Mariana Torres, una de las 65 personas despedidas de Supermercado Burgos, dijo a FM De la Calle que la Municipalidad es acreedora de la empresa desde 2013 y que junto al sindicato “hicieron la vista gorda” para permitir su vaciamiento. “Fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias (…) son maniobras fraudulentas que hacen para cerrar, dejar a trabajadores en la calle y abrirse otros negocios. Eso es lo que no queremos que quede impune”.

La ahora ex empleada comentó que este martes “nos presentamos en nuestro horario normal y estaban todas las sucursales cerradas. Es algo que preveíamos, hace dos semanas que no compraban mercadería. (…) Al menos queríamos que el sindicato nos garantizara cobrar los dos meses que nos debían y después accionar judicialmente por la indemnización pero nos quedaron debiendo todo”. Los aguinaldos también.

La Asociación de Empleados de Comercio “se dedicó a justificar a Burgos, que era un empresario quebrado, que realmente estaba en crisis, algo que también tratamos de desmentir haciendo un escrache a una de las distribuidoras que abrió la familia, denunciando que durante estos últimos años habían adquirido tres legajos de taxi. No era una crisis sino que hubo desvío de capital a otros rubros más rentable para ellos. En esta pelea el sindicato no nos acompañó”.

Tras los 65 despidos, 40 aceptaron conformar una cooperativa de trabajo “para no quedar en la calle”. “La semana que viene o la otra entraría en funcionamiento, no se sabe si van a ser los tres locales o dos, hay distintas versiones. Los locales tendríamos que alquilarlos, Burgos lo que haría es prestar góndolas, heladeras, para que las trabajemos. Teniendo en cuenta que eso está en concurso de acreedores, que si mañana viene alguno y los quiere rematar tendríamos que devolverlos”.

65636_158995100944943_2022390885_n

Torres informó que “la Cooperativa Obrera nos va a proveer mercadería, no se sabe si toda o solamente la marca Primer Precio que es la que manejan. Nosotros iríamos pagando a consignación, a medida que vayamos vendiendo. Es complejo porque hay una baja del consumo a nivel general en todos los comercios y estaríamos compitiendo con la Cooperativa que nos va a vender los productos y también con los mayoristas”.

“Hay compañeros ilusionados y ojalá que sea una salida viable y no una forma del sindicato de patear la pelota para más adelante y que esto no estalle ahora. El municipio también está entre los acreedores de Burgos, conocían la situación de la empresa desde mucho antes, son acreedores desde 2013 en que entró en concurso preventivo, todos hicieron la vista gorda para que se llegara a esta situación. El vaciamiento fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias”.

Los empresarios también vendieron una sucursal de Charlone que figuraba “a nombre de un familiar”, un generador, una cámara frigorífica valuada en 150 mil pesos aproximadamente y un auto del apoderado Martín Burgos aunque “para pagarle al síndico y no a los empleados”.

188352_128499050661215_1802185536_n

Burgos y Javier Leiva, uno de los “encargados generales” del super son los flamantes titulares de la distribuidora de bebidas y gaseosas de Panamá 1773. “Él nos dice que es un proyecto pero estuvimos yendo y ya tiene un funcionamiento, hay movida de camiones de cajones de cerveza que están afuera, inclusive usaban los mismos camiones de la empresa para ese negocio aparte”, dijo Torres.

Efectivos de las policías Bonaerense y Local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas luego de frenar a dos pibes que circulaban en una moto sin documentación. “La moto es mía, yo la pagué”, dijo uno de ellos. “Mostráme los documentos pendejo de mierda”, retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas.

Una joven intentó hacer entrar en razones al efectivo y este le gritó: “Habla bien las pelotas pendeja, a mí qué mierda me importa que seas mujer, cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra”. Todo fue registrado por Jonathan Vélez, quien viralizó las imágenes en las redes sociales. “Vos dejá de filmar, sacále el celular”, siguió el veterano fuera de sí.

“Tengo que contarles que hoy en la esquina de la Escuela 23 la policía local paró dos chicos, que fueron a dejar a sus hermanitas, los pibes no tenían los papeles de la motito 50 y empezaron a agredir a los menores, yo tomo el celu y empiezo a filmar”, relató en Facebook el presidente de la Sociedad de Fomento de Spurr.

Agregó que “en ese momento llega una patrulla y se baja del móvil un tipo totalmente sacado y empezó a los golpes con todos, éramos más de 20 personas mirando, un atropello total, un abuso de autoridad descomunal, se me vino encima, me pegó, me rompió el celular, nos pegaron, el tipo amenazó, se burló. La piba de unos 16 años fue golpeada hasta que le agarró una convulsión, llamé a la ambulancia y cuando vino la policía la desvió para otro lado. Abuso total”.

Miembros de la guardia urbana municipal siguieron el episodio sin intervenir.

En septiembre, integrantes de las mismas fuerzas policiales, ante supuestas denuncias vecinales, levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y también fueron registrados en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

El juez de Ejecución Penal Claudio Brun ordenó al Servicio Penitenciario otorgar dietas especiales a casi sesenta internos de la cárcel de Villa Floresta que están bajo tratamiento médico. Según informó el magistrado a FM De la Calle, también “se abrieron causas por separado para ver si esta problemática agrava el cumplimiento de la pena y si tendrían que terminar cumpliéndola en prisión domiciliaria”.

Las autoridades manifestaron que la situación se da por falta presupuesto que se registra hace varios años y existen inconvenientes en el cobro por parte de proveedores aunque “no se puede trasladar esta problemática a la falta de insumos, de comida, esta solución debe ser inmediata”.

El juez destacó que “esto es responsabilidad del Estado provincial, cuando una persona delinque el Poder Judicial si lo encuentra culpable de esa circunstancia, la manda a cumplir una pena y dentro de esa pena el Poder Ejecutivo tienen la facultad, el objetivo mismo de la pena, que es la resocialización. Dentro de ese marco y del tratamiento que le tiene que dar está lo más básico que es la alimentación”.

“La Unidad 4 no es un ejemplo a seguir respecto a un lugar de tratamiento para poder resocializar a una persona a la que se la encontró culpable y la obligación del juez ejecutivo es reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Tiene las problemáticas que tiene toda unidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Es un problema general que el Poder Ejecutivo está tratando de solucionar con diferentes alternativas y programas.

“Son unidades carcelarias que están al tope poblacional, eso dificulta todo tipo de tratamiento, el problema urgente que estamos tratando, exigiendo desde el Poder Judicial, es el faltante de comida de algunos rubros. Hay algunos que nunca han tenido problemas como carne, fideos, arroz, aceite, pero en otros sí, verduras, frutas, leche, yogurt, manteca hace bastantes años que no ha tenido ningún tipo de ingreso”, comentó el juez.

De los 520 condenados a disposición del Juzgado a cargo de Brun poco más del tres por ciento cumple su pena en sus casas. El resto lo hace en Villa Floresta o unidades cercanas a sus familias: Batán, Sierra Chica u Olmos. Entre la población carcelaria prevalecen los jóvenes de entre 20 y 30 años y entre las causas que los llevaron allí los delitos contra la propiedad.

La prisión domiciliaria puede ser solicitada por “mayores de setenta años, las mujeres embarazadas o que tienen menores de cinco años o personas que tienen problemas de salud en forma terminal, que no puedan estar dentro de un lugar de encierro, y por medio de un control del médico correspondiente -que es la pericia que estamos solicitando en este momento- termina evaluando que no es el lugar idóneo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.

Se cumplen dos meses del femicidio de Liliana Díaz a manos de su ex pareja Marcelo Camarero en Coronel Dorrego. A las 18, desde el Instituto de Educación Física adonde concurría la víctima se realizará una marcha para exigir la condena del imputado y que en el futuro “no pase lo mismo”. Participarán además familiares de la montermoseña Katherine Moscoso.

“Suponemos que (Camarero) sigue en prisión, no ha avanzado mucho la causa, la lleva la dra. Lozano, hasta ahora está en veremos qué pasa. Lo que queremos con la marcha es que se concientice, que no le den diez, siete años, y que por buen comportamiento salgan de vuelta y pase lo mismo”, dijo a FM De la Calle Sady Acosta, amiga de Díaz.

Recordó que en Dorrego “hubo el caso de Verónica Vaca que (su femicida) ya está libre por buen comportamiento. Eso es lo que no queremos que pase, que se revean las leyes. Es muy triste porque no es la primera y ojalá sea la última, ya esto debería cambiar”.

“En su momento impactó mucho, hemos hecho cuatro marchas y la gente no se adhiere, no va, fuimos veinte personas la última. Creo que la gente no se involucra por el tema de que no me pasa a mí. Lo ven ajeno, no es pariente, amigo, no es nada, entonces van pocos. A Cualquiera le podría pasar”, dijo.

 

"Me mande una cagada con la Negra", dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

“Me mande una cagada con la Negra”, dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

Sady y Liliana se hicieron amigas en Paraguay y se radicaron años atrás en la región. Para ella, estos dos meses fueron de “mucho dolor, se nota la ausencia, ella siempre solidaria, todos la querían, la adoraban, porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”.

Por Kathy, por Mica, por todas

Ezequiel Moscoso comentó la semana pasada en diálogo con FM De la Calle que se reunió con el secretario de la vicepresidente Gabriela Michetti a quien solicitó ” que intervenga en el caso de Katherine la Policía Federal porque la de la provincia de Buenos Aires creemos que estuvo entorpeciendo el caso”.

13902795_981253265305201_933661680155557943_n

Del encuentro participó además Mónica Cid, madre de Micaela Ortega: “Estoy haciéndole el aguante a ella, la verdad todo esto es una vergüenza, que una mamá tenga que dormir ahí afuera mientras que los funcionarios, diputados y senadores estén calentitos y no vengan a laburar”.

“Hace ocho meses que tendría que haberse difundido la Ley de Grooming. Si la hubiesen difundido con folletería y Micaela hubiese tenido ese folletito por ahí hoy estuviera viva. Encima hoy sería el cumpleaños, esa madre está destrozada”, dijo el tío de Kathy el jueves, desde la carpa instalada frente al Congreso.

Viviana Almada informó por FM De la Calle que “a las seis de la tarde nos juntamos en San Martín y Vélez Sarfield y de ahí vamos a marchar por las calles whitenses pidiendo justicia y que se esclarezca esto rapidísimo, que no lo quieran cerrar como un suicidio. Todo White, todos los familiares y amigos sabemos que Ángel no se suicidó, lo tiraron, acá hay mucha corrupción mucha droga, por eso no se llega al final”.

La tía del joven fallecido tras caer de un puente en la localidad portuaria comentó que le “molestó mucho” que el intendente Héctor Gay no haya concurrido a la Fiscalía del dr. Gustavo Zorzano para informarse de la causa tal como había prometido.

“Él nos dio la palabra que se iba a acercar a hablar directamente con el fiscal. De hecho le dimos algunos puntos de la causa para que vea nombres y apellidos y no se acercó. Para que sepa que no estamos mintiendo, que no estamos hablando -como ellos creen- porque estamos dolidos, estamos hablando con justificación, con motivos”.

El jefe comunal había prometido evaluar la continuidad en el cargo del delegado de White, Marcelo Alonso, si aparecía con alguna responsabilidad en la investigación. “El intendente no se acercó a hablar con el fiscal, sí lo llamó por teléfono el viernes, hablaron y después salió por los medios diciendo que no se iba a meter en el tema del delegado, que iba a seguir en su puesto, que no tenía nada que ver, que la hija del delegado no había estado con Ángel. Nosotros sabemos que es mentira porque las cámaras los tomaron juntos, andaban por todos lados caminando, treinta chicos atestiguaron que salieron juntos de la fiesta, están mintiendo”.

“Tenemos audios donde el señor delegado dice que accedió a las cámaras y ahora dicen que no, ¿cómo sabemos si no las borraron si de hecho lo defienden tanto? Como familia nos queda esa duda”, afirmó.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó a FM De la Calle que la orden de detención contra Hebe de Bonafini fue “un hecho horroroso, un montaje absolutamente desproporcionado para intentar detener a un grupo de mujeres cuya edades oscilan entre los 88 y los 93 años” y “un acto irresponsable porque ayer podría haber habido una tragedia en el momento en que intentaron bloquear la salida del móvil de las Madres y un camión de la policía quiso cruzarse y hubo gente que lo impidió”.

“Hay una decisión política de mancillar un símbolo como es Hebe de Bonafini, hoy en todo el mundo ven como un escándalo lo que sucedió. Ahora el juez le está tirando la pelota a la policía, la policía a la ministra Bullrich, como siempre sucede en estos caso, ahora nadie dio la orden”, agregó.

Para el dirigente “lo que está en discusión es tratar de dar vuelta como una media las conquistas democráticas, civiles y sociales del pueblo argentino en los últimos años, en el caso de Bonafini, como hay una fuerte corriente alentada desde algunos medios de comunicación poderosos de volver a una suerte de impunidad, de liberar a los genocidas que están presos, de otorgarle la prisión domiciliaria a los que todavía están en la cárcel, hay que embestir como si fuera una delincuente común contra Hebe de Bonafini, hay que llevársela detenida como si fuese una ladrona de gallina”.

“Personajes que sí tendrían que estar entre rejas gozan de absoluta impunidad, se deben codear en los countries de la clase alta como si nada y una mujer como Hebe de Bonafini tiene que estar padeciendo con las otras Madres que las veía ayer en medio de los empujones, sofocadas, me daba tanta indignación, tenía tantas ganas de tener cerca algún responsable de los que dieron la orden porque son cosas que duelen en el alma”, manifestó Yasky.

El titular de la CTA-T destacó que “después de estos episodios hubo un ruidazo en todo el país que fue multitudinario porque se diseminó. Buenos Aires era como un hormiguero pateado, estaba cada cuatro cuadras un grupito, he visto ancianos golpeando la columna de la luz absolutamente solos, grupos más numerosos, está pasando algo que creo que marca la bronca e indignación de nuestro pueblo y espero que lo podamos expresar multitudinariamente en la marcha federal que va a recorrer todo el país el domingo, vamos a estar también de San Cayetano a Plaza de Mayo y por supuesto la marcha número 2000 porque pretender esta provocación justo antes, el jueves a las tres de la tarde cuando es sabido que las Madres salen de esa casa para ir a la plaza, la verdad que al que hizo eso hay que darle un premio”.

Finalmente, respecto a la unidad de acción con otras centrales sindicales, el docente adelantó que “con la CTA de Micheli estamos convocando juntos a la marcha federal y tenemos expectativas en lo que pueda resolverse hoy en el plenario de la CGT, sabemos que va a haber un documento muy crítico hacia las políticas del gobierno y esperamos que puedan plasmarse en una acción común que puede ser el paro nacional”.

Miles de bahienses volvieron a salir en las calles en unidad para rechazar los tarifazos y el ajuste que implementa el gobierno de la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC). La manifestación convocada por más de treinta organizaciones se concentró frente a la Municipalidad y luego marchó por el centro de la ciudad. Es el segundo #Ruidazo que se realiza en simultáneo con protestas similares en otros puntos del país. FM De la Calle ofrece aquí algunos testimonios e imágenes de la jornada.

ruidazo efemedelacalle 7

Orlando, socio del frigorífico recuperado INCOBB, apuntó al tarifazo que “pone en peligro nuestra fuente de trabajo y viendo los resultados en empresas de Bahía Blanca como Lucaioli, Burgos, La Nueva Provincia, donde se han producido despidos masivos, como trabajadores nos vemos identificados y podemos estar mañana en la misma situación”.

ruidazo efemedelacalle 15

La cooperativa pasó de pagar facturas de gas por 12 mil pesos a 58 mil y luego a 62 mil. Además padecen otros tarifazos “menos conocidos”: “Senasa aumentó más del 300%, con la caída en la venta de la carne no podemos hacer ningún tipo de inversión ni siquiera para mantener las instalaciones ya que todo el tiempo nos hacen inspecciones los mismos funcionarios del Senasa, o poder mantener el retiro y no hacer reducción de socios. Estamos en una situación muy delicada y sabemos que para la semana que viene esto va a empeorar porque teníamos una pequeña reserva que se nos agotó. Vivimos el día a día y es muy triste porque no vamos a poder llevar adelante la empresa en esta situación”.

ruidazo efemedelacalle 16

Luis, médico jubilado, dijo que “no tendría que quejarme pero veo la gente que está muy mal, nunca un gobierno empezó a gobernar tan mal como este, es el neoliberalismo, es empobrecer la mitad de la población para que el resto esté mejor, eso no sirve”. Repudió además la “apertura de las importaciones que lleva al cierre de las pymes y las fábricas”.

ruidazo efemedelacalle 9

Mariana Torres, trabajadora de Burgos, comentó que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”. En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

ruidazo efemedelacalle 11

“Claramente estoy en contra del tarifazo, estoy en contra de este ajuste, estoy en contra del desguace del estado de bienestar, estoy en contra de la persecución política que se está haciendo -como quedó evidenciado con el caso de Hebe de Bonafini-“, dijo a FM De la Calle el escritor y docente Mario Ortiz y agregó que “vengo para tratar de resistir desde las bases y hacer un acto de presencia que las cúpulas dirigenciales políticas y gremiales no están haciendo”.

ruidazo efemedelacalle 8

Un grupo de militantes con carteles que decían “pobreza bajo cero” y “aumenta todo menos mi salario” eligió a Nicolás como vocero quien afirmó que en la plaza estaba “sobre todo el ciudadano de a pie que de siete meses a esta parte empeoró su calidad de vida, perdió derechos y nota que un gobierno que hasta el 9 de diciembre lo amparaba era un Estado inclusivo, de bienestar, que le permitía comprarse su casita, ahorrar, comprarle pilchas a sus hijos, darle de comer y demás y ahora lo hambrea, lo abandona y despide trabajadores”.

ruidazo efemedelacalle 5

“Vengo por todo, esto es un desastre, es un injusticia que estemos viviendo esta situación, hay mucha desesperanza y hoy hay gente que ya no está comiendo, hay poca solidaridad, sentido social y este gobierno está haciendo lo que pensaba hacer que es defender los derechos de unos pocos y no los del pueblo. Saben hacerlo perfectamente, trabajan para otros intereses”, declaró Pelusa.

ruidazo efemedelacalle 6

El pastor metodista Aníbal Sicardi fue a la plaza para protestar por esta “burla para toda la ciudadanía, una tomadura de pelo para la gente de pocos recursos y para todos nosotros, estoy esperando que cambie”. A su lado, el cura en opción por los pobres Rodolfo Viano -con un cartel en mano que recordaba el 40 aniversario del asesinato del obispo Angelelli- agregó que “es un deber moral que tenemos de acompañar esta expresión de la ciudadanía y del pueblo e intentar ser la voz y los pies de tanta gente que en la periferia no se cita acá por el horario y por la imposibilidad económica de llegar pero que queremos estar porque hace falta decir basta a esta dictadura demoliberal y del partido judicial”.

ruidazo efemedelacalle 2

Leontina opinó que está en marcha un “ajuste bestial” que “sabíamos que iban a hacer pero nunca nos imaginamos que en tan breve tiempo iba a hacer tal desastre”. Criticó también “la persecución ideológica, lo que pasó con Hebe es muy emblemático, tocar lo más sagrado que tenemos”.

ruidazo efemedelacalle 1

Otra manifestante destacó que el tarifazo “es impagable, no es un capricho, está el que no puede y el que tiene que dejar de pagar otras cosas fundamentales, es una injusticia, deseo que el servicio mejore pero es un ajuste”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito del empresario periodístico Vicente Massot, en la causa en la que se investigan los homicidios de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos constitutivos de esta clase de delitos, además de poner en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado Argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

El fiscal ante Casación subrayó que la decisión del juez ad hoc Pontet y Cámara de Apelaciones “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

Leading case

De Luca consideró que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no logró captar “el carácter de leading case del objeto de esta causa. Con respuestas ritualistas dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

Para arribar a esa conclusión, De Luca repasó los elementos de prueba vinculados a los casos Heinrich y Loyola, los del rol de La Nueva Provincia en la “actividad psicológica” de la que el diario de Bahía Blanca “formó parte del y/o sirvió al plan criminal perpetrado por la última dictadura militar”, y su adecuación a la calificación legal de instigación pública o incitación a la violencia colectiva que eran la concreción del crimen internacional e instigación al genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.

Lo hizo siguiendo los razonamientos y las pruebas incorporadas a la causa por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes habían demostrado que el empresario periodístico “en su condición de ser uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario”, “haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (o delitos de lesa humanidad), a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano”, “un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Patricio Eleisegui) Monsanto puso fin a su proyecto en Córdoba y no levantará la planta que anunció Cristina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a este periodista que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. Monsanto comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista, las causas que precipitaron la decisión

Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Fernández concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.

Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de, precisamente, el maíz que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.

Malvinas-marcha-nacional-29-01-13-030-

La imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco comenzó a romper la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.

El fin de proyecto fue confirmado a este periodista por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas si se pasó los 2,5 millones”.

“Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos 5 años”, explicó.

La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.

asi-se-vive-en-Malvinas12

“No se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”, aseveró.

Según pudo confirmar quien aquí escribe, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio. “La idea es tratar de vender el terreno este año, pero como siempre dependemos de la real decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto”, sostuvo la fuente.

El plan que caducó

La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.

“Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales(una en la Provincia de Córdoba y la otra en la Provincia de Tucumán); el desarrollo de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja; Ensayos Experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios”, informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.

La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.

La movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, a la par de un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.

Artículo de difusión o reproducción libre siempre que se mencione la fuente
Patricio Eleisegui
Email: [email protected]

La agrupación H.I.J.O.S. Santiago del Estero repudió enérgicamente la invitación que el Centro Cultural del Bicentenario y la Unión de Editores hicieron al dueño del ex diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, para presentar su libro “Los dilemas de la independencia”. Asimismo rechazaron “el espacio que le otorgaron en el Diario El Liberal y el programa Libertad de Opinión de Canal 7 principales medios de nuestra provincia”.

Massot está beneficiado en la actualidad por la falta de mérito dictada por el abogado Claudio Pontet -en una cuestionada subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca- y ratificada por los camaristas Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera. La Fiscalía lo imputó como partícipe en una causa por crímenes de lesa humanidad referida al rol de su empresa como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.

“Los vínculos entre Macri y los Massot datan del inicio de la carrera política del actual presidente. Vicente Massot fue quien lo presentó en sociedad a empresarios y políticos. El sobrino del genocida Massot, Nicolás, fue el elegido por Macri para presidir el bloque legislativo. Un guiño más de los tantos que viene dando el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la protección de los represores y los civiles cómplices de la dictadura”, afirmó H.I.J.O.S. en un comunicado.

13923660_1250019931698966_7952665716524245964_o

Allí destacaron que “el rol de los medios de comunicación” durante la dictadura “fue fundamental para la implementación del terror en la Argentina: actuaron como aparato de reproducción ideológica para que sea posible el genocidio llevado a cabo” y en “la construcción del enemigo interno, los llamados subversivos, guerrilleros, terroristas” y la “legitimación del Terror a través del disciplinamiento de la sociedad”.

“La Nueva Provincia, no solo ocupó un lugar central en la trama del poder y en la construcción de un discurso de legitimación, sino que fue de suma importancia para las Fuerzas Armadas. Un informe elaborado por Prefectura y en colaboración de uno de los jefes de seguridad de la empresa, el comisario Ramos (sindicado por víctimas como uno de los más eficientes torturadores), consignaba en una lista de empleados “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria’ cita textual del informe.

“Los Massot pusieron el diario a disposición de las fuerzas armadas de 1976 por convicción ideológica y militancia contra la ‘infiltración subversiva’, línea editorial que hasta el día de hoy sostienen desde ese medio. Como otrora realizaron editoriales festejando el cambio y el saneamiento, que llevaría a cabo el régimen terrorista de 1976, en estos últimos días el ingeniero Macri, escribió una editorial en LaNueva., donde instaba a ‘decir la verdad'”, finalizaron.

(Por Mauro Llaneza) La mamá de Micaela Ortega se encadenó ayer frente al Congreso de la Nación para pedir restricciones a las salidas transitorias de condenados por delitos sexuales y una campaña nacional de prevención del grooming. “No me voy a ir de acá hasta conseguirla”, dijo Mónica Cid a FM De la Calle y agregó que “lo que estoy haciendo ahora es por los demás, porque todo fue a partir del encuentro del cuerpo de Mica y se podía haber evitado”.

Estuvo acompañada por integrantes de Mamá en Línea por la Ley de Grooming, familiares de Katherine Moscoso, su abogada Fernanda Petersen y la concejala Miriam Iantosca. Cid encabezó la presentación de proyectos legislativos ante un grupo de diputadas y diputados.

“Quiero hablar con Macri porque la decisión es política. ¿Por qué nos tiene que dar tantas vueltas? Una campaña de prevención, ¿por qué si primero van los chicos? Que le diga sí campaña para todo el país, depende de él”, afirmó durante la mañana.

El cuerpo de Micaela Ortega (12) fue encontrado el 28 de mayo en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. Su familia la buscó durante cinco semanas. Jonathan Luna, de 26, confesó el femicidio y quedó detenido tras un allanamiento en El Saladero donde se encontró una campera quemada y un celular de la víctima. Luna la engañó mediante Facebook haciéndose pasar por otra adolescente.

Co3gSrMWEAAEimA

Horas antes de la manifestación en el Congreso, Cid mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La funcionaria posó junto a ella y difundió: “Le conté todo lo que estamos haciendo para atacar a estos criminales que se abusan de las chicas, las engañan y esperan a recibir una mínima foto para luego extorsionarlas”.

“Me provocó mucho dolor, más allá de que sé que todo lo que estoy haciendo ahora es por los demás, porque todo fue a partir del encuentro del cuerpo de Mica y se podía haber evitado. Mica tendría que estar acá, son todos responsables, yo también como mamá de haberle instalado internet, de haberle dado una tablet, una computadora a mi hija sin herramientas para defenderse.

“Por eso la campaña de prevención. Cuando ella me dice empezamos a trabajar, empiezo a pensar en mi hija, y cuando me levanté le dije lo único que me sale es pedirle perdón a mi hija, porque no hice nada por ella. Me queda hacerlo por los demás y lo voy a hacer. Ella se comprometió y la quiero ver”, comentó Mónica.

Co4bLA1WAAAcgzh

Junto a la concejala Iantosca viajó también a la provincia de Río Negro para entrevistarse con el juez que habilitó las salidas transitorias del femicida Jonathan Luna. “Pensé que iba a estar más preparado, (Juan Pablo) Chirinos sabía que yo iba a ir, no se hizo cargo de nada, le echó la culpa a la cárcel de Roca, después hablé con la otra campana que es la cárcel, ellos dicen ‘quien firma es el responsable’, así que por eso hoy estoy acá apoyando lo que se necesita que no vuelva a salir ningún detenido más con este beneficio”.

“Yo lo hago responsable de la muerte de mi hija, qué es lo que voy a hacer después tengo que ver, pero sí tenía que ir a verlo a los ojos y decirle que había hecho 490 kilómetros para hacerlo responsable, mirarlo a los ojos y decírselo en la cara, y así lo hice. Y le pedí la renuncia”, contestó al ser consultada sobre la posibilidad de pedir el juicio político al magistrado.

13895478_901068966671345_6116747889441593341_n

Chirinos “le echó a culpa al Servicio Penitenciario, después me respondió que él también tenía familia. La diferencia es que él la tiene viva y yo la tengo muerta. Está clara la diferencia. De verdad que me pareció una persona muy fría”.

“Miriam (Iantosca) iba con un montón de preguntas pero no para culparlo. Ella necesitaba saber dónde estaba el agujero por donde escapó Jonathan Luna. Él nunca contestó nada, sacó otras causas, otras sentencias, no contestó nada”.

13901335_1236728109684557_7223243553311888656_n

“El director del Servicio Penitenciario nos contestó todo, cómo son los pasos de un preso hasta llegar al beneficio que era lo que necesitábamos para saber dónde se falló, dónde se falla con las salidas. De ahí sacó algo más claro y yo también porque ahí me pudieron dar la causa por la cual desde Choel Choel tenían a Jonathan Luna, una causa cerrada pero para el juez no tenía por qué no dejarlo en libertad”, dijo.

En cuanto a los compromisos asumidos por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando la visitó en su casa, Mónica afirmó que “algo se está avanzando, me duele que sea después de mi hija, me duele, pero vamos a seguir adelante”.

(Por José Luis Ares*) Nuestro bloque constitucional y nuestro sistema legal protegen fuertemente a los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica, sexual y moral.

El avance y difusión de las nuevas tecnologías de comunicación, su fácil y frecuente acceso por los seres humanos desde pequeños, como así las dificultades para controlar el intercambio informático, lleva a que se legisle con el objeto de proteger la integridad física y sexual de los menores, tratando de prevenir y reprimir conductas de ciberhostigamiento, tipificando nuevos delitos cometidos a través de las comunicaciones informáticas. En Europa, a través de un tratado de 2010, se instó a los Estados parte a que incluyan el grooming en sus legislaciones internas.

La palabra grooming proviene del idioma inglés y se refiere a conductas de acicalamiento o preparación, especialmente de animales. Llevado el concepto a los menores, se refiere a preparar a un niño o a una niña a través de comunicaciones informáticas para abusar sexualmente de ellos, quienes son especialmente vulnerables por su inmadurez e inexperiencia.

“El rápido crecimiento del mundo digital no ha creado
los delitos de abuso y explotación sexual de los niños,
pero sí ha aumentado la magnitud y alcance de los
posibles daños que pueden ocasionar”.
Gordon Alexander, UNICEF

Más allá de que aquella palabra esté instalada y tenga la ventaja de la síntesis, en atención a la riqueza de nuestro idioma entiendo que debería hablarse de “acoso sexual tecnológico de menores”.

A través de la Ley 26.904 de 2013 nuestro país incluyó este delito en el Código Penal en estos términos: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Es un delito doloso, autónomo y de peligro en el que el legislador adelanta la barrera de protección, considerando delitos a actos preparatorios de un eventual abuso sexual, a fin de prevenir la comisión de estos ilícitos en perjuicio de los menores.

La conducta que constituye delito (acción típica) consiste en contactar a un menor de 18 años a través de cualquier medio de comunicación tecnológico; es decir entablar un contacto virtual.

Sin embargo, no basta el contacto tecnológico para configurar el delito sino que es necesario que ello sea con el propósito de cometer cualquier ilícito contra la integridad sexual del o de la menor. Debe existir la finalidad de cometer cualquier delito sexual, tales como abuso sexual simple o gravemente ultrajante, violación, corrupción, facilitación de la prostitución, etc.

Ahora bien, ¿cómo se prueba esta finalidad? Salvo que las conversaciones fueran muy explícitas o el imputado confesara a la autoridad judicial sus perversas intenciones, esa finalidad deberá inferirse analizando con detenimiento las comunicaciones, teniendo en cuenta la introducción de temas sexuales, con mayor o menor sutileza, y la propuesta de un encuentro personal y directo. Sin embargo, el delito posterior podría ser también virtual, como sucedería con las exhibiciones obscenas a través de la cámara web.

Insisto en que como se trata de un delito de peligro, para que se configure el grooming no es necesario que comience a ejecutarse algún delito sexual sino que se pueda inferir ese propósito. Se busca proteger la dignidad de los menores, como así su normal desarrollo psíquico y sexual, evitando los ataques que puedan comprometer dicho desarrollo.

No es necesario que el delincuente oculte o simule su identidad, o mienta en su edad al establecer el contacto para que se configure el delito, aunque suele suceder que el adulto simule ser una persona de la misma edad que su presa.

Con ser importante la tipificación de estos delitos y de que se contemplen las nuevas modalidades en virtud del acelerado avance de la tecnología, pareciera que lo más efectivo, como siempre, será la prevención, a través de la concientización y el atento control y diálogo de los hermanos mayores, amigos, padres y educadores de los menores, que en ocasiones no medirán los riesgos de los contactos en la red y hasta se dejarán llevar por el atractivo de lo prohibido.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

(Por Mauro Llaneza) Lo dijo el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, a FM De la Calle. El fiscal general afirmó que la lentitud y otras falencias que presentan los procesos contra represores civiles y militares “no tienen que ver con la coyuntura” sino que son “una patología crónica”. “No puedo pronosticar el destino concreto de una causa, pero sí como fenómeno sigo pensando que esto no tiene vuelta atrás”, sentenció.

“Los únicos que van a garantizar la continuidad, así como hicieron posible abrir la investigación, son los propios organismos, la sociedad y la gente. Ahí es donde hay que mirar. Y no es solamente investigar los crímenes, hay una serie de cuestiones que seguramente van a empezar a exhumarse que tienen que ver con la voz de derechos humanos” y que generan “nuevas miradas sobre la profundidad de muchos conflictos vinculados a los derechos humanos”.

Un informe del organismo que encabeza Auat evidencia que durante el primer semestre se registraron 539 causas en todo el país en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltos 68. Los procesados actualmente son 846. La cantidad de detenidos es apenas superior a la de quienes están libres. Están en curso 16 juicios con 269 imputados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.

LH_5

Se produjeron avances en las causas contra funcionarios judiciales con condenas a 15 y 12 años de prisión al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, mientras los ex magistrados mendocinos Rolando Carrizo, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano están próximos a recibir sentencia. En Mar del Plata la causa por los crímenes de la CNU tiene entre los acusados al ex fiscal Gustavo Demarchi.

Respecto al empresariado el panorama es más complejo. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford, en la que se fijó fecha de debate para marzo de 2017 luego del fallecimiento de uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga. Otras dos son la de Minera Aguilar y de la Comisión Nacional de Valores. Se suman los frenos que impusieron las faltas de mérito y los sobreseimientos dictados en las causas emblemáticas en las que se investiga como partícipes a los empresarios de La Nueva Provincia, el Ingenio Ledesma y la yerbatera Las Marías.

LH_6

“Son muy lentos los juicios, ese es un dato muy fuerte que inspiró nuestra necesidad de relevamiento a fin de visibilizar esta patología, procesos (en los) que se hace una audiencia por semana, algunos casos hubo de una audiencia cada quince días, esto compromete seriamente la dinámica del proceso”, dijo Auat.

El fiscal apuntó particularmente al Poder Judicial y a la Cámara de Casación donde realizó gestiones para conformar tribunales. “Hay juicios que no se inician porque no tenemos tribunales. Un caso casi emblemático podría ser San Juan, hubo jueces que se inhibieron, tuvimos que modificar alguna cuestión de tipo procesal para lograr que se integre rápidamente pero seguimos con dificultades”.

El informe plantea la posibilidad de “preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”. En curso están “La Perla” (Córdoba), el juicio de los jueces (Mendoza) y Esma Unificada (Capital Federal) con un promedio de duración de tres años y medio.

LH_2

“Hay un proyecto que estamos trabajando para hacer una mega concentración de juicios. Todavía no lo podemos cerrar. En su momento veíamos que la atomización de las causas era básicamente la peor estrategia para avanzar en los juicios. No nos olvidemos que tenemos imputados y testigos de avanzada edad, lo cual nos obligaba a pensar de qué modo podemos organizar esos procesos para hacerlos lo más rápidos posibles”, explicó Auat.

Las megacausas nacieron para “evitar la impunidad biológica” y “el mayor grado de aprovechamiento de la prueba”. “Son largas, complejas, tienen muchos imputados y víctimas, pero es cierto que los tribunales tampoco tienen una agenda de audiencias lo suficientemente numerosas. Muchos tribunales están conformados por jueces que a su vez tienen causas de sus propios tribunales de origen”.

La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. Hay, además, 48 prófugos. Un 16 por ciento de los 2436 imputados, es decir, 395, falleció.

LH_3

Las domiciliarias “ya se venían insinuando como problema central, no nos olvidemos que los años pasan y vienen las patologías, las enfermedades -dijo Auat-. Estamos de acuerdo en la medida que esto sea controlado, que no se entiendan como impunidad, que no es libertad, es prisión en la casa. ¡Lo controlaba el Patronato de Liberados! No tenía facultades ese patronato para controlar a su vez a los que estaban condenados o en domiciliaria. Al no tener control son muy posibles los riesgos de fuga o la posibilidad de entender que estaban en libertad, que estaban excarcelados”.

Al ser consultado sobre el desmantelamiento de numerosas oficinas estatales que colaboraban con las investigaciones, el fiscal general advirtió que “es una señal política muy fuerte” que “puede afectar” pero por ahora “no tanto”.

“Hay un error conceptual. Se cree que el cambio de gobierno iba a alterar y que los juicios eran un problema de coyuntura política. Los juicios fueron el resultado de la lucha del clamor del conjunto de la sociedad por resolver ese conflicto. No lo pudieron hacer ni en el gobierno de Alfonsín con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos no pudieron impedir la averiguación de la verdad que se hacía a través de los Juicios por la Verdad. Esto marca que la necesidad de conocer la verdad de lo que había ocurrido durante los años de plomo estaba instalado en el cuerpo social”, finalizó.

LH_1

De 112 las causas elevadas a juicio, solo 9 tienen fijada una fecha de inicio del debate oral:

  • CNU (La Plata), comienza el 8 de agosto de este año, con dos imputados.
  • Megacausa Díaz y acumulados (Santiago del Estero) comienza el 22 de agosto de 2016 con
    11 imputados.
  • Ruarte (La Plata), comienza el 5 septiembre de este año, con dos imputados.
  • Colegio Militar (San Martín), comienza en 20 septiembre de este año, con siete imputados.
  • Mazzaferri (Paraná), comienza en 26 septiembre de 2016, con un solo imputado.
  • Menéndez – Caso Vázquez y acumuladas (Mendoza), comienza en octubre de 2016, con 11
    imputados.
  • Concha Rodríguez (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 6 imputados.
  • Subgrupo Guerrero (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 10 imputados.
  • Ford (San Martín), comenzará el 14 de marzo de 2017, con 3 imputados.

El fiscal Gustavo Zorzano elevó a juicio la causa contra Marcelo Caramelli, ex titular de Parques Municipales por extorsión, coimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La imputación alcanza además al ex delegado de Harding Green Leonardo Pombo. La definición sobre el pedido está en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.

“Es un pequeño logro que nos conduce al único objetivo que tenemos que es que todos estos personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Daiana paguen por esta causa o por otras, pero el lugar donde tienen que estar es en la cárcel”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein, fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo.

Zerneri recordó: “La denuncia la hice el 22 de abril de 2015 ante el dr. Zorzano porque ya venía con esta información desde hacía mucho tiempo pero el dr. (Oscar) Duizeide, que en ese momento era el fiscal de la causa Daiana, no quería tomarme la denuncia”.

“El fiscal se pone a trabajar hasta que el 25 de noviembre logra que el dr. (Guillermo) Mércuri le otorgue la detención para Caramelli y permanece hasta los primeros días de abril en la cárcel o en comisarías. Desde allí que está con la prisión domiciliaria que consideramos que es una burla pero no solo por un tema nuestro sino por el resto de los presos. Conocemos que hay una cantidad de personas que estarían en estado de domiciliaria pero son personas de bajos recursos que no tienen para pagarle a un dr. Sebastián Martínez ni para comprar voluntades de empleados internos de la cárcel que declaren en una audiencia privada”.

Las acusaciones contra Caramelli y Pombo se sustentan en las declaraciones y una filmación registrada por el empresario Guillermo Gregorio y por aportes y reconocimientos de directivos de la pista de bicicross del Parque de Mayo y de Juan Lilio del Parque de la Ciudad.

“Pombo trabajaba para Caramelli en este tipo de cuestiones y que haya sido delegado de Harding Green es porque lo premiaron, eran punteros políticos y de premio le dan los cargos. En realidad el suyo era el trabajo sucio, el de asistir a Caramelli en estas cuestiones ilegales”, comentó Zerneri.

zerneri herlein

Lorena Zerneri y su hija Daiana Herlein.

La causa elevada a juicio por la Fiscalía está referida al accionar de Caramelli en torno su función en el área de Parques. Otra investigación apunta a hechos cometidos cuando estuvo al frente del cementerio municipal. “Hay muchísimos testigos en diferentes ilícitos, todos dentro del cementerio, me refiero a robo de féretros hasta implantes de personas fallecidas, de tierras, de bóvedas, hay de todo”.

En cuanto a las responsabilidades superiores en el organigrama municipal durante los gobiernos de Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua, la denunciante afirmó que “si vamos a hablar para robar y repartir para arriba tenemos muchísimo más de qué hablar y de negocios mucho más importantes que se hacían en las dos gestiones. No un pinche como Caramelli que cobraba una coima”.

“Pasa que sabemos cómo se acostumbra en estos gobiernos, se les daban zonas a estas personas, esta es tu zona, manejála y arreglate como quieras, sin pedir ningún tipo de explicaciones. Me inclino más por esa idea en el caso de Caramelli. Después, negociados y robar para repartir lo tenemos a (Martín) Laplace, a (Rubén) Valerio, estamos hablando de otro tipo de negocios y de otras cantidades de dinero”, concluyó.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por tres bahienses para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el OCEBA suspendan la audiencia pública que se realizará mañana en Mar del Plata para analizar el tarifazo de las empresas de energía eléctrica.

“En el mismo rechazo de la medida cautelar no se dice en ningún momento que nuestro pedido esté infundado sino simplemente que sin dar un traslado al Estado ni producir pruebas no tiene los elementos suficientes como para considerar ilegal la audiencia, más allá de un posterior pedido de nulidad que es algo que vamos a trabajar si es procedente”, dijo a FM De la Calle Facundo Miguel, abogado de la Asociación Civil Vientos del Sur.

El cuestionamiento estaba motivado “en los mismos considerandos del llamado a audiencia que dicen que se van a tratar las modificaciones tarifarias, mensualizar las facturas, cambiar los precios de referencia y todas estas medidas son las que dispuso el ministro (de Energía Juan José) Aranguren en los Decretos 6 y 7 que están actualmente suspendidos”.

Por otra parte, “el único propósito de estas audiencias es la intervención ciudadana y no creemos que se haya cumplido atento que hasta el viernes estaba suspendida por recursos que se han ido planteando a lo largo de la provincia”.

El abogado destacó la dificultad para que, “en menos de cinco días hábiles, la ciudadanía pueda participar activamente teniendo la información a mano. Estamos hablando de decretos que en términos vulgares es chino básico, hablamos de arreglos tarifarios complejos, no es algo que en dos días se puede releer e ir a una audiencia a argumentar en igualdad de condiciones”.

tarifazos reunion

Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

13620740_550463421807831_7070544594550781860_n

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico presentado por Argentina. Entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. En contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del estado responsables de estos crímenes. El CDH destaca positivamente una iniciativa de la CPM con el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación: la creación del Registro Nacional de Casos de Torturas y otros malos tratos (RNCT).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un informe alternativo con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otros temas.

Desde la ONU observaron con especial preocupación la violencia institucional y específicamente la penitenciaria que “se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad, producidas incluso por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En este sentido, el CDH ve de manera positiva la sanción de leyes como la que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aunque lamenta la demora en su efectiva implementación. Del mismo modo, toma nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), pero lo contrasta con la no consolidación un sistema único de registro a nivel federal.

El informe inicia sus observaciones subrayando que “el Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia, a través de la participación de la sociedad civil y asignación de recursos materiales y humanos suficientes”.

Violencia penitenciaria y prevención de la tortura

Aunque el Comité tomó nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros malos tratos, se mostró especialmente preocupado por la información respecto al funcionamiento del sistema penal en el país, uno de los ejes centrales de la información remitida por la CPM.

Las requisas vejatorias, la alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, los traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo son algunos de los puntos que cuestiona el CDH al estado. Las condiciones de detención y los altos niveles de hacinamiento, “que se muestran incluso por la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención” se agregan a esta lista de observaciones respecto de la situación carcelaria.

Otra preocupación vinculada es que a “sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. Pese a la adopción de la Ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012, el Comité lamenta que el Mecanismo Nacional de Prevención aún no haya sido implementado”.

Entre las recomendaciones sobre estos temas solicita al Estado que adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad”; que cumpla con su obligación de velar porque se investiguen todas las denuncias por torturas, “asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura y agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido”

Detenciones arbitrarias y prisión preventiva

En otro apartado del informe, el CDH de la ONU advierte al estado Argentino sobre una práctica policial sistemática que desde la CPM se ha denunciado en reiteradas ocasiones: las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes. Lo expresa de este modo: “el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.

En este sentido, sugiere al Estado “tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito. Por último el informe destaca especialmente su preocupación “respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal”. En la provincia de Buenos Aires, la CPM denunció en su informe anual presentado en 2015 que el índice de detenidos sin condena alcanza al 60%.

Por esto, invita al Estado a encontrar prácticas y medidas alternativas a la prisión preventiva para asegurar que este sistema de detención no sea la norma.

Conclusiones generales

En el informe se presentan además algunos puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos. Violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios.

Para la CPM el informe tiene un valor fundamental porque llama la atención al Estado argentino respecto de su responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo que sus recomendaciones deben considerarse de manera prioritaria en la definición de las políticas públicas.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de diversos países del mundo y fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en nuestro país se encuentra incorporado a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa.

Fuente: CPM.