Agronomía.

Finalmente destacó que en la curricula de Ciencia Política solía leerse bibliografía de autores antidemocráticos y que no existía margen para el debate. La cita motivo que el acusado pase por alto su intención de no declarar y se escandalizó porque el autor citado “no puede ser calificado como antidemocrático, esto resulta un agravio y que lo diga un abogado entra en el terreno… pido disculpas al tribunal pero quise decir esto porque es más de lo que el alma honesta de un hombre que en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar puede soportar”.

“No era una clase debatida en estos temas, el daba clases magistrales, pero no era una clase en la que ningún alumno en la que los alumnos levantaran la mano para preguntar, solamente lo vi en una clase de primer año y después no preguntó más porque le contestó dejándolo en evidencia”, dijo.

Luego fue el turno de la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, quien aseguró que “nunca jamás intercambié una palabra con él” aunque “no es de esos profesores que pasan desapercibidos” ya que, incluso fuera de los ámbitos educativos, “surgen en cualquier lado los comentarios de que Montezanti es un profesor bravo”.

Precisó que el letrado solía cometer “arbitrariedades en las cátedras”, “maltrato hacia los estudiantes” e incumplir las normas. Esto pudo conocerlo sobre todo cuando fue secretaria de Asuntos Estudiantiles, lo que le permitió “tener una relación más directa con casi todos los alumnos de la universidad -ya no solamente con los que me rodeaban en mi cátedra- los comentarios comenzaron a ser mayores y las circunstancias en que a veces se veía envuelto el señor Montezanti comenzó a haber mayor cantidad de dichos (sic)”.

Además del encierro de alumnxs durante las clase, Legnini comentó que “había un aula equipada con pantalla y cañón y entonces se cerraba con llaves y los profesores tenían que ir hasta mayordomía para pedir la llave. El dr. Montezanti tuvo que ir a pedir la llave como hace todo el mundo y nos mandó una carta al Consejo Superior donde estaba muy enojado y decía palabras como ‘yo no soy bedel de nadie’, cosa que llama la atención (porque) en la Universidad del Sur no hay bedeles. Decía que había tenido que atravesar a su vez ese pasillo lleno de ‘cuerpos ardientes’, creo que era la palabra. Claro, los alumnos estaban todos en el pasillo esperando entrar”.

Por otra parte, la licenciada recordó que durante los primeros años de la década del setenta cursaba en las Escuelas Medias donde solía haber “celadores con armas largas”, a uno de los cuales pudo identificarlo por conocerlo “del básquet”. Se trata de Héctor “Cacarulo” Forcelli, uno de los cinco detenidos de la causa Triple A en la que también está imputado el camarista.

Horas antes que se conociera el acuerdo entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para postergar la jura de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por decreto para integrar el máximo tribunal, FM De la Calle dialogó con el ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter, quien destacó el rechazo de la opinión pública porque “es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento”. Por otra parte, aseguró que en el juicio político contra Néstor Luis Montezanti hay un “cóctel bastante grave” de acusaciones.

– (…) Estamos viendo esta extraña forma de interpretar el diálogo y el consenso que ha mostrado el Poder Ejecutivo Nacional al tomar esta decisión que no tiene muchos antecedentes judiciales, ¿no?

No, no tiene antecedentes judiciales a nivel de Corte. Podríamos invocar un antecedente en el gobierno de Alfonsín pero fueron de jueces de primera y segunda instancia con un objetivo muy claro que era democratizar la justicia saliendo hacía poco tiempo de la dictadura que sufrió el país.

Después hay que remontarse, según tengo entendido, a mil ochocientos y pico por el gobierno de Bartolomé Mitre. Ahí se dan una serie de circunstancias especiales y Mitre también por decreto integró la Corte Suprema.

-¿El trámite hubiese sido mandarlos al Congreso y lograr su aprobación?

Ese es el trámite normal que exige la Constitución Nacional además de afianzar lo democrático y republicano del país. Mandar el candidato al Senado, que se discuta, que se lo entreviste, que averigüen bien sus antecedentes y si está en condiciones de acceder a un puesto de tanta jerarquía y responsabilidad.

-¿De qué manera condiciona o influye a estos jueces la forma en la que acceden a los cargos?

Yo creo que los condiciona, pero tenemos que examinar un elemento importante que es la opinión pública. La opinión pública en general se ha manifestado, por lo menos en las manifestaciones que yo he leído, en contra de esta designación porque es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento. Estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema de la Nación que es el último tribunal que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Así que la debilidad en principio es objetiva. Después si alguien lo va a presionar o no presionar, si le dicen ‘saco un decreto y te dejo cesante’ es otro tema pero objetivamente se puede dar esa circunstancia.

-Con la jubilación de Fayt la Corte quedó con tres miembros, ¿implicaba esto alguna dificultad en su funcionamiento?

Si hacemos pronósticos puede de alguna manera implicar algún inconveniente (que sean) tres miembros cuando son cinco. Habiendo una disidencia ya sería dos a uno, que no sería la mayoría de la Corte. Pero para resolver ese tema hay vías como son los subrogantes a los cuales siempre se ha echado mano cuando los jueces de la Corte se excusan uno u otro y no hay mayoría. Yo personalmente integré la Corte en dos oportunidades como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca ante esa circunstancia, es decir, hay alternativas.

Los subrogantes son seleccionados incluso por el Senado y hay una lista de la cual se puede extraer aquel que puede definir una situación forzada en la Corte de no haber mayoría.

-Los subrogantes justamente fueron criticados muy fuertemente por la oposición que ahora es oficialismo, ¿tendrían una mayor legitimidad que jueces asumidos a través de un decreto?

Por supuesto, siempre estuvo previsto en los distintos tribunales -tanto de primera, segunda, o Casación o Corte-, hay listas de subrogantes que van integrando la Corte o el cuerpo judicial que corresponda de acuerdo a una selección previa que se ha hecho y un sorteo que garantiza cierta objetividad.

-Más allá de esta situación particular, ¿qué opina respecto a la conformación de la Corte en cuanto a su cantidad de miembros?

Yo creo que con cinco miembros la Corte puede funcionar perfectamente, lo que tal vez habría que modificar son los recursos que llegan a la Corte y los inundan de expedientes.

-¿Qué perspectivas ve en el Poder Judicial ante este nuevo gobierno tras los intentos frustrados del anterior de democratizarlo?

Si yo tomo como referencia este hecho de designar por decreto mi punto de vista no es muy optimista. De todas maneras el problema del Poder Judicial es muy serio y va a ser muy difícil resolver todos los casos que se plantean dentro de la estructura tanto del Ministerio Público como de la propia integración de los tribunales de la justicia federal. Está muy complicado el panorama, va a ser muy difícil, creo que es motivo de una discusión muy profunda no solamente del partido gobernante sino por parte de muchos sectores que están interesados en que la justicia actué de forma independiente. Eso es lo que yo advierto en principio.

-En el fuero federal local hay muchos subrogantes, el kirchnerismo aprobó una ley de Subrogancias que luego la Corte declaró inconstitucional afectando, por ejemplo, la tarea de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Nº1 quien, entre otras, había avanzado en las causas de lesa humanidad y terminó presentando su renuncia por falta de legitimidad. ¿Le parecía una norma potable o tenía cuestionamiento al respecto?

Pienso que para el momento que estaba transcurriendo y hasta que no se regularicen todas las vacantes que existen en los juzgados era una solución. Precaria pero solución al fin. Vimos que funcionó perfectamente el Juzgado Federal que cubría el dr. Ramos Padilla, funcionó bien la Cámara Federal que estaba integrada por camaristas de otras jurisdicciones. Para salir de este embrollo que se había planteado por renuncias, vacaciones o licencias por enfermedad, etcétera, era una respuesta. Pero bueno, eso con perspectivas que se resuelva en definitiva porque el Poder Judicial tiene que estar integrado por jueces inamovibles, que nadie dude de su imparcialidad, de su independencia. Todo eso se tiene que dar mediante este proceso que usted me preguntaba anteriormente.

-Caída esta ley, en el caso de la Cámara de Apelaciones hay un plazo de tres meses para que continúen los subrogantes actuales, ¿cómo debería reconformarse?

De acuerdo a mi opinión, también por subrogantes salvo que se hagan concursos, que son varios y no son muy breves. La lista de subrogantes tiene que ser seleccionada bien porque a veces mete la cola el diablo y vemos listas en las cuales ninguno de los subrogantes da las garantías necesarias para integrar una Cámara o un juzgado.

-Por último, quiero preguntarle por el juicio político a Montezanti, el cual después de muchas denuncias comenzó esta semana con muchas referencias a lo que eran sus actitudes autoritarias y arbitrarias en la Cámara que compartían.

Mire, mi situación en la época de Montezanti era muy difícil, de enfrentamientos. No enfrentamientos jurídicos, que hubiera sido lo elemental y lo natural. Eran enfrentamientos contra un bloque que se había constituido con Montezanti, (Augusto) Fernández y (Ricardo) Planes. Eran habituales, había otra serie de conductas no decorosas para lo que uno considera que tiene que ser la actitud de un juez y eso realmente ahora se va a ventilar y va a salir a la luz, como por ejemplo la persecución al personal, sanciones sin mucho fundamentos por caprichos personales, sin desconocer los otros cargos que son mucho más graves como haber pertenecido a los servicios de inteligencia y estar comprometido aparentemente con la Triple A.

-¿De ninguna manera comparte lo que planteaba la defensa al decir ‘es increíble que estemos aquí discutiendo unas mínimas cuestiones de orden que establecía Montezanti en la Cámara…’?

Bueno, esos son argumentos de la defensa sin ninguna duda, pero no era así. De alguna manera llegaron hasta el maltrato, reprimendas que no se justificaban, castigar a quién se le ocurriera apelar alguna resolución que postergaba los ascensos, que postergaba la línea que le correspondía a algunos empleados y ascendían otros, hay un coctel bastante grave en eso.

(FM De la Calle) “Montezanti no es el monstruo mitológico que la acusación ha fabricado ni el que van a pretender fabricar acá los testigos. Montezanti es un hombre de la academia, un hombre del derecho, un hombre que ha escrito, que ha traducido libros, que es titular de tres cátedras por concurso. No digo que no sea un hombre capaz de tomar acción en caso de ser necesario pero no es un hombre de acción”, dijo este lunes Ignacio Irigaray, defensor del suspendido camarista bahiense en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.

Irigaray, el mismo que representó al fiscal de Saavedra José Campagnoli cuando se lo denunció por abuso de autoridad y por fotografiar a personas ilegalmente para luego inducir reconocimientos, agregó que Montezanti “por supuesto no es comunista, creo que no es anarquista, creo yo que no es socialista, creo que no es radical. También creo que no es fascista. Estuvo afiliado al Partido Justicialista en más de una elección, fue en listas del Partido Justicialista, fue convencional constituyente. Es un juez de la democracia designado por concurso que ganó por amplísimo margen”.

Al imputado se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la presentación de la acusación por parte de los representantes del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde (FpV) y Miguel Piedecasas (UCR), Ignacio Irigaray comenzó su exposición con el juez denunciado a su derecha.

Se vio “obligado” a constituirse en “un faro” para que “el jurado tenga presente en todo momento que el contexto histórico no son los hechos”, dado que “aquí van a desfilar una cantidad de testigos, algunos de ellos lamentablemente ya sabemos por lo menos parcialmente lo que van a decir porque ya lo han dicho en otros procesos, muchos de esos testigos con una activa militancia política en los años que muy bien describió el dr. Piedecasas, muchos de ellos víctimas directas o muy cercanas de la violencia genocida que pretendió terminar con cualquier manifestación y disenso político dentro de un plan genocida que está lo suficientemente desarrollado. La cuestión es que acá estamos juzgando a Montezanti y vamos a juzgar hechos y conductas realizadas por Montezanti”.

El letrado se quejó de “la utilización constante de eufemismos” en el dictamen que motivó el jury y ejemplificó: “Pasamos de la violencia paraestatal de la Triple A, de la pertenencia de un individuo a la Triple A, a la estrecha vinculación con individuos que pertenecerían a la Triple A”.

“No es inocente que el dr. Piedecasas y el dr. Recalde hayan iniciado su exposición con una, si bien breve, conocida elaboración acerca de la importancia que tenían los servicios de Inteligencia en el plan genocida y que más de una vez hayan hablado de delitos de lesa humanidad. Estamos en un tiempo de blancos y negros respecto de ciertos temas, cualquier convocatoria al gris, al pensamiento crítico de las cosas, parece una claudicación”, dijo.

Para Irigaray “la ventana de la idoneidad es utilizada para hacer ingresar en la valoración subjetiva del requisito para ser juez, consideraciones del orden social y político y de política agonal. Los jueces son idóneos moral y éticamente si tienen un comportamiento que comparte lo que es la base mínima de la convivencia que está en la Constitución, en las convenciones, pero esto no autoriza a convertir al órgano selector y al órgano juzgador en una especie de Gran Hermano orwelliano que viene a averiguar qué es lo que piensa un juez de cada cosa. Los jueces no deben pensar lo que piensa la mayoría ni deben pensar lo que nos guste a muchos o a pocos, me animaría a decir lo contrario”.

Al abordar la imputación vinculada a la probada pertenencia de Montezanti al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca como personal civil durante el terrorismo de Estado, Irigaray reconoció la importancia que tuvo la comunidad informativa en la represión pero afirmó que “ese no es el hecho”.

“Los invito a que lean el listado completo desclasificado en el 2010 y van a encontrar que existen un montón de individuos individualizados como agentes de inteligencia y otro montón señalados de otra manera. Los Destacamentos de Inteligencia tienen mozos, tiene camareros, tienen choferes, tienen personal de logística. Alguien cambia lamparitas, alquilan lugares, contratan coches, compran -supongo- radios, handies, balas. Tienen problemas jurídicos”.

“Le estamos endilgando a Montezanti el marco, el Reglamento RC5-1. Cuidado, porque la norma del art. 36 de la Constitución no es ni puede ser la muerte civil de una persona, una responsabilidad objetiva. Estar contratado por un organismo previsto por la ley es una actividad lícita”, opinó.

La defensa presentó a Montezanti como “un especialista en la cuestión Malvinas” y abogado quien “terminó evacuando cuestiones jurídicas de cuanta persona sus jefes pedían que se le evacúen”. “Se fue porque lo sancionaron porque se había ido a Buenos Aires para presentarse como voluntario a Malvinas”, interpretó Irigaray.

Sobre la recomendación para entrar al centro neurálgico del genocidio realizada por el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro explicó que el prófugo “coincidió” con el imputado en 1975: “Riveiro estaba en Mendoza y, como probaremos acá, Montezanti estaba en Bahía Blanca y no piso Mendoza en 1975. Aquí ocurrió lo que ocurre muchas veces, quien le consiguió este conchabo a Montezanti en esa época se ocupó de llenar los requisitos formales y sustanciales que se necesitaban para que lo contraten. Y por supuesto, seguramente era requisito en esa época mostrarse consustanciado con los principios, sus jefes, el arma, y por supuesto, jurar por los estatutos”.

jury 3 efemedelacalle chicaPara desvincularlo de su militancia en favor de la pena de muerte recurrió a Borges, quien “decía ‘no sé por qué me preguntan qué pienso de las cosas, no hay nada que valga menos en un hombre que su opinión de algo, nada es más maleable, nada cambia tan rápido’”. Irigaray agregó que, “en definitiva, la pena de muerte, con toda esta valoración peyorativa que le da el dr. Piedecasas, estuvo vigente en la Argentina democrática hasta el año 2008 en el Código de Justicia Militar” y que “se está planteando un delito de opinión”.

Según la defensa, la vinculación de Montezanti con la Alianza Anticomunista Argentina “es una anécdota de hace cuarenta años en la cual nos van a contar que un grupo de estudiantes se acercó a la universidad con motivo de una protesta, de una toma, y encontró que no podían acceder porque habían colocado una guardia de patoteros armados que ellos identifican con alguna patota sindical relacionada con el que era el secretario general de la CGT, Ponce. Montezanti estaba ahí, según ellos dicen, bien vestido, de traje, no como esta gente, sin ningún arma. Alguno va a decir acá que ni siquiera hacía señas y otros que parecía que hacía alguna seña y había hablado amablemente con alguno de ellos”.

La patota sindical no solo fue “identificada” por los testigos sino también por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y el juez federal Alejo Ramos Padilla al detener, indagar y procesar con prisión preventiva a cinco de ellos en la misma causa en la que el camarista está imputado penalmente, sin haber sido indagado por refugiarse en sus fueros aunque con la salida del país prohibida.

Para rechazar las denuncias por las “actitudes antisindicales” del magistrado, Irigaray recordó que fue asesor legal de gremios como UOM, ATUNS o SICHOCA. “No sé qué tipo de golpe en la cabeza tuvo que haber tenido para de pronto convertirse en una especie de monstruo que odia el sindicalismo”, afirmó.

Y respecto a su rol como docente en la Universidad del Sur sostuvo que “no debería ser relevante en el juicio político porque no tiene nada que ver con su desempeño como magistrado” y calificó como “menores” los planteos sobre la réplica de “una matriz castrense” con “pensamientos totalitarios” por parte del ex PCI.

El control de lo que leía el personal del Ministerio Público y la circulación de su personal y el desalojo de dependencias de la Cámara utilizadas por colaboradorxs del ex fiscal Hugo Cañón se debieron, según la defensa, a “un mínimo orden para saber dónde están los libros”, una decisión para “que los empleados no anden pululando por las salas” y la necesidad de contar con más espacios para computadoras por parte del órgano que presidía Montezanti.

Luego el acusado tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal aunque prefirió hacerlo luego de escuchar las testimoniales que se desarrollan esta semana en audiencias públicas en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.

Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.

En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.

El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.

recalde piedecasas efemedelacalle“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.

El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.

“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.

Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.

“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.

jurado efemedelacalleEl grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.

Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.

“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.

Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.

“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.

El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.

“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.

Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.

Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, encabezó un encuentro para “pensar la lucha por los derechos humanos en la Argentina que viene” y advirtió que “no hay otro tiempo que el que nos toca vivir, no hay otra pelea que la que peleamos”. Fue en vísperas del juicio político al suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Montezanti, que comenzará este lunes en el Consejo de la Magistratura.

“Y aunque parezca mentira, Macri no lo puede detener. No puede sacar un decreto diciendo que se interrumpe. Y yo quiero ver a esos señores y señoras, después de escuchar los testimonios y la prueba documental, cómo hacen para sostener a alguien que fue agente de inteligencia, que participó en acciones del terrorismo de Estado, que maltrató a estudiantes, a trabajadoras y trabajadores, y que hace unos meses estampó en un fallo nada menos que aquel aceto de Santo Tomás de Aquino de que las prostitutas son la cloaca de las ciudades, imprescindibles para que la mierda no nos infecte -eso escribió en 2015-. ¿Cómo van a hacer para decir que esa basura humana, fascista, puede seguir siendo juez?”, dijo en el Centro Cultural La Panadería.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación iniciará mañana el debate contra Montezanti, a quien se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la lectura de la imputación, declararán más de treinta testigos durante la próxima semana. Los alegatos aun no tienen fecha y la sentencia se conocerá luego de la feria judicial. La acusación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura a través del abogado Miguel Piedecasas y el diputado nacional Héctor Recalde. Montezanti será defendido por Ignacio Irigaray. Leer más

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución del nieto 119. “Hoy, nuestro nieto se encontró por primera vez con su madre y este es un hecho extraordinario que queremos celebrar. Se trata de la quinta mamá que pudo recuperar a su hijo apropiado por la dictadura”, dijeron las Abuelas.

Durante la habitual conferencia de prensa posterior a cada restitución de la identidad, la presidenta del organismo Estela de Carlotto, afirmó que “durante estos últimos años se han ido consolidando la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones”.

“Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la alegría de este encuentro. Por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan, no permitiremos dar ni un paso atrás”, agregó.

Sara (cuyo apellido mantuvieron en reserva) nació el 25 de enero de 1956 en Tucumán. En 1975, trabajaba en un hotel de la capital de esa provincia, donde vivía junto a sus dos hijas, de 3 años y de un año. En julio, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la Jefatura de la Policía provincial y posteriormente a la Cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenida-desaparecida y dio a luz en cautiverio, en la misma cárcel, entre mayo y junio de 1976.

El bebé le fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver. Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un cañaveral, y desde ese sitio caminó hasta el Hospital del Carmen en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa.

Sara vivió atemorizada por el martirio que le tocó vivir. Treinta años más tarde, a través de una persona conocida y acompañada por la agrupación H.I.J.O.S, se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en 2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y allí tomó intervención la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con la esperanza de dar con el paradero de su hijo.

Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de quienes lo criaron y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en 1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe -donde se crió-, sus dudas fueron creciendo con el tiempo.

En febrero de este año, se animó a presentarse en la filial de Abuelas de Rosario, se le brindó la contención y el acompañamiento que se ofrece a todos los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó su caso a la CONADI. En agosto se cursó el pedido al BNDG para que se le efectúe la extracción de sangre y, el 19 de noviembre último, se informó el resultado del entrecruzamiento, que confirmó que es hijo de Sara.

“A pesar de las condiciones extremas en las que lo gestó y alumbró, Sara siempre consideró como su hijo a ese bebé que le arrebataron, al que no llegó a conocer pero escuchó llorar segundos después de parir. Ese bebé en su vientre, al que ‘ahijó’ durante su detención y también después, a quien imaginó como un varón toda su vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado, hoy conoce la verdad”, manifestaron las Abuelas.

Mario Bravo vive en la localidad santafesina de Las Rosas y calificó el encuentro con su madre como “muy emotivo” al señalar que siempre creía que estas historias “le pasaban a otro” pero ahora le pasa a él. “Hay que tomar la posta por otros, porque lamentablemente hay nietos que faltan y esto (por las emociones que le produjo haber recuperado su verdadera identidad) da ganas que lo sienta mucha gente más”, sostuvo.

Resaltó la necesidad de transmitirle a quienes tienen dudas sobre sus orígenes, la idea de que del otro lado “te buscan y que faltaste en una familia durante muchos años”. Con respecto a sus padres de crianza contó que “ya no están” y relató que su mujer y sus amigos lo impulsaron y acompañaron a comenzar con la búsqueda de su identidad, hecho que se le despertó con más fuerza cuando se convirtió en padre.

Dos de lxs cinco nietxs restituidos que pudieron abrazar a sus madres son lxs hermanxs Gatica Caracoche. Su papá Juan Oscar Gatica fue secuestrado en Bahía Blanca y declaró en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Escuchá la entrevista con El Juicio desde la Calle:

(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.