(Por José Schulman)* A la suspensión dictada por el Consejo Superior de la Universidad del Sur y de la declaración en rebeldía por parte del Juez Ramos Padilla se suma ahora el inicio del proceso de destitución votado en el Consejo de la Magistratura en el día de ayer. Luego de tantos años de lucha, de la cual la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue el único organismo de derechos humanos que se hizo cargo de la denuncia de las y los compañeros de Bahía Blanca (empezando por nuestros compañeros Alberto Rodríguez y Dante Patrignani) corresponden dos cosas cómo mínimo: una es celebrar como corresponde esta derrota del fascismo argentino y la otra es preguntarnos sobre la larga historia de su impunidad que es la de tantas y tantos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos que siguen pretextando “presunción de inocencia” a lo que es simple, perversa, cínica y descarada impunidad para sus crímenes, una impunidad que garantiza el Estado, el Poder Económico, el sistema comunicacional y las “fuerzas vivas” de la sociedad en general.

Si la impunidad jurídica es la falta de castigo a los delitos cometidos, se puede afirmar que la impunidad de Montezanti, abogado, profesor universitario, juez e integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca es mucho más que eso: es la confirmación de que no solo la Justicia (así, con mayúscula como si fuera un ente independiente autónomo) sino la Universidad, la Opinión Publica (de vuelta, con mayúscula como “a Justicia”) y la sociedad bahiense tiene un doble rasero para medir a las personas y que ese doble rasero es ideológico en el peor sentido del término: una mirada distorsionada de la realidad, condicionada por el interés económico y social de preservar privilegios y posiciones ganadas a fuerza de actos violentos ilegales que vienen de larga data: el exterminio de los pueblos originarios, la dominación “legal” o “dictatorial” del siglo XX que desembocó en el Terrorismo de Estado de la Alianza Anticomunista Argentina (ahora sí, con mayúsculas como corresponde a una institución) y de las Fuerzas Armadas.

Montezanti fue parte de la ultraderecha universitaria que en su paranoia anticomunista se abrazó a los grupos de ultraderecha fascista que comenzó a atacar a las fuerzas comunistas y de izquierda en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado (espantados por el crecimiento de las luchas nacionales y el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959).

Los testimonios sobre su participación en las acciones de los grupos que atacaban a los estudiantes que protestaban por el asesinato del Watu Cilleruelo, los vínculos nunca desmentidos con los más altos jefes militares que perpetraron el Genocidio en la zona, el diploma que ostentaba en su estudio con orgullo de su pertenencia a un supuesto (otra vez la paranoia disparatada) Congreso Anticomunista Mundial, su repugnante empleo como Personal Civil de Inteligencia durante aquellos años de plomo y las incontables denuncias sobre el maltrato diario a que sometía a trabajadores judiciales y estudiantes universitarios no fueron nunca óbice para su indetenible ascenso hasta uno de los más altos que la carrera judicial le permitía aspirar: presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, cargo que adornaba con el de Docente Universitario (sí, con mayúsculas, como a él le gustaba poner en el Curriculum Vitae en que ocultaba su costado miserable de buchón de los asesinos y amigo de los torturadores).

Fue en el año 2002 que un compañero de luchas e ideas del Watu Cilleruelo, Alberto Rodríguez, denunció en una asamblea universitaria lo que casi todos sabían: que Montezanti era un fascista que había colaborado con los crímenes de la Triple A y con el copamiento de la Universidad del Sur por la ultraderecha cavernícola de Remus Tetu; y fue en el 2007 que en un juicio oral y público toda Bahía Blanca pudo enterarse de casi todo lo que ahora se utiliza como razón de la suspensión en la Universidad y el comienzo de los procesos judiciales y de destitución como Juez de la Nación. Tal como personalmente lo afirmamos públicamente a pesar de sus agravios, amenazas y burlas. Que repitió cuando logró que el Consejo de la Magistratura rechazara el pedido de juicio político que habíamos acompañado.

Fue en el 2010 que otro compañero del Watu, Dante Patrignani, docente de la Universidad del Sur, pidió el fin de su impunidad ante el Consejo de la Magistratura y ante el Consejo Superior de la Universidad del Sur. A los cinco años respondieron. ¿Por qué tardaron tanto ante lo obvio?

La pregunta es sencilla: por qué la Universidad no consideró necesario apartarlo de las aulas, por qué el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Federal no consideró justo apartarlo de su posición de magistrado y por qué las Fuerzas Vivas de Bahía Blanca (y otra vez, con mayúsculas) no consideraron vergonzante seguir tratándolo como uno de los suyos, como uno de los mejores vecinos y ciudadanos?

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la Universidad del Sur fue (al menos hasta ahora) cómplice por acción u omisión de los crímenes que sufrieron los estudiantes universitarios; y no solo la larga lista de estudiantes asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados y perseguidos. También el conjunto de estudiantes que por casi cuarenta años han debido estudiar en un ambiente donde la intolerancia tenía premio y lo diferente era catalogado de abominable. Como pensaba Montezanti el día que mataron al Watu.

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la inmensa mayoría de los miembros del Poder Judicial (que muy pocas veces tiene algo que ver con la Justicia) compartían el odio de clase contra los insurgentes de los 70. Porque todos ellos se habían formado al calor de los fuegos de la intolerancia que prendieron la ley 4140 de 1902 o la ley de seguridad nacional de 1910; o de los innumerables decretos de facto que la Corte Suprema le daba carácter de ley en los sucesivos golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. ¿Curioso no? Se presentaban y presentan como los custodios del principio liberal de que nada legal puede surgir de un acto ilegal pero ampararon (y amparan) toda clase de actos ilegales con cobertura legal. No por nada el mismo Zaffaroni afirma que el origen último de todo orden jurídico es un genocidio anterior que es oculto bajo la maraña de disfraces y máscaras que la ideología provee como si todo el año fuera carnaval.

La justificación ideológica fue cambiando. Al indio se lo mataba en nombre del progreso y a los anarquistas, socialistas y comunistas en nombre del orden y la identidad nacional. Pero sería la “guerra fría” que el “mundo occidental” libró contra todo aquel que se rebelara contra el capitalismo desde la Comuna de París de 1871 hasta la implosión de la Unión Soviética en 1991 la gran excusa ideológica para perseguir a los peronistas, guevaristas, comunistas, cristianos y a todos los que persiguieron los grupos de tareas, los Servicios de Inteligencia y la derecha fascista entre 1955 y finales de la dictadura.

El pináculo de la mirada ideológica fue aquel exabrupto que pretendía el fin de las ideologías y de la historia al final del “socialismo real”. Montezanti, ingenuo e ignorante como todo buen fascista, se lo creyó y por una década vivió creído de su impunidad perpetua, pero nadie para el viento y la historia se vengó de todos ellos.

Del General Videla que murió cagando en un baño de la Cárcel de Marcos Paz.

Del ángel rubio, el oficial de la Marina que raptó a las Madres de la Santa Cruz, ese Astiz que vivirá hasta su último día encerrado.

Y también de este miserable Juez y Docente Universitario que en su hora de prueba mostró que no tiene el coraje de enfrentar con dignidad la condena ética y judicial por los actos que cometió. No por su ideología que nadie condena a los fascistas, se condena lo que los fascistas hicieron y hacen.

La ideología atraviesa toda sociedad y mucho más una como la nuestra que fue reorganizada radicalmente por la picana y la capucha.

Una vez compartí con un sobreviviente de la Escuelita de Famailla (primer centro clandestino en Tucumán, en una escuela para pobres que querían dejar de serlo). El me contó que pudo ver a algunos compañeros porque había hecho una pequeña rasgadura a la capucha y por esa mínima ventanita alcanzó a reconocer algunos rostros.

Mi sueño es que la caída de Montezanti funcione como aquella pequeña rasgadura en la máscara de la ideología que impide a tantas y tantos ver la verdadera cara del Juez y Docente, esa que asustaba a los estudiantes y da asco a los que respetan la dignidad y la humanidad de los seres.

Amén.

*Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“La policía sigue armando las causas y el sistema judicial las sigue receptando y a la sociedad le sigue pareciendo bien. Mientras estamos atacando gente que dice que se puede utilizar como medicina la cannabis el narcotráfico de drogas sintéticas es una cosa que aumenta de modo espantoso. Nos siguen distrayendo con estas… estupideces”, advirtió la defensora general Graciela Cortázar tras el abuso de las policías Local y Bonaerense en la detención de tres pibes el viernes pasado.

A plena luz del día y ante varias cámaras que registraban el operativo, integrantes de ambas fuerzas detuvieron a dos militantes de la Cofradía Cannabica que difunden cada semana información sobre el uso de la marihuana y a un tercer joven que manifestó su disconformidad con el accionar policial.

“La cantidad no daba en absoluto como para pasar el umbral mínimo de la lesividad, que es lo que en materia de tenencia de estupefacientes se pone como límite de la punibilidad. El problema está en que las fuerzas policiales inicien procesos por esto, seguramente los chicos van a salir absolutamente libres de cualquier cargo pero el problema es que la autoridad policial inventa causas y las lleva adelante, con lo gravoso que significa estar sometido a proceso simplemente por estar expresando tus ideas”.

Cortázar manifestó por FM De la Calle que “la violencia institucional queda tan claramente marcada con la visión de esos videos que se viralizaron inmediatamente porque el impacto de cómo se utiliza abusivamente la fuerza me parece que si tuviera que enseñarlo en la facultad no hago más que mostrar ese video”.

“Claramente las imputaciones que se le hacen a los chicos son otro de los métodos habituales de los sistemas policiales para generar causas judiciales a quienes ningún delito han cometido. Dos maniobras básicas son: una, el acudir a la resistencia a la autoridad cuando en realidad esto no ocurrió, y por otro lado, la intervención para averiguación por cuestiones de estupefacientes cuando en realidad lo que hace este grupo de gente es expresar sus ideas que, hasta donde yo sé, está no solo permitido sino garantizado en el país en el que vivimos. Con lo cual la ilegalidad desde donde la mires de la actuación de la policía de la comuna es absoluta”, comentó.

La defensora explicó que “la policía puede actuar cuando hay una evidencia de comisión de delito. Esta evidencia tiene que ser clara, no puede ser librada a la interpretación del agente policial. La requisa está autorizada para los policías cuando hay razones de urgencia, porque como es una injerencia en un ámbito de privacidad que está garantizado por la Constitución, no hay ninguna razón para que un policía te entre a requisar violentamente o te compela a que te deje meter sus manos en el cuerpo, que te requise o revise tus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No revierte ninguna urgencia. Primero, ellos no tenían ninguna evidencia de comisión de delito porque de lo que se trataba era la difusión de un uso de una sustancia para fines medicinales, no había ni siquiera apología de ningún delito ni tampoco ningún aspecto que revele comercialización”.

“Lo más ilegal que tiene toda la actuación, y aparte revela que esto es una causa armada -de la cual nuestro Observatorio de Violencia Institucional está tomando registro para mostrar cada año de qué modo se vive la violencia institucional y a veces nos olvidamos en Bahía Blanca-, lo que hacen es acudir a un clásico llamado anónimo, y lo que es peor y revela aún más la impunidad que tienen es que dicen que llamaron los vecinos para decir que les molestaba la presencia de los muchachos en la plaza”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “esto lo que hace es estigmatizar a esta gente y después los cometario en el diario es ‘está bien que los detengan porque son unos traficantes’. No terminamos de aprender los ciudadanos, esto ya no es un reproche a los policías sino a la sociedad, a tener la buena práctica de tolerarnos para vivir en libertad, que cada cual diga lo que le parezca bien. Por eso es tan grave”.

“La culpa no la tienen los pobres flacos que por no tener otra fuente de trabajo se anotan a trabajar de eso. La policía de base, la que va a esos procedimientos, carece absolutamente de toda capacitación. Los que están un poquito más arriba, que son los formadores o los que quedan en las capas o mandos intermedios de la policía de la provincia, todavía no han saneado ni depurado los viejos vicios -afirmó la defensora-. Creo que la última vez que tuvieron la oportunidad de sanearlo fue cuando Arslanian intentó aquella desmilitarización de los bienes de la época de Camps de la policía donde no alcanza con enseñarles derechos humanos como hacen ahora, donde nos mandan a los profesores de la facultad de Derecho a que les digamos qué cosas no se pueden hacer, que no está bueno aplicar torturas. Pasa por que la formación tiene que ser realmente para que se entienda que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil que tiene a veces la posibilidad de usar la fuerza”.

Cortázar concluyó que “como hay todo un mensaje de inseguridad absoluta y nuestras fuerzas de seguridad son absolutamente impotentes para luchar contra el verdadero delito, lo que se hace son manifestaciones o intervenciones que son placebo para todos nosotros. La señora y el señor que sabe que hay una inseguridad tremenda, cuando ve a la policía comunal en Bahía Blanca haciendo alguna cosa en la plaza dice ‘algo están haciendo’. ¿Sabés cuál es el problema? Que estos placebos duran cada vez menos porque mientras están atacando la libre expresión de esta gente están matando gente en los barrios periféricos, después podríamos discutir si a la gente que lee los diarios y escucha la televisión le importa lo que pasa en los barrios periféricos”.

El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que proponía el inicio del jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación la semana pasada. El dictamen, que también propone suspenderlo al magistrado en sus actividades hasta que se realice el juicio, le endilga “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”.

Además de una “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La acusación por mal desempeño de sus funciones fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Daniel Candis, por considerar que el ahora acusado ha desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación y por haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a consejerxs del cuerpo.

El consejero Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”, conceptos que con distintas expresiones fueron compartidos por la mayoría de los consejeros presentes. Por su parte, Leónidas Moldes expresó su opinión desfavorable, la cual contó con la adhesión de Luis María Cabral.

Se encontraban presentes en el Salón del Plenario integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes celebraron el temperamento adoptado.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Fuente: Consejo de la Magistratura e Infojus..

“Yo soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata. Yo llegué a la isla en el año 96, también con ofertas engañosas, con expectativas de mejorar mi vida, lo cual nunca llegó a suceder. Terminé siendo explotada en un prostíbulo”, dijo al ser consultada por FM De la Calle sobre el juicio contra la familia propietaria del local “Black and White” de Ushuaia. Según Fiscales.gob, la banda encabezada por Víctor Morales está acusada de engañar a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y someter, al menos, a 18 mujeres.

Por allí pasaron muchas más. En las mismas condiciones que sufrió Alika con otros proxenetas y que aún está tratando de dejar atrás. “El clan Morales hace veinte años que viene explotando mujeres. Está implicada toda la familia, es realmente conmocionante para la ciudad de Ushuaia porque es un prostíbulo donde iban todos. Estaba tan, tan, naturalizado que terminaban yendo desde los padres, los hijos, los abuelos llevaban a los chicos a debutar, era realmente aberrante”.

La CTA Autónoma de Tierra del Fuego informó que el principal imputado, Víctor Morales, quedó detenido este miércoles tras presionar a una víctima para que no lo comprometa. Hoy se leerán los alegatos y el viernes se dictará sentencia.

Alika comentó que durante el debate “se detectó que había muchos casos de situaciones de vulnerabilidad de derechos. Las mujeres en cualquier sano juicio no llegan a prostituirse. La mujer que llega a entregar el cuerpo a cambio de dinero es porque está realmente en una situación muy, muy, vulnerable y con muchas necesidades. Nos encontramos con padres, con familiares, con hijos y todo tiene que ser sostenido por ellas”.

“Entonces llegamos a esa situación de explotación. En el año 2012 es cuando se quita el término ‘consentimiento’, lo que le daba consonancia a la Ley de Trata. Antes decías ‘pero dio el consentimiento’. Sí claro, cuando estás al borde del abismo y te están por empujar, ¿qué vas a decir? Firmas lo que sea aunque sepas que está mal. Das el consentimiento sobre algo que sabés que no es sano, que no está bien pero que no tenés otro camino, no tenés opciones. Eso es la prostitución. Cuando no tenés ningún tipo de opción, no podes elegir, ahí es cuando se convierte en trata de personas.

Como carne de carnicería

Ushuaia, puerto pesquero, puerto militar, última parada antes de la Antártida, puerto de cruceros. “En temporada alta, en verano, bajan entre dos mil y cinco mil personas. Gran parte de los que bajan hacen uso y abuso de los cuerpos de las mujeres que tienen que estar acá expuestos”.

Alika contó que cuando ella llegó, al igual que las mujeres por cuya explotación se juzga al clan Morales, se encontró con la complicidad del Estado. “Automáticamente me llevaron a la policía, los tratantes me dijeron lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, que yo venía como alternadora. El término alternadora es viejísimo, se supone que la mujer comparte copas, alterna copas con el supuesto cliente que no es más que un consumidor”.

“Por lo tanto, cuando yo me voy a hacer el carnet, primero me dan de alta, me hacen la apertura del legajo en la policía, sabiendo donde yo voy a estar. Ya la policía a nivel provincial sabe a qué vengo y quién me entrega. Después te piden una libreta municipal (…) ¿Qué ponía la libreta sanitaria? Exigía un análisis de HIV y un exudado vaginal, ¿para qué me exigís eso si supuestamente voy a alternar copas? ¿Me estás cuidando  mí o estás cuidando de entregar una mujer sana a quien vaya a consumir ese cuerpo? Es como carne en la carnicería, tiene que pasar un control de Senasa, acá son los controles municipales”.

Entre los “clientes” pasan dirigentes y punteros políticos y comisarios. “No me digas que no saben que está mal. Que se está haciendo un consumo de cuerpos. No me digas que cuando encontrás una chica de 18 años en un lugar de estos, muerta de miedo, que a lo mejor ni siquiera ha tenido relaciones sexuales, no me digas que no sabés lo que está pasando. Pasa que conviene más hacer la vista gorda, consumir lo que vas a consumir y te vas”.

“Acá no hay nada color de rosa”

Las mujeres permanecen atadas por “cadenas psicológicas” al prostíbulo. “Es un sistema de endeudamiento por los pasajes, quedás debiendo dinero de ropa, de comida, de tu propia comida, tu propio alojamiento. A partir del momento en que vos sos aislada de tu familia, de gente que te pueda ayudar a pensar en tu situación, donde estás sola, donde te cambian el nombre -no podés prostituirte o ser explotada con el mismo nombre de pila con el que naciste-, todo un trasfondo psicológico donde terminás aislándote y disociando tu propia personalidad”.

“Te convertís en otra mujer. Las cadenas son psicológicas, no te vas a encontrar muchas mujeres que estén con grilletes, atadas ni encerrados. Sí te vas a encontrar lugares donde veas alambres de púas, puertas que se cierran a determinada hora y siempre con ese miedo de no me puedo ir porque me van a ir a buscar, me van a golpear, me van a matar, me van a violar. ¿A dónde me voy a ir? Son casos de violencia extrema pero más allá de la violencia física que se ejerce sobre la mujer, es una brutal violencia psicológica”.

Durante el debate oral una de las víctimas defendió al proxeneta Morales. Alika también pasó por esa situación. “Yo me negaba a que cerraran el lugar porque obviamente veía que todo se me evaporaba, tenía mi vida destrozada, pero la poca estabilidad, el poco dinero que podía mandar a mi casa, lo sacaba de ahí. Me negaba a creer que él hubiese sido un opresor. De hecho, el vínculo que se establece entre el tratante y la víctima, a mí me llevaba en auto, me llevaban al hospital, me cuidaban, yo estaba mejor acá que en cualquier otro lado”.

“Todo eso forma parte de esa opresión psicológica donde ellos tienen que establecer un vínculo para que vos primero des el consentimiento y aparte no se te vea mal. Ya una carga con cuestiones psicológicas como depresión, volcarse al alcohol, a las drogas. Dentro de todo ese caos ellos tienen que ser el ancla que te da un poco de estabilidad. Y lo logran muy bien porque siguen lucrando con tu cuerpo y dentro de todo aguantás. Estás ahí, no te querés ir. Me cobran por llegar tarde, por no ir, el día que me enfermo tengo que pagar dos mil pesos, pero no importa, yo me quedo ahí porque es donde mejor puedo estar. Cuando lo mirás desde afuera, es una locura todo eso. Son mujeres a las que se les quita todos los derechos”, explicó.

Tras presenciar las audiencias del juicio al clan Morales, Kinan destacó que una de las víctimas “tiene un retraso madurativo que cualquier persona que hablara con ella se daba cuenta. Cuando a ella la engañan, tenía un DVD de la película Moulin Rouge, ella pensaba que iba a eso. Mirá vos la fantasía, mirá vos las mujeres siguen pensando en esa Mujer Bonita, en ese Moulin Rouge y no. Realmente a lo que vas es un sucucho de metro y medio por medio metro, son cuchetas dónde vas a estar con quince, veinte, treinta hombres por noche. Donde te duele todo el cuerpo, terminás seis, siete de la mañana toda dolorida. Incluso a veces sangrando, muchas de las chicas que no soportan más tener sexo terminan super alcoholizadas y después de tantos días terminan vomitando sangre. Acá no hay nada color de rosa, acá no hay nada placentero, es tremendo, son infiernos”.

¿Qué solución les vamos a dar?

Al ser consultada por el cierre de “cabarets y whiskerías” ordenados en algunas jurisdicciones como el Partido de Bahía Blanca, Alika opinó que “es una medida efectiva en tanto y en cuanto los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales cumplan con los protocolos de actuación hacia las víctimas”.

“Lo que no podés hacer -que yo lo sufro hoy en día- es cerrar un prostíbulo y dejar a todas esas mujeres a la deriva. Te ofrecen talleres de costura, de mucama. Yo no quería hacer costura ni mucama, ¿por qué me ofrecían esas cosas a mí? Estamos hablando de asistencias de una semana, dos semanas, un mes. Esas mujeres necesitan tratamiento psicológico, eso es fundamental. Necesitas reinsertarlas laboralmente, socialmente”.

“Yo hace un año y medio que estoy con tratamiento psicológico y todavía sigo escuchando cosas terribles que han pasado en mi vida como muchas otras mujeres. El tratamiento es una parte fundamental de darle un sentido a tu vida. No todas toleran eso porque te encontrás con cosas terribles, pero hay que hacerlo. Nación, provincia y municipalidad fallan en todos esos puntos. No hay refugios, no hay casas”, afirmó.

Finalmente se preguntó: “¿Qué solución les vamos a dar? ¿Qué estamos planteando para poder reinsertarlas socialmente? ¿Como sociedad sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Vamos a tener esa capacidad de tolerancia para que esa mujer entre en nuestras vidas? ¿Vamos a tolerar que una mujer que hayamos visto en un prostíbulo la veamos en una caja en un supermercado? ¿Vamos a ser tolerantes y solidarios para darles trabajo, para enseñarles, para ayudarlas? Ahí es donde estamos equivocándonos. El error no es cerrar los prostíbulos, el error es cerrarlos sin contención para estas mujeres que terminan en situaciones de clandestinidad, siendo tratadas de peor manera que antes”.

La justicia de Bahía Blanca condenó a una madre a seis años de prisión por ser partícipe necesaria en comisión por omisión en el delito de abuso sexual con acceso carnal padecido por su hija. La violación fue consumada por su pareja mientras ella miraba televisión en la misma cama.

El tribunal dio por probado el hecho alegado por el fiscal Sebastián Foglia, quien sostuvo que se encuentra acreditado que en 2008, en Coronel Pringles, la imputada “cooperó y prestó la colaboración necesaria e imprescindible para que su pareja, pudiera acceder carnalmente a su hija de diez años de edad y con debilidad mental leve, en la habitación de su domicilio durante una visita previamente pautada con el padre biológico de la niña”.

“La colaboración prestada (al violador) consistió en avalar y consentir el abuso que se ejerció sobre su hija en tanto presenció el hecho cometido sin interponerse ni impedirlo ya que estaba en la misma cama de la habitación donde el hecho se produjo, mirando la televisión sentada en el borde de la misma, omitiendo velar por su hija ni requerir auxilio, pese a que por su carácter de progenitora le correspondía hacerlo”, asegura el fallo.

Cabe destacar que los delitos sexuales son catalogados como “delitos de propia mano”, esto significa que solo la persona que realiza una conducta abusiva puede ser autor de la misma. Quien preste colaboración al autor incurre en algún grado de responsabilidad penal, según la importancia que tenga ese aporte y la oportunidad en la cual lo realice.

Esa cooperación o ayuda puede consistir en la realización de alguna acción, y también una omisión; es decir, se puede colaborar sin hacer nada. No cualquiera que “no hace nada” o “hace otra cosa” mientras se realiza una acción abusiva, participa del abuso o colabora con el abusador. Pude incurrir en responsabilidad por otro delito, pero no por abuso.

Sin embargo, hay personas que se encuentran en una especial y particular relación con la víctima de abuso que se denomina “posición de garante”, tales como padres o madres respecto de sus hijxs y las personas encargadas de cuidar niñxs, que ante una situación que amenace la libertad sexual “son garantes” de su protección y su inacción, en esos casos, puede hacer que se consideren tan responsables como el autor del abuso.