Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Estudiantes y docentes bahienses y algunos bloques del Concejo Deliberante reclaman el financiamiento transitorio del boleto educativo por parte de la Municipalidad ante la negativa de la gobernadora María Eugenia Vidal a reglamentar y cumplir la ley 14.735.

La norma aprobada por unanimidad en 2015 dispone la creación de “un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires”.

Mediante la ordenanza 18.253 el Concejo Deliberante adhirió a la legislación bonaerense y fijó que “la Provincia debía garantizar la implementación de la Ley y que el beneficio establecido no fuera en desmedro de los Recursos Municipales, Fondos de Administración Municipal o del servicio que se brinda al resto de los usuarios del Transporte Público”.

teatroEl proyecto presentado esta semana por el bloque de Integración Ciudadana dispone “el financiamiento transitorio” por parte del municipio “hasta que disponga la Provincia la remisión de los fondos correspondientes, afectando parte de lo recaudado en concepto de R.A. Tasa de Seguridad e Higiene abonada por las empresas del Polo Petroquímico y en concepto de Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados”.

“Una ley no es prioridad para la gobernadora, ¿dónde está el apego a las instituciones del que se habla durante su campaña? Una ley provincial que el actual intendente (Héctor Gay) siendo diputado votó a favor. Una ley votada por el consenso de todos los actores y por unanimidad”, aseguró en sesión la concejala Betiana Gerardi (FpV) y se preguntó si solo fue para la foto la reunión del subsecretario de Transporte con diputados provinciales para analizar la reglamentación.

Soledad Martínez, integrante del bloque de Cambiemos prometió “tomar la inquietud” del financiamiento municipal transitorio propuesto y “trabajar sobre eso” en las comisiones.

Fotos: Estudiantes del Conservatorio y la Escuela de Teatro. Facebook Coordinadora por el Boleto.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.

Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.

“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.

Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.

Respaldo del Consejo Superior de la UNS

 Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

 La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de  medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con  la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.

La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí:  http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf

La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.

“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.

La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.

Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.

El municipio envió una nota a la asociación Bahía Blanca Che intimándola a que el 1ro de mayo desaloje el espacio que utiliza el grupo cultural en el inmueble ubicado en calle Alsina 370.

“Esta asociación fue creada para defender y difundir las producciones artísticas artesanales locales y regionales. Hay mucha gente que produce cosas bellísimas, locales, con un sabor muy particular pero que no tiene después cómo venderlas o qué hacer con ellas. Es un problema que en realidad el estado debería resolver: cómo se transita, cómo se difunde, cómo se intercambia en toda la provincia, en todo el país”, dijo Mónica Oliver, presidenta de la institución.

En el 2006 comenzaron a conformarse y a partir de 2008 obtuvieron la personería jurídica. Durante el mismo año de la creación formal el municipio les cedió un pequeño espacio al fondo de ese inmueble alquilado, en el que funcionan otras dependencias municipales.

Luego de recibir la noticia, integrantes de la asociación lograron ser recibidos por el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo y un funcionario de la Secretaria Privada de apellido Gómez. El gobierno ratificó su decisión de que Bahía Blanca Che abandone el inmueble que venía utilizando desde 2008.

En cambio, se ofrece a la organización la posibilidad de funcionar en una oficina del mercado municipal. “Nos parece un lugar precioso y popular. Pero estamos pensando cómo podemos articular todo lo que además hacemos”, dijo Oliver en referencia a un conjunto de actividades que realiza la asociación, como la Feria del limonero, un espacio de encuentro periódico de distintas artes y prácticas culturales, que se lleva a cabo en el patio y pasillo de ingreso del lugar.

En otras palabras, si Gobierno no le ofrece un espacio adecuado, Bahía Blanca Che será expulsada del lugar hacia otro de dimensiones y características que no permitirán la continuidad de las actividades que la asociación de reconocida labor viene realizando.

En reemplazo de este colectivo de trabajadorxs de la cultura, las oficinas el municipio estaría pensando el lugar para que sea utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El próximo sábado 16 de abril a las 16 en adelante se llevará a cabo una nueva Feria del limonero en la que habrá música, narración, artesanías, poemas, libros, agendas, dibujos y otras expresiones. Según la organización, “un lugar donde las manos susurran, las sombras iluminan y los oídos cantan”.

Foto: Silvia Pascual

Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concurrió a las jornadas oficiales, las calles bahienses fueron escenario de concentraciones, movilizaciones y expresiones culturales.

“Es un signo de los tiempos. Parece que la tolerancia, el diálogo, todas esas banderas o palabras a la hora de tener que escuchar la protesta se despliega la policía, se vallan las calles, se impide el tránsito. Es un signo del tiempo que vivimos a partir de lo que se dice en los discursos y lo que se hace en la práctica”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego.

La CGT terminó confluyendo en la esquina de San Martín y Alsina (por Alsina) con la marcha de estatales (por San Martín), en reclamo de medidas concretas para afrontar la situación de despidos que sufre también el sector privado.

“Creo que es muy importante que comencemos a encontrarnos más allá de las diferentes pertenencias sindicales. Que podamos unir nuestras voces en la calle y en lo posible marchar juntos, cuando los padecimientos que sufrimos son parecidos en los diferentes sectores. Tiene que ver con una política que beneficia a los de arriba, que les da enormes ingresos asegurados, una tasa de rentabilidad altísima y para los de abajo vienen despidos, aprietes, amenazas, descuentos, decretos para cerrar paritarias. Una batería de medidas que apuntan al conjunto”, agregó Gandolfo.

Por su parte, el secretario de Prensa de ATE, Matías Rossetti, recordó que se encuentran acampando “desde el día viernes en el Consejo Escolar. Obviamente por el salvaje descuento de miles de compañeros. En el día de ayer trascendió que una compañera auxiliar murió, falleció en Mar del Plata al enterarse que solamente tenía $40 en el cajero. Esto es un crimen de esta política que lleva adelante la gobernadora de la provincia”.

En este contexto, destacó que el reclamo incluye “la catarata de decretos que va en contra de todos los trabajadores del estado. Esto de darle poderes a los ministros, a los secretarios para que hagan lo que quieran con los trabajadores sin respectar ninguna ley”.

Néstor Alende, de la Asociación Judicial Bonaerense calificó a la de Vidal como “una de las gobernaciones más antipopulares de los últimos años. Nosotros tenemos hoy una nueva convocatoria paritaria pero siguen sosteniendo hasta la fecha el 25 % para todo el año y a partir de julio. Un porcentaje totalmente insuficiente. Esto después de una larga espera de no haber sido convocados en tiempo y forma”.

Según el dirigente, la mandataria aplica “medidas que claramente benefician al sector más concentrado de la riqueza y dejan de lado al pueblo y a los trabajadores. En nuestro caso en particular en otras paritarias nosotros ya prácticamente teníamos cerrado para esta fecha. Acá recién arrancamos y estamos con el mismo sueldo que tuvimos en agosto cuando se completó la tercera y última parte de la pauta salarial establecido con el gobierno de Scioli. A esta altura no sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a tener un peso más en el bolsillo”.

Desde el Centro de Estudiantes del Conservatorio y la Coordinadora por el Boleto Estudiantil, Marcos De Benedetto sostuvo que “no está la decisión política de implementar la ley 14735”, aprobada durante el año pasado.

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Desde la Plaza Rivadavia, el concejal Gustavo Mandará (FpV) dijo que “nos pasamos una semana (por el gobierno municipal) poniendo plata en los medios, pautando pidiendo que venga la gente y cuando viene la gente no la dejan pasar. No lo puedo creer. Di un montón de vueltas para entrar. Hay gente de a pie que quiere pasar y no puede. No me acuerdo yo de un acto de Bahía Blanca con este nivel de dispositivo de seguridad”.

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A su vez, el espacio “Amor & espanto, cultura contra el neoliberalismo” llevó adelante “una acción sorpresa en una plaza lamentablemente vallada por este gobierno que le tiene miedo a que la gente se exprese. Estamos acá para participar de una acción concreta que es servir un vaso de chocolate, vasos que tendrán cada uno distintas inscripciones que denuncian la situación actual”, según informó a esta radio Sergio Zaninelli, quien a su vez es secretario general de ADUNS.

“Es una vergüenza una plaza toda vacía y los compañeros reclamando fuera de ella”, agregó.

Con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al palacio municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.

Fue en el marco del 188º aniversario de la ciudad en el cual reanunció la obra del acueducto del Río Colorado y una inversión de seis mil millones de pesos para solucionar las falencias del servicio de agua y cloacas de la empresa ABSA. Vidal estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay, funcionarixs locales y provinciales, “representantes de fuerzas militares y de seguridad, concejales y referentes de instituciones”.

La Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias reunidas en la Coordinadora por el Boleto, militantes y ciudadanas y ciudadanos se manifestaron frente a los vallados que rodeaban la Plaza Rivadavia para repudiar el ajuste y sus consecuencias.

IMG_0647La agenda oficial comenzó con una breve conferencia de prensa en la Casa Coleman durante la cual el jefe comunal mostró sus “expectativas” sobre el “proyecto de cambio”. “Vamos hacia un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de gestión y transparencia, un modelo de hacer, donde las economías regionales tengan una importancia que no tenían y es por eso que hoy estamos en un proceso distinto, estamos alumbrando una nueva ciudad”, agregó Gay.

La gobernadora aseguró que “lo que más me gusta del encuentro de hoy es poder anunciar obras, que de a poco van a poder resolver el problema del agua, el principal de la ciudad”. En ese sentido, anunció una inversión de seis mil millones de pesos -aportados por la Comunidad Andina de Fomento, la provincia y ABSA- para “el acueducto desde el Río Colorado, la red fina de distribución, la planta potabilizadora Patagonia, la planta depuradora, tres estaciones de bombeo, entre otras obras”.

“Después de muchos años que se prometieron estas obras y las anunciaron, finalmente se van a hacer, se van a ver y vamos a cumplir con este compromiso”, sumó Vidal con el valor de la “palabra” como única garantía para la concreción del cuestionado acueducto.

Al ser consultada acerca de la implementación del boleto estudiantil, transformado en ley por la legislatura en 2015, Vidal se excusó en la falta de fondos en las arcas provinciales y afirmó que priorizará inversiones en infraestructura escolar.

Si bien el acto central fue programado en la Plaza Rivadavia, rodeada por más de un centenar de policías bonaerenses y locales, por una decisión de “protocolo y seguridad de la provincia” se escondió de las protestas gremiales en el hall de Alsina 65. Aun así, la gobernadora fue repudiada cara a cara por Analía Larrea, una joven que se acercó en su silla de ruedas y le reprochó el pago a los fondos buitres con “el hambre de la gente, con el hambre del pueblo”. “Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir”, respondió Vidal provocando el aplauso oficial.

Con la gobernadora camino al polo petroquímico, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la multinacional DOW Chemical, un grupo de bahienses ocupó las sillas dispuestas en el centro de la plaza para presenciar espectáculos musicales y humorísticos.

La senadora Nidia Moirano cruza y junto al secretario de Seguridad comunal Emiliano Álvare Porte, la jefa de protocolo Silvia Corinaldesi y otro funcionario se abrazan por detrás para impedir el paso a Analía Larrea.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.

Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.

El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.

Las siete denuncias presentas son las siguientes:

1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par bahiense, Horacio Castaño, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que había desestimado una denuncia, presentada oportunamente, por los coordinadores de la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

En dicha presentación, se había denunciado a Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante en su momento, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez desobedeció una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

Presentado el recurso ante la Cámara los magistrados tuvieron por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”.

En este sentido, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales. “Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, adujo De Luca. Y agregó: a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

Asimismo, resaltó que lo resuelto por los jueces contenía un “excesivo rigor formal pues no responde a normas ni principios vigentes (…) de existir agravio, éste sólo afectaría al Ministerio Público Fiscal, que es el único interesado en este asunto porque hace a su funcionamiento interno, máxime si tomamos en cuenta que cualquier fiscal que hubiese mantenido el recurso tenía y tiene el deber de mantener e impulsar la acción penal, como lo hizo el Dr. Castaño”.

Al final del dictamen, el fiscal de Casación remarcó el “inusitado rigor formal contenido en el auto recurrido frustra la vía para el correcto ejercicio de la acción penal”. La causa en cuestión está vinculada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por ello, explicó De Luca, la Cámara debía estudiar “los requisitos formales con suma prudencia, en atención a los intereses en juego y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional”.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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(Nota ampliada) La vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, renunció esta mañana por el repudio social recibido en los últimos días por sus dichos discriminatorios hacia sectores vulnerables. La noticia fue confirmada a FM De la Calle por la secretaria de Gobierno, María Laura Biondini, quien aseguró que la decisión política del intendente fue pedirle a la consejera el apartamiento de su cargo.

“El que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay, si la leche no es de calidad tienen que tomarlo igual”, “la delincuencia la lleva en la sangre”, “el hambre no tiene marcas”, y la propuesta de “atarle las trompas a la madre” de niños con riesgo escolar fueron algunas de sus manifestaciones.

La funcionaria fue reprobada por miles de ciudadanos y ciudadanas en las redes sociales, organizaciones gremiales y sociales pidieron su renuncia y el Concejo Deliberante rechazó ayer sus expresiones y pidió definiciones al jefe comunal Héctor Gay.

Yo no fui

Perdriel afirmó que su renuncia se motivó en el “perverso operativo mediático y en redes sociales que la oposición ha realizado al Bloque Cambiemos y hacia mi persona, donde se tergiversaron supuestas frases dichas por mí, donde se han vertido dichos quitados de contexto y de conversaciones privadas confiando en el buen compañerismo de opositores donde la oposición me denostó y me humilló sin piedad en púbico, donde todo el trabajo realizado, mi trayectoria y compromiso con la educación pública durante 22 años no han servido de nada ante la oposición quienes también son docentes. Donde el sr. Raúl López se da el gusto de gritarnos en las sesiones, ya que es una persona que hace prevalecer sus gritos y maltratos verbales cuando uno no congenia con sus pensamientos, siendo las mujeres siempre su blanco”.

Por su parte, López aseguró que la ex vicepresidenta “ni siquiera en este acto de justicia pudo tener un gramo de dignidad” ni “una pizca de arrepentimiento”. “Creyendo sus propias mentiras, atribuyó su marcado fascismo a situaciones armadas, a perversas y maquiavélicas operaciones políticas. En mi caso particular, acusándome de ‘gritar’ y de maltratar sobre todo a las mujeres, queriendo desviar la atención y transformar su insensibilidad social e ignorancia política en un problema de género”.

“No tengo que dar explicaciones porque mi trayectoria las da por mí, diez años en la conducción de un gremio mayoritariamente de mujeres y dos y medio en la función pública me avalan. La opinión de la mayoría de mis compañeras y compañeros de Consejo me sirve mucho más que las acusaciones de alguien a quien sus propios compañeros de partido le soltaron la mano. No me afecta más mentiras de quien es tan cobarde que para justificar sus dichos trata de explicar que no la entendieron. La misma que defendió a la policía en el fusilamiento de Yuliano Gallo cuando en su rol de docente lo dijo en una asamblea”, agregó.

Y finalizó: “Defiendo mis ideas con vehemencia, pero sin insultar ni faltar el respeto. (…) Me preocupa el fascismo ideológico, la denigración de los que menos tienen. Y seguiré levantando con toda vehemencia la bandera de la defensa de los derechos humanos, de la integridad moral y la dignidad de todos los habitantes. Y la VERDAD, por sobre todas las cosas”.

Estado mala leche

El grupo “El amor & el espanto” Cultura bahiense contra el neoliberalismo convocó a una acción colectiva, pública, participativa, nutritiva y sustanciosa para exigir la dimisión de Perdriel. “Además de pedir su renuncia, proponemos pensar la matriz que atraviesa su espacio político y que hace que alguien así pueda estar ocupando un cargo tan sensible en materia social. Una cosa grave, creemos, es que haya mala leche en el Estado y otra más terrible aún es que haya un Estado mala leche”, proponían. La actividad se realizará  el lunes a las 10 en Plaza Rivadavia, a pesar del alejamiento del cargo de la directora rural.

“¿Qué piensa el intendente de las manifestaciones de sus consejeras escolares sobre los comedores escolares?”, se preguntaron desde la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo y Nuevos Vientos. A los dichos de Perdriel sumaron la frase de su compañera de bancada Miriam Olivares: “Hay chicos en los comedores que no deberían estar, hay padres que los mandan porque no tienen ganas de darles atención, en este caso el estado malgasta sus recursos”.

“Estas manifestaciones (…) dejan en claro su visión acerca de los niños y las familias que requieren el servicio alimentario en nuestras escuelas. (…) La educación es un derecho de todos los chicos, imposible de ejercer sin tener las necesidades básicas satisfechas. El recorte en la cantidad de cupos, retraso en los pagos de proveedores, la licuación de su valor, sumado al aumento del desempleo de sus padres suman chicos solicitan un plato de comida. Deja como resultado que hoy, hay niños que no comen. No alcanza, así de difícil y de simple”, afirmaron Roberto Jarque y Raúl Ayude.

Además, dijeron que “estos niños son víctimas de la marginación y de la pobreza, deben recibir un trato de parte de los funcionarios del Estado que busque incluir y equiparar oportunidades. Para eso es indispensable tener una lectura social y política correcta de sus condiciones y las necesidades y obligaciones que esto implica. Esta descripción social es bien conocida por intendente Héctor Gay, por su responsabilidad debe dar respuesta a esta situación. A su vez es quien seleccionó a estas docentes para ejercer un cargo electivo representativo como el de consejera escolar, lo que hace indispensable manifieste si comparte esta opinión o si repudia los dichos”.

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¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el rechazo institucional a los dichos discriminatorios hacia sectores vulnerables esgrimidos por la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel. Además exigieron al intendente Héctor Gay que defina públicamente su postura al respecto. Cambiemos sacrificó la credibilidad de su propio bloque en el organismo educativo para apoyar a la funcionaria cuestionada.

Más temprano, el jefe comunal destacó en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, la creación de la subsecretaría de Formación y Promoción Educativa porque “estamos convencidos de que a través de la educación vamos a encontrar más fácil la salida a una problemática social, cada día, más compleja”. Nada dijo sobre su frustrada candidata a presidenta del Consejo Escolar.

Gustavo Mandará (FpV) lamentó la falta de unanimidad porque “uno no puede sino pensar que quienes no apoyan este rechazo están coincidiendo con el lamentable pensamiento de esta consejera escolar”. El concejal recordó que Gay encabezó la lista por la cual fue electa Perdriel y por eso le piden que defina si “convalida o no convalida” las expresiones.

“Uno de los fundamentales ejes de su gestión es atender a las políticas sociales, políticas sociales que puedan brindar más y mejores posibilidades precisamente a los sectores más vulnerables, sectores más vulnerables que entiendo yo han sido tan castigados por políticas de gestiones provinciales anteriores bastante erradas”, respondió Fernando Compagnoni (PRO).

El presidente del Frente para la Victoria se preguntó “¿qué compromiso social se puede esperar de quienes piensan que quienes tienen hambre tienen que consumir cualquier cosa? Por eso urge que el intendente, como jefe político del movimiento al que pertenece Adriana Perdriel tome postura pública. Y no pedimos la renuncia de esta consejera escolar porque no nos corresponde (…). Lo que aquí estamos viendo es la gota que rebalsa el vaso de una lamentable y desafortunada sucesión de dichos penosos”, agregó.

“No podemos acompañar este proyecto en los términos en los que el mismo fue presentado y ha sido planteado en este recinto. Sin embargo, queremos dejar sentada la postura pública que de ser ciertas las expresiones que supuestamente se le endilgan a la consejera escolar que ha sido citada, las mismas no representan la visión de este bloque Cambiemos”, dijo Compagnoni.

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Para eliminar falsas dudas, Betiana Gerardi recurrió a las actas del Consejo Escolar, firmadas por los bloques opositores, lxs representantes de Cambiemos y por la propia Perdriel, aunque en disconformidad: “La consejera Carestía comenta que recibió un llamado del Jardín 953 respecto a la calidad de la leche distribuida por el municipio, la directora expresa que la leche no es de buena calidad. Inmediatamente la consejera Recalde trae dos paquetes de leche en polvo Quelech y Lechelista que fue a buscar a dicho jardín para ser degustado por el cuerpo de consejeros. La consejera Rauch mira el envase de los paquetes, lee las características nutricionales y evidencia que están elaborados en Santa Fe. Las consejeras Godio y Olivares manifiestan que es la misma leche que entregaban años anteriores”.

“La consejera Perdriel ante esta situación afirma que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay, si la leche no es de calidad tienen que tomarlo igual. Estas son las frases que constan en actas, constan también en actas la frase ‘la delincuencia la lleva en la sangre’ -refiriéndose a unos alumnos- también consta en actas del día de ayer, cuando se le lee esto mismo para que ella haga su descargo, dice ‘tal vez también mal dicho aseveré: el hambre no tiene marcas'”.

Finalmente detalló que en la última sesión se analizó la problemática de “nueve hermanitos en situación de riesgo y vulnerabilidad escolar” y cuando se le preguntó a la vicepresidenta “¿qué podemos hacer con estos chicos?”, su respuesta fue: “Atarle las trompas a la madre”.

Para Miriam Iantosca (IC), Perdriel “lanzó una frase desde su percepción, pero recordemos que la percepción está ligada a la acción y eso es lo que hace ruido por su función, porque no es saludable para el lugar donde está. Queremos escuchar la voz del intendente, queremos saber qué es lo que piensa (…), sabemos del dolor que debe tener la consejera pero nos parecieron insuficientes sus disculpas”.

Mandará afirmó que las manifestaciones repudiadas son inaceptables aun como ejercicio de la libertad de pensamiento. “Un viejo profesor de ética de la UNS cuando le preguntaron una definición sobre ética (…) dice, ética es aquello que indica que sobre gustos puede ser que no haya nada escrito pero comer caca está mal, eso es ética”. Por ejemplo, “la violencia de género está mal”, “la intolerancia religiosa está mal”, “el maltrato animal está mal” y “en el mismo sentido uno no puede aceptar que no se respete la dignidad humana por libertad de pensamiento, y mucho más cuando se trata de un funcionario público”.

“Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo para el cual fue elegida y su función recae en la educación pública tenga expresiones tan desafortunadas hacia un sector tan vulnerable en nuestra ciudad. Voy a decir lo que decimos los docentes en este caso: con los chicos no”, sentenció Gerardi.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

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Dos demonios sobrevuelan el Consejo Escolar

Las conducciones local y provincial del Suteba exigieron la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, por los dichos discriminatorios y “lombrosianos” que esgrimió durante las últimas sesiones del cuerpo respecto a que hay niñxs que “la delincuencia la llevan en la sangre” o “que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay”.

En el ámbito local, la Comisión Ejecutiva del Suteba Bahía Blanca reclamó “la inmediata renuncia al cargo para el que fue electa” la funcionaria dado que “es inaceptable que alguien que ocupe un cargo por el cual debe ocuparse de la educación pública crea que hay niños que ‘la delincuencia la llevan en la sangre’ o ‘que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay’ y ‘si la leche no es de calidad tienen que tomarla igual’. Consideramos que el desprecio hacia quienes padecen situaciones de pobreza y marginación como producto de la injusticia estructural es incompatible con el desempeño en un cargo de consejera escolar”.

Las maestras y los maestros bahienses exigieron también que el intendente Héctor Gay y el bloque de concejalxs de Cambiemos “den respuesta en este sentido, ya que se trata de una representante del mismo partido”.

En tanto, la conducción provincial del gremio emitió un comunicado solicitando el “inicio de auditoría en Bahía Blanca para verificar las irregularidades mencionadas” y se sumó al pedido de renuncia de Perdriel “por incumplimiento de sus responsabilidades”.

“Desde nuestra organización históricamente demandamos el cumplimiento del derecho social a la educación y nuestras luchas fueron motorizadas por este reclamo. Compartir esta concepción implica el cumplimiento del Estado como garante del mismo desde las políticas públicas y su financiamiento. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, cada Consejo Escolar tiene esta responsabilidad principal e indelegable, siendo electos por el voto directo del pueblo a tal fin”, afirmaron.

Agregaron que “también están quienes entienden que un derecho debe convertirse en una dádiva, lo que es política socioeducativa en asistencialismo para los más vulnerados transformado en políticas de sometimiento y disciplinamiento social al aparato estatal y político”.

“Estas cuestiones se desprenden de los dichos de Adriana Perdriel, vicepresidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, que avala la corruptela de empresa privadas prestadoras del estado en los comedores escolares y justifica su propia inoperancia como supervisora del funcionamiento del SAE, además de considerar que nuestros alumnos no son sujetos de derecho, sino clientela que debe conformarse con lo que le dan, incluso alimentos vencidos. ¿Cómo puede ser que un funcionario que debe representar al Estado en su territorio tenga concepciones lombrosianas del Siglo XIX y concepciones discriminatorias respecto de aquellos a los que debe representar?”, finalizaron.

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Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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