El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

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Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

lobos muni efemedelacalleRespecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

lobos

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Dr. Luis Federico Arias, comunicó el dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA), en virtud de no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación.

El Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) promovió una acción autosatisfactiva contra el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y las empresas EDELAP (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), EDES S.A. ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), EDEA S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y EDEN S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.), solicitando como medida cautelar se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia.

En virtud de ello, “solicita se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

El fundamento de lo requerido reside en que “la resolución del Ministerio de Infraestructura Provincial, vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del art. 42 de la CN, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%, por lo que los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

Arias resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenó “a las citadas empresas a que, de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”.

La Asociación Judicial Bonaerense cerró ayer su acuerdo salarial con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y puso fin a un conflicto gremial que se extendió por más de cien días. “Los ministros de Trabajo y de Economía comprendieron que era necesario un cambio de actitud y poner sobre la mesa más recursos de los que estaban dispuestos a poner”, dijo el secretario general Pablo Abramovich a FM De la Calle. Además, confirmó la participación en la protesta que mañana realizarán las dos CTA “para poner un freno a los despidos”.

“La propuesta finalmente fue aceptada por amplísima mayoría en nuestras asambleas, que son el mecanismo de toma de decisión que tenemos, participaron más de cuatro mil judiciales, hubo un debate muy rico, de mucha cantidad de compañeras y compañeros que supieron valorar que después de tres meses y medio hayamos podido superar ampliamente el techo que el gobierno pretendía para el cierre de estas negociaciones”, declaró.

Los representantes de la gobernadora María Eugenia Vidal no querían superar el 26 o 27 por ciento aunque el resultado final “garantiza para todo el año un mínimo del 32,5 por ciento pero que además tiene una cláusula que en agosto tiene que haber una rediscusión donde se van a poner sobre la mesa cuál es la evolución de las variables económicas en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina que podría generar también que el aumento final sea mayor”.

A partir de ahora se continuará con alguno de los otros temas que exigía debatir el sindicato. “Algunos tienen que ver con el salario y otros con la lógica de la negociación, por ejemplo la sanción de la Ley de Paritarias para judiciales, la discusión de la autarquía para el Poder Judicial y otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y de infraestructura de los edificios”.

Cambio de ministro

Carlos Mahiques presentó ayer su renuncia a la gobernadora Vidal. El argumento oficial indica que “la inminencia del vencimiento el próximo 10 de junio del plazo de la licencia otorgada por el Poder Judicial de la Nación –que integro como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal– me persuaden de la necesidad de retomar la función a la que he dedicado más de cuarenta años de mi vida”. Rápidamente su lugar fue ocupado por el ahora ex titular de la Asesoría General de Gobierno, Gustavo Ferrari.

“Nos sorprendió, no conocíamos la interna que existía dentro del gabinete ni siquiera tenemos al día de hoy claro cuáles son los motivos de la renuncia porque evidentemente no son los que el ministro pone de manifiesto. Muchas veces estos son acuerdos políticos que se hacen de que esas salidas no evidencien los debates internos”, opinó Abramovich y agregó que “independientemente de eso, creemos que más allá del cambio de nombres es necesario que esta gestión, empiece a explicitar cuál es su agenda de trabajo para la justicia, para el Servicio Penitenciario, para la política de seguridad porque hasta ahora no lo han hecho y es una provincia que requiere cambios profundos”.

El fiscal general Juan Pablo Fernández se refirió ayer en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al desarrollo de la investigación que lleva adelante su colega Rodolfo De Lucía sobre la desaparición y posterior femicidio de la niña Micaela Ortega. “Cuando usted busca a una persona que supuestamente está escondida en un lugar o la tienen retenida la busca de una forma determinada, no de esta forma en un descampado (…) Este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”, declaró.

En cuanto a la demora en acceder a “la clave” que desde un primer momento Mónica Cid planteó estaba en la cuenta de Facebook de su hija, el fiscal explicó que “las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en Estados Unidos, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información”.

La empresa informó “oportunamente” algunos datos aunque solo indicaban el lugar desde el cual se conectaba la nena. “Esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, lo que necesitábamos era el contenido de chat para ver si de allí surgía algún dato sobre dónde iría”.

A partir de la intervención de la embajada estadounidense, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children®), una organización sin fines de lucro financiada por el Congreso de su país, reportó el 25 de mayo “datos puntuales sobre la persona con quien se había comunicado los últimos días”.

Se trataba de un usuario “que tenía una identidad ficticia, cambiada, de género distinto, era una mujer, que se había comunicado con Micaela y le había ofrecido irse a vivir con ella, por lo menos unos días. A partir de este informe y de otra información adicional relativa a otros usuarios que se conectaban desde el mismo protocolo de internet, permite llegar a la casa del sospechoso, Jonathan Luna. Se procede al allanamiento por razones de necesidad y urgencia y allí se incauta un teléfono celular que pertenecía a Micaela y una planchita del pelo”.

“Luna intenta explicar cómo es que tenía esas cosas de Micaela y ahí dice dónde la dejó. Señala un lugar con características de modo genérico y luego de una búsqueda con perros entrenados, rastreadores, se llega a donde estaba el cuerpo que era un lugar con relativo difícil acceso”, dijo Fernández.

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Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, en cuanto a que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar”, el fiscal general opinó que “hubiéramos llegado igual, tal vez con más tiempo, unos días o una semana más, porque la punta del ovillo ya la teníamos cuando se llega al domicilio de Luna. Previo a esto se le había recibido en sede de la Fiscalía declaración a su concubina donde claramente lo identifica como la persona que se ve en el video, que iba con la niña”.

“No se buscaba lo mismo con anterioridad al allanamiento de Luna que con posterioridad. Desde el momento de la denuncia la hipótesis era distinta, era la fuga de un hogar, con el correr de los días probablemente ayudada por terceros, por personas mayores, la hipótesis más grave era que podía haber caído en una red de trata pero no este desenlace. A partir del allanamiento la hipótesis cambia y se busca en forma distinta”, explicó Fernández y agregó que “este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”.

En cuanto al femicida, el funcionario informó que “se negó a declarar en un acto formal -ese es el único que vale-, todo lo que pudo haber dicho con anterioridad a la comisión policial, a terceros, carece de relevancia procesal pero de todas formas la investigación tiene bases muy sólidas. Hay una serie de elementos serios y concordantes que permiten sostener la autoría de Luna”.

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El hombre de 26 años -se encuentra detenido y procesado por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por ser una cuestión de género lo que conlleva una expectativa de pena de reclusión y prisión perpetua. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva y oportunamente el debate oral y público. Fernández comentó que el móvil del femicidio apunta al robo y al abuso sexual: “Mata para encubrir y para evitar la delación posterior de la menor”.

En tanto, la concubina del acusado, María Espinosa, cuestionada en la ciudad por no haber denunciado a Luna, el fiscal manifestó que “por el momento no hay nada que lleve a sospechar de que ha participado” y que “más allá de lo que pueda entenderse si debió haber hablado antes o no, lo cierto es que colabora con la investigación y reforzó las pruebas en contra de Luna. (…) También es importante tener en cuenta que las personas particulares, que no son funcionarios públicos, tienen la facultad pero no la obligación de denunciar. Sí tienen como carga pública la obligación de declarar cuando se las llama como testigo”.

Al momento de evaluar las dificultades de la investigación y el cruce con el cibercrimen, Fernández concluyó que “es necesario invertir dinero en la compra de tecnología y capacitar profesionales. Un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier lugar del país y de la provincia y a veces a los operadores del lugar se les dificulta la investigación porque no conocen con precisión los mecanismos, no tienen aceitado el tipo de relación que permite muchas veces desde lo informal destrabar algún informe, sobre todo en otro país. Un aspecto a mejorar sería algún organismo específico que gestione las respuestas que las distintas fiscalías o los jueces puedan gestionar con fluidez”.

¿El alumno que acaba de salir de su escuela?
¿Una madre que tiene un dolor enorme por la muerte de su hijo? ¿Un apellido al que le robaron parte de su linaje?
¿Una hermana que no puede cumplir el deseo de decirle que será el padrino de su hija/o?
¿Un padre el que no dará más consejos?
¿Un amigo que se quedó sin compañero de salidas?
¿Un sueño que alguna fue soñado y ahora no podrá ser cumplido?
¿Una familia que lucha por la memoria, el recuerdo y la justicia?

¿ Y para qué escribimos?
¿Sirve de algo si la persona que queremos que lo lea no lo leerá?
Escribimos mostrando la necesidad de llegar a un solo destinatario, ocultando lo que realmente necesitamos, que él nos hable.
Necesitamos escuchar su voz, sentir su presencia, verlo, olerlo. No exagero, el aroma de una persona se va cuando esta se muere. Cuando la matan también. En lugar de él nos dieron una ausencia, nada que escuchar, nadie a quien hablar, nada que recordar más que imágenes con telarañas y polvo que desenterramos desde lo más profundo de nuestros recuerdos para tenerlo más presente. Buscamos la forma de hacer que siga con nosotros, sabiendo que le arrebataron la vida y que ya no está.

Muchos nos dicen que tenemos que dejarlo ir, que la vida sigue y hay otros enfoques en los que centrarnos, que si lo dejamos ir va a estar mejor, él y nosotros… Pero, ¿cómo lograrlo si aún no hay justicia? Si la memoria de él, de Juan Cruz Manfredini, no es respetada y sí es pisoteada. Así como los miles de tercerizados que tiene este país. Ni hablar de esta ciudad.

CUANDO UNA PERSONA SE VA, EL VACÍO LLENA TODO HUECO.

Apoyamos la cabeza en la almohada fantaseando que por la mañana nos despertaremos y reiremos, porque todo es un sueño, una pesadilla. Pero, ¿sabes qué?, todo es verdad, es un día a día de lo mismo. Es despertarse y saber que el desayuno por la mañana no tiene sentido porque hoy él está celebrando el día de la madre y treinta minutos después está internado en terapia intensiva, con el 95% del cuerpo quemado. ¿Te cuento lo peor de todo? Pasamos, como familia, seis años de lucha, manifestaciones, marchas, CUMPLEAÑOS SIN SABER QUÉ FESTEJAR; ¿hacemos una torta o le llevamos flores? Por si no te imaginas los festejos de fin de año, es brindar al cielo, creyendo, de alguna manera, que él está allá arriba, brindando con nosotros…

Estamos en los seis años de lucha y hoy comienza el juicio. Hoy empieza la cuenta regresiva. Basta de sumar días, semanas, meses y años para que llegue el día en que vamos a poder dejarlo descansar a él, que fue, es y si no hay justicia, seguirá siendo el más lastimados de todos, porque que te quiten la vida es lo peor que te pueden hacer. No hay nadie que decida quién vive y quién muere.

PD: Si hay un ente que diga quién va a la cárcel, que ejerza la justicia, entonces, ¡QUE LO HAGA!

A partir de las 9:30 am en Estomba 34. Ayúdanos para que se haga justicia.

Manfredini Gino N.
39.483.444

Una causa por abuso de autoridad y lesiones de parte de efectivos de la Policía Bonaerense que tramita la Fiscalía Nº3 de nuestra ciudad fue el saldo de la persecución que sufrieron hinchas de Peñarol de Mar del Plata tras el partido con Bahía Basket por la Liga Nacional. La versión oficial había responsabilizado a los marplatenses por agredirlos y provocar destrozos en la vía pública por lo cual ocho personas fueron detenidas por unas horas el miércoles pasado.

“Una versión distorsionada en la que trata de justificar lo que habían hecho con ilegalidad minutos antes”, afirmó a FM De la Calle César Sivo, abogado de las víctimas. Dos de los heridos serán operados en los próximos días, uno de ellos con un ojo “muy comprometido”.

“Algunos tienen golpes de culata de revólver, palazos, patadas, golpes de puño, etcétera. De la policía el único lastimado es en la mano, eso te da una idea de que no parece que haya sido agredido sino ser uno de los agresores”, detalló.

El abogado explicó que “la policía desaloja a la hinchada de Peñarol cuando después que termina el partido se queda cantando (…) les dicen ‘no estamos haciendo nada’, hay imágenes del estadio en la que se ve eso, y la policía los empieza a empujar para sacarlos del lugar. Los desplazan hacia las escaleras y ahí un hincha se cae y se produce una discusión donde la gente que estaba siendo expulsada con mucha vehemencia por la policía empieza a manifestar que estaba mal, que no tenían por qué hacer eso”.

“Empieza el desafió y termina a los palazos. Luego vienen las corridas y ya nadie actúa racionalmente. La policía empieza una cacería, a perseguir hinchas de Peñarol y les empieza a pegar, los más golpeados han sido agredidos por cinco o seis personas”.

Tras ordenar la revisación médica de las personas afectadas, la Fiscalía archivó la denuncia policial por los delitos de resistencia a la autoridad y daño contra los visitantes y formó una nueva causa por abuso de autoridad y lesiones contra los Bonaerenses.

“Da para replantearse cómo debe actuar la policía, siguen sin entender que en estados democráticos hay ciertas cosas que no se pueden hacer. (…) No  pueden salir a ejercer cualquier violencia, sino una mínima y necesaria para reprimir algún tipo de ilícito, no para generarlo”, declaró Sivo.

“No tiene que ver tanto con la capacitación sino con los valores y la ética de la gente que tenía a su cargo la búsqueda”, dijo esta mañana a FM De la Calle Guadalupe Albacete, mamá de una amiga de Micaela Ortega, y agregó que desde el primer día sabían que “en el Facebook estaba la clave” aunque se tardó treinta días en acceder a sus últimos chats. “Otra cosa que nos genera dolor es que si no hubiera sido por el propio asesino no nos hubiéramos enterado nunca dónde estaba el cuerpo”, se lamentó.

Albacete aseguró que para su hija y las compañeras de Mica su femicidio “no tiene explicación, va a ser un cambio, un antes y un después para todos los chicos, difícil de lograr, con el tiempo lo podrán hacer. El duelo es un proceso que tienen que atravesar y no es malo llorar. Que haya aparecido el cuerpo, dentro de la tragedia que implicó para todos nosotros y para Mónica, da un poco de paz para hacer el duelo de su hija. La desaparición es peor, fue peor estos 36 días que no sabíamos nada porque una empieza a imaginar cualquier situación, de hecho la cantidad de llamados que hubo los días posteriores implicaron que todo el mundo la veía y ya estaba fallecida la nena”.

“Los procedimientos fueron bastante ineficientes, no se actuó objetivamente y para la edad de la nena no debería haberse filtrado esa información. No trabajaron profesionalmente para nada (…). Los obstáculos detrás del Facebook son tremendos, hay una incapacidad total. No hay ningún tipo de recurso humano capacitado en Bahía Blanca para poder investigar este tipo de delitos, son delitos muy nuevos y creo que algunos no están ni tipificados”.

“Sabíamos que en el Facebook estaba la clave, desde el primer día, por el tema de que se había enojado con la mamá y había estado chateando hasta últimas horas de la noche pero no teníamos la herramienta para poder hacerlo y eso tardó treinta días”, culminó.

Miles de bahienses reclamaron justicia por el femicidio de Micaela Ortega. Las compañeras de la escuela y del Club El Danubio de la nena de 12 años encabezaron la movilización con una bandera que decía “Mica: en nuestros corazones”. El próximo viernes a las 17 en Plaza Rivadavia, se realizará una nueva convocatoria de #NiUnaMenos a un año del histórico 3 de junio de 2015.

“Para acompañar a la familia en esto que recién empieza, que es una nueva lucha, el pedido nuestro es que se cumplan las leyes, pedimos que nos acompañen en una marcha pacífica”, gritó la mamá de una de sus amigas. La protesta partió de la Municipalidad y se detuvo frente a la Catedral y la Fiscalía.

IMG_1222“Como familia que llevamos a nuestros hijos a un colegio católico le vamos a pedir al santo padre que nos ayude, que nos dé una mano, es feo ser padre de una compañera de Mica, no se sabe qué explicar, no se sabe qué decir, no se sabe qué hacer”, dijo un hombre desde las escalinatas del municipio para convocar a la misa que cerraría la jornada en la parroquia La Piedad. “Nadie esperaba esto, lo único que pedimos es paz, tranquilidad y que acompañen a la familia. Un abrazo, un beso, una palabra”.

IMG_1189Según difundió la agencia Télam, la autopsia determinó que no fueron los golpes los que provocaron la muerte de la nena sino la asfixia mecánica con una remera. El hecho habría ocurrido el mismo día de su desaparición. Ahora analizan si sufrió abuso sexual.

Jonathan Luna, quien confesó ser el autor de los hechos, fue trasladado ayer a la comisaría Primera de Tres Arroyos. Esta mañana, un grupo de personas quemaron la vivienda que habitaba en Juana Azurduy y Canning de Ing. White. El lugar estaba bajo custodia policial.

IMG_1165El intendente Héctor Gay, cuestionado al igual que la policía por el fracaso de la búsqueda, visitó a la familia de la niña y luego emitió un comunicado expresando su “profunda tristeza” y se comprometió “a trabajar juntos para que se haga justicia por Micaela y para que no haya más femicidios en nuestra sociedad”.

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(Por Mauro Llaneza) El cuerpo de Micaela Ortega fue encontrado anoche en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. La nena de 12 años era buscada por su familia hace cinco semanas. Jonathan Luna, de 26, confesó el femicidio y quedó detenido tras un allanamiento en El Saladero donde se encontró una campera quemada y un celular. Un amplio operativo policial se desplegó en la Comisaría Quinta, la Municipalidad y el centro bahiense ante la reacción de unas 300 personas que salieron a la calle a exigir justicia. A las 17 habrá una nueva manifestación en Plaza Rivadavia.

El secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, intervino inmediatamente para intentar “bajar el tono” a la respuesta de la familia y las protestas que apuntaron al municipio y a la policía. Reconoció por LU2 que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar” y que “estábamos buscando algo que no íbamos a encontrar”.

13288769_280731032273446_823657385_o“Me parece terrible que en Argentina cada treinta horas muera una mujer, que en Bahía Blanca esté pasando que Micaela haya aparecido muerta, la inoperancia del Estado, de la policía, tenemos que salir a la calle a denunciar y a pedir justicia para que las cosas pasen y cambien de una vez”, dijo a FM De la Calle una joven con la voz quebrada.

Por su parte, la abogada de la mamá de Mica, Fernanda Petersen declaró que fue “la peor noticia pero con el paso del tiempo era una de las alternativas que se esperaba. Lamentablemente la familia tuvo que recibir esta noticia que deja al descubierto la ineptitud de todo el sistema para la búsqueda de una nena de 12 años”.

13315296_528830063971167_8287510477665075267_n“Se recibió un llamado en la DDI de la Fiscalía que pedía refuerzos en la zona de Saladero. Se fue hasta ahí, se encontraron pertenencias de Micaela. Después esta persona en forma extrajudicial confiesa haber cometido el hecho o por lo menos saber dónde estaba Micaela y él es el que da la indicación de hasta donde llegar al lugar en donde estaba el cuerpo”, informó.

Un grupo de mujeres se reunió en Plaza Rivadavia tras conocer la noticia y al rato recibieron a decenas de bahienses que decían “basta de femicidios” y “ni una menos”. Alrededor de 300 marcharon a contramano por Chiclana-Estomba, pasaron frente a la Fiscalía, y siguieron por 19 de mayo hasta Alem para retomar Alsina y concentrarse en las escalinatas del palacio comunal. Desde las veredas, ventanas y autos se apoyaba el reclamo.

 “Queremos justicia por Micaela, Gay da la cara, corrupto”, gritaba una mujer en la puerta de Alsina 65. Allí se realizó un minuto de silencio “por nuestra nenita de Bahía” y “para que no vuelva a pasar”. El repique de tambores de la banda feminista Desbandadas cerró la escena.

13288173_280730918940124_542386153_oOtra manifestante recordó que desde el gobierno municipal se justificó el aumento de robos registrado en las últimas semanas diciendo que la mayoría de los efectivos policiales habían sido destinados a la búsqueda de Micaela y advirtió que “si llegan a sus casas y les falta algo, es porque están todos acá adentro cuidándole el culo a Gay, que es lo único que saben hacer”.

A pesar del temor a una pueblada y el pedido de ayuda a la gobernadora por parte del intendente que agitaban las placas rojas de Crónica TV, un par de hombres que pretendían arrojar elementos contra la Municipalidad fueron apartados inmediatamente por quienes pedían justicia por Mica.

“Micaela apareció muerta a manos del machismo. Una vez más una mujer es víctima a manos de la violencia patriarcal. Basta de violencia. Nosotras debemos responder desde lo institucional, organicémonos en la semana, marchemos, visibilicemos que Micaela no está, hagámonos oír, como dice Mónica, hagamos ruido. Bahía Blanca tiene que despertar, sin violencia, con justicia, porque Micaela necesita justicia. El 3 de junio todos en la plaza, Micaela no está, Katherine Moscoso no está, Andrea Esnaola no está, el Estado es responsable pero nosotros vamos a estar acá, vamos a decir basta a la violencia”, dijo Fernanda Petersen.

13322213_528829223971251_5567011087249737901_nVerónica Bajo, de Acciones Feministas, dijo no tener palabras para describir la situación: “Es de una impotencia, hoy fue Micaela y pasó muy cerca y más allá de la inoperancia del Estado, de cuarenta días sin poder encontrarla con semejantes operativos que dicen que hacían es una falta total de cuidado de la población. Hace tres días pasó lo mismo con una nena en Rosario asesinada de una manera brutal. Si bien siempre estamos preocupadas y pensando que lo que sucede son redes de trata o pedófilos o este tipo de violentos machistas que se apropian de la vida de las mujeres y las niñas, teníamos una esperanza de que estuviera viva”.

“No quiero más chicas muertas, tenemos que emprolijar las cosas, necesitamos cambiar leyes, hay una madre que hace 35 días está buscando a su hija, solamente el pueblo la apoyó, basta de muertes, basta, ni una chica menos durmiendo en la cama en su casa”, dijo Julia a FM De la Calle mientras marchaba. Agregó que “hay que cambiar de paradigma, no podemos culpar a la víctima, hay un responsable, el asesino, y muchos irresponsables que hicieron todo mal y hoy hay una chica que fue desenterrada y una madre llorando al lado”.

Camila aseguró que salió porque “era una nena de 12 años que iba a ver a una amiga y no volvió a la casa, a todo el mundo le preocupaba que la nena se había ido pero en realidad ya estaba muerta. Nos quedamos siempre con las primeras cosas y nos olvidamos de buscar, de todo lo que pasa a nuestra alrededor, del peligro que son las redes sociales”. “Hay una mala organización en la búsqueda, una mala toma de medidas, creo que se le da demasiada información al periodismo que incluso entorpece la investigación, más allá de que sea buena o mala”, opinó Diego.

“No quisiera estar en los zapatos de esos padres, me siento insegura en Bahía por mi hija y por todos los chicos. Me siento insegura por la policía, creo que no actuaron como tenían que actuar, dieron opiniones que no tenían que dar y no pensaron como una criatura que se dejó llevar por un adulto”, afirmó Marta.

13313828_280730858940130_89163860_oSonia Acuña, madre de Giuliano Gallo, el pibe asesinado por la Policía Bonaerense en febrero de 2008, comentó que se acercó “para acompañar a la mamá de Micaela porque sé lo que es perder un hijo y la verdad que esto no me la esperaba, pensaba que la iban a encontrar. Como siempre, hay muchos sicópatas y creo que en esto está metida la policía porque está ocultando muchas cosas como el intendente. Vine del lugar (donde encontraron el cuerpo), tengo grabado todo lo que estaban haciendo los policías, apenas me enteré once y media de la noche fuimos”.

A su lado, Victoria Sánchez informaba que frente a la Comisaría Quinta había un amplio operativo policial. “Se nota a la vista que (al acusado) lo tienen ahí refugiado. Uno tiene hijos y se pone en el lugar de la madre y te agarra mucha impotencia, Bahía es muy careta. Nos tenemos que unir para que esto no suceda, para que no haya ni una menos”.

“Comparto el dolor de la pérdida de un hijo como la mamá de Micaela y quiero que se termine con la impunidad. No sé exactamente los detalles de la causa, cuántos días hacía que estaba muerta pero si la investigación hubiera sido eficiente hubiera aparecido con vida”, dijo Lorena Zerneri, mamá de Daiana Herlein, fallecida en el Parque de Mayo por la caída de una rama sobre su cabeza. “Mi hija lleva más de dos años y no vemos los resultados en las altas esferas, agarran a un pirincho y porque tiene diabetes está en la casa compartiendo con su familia, mi hija no está. El caso de Micaela creo que tiene que ver mucho con esto, con la actuación del Estado, ineficiente como siempre”.

El fiscal Miguel Palazzani, titular de la Unidad de Lesa Humanidad que investigó la participación de La Nueva Provincia en el genocidio, aseguró a FM De la Calle que le causó “escozor” escuchar a “la voz de LU2” hablando sobre “enemigos de adentro y de afuera” y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”. “Hay que tener cuidado con esas lógicas discursivas porque cuando después se materializan es tarde”, dijo respecto a los dichos del intendente macrista Héctor Gay en el acto del 25 de mayo.

“La imagen que tengo es (Gay) delante de jefes de fuerzas de seguridad diciendo estas cosas, uno creía que de algunos sectores se podía empezar a superar pero cuando tenés en la memoria tan claro varios editoriales y se escucha eso, uno dice, bueno, no estamos hablando nunca del pasado, estamos hablando siempre de un pasado presente. Sobre todo en estas lógicas discursivas en las cuales hay que poner mucho el ojo porque ahí hay que empezar a trabajar y mucho porque es el intendente, es una figura política que es escuchada, que se replica, es preocupante”, comentó.

Para el fiscal “nuestra obligación es poner el ojo y alertar sobre las lógicas de esas discusiones de construcción de un enemigo. Y en la lógica de construcción enemigo, como decía La Nueva Provincia, al enemigo se lo destruye, se lo aniquila, porque para el enemigo no regían las reglas de Ginebra, no merecen ni un juicio justo, sin piedad, ni nada”.

“Puede ser cualquiera, en este caso tiene la salida cómoda del narcotráfico, entonces ahí le ponemos todo y termina siendo presentable para todo el mundo. En realidad, el discurso de la dictadura, los reglamentos secretos decían -justamente encubriendo estas lógicas- que al enemigo se lo presentaba como una excusa para justificar el aniquilamiento. Ahora, ese es el problema, porque con lo discursivo, vamos a suponer que es ‘combatir el narcotráfico’, con esa excusa, ¿habilitamos qué?”, preguntó.

El ex camarista federal Luis Alberto Cotter se mostró sorprendido por “la manera de utilizar términos que son muy caros al recuerdo de los argentinos. Caros en el recuerdo de haber pasado épocas sangrientas cuando se sufrió la dictadura militar e incluso utilizando todos esos términos, enemigos de afuera, subversión, etcétera, cuando no sé en qué se basa el intendente o si quiere reeditar algún tipo de ideología de extrema derecha”.

Cabe “advertir que hay sectores que evidentemente quieren reeditar una opción falsa para de alguna manera justificar tal vez una futura represión, eso es lo que más aterra, lo que más inquieta porque sabemos perfectamente que se empieza con este tipo de palabras que tienen por supuesto una raíz ideológica profunda”.

Como Videla

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca destacó que Gay hizo suyas “las mismísimas palabras que podría haber empleado el propio Videla. Con el mismo discurso del ‘enemigo interno’ y arrogándose los ‘valores e ideales’ de lo moralmente correcto, utilizó igual vocabulario que en la dictadura los genocidas emplearon para aniquilar a toda una generación y perseguir a quienes pensaban distinto”.

“No escapa al conocimiento de todos nosotros, que este intendente fue empleado durante 20 años del monopolio de los Massot, dueños de la Nueva Provincia, LU2 y Canal 9, acusados por ser partícipes necesarios de llevar adelante la dictadura genocida en nuestra ciudad, que aun no ha sido resuelto por esta justicia amiga de los poderosos, y que sin duda empleaba en su trabajo y emplea aun hoy, el mismo vocabulario que sus patrones. Nos preguntamos si la intencionalidad también es la misma”, afirmaron y acusaron al jefe comunal “de apologista del vocabulario de la dictadura y de incitar a la violencia entre ciudadanos”.

Alberto Rodríguez, integrante de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, llamó a “no ser ‘tibios'” frente a las declaraciones de Gay: “Debemos dar una respuesta de los sectores que luchan contra el ajuste, la represión y la entrega de nuestra soberanía. Por eso mas que nunca UNIDAD. No esperemos el repudio a un discurso fascista, de quienes sabemos se esconderán en el silencio. Pero sabemos bien que sectores sociales, políticos, organismos de derechos humanos como Hijos y nuestra Liga estamos dispuestos a salir a la calle, exigir al Concejo Deliberante exprese su repudio y analizar si judicialmente no merece ser tenido en cuenta como una proclama antidemocrática y como tal punible”.

Eran los narcos…

El intendente Héctor Gay “aclaró” esta mañana a quién señalaba como “enemigos de adentro y de afuera” en su encendido discurso del Día de la Patria. “Me refería a los estragos que está haciendo el narcotráfico. (…) Me gustaría que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras recorran más los barrios y se den cuenta de lo que está haciendo la droga en nuestra provincia y nuestra ciudad”, dijo y agregó: “Lo de enemigos de adentro y de afuera el primero que lo dice es José Hernández, lo dice Alem y lo dice Perón”.

“Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera, los que responden a intereses personales y los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Por eso digo, no son tiempos fáciles pero tampoco son tiempos para tibios”, dijo el intendente macrista Héctor Gay en el acto oficial por el 25 de mayo.

En estricta sintonía con el rol ejercido durante las últimas décadas como principal vocero del grupo La Nueva Provincia, Gay agregó que “este momento especial que estamos transcurriendo, en el año del bicentenario de nuestra independencia, es un tiempo de reflexión, de unión de los argentinos que queremos construir y no destruir, de los argentinos que queremos una mejor educación, más trabajo, de los argentinos que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría, pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques, frente a esos que no nos quieren ver unidos, frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores y con un destino de grandeza”.

El jefe comunal realizó sus manifestaciones en nombre de “la libertad” en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo de cara a las cúpulas de las fuerzas armadas, legisladores provinciales oficialistas y opositores como Nidia Moirano, Santiago Nardelli, Marcelo Feliú, Federico Susbielles, integrantes del Concejo Deliberante y del gabinete municipal y entidades locales. El repudio a los dichos del líder de Cambiemos se multiplica en las redes sociales.

Desde la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego mostraron su preocupación por “el mensaje cuasi castrense” el cual “desde el vocabulario hasta el contenido, manifiesta su ideología y nos remite a épocas nefastas. Cabría preguntarle al intendente, a qué grupos organizados se refiere. ¿Será a la militancia que enfrenta su política neoliberal, o se referirá a algún demonio?”.

“Frases muy sugestivas y gráficas ha manifestado, tanto que parecen extraídas de un discurso de Videla o Masera. (…) También habría que preguntarse de qué ‘Patria’ habla él. ¿De la patria de las corporaciones? ¿De la patria financiera? Seguro, no habla de la patria de las familias empobrecidas, la de lxs laburantes, la de lxs chicos y chicas de las escuelas. La patria que pagó la fiesta de otros, la que se la jugó, la de lxs compañeros y compañeras desaparecidxs, la de todxs nuestros mártires”.

La central tomó el discurso como “una provocación hacia los que nos manifestamos, los que integramos organizaciones, los que militamos en las calles. Seguramente no compartimos esos valores que tanto cuida, los nuestros tienen que ver con el respeto, la solidaridad de clase, con la igualdad de oportunidades para todos y todas, fundamentalmente para esa juventud que no consigue trabajo, la que trabaja en forma precaria, la que no puede estudiar porque sus familias carecen de recursos. Creemos que desde las organizaciones y de toda la sociedad bahiense debemos interpelar al intendente, respecto de sus dichos, que sobre todo en este contexto de luchas y reclamos, no son menores ni inocentes”.

El escritor y docente Mario Ortiz afirmó que Gay “se expresó en los más lamentables términos que merecen el repudio de toda la sociedad civil y exigen una aclaración inmediata” y preguntó al intendente “¿quiénes son, según usted, esos enemigos? ¿Por qué mantiene esa ambigüedad que da pie a cualquier interpretación? ¿Acaso, como periodista que trabajó durante años en el multimedio de La Nueva Provincia, uno de los actores fundamentales de la dictadura cívico militar, puede usted desconocer que está apelando al viejo discurso del terror de estado?”.

“Tiene razón cuando afirma que no es tiempo de tibios, sólo que debe explicitar cuáles son los fríos y los calientes y en consecuencia de qué lado se sitúa usted. Ideológicamente, lo sospechamos. Sólo falta aclarar el exacto alcance político-represivo de lo que, ya a esta altura, no podemos sino considerar una amenaza”.

“No es una cita de Videla en 1976 sino de Héctor Gay este 25 de mayo de 2016. A quiénes se refiere este señor??? Quienes son sus enemigos? A que grupos organizados alude? Muy significativo el discurso del intendente de hoy. Nos remite a otras épocas no?”, publicó la dirigente de Suteba y CTA Ana Canullo.

Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal que investigó e imputó por crímenes de lesa humanidad al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, dijo que “los anacronismos políticos-discursivos a veces son útiles como recurso humorístico, y de eso sabe Capusotto. Cuando los usa el intendente de mi ciudad (con agenda marcada por Massot), se me eriza la piel”.

“Como ciudadana, como madre y profesora de jóvenes, quiero saber a qué enemigos organizados se refiere el intendente. En un marco democrático, debe dar información precisa a la ciudadanía sobre tal peligro. O retractarse, por formular juicios sin fundamento pero que instalan un clima de sospecha que puede utilizarse para justificar la represión”, exigió la profesora Adriana Ressia.

“Nosotros y ellos, argentinos de bien, ataques a los mejores valores. Los valores de quién? De nosotros, los hombres de bien, no los otros. Ojo”, advirtió el ex concejal Raúl Ayude. El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, repudió los dichos de Gay “que intentan sembrar un estado de confusión y terror” y destacó que “los que subvierten, los enemigos, los que no tienen patria ni corazón son ELLOS, que te quede claro”.

“Una declaración de guerra a las organizaciones populares. Los que no tienen ni patria ni bandera son ellos y lo han demostrado a lo largo de la historia entregando nuestro país y la sangre de nuestro pueblo a los intereses imperialistas. Repudio absoluto a las declaraciones fascistas del intendente Gay”, dijo Joni Landa desde la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes.

Foto: Bahía Despierta.

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó hoy a cuatro años y nueve meses de prisión al secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; a cuatro años al entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos; a tres años y medio al ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, y a tres años al ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi, por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó la muerte de cinco personas y numerosas lesiones entre los manifestantes.

Además, los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín les impusieron penas de hasta seis años de prisión por el “homicidio en agresión” de Alberto Márquez a tres de los nueve agentes que llegaron al debate acusados por ese hecho, entre otras condenas.

A fines del año pasado, el equipo fiscal consideró acreditados los hechos que en siete causas fueron elevados al debate y la responsabilidad de todos los acusados. Por ello había solicitado cinco años de prisión para Mathov y Santos; tres años y ocho meses para Andreozzi; y tres años y medio para Gaudiero, al encontrarlos culpables del delito de homicidio culposo de Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, y lesiones culposas a 48 personas -que enumeraron durante su alegato- y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces encontraron culpables a Mathov y a los integrantes de la cúpula policial de los crímenes culposos de Lamagna, Riva y Almirón y alrededor de una veintena de lesiones, muchas de ellas de gravedad.

Durante esta mañana, los acusados terminaron de hacer uso del derecho a las últimas palabras, tras lo que los magistrados convocaron a las partes a las 16 para dar a conocer su veredicto, ante una sala de audiencias que lució colmada con la presencia de víctimas y familiares de la represión. La Fiscalía destacó que “se logró una muy buena sentencia en cuanto a las autoridades políticas”, en tanto el tribunal “adhirió en forma parcial” con lo postulado. Como hubo “diferencias en cuanto a los hechos ocurridos en la 9 de julio y Avenida de Mayo”, los fiscales señalaron que esperarán a conocer los fundamentos -que serán comunicados por el tribunal el 4 de agosto- “para analizar la posibilidad de presentar un eventual recurso de Casación”.

En su alegato de diciembre, la Fiscalía también había requerido condenas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y Paula Simonetti.

El accionar de los policías, que se desplazaban en móviles no identificables, fue calificado como “una especie de pelotón de fusilamiento”. En este caso, las penas pedidas fueron de 16 años para el comisario inspector Orlando Oliverio; 14 para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y 5 años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, a quienes encontraron como partícipes secundarios. El TOF N°6 dictó condenas de seis, cuatro años y medio y tres años en suspenso para López, Juárez y Firpo Castro, respectivamente, y absolvió a los restantes acusados.

Por otra parte, se le había solicitado al Tribunal Oral Federal N°6 que le imponga a Víctor Manuel Belloni 10 años de prisión por la tentativa de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. En este caso, la pena fue de tres años por el delito de abuso de armas.

Para el subcomisario de la Seccional 51ª Omar Alberto Bellante, la Fiscalía solicitó una condena a tres años de prisión por el encubrimiento del crimen de Gustavo Ariel Benedetto. Su homicidio se produjo en las inmediaciones del cruce de la Avenida de Mayo y Chacabuco, en cercanías al entonces edificio del Banco HSBC. La Fiscalía consideró probado que su deceso fue producto de los numerosos disparos efectuados desde el interior de la entidad bancaria, en un horario cercano a las 16:30, por el personal policial a cargo de Bellante. Los jueces coincidieron con el requerimiento fiscal y condenaron al imputado a esa misma pena.

Finalmente, para Carlos Loforte -principal- y Jorge Toma –subcomisario-, el Ministerio Público Fiscal había pedido penas de dos años y dos años y medio -de ejecución en suspenso- por las vejaciones cometidas durante las detenciones realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación. Los magistrados resolvieron el sobreseimiento de ambos por prescripción, aunque rechazaron los planteos de nulidad y de prescripción interpuestos por la mayoría de las defensas restantes.

Fuente: fiscales.gob.ar