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Cristina Muñoz y Luzmira Villagrán, integrantes de la asociación de jubiladxs “La Norma Plá”, hicieron uso de la Banca 25 el jueves en el Concejo Deliberante para manifestar una serie de demandas y padecimientos a partir de las políticas de este gobierno. Muñoz visitó el estudio de FM De la Calle para profundizar sobre los reclamos.

“Desde el año pasado intentamos comunicarnos con el Intendente para plantearle la situación de los 48.000 jubilados de la ciudad. Nunca nos recibió, por esa razón pedimos la Banca 25, el espacio adecuado para formular reclamos que los que nos representan deben atender. […] Si hay una demanda que no es tratada por otro espacio, el HCD tiene la facultad de armar una comisión que responda a esas necesidades. Pedimos que armen una mesa para el adulto jubilado y pensionado”.

La lista de demandas incluyó la “situación de precariedad en la que se encuentran muchísimos jubilados, agravado por el tarifazo, la jubilación mínima de $7600 y la inestabilidad monetaria –los cambios que empobrecen cada vez más ese salario–, y la deficiente prestación de PAMI […] que incluye “la falta de médicos de cabecera que cubra la cantidad de afiliados (actualmente hay 9.000 jubiladxs sin cobertura); costos de gestiones médicas para personas que están en situación de precariedad (que el municipio afronte esos gastos); la demora con la que se dan turnos son de hasta 73 días (hasta en enfermos oncológicos), entre otros”, comentó Muñoz.

“El corolario de la Banca 25 lo dio Luz porque fue muy impactante su testimonio, conocer en vivo y en directo, para personas que evidentemente no están conociendo el padecimiento de muchísima gente, fue sorpresivo y movilizó. […] Algún concejal se acercó y comentó que la idea era tramitar la comisión para la atención de los adultos mayores y jubilados; el tema es perseverar” hasta que cumplan. […] “Sabemos que en 2017 una concejala presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria para adultos mayores jubilados y pensionados, nunca fue tratado”, expresó.

“Yo lo tengo en mi cuerpo”

  • El jueves, luego de la exposición de Cristina, Luzmira compartió su testimonio: “yo lo tengo en mi cuerpo, invito a vivir a muchos con $7000, con enfermedades, con dolores, con aumentos de luz y de gas que no puedo usar porque no se puede pagar, una mujer que luchó y pagó sus aportes…”
  • “Cargué 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papas, creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. $7000 que no me sirven ni para vivir, cuando salí tuve que comer polenta hervida.
  • “Necesitamos un subsidio porque PAMI lo niega. ¿Sabe cómo es ver eso en carne propia? Yo lo viví, es tremendo. Dicen ‘no hay pobreza’, ‘se vive bien’, ‘pague las boletas con $7000’”. […] Lo llevo en carne propia”.
  • “Necesitamos cooperación y ayuda para que ahí la que abra la puerta [en el centro de jubiladxs de Nocito] tenga su pedazo de pan y su taza de leche, con amor”.
  • “Me hice todos los estudios para hacerme mis operaciones y conseguir mis remedios, para que me digan que no. ¿Cómo yo cuantas habrán?

Se cumplen este sábado 159 años de la masacre indígena perpetrada por las fuerzas de Bahía Blanca. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Compartimos en este aniversario un material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu. En dicha ocasión, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualizó los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

Kumelen Newen Mapu realizará una ceremonia este 19 de mayo a las 9 en Parque Noroeste. Posteriormente se compartirá un desayuno a la canasta.

En 1859 el Estado de Buenos Aires se había dividido de la Confederación Argentina.

Calfucura, que era el jefe indígena más importante en ese momento, del grupo salinero, había tenido buena relación con Rosas, basada en la diplomacia y las raciones -una cantidad de ganado, caballar y vacunos- y lo que se llamaban vicios -yerba, azúcar, tabaco-, bienes de consumo que venían del mundo occidental, criollo, que el Estado les daba a los grupos indígenas en compensación por mantener la paz en la frontera.

Cuando cae Rosas y se produce la secesión de Buenos Aires de la Confederación, el nuevo gobierno, los liberales de Mitre, los herederos de los unitarios que después pasaron a gobernar parte de la Argentina, tenían un plan distinto que era bajar sustancialmente las raciones y enfrentar a los grupos nativos.

Calfucura adoptó una posición de reacción contra eso, buscó aliarse con Urquiza -el jefe de la Confederación- en contra de Buenos Aires mientras negociaba con Buenos Aires si podía reestablecer el equilibrio y la paz.

No fue posible. Hubo malones en el ’52, ’53, después una pequeña paz y en el ’55 y ’56 otra serie de malones por parte de Calfucura y de varios de sus aliados.

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Uno de los talentos de Calfucura fue no cerrarse en su propio grupo, parte de las raciones iban a sus propios capitanejos y hacia otros pueblos o grupos indígenas en las pampas y en la cordillera y más allá, en la Araucanía, lo que hoy es territorio chileno. Calfucura había hecho una red diplomática muy grande.

La mayoría de los malones están concebidos desde el punto de vista indígena como un resarcimiento de un daño. En la lógica indígena las personas que han sido ofendidas están obligadas a vengarse de esa afrenta y no pueden eludirlo.

Había varias afrentas acumuladas en el marco de una política agresiva del Estado que empezó con la caída de Rosas y se fue profundizando cada vez más.

La principal fue lo que ocurrió en febrero de 1858. El ejército de Buenos Aires invadió las tolderías de los salineros. Fue la primera y la única vez que lograron hacerlo. Buenos Aires decidió pasar a la ofensiva y envió dos expediciones. Una más al norte contra los ranqueles, en lo que hoy es el norte de la provincia de La Pampa, esa expedición fue catastrófica porque estaba mal preparada y porque es un territorio árido en el que hay poca agua en superficie y hay que conocer bien dónde está y cómo sacarla.

En cambio, a la expedición del sur algunos la consideran un fracaso pero en realidad no lo fue. Se armaron dos columnas, una salió de Bahía Blanca y otra de Azul. Se juntaron en la Sierra de la Ventana, en Sierra de Curamalal, y de allí remontaron los arroyos de Pigüé y demás, mantuvieron algunas escaramuzas con partidas indígenas y siguieron avanzando hacia el núcleo de la territorialidad salinera que era la laguna de Carhué y la planicie que está alrededor, que es muy fértil, era el campo de invernada para sus ganados. De ahí hacia el oeste hasta Salinas Grandes, pasando Salinas Grandes, eso era lo que se llamaba el monte pampeano en el que hay árboles que no son de gran porte pero dan sombra y frutos que alimentan al ganado y a las personas.

Ese territorio fue invadido por las fuerzas de Buenos Aires, prácticamente sin combate porque Calfucura y sus aliados adoptaron la estrategia de salir rajando.

Destruyeron los toldos, se llevaron los animales, las ovejas y las vacas, y destruyeron los sembrados. En contra de la leyenda que suele circular, los indios cultivaban la tierra e inclusive las fuentes militares de la época hablan de que cada toldería tenía su huerta, que eran tanto de pantas autóctonas como plantas introducidas por los criollos. Por la cantidad de toldos, huertas y la superficie ocupada, podemos calcular que había unas tres mil personas, que es mucha gente para la densidad poblacional de esa época.

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Parte de los invasores habían salido de Bahía Blanca y eran el comandante militar, el comandante de la Legión Agrícola, incluso gente de las pulperías, vecinos de Bahía Blanca, gente que estos indígenas conocían de todos los días. No tenemos que pensar que esas poblaciones estaban separadas por una frontera que nadie cruzaba. Todo lo contrario, estaba lleno de gente que iba y venía, de hecho Bahía Blanca se fundó con un contingente de militares, por supuesto, de pulperos y de indígenas. Y desde ese momento de fundación en adelante, los nativos siempre estuvieron, a veces viviendo en los alrededores, a veces viniendo a comerciar. Pero no una vez por año: todo el tiempo. Calfucura, de hecho, se carteaba con mucha gente de Bahía Blanca. Por ejemplo con el mayor Iturra que es uno de los comandantes de la expediciones.

Entonces, ahí se la jura.

Sigue manteniendo correspondencia pero Iturra le hace otra tracalada. Calfucura después de la invasión manda a una de sus esposas en una especie de prenda de paz, con otra gente a comerciar a Bahía Blanca y le dice a Iturra: “Cuídemela, cuiden a la gente que va con ella”. Iturra la mete presa y la manda a Patagones.

Ya son dos ofensas.

Y la tercera, el mismo año de 1858, Yanquetruz -que era cacique de los tehuelches- es asesinado en Bahía Blanca en circunstancias que no están del todo claras. Aparentemente, en una pulpería se emborrachó, se peleó con alguien de la Guardia Nacional y lo mataron.

Yanquetruz era pariente de Calfucura, no estaba en buenos términos con él, al contrario, parecía que iba a tomar el partido del Estado de Buenos Aires, pero de todas maneras era pariente y estaba obligado a vengar su muerte según el Ad Mapu, el código de costumbres de los mapuche.

Una serie de ofensas y una situación política que hizo que Calfucura movilizara todas las fuerzas que tenía disponibles para atacar Bahía Blanca.

Eran entre 1500 y 3000 guerreros, que es muchísimo. La guarnición de Bahía Blanca, sumando todas las fuerzas, la Guardia Nacional, la Legión Agrícola, los soldados de línea, los Granaderos, sumaban como mucho 500 o 600 hombres.

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Cierro lo de la invasión del ’58.

Esa expedición se retira de las salinas, vuelve a las sierras y tiene pensado volver a atacar y expulsar a los indios de ahí. Pero Calfucura vuelve al lugar, les queman el campo y les empiezan a hacer una serie de incursiones menores que los obligan a retirarse y toda esa gente vuelve a Bahía Blanca y Calfucura empieza a planear el contragolpe.

Eso es lo que se produce el 19 de mayo de 1859, un malón muy grande.

Se produce a la madrugada, de noche, eso es clásico de todos los ataques de la guerra fronteriza de la región y en todas las que se enfrentan sociedades no estatales con sociedades estatales. Se realizan al amanecer, cuando el enemigo está desprevenido, si es posible antes de que amanezca porque se puede marchar de noche sin ser vistos. Los militares hacían lo mismo.

Primero se van llevando el ganado que hay en las estancias de los alrededores, después directamente entran en las pocas calles que estaban delimitadas en la ciudad y saquean algunos objetivos claves. Uno era una pequeña estancia que estaba en el medio de la ciudad donde había provisiones y armas de la Guardia Nacional.

Segundo, un lugar que es objeto de especial atención que es el almacén de Iturra, que había tomado la precaución de morirse dos meses antes pero estaba su viuda y ellos sabían cuál era su negocio, prácticamente estaba dedicado al comercio con indígenas. Lo saquearon, se tomaron todo lo que había y, además, hubo un gran empeño en quemarlo, en demostrar que estaban tomando una represalia contra él. De hecho, las bajas que se dieron entre los nativos se supone que se dieron en ese contexto, se ensañaron algunos con la pulpería de Iturra y dieron tiempo a que la Guardia Nacional y la Legión salieran, porque al principio se habían enclaustrado en el fuerte. Estaba en la esquina de 19 de mayo y Zelarrayán.

La historiografía más oficial sobre Bahía Blanca y la época dice que hubo una heroica actuación de la Guardia Nacional y de la Legión Italiana, que expulsaron a los invasores. En realidad no fue así o, por lo menos, expulsaron a los pocos invasores que habían quedado en el casco de la ciudad pero el grueso de los atacantes se quedó todo el día a la entrada de la ciudad. Los indios tenían una fuerza muy superior y los bahienses solo atinaron a defender como podían el casco de la ciudad. Cuando los indios le plantearon una batalla a campo abierto no pudieron hacerlo, los indios le hicieron un desfile ecuestre que es un desafío, es mostrar la propia fuerza ante el otro.

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Al día siguiente, el comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad.

Al otro día le escribieron una carta diciendo: “Por favor termine con esto”. Porque los cadáveres seguían ardiendo. Imagínense el olor a carne quemada y, además, la barbarie. Ni siquiera los propios pobladores que habían vivido el ataque y todas sus consecuencias, la crudeza, ni siquiera ellos podían soportar semejante barbarie. No se sabe qué pasó, se supone que finalmente la cortaron con eso.

Dentro de la lógica indígena -dentro de la de todos los pueblos del mundo- los cuerpos de los muertos son algo que hay que respetar, que necesitan un tratamiento especial que les asegure su paso a la otra vida o un determinado bienestar que por supuesto en este caso no pasó. Es una afrenta clásica de todos los conflictos que van escalando hacia un lugar de no resolución el de no respetar esta especie de convenciones de dar un tratamiento humanitario a los cadáveres de los vencidos, es un gesto clásico de desprecio.

Ese ataque fue el más grande de ese momento pero era parte de una serie de ataques que Calfucura y sus aliados, incluyendo al gobierno de Paraná, atacaron otro fortines de la frontera y, de hecho, terminaron ese mismo año tomando y ocupando los fuertes de Azul y Tandil. Durante un tiempo lo tuvieron tomado fuerzas mitad indígenas de Calfucura y mitad de la Confederación. Buenos Aires recuperó esas poblaciones más o menos rápidamente en un par de meses.

Ese contexto empieza a terminar con la batalla de Cepeda, una primera batalla entre Buenos Aires y la Confederación, y sobre todo con Pavón cuando Urquiza se rinde y empieza el proceso de unificación del Estado nacional que va a cambiar las condiciones para los indígenas, va a debilitar mucho su posición porque ahora ya no tienen dos Estados para negociar o combatir, tienen uno solo en proceso de unificación, de integración cada vez mayor al mercado mundial, de formación de instituciones estatales como el Ejército.

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Entonces, de ahí en más la situación va a ser cada vez más difícil. La década del ’60 es una década impasse porque desata la Guerra del Paraguay y las fuerzas del Estado están enfocadas en eso, pero la década del ’70 es una década en que el Estado nacional tiene la decisión definitiva de avanzar sobre territorios indígenas.

No es la ocasión más notable en la modesta y sórdida historia de Bahía Blanca, en varios sentidos hubo hechos mucho más terribles.

En el ’29 Lavalle fusila a Dorrego. Estomba era unitario y su sucesor, Morel, también. Morel lleva una columna desde Bahía Blanca para tratar de ayudar a Lavalle, ahí hay un grupo de indígenas que toma el partido contrario, el federal. Las fuentes dicen “fueron seducidos por Rosas”. ¿Qué hacen? Se dan vuelta y matan a todos los oficiales de la localidad y además sitian Bahía Blanca durante un tiempo prolongado, están a punto de tomar Bahía Blanca hasta que finalmente son dispersados.

En la década del ’30 hubo una cantidad de invasiones, en el marco de todas las expediciones que hizo Rosas, sobre el territorio borogano -por ejemplo- que era el mismo que después ocupó Calfucura y sobre los ranqueles que fueron expediciones tremendas. Masacres en las que murió mucha gente -sobre todo varones y adultos pero mujeres también- y mujeres y niños fueron secuestrados y traídos a Bahía Blanca como cautivos. Las mujeres fueron violadas, las familias fueron separadas y partidas. Eso no pasó solamente en la llamada Campaña del Desierto sino antes también, incluida esta ocasión en la que Bahía Blanca fue el punto de concentración de esa población.

Tampoco fue “el último malón”. En 1870 hubo otro malón grande, también comandado por Calfucura, Cañuquil y sus aliados, pero se llevaron todas las haciendas de los alrededores de Bahía Blanca y no entraron a la ciudad, entonces en la memoria local quedó como un hecho distinto, con otra magnitud.

Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, visitó FM De la Calle para conversar antes de su presentación en la sede local de la entidad sobre los desafíos que enfrenta el cooperativismo en la actualidad. Al momento también está a cargo interinamente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) –mientras Ariel Guarco preside la Alianza Cooperativa Internacional–.

El cooperativista comentó que Guarco está “cumpliendo su rol al frente del organismo fundado en 1895. Es un orgullo porque es la primera vez que un compatriota accede a la presidencia y fue electo sobre la base de una propuesta que procura poner a la ACI de cara a los desafíos del cooperativismo y contribuir a debates de la agenda contemporánea (generar trabajo decente, relaciones pacíficas entre países, creación de bienes y servicios con sentido social y solidario entre otros)”.

Respecto a la reinstalación de políticas neoliberales aseguró que “estamos ante un escenario complejo, hay que agudizar la inteligencia para preservar los logros que se obtuvieron en años previos, garantizar la continuidad de las entidades, explorar alternativas para sortear los obstáculos y un tema clave es la integración, hacemos mucho hincapié en la cooperación entre cooperativas (sexto principio de la cooperación)”.

“La unión hace la fuerza y a la hora de peticionar a las autoridades no es lo mismo ir por separado”, expresó en relación al freno a os artículos de la reforma tributaria que incluían la aplicación del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. “Es una vulneración de la naturaleza de las cooperativas que, por definición, no tienen fines de lucro. En conjunto fuimos a diferentes bloques del parlamento nacional y durante la sesión de diputados se eliminaron los dos artículos que pretendían aplicar el impuesto”.

Sobre los tarifazos afirmó que “impactan de manera dramática. Un estudio de un Observatorio de la Economía Social y Solidaria explicaba que hay 16.000 trabajadores de empresas recuperadas que corren el riesgo de quedar sin trabajo por el impacto que tienen las tarifas”. Si bien en el Congreso se está discutiendo el tema, “el presidente advirtió que no hay posibilidades de modificar el régimen tarifario”.

Form comentó que tuvieron una reunión –junto con representantes de distintas federaciones que agrupan cooperativas eléctricas– “con uno de los funcionarios que está en la Secretaría de Energía de la Nación, donde planteamos la necesidad de estudiar la configuración de un fondo compensador a nivel nacional que ayude a compensar los mayores costos”.

Sobre el emprendedurismo que pregona el gobierno opinó que “suena a solución individual, nosotros hablamos de soluciones colectivas. […] Para afrontar grandes desafíos es necesaria la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Paulo Freire decía que ‘la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida que se percibe que no es solitaria’”.

Rodolfo De Lucía, fiscal de la causa que tiene como imputados a los abogados Roberto Daniel Carmona y Rafael Benedicto Díaz Flaqué por la estafa de la firma DyF Fiduciaria, hizo referencia en FM De la Calle a la jornada de alegatos y el pedido de nueve años de pena por la imputación del delito de defraudación en relación a su actuación en tres de los emprendimientos que mantenía la empresa.

“Desde el principio la fiscalía los acusa de formar una asociación ilícita junto a Sergio Favretto, en el marco de esa asociación –destinada a cometer defraudaciones contra los emprendimientos que administraba DyF– haber colaborado con Favretto para que cinco hechos puntuales de defraudación (administración fraudulenta) pudieran ser llevados a cabo”, comentó el fiscal.

También explicó que “el delito de sociedad ilícita tiene como pena entre 3 y 10 años de prisión, los de estafa cada uno 6 años (máximo). […] Teniendo en cuenta los agravantes que consideró la fiscalía, extensión del daño que se causó con esta maniobra (por montos y damnificados), y la especial formación profesional que tienen Carmona y Flaqué –abogados–, vuelve más reprochable su conducta”.

De Lucía expresó que no calcularon el monto total de afectados por la maniobra, “es muy grande. La imputación hacia Carmona y Flaqué no era concreta, se les imputa haber generado pasivos por 12 millones de pesos y haber sustraído tres manzanas de terreno que pertenecían a otros dos emprendimientos. […] Cuando en otros fideicomisos sacaron la cuenta de cuánto han perdido, las sumas son mayores teniendo en cuenta que también fueron damnificados proveedores y empleados, entre otros”.

En relación a los controles por parte del Estado para evitar este tipo de situaciones o si hay alguna instancia que falle, aseguró que “el fideicomiso (dentro del Código Civil y Comercial) es una herramienta que permite la realización de desarrollo inmobiliario. Hay determinadas conformidades de proyecto que a nivel municipal tiene que ser aprobados. Quizás falta control cuando estos planes se vuelven de magnitud. […] Parecería que no hay un control del Estado de en qué medida estos proyectos son viables, y no es la primera vez que sucede en Bahía Blanca, pasó con los Alternativa Bahiense en su momento. Tenemos estafas similares en trámite, no sería raro que también lleguen a juicio (en la ciudad y en Punta Alta)”.

Sobre la posibilidad de recuperar algo de lo perdido: “depende de cada fideicomiso, algunos estaban sin avances en las obras, otros ya eran edificios en construcción –que se han podido recuperar con inversores externos–. La quiebra de DyF no fue suficiente para responder por todas las deudas, hay casos donde las personas que pusieron dinero no van a recuperar nada”, explicó.

Si bien el lunes se conoce la sentencia de Carmona y Díaz Flaqué, Favretto “técnicamente no es un prófugo porque no está correspondientemente notificado. Tiene pedido de detención hace años y captura –incluso internacional–. Cuando podamos dar con él tendrá que rendir cuenta por unos cuantos hechos más que se le imputarían solo a él. Hoy lo buscamos activamente y no está confirmado que esté fuera del país”.

El sociólogo Daniel Feierstein dijo a FM De la Calle que al negacionismo  y a la lógica de los dos demonios “se la enfrenta políticamente y con acciones sociales”. Fue durante su visita a Bahía Blanca para brindar un seminario en el Departamento de Humanidades en la UNS.

El investigador, que publicará próximamente el libro “Los dos demonios, recargados”, participó además de una entrevista pública coordinada por Fabiana Tolcachier y Jessica Visotsky integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

¿Cómo sintetizarías la idea de los dos demonios recargados?

El objetivo es tratar de analizar cómo reaparecen las lógicas de los dos demonios pero con otros sentidos, con otros objetivos, con otras intencionalidades que en algún punto son más graves de lo que fue el surgimiento en los años ‘80 de la teoría de los dos demonios. Entonces, un poco de ahí el concepto de “recargado” que es tratar de mostrar como la novedad de este momento y la peligrosidad, la disputa que se está dando en las representaciones en el intento de aprovechar este sistema de equiparación de las violencias, básicamente para demonizar cualquier posibilidad de resistencia con un orden injusto.

 ¿A través de qué acciones por ejemplo?

El objetivo de los dos demonios comparaba dos violencias en los setenta absolutamente distintas, la violencia genocida y la violencia insurgente pero con el objetivo de legitimar el juzgamiento de las violencias genocidas. Entonces, más allá de los problemas que podía tener, el objetivo de esta equiparación tenía que ver con mostrar la importancia y la gravedad de la violencia genocida.

Mientras que la aparición ahora de esos sistemas de equiparación por un lado tiene el objetivo de intentar volver a perseguir a los sobrevivientes de las experiencias de las insurgencias o de confrontación social en la Argentina, quienes para el caso han sufrido desapariciones, asesinatos, exilio e infinidad de persecuciones, además de la persecución legal. Pero, por otro lado, y esto es más grave en esta necesidad de demonizar, se buscan demonizar también los modos actuales de intentar enfrentarse a eso que no tiene nada que ver con los modos de los setenta y que, sin embargo, son demonizados en el mismo sistema. Acá podemos ver desde la represión del pueblo mapuche en el sur, hasta la represión a la manifestación social a fin del año pasado. 

Imaginamos que en este contexto la presencia de la política de seguridad y el apoyo del gobierno nacional independientemente de la perspectiva del poder judicial en algunos temas, tiene un peso…

Exactamente. Lo llamo “recargado” porque esa política de seguridad que está encarnada en Patricia Bullrich es una novedad desde el año ‘83 para acá. Si bien los años ‘80 fueron el momento de mayor hegemonía de la teoría de los dos demonios, en ningún momento esto llevó al desbocamiento de las fuerzas de seguridad ni a esta idea de Bulrich y de Michetti del beneficio de que ante cualquier caso el beneficio de la duda debe ser a favor de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. En este sentido le veo mucha más gravedad que a la versión original, porque están intentando avanzar sobre un consenso de la democracia Argentina a partir del fin de la dictadura que era la contención del ejercicio de la fuerza represiva. En este sentido la idea es poder pensar cómo la discusión de los setenta no es sólo eso.

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Vos has resaltado el problema de la pérdida de pluralidad en los organismos de derechos humanos que se ha registrado durante los últimos años, ya con dos años del gobierno del macrismo, ¿cómo evaluás la responsabilidad de los sectores afines al kirchnerismo y, también, cómo han actuado los sectores más críticos en relación a cómo se ha montado el macrismo sobre cierto desprestigio a partir de algunos episodios de corrupción?

Yo creo que uno de los tickets fundamentales para impedir el aumento de la represión ha sido la legitimidad de los organismos de derechos humanos y  eso es lo que está puesto en cuestión. En esa “puesta en cuestión”, que por supuesto es una ofensiva de los sectores más conservadores y del propio macrismo, hay mucho de lo que yo llamo “los errores no forzados”, que son los errores que cometió el propio campo popular y los organismos de derechos humanos y que facilitaron esta deslegitimación.

Fueron ambos sectores y esta es la miopía, tanto de los sectores que terminaron acercándose al gobierno kirchnerista como de los sectores que fueron incapaces de ver una conquista de ese gobierno, lo cual generó un quiebre, una simplificación donde se tenía, por un lado, un sector que planteaba que no había ninguna violación de derechos humanos por parte del gobierno, lo cual es inaceptable porque el gobierno siempre viola los derechos humanos y los organismos están para señalarlo. Pero había otro sector que no era capaz de distinguir la diferencia entre un proceso de juzgamiento con más de mil condenados y la impunidad que precedió a ese período.

Entonces, me parece que en este quiebre, en esta pérdida del pluralismo, no poder zanjar internamente las contradicciones ante un gobierno efectivamente contradictorio y complejo, juega un papel muy importante en la deslegitimación y en la homologación de los organismos como parte de un discurso antikirchnerista a partir de la “lógica del curro”, de la identificación partidaria.

No creo que esté todo perdido pero se vuelve un desafío a dos años de gobierno de macrista, cuando todavía seguimos teniendo dos marchas ante cada proceso de denuncia, lo que parece bizarro en estas condiciones.

En ese sentido ¿en Buenos Aires lograron por lo menos un acto unificado el pasado 24 de marzo?

No. Este otro tema fue una movida mediática que planteó que se había logrado cuando todavía no era así y eso fue uno de los elementos que lo impidió. Estuvimos muy cerca, lo cual es muy importante: hubo actos únicos en lo que fueron las manifestaciones de reclamo por Santiago Maldonado, por ejemplo.  Pero no, finalmente el 24 de marzo volvió a haber dos actos pese que habíamos estado muy cerca de lograrlo.

Es difícil pensar poder atravesar unos cuantos años de descalificaciones mutuas, de chicanas totalmente innecesarias que han dejado muchas heridas y, por otro lado, ver cierta miopía actual como para no poder tomar decisiones por encima de estas cuestiones personales. Se logró avanzar un poco y a veces surgen estas vehemencias que por lo general es lo absurdo, porque no tiene nada que ver con una calificación del momento actual. Verdaderamente no hay diferencias significativas de las necesidades de este momento sino que tiene más que ver en analizar cómo zanjar cuestiones del pasado que están obturando la posibilidad de acciones conjuntas. Yo soy optimista en el sentido de que más temprano que tarde se supone que esto tendría que recomponerse.

Otro de los puntos en los que haces hincapié en el libro es la defensa del concepto de genocidio. ¿Por qué tenemos que ir más hacia el genocidio y no utilizar figuras como crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado para retratar lo que sucedió en nuestro país?

Hay muchos motivos. Te voy a mencionar los dos o tres que considero más importantes y que van quedando muy claros en este momento.

El primero es que es el único concepto que permite quebrar la dualidad, algo tan fuerte de las lógicas de los dos demonios recargados. Los otros conceptos nos introducen en discusiones que siempre nos llevan a la dualidad. El concepto de genocidio es el que plantea que ninguna acción que podamos dar sobre la legitimidad o no de las acciones insurgentes, no tiene ningún punto de comparación con lo que implica la organización de un genocidio.

El segundo elemento es a quiénes afectaron los hechos, me parece que la potencia del concepto de genocidio tiene que ver con entender que hubo un intento de destrucción el grupo nacional argentino y esto implica que toda la población sufrió los efectos del terror, algo que no queda para nada contemplado en conceptos como terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde se los ve de un modo más individual y directo, donde pareciera que las víctimas fueron los que sufrieron en sus cuerpos la represión estatal y me parece que es fundamental entender que un genocidio deja marcas en toda la sociedad, no solamente en aquellos sujetos que afectó directamente o en sus familiares.

El tercer elemento es la solidez jurídica del concepto, que existe en nuestro país desde 1956 y que, por lo tanto, da muchas más herramientas para la claridad, solidez de su aplicación jurídica y sobre todo la distinción con cualquier otro tipo de práctica.

Estos son algunos de los elementos entre muchos otros que le dan una diferencia fundamental, no tanto el hecho que se cree que sería más grave que otros delitos, eso no tiene ningún sentido, pero sí cómo construimos la memoria de lo que ocurrió.

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Hablando de lo jurídico, ¿cómo ves esta etapa de los juicios?

En un sentido creo que muestra las cuestiones que hemos conquistado, los juicios continúan, han habido sentencias muy importantes en estos dos años: la de Mendoza, la de la ESMA 3. Más allá de que hay como cierta autorización a los jueces más renuentes a cajonear causas o a otorgar mayor número de prisiones domiciliaras o a intentar revertir las presiones preventivas.

También hay como pequeños indicios contra los sobrevivientes de la experiencia genocida por las acciones desarrolladas por la insurgencia. Me parece que ahí sí hay un peligro cierto, mucho más que la impunidad que es esta igualación entre lo que no tiene punto de comparación. Por eso digo que esta revictimización de los sobrevivientes -que exactamente son eso: sobrevivientes- y más allá de la valoración de si las acciones que desarrollaron primero han prescripto en relación al paso del tiempo, lo segundo es que han sido juzgadas legal e ilegalmente numerosas veces. Fueron desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y juzgados en los años ‘80.

Ese discurso de “memoria completa” o de reinstalación del proceso de juzgamiento es extremadamente falso, mentiroso y peligroso, porque creo que tiene más posibilidades de construir consenso que la posibilidad de la impunidad, que me parece que ha quedado claro con la marcha de mayo del año pasado que hay un fuerte rechazo social a la posibilidad de la impunidad. La causa Larrabure me parece que es la puerta de entrada a esta mirada equiparadora, creo que en este sentido es muy importante la disputa social, política y jurídica que se está dando alrededor de esa causa para no permitir ese proceso de igualación.

¿Qué te pareció la decisión de la Fundación del Libro de levantar la proyección en la Feria de la película “Será Venganza” que reivindica a represores de nuestro país?

Me pareció excelente y creo que es el camino porque ante esta ofensiva de miradas que buscan distorsionar las construcciones del pueblo argentino uno puede pensar que la salida tendría que ver, como propuso un proyecto de Nilda Garré, con impedir y negar penalmente la expresión de estos consensos. Yo creo que es un enorme error.

Creo que a estas lógicas de los dos demonios recargados y al negacionismo se las enfrenta políticamente y con acciones sociales. No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos, creo que lo que sí corresponde es llevar a cabo acciones sociales y no otorgarles espacio, por lo tanto hay una enorme responsabilidad incluso de los periodistas de impedir y cerrar el espacio a la manifestación de estas expresiones pero por una decisión política y no por una decisión penal que no implica consenso social.

Entonces, me parece que en este sentido ilumina el camino, como ocurrió en la Feria del Libro, que sea la propia sociedad la que diga que no está dispuesta a tolerar y brindar espacios a estos modos de agresión de la memoria social.

Fotos: Cristian Gonzalez y FCPyS UNCUYO

Cristian Chazarreta, abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo (19), obrero que falleció cuando una zanja se derrumbó en Soler al 100, se refirió en FM De la Calle a la definición del fiscal Aguilar de imputar al titular de la empresa y a dos profesionales más. “Burgos Melo perdió la vida el 6 de noviembre de 2016, un domingo en que la empresa decidió comenzar con la obra aunque faltaba la autorización municipal y los controles pertinentes”, indicó.

“Los tres profesionales debieron ser rigurosos, cambiaron totalmente la planificación de la obra exponiendo a los trabajadores a condiciones vulnerables”, advirtió el letrado sobre: Ángel Pablo Matelica (ingeniero civil, director de la obra y titular de MAPSA), Miguel Ramírez (ingeniero en seguridad e higiene) y Nahuel Ostertag (subdirector de la obra), imputados por homicidio culposo y lesiones culposas de los tres obreros que sobrevivieron con secuelas.

El fiscal Aguilar continuó con la labor del Dr. Zaratiegui (apartado por una situación de salud), y en enero “recibe a la familia, le indica que iba a estudiar la causa y define las tres imputaciones para profesionales que intervinieron en roles preponderantes en esa obra”. También aseguró que los “incumplimientos son inagotables. Entre ellos: el estacado de las paredes para evitar derrumbes, controles periódicos, control continuo del director y personal de ingeniería”. Por el lado de la documentación expuso que no contaban con “la autorización provista por la Municipalidad (el expediente estaba en trámite y comenzaron a trabajar sin ella)”.

Chazarreta manifestó que había un “triángulo contractual entre FUMEBA (fundación que administra el Hospital Privado del Sur) EDES y MAPSA”. Mientras que la fundación solicitó la repotenciación del servicio, EDES tiene dos formas de realizar esa actividad: la hacen ellos (que están demorados con los plazos) o FUMEBA hace el aporte económico y contratan una empresa (MAPSA). “EDES se encarga del control de condiciones de esta repotenciación, pero intervienen las tres partes. […] Por el momento no fueron imputados y no tienen fecha de citación a indagatoria”, expresó.

Respecto a los obreros que sobrevivieron dijo que “siguen traumados, bajo contención familiar y psicológica. Quiero resaltar que los trabajadores son zanjeros toda la vida –desde chicos–, y luego de haber estado cuatro horas enterrados bajo tierra, difícilmente se puedan reinsertar laboralmente en el rubro que realizaron toda su vida. […] La familia de Burgos Melo quiere justicia y que se condene penalmente a los procesados responsables de este hecho”.

Sobre este tipo de accidentes que ocurren seguido en la ciudad, el abogado manifestó a titulo personal: “Esto se ve a diario, en determinados rubros los trabajadores quedan expuestos a lesiones porque no se hacen los respectivos controles. El cumplimiento de las normas es costoso, otras veces es por desidia de los empleadores”.

Desde el curso “Patrimonio invisibilizado” UPAMI (UNS) presentaron en 2015 como trabajo final una exposición sobre cómo comunicar a través de los objetos. Tras un viaje a Fray Bentos, donde su primer frigorífico hoy subsiste como museo y centro de encuentros comunitarios, propusieron replicar la experiencia en las instalaciones de la CAP en Gral. Cerri.

El docente Omar Staltari comentó a FM De la Calle que “cuando nosotros estábamos preparando y seleccionando un patrimonio invisibilizado de la ciudad o la región, propusimos además que los cursantes podían presentar también, presentamos el de este frigorífico y que se podría hacer algo similar en la CAP, cumpliendo todos los pasos que habían hecho en la comunidad de Fray Bentos”.

“Nos pusimos como objetivo recolectar elementos, recolectar testimonios, fundamentalmente de la localidad. Y ahí, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que una gran mayoría de los habitantes de Cerri habían tenido algún tipo relación con la CAP y a través de eso hicimos la exposición”.

Consultado sobre el estado en el que se encuentran las inmediaciones de ex frigorífico CAP, Staltari explicó que “el estado es realmente deplorable. Nosotros hicimos una visita hace tres años atrás nuevamente y el tema es que si bien el predio es privado, porque se compró en un remate judicial, esta gente no ha tomado conciencia del valor que tiene eso y no han determinado hacer una custodia necesaria como para que eso se tratara de no deteriorar en la manera que está deteriorado”.

“El problema mayor fue que han entrado, han robado objetos, destruido y yo creo que en ese sentido tienen mucha responsabilidad sus actuales dueños porque han dejando a una sola persona que en este momento está ocupando la casa que era del gerente. Por comentarios de los vecinos esta persona hace lo que puede. Hay que tener en cuenta que el parque que tiene fue diseñado por el famoso arquitecto y paisajista, Thays, que es el mismo que hizo el parque botánico de Buenos Aires”, manifestó.

El intendente Héctor Gay presentó un proyecto de ordenanza para establecer un régimen de “estabilidad fiscal” para que la Tasa de Seguridad e Higiene no sufra modificaciones desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2023.

En diálogo con FM De la Calle el concejal de Cumplir, Ezequiel Gimeno, comentó que “como no conocemos todavía el texto de la ordenanza, mucho no podría hablar de eso. Lo que sí puedo decir es cuál es la opinión que tenemos nosotros: nosotros creemos, de hecho hemos presentado un par de ordenanzas al respecto, que la reducción de tasas municipales es una excelente herramienta de política fiscal para generar la radicación o ampliación de empresas en Bahía Blanca.”

“Lo que te da la herramienta de la Ordenanza Fiscal Impositiva es ver qué clase de ciudad queremos, si queremos una ciudad industrial, si queremos una ciudad comercial. Y a partir de ahí bajar, reducir o eximir alguna tasa municipal para poder fomentar la radicación de empresas”.

Asimismo explicó que “hace ocho años que las tasas prácticamente en su totalidad no se tocan. Nos parece que es una medida que tiene más que ver con un anuncio mediático que con una efectiva radicación de empresas o que esto repercuta en los bolsillos de los que están obligados a pagar la tasa que son las industrias y los comercios”.

La semana pasada AFIP ordenó que los clientes de frigorífico recuperado Incob debía realizar sus pagos en una cuenta especial del Banco Nación. El jueves las trabajadoras y los trabajadores denunciaron un pedido de coima desde Buenos Aires y el viernes se manifestaron frente a la delegación de San Martín al 100 donde les ofrecieron una solución momentánea.  Hoy se reunen con senadores en La Plata.

Orlando Acosta denunció en FM De la Calle que la deuda “fue hecha por Garaggiola (ex presidente de la empresa) y ex-funcionarios de la AFIP. El jueves pasado llamó un funcionario de Buenos Aires proponiendo que le demos el 20% del monto de la deuda para que sacara el expediente. […] Así se creó la deuda en primer lugar, Garaggiola pagaba para bajar el expediente y cuando volvía a subir, volvía a pagar la coima. Tenemos pruebas, se hizo una denuncia penal y nos vamos a sentar ante el gobierno para decirle que es la AFIP que sigue generando estas deudas”.

El trabajador aseguró que se encuentran más tranquilos: “Cuando fuimos el viernes a movilizarnos mantuvimos una reunión con distintos directivos de cada área y pudimos explicarles la complicación de la cooperativa para pagar la deuda de once millones de pesos heredada de Garaggiola. Desde ese momento la cooperativa vive con lo del día a día y en el medio pasamos por los aumentos de impuestos y servicios”.

Acosta comentó que la situación con ARBA (ente recaudador provincial) es más fácil de solucionar, “yendo a las presentaciones –por ser cooperativa– estás exento de pagar. Hace tres semanas la Cámara de Diputados de la Provincia votó un amparo ante cualquier acción legal que llegue a una cooperativa –desalojo, embargo–, lo que vamos a proponer es la última media sanción a esa ley”.

“Los directivos manifestaron que si como agente de recaudación no pueden pagar parte de la deuda es negligente de su parte –y eso lo entendimos–”. La propuesta que les hicieron desde AFIP consiste en que la cooperativa entregue cuotas mensuales de $20.000 para registrar antecedente de que hay voluntad de pago pero no capital. “Ellos, ante un embargo desde Buenos Aires, tienen cómo ‘defendernos’ hasta que salgan las leyes de condonación que ya tienen media sanción en Diputados”, explicó Acosta.

Luego de que le dieran media sanción a la quita de impuestos en las boletas de servicios, Andrés De Leo (senador provincial por Cambiemos) habló sobre el tema en FM De la Calle. También se refirió al embargo que la AFIP le realizó a Incob, y aseguró que los recibirá el martes en La Plata. “En principio el proyecto no abarca deudas nacionales, la cooperativa más allá de un componente social no deja de ser una empresa comercial que se rige por normas impositivas nacionales”.

El alcance del proyecto sí tiene que ver con ARBA, “vamos a intentar avanzar con lo que tiene que ver con la provincia”: la condonación o eventual suspensión de deudas que hayan podido tener en Buenos Aires y la prórroga de la ley de expropiación de la propiedad. De Leo aseguró que van “a hacer un esfuerzo para tratar de sacar adelante” al frigorífico.

Respecto al tema impositivo el senador manifestó que “va a haber que avanzar en otras líneas, con otras autoridades, y ver posibilidades de encuadramiento en algún esquema impositivo de regularización para que puedan seguir operando”. De los funcionarios de AFIP que no realizaron ningún tipo de control durante la última década permitiendo el endeudamiento, advirtió: “si hablamos de que en otra etapa el funcionario público incumplió con sus deberes, deberá ventilarse las responsabilidades y hacerlo”.

Por otro lado, el senador hizo referencia a la desfinanciación de los municipios a raíz de la media sanción al proyecto de quitar impuestos a las tarifas: “Eliminamos impuestos distorsivos (de muchos años) que 17 millones de bonaerenses abonaban en las boletas de luz, agua y gas, que nada tenían que ver con la prestación del servicio”.

“La realidad es que Buenos Aires va a recibir de coparticipación un monto sustancial mucho más importante que lo recaudado con impuestos. […] Entre enero y abril de 2018 la coparticipación se incrementó en casi 6.000 millones de pesos, un 41% más que el año 2017”. Asimismo explicó que la Gobernadora “duplicó los fondos que le van a girar a los municipios por recaudación de bingos y casinos. Está garantizado que los municipios tengan financiamiento, y a las críticas que hizo el FpV –que se van a desfinanciar obras– tenemos que decirle: durante años se cobraron muchísimos impuestos y dejaron al país y a la provincia absolutamente quebrada”.

De este modo, estiman que el monto a recibir por la recaudación de bingos y casinos será de “15 millones de pesos, y por coparticipación entre 80 y 100 millones de pesos (respecto de años anteriores)”. En cambio, lo que se dejará de recaudar por impuestos de tarifas “seguramente oscilará los 100 millones de pesos”.

Sindicatos estatales bonaerenses pararon ayer y realizaron un acto en Plaza Rivadavia para visibilizar de manera conjunta las dificultades que están atravesando como consecuencia de las decisiones del gobierno provincial, que avanza en su plan de ajuste y precarización.

En diálogo con FM De la Calle el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, explicó que “nosotros como docentes de universidades nacionales en todo el país iniciamos un paro por 48 horas, en este plan de lucha que afortunadamente lo venimos cumpliendo todas las federaciones docentes”.

“El reclamo en principio general es salarial. Esta imposición que pretenden los gobiernos del 15%, distribuidos en cuotas sin la opción de una cláusula gatillo de aplicación automática, algo que venimos rechazando y los gobiernos no atendiendo”.

 

Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Bahía Blanca, Ana Canullo, afirmó que “desde el mes de febrero que empezamos a concurrir a las escuelas que vamos viendo que el ataque es sistemático, que no es casual, y esto lo vimos en: cierre de cursos, jubilaciones de oficios, muchos problemas en los cambios con las licencias médicas de los compañeros que están enfermos”.

“Hemos visto, la verdad, con mucho dolor e indignación y peleando la calle en contra de los cierre de los bachilleratos de adultos. Porque la verdad que algunas funcionarias y funcionarios hablan con eufemismos y lo que estamos presenciando lisa y llanamente es cierres de escuelas”.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Claudia Barrio denunció “el trabajo insalubre que en muchos casos realizamos en edificios poco apropiados, con sobrecarga de trabajo y sobrecarga de horas. Hay compañeros y compañeras que trabajan más allá de las 2 de la tarde, que se hacen cargo de sus propias viandas y que nadie les recompensa eso”.

A nivel provincial, la vicepresidenta del CICOP, Marta Márquez, explicó la situación que atraviesan lxs trabajadores de la salud bonaerenses: “Volvemos a parar exigiendo llamado a paritarias a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires, que es una paritaria que está vencida desde diciembre de 2017 y no hemos tenido una sola convocatoria para discutir salarios y para discutir las gravísimas condiciones en las que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires”.

 

“Podríamos hacer una larga lista de deficiencias a cual más grave y a cual más preocupante. Y además, venimos padeciendo la falta de profesionales en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires con servicios cerrados o semicerrados, algo directamente relacionado con los bajos sueldos y las malas condiciones en las que trabajamos”, aseguró.

Así lo confirmaron desde el frigorífico en la carta abierta que publicaron, donde narran los logros de los últimos años y las deudas adquiridas de la gestión anterior. Orlando Acosta, integrante de Incob, se refirió sobre el tema en FM De la Calle:“la AFIP toma una medida que pone en jaque el trabajo cotidiano. […] Es como que te embarguen el 100% del sueldo pero igual tener que pagar luz, gas, y comer”. El viernes a las 10 se manifiestan frente a la dependencia de San Martín al 100.

“Todos estos logros se ven en peligro por una decisión arbitraria y maliciosa –que podría dejar a 67 familias en la calle– por parte de AFIP, quien ha tomado la decisión de embargarnos los clientes por medio del Fisco Nacional, prohibiendo el pago de las cuentas corrientes a la empresa, teniendo estos que depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación”, reza el comunicado.

Acosta aseguró “no teníamos noción de que existía la deuda” sino que se anoticiaron cuando cambiaron de autoridades y removieron a Enrique Garaggiola (ex presidente) de su cargo. “Si bien reconocemos la deuda, estamos denunciando que hubo ex funcionarios -que ya no están mas en la AFIP- que fueron copartícipes de esta situación. ¿Cómo puede ser que una empresa que no paga retenciones, haya trabajado durante diez años sin tener una sola inspección? ¿Cómo nunca llegó una multa?”

También explicó que con la nueva dirección de AFIP, “los que ingresaron vieron que INCOB no pagaron retenciones durante 10 años y entraron con los tapones de punta. […] Acá no hubo dialogo, la AFIP no tuvo el tupé de decir ‘muchachos le vamos a embargar los clientes’. […] La forma de subsanar esto es que paguemos pero ¿qué vas a hacer con esta falta que hubo de los ex funcionarios que participaron?”

Esta misma deuda están negociando hace tiempo en la Legislatura y tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Al respecto, el integrante del frigorífico dijo: “Buscamos la condonación de la deuda o algún tipo de facilidad de pago, teniendo en cuenta que en algún momento el estado fue responsable (porque los funcionarios eran nacionales). Además se pide que se investigue el caso de INCOB. […] Conocemos varios senadores y diputados de Bahía Blanca, y los diputados se han puesto la situación al hombro”, pero por el lado de los senadores les “está costando muchísimo, es imposible encontrar un senador”.

En relación al tarifazo reveló que han sabido organizar la parte administrativa “para que estos tarifazos no impacten en el precio de la carne. Hace un año y medio que la carne no tiene aumento, esta semana aumentó por el dólar y es mentira porque no manejamos la carne a precio dólar si es para consumo interno”. Sin embargo los costos por la energía eléctrica se perciben, mientras que en octubre de 2016 pagaban alrededor de $20.000 pesos, “hoy estamos a $220.000 y este aumento nos lleva a $350.000”.

“Si INCOB cierra sus puertas tienen que tener noción que en Bahía solo hay dos frigoríficos que abastecen la ciudad. Viñuela estaba trabajando al máximo –igual que INCOB– y no tiene la posibilidad de abastecer el 50% de la ciudad como hacemos nosotros; eso provocaría un efecto dominó a las otras carnicerías que se van a quedar sin productos”.

Manifestó Walter Uranga, presidente de la institución, luego de una denuncia anónima que alertó a los inspectores municipales y que concluyó con el labrado de un acta. “No tengo quejas sobre los agentes, vinieron a cumplir con su deber, también quisieron ingresar a la casa del denunciante y no les permitió pasar para medir si los decibeles se excedían de lo permitido.

“Labraron un acta y paramos porque no queremos que nos clausuren el lugar. Esto no es un boliche bailable, es un lugar que cedemos a la cultura. […] Los recitales son “solo los sábados de 21.30 a 0 horas, no queremos funcionar como un boliche. Esto nos permite construir, es nuestro único ingreso y así les pagamos a los albañiles, no recibimos subsidio de nadie”, dijo Uranga en FM De la Calle.

El Sixto Laspiur “está abierto a cualquier tipo de expresión cultural y justo nos tocó este mal momento de decir ‘no podemos seguir y apelamos a la buena predisposición de las autoridades’” (actualmente les piden una habilitación que no pueden afrontar económicamente).

“Tenemos apoyo de un montón de gente pero en la Municipalidad no nos han atendido […] Espero que nos escuchen, no pedimos nada solo queremos hacer lo nuestro sin molestar; si hay que arreglar algo para que no genere ruido o molestia a alguien, estamos dispuestos”. Y reiteró que “estaría bueno que el estado nos escuchara. Generamos cosas hace 12 años, tenemos baby fútbol con más de 800 chicos y no tiene la repercusión que debería tener”. También brindan un taller de poesía –que aún no comenzó– a cargo de Álvaro Urrutia y Osvaldo Costiglia, y quieren seguir con el proyecto de la escuela de artes gráficas.

La idea surge de la experiencia que Walter tuvo en La Piedad: “Estábamos a punto de empezar la secundaria y jugando en la cancha de Laspiur, un compañero comentó que había entrado en La Piedad y que había imprenta, tipos móviles. Yo que siempre fui mal dibujante vi mi oportunidad de expresarme a través de letras de molde, letras de plomo y madera. […] Están surgiendo escuelas porque es un oficio lindo y la idea es que no se pierda. Es un trabajo que viene de hace 500 años”.

Señaló que cuentan con las maquinarias necesarias “gracias a la grandeza de los gráficos que nos las han dado o vendido a muy bajo precio”, y que lo mismo ocurre con la infraestructura, “teníamos pensado seguir adelante pero nos prohibieron los recitales, llegamos al encadenado de un salón de 18x5mts sumado a lo que ya tenemos”. Además, están en contacto con Fabián Castro, del Sindicato Gráfico Sureño, intentando hacer un convenio “para que vengan jubilados gráficos a dar una mano con los futuros alumnxs, que se genere un espacio descontracturado pero con la disciplina del aprendizaje”.

Finalmente agradeció “a la gente del rock, rock pesado, trash”, y comentó que la banda Asacris se reunió para tocar en el Sixto Laspiur, “fue un reencuentro de distintas generaciones. […] Esto me da un impulso para luchar, los rockeros de Bahía son gente bárbara, colaboradora, y se lo merecen”.

Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales se manifestaron en nuestra ciudad por el Día Internacional del Trabajador/a. El punto de encuentro fue el acampe de los trabajadores de Cargill en una de las entradas del puerto de Ingeniero White, en protesta por el lockout patronal que les impusieron en Bahía Blanca y General Galvez.

“Todos lo que estamos aquí presente estamos evolucionando en esa conciencia de clase hoy en día, esto es un sentimiendto de clase. Sentimos que somos trabajadores, tenemos sensibilidad de trabajadores y eso es lo que nos mueve hoy en día para estar acá. Estamos enormemente agradecidos, muy esperanzados y reitero la convocatoria para que armemos un frente de resistencia en donde la protección de la familia sea el hilo conductor de todos los trabajadores”, exclamó César Riobo, delegado de Cargill, en la apertura del acto.

Enrique Gandolfo de la CTA Bahía Blanca-Dorrego recordó la huelga de 1907 y a sus mártires, la huelga de los portuarios de 1966, a los 22 muertos del 85 para luego anclarse en la realidad y hacer un llamamiento a la unidad de los y las trabajadoras.

“En Ingenieron White convivieron trabajadores inmigrantes de uno y otro país; y en el 1 de mayo no se separaban por el país que habian nacido, se juntaban por la pertenecia a la misma clase social. En este Día Internacional de los Trabajadores nos viene bien este ejemplo, cuando lo que tenemos enfrente es un gobierno que trae la reforma laboral cuyo primer punto es bajar las indemnizaciones por los despidos, creo que con ese primer punto está claro para quienes gobiernan”,  sentenció Gandolfo.

Ana Canullo, también dirigente de la CTA y del Suteba Bahía Blanca, trajo al presente los nombres de varias mujeres sindicalistas y referentas del movimiento de mujeres organizadas, aclamando por un 1 de Mayo “que sea también de las trabajadoras”.

A lo largo de la actividad FM De la Calle dialogó con algunos trabajadores respecto a los desafíos que tiene el movimiento de la clase trabajadora en esta etapa.

“Fundamentalmente hoy por hoy no estar pensando en el 2019, para pensar en eso hay que transitar el 2018 y creo que es ese es nuestro mayor desafío entender que el pueblo solo puede salvar al pueblo. Creo que tenemos que replicar con más dureza, con más unidad y fundamentalmente con nuestras centrales nacionales de trabajadores y trabajadoras convocando a un verdadero plan de lucha nacional que contenga un paro total de actividades”, afirmó Sergio Zaninelli de ADUNS.

Agregó que “hay un movimiento que congrega las dos CTA, parte de la CGT que critica a la otra CGT burocrática entreguista y también a los movimientos sociales, un actor fundamental en estos momentos. Creo que es donde nos tenemos que reflejar y exigir un verdadero plan de lucha. Hay que recuperar de alguna manera, hoy a 50 años, lo que fue la CGT  de los argentinos, creo que debemos mirarnos en ese espejo y actuar en consecuencia”.

Cesar García, dirigente de la Corriente Clasista Combativa, confirmó que su organización en conjunto con Barrios de Pie, parte del Movimiento Evita y la CTEP presentarán batalla en la contienda electoral local y nacional de manera conjunta.

“Hay un punto concreto que tiene que ver con la unidad de todo el movimiento, es un desafío muy grande porque el gobierno quiere agarrarnos por separado y por eso entendemos que tiene que haber una unidad concreta en acciones concretas y representar a todos los sectores. También tienen mucho que ver los dirigentes sindicales ya que muchas veces son trabas, por eso como decía el general Perón será con los dirigentes a la cabeza o será con la cabeza de los dirigentes por fuera. Hoy lo que concreto que tenemos que hacer es unir todo lo posible de ser unido, para enfrentar la politica de ajuste de Macri. Un frente amplio que tenga perspectivas para el año que viene y ser opción en politica, ese es el desafio que tenemos para más adelante”.

Una vez finalizadas las más de 15 intervenciones, los músicos y músicas de la UMSUR cerraron el acto con sus presentaciones que duraron hasta entrada la tarde. Varios trabajadores de Cargill retomaron sus puestos de trabajo a la espera de las novedades que podrían sucederse en los próximos días.

Se trata de la charla informativa y gratuita sobre autismo que se dictará mañana a las 16hs en la Biblioteca Rivadavia, donde disertarán las licenciadas Laura Cragno (fonoaudiología) y Carolina Resio (terapia ocupacional). Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, comentó en FM De la Calle qué lxs motivó a organizar esta charla.

Moya aseguró que uno de los objetivos del Comité es “difundir qué es el autismo para quienes viven con esta condición y sus familias”. Es fundamental hablar de detección temprana, “de cómo podemos los papás y profesionales darnos cuenta que tenemos un niño que puede estar dentro de la Condición del Espectro Autista”.

“En base a mi experiencia hay una falencia muy grande por parte de los profesionales, pediatras específicamente, que son los que nos tienen que dar una alerta. En su formación profesional no tienen materias de neurodesarrollo”, explicó la mamá de Joaquín (8), niño con CEA. “Yo sabiendo que había algún inconveniente con Joaquín, no obtuvimos una detección hasta que tuvo casi 3 años y medio, es mucho tiempo para la familia”.

Actualmente intentan articular con el Colegio de Pediatras “algún tipo de detección en consultorio. Con un simple cuestionario se puede llegar a detectar un desvío, que no implica un diagnóstico pero sí llevaría a una interconsulta. La intención es que los pediatras tomen conciencia de esto y hacerles este test a los niños”.

Entre los principales mitos a derribar sobre el autismo explicó: “Esto no es una enfermedad, es una condición y toda su vida va a vivir con ello. Además nos gustaría hablar de espectro, en la televisión sólo hemos visto personajes con autismo que no hablan -cuando hay más características particulares-, parece que no están en este mundo, y son personas que están pero lo ven de otra manera. Tenemos que incluirlos y eso implica un desafío muy grande de pensar cómo”.

charla

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.

El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.

Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.

“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.

El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.

“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.

Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.

Así opinó Carlos Quiroga, concejal por Unidad Ciudadana, sobre el proyecto del oficialismo aprobado por el Concejo Deliberante en su última sesión. El ex-intendente Rodolfo Lopes dijo que “se van a dar cuenta que con este 3% no baja absolutamente nada”.

El edil ratificó la decisión del bloque en comunicación con FM De la Calle: “Todo aquello que pudiera dejar un centavo más en el bolsillo de la gente nos parecía bien y queríamos acompañarlo”. Así lograron incorporar dos artículos en el proyecto: “Uno establece que el Departamento Ejecutivo está obligado a la reasignación de partidas del presupuesto a efecto de conformar un fondo de la misma magnitud al que estaba determinado (con la tasa)”.

Por otra parte, el artículo 3 indica “que rindan cuentas trimestralmente de qué obras se están haciendo para que no suceda lo del año pasado, que se recaudaron $8.8 millones y apenas invirtieron el 23% de ese recurso”.

Respecto al 67% de fondos restantes, Quiroga aseguró que pidieron documentación “porque hay cosas poco claras, dicen que los procesos licitatorios son muy lentos pero los recursos están comprometidos. Vamos a profundizar este tema cuando se discuta la rendición de cuentas de obras públicas y de todas las áreas del municipio”.

lopes

El ex intendente Rodolfo Lopes criticó la derogación de la ordenanza, reivindicando el fin para el cual había sido creado y modificado durante su gobierno. “Estoy en las antípodas de lo que pueda pensar este gobierno”, aclaró.

“El intendente no entiende porque no defiende al usuario de Bahía Blanca, si no se reuniría con autoridades de EDES y les preguntaría por qué de la provincia de Buenos Aires esta ciudad es la que más caro paga el kilowatt. Estamos en un corredor energético, tenemos dos centrales termoeléctricas, nadie puede explicar el tema del precio de la energía, son sinvergüenzas”.

Además expresó que “hacen creer a la población que sacando ese 3% le van a bajar el precio a la boleta, es una mentira total. El costo se baja hablándole a los cuatro empresarios de la provincia de Buenos Aires, amigotes de estos personajes, y diciéndoles ‘en vez de ganar tanto ganen menos, pero no generen este conflicto con la sociedad’”.

La tasa municipal que se derogó fue implementada en una ordenanza a fines del ‘89 y significaba “la posibilidad de tener un fondo solidario de los que tenemos gas para los que no tienen gas. Una parte para eso y otra parte para hacer redes de gas, porque cuando uno analiza: el que más caro paga el gas es el que menos tiene y más necesita”, dijo el ex intendente.

Durante su intendencia el acuerdo con Camuzzi implicó que si el/la vecinx pagaba por la red, la empresa le retribuía 1000m3 de gas. Si bien el compromiso se mantiene, él descree: “Si hoy que tienen el dinero que llega de arriba (el 67% de recursos que mencionó Quiroga) no lo usan, ¿te parece que van a disponer una partida para hacer las obras que nunca hicieron?”.

Sobre la derogación indicó que “están quejándose todos los intendentes de la provincia –que no pertenecen a Cambiemos– que no toleran que se esté sacando el impuesto porque hay herramientas que se desfinancian y no van a representar un valor importante para bajar el costo de la tarifa.[…] El político no tiene que tener miedo, hay que enfrentar esa realidad. El costo político lo está pagando la sociedad”.

Foto factura: Ramiro Villalba.

“Vinimos al Concejo Deliberante para manifestar nuestro repudio hacia la concejala Soledad Martínez porque volvió a vincular a Sebastián Rodríguez Maidana al caso de esta niña Mariana Sol Bruna“, dijo esta mañana Ana Canullo en el marco del paro docente .

La dirigente de Suteba agregó que “son gravísimos los dichos y no dañan solamente la vida de este docente sino que atenta contra la organización sindical, la participación política”. Si bien le acercaron una nota a Martínez, la concejala no bajó al recinto. “Pedimos que se desdiga de sus dichos. […] Si no creyéramos que tiene una clara intención, pensaríamos que es de una gran irresponsabilidad”, aclaró.

Sebastián Rodríguez Maidana fue vinculado a la investigación de la muerte de Bruna por un allanamiento realizado en su domicilio. La Fiscalía y la Policía Federal entraron por error a su vivienda y encontraron 47 gramos de marihuana. Maidana ahora es investigado por tenencia de estupefacientes.

“Consideramos que estas manifestaciones, no sólo perjudican al docente, sino que desvían el eje de la exigencia de justicia por la muerte de Mariana, ya que mientras tanto quien abusó de la adolescente de 15 años y la abandonó muerta en la puerta de un hospital, camina libremente por las calles”, dijeron desde el sindicato.

Paro con nombre y apellido

Respecto al pedido de la Jefatura Distrital de armar una nómina con los nombres de quienes adhirieran al paro, Canullo opinó que “es muy grave pero no nos llama la atención, las presiones que se viven dentro de las escuelas son terribles y es sistemático. Desconocemos esa planilla pero de ninguna manera se puede dar esa información, es inconstitucional, hacer paro es un derecho”.

“Pueden las directoras mandar un porcentaje de acatamiento de adhesión pero no una nómina. La acción es parte de esta cacería de brujas que hacen. Una cosa es que nosotrxs avisamos en las escuelas por una cuestión de organización, otra que esos datos los eleves a la Jefatura. Es una acción (más) disciplinadora de este gobierno hacia lxs trabajadorxs que nos organizamos”.

En relación a los cambios en la educación generados por un recorte presupuestario, la secretaria general del gremio manifestó: “Estamos atajando un montón de cosas, generalmente estos cambios no son para mejor, terminan de precarizar aún más nuestra tarea y los aprendizajes”.

“Los bachilleratos todavía no arrancaron (los primeros años) y estamos muy preocupados porque todo lo que se propuso como paliativo o alternativa al cierre todavía no fue puesto en marcha”. Explicó que la oferta es limitada porque hay la mitad de los bachilleratos y pocos cursos.

Finalmente recordó que la negociación paritaria que “no avanzó sino que retrocedió, la propuesta anterior era de 15%, esta es semestral y del 10% en 3 cuotas, con promesa de volver a reunirnos en junio. No creemos estas promesas porque también prometieron que la paritaria empezaría en noviembre y comenzó en febrero. Este gobierno está muy determinado a condenar a un sector de trabajadorxs al ajuste, a sueldos por debajo de la línea de pobreza”.