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Ante el aumento de casos positivos de Covid, desde el SUTEBA Bahía Blanca expresaron preocupación porque observan que las docentes se ven expuestas al virus en la entrega de bolsones alimentarios, sumado a falta de protección y de elementos de limpieza que llegan de parte del Estado.

“Siempre fue algo que en las escuelas, muchos y muchas docentes, lo han tomado en forma voluntaria y solidaria. Al arrancar el ASPO empezaron a pasar situaciones más complejas económicamente y laboralmente. En muchas escuelas donde no había servicio alimentario se entregan bolsones. Esto lo han tomado las directoras y docentes que en las escuelas nos ponemos a concurrir solidariamente y acompañar la entrega”, comentó a FM De la Calle, Ana Canullo. 

Agregó que lo han hecho en soledad. “Reclamamos que nunca se nos proveyeron de elementos de protección”. Además, “la entrega de elementos de limpieza es a cuenta gotas.  A veces los bolsones se arman en las escuelas, otras veces nos traen armados desde el Consejo Escolar”. 

Mencionó que los bolsones alimentarios “se preparan en un gimnasio al lado de la secundaria 3. Como no les alcanza el personal al Consejo Escolar, hay directores que van a buscar los bolsones. A veces llegan los productos pero hay que armar los bolsones”. 

A esta preocupación se le agrega que “las familias también se exponen, porque vienen en colectivo, tienen que hacer cola afuera. Todas situaciones donde el virus circula, donde se ven familias con Covid positivo en todas las escuelas. La escuela se termina haciendo cargo de cosas que son responsabilidad de otras áreas como es Desarrollo Social”. 

“La entrega es cada quince días. En esos momentos aprovechamos a ver alguna familia. Es algo que de entrada nos sirvió para mantener el contacto. Lo que vemos es que no era lo mismo en marzo, abril donde había pocos contagios que ahora donde la circulación es tan grande. Si alguna de nosotras se enferma no te ponen suplente. La situación del IOMA es compleja si alguien necesita internación. Tiene que ver con la salud de compañeros y de al exposición de las familias”, finalizó Canullo.

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, dependiente del Ministerio de Economía, elaboró un informe que mide el aporte económico que el trabajo doméstico y de cuidados realiza al PBI. 

“El sector de cuidados es el que mayor aporte hace al PBI. Es aproximadamente del 15,9%. En relación al aporte de otro sectores, es el que más contribuye y sería más importante que la industria o que el comercio o el sector inmobiliario, que son los que encabezan el top 3. Si pudiéramos remunerar el trabajo doméstico sería más importante que eso”, destacó Maria Julia Eliosoff, en su columna de economía en FM De la Calle. 

La economista mencionó que “este informe también muestra que el 75% lo realizan mujeres y solo el 24% los varones. Es muy importante para visibilizar y darle efectivamente importancia a la cantidad de tiempo. O debería tener importancia para tener políticas públicas para mejorar la distribución de esas tareas. También muestra cómo los trabajos de cuidado se distribuyen desigualmente no solo entre mujeres y varones sino que también en las otras esferas: el Estado, el mercado y la comunidad”.

Agregó que esto contribuye a seguir pensando un debate álgido hacia adentro del movimiento feminista: “tiene que ver con la cuestión de remunerar o no el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. La frase de trabajo de Silvia Federici, ‘esto que llaman amor es trabajo no pago”, es una consigna que nos permite reflexionar acerca de las posibilidades del trabajo doméstico, es una fuente de debate”. 

En torno a este debate Eliosoff citó a la economista Corina Rodríguez Enríquez, quien señala que “en países como el nuestro, donde las condiciones del mercado laboral son tan frágiles y precarias, el pago por el trabajo no remunerado podría contribuir a perpetuar la feminización del trabajo de cuidado, permitiendo que las mujeres se sostengan en este tipo de tareas, en vez de contribuir a la redistribución de los cuidados”. 

“Es un nudo con infinidad de hilos”, explicó nuestra columnista, ya que “hay varias políticas públicas que, aunque no se pensaron de esa manera, abordan esta temática”. Respecto de la AUH, “si bien es un derecho para niñes, el ingreso lo percibe mayoritariamente la mujer, es un ´pago´ en cierta forma, de un trabajo que hacen las mujeres en garantizar que sus hijos vayan a la escuela y tengan las mínimas condiciones de salud”.

“El IFE también podemos pensar que funciona de esa forma, lo reciben muchas mujeres que se encargan de esas tareas. El Potenciar Trabajo, que tiene líneas para remunerar el trabajo de cuidado comunitario que hacen muchas mujeres”.

La pregunta obligada que se realiza la economista es si solo remunerar los trabajos de cuidado es suficiente para pensar una distribución igualitaria. “Tiene que ir acompañado de muchas cuestiones, desde fortalecer la ESI para desentrañar estereotipos que contribuyen en que las mujeres terminemos trabajando en la extensión de cuestiones vinculadas a los cuidados, hasta que las empresas privadas se hagan cargo de tener espacios de cuidado para que padres y madres puedan tener dónde dejar a sus hijos, así como ampliación de licencias de maternidad y paternidad que están por debajo de lo que recomienda la OIT, aumentar dispositivos de cuidado, que las vacaciones escolares tenga coherencia con vacaciones de padres”. 

“Hay muchas cuestiones que se pueden pensar que no son solo remunerar el trabajo de cuidado, que en cierta forma hay estrategias que ya se dan en ese marco, y que sin lugar a duda las organizaciones sociales siempre llevan la vanguardia en eso”, finalizó.

Hace años que Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.

Días atrás, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a su reclamo. A partir del viernes, las empresas de transporte local deberán informarle de manera escrita cada vez que haya un puesto vacante. Y “en el caso de que no fuera aceptada que me den por escrito el motivo por el cual no fui aceptada”, agregó.

En el 2017 recurrió a la Justicia para que las empresas de servicio de transporte público San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal, Bahía Transporte SAPEM, cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general.

“Es una avance gigante para mí, es paso chiquito. Recién hace un par de años puedo hablar de discriminación, se comprobó a través de un pedido que hizo la Defensoría que desde que yo presento CV, se han tomado choferes, se han jubilado, y yo jamas fui tomada en cuenta”, explicó.

Respecto del ámbito político local, Bravo informó que “la última presentación de ordenanza que se hizo fue con el Dr. Radivoy y Corvalán hace un año, como para que la municipalidad fuera quien tomara la decisión y jamás tuve una respuesta de nadie”.

Agregó que “Bahía se sigue destacando por poner trabas. No es falta de capacidad mía sino que es ignorancia de parte de la municipalidad y de las empresas”.

“Lo que expone este fallo es que se puede crear un regsitro de choferes mujeres para que se cumpla la Ley de Cupo. Ya lo tiene ciudad de Buenos Aires. Creo que yo empecé poniendo el cimiento, el marco, la cerradura y abriéndole la puerta a las mujeres que crean que están capacitadas y que simplemente pueden hacerlo”, finalizó.

El gobierno logró cerrar dos tramos del canje de la deuda externa. El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, explica qué implica el acuerdo y qué panorama hay por delante.

“El primer acuerdo es en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que logró una aceptación del 93% que con la aplicación de cláusulas de acción colectiva llegaba hasta el 99%. Quiere decir que si alcanza una mayoría de bonos que son canjeados, el resto o toma esa decisión o se queda con papeles que no valen nada. En el segundo tramo el canje que era con moneda extranjera bajo legislación argentina, se realizó con una ley que aplicaba las mismas condiciones que bajo a ley extranjera, con el 98% de adhesión”, explicó. 

Enfatizó que “estamos hablando de 189 mil millones de dólares fueron negociados, equivale al 58% de la deuda total. Una re estructuración bastante grande y amplia, y en términos de monto más grande que la del 2005”. 

Por un lado se generó un ahorro “de unos 34 mil millones de dólares, equivale a una quita nominal del 18%. Está basada en los intereses, no en quita de capital. Se corrieron los vencimientos próximos. De 59 mil millones que vencían, 56 se patearon para adelante, lo cual hace que la necesidad de dólares para este gobierno sea significativa. En el siguiente mandato, sea de quien sea, se provocaba un ahorro de 15 mil millones. Pero en los siguientes tramos del 2029 en adelante se acumula más deuda de la que había antes”. 

Todavía resta la negociación con el FMI al que se le deben 44 mil millones, organismo que no está dispuesto a discutir una quita.

Las opciones son dos, la primera es “un préstamo de tipo stand by, de tres años como el actual, y la segunda es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 10 años. Este último sería por el cual estaría yendo. Si fuera otro stand by de 3 años en el próximo gobierno no hay ahorro y hay vencimientos que no sabríamos cómo hacerlo”.

Cantamutto señaló que “el problema de un acuerdo de facilidades extendidas requiere de reformas estructurales. ¿Por ganar vencimientos vamos a aceptar que el FMI nos imponga reformas? Se va a enviar una ley al congreso para ver cuál va a ser la propuesta, es un hecho inédito en la historia argentina”. 

“¿Cómo se va a considerar esta agenda con, por ejemplo, la recuperación de ciencia y técnica y presupuesto? Hace dos años los asesores del gobierno hablaban de la necesidad de avanzar a un esquema más regulado de controles cambiarios, de comercio administrado, de fondo de impulso a las exportaciones con mayor contenido tecnológico, de control selectivo de las importaciones, todo eso no solo que no sólo que no está en marcha sino que en la negociación con el FMI se descartaron”. 

Finalmente, el economista destacó que “en donde hay un hueco gigantesco es el tema fiscal, todos los grupos del actual gobierno insistieron en que era necesario una reforma fiscal integral, donde aumentara el IVA a los bienes suntuarios, aumentar el impuesto a los bienes personales, gravar los patrimonios, las grandes fortunas, hacer pagar a los grandes ganadores incluyendo a los bancos. Nada esto ha avanzado. En este marco, hay una agenda pendiente que incluso se puede recuperar desde quienes hoy son gobierno, que es importante revisar de cara a las negociaciones que siguen”. 

El subcomisario Pérez (Policía Federal) comunicó a la familia de Facundo Castro que fue encontrada una mochila con dos celulares en cercanías de Cerri.

“Es una mochila, aparentemente con dos teléfonos, un Blackberry y un Nokia. Se ordenó precintar y no tocar el lugar para poder peritar el material ADN”, dijo a FM De la Calle el dr. Leandro Aparicio.

La querella está en comunicación con los fiscales del caso.

Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, afirmó a FM De la Calle que “hay pericias telefónicas que marcan una señal del celular Facundo” en cercanías de la comisaría de la Policía Local de Bahía Blanca de Pacífico 281.

La “actualización” de la línea, cuyo aparato nunca fue encontrado, correspondería al 1 de mayo. Un día después de la desaparición y durante la misma jornada en la cual la oficial Siomara Flores realizaba una captura de pantalla del Facebook de la madre del joven.

A dicha sede pertenece el móvil Toyota Etios número interno 20610 que presentó movimientos sospechosos en la zona de Villarino Viejo donde apareció el cuerpo. El perro del perito Marcos Herrero detectó el olor de Facundo en su interior.

“Ese patrullero aparece el 8 de mayo en la zona donde apareció el cuerpo, el mismo día que Siomara Flores desactivó su WhatsApp”, subrayó el abogado. Agregó que “se está llenando el rompecabezas. Tenemos muchísimas más certezas de las que teníamos antes”. 

Al analizar los avances de la causa, el letrado destacó la declaración de un testigo que vio luces cuatro días antes de la aparición del cuerpo en Villarino Viejo. 

Valoró “la espontaneidad del relato ya que había mandado un mensaje a su pareja cuando vio las luces. Es una persona que está en un lugar privilegiado, que está en la Posta Inflamable, que conoce movimientos y el lugar. Pudo explicar cuándo hay luces y cuándo no. Eso es cuando se puede pescar que es en verano y no ahora, explicó cómo es la secuencia de la marea”. 

“Le llamó la atención la gran cantidad de luces durante media hora, las ve muy claras. Son luces identificables a móviles, a autos”. 

En cuanto al peritaje con perros a la camioneta Toyota Hilux de la Subestación Policial de Mayor Buratovich Aparicio afirmó que “nos dijeron hace dos días que se iba a hacer, más que nada por las ganas que tiene Marcos de volver”.

“Queremos hacer el peritaje en la comisaría en Origone y queremos peritar con el equipo de (Virginia) Creimer el lugar donde se encontraron dos esqueletos -el cuerpo de Facundo y otro más- queremos ir con los perros de Herrero”. 

El Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas del Presupuesto 2019 a través del doble voto de su presidente, Fernando Compagnoni (Juntos por el Cambio). 

Según declaraciones de la jefa del bloque Frente de Todos, Gisela Ghigliani, la oposición no acompañó porque “la constante en la gestión de Cambiemos en Bahía es la subejecución, haber presupuestado una cantidad de dinero y terminar gastando menos”.

De las observaciones que manifestaron, señaló que “del total del fondo educativo del 2019 la mitad no se utilizó. Ese dinero pasó a este año, unos 80 millones de pesos”. A pesar de eso “se cerraron las salas maternales” de lo que se desprende que “no era un tema económico: había una decisión política de cerrar. ¿Cuál fue el motivo? Debe explicarlo el Ejecutivo”. 

Para la edil “hay una matriz ideológica y una forma de gestionar. Nosotros no nos vamos a poner a discutir cuántas cuadras de asfalto, que bienvenido sea porque habla del progreso. Para algo uno arma un presupuesto: para contarnos cómo va a desarrollar la política y en la rendición se ve qué fue a contramano”. 

Respecto a la subejecución de 17 millones en políticas sociales, la concejala destacó que “eso es alimento, vivienda, en términos de lo que pueda necesitar una familia, una ayuda económica. En políticas sociales nunca pudo no haber gastado 17 millones de pesos porque cualquiera que pasa ve las necesidades que hay en la ciudad”. 

También señaló que se dio de baja el convenio con la UNS vinculado a los datos de accidentología. “Doscientos mil pesos anuales, irrisorio en un presupuesto municipal de más de nueve mil millones. Este convenio se dio de baja sin una explicación coherente, no hubo ninguna alternativa superadora”. 

“Todo el equipamiento que se compró en Bahía Ambiental Sapem, cuéntenos por qué la van a privatizar. El intendente habla de que hay observaciones del Tribunal de Cuentas pero no hay observación a la estructura societaria, son cuestiones de formas. Pero no hay una observación de fondo. Se gastó dinero en 2019 para capitalizar y ahora estamos hablando de privatizar”, cuestionó.

Por otro lado, en relación al período 2019, mencionó que para el Plan Federal “tenían que enviar 55 millones de pesos y no vino ni un solo peso. Se habló de la modificación del servicio alimentario escolar, se contrataron nutricionistas, y que la provincia iba a enviar esos fondos y no envió un solo peso”. 

Familias de la toma de Don Bosco y Pampa Central se reunirán el lunes con representantes de la Unión Ferroviaria, gremio que se presentó como propietario de los terrenos. 

“Somos más de 300 familias y pudimos conseguir una reunión que venimos pidiendo hace semanas porque no se presentó nadie, solo intimidan con denuncias a gente al azar. A mi cuñado le hicieron la denuncia de que es el supuesto puntero y le cayó Gendarmería a la casa cuando no tenía nada que ver. Estamos pacíficamente y solamente queremos un terreno para vivir dignamente”, comentó Cecilia a FM De la Calle

Agregó que “Gendarmería ha ido hasta la puerta del trabajo de mucha gente, dicen como que hay gente que está repartiendo terrenos. Somos familias necesitadas, no nos quedó otra que hacer esto. La gente está dispuesta a tener un diálogo con la Unión Ferroviaria y si hay que pagar los terrenos no tenemos problemas, necesitamos que sean cuotas accesibles. Nos tratan de vividores pero somos gente trabajadora, albañiles, niñeras, no estamos en blanco y no tenemos cómo cumplir los requisitos del PRO.CRE.AR.”. 

Días atrás,  particulares no identificados cerraron la calle Fanny Fideleff de Nijamkin bloqueando el tránsito que va de Don Bosco hasta el barrio Tierras Argentinas.

“Dicen que es porque no es una calle formal, para el lado de los terrenos nos pusieron montículos de tierra. Nadie se ha presentado a charlar con nosotros y solamente a intimidarnos y diciendo que amenazamos. Nada que ver porque nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo”. 

La toma permanece desde hace casi cuatro meses, “ahora dicen que son dueños pero nadie presentó un papel. Apareció un dueño de uno de los terrenos, presentó papeles, hablaron bien y la gente pacíficamente se retiró”. 

“Gracias a la gestión de Héctor Gay estamos haciendo lo que hacemos. Esto del déficit habitacional no es de ahora, esto viene hace rato, y nadie se hace cargo, y cuando alguien empieza a moverse ahí hacen algo”, comentó la vecina.

Afirmó que se encuentra con su familia: “Somos cinco, estábamos alquilando, mi marido es persona de riesgo, doble operación de riñón, la única que mantiene todo soy yo. Así como yo hay mucha gente, nadie nos da respuesta y lamentablemente nosotros no nos vamos a mover. Hay que pelearla y seguir aguantando sin luz y sin agua. Tampoco podemos pagar un alquiler y con los chicos es complicado”. 

Durante el lunes, martes y miércoles de la semana pasada se desarrollaron nuevas audiencias de debate en el juicio a la Triple A de Bahía Blanca. Entre los testimonios recibidos estuvo el del sociólogo e investigador del CONICET Fortunato Horacio Mallimaci, quien transitó la Universidad Nacional del Sur (UNS) como estudiante y trabajador en las escuelas medias de la institución, hasta que tuvo que exiliarse del país en mayo de 1975.

Las audiencias del debate oral -en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 15, 16 y 17 de septiembre desde las 9 de la mañana, y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de la UNS.

El testigo hizo un amplio y detallado análisis del proceso de persecución en el ámbito universitario y en el de los grupos de militancia religiosa, entre otros espacios sociales, y la articulación con la etapa represiva posterior al golpe de Estado de 1976, adjudicando todos los crímenes investigados en el juicio a las tres A: “El ’76 es un punto importantísimo de inflexión, pero no se puede comprender sin lo que pasó en el ’74 y ’75, sin ver la preparación, cómo se iban aglutinando, haciendo asesinatos y viendo qué reacción había”.

En este sentido, exhibió informes de inteligencia administrados por la Comisión Provincial por la Memoria sobre actividad de espionaje realizada en el año 1974: “los nombres que figuran, hay que esperar seis meses, un año, dos años, y están todos detenidos, desaparecidos. Los Junquera, los Santucho, Pizá, Graciela Tauro, Rivera”, expresó.

Mallimaci habló sobre su militancia en la Juventud Peronista desde 1973, con la gestión del rector Víctor Benamo, hasta la llegada de Remus Tetu y su patota, integrada con la gente de Rodolfo Ponce, y describió la circulación de vehículos por la ciudad exhibiendo itakas y amedrentando a los ciudadanos: “sonaban los nombres de Argibay padre, Argibay hijo y la patota, los que los acompañaban, los que habían estado con Ponce y con Urgara, entre otros. Si usted ve alguien con una itaka se acuerda más de la itaka que de la cara”, graficó.

Sobre el asesinato del estudiante David Cilleruelo en los pasillos universitarios, recordó que en el velatorio eran poquísimos las personas presentes, al igual que sucedió en el funeral del cura Carlos Dorñak: “Si vamos, nos matan, nos fichan, pero ahí había que tener un deber de amigo, de compañero, de cristiano, de estar, de acompañar. Ir no era fácil, porque si habían podido asesinar adentro [de la universidad], por qué no iban a poder hacerlo ahí. Y era ir y después tratar de no ir, buscar un no-lugar, es decir, ir a un lugar a dormir que nadie conociera”.

“No podía ser pero fue. He aquí algo para aprender: uno cree que hay lugares que no se pueden… Cuando este tipo de situación se naturaliza, no hay lugar que quede libre, no hay iglesia, no hay templo, no hay universidad, no hay casa, no hay embarazada, no hay nada: la totalidad de que aquellos que se creen que son llamados por Dios o por el orden, a aniquilar y destruir”, reflexionó el testigo, y agregó: “Si alguien asesina donde están los salesianos, alguien asesina a Mendivil en su casa, alguien asesina al ‘Negrito’ García, alguien asesina dentro de la propia Universidad Nacional del Sur, ¿Cómo no se los detenía? ¿Qué protección había? ¿Cómo era posible que en esa ciudad de Bahía Blanca sucedieran este tipo de acontecimientos? El diario La Nueva Provincia ya sabía, no se hacía eco, al contrario, la policía de la provincia, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, dejaban que sigan, que caminen, que recorran, que creen miedo”.

Evocó también numerosos episodios de ataques y persecución a grupos eclesiásticos, como el asesinato del mencionado Dorñak, el incendio de la casa del cura José Zamorano y la colocación de una bomba al padre Hugo Segovia, quienes debieron exiliarse al igual que los diocesanos Miguel Sarmiento y Emilio Flores y el salesiano Benito Santecchia.

Contó que tras el asesinato de Dorñak, “tuvimos una reunión urgente en la curia, con el que era el obispo auxiliar, García, diciéndole pero cómo, por qué no salimos a denunciar, a pedir que se sepa quiénes fueron, dónde están, y ¿saben cuál era la respuesta? ‘y… ¡es mucho! ¿quién va a querer denunciar? ¿quién va a querer agarrar esto? Es decir, se empezaba a naturalizar la muerte”.

Sobre la persecución a los religiosos, explicó: “era la idea de una traición: ¡Cómo estos curas y estas monjas que tendrían que estar con nosotros para luchar contra los comunistas y la subversión, sin embargo aparecen acompañando al pueblo y a los pobres! Es lo que le pasó al sacerdote Yorio, detenido y desaparecido también. Su superior le decía ‘no podés estar con el mundo de los pobres, tenés que estar en la casa de la compañía’”.

También apuntó a la complicidad empresarial y mediática: “si la muerte se hacía natural, esas empresas se creían dirigiendo Bahía Blanca, siendo recompensadas. El dinero que ellos ponían para todo esto, se veía recompensado en el orden, en la disciplina, en la tranquilidad que ahora había en Bahía Blanca, porque la ‘subversión’ había sido desaparecida, aniquilada”.

Dijo que en aquellos años, el diario La Nueva Provincia no solo informaba, sino predecía lo que iba a pasar: “predecían, no porque fueran profetas o magos, sino porque era un vínculo híper racional, de intereses. Los intereses del poder militar, el poder económico, el poder mediático tienen larga historia”.

Por último, destacó la necesidad de homenajear a las víctimas, y de los juicios como forma de reparación: “Estos juicios ayudan a comprender todo ese proceso para que no vuelva a pasar”.

Otro de los testimonios recogidos fue el del docente Orlando Balbo, quien desde su desempeño en el período investigado como estudiante y trabajador de la Universidad del Comahue, describió el esquema represivo instaurado por Remus Tetu en esa casa de estudios, y las similitudes con su gestión en la Universidad del Sur. Habló sobre la presencia de un grupo armado, entre los que estaban Raúl Guglielminetti -oficial de inteligencia del Ejército- y José Luis Cáceres, quien –según él mismo reconocía– respondía al comisario Benigno Ardanaz, jefe de la policía rionegrina. Estas personas se encontraban bajo las órdenes de Tetu, quien se paseaba armado por la universidad. Más tarde, Guglielminetti participaría del secuestro y las torturas sufridas por el testigo-víctima tras el golpe de Estado de 1976, hechos por los cuales fue condenado por el Tribunal Oral de Neuquén en la causa “Luera, José Ricardo”.

El hombre habló además sobre el cesanteo de numerosos docentes y no docentes por motivos políticos, y sobre la circulación de amenazas en forma de panfletos firmados con las tres A. Hizo referencia a testigos que vieron a uno de los vehículos de dicha institución participando en atentados realizados en la zona, tales como el ametrallamiento al diario de Rio Negro y una bomba en una librería. Sobre la relación entre las universidades, dijo que “la idea que teníamos era que Comahue era una sucursal de Bahía Blanca”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Marcelo González identificó ante la justicia a tres de los cuatro policías de Villarino que lo agredieron y amenazaron para que asumiera la responsabilidad de algún delito contra Facundo Castro durante la búsqueda del joven de Pedro Luro.

A partir de la difusión de los rostros de los policías implicados en el caso, el testigo reconoció a Sosa y a Jana Curuhinca. Se trata de los efectivos que el 30 de abril infraccionaron a Facundo por violar la cuarentena. Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo”, dijo a FM De la Calle.  

González declaró en la Fiscalía Zonal de la dra. Leila Scavarda, en una investigación desprendida de la causa que tramita la justicia federal. La Comisión por la Memoria gestionó un habeas corpus en su favor por la persecución policial que padecía en Buratovich. “Pude salir de Villarino, estoy con custodia. Estoy esperando que este problema se resuelva para retomar mi vida habitual”.

“Entré a mi Facebook, vi la publicación y pude reconocer a uno de los policías. Es el que me llevó en el móvil esa noche que supuestamente me iba a allanar mi casa, ese tal Sosa”, aseguró.

González recordó que el 26 de junio fue convocado a la Comisaría de Mayor Buratovich donde “recibí un apriete de cuatro policías. Me tienen hasta las 23 y me dice el jefe de Pedro Luro (Fernando Grilloni) que tenía que esperar a un móvil que supuestamente eran los agentes que tenían que revisar mi casa. Llegan, una mujer policía que la puedo identificar pero que no vi fotos y este muchacho que vi en la publicación en Facebook”.

Grilloni “me amenazó que me iba a pegar, es la persona que más puedo identificar porque fue la que me hizo pasar un momento muy malo”. Por otro lado, identificó a Jana Curuhinca: “Estaba caminando en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo. Estuve 15 minutos sentado, iba y venía todo el tiempo. En la declaración pude comentar esto. Me parecía rara la actitud por cómo se comportan los policías”.

A diferencia de lo ocurrido en casa de su hermana en Bahía Blanca, en su caso el allanamiento ilegal “no llegó a concretarse porque estaba con mi grupo familiar en mi domicilio y vieron que había mucha gente de testigo”.

Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo.  Se quedaron 5 minutos frenados con la patrulla frente de casa, se ve que tuvieron una comunicación por teléfono y se fueron”.

La cacería de Sosa

González afirmó que anteriormente había tenido contacto con Sosa. “A principios de abril me agarraron en cuarentena porque Villarino estaba en fase 1. Esta misma persona me llevó a la comisaría, me labraron el acta y me tuvieron dos horas en un calabozo encerrado a mí y a mi sobrino. Yo en su momento no lo hice público, se me pasó por alto”.

“Ellos te veían en la calle y te metían adentro de la patrulla. Me llevaron, me sacaron todas mis pertenencias, el celular, los documentos. Me sacaron todo como si fuera un delincuente. Me metieron en un calabozo, le pusieron una esposa a la puerta para que no pudiera salir. Me tomaron fotos de frente, de espalda, se reían, se burlaban. Me han tratado muy mal. Por suerte los pude identificar e hice la denuncia correspondiente”, detalló.

González agregó que a su sobrino “le hicieron preguntas de todo tipo, le preguntaron si consumía droga, si tomaba alcohol, preguntas que no venían al tema, se supone que nos agarran porque estamos rompiendo la cuarentena”.

En aquella ocasión, antes de liberarlo, “fueron a constatar mi domicilio, charlaron con mi mujer y me llevaron con la patrulla. Me dijeron que tenía que quedarme sin salir a la calle por 15 días y tuve que cumplirlos sin poder salir porque si me agarraban de vuelta me meterían preso”.

La detención fue días antes de la desaparición de Facundo: “Estaban cazando gente, salían a buscar gente, los cargaban en la patrulla, los dejaban dentro de un calabozo. Como se porta la policía en Villarino deja mucho que desear. Yo no sé si algún funcionario público sabe”. González mencionó que su problema “no es con la policía en general” sino que “estoy en contra de estos cuatro que fueron los que me hostigaron y me amenazaron”.

Cristina Castro declaró este martes por primera vez ante la justicia federal en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo.

El testimonio fue por videoconferencia desde Pedro Luro y fue escuchado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin. Por pedido de Cristina al Procurador General de la Nación no participó Santiago Ulpiano Martínez.

La madre del joven describió cómo, desde el inicio de su búsqueda, fue hostigada por efectivos de la Policía Bonaerense y desoída por el titular de la Ayudantía Fiscal de Médanos, Ariel Dimas García. En el ámbito judicial el maltrato y la falta de consideración a la víctima continuaría mediante el fiscal Martínez y algunes de sus funcionaries.

Castro logró asentar la denuncia el 5 de junio luego de insistir ante efectivos de la Comisaría de Pedro Luro. El comisario Fernando Grilloni fue el primero que tuvo a cargo la supuesta pesquisa aunque permanentemente repetía que Facundo estaba en Bahía Blanca y apuntaba que la ex novia y su entorno lo tenían escondido.

“¿Qué hacés vos acá?”, fue lo primero que le dijeron en la comisaría a Luciano Peretto cuando asumió la defensa de Cristina. Mientras tanto, Grilloni encabezaba los allanamientos ilegales en la casa de la ex novia de Facundo. Por la noche se presentó en la estación de servicio en la cual trabaja la mujer y amenazó: “Me importa un sorete lo que digan las redes sociales pero fijesé lo que están diciendo porque nos están pegando por todos lados”.

Grilloni dijo que desconocía la infracción que habían labrado a Facundo, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, por violar la cuarentena. “No le quedó otra que averiguar” y terminó mostrándole la foto de su hijo junto al patrullero, la misma que luego le esconderían hasta su filtración mediante La Brújula.

Castro recordó que un jefe policial le presentó a Siomara Flores en la comisaría: “Esta piba es la que llevó a tu hijo de Buratovich a Origone”. “Sí, lo llevé hasta allá”, dijo mirando al piso. Flores todo el tiempo estaba con un superior de apellido Catalán a su lado.

La madre de Facundo relató la obstrucción policial del ingreso a Buratovich y a Origone en el marco de los rastrillajes realizados a mediados de junio y las amenazas de Pablo Reguilón. “Ustedes no tienen nada que hacer acá, tienen que ir a Origone”, gritaba el subcomisario.

Cuando estaban en el acceso a Origone se les acercó corriendo Alberto González. El policía repetía que había parado a Facundo, que no tenía el DNI y por eso había fotografiado su carnet de conducir y mencionaba la dirección a la que se dirigía. “Delante de todos dijo que vio cómo se alejaba caminando”, afirmó Cristina. Días antes había declarado que Facundo había sido levantado por una Duster Oroch.

Al rato llegó en un patrullero de Médanos el jefe policial de Villarino, Marcos Navarrete, junto al oficial Berrios. “Le dije a Luciano: a mi flaco me lo mataron acá, ese que viene ahí es el diablo en persona, es el mismo oficial que ha maltratado y hostigado a los chicos del Semillero Cultural donde asistía Facundo”, afirmó la mujer.

En otro rastrillaje, los propios Bomberos Voluntarios de Pedro Luro que participaban con sus perros advirtieron que “algo raro” estaba pasando. Castro fue sola en esa ocasión aunque un oficial de apellido Pérez se encargó de marcarle el paso al ritmo del verdugueo policial. Era el mismo que luego aparecería en la Shell para provocarla: “Estamos gastando un montón de tiempo y recursos en un pendejo que no vale nada”.

Finalmente, Castro pudo contar a Heim y Azzolin detalles de la causa tras su paso a la justicia federal: los obstáculos y la desatención por parte del fiscal Santiago Martínez, las filtraciones de datos sobre testigos de identidad reservada y la introducción de la Testigo H mediante dos de los policías bonaerenses sospechados.

El referente de la CORREPI, Ismael Jalil, dijo a FM De la Calle que si la respuesta al levantamiento de la Policía Bonaerense “va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.

“Hay que desvincular rápidamente cuestiones de reclamos laborales que lleven a hacer pensar que el policía es un trabajador. Más allá de que las condiciones de su prestación tengan algunas herramientas típicas como remuneración, jubilación, obra social, en la concepción íntima de la función policial no existen condiciones propias de trabajadores”. 

Jalil mencionó que la diferencia principal “es que es un funcionario que tiene un rol de trascendencia social, que además le impide hacer lo que está haciendo, no tiene la misma capacidad de negociación que el resto de los trabajadores reales porque no son eso”.

“Supongamos que fueran considerados trabajadores, por lo tanto, tienen derecho a huelga y sindicalizaciones. Mañana salimos a discutir los trabajadores una medida de fuerza, ellos van a estar en la discusión. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué van a hacer ustedes de un lado de la valla y qué vamos a hacer nosotros del otro?”.

Advirtió que “detrás de todo levantamiento de las fuerzas de seguridad con el maquillaje del reclamo genuino, lo que se esconde es una movida política seria”. 

Respecto de la conducción política de las fuerzas, el abogado destacó que “al frente de un ejército como termina siendo la policía con 92 mil efectivos armados -que en unos días se transformará en 102 mil- tenés a alguien como Berni que lejos de conducirla con criterios de civilidad lo que hace es pactar y hacer la vista gorda mientras no se levanten. Ese tipo de conducción de ceder y conceder permanentemente termina siendo un aval para estas fuerzas caracterizadas históricamente por tener estas reacciones”.

“Se está hablando de 38 mil millones de pesos destinados al área de seguridad, estos muchachos quieren su parte. Yo creo que el aumento que anunciaron ayer ya lo tenían previsto. De algún modo, esto abre la discusión para discutir un piso salarial para posicionarse en mejores condiciones”, comentó . 

Por último, mencionó que “el modelo en discusión es que en una situación tan grave y crítica que dejó el gobierno de Macri y su banda, la cual se ha potenciado con la pandemia, ha tenido como respuesta el modelo policial y no de contención social. Si la respuesta va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no voy a modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.

Familiares de una paciente del hogar Solar del Rosario, fallecida por Covid 19 el 23 de agosto, advirtieron que las autoridades no aplicaron los protocolos necesarios para prevenir contagios.

La institución ubicada en Rosario 1998, es propiedad de Gustavo Mena y Máximo Sánchez y aloja a personas con discapacidad. Hubo 25 casos positivos y dos víctimas fatales.

Paola y Pablo Galavotti relataron a FM De la Calle que la situación fue denunciada ante el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, la titular de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Gisela Ghigliani, y las autoridades de Región Sanitaria.

“Ninguna autoridad del geriátrico, ni siquiera en el momento del fallecimiento de mi mamá, se comunicó con nosotros.  Todo lo que nos enteramos fue por lo que hablábamos con mi mamá. Si no metemos presión mi mamá moría en el hogar”, agregó Pablo. 

“El 5 agosto donde se produjeron los primeros síntomas de un pacientes del hogar, el 7 se lo hisopó. Desconocemos si esta persona estuvo aislada con los primeros síntomas. Sabemos que estuvo en contacto con otros pacientes. Hacía cinco meses que no veíamos a mi mamá, estaban aislados de sus familiares. El 9 esta persona es trasladada al Hospital Municipal. El 10 comenzó mi mamá con síntomas que aparentaban una gripe, al estar en contacto con un positivo, estábamos todos los familiares en alerta”, dijo Paola. 

Agregó que “el 11 mi mamá ya se encontraba con peores síntomas, lo sabemos porque hablábamos con ella por teléfono. La derivan el 12 al Español, la hisopan, le hacen una placa y detectan que hay un principio de neumonía. Todos estos acontecimientos finalizaron con la pérdida de nuestra madre el día 23 de agosto. Hicimos un relevamiento con mis hermanos y contabilizamos 25 personas positivas”. 

Paola señaló que “lo que nos hace más que ruido son esos primeros días, porque no fue solo el contagio sino el maltrato y destrato que sufrimos de parte de los responsables del hogar”. 

En ese sentido, Paola, Pablo y David Galavotti exceptúan en la denuncia a enfermeras, personal de cocina y mucamas y apuntan como “responsables directas” a “Isabel Pérez (presidenta), Cecilia Alexeinchuk (médica clínica), Nora Garrais (psicóloga), Lucía Lamponi Tappatá (infectóloga), el dr. Orozco (psiquiatra), como los dueños del mismo: Gustavo Mena y Máximo Sánchez”.

En cuanto a las medidas tomadas, Paola mencionó que hubo contradicciones entre las directivas de la infectóloga Lamponi y el protocolo provincial. “Me dijo que tenían que esperar 48 horas para que haya otros síntomas. Según el portal oficial de datos del Municipio se estaba usando un protocolo de marzo y abril donde la situación de la pandemia era otra.  Hay un protocolo provincial que se actualizó en junio y no se utilizó. Allí dice que si tuviste contacto estrecho con alguien positivo deben hisoparte y aislarte”. 

“Se  nos consultó si estábamos dispuestos a afrontar el gasto de 5 mil pesos por el hisopado, a lo que respondimos que no porque los responsables son los directivos del hogar”, explicó. 

Pablo tuvo la posibilidad de despedirse de su madre mientras se encontraba internada: “El día 22 nos dijeron que el estado era grave y que con protocolo la podíamos visitar, bajo nuestra responsabilidad. Pude entrar a verla, con el celular en la mano nos comunicamos con mis hermanos por videollamada, se fue con esa imagen mi mamá, de sus hijos, de nuestro amor. Esa fue la despedida, al otro día se fue”. 

¿Qué nos pasa como sociedad para que, ante un aumento de casos de Covid 19, en lugar de disminuir la circulación y el contacto los aumentemos sin considerar el probable colapso del sistema de salud? 

Se trata de la negación, “un mecanismo sociológico y que le ha permitido a la humanidad, quizás, seguir adelante”.

Parafraseando al sociólogo e investigador del CONICET, Daniel Feierstein, el dr. Horacio Romano dijo en FM De la Calle que “si se piensa en los holocaustos, indudablemente los campos de concentración quedaban cerca de donde vivía la gente y nadie sabía nada. Con los campos de exterminio nuestros pasó lo mismo. Algunos negaban con mala voluntad y otros no querían ver lo que pasaba porque ellos o alguno de los que querían podían correr esa suerte”. 

“No sé si será verdad que la orquesta del Titanic tocó hasta el final pero siempre me pregunté qué pensaba esa gente antes de que se hundiera, es tan grande que no se va a hundir, a mí no me va a pasar, me porto bien, mi familia es buena gente, en general más o menos se cuida, entonces puedo tomar mate con mi sobrino que total no me va a contagiar”, mencionó. 

Comparó y señaló que “frente al hundimiento no todas las clases sociales lo vivieron igual. Si se estratifica por donde iban ubicados, los ricos iban arriba, los pobres abajo en la bodega. De la primera clase se murió el 10% y de los de la bodega el 90. El barco se hundió pero las consecuencias no fueron iguales para todos. En esta situación a algunos les afecta más y les puede costar la vida”. 

El relación a las medidas del gobierno, el médico destacó que “en la primera parte estuvo bien, hasta julio funcionó. Después o les ganó la apatía o la economía le ganó a la salud. Cuando empezó a moverse la gente empezó a moverse el virus”. 

Otro comportamiento que explica la realidad que vivimos es la proyección: “Es fácil tirarle todo el fardo a la víctima, en realidad el problema es que la gente no se cuida. Pero si como Estado veo que hay negación y doy un mensaje ambivalente y digo es cierto que hay mucha infección pero todavía lo podemos sostener la lectura es: está todo bárbaro, salgamos. Eso a nivel inconsciente. A nivel consciente hay un sector muy fuerte que no quiere perder privilegios, que considera que la economía está primero que la salud”. 

Romano agregó que “el Estado tiene que ser mucho más claro a la hora de emitir los mensajes, reconocer que la situación es complicada, hacer controles. Lejos de mí está ser punitivista pero cuando estacionamos mal nos multan, acá si no usamos barbijo, si el lugar está habilitado para 5 personas y hay 20… Me parece que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no exponga a los demás”. 

Por último destacó que “al negacionismo se le suma el individualismo a ultranza, creo que la cuestión ideológica es fundamental”. 

Foto: Clarín.

El fiscal Santiago Martínez convocó a peritos adiestradores de perros para cuestionar el trabajo de Marcos Herrero y su perro Yatel en el rastreo de la esencia de Facundo Castro en patrulleros y dependencias policiales de la Bonaerense. Mientras el rionegrino y su can encontraron el amuleto del joven de Pedro Luro en un calabozo y marcaron su olor en tres vehículos, los perros de la Federal pasaron de largo.

Herrero fue convocado por Cristina Castro por recomendación de Mónica Cid, quien esta mañana reivindicó su trabajo al recordar su intervención en la búsqueda del cuerpo de su hija Micaela, víctima de grooming seguido de femicidio.

“Vengo escuchando cada barbaridad, a un perito que dice que es imposible que después de tanto tiempo se encuentren rastros cuando Marcos volvió después de ocho meses y encontramos la billetera de (Jonathan) Luna y otros elementos. Que se lo ponga en tela de juicio a él y a la mamá es terrible. Él trabaja para la justicia, duele muchísimo, cuando la miseria de las personas hace que se piense mal, que su trabajo no es verídico. Dan pena”, dijo a FM De la Calle.

Herrero y su perro Duke encontraron el cuerpo de la niña el 28 de mayo de 2016 luego de seguir su rastro por más de 10 kilómetros. Había desaparecido el 23 de abril. Entre el 11 y el 18 de marzo de 2017 volvieron al lugar y encontraron las llaves de Mica y la billetera del femicida.

Cid recordó que en la búsqueda de su hija “habían trabajado dos perros más, trabajó K9 de Punta Alta y la Policía Federal. Nadie dio encontró nada”.

Al ser consultada acerca de los resultados negativos de los perros rastreadores de las otras fuerzas en el caso de Facundo, afirmó: “No me llama nada la atención, lamentablemente los perros no están preparados o no saben leer lo que el perro les está indicando”.

El presidente de la Sociedad de Medicina Interna, Matías Mirofsky, dijo a FM De la Calle que el colapso del sistema de salud local es inminente si no se toman medidas y destacó que la ocupación de camas es mucho mayor a la que informa la comuna..

“Las camas de adultos están casi en su totalidad ocupadas, debe haber un 80 o 90%, no solo por Covid sino por otras enfermedades. Vemos y entendemos que la gente está cansada después de seis meses de estar encerrada y necesita recrearse pero pueden hacerlo cuidándose, tomando medidas de protección, no solo para evitar que esto avance sino que los pacientes lleguen al hospital”, comentó.

En relación a la diferencia entre los números que comunica cada mañana el Municipio y los que mencionan las organizaciones gremiales y las autoridades de los hospitales, Mirofsky explicó que “ellos sacan números globales de camas totales. Yo lo veo desde otro punto, no se pueden mezclar camas de adulto con pediátricas porque no se puede poner un adulto en cama pediátrica”.

“Las camas las tenés si el recurso humano está, si no no se cuentan. Es real que las UCMAS están vacías pero el comportamiento de la pandemia hace que se estén acercando pacientes de mayor edad con factores de riesgo que evolucionan con cuadros de moderados a graves, estos pacientes no pueden ir a las UCMAS. Ellos hacen análisis global y no segmentario”.

El médico mencionó que “la realidad que vemos es que las camas de adultos en los servicios de clínica mediática y terapias de adultos están al límite, el porcentaje es mucho mayor de lo que se informa en la página de la Municipalidad”.

“No nos olvidemos de la región, Bahía es cabecera de Región Sanitaria 1. Hay localidades que tienen brotes muy importantes y si los pacientes empeoran vienen a Bahia”, argumentó.

Agregó que “ creemos que hay que hacer más cantidad de testeos y procesar más rápido. Es un cuello de botella, hay dos o tres días de retraso de muestras, se necesitan para acelerar la toma de decisiones, cuando uno va viendo cómo viene la situación, se complica. Se necesitan más testeos y más recurso humano que lo haga”.

“El mensaje es que la situación es muy delicada, que los profesionales de la salud no podemos controlar esto solos, necesitamos de la ayuda de todo el mundo, cada persona es responsable de cuidarse cuando sale a la calle, nosotros seguimos en el hospital. Los medios tienen que tratar de llevar información más real y todos tomar conciencia de que la situación es muy delicada, corremos el riesgo que algún familiar no reciba la atención necesaria porque no hay camas en algún hospital”, concluyó.

“La confirmación, que sea Facundo, es un dato importante en la causa pero la investigación debe seguir. Falta el informe de la autopsia que necesita tiempo para que los estudios complementarios puedan estar y, con eso, veremos si el cuerpo arroja alguna información más”, dijo a FM De la Calle la abogada Margarita Jarque.

La integrante del equipo jurídico de la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que participan “como querella institucional por la preocupación que implica la desaparición forzada de personas -ahora seguida de muerte-”.

“Entendemos que esa pista principal que encontramos es a partir de la intervención policial en distintos tramos de lo que podríamos llamar el camino de Facundo del 30 de abril, pero también esa intervención policial que aparece sobradamente a posteriori, a medida que toma estado público, y a partir de la intervención indebida que tienen como fuerza auxiliar en la causa provincial”, afirmó.

Jarque dijo respecto al patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca peritado este jueves que los datos del GPS arrojaron movimientos irregulares en “esta fecha sintomática que es el 8 de mayo que (coincide) con algo constatado que es la confirmación de la borradura de las redes de Siomara Flores y los mensajes en una especie de clave entre personal policial que todavía no encuentran una contextualización”.

En relación de los saltos de tiempo y distancia en el móvil policial bahiense destacó que “en pocas oportunidades los hemos visto y entendemos que eso tiene que ser ampliado en futuros informes, como también los horarios no han sido consignados”.

“Hemos detectado en el análisis de algunos celulares, algunas cosas que hemos puesto en análisis de la fiscalía y la jueza, por ejemplo, sobre interpretaciones de estos cruces de llamados por parte de la Policía Federal cuando su misión era bajar la información no interpretarla”, mencionó.

Acerca de las declaraciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó que las querellas no hayan apelado decisiones de la jueza, Jarque argumentó que “el fiscal Martínez requiere de manera muy endeble dos imputaciones y detenciones, de Curuhinca y Sosa, solo por los mensajes crípticos, que había que dotarlos de mayor caudal probatorio. Eso no prosperó en cabeza de la jueza y eso generó el precedente en el cual luego se ampara para no otorgarnos los pedidos de detención, al momento del hallazgo del objeto”.

“Preferimos seguir dotando de información de parte de ambas querellas. Estamos fortaleciendo con un informe anticipado al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para poner en conocimiento a los organismos de contralor de las responsabilidades del Estado, cuál ha sido el derrotero de esta causa, cuáles son los inconvenientes que hemos tenido como querella, con demoras en decisiones que esperemos estén saldadas con la incorporación de estos dos fiscales”, finalizó.

Foto: CPM.

El abogado querellante Leandro Aparicio adelantó que la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones testimoniales y que este viernes se realizaba la pericia al denominado “patrullero perro” -sin controles de GPS- secuestrado en Buratovich.

Respecto a la incorporación de dos nuevos fiscales, mencionó que “en función de lo que había hecho el fiscal (Ulpiano) Martínez, que no abonaba esta teoría, le preguntamos ¿cuál es la teoría que tienen? Desaparición forzada -nos dijeron-. La única hipótesis es la desaparición forzada. Ahora con el agravante de la muerte. Lo que se investiga es la actuación estatal, a través de la Policía de Buenos Aires”.

Aparicio destacó que “en función de los hallazgos (de restos óseos en Villarino Viejo), vamos a pedir un rastrillaje completo”. “Se encontró una mandíbula, se consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y dijeron que no es la de Facundo. Anoche se encontró un cuerpo, desconocemos si pertenece a la mandíbula que se encontró hace tres días. No sabemos si son dos cuerpos o tres. O más”.

Para el letrado los análisis de los restos deberían estar a cargo del EAAF: “Yo a la Policía Federal no quiero darle nada, no confío en absolutamente nada”.

En cuanto al estudio de los registros telefónicos de los policías bonaerenses dijo que requirieron información a “la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y no a la Federal cuyos informes están incompletos y malintencionados. Se esperará para que cuando se formulen las detenciones e imputaciones sea un cuerpo orgánico y sustentado con pruebas. Nos van a permitir explicar situaciones que no sabemos porqué el fiscal hizo todo lo posible para impedir y detener las pruebas que tenemos”.

También confirmó que se encontraron capturas de pantalla del facebook de Cristina Castro en el teléfono de Siomara Flores realizadas el 1 de mayo, un día más tarde de la salida de Facundo a la ruta.

“Hay muchas cosas para saber de Siomara, las llamadas perdidas con la hermana (Jana Curuhinca) que borró de su teléfono y del vínculo de Siomara con algunas personas, otros policías”, detalló.

Por último, Aparicio comentó: “Pedimos un nuevo allanamiento al destacamento de Origone, que la jueza nos denegó. Parecía que había sangre en las paredes y queremos hacer la prueba de luminol”.

Foto: CPM.