(Por José Luis Ares*) Nuestro bloque constitucional y nuestro sistema legal protegen fuertemente a los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica, sexual y moral.

El avance y difusión de las nuevas tecnologías de comunicación, su fácil y frecuente acceso por los seres humanos desde pequeños, como así las dificultades para controlar el intercambio informático, lleva a que se legisle con el objeto de proteger la integridad física y sexual de los menores, tratando de prevenir y reprimir conductas de ciberhostigamiento, tipificando nuevos delitos cometidos a través de las comunicaciones informáticas. En Europa, a través de un tratado de 2010, se instó a los Estados parte a que incluyan el grooming en sus legislaciones internas.

La palabra grooming proviene del idioma inglés y se refiere a conductas de acicalamiento o preparación, especialmente de animales. Llevado el concepto a los menores, se refiere a preparar a un niño o a una niña a través de comunicaciones informáticas para abusar sexualmente de ellos, quienes son especialmente vulnerables por su inmadurez e inexperiencia.

“El rápido crecimiento del mundo digital no ha creado
los delitos de abuso y explotación sexual de los niños,
pero sí ha aumentado la magnitud y alcance de los
posibles daños que pueden ocasionar”.
Gordon Alexander, UNICEF

Más allá de que aquella palabra esté instalada y tenga la ventaja de la síntesis, en atención a la riqueza de nuestro idioma entiendo que debería hablarse de “acoso sexual tecnológico de menores”.

A través de la Ley 26.904 de 2013 nuestro país incluyó este delito en el Código Penal en estos términos: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Es un delito doloso, autónomo y de peligro en el que el legislador adelanta la barrera de protección, considerando delitos a actos preparatorios de un eventual abuso sexual, a fin de prevenir la comisión de estos ilícitos en perjuicio de los menores.

La conducta que constituye delito (acción típica) consiste en contactar a un menor de 18 años a través de cualquier medio de comunicación tecnológico; es decir entablar un contacto virtual.

Sin embargo, no basta el contacto tecnológico para configurar el delito sino que es necesario que ello sea con el propósito de cometer cualquier ilícito contra la integridad sexual del o de la menor. Debe existir la finalidad de cometer cualquier delito sexual, tales como abuso sexual simple o gravemente ultrajante, violación, corrupción, facilitación de la prostitución, etc.

Ahora bien, ¿cómo se prueba esta finalidad? Salvo que las conversaciones fueran muy explícitas o el imputado confesara a la autoridad judicial sus perversas intenciones, esa finalidad deberá inferirse analizando con detenimiento las comunicaciones, teniendo en cuenta la introducción de temas sexuales, con mayor o menor sutileza, y la propuesta de un encuentro personal y directo. Sin embargo, el delito posterior podría ser también virtual, como sucedería con las exhibiciones obscenas a través de la cámara web.

Insisto en que como se trata de un delito de peligro, para que se configure el grooming no es necesario que comience a ejecutarse algún delito sexual sino que se pueda inferir ese propósito. Se busca proteger la dignidad de los menores, como así su normal desarrollo psíquico y sexual, evitando los ataques que puedan comprometer dicho desarrollo.

No es necesario que el delincuente oculte o simule su identidad, o mienta en su edad al establecer el contacto para que se configure el delito, aunque suele suceder que el adulto simule ser una persona de la misma edad que su presa.

Con ser importante la tipificación de estos delitos y de que se contemplen las nuevas modalidades en virtud del acelerado avance de la tecnología, pareciera que lo más efectivo, como siempre, será la prevención, a través de la concientización y el atento control y diálogo de los hermanos mayores, amigos, padres y educadores de los menores, que en ocasiones no medirán los riesgos de los contactos en la red y hasta se dejarán llevar por el atractivo de lo prohibido.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

(Por Mauro Llaneza) Lo dijo el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, a FM De la Calle. El fiscal general afirmó que la lentitud y otras falencias que presentan los procesos contra represores civiles y militares “no tienen que ver con la coyuntura” sino que son “una patología crónica”. “No puedo pronosticar el destino concreto de una causa, pero sí como fenómeno sigo pensando que esto no tiene vuelta atrás”, sentenció.

“Los únicos que van a garantizar la continuidad, así como hicieron posible abrir la investigación, son los propios organismos, la sociedad y la gente. Ahí es donde hay que mirar. Y no es solamente investigar los crímenes, hay una serie de cuestiones que seguramente van a empezar a exhumarse que tienen que ver con la voz de derechos humanos” y que generan “nuevas miradas sobre la profundidad de muchos conflictos vinculados a los derechos humanos”.

Un informe del organismo que encabeza Auat evidencia que durante el primer semestre se registraron 539 causas en todo el país en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltos 68. Los procesados actualmente son 846. La cantidad de detenidos es apenas superior a la de quienes están libres. Están en curso 16 juicios con 269 imputados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.

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Se produjeron avances en las causas contra funcionarios judiciales con condenas a 15 y 12 años de prisión al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, mientras los ex magistrados mendocinos Rolando Carrizo, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano están próximos a recibir sentencia. En Mar del Plata la causa por los crímenes de la CNU tiene entre los acusados al ex fiscal Gustavo Demarchi.

Respecto al empresariado el panorama es más complejo. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford, en la que se fijó fecha de debate para marzo de 2017 luego del fallecimiento de uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga. Otras dos son la de Minera Aguilar y de la Comisión Nacional de Valores. Se suman los frenos que impusieron las faltas de mérito y los sobreseimientos dictados en las causas emblemáticas en las que se investiga como partícipes a los empresarios de La Nueva Provincia, el Ingenio Ledesma y la yerbatera Las Marías.

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“Son muy lentos los juicios, ese es un dato muy fuerte que inspiró nuestra necesidad de relevamiento a fin de visibilizar esta patología, procesos (en los) que se hace una audiencia por semana, algunos casos hubo de una audiencia cada quince días, esto compromete seriamente la dinámica del proceso”, dijo Auat.

El fiscal apuntó particularmente al Poder Judicial y a la Cámara de Casación donde realizó gestiones para conformar tribunales. “Hay juicios que no se inician porque no tenemos tribunales. Un caso casi emblemático podría ser San Juan, hubo jueces que se inhibieron, tuvimos que modificar alguna cuestión de tipo procesal para lograr que se integre rápidamente pero seguimos con dificultades”.

El informe plantea la posibilidad de “preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”. En curso están “La Perla” (Córdoba), el juicio de los jueces (Mendoza) y Esma Unificada (Capital Federal) con un promedio de duración de tres años y medio.

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“Hay un proyecto que estamos trabajando para hacer una mega concentración de juicios. Todavía no lo podemos cerrar. En su momento veíamos que la atomización de las causas era básicamente la peor estrategia para avanzar en los juicios. No nos olvidemos que tenemos imputados y testigos de avanzada edad, lo cual nos obligaba a pensar de qué modo podemos organizar esos procesos para hacerlos lo más rápidos posibles”, explicó Auat.

Las megacausas nacieron para “evitar la impunidad biológica” y “el mayor grado de aprovechamiento de la prueba”. “Son largas, complejas, tienen muchos imputados y víctimas, pero es cierto que los tribunales tampoco tienen una agenda de audiencias lo suficientemente numerosas. Muchos tribunales están conformados por jueces que a su vez tienen causas de sus propios tribunales de origen”.

La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. Hay, además, 48 prófugos. Un 16 por ciento de los 2436 imputados, es decir, 395, falleció.

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Las domiciliarias “ya se venían insinuando como problema central, no nos olvidemos que los años pasan y vienen las patologías, las enfermedades -dijo Auat-. Estamos de acuerdo en la medida que esto sea controlado, que no se entiendan como impunidad, que no es libertad, es prisión en la casa. ¡Lo controlaba el Patronato de Liberados! No tenía facultades ese patronato para controlar a su vez a los que estaban condenados o en domiciliaria. Al no tener control son muy posibles los riesgos de fuga o la posibilidad de entender que estaban en libertad, que estaban excarcelados”.

Al ser consultado sobre el desmantelamiento de numerosas oficinas estatales que colaboraban con las investigaciones, el fiscal general advirtió que “es una señal política muy fuerte” que “puede afectar” pero por ahora “no tanto”.

“Hay un error conceptual. Se cree que el cambio de gobierno iba a alterar y que los juicios eran un problema de coyuntura política. Los juicios fueron el resultado de la lucha del clamor del conjunto de la sociedad por resolver ese conflicto. No lo pudieron hacer ni en el gobierno de Alfonsín con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos no pudieron impedir la averiguación de la verdad que se hacía a través de los Juicios por la Verdad. Esto marca que la necesidad de conocer la verdad de lo que había ocurrido durante los años de plomo estaba instalado en el cuerpo social”, finalizó.

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De 112 las causas elevadas a juicio, solo 9 tienen fijada una fecha de inicio del debate oral:

  • CNU (La Plata), comienza el 8 de agosto de este año, con dos imputados.
  • Megacausa Díaz y acumulados (Santiago del Estero) comienza el 22 de agosto de 2016 con
    11 imputados.
  • Ruarte (La Plata), comienza el 5 septiembre de este año, con dos imputados.
  • Colegio Militar (San Martín), comienza en 20 septiembre de este año, con siete imputados.
  • Mazzaferri (Paraná), comienza en 26 septiembre de 2016, con un solo imputado.
  • Menéndez – Caso Vázquez y acumuladas (Mendoza), comienza en octubre de 2016, con 11
    imputados.
  • Concha Rodríguez (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 6 imputados.
  • Subgrupo Guerrero (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 10 imputados.
  • Ford (San Martín), comenzará el 14 de marzo de 2017, con 3 imputados.

El fiscal Gustavo Zorzano elevó a juicio la causa contra Marcelo Caramelli, ex titular de Parques Municipales por extorsión, coimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La imputación alcanza además al ex delegado de Harding Green Leonardo Pombo. La definición sobre el pedido está en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.

“Es un pequeño logro que nos conduce al único objetivo que tenemos que es que todos estos personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Daiana paguen por esta causa o por otras, pero el lugar donde tienen que estar es en la cárcel”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein, fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo.

Zerneri recordó: “La denuncia la hice el 22 de abril de 2015 ante el dr. Zorzano porque ya venía con esta información desde hacía mucho tiempo pero el dr. (Oscar) Duizeide, que en ese momento era el fiscal de la causa Daiana, no quería tomarme la denuncia”.

“El fiscal se pone a trabajar hasta que el 25 de noviembre logra que el dr. (Guillermo) Mércuri le otorgue la detención para Caramelli y permanece hasta los primeros días de abril en la cárcel o en comisarías. Desde allí que está con la prisión domiciliaria que consideramos que es una burla pero no solo por un tema nuestro sino por el resto de los presos. Conocemos que hay una cantidad de personas que estarían en estado de domiciliaria pero son personas de bajos recursos que no tienen para pagarle a un dr. Sebastián Martínez ni para comprar voluntades de empleados internos de la cárcel que declaren en una audiencia privada”.

Las acusaciones contra Caramelli y Pombo se sustentan en las declaraciones y una filmación registrada por el empresario Guillermo Gregorio y por aportes y reconocimientos de directivos de la pista de bicicross del Parque de Mayo y de Juan Lilio del Parque de la Ciudad.

“Pombo trabajaba para Caramelli en este tipo de cuestiones y que haya sido delegado de Harding Green es porque lo premiaron, eran punteros políticos y de premio le dan los cargos. En realidad el suyo era el trabajo sucio, el de asistir a Caramelli en estas cuestiones ilegales”, comentó Zerneri.

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Lorena Zerneri y su hija Daiana Herlein.

La causa elevada a juicio por la Fiscalía está referida al accionar de Caramelli en torno su función en el área de Parques. Otra investigación apunta a hechos cometidos cuando estuvo al frente del cementerio municipal. “Hay muchísimos testigos en diferentes ilícitos, todos dentro del cementerio, me refiero a robo de féretros hasta implantes de personas fallecidas, de tierras, de bóvedas, hay de todo”.

En cuanto a las responsabilidades superiores en el organigrama municipal durante los gobiernos de Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua, la denunciante afirmó que “si vamos a hablar para robar y repartir para arriba tenemos muchísimo más de qué hablar y de negocios mucho más importantes que se hacían en las dos gestiones. No un pinche como Caramelli que cobraba una coima”.

“Pasa que sabemos cómo se acostumbra en estos gobiernos, se les daban zonas a estas personas, esta es tu zona, manejála y arreglate como quieras, sin pedir ningún tipo de explicaciones. Me inclino más por esa idea en el caso de Caramelli. Después, negociados y robar para repartir lo tenemos a (Martín) Laplace, a (Rubén) Valerio, estamos hablando de otro tipo de negocios y de otras cantidades de dinero”, concluyó.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por tres bahienses para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el OCEBA suspendan la audiencia pública que se realizará mañana en Mar del Plata para analizar el tarifazo de las empresas de energía eléctrica.

“En el mismo rechazo de la medida cautelar no se dice en ningún momento que nuestro pedido esté infundado sino simplemente que sin dar un traslado al Estado ni producir pruebas no tiene los elementos suficientes como para considerar ilegal la audiencia, más allá de un posterior pedido de nulidad que es algo que vamos a trabajar si es procedente”, dijo a FM De la Calle Facundo Miguel, abogado de la Asociación Civil Vientos del Sur.

El cuestionamiento estaba motivado “en los mismos considerandos del llamado a audiencia que dicen que se van a tratar las modificaciones tarifarias, mensualizar las facturas, cambiar los precios de referencia y todas estas medidas son las que dispuso el ministro (de Energía Juan José) Aranguren en los Decretos 6 y 7 que están actualmente suspendidos”.

Por otra parte, “el único propósito de estas audiencias es la intervención ciudadana y no creemos que se haya cumplido atento que hasta el viernes estaba suspendida por recursos que se han ido planteando a lo largo de la provincia”.

El abogado destacó la dificultad para que, “en menos de cinco días hábiles, la ciudadanía pueda participar activamente teniendo la información a mano. Estamos hablando de decretos que en términos vulgares es chino básico, hablamos de arreglos tarifarios complejos, no es algo que en dos días se puede releer e ir a una audiencia a argumentar en igualdad de condiciones”.

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Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico presentado por Argentina. Entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. En contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del estado responsables de estos crímenes. El CDH destaca positivamente una iniciativa de la CPM con el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación: la creación del Registro Nacional de Casos de Torturas y otros malos tratos (RNCT).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un informe alternativo con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otros temas.

Desde la ONU observaron con especial preocupación la violencia institucional y específicamente la penitenciaria que “se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad, producidas incluso por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En este sentido, el CDH ve de manera positiva la sanción de leyes como la que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aunque lamenta la demora en su efectiva implementación. Del mismo modo, toma nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), pero lo contrasta con la no consolidación un sistema único de registro a nivel federal.

El informe inicia sus observaciones subrayando que “el Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia, a través de la participación de la sociedad civil y asignación de recursos materiales y humanos suficientes”.

Violencia penitenciaria y prevención de la tortura

Aunque el Comité tomó nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros malos tratos, se mostró especialmente preocupado por la información respecto al funcionamiento del sistema penal en el país, uno de los ejes centrales de la información remitida por la CPM.

Las requisas vejatorias, la alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, los traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo son algunos de los puntos que cuestiona el CDH al estado. Las condiciones de detención y los altos niveles de hacinamiento, “que se muestran incluso por la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención” se agregan a esta lista de observaciones respecto de la situación carcelaria.

Otra preocupación vinculada es que a “sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. Pese a la adopción de la Ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012, el Comité lamenta que el Mecanismo Nacional de Prevención aún no haya sido implementado”.

Entre las recomendaciones sobre estos temas solicita al Estado que adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad”; que cumpla con su obligación de velar porque se investiguen todas las denuncias por torturas, “asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura y agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido”

Detenciones arbitrarias y prisión preventiva

En otro apartado del informe, el CDH de la ONU advierte al estado Argentino sobre una práctica policial sistemática que desde la CPM se ha denunciado en reiteradas ocasiones: las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes. Lo expresa de este modo: “el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.

En este sentido, sugiere al Estado “tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito. Por último el informe destaca especialmente su preocupación “respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal”. En la provincia de Buenos Aires, la CPM denunció en su informe anual presentado en 2015 que el índice de detenidos sin condena alcanza al 60%.

Por esto, invita al Estado a encontrar prácticas y medidas alternativas a la prisión preventiva para asegurar que este sistema de detención no sea la norma.

Conclusiones generales

En el informe se presentan además algunos puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos. Violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios.

Para la CPM el informe tiene un valor fundamental porque llama la atención al Estado argentino respecto de su responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo que sus recomendaciones deben considerarse de manera prioritaria en la definición de las políticas públicas.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de diversos países del mundo y fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en nuestro país se encuentra incorporado a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa.

Fuente: CPM.

Raúl Woscoff, asesor de la Unidad AMIA, aseguró en el marco del 22º aniversario del atentado a la mutual judía que los juicios en ausencia a los sospechados del crimen y la creación de una comisión investigadora propuesta por APEMIA no son alternativas excluyentes sino “complementarias” para alcanzar la verdad.

En diálogo con FM De la Calle el ex concejal calificó a la investigación como “el inventario del mal” porque “están todas las irregularidades habidas y por haber patentizadas en esa causa”.

“La secretaría colabora con la Unidad Fiscal, propone medios de prueba relacionadas incluso con la causa en sí que continúa en trámite donde estamos tratando de reflotar pistas o situaciones que no fueron debidamente investigadas, que tiene que ver con la conexión local y relacionado con el aspecto internacional, como saben la causa está paralizada porque hay una acusación contra iraníes que no prospera en función de los pasos procesales que hay que dar porque falta cooperación de la República Islámica de Irán”, explicó.

Woscoff opinó que “el juicio en ausencia permitiría evitar esa parálisis porque de esta manera la impunidad queda totalmente consagrada” y apoyó “la idea de que se constituya una comisión nacional en el Congreso, que se la denomina genéricamente como la CONADEP de la AMIA, si bien aquí a diferencia de la CONADEP ya los juicios y las investigaciones están en trámite. El propósito de obtener la posibilidad de desclasificar la información y de fijar responsabilidades de los organismos nacionales o internacionales lo compartimos”.

#JusticiaxÁngel es el reclamo que el próximo sábado renovarán familiares, amigas y amigos del pibe fallecido tras caer de un puente peatonal el 5 de marzo en Ing. White. Ángel Almada tenía 17 años y era integrante de la Orquesta Escuela de la localidad portuaria.

Su tía Viviana afirmó esta mañana por FM De la Calle que pasaron “cuatro meses y no tenemos nada, hay pericias que no llegaron, es un desastre” la causa en la cual la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis: suicidio, accidente y homicidio. En La Plata se están analizando los celulares del joven y en Mar del Plata referencias tomadas en el puente.

“Hay mucha mentira en este caso”, dijo Almada y agregó que “cuestionamos que desde el primer momento la causa se quiere tapar, cuando a Ángel lo tiran del puente la policía nos dijo que se había suicidado sin haber investigado”.

“Después el delegado (municipal Marcelo Acosta), la hija fue la que estuvo hasta los últimos minutos con mi sobrino, eso consta en Fiscalía. La chica en un primer momento dijo que no, después que sí porque todos los compañeros vieron que Ángel se fue con ellos. El señor delegado que dijo que había tenido acceso a las cámaras del Siprevi, no sabemos si es verdad o mentira, él puede tapar todo, el celular que a Ángel le habían robado aparece en la casa de un amigo del delegado y así un montón de cosas que nos llevan al mismo lugar”, comentó.

Viviana aseguró además que “la persona que encontró el celular (de Ángel) por ahí pasa con la camioneta por al lado de nosotros, nos mira de arriba, a mí me pasa finito con la camioneta como diciendo no nos van a hacer nada. Y a un compañero de Ángel lo amenazó el hijo del delegado el miércoles cuando salieron de la orquesta. Le dijo que nos iba a pasar uno por uno con el auto por arriba”.

El sábado la cita será ente las 13 y las 18 en la Escuela Técnica de Ing. White -avda. Dasso e/Cabral y Lautaro-. Realizarán un mural colectivo, serigrafía y se presentarán artistas en vivo y la Orquesta Escolar que Ángel integraba.

(Por Mauro Llaneza) “Venimos sosteniendo, desde la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, una batalla muy importante de ideas para explicar que sin la apertura de archivos secretos es imposible avanzar un centímetro en esclarecer nada”, dijo Pablo Gitter a FM De la Calle cuando se cumplían 22 años del atentado terrorista a la mutua judía.

Gitter destacó que “después de siete meses de un nuevo gobierno que de alguna manera generó o quiso generar la ilusión de que los trámites van a ser distintos, lo que vemos es un principio de continuidad en el ocultamiento, en el encubrimiento del rol criminal que tuvo el propio Estado en la comisión de este atentado. Han pasado 22 años y no tenemos grandes avances desde el punto de vista político”.

Desde el ámbito judicial la Alianza Cambiemos pretende realizar juicios en ausencia a los iraníes sospechados e incluso imputarles responsabilidad criminal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Es un disparate, hay que abrir los archivos, constituir una comisión investigadora con personalidades indiscutibles dentro del pueblo argentino, tenemos como propuesta una comisión constituida mayoritariamente con personalidades de la talla de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, distintos luchadores de los derechos humanos a los que sumamos a diputados y senadores y a un grupo de los familiares y todos con los archivos arriba de la mesa analizarlos y poder sacar un dictamen para saber cuál es la verdad”.

“Los familiares no tenemos ninguna expectativa en que este nuevo aniversario traiga verdad. Así como están las cosas no, no nos parece que el planteo jurídico vaya en alguna dirección y algunos dentro de esos grupos de familiares estamos interesados en darle una salida política, eso es un trabajo muy lento, pero se hace indispensable mantener la independencia respecto del Estado porque es la condición para tener la cabeza clara y no dejarse manosear por distintas propuestas inconducentes”, dijo Gitter en la entrevista que aquí se transcribe.

-A partir del cambio de gobierno, en el contexto político actual, ¿qué vías están abiertas en la búsqueda de justicia y cuántos avances o retrocesos se pueden distinguir?

La pregunta va al centro del problema, no se pueden distinguir avances. Después de 22 años el cambio de gobierno no significa necesariamente un avance. Y en más de un sentido podemos hablar de retrocesos. Te voy a dar dos ejemplos.

Somos una de las organizaciones que primerió el reclamo y la exigencia de apertura de archivos, venimos sosteniendo, desde la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA que integro, una batalla muy importante de ideas para explicar que sin la apertura de archivos secretos es imposible avanzar un centímetro en esclarecer nada. El gobierno anterior se negaba a abrir los archivos secretos pero tuvo una última intención de abrirlos y no lo hizo francamente pero sabemos que se los ha dado a la fiscalía de investigaciones. Este gobierno a pesar de que la fiscalía le pidió al presidente Macri que abra los archivos secretos, sin los cuales no se puede investigar nada, pues no lo hizo.

Después de siete meses de un nuevo gobierno que de alguna manera generó o quiso generar la ilusión de que los trámites van a ser distintos, lo que vemos es un principio de continuidad en el ocultamiento, en el encubrimiento del rol criminal que tuvo el propio Estado en la comisión de este atentado. Han pasado 22 años y no tenemos grandes avances desde el punto de vista político.

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Desde el punto de vista jurídico es muy poco lo que te puedo decir. Hace un año comenzó un juicio oral contra doce o trece imputados. Está imputada la plana mayor de la política y de la seguridad del país. Está imputado el presidente Menem, el jefe y el subjefe del Servicio de Inteligencia del Estado, el ex juez Galeano y algunos de sus secretarios, los jefes de la Policía Federal en el área de antiterrorismo e incluso el ex presidente de la DAIA por el conocimiento que tenía del papel que jugaba la SIDE en el pago a imputados. No va para ningún lado ese juicio, entre otras cosas porque los archivos están cerrados y porque los jueces se dan cuenta que son parte de un manoseo político articulado por el Estado de un lado y hasta por la DAIA del otro y no quieren ser parte de ese manipuleo.

Entonces 22 años después del atentado la situación para el conocimiento de la verdad es dramática.

-Hace unas semanas estuvo el ex senador Mario Cimadevilla -ahora a cargo de una secretaría para trabajar este tema- reunido con especialistas de la UNS porque jurídicamente están evaluando la posibilidad de juicios en ausencia. ¿Qué postura tienen sobre el tema?

Nos hemos pronunciado públicamente y en privado con Cimadevilla en contra. Queremos ser en este punto muy claros, Cimadevilla está tratando de salvarle la ropa a los desaguisados que el propio Estado argentino cometió. Entonces dice: bueno, si desde el punto de vista jurídico no podemos avanzar en culpabilizar a gente, en este caso los iraníes, contra los que no tenemos pruebas, armemos un artificio jurídico que los siga culpando a ellos que total no van a venir a la Argentina a rendir cuentas.

Estamos en contra de estos artificios jurídicos porque encubren la verdad. No sabemos qué papel tuvieron los iraníes, tampoco lo sabe Cimadevilla y mucho menos el juez. La verdad sobre la relación que hay entre el Estado argentino y el atentado está oculta en los archivos secretos que Cimadevilla a cuya apertura se opone, su gobierno se opone. Le hemos dicho personalmente que estamos en contra de seguir patoteando con la justicia o con el Poder Judicial para defender el papel criminal que le cupo al Estado argentino hace 22 años.

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Cimadevilla ha dicho cosas peores, está planeando incluso acudir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a imputar responsabilidad criminal a los iraníes. Hay un punto en que las cosas se distinguen por el olor y esto huele a locura. El gobierno argentino nuevo quiere repetir las primeras acciones del gobierno Kirchner, allá por el 2003 cuando apeló a las Naciones Unidas para tratar de ser el motor, la locomotora de un ataque a Irán desde la región latinoamericana.

Es un disparate, hay que abrir los archivos, constituir una comisión investigadora con personalidades indiscutibles dentro del pueblo argentino, tenemos como propuesta una comisión constituida mayoritariamente con personalidades de la talla de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, distintos luchadores de los derechos humanos a los que sumamos a diputados y senadores y a un grupo de los familiares y todos con los archivos arriba de la mesa analizarlos y poder sacar un dictamen para saber cuál es la verdad de este episodio que fue el atentado terrorista de Estado cometido en democracia más grave de los últimos cien años en Argentina.

-En el caso de las políticas que recién contaba que está llevando adelante Cimadevilla, ¿las leen en relación a un vínculo con el Estado de Israel más cercano o con otras características y otros objetivos políticos y comerciales?

Sin duda. Una aclaración necesaria por no conocerte ni saber cómo pensás. Obviamente cuando estamos hablando de Cimadevilla no es algo personal con esa persona sino que concentra una política dentro del aparato del Estado. Él es el secretario de la Unidad AMIA a la que ha presentado cuando todavía no había asumido a su cargo como si fuera el centro de la posibilidad del esclarecimiento de algo. Realmente no avanza un centímetro.

Por supuesto que para lograr algún punto de consenso o de apoyo, Cimadevilla representa formalmente las políticas del Estado de Israel en el tema AMIA. Continuar una acusación internacional dirigida contra Irán y alinear al gobierno argentino en solidaridad con Netanyahu, lo que es un verdadero disparate porque a Netanyahu no lo defiende ni su mujer que está también procesada en Israel.

-¿La comisión investigadora en qué estado está? ¿Qué recepción tuvo en el Congreso?

Hemos hecho un buen trabajo político en los últimos dos años. Nuestro proyecto lo presentamos hace dos años en el Congreso pero como las fuerzas políticas mayoritarias no habilitaron el debate perdió vigencia. Tenemos que volver a presentarlo. En este momento contamos con el apoyo de distintos bloques mayoritarios dentro de Diputados. Me refiero a la UCR, a la fuerza del GEN de Margarita Stolbizer, diputados del grupo de Massa y hasta del PRO. Incluso el presidente del Frente para la Victoria, el dr. Recalde, adhiere a la idea de que tenemos que discutir una salida política para conocer la verdad y esa salida política debe ser una comisión investigadora. Vale decir, tenemos un consenso, entre comillas, de estas fuerzas políticas en el sentido de habilitar el debate.

Si esta comisión al día de hoy no se terminó de formar es por las dudas que genera al interior del partido de gobierno, la mitad de cuyos integrantes adhieren a nuestra propuesta y la otra duda. Esta es la verdad de la milanesa, el aparato del Estado está dividido alrededor de qué salida política impulsar. Nosotros impulsamos una salida por la verdad y no por el negocio.

-Pablo, son exactamente las 9:53 minutos, se están cumpliendo 22 años de aquel atentado, más allá de toda esta discusión política y jurídica que 22 años después todavía tiene que seguir levantando como bandera, como agrupaciones de familiares ¿cómo reciben este aniversario?

Mira, los familiares no tenemos ninguna expectativa en que este nuevo aniversario traiga verdad. Así como están las cosas no, no nos parece que el planteo jurídico vaya en alguna dirección y algunos dentro de esos grupos de familiares estamos interesados en darle una salida política, eso es un trabajo muy lento, pero se hace indispensable mantener la independencia respecto del Estado porque es la condición para tener la cabeza clara y no dejarse manosear por distintas propuestas inconducentes.

Vamos a hacer nuestro propio acto hoy por la tarde, la Agrupación por el Esclarecimiento a la Masacre de la AMIA convoca a un acto a las seis y media de la tarde, a una conferencia para debatir el tema terrorismo de Estado y archivos secretos, el caso AMIA, conformando una mesa con especialistas como Juan Gabriel Tokatlian, profesor de la Universidad Di Tella y especialista en relaciones internacionales, el fiscal federal Federico Delgado que por estos días es conocido por sus acciones en los temas de lucha contra la corrupción, el ex diputado Claudio Lozano que es uno de los impulsores de nuestra propuesta de comisión investigadora y Laura Ginsberg que es la referente de nuestra agrupación. Vamos a fijar posición para intentar presentar este proyecto de comisión investigadora independiente del Congreso en las próximas semanas.

Pero en este momento comienza el acto oficial, que es un acto que se presta para poner flores, hacer homenajes y tratar de que pase el año lo menos llamativamente posible.

Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Héctor Gay y otras autoridades gubernamentales y de la empresa Dreyfus la semana pasada se inauguró la planta de la multinacional en ing. White. Tal como anticiparon las centrales sindicales locales, la fiesta no incluyó la más mínima mención a César Benítez, obrero que murió durante la construcción el 24 de marzo de 2011.

“Hubo un accidente muy grave ahí, por eso me pareció raro tanta celebración sin que haya pasado nada en estos cinco años, me dieron ganas de protestar, te imaginarás la bronca que tengo”, contó a FM De la Calle Maximiliano Contreras, quien perdió tres dedos al intentar ayudar a su compañero. El trabajador se acercó a Dreyfus para exigir que la empresa reconozca su situación y las autoridades le ayuden a conseguir empleo.

Contreras afirmó que “lo único que estoy pidiendo es justicia” y recordó que desde la época de los hechos está en juicio con la empresa y “todavía no resolvieron nada, recién hace un mes más o menos vino el perito en la causa, el ingeniero, y me tomó declaración”.

“Siempre trabajé, desde que tuve el accidente lamentablemente la vida sigue y con el tema de la mano se me puso más dificultoso conseguir trabajo, así que sigo trabajando pero nada estable, no como antes de tener el accidente. Te imaginarás que me cambió la vida, perder tres dedos de la mano, el empleador ya te mira de otra forma cuando vas a buscar trabajo”, comentó.

El obrero se matriculó como gasista y sumó una herramienta para buscar sustento para su familia. Durante la inauguración en Dreyfus logró contactarse con un secretario de la gobernadora Vidal quien prometió atender la demanda de acompañamiento en la causa y empleo.

“Todo el tiempo trataron de tapar todo rápido, supuestamente le tenían que hacer pericias al lugar y no sé si se hicieron o no, que ahora hay problemas con la causa, todo el tiempo tapaban todo para que nadie vea nada, fue todo muy encubierto desde el momento del accidente. Yo estaba shockeado, estaba mal, mucha importancia no le di a si hacían bien las cosas o no, en ese momento era en lo que menos pensaba”, recordó sobre la actuación de la empresa tras el incidente.

Y agregó que “para mí sé lo que pasó, ya lo hablé con el perito en la causa y lo dije varias veces, la viga de contención estaba fisurada, el día del accidente le dije al encargado de seguridad, con César le dijimos, y dijo que no pasaba nada, que no iba a pasar nada, que bajemos tranquilos y pasó lo que pasó. Desde ya también los pilotes de contención estaban socavados abajo por el agua, la función que teníamos era colocar bombas para drenar agua, te imaginarás lo socavados que estaban los pilotes”.

Foto: Captura de TV BVC Noticias.

Mañana se cumplirá un año de la desaparición de Andrea Esnaola en Pehuen Có. Para exigir que la justicia no abandone la búsqueda de la portera de la Escuela Técnica Nº1, el sábado se realizará un acto desde las 14 en Plaza Carrasco. Su amiga Marcela Pintado aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa “ni siquiera ninguna hipótesis que pese más que otra”.

“Yo sé que al pueblo internamente le afectó mucho que esta sea la tercera persona que desaparece en Pehuen Có, que no se encuentra. Me sentí un poco sola, ahora gracias a dios se armó un grupo que se llama Ni Una Menos Pehuen Có que son unas chicas bárbaras que hicieron un mural, para el sábado vamos a contar con las chicas de DesBandadas que ya fueron para la temporada a demostrar lo que hacen ellas y lo que piden, espero que a esta movilización se pueda unir el pueblo y gente de afuera también”, aseguró Pintado, quien ahora vive en Cipoletti.

La amiga de Esnaola sostuvo que “lo que nos conviene para nuestras mentes es pensar que ella se fue por sus propios medios y que está bien, pero es como te digo, no se puede descartar nada porque al no tener absolutamente nada, ni siquiera encontramos el guardapolvo o lo que fuera en el mar, en los médanos, no hay indicios seguros, ni siquiera de si se fue o nada. Es muy difícil”.

Respecto al intento de suicidio del marido de Andrea, Gustavo Martínez Ipucha, ocurrido días después de la desaparición de la portera, Pintado comentó que “me lo encontré en el Destacamento porque yo llegaba de Bahía y ahí era el punto de encuentro para ver a dónde vamos a buscar y lo vi muy mal, lo vi llorando mucho, estaba muy abatido y por lo que él me decía era como que confirmaban que los perros que buscaban desembocaban en el mar. Yo lo hablé después con él y no se acuerda de lo que hizo, yo lo relaciono a sentirse que si la pista más fuerte era que se había metido en el mar era como que bajó los brazos, hasta ahí lo había visto entero pero ese día lo vi realmente muy mal y al otro día pasó lo que pasó con el arma”.

“Por palabras de Andrea, ella estaba un poco cansada por la rutina en nuestro trabajo, todos los días haces lo mismo, hace tantos años la misma vueltita, estaba media cansada, después me enteré que ya había pedido una licencia sin goce de sueldo por un mes, ella no me lo había contado. Ese día estábamos con el tema de las benditas vacaciones de invierno, que había habido algún problema y que no se las iban a dar. Después nos enteramos que sí pero no le habían alcanzado a comunicar a ella. A uno le parece que no vas a tomar una decisión drástica porque te den o no las vacaciones pero por ahí es un combo que se puede haber juntado. Ese día ella estaba bien, el único tema fue el cambió de las vacaciones de invierno, ella se ponía muy nerviosa, muy impotente con ese tema”, recordó.

Agregó que Andrea “tenía una vida del trabajo a su casa, por ahí iba a Bahía Blanca a ver a su suegra o a hacer alguna compra, solían ir de vacaciones con el marido pero no era de tener, hasta lo que yo sé, muchas relaciones o vida social”.

“Andrea era bárbara, porque ella así tuviera un problema con alguna persona no iba al choque, por ahí capaz que nos desahogábamos entre nosotras porque prefería eso. Era muy colaboradora con todos sus compañeros, muy reservada también porque a pesar de que por ahí yo tenía mucha relación con ella, nos entendíamos mucho, hay cosas que no profundizaba y que yo tampoco sé de su vida íntima o personal”.

Frente a la manifestación del sábado, Pintado pidió “que no se olvide este caso, que no se olvide su nombre, que recordemos su rostro porque muchas personas capaz que se la cruzan y ya no se acuerda ni quién es. Por otro lado, exigir que se siga buscando o que comuniquen si hay novedades en la medida que se pueda, que no quede como un caso más porque buscar 18 días en la inmensidad de Pehuen Có me parece que no fue suficiente, tal vez lo que no se hizo en su momento ahora ya sea tarde”.

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(Por Mauro Llaneza) La Mesa de Coincidencias Malvinas, integrada por organizaciones que nuclean a ex colimbas que combatieron en la guerra de 1982 exigieron una autocrítica a las fuerzas armadas “por los hechos aberrantes cometidos contra la integridad de los soldados conscriptos” durante el conflicto y el juicio a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

“Hoy nos convocan a desfilar a todos juntos, junto a los que torturaron, a los que estaquearon, a los que humillaron a los soldados en la guerra por su condición de judío, por ser de pueblos originarios o simplemente por el color de su piel, junto a los responsables de la muerte por hambre, a los que huyeron del frente de combate”, dijeron al rechazar la convocatoria para participar de las actividades del bicentenario de la Independencia en Palermo. Lo hicieron un día antes de que Cambiemos paseara a Aldo Rico y otros golpistas y represores en nombre de la patria.

Gustavo Pirich, presidente de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, dijo a FM De la Calle que “ante la polémica el ministro y distintos sectores del gobierno salieron a decir nosotros no los invitamos. (…) El Ministerio de Defensa dijo ayer: fueron los ex combatientes. Nosotros no lo vamos a invitar a Rico. Los compañeros que participaron lo hicieron de buena fe y no para reivindicar a la dictadura. Les parecía bien, que era una asignatura pendiente y lo hicieron. Por eso no los juzgamos”.

Como parte de los actos oficiales por el bicentenario en Bahía Blanca, la Municipalidad recibirá este viernes a Nicolás Kasanzew: “Un reencuentro importante con una de las plumas y difusores de lo que fue ese tiempo de la contienda”, se anunció. Según Pirich, el corresponsal de Canal 7 aparece ahora como “un rambo civil” y “habla de que solamente hubo errores y excesos en Malvinas”. “Se trató de unas fuerzas armadas que venían entrenadas con una hipótesis de conflicto que era la represión interna, que se entrenaron en la Escuela de las Américas y que a Malvinas llevaron e hicieron lo que sabían hacer”: submarino seco, picanear, enterrar a los soldados “en el frío suelo malvinense”. “Suponemos que la mitad de las Malvinas debe haber visto cosas de las cuales no habla, no las dice”.

“Nosotros no estamos arrepentidos de nada, de hecho nos quedamos en el campo de batalla, combatimos como pudimos, los tuvimos bastante a mal traer en algunos momentos y estamos orgullosos de haber enfrentado al colonialismo británico”, aseguró en la entrevista que aquí se transcribe.

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-¿Era la primera vez que se daba esta posibilidad de desfilar en conjunto ex conscriptos y militares de carrera que estuvieron en Malvinas?

Sí, porque no se había planteado esta alternativa, el único desfile en el que participamos fue en el 2010. De prepo, no porque nos hayan invitado sino que estábamos ahí un grupo e irrumpimos en el desfile ya en el final. Fuimos muy aceptados por el pueblo, muy aplaudidos, creo que fue lo más bueno que nos pasó en ese sentido.

-En este caso, ¿cómo surge la convocatoria? ¿Quién invitó y organizó esta confluencia?

Del gobierno, el Ministerio de Defensa. Ahora ante la polémica el ministro y distintos sectores del gobierno salieron a decir nosotros no los invitamos a ellos, no invitamos a Rico. Qué sé yo, pero la verdad es que no hubo invitaciones cursadas personalmente, invitaron en forma general y no pusieron un filtro, entonces indirectamente lo invitaron. No seleccionaron quién sí y quién no como sí hicieron, por ejemplo, en el acto del Día de la Bandera en Rosario. Ahí pusieron vallado y los que no quisieron que entraran no entraron. No es nosotros no tenemos nada que ver. Están saliendo a lavarse las manos y les están echando la culpa a los ex combatientes. El Ministerio de Defensa dijo ayer: fueron los ex combatientes. Nosotros no lo vamos a invitar a Rico. De hecho los compañeros que participaron lo hicieron de buena fe y no para reivindicar a la dictadura. Les parecía bien, que era una asignatura pendiente y lo hicieron. Por eso no los juzgamos.

-Había muchos que esperaban un reconocimiento de este tipo pero ahí también radica la mala leche de la cuestión. Mucha gente con la intención de homenajear sentidamente y en medio se encuentra aplaudiendo a Rico. Habrá seguramente otro sector que los aplaudía a Rico y compañía pero fue confusa la situación. ¿Ustedes planteaban la necesidad de una autocrítica por parte de las fuerzas armadas y la posibilidad de juzgar las torturas y otras violaciones a los derechos humanos?

Claro, porque nunca hubo un mea culpa. Decir: esto sucedió. No, siempre niegan todo. Empezaron con el tema de la campaña anti militar o anti fuerzas armadas, que por qué ahora. No es ahora. Nosotros venimos contando todo lo que nos pasó, lo que pasa es que nadie nos dio bola. Los medios nos cerraron los micrófonos rápidamente. Nadie o muy pocos publicaron todas estas historias que todavía están ocultas tras el manto de neblina. Y que sale a la luz hace unos años porque otra vez volvimos a existir, fueron 34 años insistiendo con este tema y primero la respuesta fue: es una campaña anti Argentina, son los que se victimizan, son los que están arrepentidos de haber enfrentado a los británicos. Nosotros no estamos arrepentidos de nada, de hecho nos quedamos en el campo de batalla, combatimos como pudimos, los tuvimos bastante a mal traer en algunos momentos y estamos orgullosos de haber enfrentado al colonialismo británico.

Nada de lo que dicen para denostarnos es cierto. Lo que queremos es la verdad, nada más.

-Para eso recurrieron hace un tiempo a la justicia y llegaron a la Corte Suprema con resultado negativo aunque esto no signifique dejar de reclamar. ¿Qué otras vías tienen activas para juzgar aquellos delitos o por lo menos alcanzar la verdad?

Hoy la causa está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya la aceptó. Estamos poniendo toda nuestra expectativa pero además los querellantes han aportado muchísimo material nuevo. Por ejemplo las cartillas firmadas por nosotros ante los servicios de inteligencia que nos recepcionaron cuando volvimos, en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Nos hicieron firmar declaraciones sobre qué es lo que había sucedido en Malvinas y muchísimos contamos. Se juntan esas cartillas con las declaraciones y las causas actuales y demuestran que no es ahora ni es una campaña anti Argentina ni anti militar. Fueron los hechos tal cual sucedieron. Y además, el año pasado, el Ministerio de Defensa junto con estas cartillas desclasificó infinidad de documentos sobre el tema Malvinas. Algunos documentos, también de los servicios de inteligencia, demuestran que por ejemplo algunos dicen sugirieron, indicaron, a las cúpulas militares, a la dictadura, enviar a Malvinas a todos aquellos que estaban comprometidos en la represión interna. No los podemos mostrar porque han sido aportados a la causa y queremos que siga abierta para quienes están comprometidos allí.

-¿Mandar a quienes estaban comprometidos con la represión ilegal a Malvinas respondía a algún objetivo en particular?

Sí, pero no podemos decirlo.

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-¿Es información que era parte del Informe Rattenbach?

No, era información desclasificada de los servicios de inteligencia. Estaba en el Ministerio de Defensa, se encontraron después de mucho tiempo creo que en un sótano o algo así.

-El problema de la causa es que la Corte dijo que no son delitos imprescriptibles…

En realidad no lo dijo la Corte. Después de tres años dijo por una cuestión reglamentaria que no se iba a abocar al tema. Pero las dos primeras instancias sí. La primera y la segunda dijeron que eran delitos de lesa humanidad. Casación fue la que dijo que no eran delitos de lesa humanidad y que habían prescripto. Luego la Corte dijo ni y ahora está en la Comisión Interamericana. Más o menos la historia es que se han aportado muchísimos nuevos elementos.

Hay otras causas que están sustanciándose, no solamente la que llegó a la Corte. Hay otras donde por la documentación aportada creemos que pronto van a citar a declarar, se van a mover.

-Gustavo, ¿qué opinión tienen respecto a la identificación de los cuerpos de los caídos en Malvinas?

Estamos pidiendo junto con el Mecoma y el Cecim, que es el Centro de La Plata. Iniciaron junto a los familiares que no son de la organización oficial, porque nunca estuvieron de acuerdo con esto porque entendían que esto eran maniobras para llevar los cuerpos al continente y que jugaban a favor de los británicos, pero nada de esto es cierto.

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Es todo un sector de familiares que comenzó con esta historia junto con el Cecim y hoy estamos en que ya la Cruz Roja hizo una visita junto con el Equipo de Antropología Forense para analizar las cuestiones técnicas con las autoridades de Malvinas para iniciar casi seguramente en enero próximo las tareas de análisis para determinar quiénes son los que están enterrados, para que ya dejen de ser soldados solo conocidos por dios y los podamos conocer todos, quién está en cada uno de los lugares, y los familiares que quedan vivos -porque no son muchos- puedan poner una flor donde están.

-Por lo que leía de esos familiares, sobre todo de madres, algo similar que con las otras víctimas de la dictadura desaparecidas, la posibilidad del duelo y muchas madres que todavía creen que en algún momento ese hijo que fue a Malvinas va a volver. Para muchas cerraría una etapa la posibilidad de saber qué pasó con sus hijos.

Sí claro porque hay muchos puntos en común. Sé que hay muchos que por ahí me están escuchando y me voy a ganar algunas antipatías. Hay todo un sector de compañeros que dicen que no hay puntos de contacto, que no se pueden comparar las cosas. Pero la verdad son muchos puntos de contacto. Fuimos a una guerra a la que nos mandó la dictadura y también la dictadura hizo desaparecer a tanta gente que no volvió. Y también son quienes se han negado a decir dónde están.

La dictadura nunca estuvo de acuerdo tampoco en identificarlos en Malvinas ni en el continente. En muchos casos los personajes, esos jefes son los mismos que hicieron desaparecer tanta gente ¿no? Se repiten los nombres, las circunstancias, las historias. No es tan distintos como algunos creen. Creo que estamos llegando al punto en el cual vamos a saber.

En cuanto la tecnología sea apta para esto se va a determinar la mayor parte de los casos y también algo a lo que le tienen miedo. Que no es solo que porque no tiene nada que ver o si hubo puntos de contacto con la dictadura o porque tienen miedo que se trasladen los cuerpos. Algo que también va a surgir en no pocos casos es cómo murieron estos compañeros. En muchos casos quizás haya sorpresas. No podemos ahondar mucho.

-Por eso tanta resistencia…

Quizás haya sorpresas. Nada casualmente son sectores muy pro militares los que están queriendo que esto no se haga. Por ejemplo el apoderado de Familiares. Se descubrió cuando se desclasificó este tema del listado del 76 al 83 del servicio de inteligencia, era uno de ellos. Y creemos que nada casualmente, era el hermano de un caído en Malvinas y era servicio de inteligencia del 601. Entonces, nada casualmente estaba, creemos que estratégicamente estaba colocado ahí.

Hay muchas cosas y no te olvides que dentro de las causas se está investigando hasta el asesinato de un soldado, por lo menos un asesinato de un soldado a manos de un sargento primero, ametrallado por él. Hay testigos de esto. Y hay muchos muertos por inanición. Nosotros creemos que esa inanición, si bien no sobraba la comida los que estuvimos sabemos que había, en algunos casos esta inanición fue como direccionada hacia los soldados, esto se está investigando, no se pueden dar muchos datos.

Para terminar, el nombre de la causa central. La que está en la Comisión Interamericana, lleva el nombre de una persona bastante importante. Es Taranto, Jorge Taranto. Jorge Baroni es, ex jefe de cámaras de C5N, ex, ex, ex. Son muchas cosas que están tratando de salvar.

-Ojalá encuentren respuesta en la justicia. Una última que tiene que ver con las actividades que en Bahía Blanca se prepararon para el bicentenario entre las cuales para el viernes está anunciada la visita del periodista Nicolás Kasanzew con la presentación de sus libros. ¿Qué opinan de Kasanzew, de la tarea que desarrolló en Malvinas?

A ver… ¿cómo decirte? Bueno, Kasanzew apoya todo eso que nosotros no apoyamos. Habla también de que solamente hubo errores y excesos en Malvinas. Te debe sonar ese errores y excesos. Nosotros por el contrario creemos que fue sistemático. Que se trató de unas fuerzas armadas que venían entrenadas con una hipótesis de conflicto que era la represión interna, que se entrenaron en la Escuela de las Américas y que a Malvinas llevaron lo que sabían hacer e hicieron lo que sabían hacer. Repitieron métodos que repitieron en el continente como el submarino seco y como torturar con la radio, con el magneto, una especie de picana, soterramiento enterrando a los soldados en el frío suelo malvinense, y eso no lo ponían usar mucho porque se llenaba de agua pero de todas maneras lo usaban.

Así que nosotros discrepamos con él en este sentido, no hubo errores, no hubo excesos, fue un sistema implementado el que llevaron a Malvinas como el que implementaron acá y él siempre trata de desviar todo esto. Suponemos que la mitad de las Malvinas debe haber visto cosas de las cuales no habla, no las dice. Yo tengo un amigo, no sé si debería decir esto porque no sé si lo va a decir, es testigo de cómo estando con el ex camarógrafo (Alfredo) Lamela, creo que hoy fallecido, hablaba por la radio diciendo saquenmé de acá, saquenmé de acá, me prometieron siempre que me mandaban después al mundial. Y hoy aparece como una especie de rambo civil. No sé si me entendés. Esa es mi opinión.

(Por Coordinadora contra los tarifazos) Doscientos años de lucha, de conquistas obreras, de intelectuales patriotas, de juventudes comprometidas, de mujeres heroicas, de pueblos originarios que luchan por su Nación; de un pueblo noble y laborioso que construye todos los días la Patria, de sangre derramada por defender causas populares, de alegrías, frustraciones, de dolor.

Es la historia del pueblo argentino como ha sido y es la de los pueblos hermanos de toda América Latina, ya que nuestra Independencia sólo fue posible en un momento de auge de las luchas populares en todo el continente. Nuestra Independencia es continental: Chile 1818, Bolivia 1825, Perú 1821, Ecuador 1809, Paraguay 1811, ayer como hoy nuestros destinos están unidos.

Hoy, un conjunto de organizaciones del pueblo construimos esta fiesta popular por la Independencia porque somos orgullosamente descendientes de aquellas y aquellos pardos, mulatos, zambos, negros, indios, criollos, que acompañaron la gesta y las ideas que por entonces mantenían San Martín y Güemes entre otros y otras.

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Esta fiesta popular por la Independencia tiene mucho de aquella carta de San Martín a Estalislao López, donde San Martín le pide: “paisano, unámonos para derrotar a los maturrangos y después que los derrotemos, resolvamos nuestras diferencias como usted quiera”.

¿Por qué reflexionar en este sentido? Porque hoy organizaciones que decimos con alegría en debates fraternos hasta ponernos de acuerdo, que lo fundamental es festejar, como lo estamos haciendo en este, nuestro Bicentenario: el de la multiplicidad de voces, de colores, de matices; porque esto somos.

¿Cómo poder visualizar las corrientes políticas que se manifestaban en aquella época en las actuales circunstancias? ¿Cuánto de continuidad hoy podemos ver en un mundo capitalista desarrollado y desigual? Como no podría ser de otra manera, capitalismo es sinónimo de desigualdad.

37Sin duda hay un pueblo que en la búsqueda de organización para llegar a la segunda y definitiva Independencia, lucha, se moviliza, genera nuevas ideas, revisa su historia y no olvida sus mártires, los del siglo XVIII y los actuales: San Martín y Fuentealba, Güemes y Tosco, Monteagudo y 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos,  Belgrano y Henrich y Loyola,  Juana Azurduy y  las compañeras víctimas de femicidio y trata.

Un pueblo que no olvida a sus mártires porque reconoce a quienes entregaron su vida por la construcción de una sociedad más justa. Merecen el mismo respeto, no importa en qué época o bajo qué circunstancias, aunque a la ortodoxia le parezca una herejía.

Hoy tenemos un gobierno, el de Cambiemos, que es heredero natural de las ideas que explotaron y explotan al pueblo trabajador, que asesinaron a una parte importante de la juventud, que encarcelaron y desaparecieron a las luchadoras y los luchadores populares en la Argentina, que provocaron genocidios desde Rivadavia y Alvear hasta de la masacre de los pueblos originarios en la mal llamada conquista al desierto, herederos de Roca y Mitre.

35Cambiemos es -estamos convencidos de esto- un gobierno que representa las ideas del centenario. Su concepción es la de patrones de estancia hoy concebida bajo la hegemonía de los CEO de las principales empresas, quienes atrasan y quieren una “moderna” versión del granero del mundo mientras como en 1916, el pueblo pasa hambre, los niños y las niñas mueren por desnutrición y enfermedades evitables, existe la falta de trabajo, la educación de baja calidad, la salud empobrecida.

Este gobierno es la expresión genuina y descarnada de quienes fueron derrotados en 1816 y hoy están dispuestos a vengarse con saña de los negr@s, mestiz@s, mulat@s, zamb@s, indi@s, crioll@s. Es un gobierno que le pide perdón a las empresas como Repsol, que invita al jefe del Imperio Norteamericano el 24 de marzo para reírse de nuestras compañeras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos, que subió al palco de honor este 9 de julio nada más ni nada menos que al rey de España.

Es un gobierno que le grita en la cara al pueblo argentino, a Latinoamérica y al mundo, que l@s patriotas se equivocaron, que son desde el punto de vista histórico, una ofensa para nuestr@s mártires.

41Por eso debemos tener unidad, organización, paciencia entre nosotros y nosotras, escuchar para enfrentar a un gobierno que multiplica las ganancias de las empresas, transfiere recursos vía devaluación, aumenta las tarifas y fomenta los salarios a la baja de las grandes empresas. Sólo un dato: en el primer trimestre las 84 empresas que cotizan en bolsa ganaron 796 millones de dólares, la banca el aliado principal de este gobierno y de otros, ganó en el mismo período 389 millones de dólares.

Debemos construir multisectoriales que enfrenten los tarifazos, la falta de trabajo, el recorte a la libertad sindical, defender las empresas recuperadas. Tarea ardua y compleja, pero absolutamente necesaria, que nos pondrá en sintonía con las ideas de la Independencia. La falta de unidad, de compromiso; nos hará responsables del fracaso y la frustración de nuestro pueblo.

COORDINADORA CONTRA LOS TARIFAZOS

Frigorífico INCOB empresa recuperada – CTA Bahía Blanca / Dorrego – SUTEBA – Asociación Argentina de Actores – Unión de Músicos del Sur – Partido del Trabajo y Del Pueblo- – Corriente Comunista Watu – Grupo 83 Solidaridad e Igualdad – Colectivo Pueblo en Lucha – Nuevos Vientos – Partido Comunista Revolucionario – Cardumen – GEN – Centro Cultural La Panadería – FM De la Calle. Adhieren: Los Irrompibles – Comisión de Apoyo a los Juicios.

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MÁS IMÁGENES

(Por Mauro Llaneza) Lo dijo Alika Kinan a FM De la Calle desde Ushuaia horas antes de participar de una jornada de reflexión para analizar si los concursos de belleza o elecciones de reinas son tradición o violencia simbólica. Alika es sobreviviente de una red de trata y milita contra la violencia machista y el tráfico de mujeres y niñas.

“No estoy diciendo que quitemos definitivamente todo tipo de evento. Lo que le propongo a la sociedad es que hagamos un cambio de paradigma (…) que lo que planteemos no sea por una cuestión de belleza”, que representar a tu ciudad sea “un mérito por un desafío o por una cuestión de un trabajo ya realizado”, afirmó.

Kinan cuestionó que hasta el propio Estado impulse estos actos, remarcó que “por tradición también los abuelos y los padres llevaban a debutar a sus hijos y a sus nietos, por tradición las mujeres eran traídas al sur para ser explotadas sexualmente” y dijo basta: “Basta de princesas, basta de reinas, basta de estos estereotipos que son violentos para las mujeres”.

En la capital de Tierra del Fuego como en Bahía Blanca se debaten proyectos de ordenanza que buscan que el Estado desaliente la realización de concursos de belleza. Del encuentro convocado por la Juventud Radical participaron también Verónica Bajo de Acciones Feministas y el concejal fueguino Paulino Rossi.

CmubsCeWIAAOeVh-Quienes defienden las elecciones de reina dicen que es un golpe bajo pensar la violencia machista y poner a la par un concurso de belleza, ¿qué te parece?

Yo creo que esto es un cambio de paradigma que se está haciendo en nuestra sociedad y por supuesto hay momentos en los que va a haber una convivencia de la violencia machista a lo mejor con un ajuste real o con una política pública como este caso de realizar este cambio.

Van a estar conviviendo un tiempo hasta que nosotros tomemos cartas en el asunto y consigamos abolir este tipo de actividades o de eventos, este tipo de estigmatización que se realiza sobre la mujer, la cual es muy violenta. Los estereotipos ya son violentos para la mujer. Hoy por hoy la simbólica está considerada una forma de violencia y son los cambios que hay que realizar a nivel social, psicológico, en todos porque es algo que culturalmente sabés. Incluso organizaciones y el propio Estado impulsaban este tipo de actividades, tenemos que decir no, basta, basta de princesas, basta de reinas, basta de estos estereotipos que son violentos para las mujeres.

-¿Cómo se está dando el debate sobre el proyecto en Ushuaia?

Hizo mucho ruido en un primer momento, incluso por las propias mujeres, hay que decirlo. Pero también lo hizo cuando fue el cierre de los prostíbulos. Son cosas que a mí no me llaman la atención, cuando nos sentamos a trabajar en este proyecto -que es muy ambicioso- con Paulino, que es mi compañero de trabajo, con quien presentamos muchísimos proyectos y tiene una visión de género que es realmente maravillosa encontrarla con un hombre, le dije: ‘Mirá que con esto te estás metiendo en camisa de once varas, es algo que va a hacer mucho ruido y posiblemente te peguen mucho’. Me dice: ‘Alika yo creo en lo que estoy haciendo, así que considero que es donde hay que estar y en los proyectos que hay que trabajar”. Paulino es concejal y yo no soy nada, yo soy una activista, entonces yo todos los proyectos que trabajo en cuanto a género se los doy a él y él los presenta.

Efectivamente le dieron duro a Paulino pero estaba yo para reforzar todo lo que son los proyectos y para dar realmente las causas legítimas por las cuales estamos pidiendo. Yo no estoy diciendo que quitemos definitivamente todo tipo de evento, no. Lo que le propongo a la sociedad es que hagamos un cambio de paradigma, creemos otra figura, que puedan participar todos, y todas, que esto sea abierto para la comunidad, que lo que planteemos no sea por una cuestión de belleza sino de inteligencia, de capacidades, de trabajo en derechos humanos, que puedan participar los hombres, que participen las mujeres, que creemos otra figura o desafío.

Hoy ir a representar a tu ciudad en un bicentenario, por decirte algo, tiene que ser un mérito por un desafío o por una cuestión de un trabajo ya realizado, no solamente porque sos linda y sos joven podés participar de un evento. No, estamos cerrando, estamos discriminando y estamos creando un estereotipo de quién debe representar la ciudad. No, yo creo que debe estar abierto a todos.

13347000_1019758431405129_6082219451111946150_n-Aparece el concepto de belleza, quién lo define.

¿Si sos petisa, si sufrís alguna discapacidad, no podés participar? ¿No tenés ningún otro tipo de mérito para representar a tu ciudad? Yo creo que esto a nivel social es gravísimo y apuntamos a revisar estos cambios, son cambios sociales que nos enriquecen y que nos van a favorecer como sociedad más allá de todas las explicaciones y todos los estudios que se han realizado por los cuales son sometidas las mujeres para poder participar de estos concursos de belleza.

No solamente acá en Argentina, donde lo tomamos un poco más ligth, pero en Estados Unidos los antecedentes son tremendos, chicas que las han dejado sin comer, cirugías, las cuestiones del pelo, no poder socializar, no poder tener novio, son muchísimas cuestiones que también las tenemos que analizar y trabajar hacia adentro de nuestra sociedad y decir cómo puede ser que hayamos llegado hasta este punto de violentar a nuestras propias hijas para conseguir una perfección falsa donde no permitimos que se desarrollen otras cualidades que ellas puedan llegar a tener y las convertimos un poco en esa muñequita perfecta que ya es violencia simbólica.

-Como muestra de la falta de argumentos para defender iniciativas de este tipo aparece esto de la tradición como si de por sí fuese algo positivo.

Por tradición también los abuelos y los padres llevaban a debutar a sus hijos y a sus nietos. Por tradición las mujeres eran traídas al sur para ser explotadas sexualmente. O sea, hay tradiciones que realmente son nefastas y no aportan a la sociedad. No nos pueden venir a correr a quienes queremos trabajar en estas temáticas en cuanto a las tradiciones o en cuanto a la cultura porque hay cuestiones que tradicionalmente eran muy violetas y muy terribles para las mujeres.

-Recién mencionabas que este es uno de los proyectos que están trabajando y presentando en el Concejo Deliberante a través de Rossi, ¿qué otras áreas o de qué otras formas están encarando el trabajo en las cuestiones de género y violencia machista?

Presentamos un proyecto -también muy ambicioso, yo no ando con medias tintas-, que es para el acceso a la vivienda. De todas las viviendas municipales que se construyan hay un cinco por ciento para víctimas de trata. Hay otro porcentaje que es el acceso al trabajo para mujeres víctimas de trata. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio para que ellos mismos creen un programa de formación y reinserción laboral para víctimas de trata. Empezamos por la trata porque obviamente es una cuestión mía pero todo esto es ampliable a todo lo que es la violencia de género.

Hace poquitos días lamentablemente tuvimos un femicidio en nuestra provincia que nos conmocionó a todos mucho y nos llevó a organizar reuniones y empezar a trabajar en equipo. Yo había leído hace tiempo un proyecto que no pudo gestarse, no pudo contener su natural evolución por la propia sociedad en Perú y se lo pasé a Paulino. Hablaba de que ningún político, ningún candidato electo, nadie que quisiera postularse en puestos de poder o decisión y que ya tuviera una condena firme por violencia de género pudiera acceder a cargos públicos de decisión. Lo presentamos en el mismo momento porque nos parecía muy emblemático, que dábamos un mensaje claro a la sociedad de que no vamos a dar lugar a violentos y que el Estado no va a ser contenedor de actitudes ni de situaciones violentas. Este también esté generando mucha polémica.

-¿Hay alguien que defienda la posibilidad de que machistas violentos puedan acceder a cargos de decisión?

Defenderlos no lo van a defender porque es algo absolutamente indefendible porque tanto la política como la moral van bastante juntas, van de la mano, y no se van a animar. Pero sí ‘¿A vos te parece? ¿Esto no es anticonstitucional?’ No, lo estudiamos perfectamente, por eso hablamos de condenas, si no podríamos decir cualquiera que tenga una denuncia por violencia de género y no es así porque estaríamos discriminando y estigmatizando.

-Pasa con los represores de la dictadura algo similar cuando son condenados, tendrían que tener, tienen, algún tipo de limitación para participar en cargos de este tipo.

Creo que el ‘tendrían’ tuyo estuvo bien dicho porque alguno se ha filtrado…

-Seguramente. Alika, mencionabas también el cierre de cabarets. Aquí también hay una ordenanza en ese sentido, se cerraron los cabarets formalmente pero nunca se constituyó una comisión de seguimiento, por lo cual es difícil acceder a una valoración de la ejecución de esa normativa aunque también es público que bajo el cierre de persianas u otra modalidad los prostíbulos siguen existiendo y hay algunas causas investigando esa cuestión. ¿En Ushuaia qué resultados tuvo?

Yo soy bastante crítica con esto y muy crítica con el Estado. Cuando desde el feminismo decimos que el Estado es responsable lo decimos por una sencilla razón. El Estado es responsable por una cuestión de acción u omisión, entonces, en muchos de los casos si bien se han cerrado los prostíbulos a través de la Ley de Trata que está muy bien diseñada y muy clara en cuanto a todos sus puntos y cuáles son las políticas públicas a implementar, todas estas políticas públicas por parte del Estado tanto de la gestión pasada como de esta nunca se hicieron efectivas.

La Ley de Trata habla de cierre de los prostíbulos y a posteriori brindar contención y asistencia a las víctimas de trata mediante articulación con el Ministerio de Trabajo para integrarnos, reinsertarnos laboralmente. Esto no se hace. Un acompañamiento psicológico gratuito hacia la víctima. Esto tampoco porque no hay psicólogas ni psicólogos especialistas ni siquiera en violencia de género, menos que menos en trata de personas. Luego, acceso a la vivienda, por eso yo empiezo a presentar estos proyectos junto con Paulino. La ley nos hace de una gran espalda.

No hay políticas públicas, no se trabajan. Vos fijate que incluso por parte del propio Estado que trabaja la trata de personas no se habla de las políticas públicas, se sigue hablando de crear y crear y crear nuevos organismos y contratar nuevas personas pero en ningún momento se habla de las víctimas realmente, las víctimas que ya venimos hace tiempo trabajando, que hemos denunciado, las activistas que han estado insertas en el sistema prostibulario que a lo mejor no tuvieron -mira lo que te voy a decir- la suerte que he tenido yo de haber sido rescatadas de un prostíbulo, como tenemos a la compañera Sonia Sánchez, como Graciela Collantes, Elena Moncada, son grandes activistas y no son tenidas en cuenta en absolutamente nada. No se nos escucha.

En marzo fue reconocida por el Senado de la Nación.

En marzo fue reconocida por el Senado de la Nación.

-¿Y por parte de la justicia? En Bahía Blanca algunas causas se terminan perdiendo en discusiones sobre si debe aplicarse la Ley de Trata en el ámbito federal o si hay una facilitación de la prostitución y pasa la causa a nivel provincial y se diluyen las discusiones y las responsabilidades. Como víctima, ¿como ves ese peloteo luego de ser rescatada y teniendo en cuenta la posibilidad que esos proxenetas sigan libremente actuando mientras tu situación no tiene asistencia como lo acabás de plantear?

Esto para nosotras es aberrante, lo he hablado varias veces con el dr. Marcelo Colombo (NdR: titular de Protex). Cuando suceden este tipo de situación de que es explotación sexual o es realmente trata de personas yo me he sentado muchas veces y le he dicho ‘Marcelo no lo podemos permitir porque no se puede dentro de la Ley de Trata’. Es algo que hay que cambiarlo porque está muy bien redactada pero hay algo que falta, que es cuando la víctima a lo mejor lleva bastante tiempo viviendo en una provincia ya se la considera explotación sexual y pierde su condición de delito federal.

La trata es la captación, el traslado y acogimiento de la víctima, entonces es injusto, si fue víctima de trata no debería perder jamás su condición por más que hoy esté viviendo en un departamento o esté sola o acompañada, si no perdemos la esencia de lo que es la ley y no podemos crear la asistencia, que cuesta mucho, todo el sistema de asistencia y acompañamiento hacia la víctima.

Es lamentable que por una cuestión jurídica y cómoda, porque muchas veces las provincias se niegan y tienen gran desconocimiento en asistir a las víctimas. Se niegan porque es todo dinero pero cuanto tiempo estuvieron haciendo uso y abuso de esos cuerpos que estuvieron generando, produciendo dinero tanto para la policía como para los hospitales, como para un montón de organismos que vos decís cómo me hicieron esto, ¿no?

El Estado es responsable.

El ex intendente Rodolfo Lopes dijo que le “llama poderosamente la atención” el fallo de la Suprema Corte bonaerense que validó las escuchas telefónicas en las cuales se basó la acusación en su contra por estafa y malversación de fondos cuando estaba al frente de la comuna. El funcionario destituido en 2006 por el Concejo Deliberante había sido sobreseído por el Tribunal de Casación que ahora deberá dictar una nueva sentencia. Sus abogados evalúan apelar ante la Corte Suprema de la Nación.

La causa se había iniciado con la intervención a teléfonos de la ex secretaria Nora Martínez, quien había denunciado amenazas. Un informe sobre algunas de esas grabaciones redactado por el jefe de Operaciones de la DDI, Abel Maggi, señalaba el supuesto manejo irregular de fondos públicos a partir de lo cual la Fiscalía solicitó el monitoreo de las comunicaciones de Lopes.

Según declaró a FM De la Calle el dirigente peronista, aquello fue “una barbaridad, una vergüenza, porque no había absolutamente nada (…) Estoy convencido de que no he cometido ningún delito ni he hecho ninguna cosa que no esté bien, no sabría de qué defenderme. Fueron irrisorias, recuerdo cuando allanaron mi domicilio particular, pensarían que tenía dinero”.

Lopes calificó como “mentores ideológicos” del proceso a “políticos que después se instalaron en la Municipalidad”, muchos de los cuales “están sospechados de un montón de irregularidades, porque hay que observar qué pasó en la Municipalidad con los contratos a posteriori”.

Enumeró “las idas y vueltas” respecto a las líneas de los colectivos, la adjudicación de la obra de la terminal a “una sola firma que el único antecedente que tenía era hacer galpones”, la prórroga del contrato con Altec para la administración de los parquímetros y la rescisión del contrato con Cliba para entregar la recolección de residuos a Covelia.

El médico afirmó tener “conocimiento de reuniones hechas en el Barrio Patagonia, que se hacían a puertas cerradas en la DDI” para urdir una maniobra en la cual “cierto sector de la justicia se confabula o devuelve favores a los políticos”.

“Esto es una cuestión de poder, de esquemas de poder muy pesados, muy fuertes, más allá de los partidos políticos, acá nadie escapa que durante los primeros veinte años de gobierno democrático, antes de que yo llegara a la Municipalidad, había una sociedad tácita entre un sector del radicalismo y un sector metido en el peronismo”, dijo y agregó que “hay un sector que se mete como caballo de Troya en un determinado lugar, hace desmanes, hace desastres, sirve intereses”.

“Larraburu siempre defendió los intereses de los Massot, de La Nueva Provincia. Como defendieron los radicales que estuvieron. Convengamos que Linares no era muy distinto. Había una cuestión de poder político y un poco yo venía a romper ese esquema hegemónico de un sector de poder que manejaba las decisiones y tomá vos y dale a Braulio, como dirían en el campo los paisanos”, sostuvo.

En cuanto a las escuchas ahora validadas por la Corte, Lopes contó: “Me tomé el trabajo de escuchar algunas y en realidad no dicen gran cosa, son personas que hablan, yo a veces hablo más enojado, menos enojado. Yo era consciente de que me estaban usurpando los teléfonos, incluso en el día de hoy, según con quién hablo, por momentos aparece la misma instancia que sufrí durante esos seis meses siendo intendente”.

“Una vergüenza, se llevaron por delante la democracia, estos radicales de cafetín que hay acá creo que si se levanta Yrigoyen los saca a patadas en el traste. Lo mismo con determinado sector del peronismo, simplemente se han dedicado a vivir de la política. Del 83 para acá hay tipos a los que no se le conoce trabajo particular”.

“(Héctor Gay) tuvo un rol fundamental porque se encargó de hacer públicas rápidamente las escuchas para generar el caos y el desorden que se generó y eso significó un impacto en la sociedad de Bahía Blanca muy fuerte. Es un gran responsable, el actual intendente es otro caballo de Troya metido en la democracia. El pueblo lo eligió, que trabaje y que gobierne, y que se calle la boca porque ya no es más locutor”, exigió.

Habían sido rescatadas de un campo dedicado a la cosecha de papa. Un tiempo después, fueron citadas por los abogados oficiales de los acusados a ampliar sus testimonios. Los dueños son investigados también por lavado de dinero. Se trata de Carlos Alberto Tassara, Jesús Miguel Agustín Leiva y Miguel Ángel Marrón.

“Con la sola finalidad de echar luz a semejante desaguisado, sólo cabe señalar que la producción de prueba por parte de la defensa configuró una extralimitación de sus facultades”, dijeron los camaristas subrogantes Jorge Ferro y José Triputti al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón que había decretado nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata.

El tribunal de alzada coincidió parcialmente con el fiscal Alejandro Cantaro y el fiscal ad hoc José Nebbia en que las personas rescatadas de la estancia “La Emilia” -ubicada a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron en la sede de Santiago del Estero de la Defensoría General de la Nación sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.

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“La nulidad salta a la vista en virtud del artículo 167, inciso 2 del código de forma. El artículo 239 hace recaer en el juez el deber de interrogar a los testigos, y el artículo 212 faculta al fiscal cuando tuviere delegada la investigación conforme el artículo 196 del mismo cuerpo legal”, consignaron los jueces Jorge Ferro y José Mario Tripputi.

Los trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

Con posterioridad, las víctimas fueron citadas para declarar en Santiago del Estero -a donde habían sido trasladadas ya que eran oriundas de allí- ante la Defensoría. Según las actas, cambiaron el relato y los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado durante el procedimiento. Entonces, la defensa presentó esas supuestas ampliaciones para intentar mejorar la situación procesal de los acusados.

Ante esto, la Fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal ad hoc de Bahía Blanca, José Nebbia.

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Así las cosas, en agosto se amplió la imputación al dueño del campo por el delito de lavado de dinero ya que, a partir de la investigación, “se desprende palmariamente que el activo de esa sociedad proviene (al menos, en parte) de negocios ilícitos”.

En cuanto al patrimonio del primer acusado, se determinó que integra la sociedad ‘Agropecuaria C & V SRL’ desde, al menos, el año 2010, dedicada al cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas, producción de semillas de cultivos agrícolas y cultivo de soja, inscripta en los impuestos a las ganancias de sociedades, ganancia mínima presunta, IVA, etc.

Los fiscales agregaron: “Lo cierto es que explotaba el establecimiento rural (y por tanto a los trabajadores) junto a su socio” con roles diferentes pero con el mismo beneficio sobre las ganancias.

El caso

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.

trata suarez 1A partir del relevamiento efectuado por el Renatea y la AFIP-Bahía Blanca, se identificó dueño del campo quien, mediante un intermediario y a través de falsas promesas laborales habría engañado y trasladado a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nylon. No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene. La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estado. Según su propio relato, las víctimas realizaban jornadas de, aproximadamente, diez horas y debían trabajar sin ningún elemento de protección para las manos, mediante una técnica que los dejaba exhaustos y doloridos.

La Fiscalía contó con la colaboración de la Protex y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC). La noche del allanamiento, las víctimas recibieron asistencia psicológica y médica en el Hospital Penna.

Fuente: Fiscales. Fotos: NuevoDia Digital.

La jueza de Garantías Gilda Stemphelet dictó la prisión preventiva de Jonathan Luna, único imputado en la causa que investiga el femicidio de Micaela Ortega, y quitó la agravante por violencia de género.

Para la abogada de la familia de la nena, Fernanda Petersen, tanto el Juzgado como la Fiscalía carecen de perspectiva de género y por eso califican el hecho como “un homicidio agravado por la alevosía dadas las características con las que se ha encontrado el cuerpo. Nadie está mirando cuál fue el origen, por qué se captó a una adolescente de doce años, por qué se la engañó, se utilizó su vulnerabilidad”.

“A Micaela no la mató facebook, lo que la mata es el machismo y lo que la mata es ser mujer”, insistió Petersen al ser consultada por FM De la Calle. Explicó que “el Código Penal dice que para que se considere el femicidio como agravante tiene que haber una situación previa de violencia de género, los padres de Micaela y yo como su letrada consideramos que la captación por las redes sociales tiene como fin una situación de violencia sexual, de violencia física o en el caso de Micaela que fue su muerte”.

“Si bien hoy por hoy procesalmente lo que nos ocupa y lo que nos importaba era el dictado de la prisión preventiva, tenemos otras instancias en las cuales podemos seguir reuniendo toda la prueba que consideremos y las argumentaciones pertinentes para llegar a una elevación a juicio con la calificación de femicidio. No nos parece un dato menor porque consideramos que esto tiene que ver con una falta de mirada, de perspectiva de género de la justicia para con los hechos que se dan sobre las mujeres, niñas o jóvenes”, dijo.

Además, destacó que a “Luna al momento de ser indagado, si bien no declaró, se le leyeron todas las pruebas en su contra y cuál era la figura que se le estaba imputando. Si a futuro pedimos que se cambie la carátula en vez de ser por alevosía que sea femicidio no estaríamos afectando ninguna de las garantías constitucionales de esta persona”.

La Sala III aceptó como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas sobre los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” las que originaron esas intercepciones. El empresario Juan Suris se encuentra imputado por comercialización de estupefacientes, junto a otros diez acusados.

Desde la Cámara de Casación Penal, Eduardo Rafael Riggi, Lliana Elana Catucci y Juan Carlos Gemignani, dieron lugar al pedido del fiscal general Ricardo Gustavo Wechsler y anularon el fallo del  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que había absuelto a un grupo de personas imputadas por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Alejandro Cantaro participó en la etapa de instrucción y también, conjuntamente con la fiscala María Cristina Manguera, durante el juicio oral que tuvo como imputados a Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Martin Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

De este modo, la Cámara anuló el fallo de Beatriz Torterola y Juan Velázquez del Tribunal Oral que habían determinado la nulidad del inicio de la investigación y la intervención de líneas telefónicas de los imputados. Asimismo, apartó de la causa al Tribunal Oral y revalidó el criterio del juez de Instrucción Santiago Ulpiano Martínez, que había sido desestimado por los jueces bahienses.

Los camaristas aceptaron como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas de los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” lo que originó la intervención de las líneas telefónicas. Por el contrario, los magistrados fundamentaron que “no fue aquí un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces, quien primigeniamente aportara la información que diera origen a esta causa”.

La Cámara destacó que fue “a raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal policial que se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala; siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza”.

“Efectivamente, el juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala”, agregó el fallo judicial.

Fuente: fiscales.gob.ar