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El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.

(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

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Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.

Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.

El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.

El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.

En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.

Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.

El que no busca, no encuentra

La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.

En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.

Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.

Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.

Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.

Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.

La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.

Fuente: fiscales.gob.ar

Se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva. Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.

La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.

En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.

En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de mla medida.

Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.

Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

¿Qué pasó?

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Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.

El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).

Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un “golpe blando”, tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil”, manifestó.

El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como “una gran farsa” y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.

Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.

“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.

Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos “ajenos al objeto del proceso”.

¿Quiénes apoyan a Temer?

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Luego del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo, las movilizaciones en contra del Gobierno interino de Michel Temer empezaron a reproducirse en todo el territorio nacional, e incluso fuera de las fronteras brasileñas, y cada vez se hace mayor el rechazo, lo que demuestra el poco apoyo popular con el que cuenta Temer. Los Juegos Olímpicos de Río de Janerio 2016, incluso sirvieron de escenario para alcanzar una mayor visibilidad internacional a las protestas llevadas a cabo en contra del presidente interino.

Para el mes de junio, de acuerdo con el sondeo de MDA / CNT el Ejecutivo de Temer solo contaba con una valoración positiva del 11,3 por ciento, mientras que el 30,2 por ciento considera regular su gestión. La encuesta también indicó que el 50,3 por ciento de los consultados aboga por la celebración de las elecciones anticipadas este mismo año, frente al 46,1 por ciento que cree que los comicios deben realizarse en 2018 como estaba previsto.

A este respecto, Rousseff propuso y prometio públicamente que si retomaba sus funciones celebraría un plebiscito para consultarle al pueblo si realmente deseaba adelantar las elecciones presidenciales: “La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cual es el camino para ampliar la gobernabilidad y mejoarr el sistema político electoral brasileño”, opinó Rousseff.

En cuanto a Temer, pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el Gobierno del ex vicepresidente, éste no consigue salir de la crisis producto de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido. A esto se le suma el hecho de que Temer lucha por estabilizarse en medio de fuertes cuestionamientos por su legitimidad y de una severa recesión económica.

Fuente: Telesur.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural e Hidrógeno de la Patagonia Sur realizará un paro por 48 horas, el cual afectará a todo el plantel de la empresa Camuzzi. “Veníamos teniendo negociaciones de carácter trimestral para ver cómo se planteaba la situación macroeconómica pero de buenas a primeras la empresa simplemente nos dice que ya no tienen medios ni recursos para afrontar los salarios”, dijo a FM De la Calle Eduardo Paiolo.

El dirigente comentó que la decisión fue tomada a instancias de un plenario de gremios que representan a las y los trabajadores de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur que abarca desde Capital Federal hasta Tierra del Fuego.

Será un “paro total de actividades con entrega de guardias que no se van a retomar hasta que el conflicto no se solucione”, afirmó Paiolo y aclaró que “el gas va a seguir fluyendo y van a seguir contando con el servicio”.

“Las guardias se van a entregar a personal jerarquizado que se supone que tiene conocimientos para atender eventuales emergencias, si la contingencia supera sus conocimientos estaremos ahí los trabajadores para colaborar”.

“El desaguisado tarifario lo ponen como bandera, como caballito de batalla y, por un lado, entre el gobierno y las empresas y la intervención de la Corte por otro, que afortunadamente intervino, aparecemos nosotros los trabajadores aunque también el público consumidor como el fiambre del sándwich”, concluyó.

En el decimotercer programa de ¿Quién te Juna? hablamos de inclusión. Para ello, convocamos a Alberto Bostal, miembro de la fundación INTEGRAR, creada hace 25 años. Su hijo más chico nació con Síndrome de Down: “Vimos que podíamos darle una oportunidad para que pueda tener un buen desarrollo en su vida”.

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. Sus causas son desconocidas. Cualquier pareja puede tener un hijo con síndrome de Down. Uno de cada mil niños nace con este síndrome.

“Cuando recién iniciamos INTEGRAR observamos que en España los chicos estaban alfabetizados en un 70 por ciento y en Argentina un 4. Nos dimos cuenta que nosotros no les habíamos dado las herramientas a los chicos para que puedan crecer, los profesionales también comentaban que no les enseñáramos porque no iban a aprender. Pero vimos que a medida que iba pasando el tiempo, con el apoyo de profesionales e instituciones, ellos crecían y crecen continuamente. Hoy pasado 25 años vemos que siguen creciendo y desarrollándose como cualquiera de nosotros”, comentó Alberto.

Uno de los aportes de la fundación es la empresa INCLUSER. El proyecto se lleva a cabo desde principios del 2013, durante este período se ha logrado capacitar a más de 80 personas con discapacidad intelectual en distintas disciplinas, entre las cuales se encuentra el curso de “Mozo de eventos y auxiliar gastronómico”.

Actualmente se continúa con su dictado, mejorando día a día la capacitación y los conocimientos de los mozos que asisten, con la intención de poder proveer un servicio de alto nivel.

Si hablamos de inclusión no podemos dejar de mencionar la Ordenanza de Atención Prioritaria que según Lucia Pendino, titular de la Dirección de Inclusión y Accesibilidad, “está en vías de reglamentación por cuestiones administrativas” pero prevén realizar una campaña de concientización en los próximos meses, atendiendo a uno de los puntos que manifiesta esta reglamentación.

También le consultamos por el estado del transporte público ya que muchos colectivos no disponen de rampas o las que tienen no funcionan y dijo que es un tema que “está en agenda, esta como una prioridad. Es de interés de todo el municipio. Hoy la 502 cuenta con piso bajo y hay promesas de las demás líneas en adecuarse. También hay un transporte complementario”.

Además la fundación INTEGRAR dicta cursos y capacitaciones para docentes “para que cuando le toca a una maestra un chico con síndrome de Down sepa cómo abordarlo. Se adaptará un poco la curricula pero de alguna u otra manera siempre van logrado cosas y están acompañados por los demás chicos que van a ser sus pares en la vida diaria, en el trabajo”, agregó Bostal.

“Les cuesta más… pero aprenden y además tienen un aura especial, porque yo digo que tienen una simpleza y un carisma, la pureza en el alma”.

¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 20 por FM De la Calle 87.9Mhz.

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

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En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.

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Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.

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“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.

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Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.

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A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.

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Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.

La secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró acta de infracción a la empresa PBB Polisur S.RL. por la emisión de humos negros. A las 13:06 horas se constató desde las cámaras del CTE la emisión de humo negro desde la antorcha elevada de la planta de EPE de PBB-Polisur.

A fin de calificar su opacidad, inspectores se dirigieron hacia el lugar para observar la emisión, calificándola con una opacidad de 100 % equivalente a grado 5 de la escala de Ringelmann. El evento tuvo una duración total de 5 minutos, tiempo que excede lo establecido en la legislación vigente.

Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965, y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.

Según las autoridades, el acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). Por el mismo se recibió una denuncia vecinal a través de la central de emergencias (911).

La empresa informó que el evento se produjo debido a la parada de la planta por problemas de especificación en la corriente de ingreso, debiendo derivar la misma a la antorcha.

(Por El grito cultural*) Red de Voluntarios por una infancia mejor es una asociación civil que surge después de la crisis del 2001. La idea fue impulsada por un par de jóvenes que a través de sus escuelas y grupos barriales decidieron ayudar a chicos y chicas de sectores periféricos.

Más de 250 personas trabajan por semana en barrios como Loma Paraguaya, Thompson y Villa Rosas, con el objetivo de generar espacios de contención, de asistencia y sobre todo de mucho amor para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer y explotar sus potencialidades.

Los y las protagonistas tienen acceso a programas de desarrollo infantil, apoyo escolar, recreación, deportes y artes, además de poder festejar sus cumpleaños y compartir una merienda entre amigxs.

El director de la ONG en Bahía Blanca, Matías Corvatta, comentó que colaboran con aproximadamente 1.500 chicos y chicas y que se asocian con instituciones, como comedores, merenderos y hospitales públicos para trabajar juntos en pos de propuestas socioeducativas y culturales.

Al consultarle sobre el mantenimiento de los programas, respondió: “El principal recurso son los voluntarios. Hacemos campañas para captar socios que aportan una cuota bimensual o bimestral de $40 mínimo”.

“Somos una organización que hace de medio entre las ganas de ayudar y donde se necesita” finalizó Matías.

Aquellos y aquellas que quieran aportar su granito de arena para que niños, niñas y adolescentes reciban la asistencia y el cariño que merecen, pueden hacerlo informándose en la fan page de Facebook.

*El grito cultural se emite los jueves de 20 a 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.

La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.

“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.

“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.

“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.

INCOB CARTELEl diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.

La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.

“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.

Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.

“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.

La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.

La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa. El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.

Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.

En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios. En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.

En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.

Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.

Antonio Castaño solicitó la indagatoria al empresario Lázaro Báez en el marco de una causa en la que está imputado por asociación ilícita fiscal y en la cual se confeccionaban facturas apocrifas para evadir impuestos. El pedido se extiende a su hijo Martín, ya procesado por lavado de dinero por el juez Sebastián Casanello.

Así lo consignaron a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que el fiscal también pidió la declaración indagatoria de los empresarios bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti; de Denis, Jorge y Franco Ferreyra; y de Rogelio Chanquía.

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó en la misma causa que el cierre de las oficinas locales del organismo tuviera que ver con una supuesta intención de bloquear la investigación por la emisión de facturas apócrifas.

Para el Ministerio Público Fiscal y por las maniobras realizadas, Austral Construcciones logró obtener ganancias por más de 20 millones de pesos, según consta en el expediente.

El requerimiento solicitado por Castaño y que fue dado a conocer hoy, fue efectuado en los últimos días ante la Justicia Federal de Bahía Blanca, que deberá definir los pasos a seguir. Recordemos que se encuentran vacantes los dos juzgados federales, con lo cual ambos son subrogados por la jueza federal de Viedma, Mirta Filippuzzi.

Fuentes judiciales señalaron que, “además de Lázaro y Martín Báez, quienes integraban Austral Construcciones, figuran los Ficcadenti, quienes tenían el Gupo Calvento, Penta y Terrafari, y los Ferreyra quienes estaban a cargo de la firma Constructora Patagónica, en tanto que Chanquía se desempeñaba como contador”.

Según la investigación, en muchos de los casos, las empresas locales Calvento y Penta eran proveedoras falsas de Constructora Patagónica, una empresa que luego le facturaba servicios falsos a Austral Construcciones.

En su dictamen, Castaño señaló a Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado del grupo Báez, sin perjuicio de las relaciones con otras estructuras en el país y en el exterior”. “Este bloque fue pergeñado en nuestra región y, con la connivencia de funcionarios de la AFIP-DGI, se posibilitó la perpetración de ilícitos fiscales”, expresó el fiscal en su resolución.

Indicó que “se desprende de lo analizado hasta el momento que durante un tiempo prolongado, al menos desde el 2011, funcionó la presente asociación ilícita que principalmente se autoabastecía generando un riesgo potencial la maniobra reprochacha”.

“Estamos frente a un delito de peligro, que hace a que, si bien se encuentran cuantificando las deudas en cabeza de los obligados de autos, es relevante sostener que la organización favorece la generación de créditos fiscales falsos, utilizables no sólo por los integrantes de los grupos interrelacionados”, expresó en el escrito.

Por otro lado, el fiscal sostuvo que, “apoyándose en la estructura jurídica de Austral Construcciones SA, el Grupo Báez con formado por Lázaro y Martín Báez, secundados por sus apoyos técnicos, diseñaron un entramado societario con diferentes actores a los efectos de beneficiarse con dinero ilícito, en la mayoría proveniente de la obra pública, generando costos falsos, y atemperando deudas fiscales”.

Para eso, “se valieron de entre otras personas como los grupos constituidos por las familias Ficcadenti, Ferreyra, Pedraza, entre otros”.

Además, el fiscal remarcó que, de acuerdo con informes de la AFIP, “Calvento y Penta eran proveedores falsos de Constructora, quien luego le facturaba los servicios a Austral Construcciones Sociedad Anónima”.

“A partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, como mínimo en lo atinente al grupo Penta y Calvento, se colige que le estaría sobrefacturando costos a Austral Construcciones SA para permitir la salida de dinero contable, además de evadir el IVA y las ganancias”.

En este marco, Castaño afirmó que, “gracias a la maniobra de esta asociación ilícita fiscal, al menos 20 millones del costo de Austral son falsos”.

Fuente: Télam.

Se constituyó la comisión de seguimiento y evaluación de la Ordenanza 18.164, que establece la caducidad para la explotación y toda otra actividad que promueva el proxenetismo y la trata y explotación de personas. Para la directora de Integración y Fortalecimiento de Derechos Humanos, Letizia Tamborindeguy, fue un encuentro “para seguir trabajando sobre esta problemática que es terrible y todos sabemos que existe”. En septiembre habrá actividades de concientización.

“La ordenanza propone dos tipos de comisiones. El primero es una comisión de autoridad de aplicación que nos juntamos hace quince días, está conformada por distintos representantes de secretarías del municipio que son los encargados de ver si están habilitados o no los cabarets. Desde esa reunión misma surgió la reunión de ayer que fue la primera de Comisión de Seguimiento y Evaluación de la ordenanza, de la cual no participaron solamente personas del municipio sino referentes y representantes de otras instituciones”, explicó la funcionaria a FM De la Calle.

Tamborindeguy recordó que “la ordenanza decía que cuando se cerraba un cabaret tenía un plazo determinado para presentar una propuesta alternativa. La realidad es que se pasó ese plazo, no han presentado ningún tipo de propuestas y hoy por hoy no hay ningún local habilitado”. “Formalmente está todo cerrado”, afirmó y destacó que “todos sabemos que ha crecido bastante lo que tiene que ver con los privados, pero eso ya atañe a otro campo”.

Ante los operativos judiciales en locales donde son explotadas mujeres víctimas de trata “el municipio no interviene directamente pero sí se trabaja con el equipo de rescate a partir del número 145, se los convoca -están en La Plata- e interviene. Sí hemos trabajado en la contención”.

La normativa establece que la comisión de seguimiento “estará integrada por un representante del ejecutivo municipal, uno del Concejo Deliberante, organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a esta problemática, el Consejo del Menor y la Familia, el Poder Judicial Federal y un referente de la unidad fiscal de Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca”.

Participaron del primer encuentro Franco Di Santi de Bahía Contra la Trata; el director de Fiscalización, José Luis Montanaro; el fiscal Mauricio del Cero; María Gracia Acevedo, de la Fiscalía General oficina Violencia de Género; Silvina Pascuaré en representación de Fiscalía Federal; Soledad Monárdez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos; Delia Martínez Urquiza de Pastoral Migratoria; Virginia Linares del Frente Julieta Lanteri; María Inés Re, en representación de la Secretaría de Salud y la concejala Miriam Lantosca y su par Matías Lera.

La megacausa “La Perla – Campo La Ribera” llegará a su fin este jueves cuando el tribunal oral lea la sentencia sobre la responsabilidad de 43 acusados por crímenes de lesa humanidad padecidos por 711 víctimas en la jurisdicción del III Cuerpo del Ejército.

“El impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación”, dijo ayer a FM De la Calle Emiliano Salguero de la agrupación H.I.J.O.S.

El debate comenzó el 4 de diciembre de 2012 y ventiló crímenes ocurridos entre 1975 y 1978. Inicialmente eran 57 los imputados pero catorce se beneficiaron con la impunidad biológica. Para Salguero, más allá de las intenciones del gobierno de cerrar los juicios, existe “voluntad política del pueblo” para ir por más Memoria, Verdad y Justicia.

-¿Con qué expectativa esperan la sentencia?

Casi cuatro años de audiencia de juicio oral, casi un año entero de audiencias si se hubiesen realizado todos los días, 365 audiencias. Lo cual implica que este juicio se ha trasformado en el juicio más largo de la historia jurídica de nuestro país. Con mucha expectativa pero también sabiendo que más allá de la intencionalidad de algunos sectores que siguen reivindicando al terrorismo de Estado, la sociedad argentina se niega a convivir con impunidad.

La Perla es el centro clandestino más grande del interior del país por el cual, según investigaciones que hemos realizado, pasaron más de 2500 personas, muchas de ellas, la gran mayoría, fueron desaparecidas y los cuerpos todavía no están identificados, no hemos encontrado los restos de los compañeros. Un juicio que además habla de lo más oscuro del terrorismo de Estado porque, a diferencia de otros lugares, acá en Córdoba la centralidad que tuvo la represión, La Perla fue el último destino de los compañeros secuestrados y torturados que fueron paseados por distintos centros clandestinos, cárceles y comisarías, todo el circuito represivo de la región del NOA, todo lo que era el área del III Cuerpo de Ejército, que son más de diez provincias, culminaba en La Perla, de la cual se sabía muy poco.

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Este juicio ha permitido ventilar, poder dar cuenta de un montón de situaciones que los familiares de las víctimas no conocían. Estamos hablando de un juicio que tiene 715 víctimas de las cuales 261 están desaparecidas, 48 de ellas asesinadas, o sea que tenemos los cuerpos, 8 identificadas, había una situación muy oscura y muy poco conocimiento de qué pasó con nuestros compañeros y además muestra a las claras cómo la represión no discriminó por ideología ni por condición social ni por edades porque en La Perla se concentró a todos los grupos sociales y culturales, desde grupos de testigos de Jehová hasta militantes revolucionarios, sindicalistas, militantes peronistas y radicales y dan cuenta de que la represión, el genocidio, más allá de las diferencias que tuvieran esos sectores en ese momento, no hizo diferencias cuando entendió que había que destruir el proyecto de trasformación de esa generación.

En este juicio se dio cuenta de la historia de vida de cada uno de estos compañeros y creo que lo más importante fue la posibilidad de que muchos sobrevivientes, que fueron demonizados como traidores por haber vivido después de la dictadura, por haber sobrevivido, porque fueron los que se “salvaron” y porque cuentan cosas dolorosas o también porque cuentan la experiencia de militancia. Esta sociedad nos escucha a nosotros los Hijos, a las Madres, a las Abuelas, pero les cuesta escuchar a los sobrevivientes.

Telam Córdoba 12/04/2014 En la audiencia 125 del mega juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla y en el campo La Ribera, se incorporan 5 nuevas causas y 11 imputados nuevos 12/04/2014 foto Irma Montiel

En ese sentido este juicio no ha sido menor porque hoy la sociedad de Córdoba y creo de Argentina y el mundo van a estar presentes mirando y escuchando no solo la condena a los genocidas, que esperamos que sean a cadena perpetua común y efectiva, sino también el tema de la historia de los testimonios, de su importancia y de la historia de nuestro país, de las cosas que se quisieron ocultar. Porque este juicio también permitió ventilar la complicidad civil, por ejemplo de cómo Menéndez y sus secuaces se robaron la empresa Mackentor y secuestraron a sus empresarios. De la complicidad civil a través de los jueces que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. De la Iglesia, acá teníamos al jefe de la Iglesia argentina que era Primatesta y tenía muchísimo contacto con estos campos de concentración que no es solo La Perla sino que en este juicio también está La Ribera que pertenece a la policía, hay imputados de otros centros clandestinos también. Da cuenta de toda una serie de historias y situaciones de impunidad con la que aún convivimos, que la pudimos escuchar, la pudimos ver, pudimos acercarnos un poquito más de verdad.

-Respecto de los compañeros y compañeras que continúan desaparecidos, en un momento el juicio también tuvo mucho impacto en la prensa a partir de la puesta en escena del Nabo Barreiro diciendo que aportaba datos sobre dónde habían sido escondidos, enterrados, pero a su vez el Equipo Argentino de Antropología Forense estaba trabajando allí. ¿Sirvió para algo lo que dijo Barreiro o fue una puesta en escena?

No, eso fue una opereta del Nabo Barreiro. Barreiro fue uno de los jefes de La Perla. Fue el jefe de torturadores, del grupo de tareas que estaba a cargo de la tortura. Además fue el responsable del levantamiento carapintada en el año 87, se lo cita a declarar, él se niega y promueven este levantamiento y termina siendo sacado del cuartel, cuando estaban acuartelados, en el baúl del auto de monseñor Primatesta.

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Y este mismo Nabo Barreiro es el que una vez que el EAAF había encontrado restos en hornos, porque entendemos que fueron depositados restos triturados de desaparecidos por segunda vez, o sea, habían sido depositados en un lugar y luego para hacer desparecer los rastros fueron depositados de nuevo en unos hornos viejos de cal, y el EAAF había encontrado el resto de cuatro compañeros que habían sido identificados y Barreiro dijo que iba a decir dónde había más hornos y fue toda una cuestión para estar en los medios. Lo que nos llamó mucho la atención fue cómo los medios masivos de comunicación se prendieron a esto pero no le dieron la misma importancia a los restos que habían sido encontrados en ese lugar antes. Él no aportó ningún tipo de datos de significación, no nos sirvió ni siquiera para la identificación de los restos de estos compañeros.

Atrás estaba la negociación de lo que se llama la reconciliación con el perdón, algo que entendemos que sectores que tienen que ver con el gobierno actual, el gobierno nacional, quieren promover. Esto de ley de reconciliación o un similar a la ley de amnistía como en Uruguay.

-Página/12 difundió una especie de medio de comunicación que se crearon los autodenominados presos políticos, los terroristas de Estado que están siendo investigados o enjuiciados, son tipos muy activos, ¿qué saben de ellos en la actualidad, en el contexto político que ha cambiado, con las domiciliarias y los riesgos que eso representa para la sociedad y para ustedes como familiares, como sobrevivientes?

Sabemos que estos grupos siempre se han movido. También en la época en que el gobierno nacional era comprometido con los juicios de lesa humanidad, con el gobierno de Cristina y de Néstor, ellos también han tenido este tipo de actuación. Igualmente el tema de las prisiones domiciliarias. Estamos hablando que una cosa es la voluntad del gobierno, que en este caso es un gobierno adverso a la posibilidad de profundizar la investigación sobre los delitos de lesa humanidad, sobre todo con el tema de los cómplices civiles. En Bahía Blanca tenemos a Massot, ustedes saben más que nosotros todo lo que ha pasado ahí. Pero también te puedo decir que hay un estado que es reticente o no, hablo del poder judicial, de las fuerzas armadas, de los distintos estamentos, que es reticente a las decisiones o políticas de un gobierno. En este caso creo que también hay una voluntad política del pueblo.

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Creo que más allá de quienes votaron a Macri o quienes no votaron a Macri, por lo menos en Córdoba que es la provincia que lamentablemente le dio el triunfo, una provincia que va a mostrar que tiene muy claro que quiere juicio y castigo a los genocidas y que no se prende a la discusión de la teoría de los dos demonios que quieren plantear estos grupos para facilitar la impunidad de los secuestradores, de los ladrones de niños, no se los juzga por sus ideas, se los juzga por sus acciones delictivas, porque utilizaron el Estado para realizarlas, por eso hablamos de terrorismo de Estado, y se los juzga con todas las condiciones que no se le dieron a ninguno de los desaparecidos.

Cuando hablamos de terrorismo de Estado creo que el pueblo de Córdoba va a mostrar que comparte esta idea que tenemos los organismos que tiene que ver con que nuevas generaciones se comprometen con la memoria, la verdad y la justicia y que tarde o temprano volveremos a la carga con el juicio y castigo en todo el país.

-¿Qué impacto tuvo en la provincia el desarrollo del juicio?

Yo te diría que el impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación. Creo que Córdoba ha sido muy afectada por el terrorismo de Estado, fue una de las provincias junto a Tucumán más afectadas del interior, miles de obreros fueron llevados a las mazmorras de los campos de concentración, estudiantes. Córdoba era rebelde, era la Córdoba de Agustín Tosco, de Atilio López, la mayoría de los dirigentes revolucionarios se formaron acá y en ese sentido hay una Córdoba que va a sentir un cimbronazo con esta sentencia.

Mañana (por hoy) va a ser una contraCórdoba, va a estar todo el pueblo porque no sabés la cantidad de gente que a lo mejor no puede ir porque lamentablemente no conseguimos el asueto administrativo, o porque los chicos tienen que ir a clases, estamos hablando de un día laborable, pero han mostrado cartelitos diciendo “Yo quiero juicio y castigo”, “Yo voy a la sentencia”. Esto nos ha trascendido a nosotros como víctimas y a las organizaciones sociales que están organizando la espera de la lectura de la sentencia.

“Si se suman los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas que buscan trabajo o están disponibles para ocuparlo se concluye que 19,8% de la población activa de Bahía Blanca-Cerri (BBC) tiene problemas de empleo. En el total urbano nacional el guarismo alcanza a 28,5%”.

Así lo indica el Boletín de Estadísticas Laborales, una iniciativa del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos de la UNS y dirigido por el economista Gustavo Burachik, luego de la primera publicación oficial de datos del INDEC de la era Cambiemos.

El documento muestra que “la desocupación en el segundo trimestre del año fue más baja en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) que a nivel nacional” y que “la diferencia es explicada íntegramente por la menor oferta laboral (tasa de actividad) bahiense ya que la proporción de personas ocupadas es idéntica”.

“Esta menor presión se origina, casi con seguridad, en el desaliento laboral; la baja probabilidad de conseguir un puesto de trabajo (menor aún, de ocupaciones con cobertura de seguridad social, estabilidad, etc.) desincentiva la búsqueda laboral. Las personas sin ocupación, disponibles para el empleo pero que han desistido de una búsqueda activa son registradas como inactivas”, explica.

Además, el informe destaca que “más de 10% de los ocupados en BBC está buscando activamente cambiar de empleo. Se trata de una forma de desempleo (oculto en la ocupación) ya que los trabajadores que se encuentran en esta situación ejercen presión sobre una demanda laboral que, en el mejor de los casos, está estancada desde hace varios años. Casi la mitad de este conjunto corresponde a los llamados subocupados demandantes, es decir, personas con empleos a tiempo parcial que buscan una mayor ocupación horaria. A su modo, presionan también sobre la demanda laboral los subocupados que, si bien no están buscando activamente más horas de trabajo, están disponibles para aceptarlas”.

Los autores del relevamiento aclararon que el reinicio de la publicación de información laboral recabada por la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre de 2016 “supone la aparición de un vacío de información de dos trimestres y que “el instituto, además, anunció la revisión de los datos publicados hasta el cuarto trimestre de 2015” y desaconsejó su utilización, “lo que equivale a reducir la credibilidad de cualquier comparación hacia atrás de la nueva información publicada”.

(Por ¿Quién te juna?*) En Argentina, respetar la identidad de género es una obligación establecida por el artículo 12 de la Ley 26.743, el cual está dedicado al trato digno de las personas. Establece que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad”, tanto en el ámbito público como el privado.

Si bien la lucha por los derechos ha avanzado a pasos agigantados desde la proclamada ley del matrimonio igualitario hace ya casi seis años, la pelea no termina; quedan muchísimas cosas por hacer.

Tal es el caso de la Ley de cupo laboral trans, que estipula que “el sector público debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, incluyendo “el personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación”. Además, se debe “establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.

La promotora de esta ley, Diana Sacayán, era tucumana, lideraba la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), y era dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), y en 2012 recibió el DNI con su identidad autopercibida. Trabajó en el programa de diversidad sexual del INADI y colaboró en el suplemento Soy de Página/12 y en la revista El Teje. También fue gestora de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.

“Diana era una luchadora por todos los derechos humanos, ella luchaba mucho por la diversidad, por las cuestiones de los derechos de las travestis, pero también por los derechos de los que menos tienen aquí en nuestro país”, nos cuenta Paula Lorenzo en comunicación telefónica. Paula forma parte de la comisión de familiares y compañerxs que piden justicia por Diana Sacayán y que reclaman “por su brutal travesticidio”.

“Estamos pidiendo justicia porque se asesinó a una referente social, y también para poner en claro cuál es la situación de las personas travestis en Argentina. Ella misma [Diana] denunció mucho el asesinato, cómo eran las vidas y cómo eran las muertes de las travestis. Para que cambie un poco la cosa, tenemos que luchar por justicia. Es un caso muy emblemático”.

Paula nos habló sobre las actividades que realiza la comisión: “Organizamos la primera marcha contra los travesticidios, justamente para decir y poner en primer lugar las vidas de las personas travestis. Porque si bien tenemos la ley de identidad, todavía sufren muchísimas discriminaciones en instituciones como los hospitales, las escuelas”. Y afirma que todavía falta un trabajo muy grande por hacer. En las escuelas aún no se habla de educación sexual. “Expulsan a las personas que tienen otra identidad de género”, comentó Lorenzo.

Por su parte, Nicole Pietrangelo, integrante de la Colectiva Feminista y de Watu Corriente Comunista, opina que hay limitaciones en la Ley de cupo laboral trans.


“Partir del 1% del cupo de la ley laboral trans –agrega Pietrangelo–, ya está marcando un límite más que importante. Me parece que más allá de lo que diga o no un papel, hay que partir de una realidad en la que estamos inmersxs, que tiene que ver con el estado real de la economía en este país y, concretamente, en los municipios. Para nadie es una novedad que Bahía Blanca es una de las ciudades con mayor desocupación; históricamente lo ha sido en los momentos más críticos; y por otra parte, a medida que avanza, a los sectores más marginados, más vulnerados, más puertas se les cierra”.

“A mí no me alcanza con una ley –afirma de manera contundente–. Que partan del reconocimiento de que nuestra expectativa de vida es de 35 años. La gran mayoría de las travestis tienen muy bajo nivel de escolaridad, y en muchísimos casos analfabetismo (o semianalfabetismo). Lo que no debería ser un destino, para muchas compañeras se ha convertido en un destino, que es la prostitución”. Esto, según Pietrangelo, se debe a que no les han brindado la oportunidad de capacitarse para tener otra salida laboral.

Nicole considera que no se toma en cuenta las diferentes realidades de las provincias, ciudades, o pueblos. Y que “no es la misma situación para una chica que recién está empezando, que para una que ya lleva muchísimos años, que para una que se ha prostituido (que son la gran mayoría), que para una que no. Esa supuesta integración de 1% en el cupo laboral de planta, esperando que sea permanente y no en negro, no deja de ser una pequeña medida. Es la falsa integración”.

“Te damos trabajo, pero no resolvemos las cuestiones de fondo, no resolvemos con perspectiva, no tenemos proyecto a largo plazo”, establece la integrante de la Colectiva Feminista. Finalmente, insiste que “como parte del pueblo, no alcanza con leyes, no alcanza con supuestas voluntades discursivas, y hasta que no tomemos las decisiones que nos competen en nuestras manos, podemos esperar pequeños parches, pero la bicicleta no se va a arreglar”.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.

La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.