Un nuevo juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo comenzó esta mañana. Están acusados por extorsionar y pedir coimas a albañiles para trabajar en el cementerio entre 2007 y 2010.
“Aún no hemos avanzado con los ‘otros’, los que creen que zafaron, los delincuentes que han podido quedar al margen de la Justicia con la ayuda de los ‘padrinos’, el poder y el dinero, pero van a caer, sólo es cuestión de tiempo”, dijo Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein.
Tercer juicio en la historia de Bahía Blanca a exfuncionarios públicos de gestiones inmediatas anteriores por coimas, extorsión y homicidio y no hay un sólo político que apoye, opine públicamente y/o haya colaborado en la causa. Complicidad absoluta de TODOS.
Caramelli ya fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio de la joven fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza. Además, junto a Pombo también fueron sentenciados por cohecho y extorsión contra un comerciaente de Parque de Mayo.
Caramelli recibió entonces una pena de siete años de prisión, la cual cumple en su domicilio por ser diabético, y Pombo fue castigado con 3 años y 6 meses como partícipe necesario.
“Esto pasó en nuestra ciudad, mientras todos lo sabían y festejaban. Poco a poco el tiempo va demostrando que nuestro lema ‘la corrupción mata’ no es sólo una frase hecha.
La corrupción instalada en los gobiernos de Bahía Blanca, mató a Dai. Muchas de las personas que integraron e integran el gobierno de la ciudad, mataron a Dai. Y no es sólo el Ejecutivo, es el Legislativo y el Poder Judicial”, afirmó Zerneri.
La denunciante agregó “pasaron cinco años y cinco meses y sin embargo la muerte de Daiana sigue vigente, porque el desinterés de muchos en investigar, la complicidad en tapar y esconder, el olvido, la nueva oportunidad que se le brinda a muchos funcionarios que colaboraron y fueron cómplices de su homicidio, sigue intacta en el poder, que nunca cambia, sólo va mutando”.
“Y aunque parezca que hicimos mucho, no fue así, sólo hemos podido probar algunos delitos cometidos por estos dos sujetos delincuentes de poca monta, pero hay mucho más, que tiene que ver con ellos, con delitos federales, donde es muy difícil entrar, porque ahí también habita la corrupción”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/07/caramelli-pombo.png?fit=1553%2C778&ssl=17781553FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-02 13:16:292019-09-02 13:16:29Caramelli y Pombo nuevamente ante la justicia
La tasa de inflación de agosto muestra una aumento de 4,75% respecto a julio. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 27,61%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 50,03%, volviendo a subir luego de dos meses de baja.
“Estamos otra vez en una situación al filo del precipicio. Vamos a ver cómo lo pueden llegar a manejar. Son todas soluciones malas, con el cepo por lo menos se van a contener las reservas”, dijo a FM De la Calle el economista Juan Larrosa.
Opinó que “lo que queda es esperar que no pase lo peor. Lo peor es una hiper y está a la vuelta de la esquina. Están tomando medidas en un marco de incertidumbre muy fuerte”.
“Un shock inesperado asociado a un problema de incertidumbre política derivó en una fuerte inestabilidad de variables financieras, principalmente el tipo de cambio, la que trasladó sus efectos a los precios. Si bien se produjo una rebaja en el IVA para algunos ítems del capítulo Alimentos y bebidas, su efecto fue colapsado por subas generales en todos los capítulos. Las tercera y cuarta semanas marcan, precisamente, las mayores alzas”, explica el informe.
Todos los capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,76%), Indumentaria (9,99%), Vivienda y servicios básicos (2,11%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,49%), Atención médica y gastos para la salud (5,67%), Transporte y comunicaciones (2,49%), Esparcimiento (9,63%), Educación (1,80%), Otros bienes y servicios (4,97%). Por el contrario, ningún capítulo registró bajas.
El informe destaca que la tercera semana marca un salto destacable en las mediciones de inflación, sobre todo para Indumentaria, Equipamiento y funcionamiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Esparcimiento y Alimentos y Bebidas. “Extrañamente en este último caso se corresponde con la toma de datos posterior rebaja del IVA en diversos alimentos”.
Indumentaria salta casi un 17% mientras que Esparcimiento lo hace casi un 12%, siendo que Alimentos y bebidas termina el mes con 6,34% arriba respecto al fin de mes anterior. Ello anticipa un fuerte efecto de arrastre para el mes de septiembre.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/larrosa.jpg?fit=708%2C484&ssl=1484708FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-02 12:35:302019-09-02 12:35:30“La hiper está a la vuelta de la esquina”
“Nada se puede tomar si a uno no le pertenece”, dijo el concejal de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, respecto a la ocupación de terrenos que realizan centenares de familias en el barrio Spurr.
“No compartimos eso, no es la solución, no corresponde, no hay que hacerlo. Ahora, también es el emergente de una falta de política habitacional y una falta de tierras de la que el gobierno se tiene que hacer cargo”, afirmó a FM De la Calle.
Desde el lunes 12 de agosto más de cuatrocientas familias se instalan en un gran bloque de tierras sobre Esmeralda al 1000. El macizo pertenece a la Administración de Bienes del Estado y está bajo custodia municipal. El intendente Héctor Gay descargó la gestión del reclamo en las autoridades de la justicia federal.
Quiroga manifestó que su sector tiene “una política de tierras que será explicitada en su momento y que será eventualmente aplicada si Federico Susbielles, como nosotros esperamos y confiamos, es nuestro intendente”.
“Mientras tanto, es un problema de ellos. Habrá gente avivada, gente que maliciosamente promueve este tipo de actos ilegales sabiendo que lo son y perjudicando a quien está en la vía y sin un techo con el que cubrirse. Ahí el Estado debería dar las respuestas y evitaría estos malos entendidos y esta cosa espantosa de propiciar que gente que está en la última miseria se convierta en perpetradores de un delito”.
Consultado por la difusión de un audio privado en el cual el abogado Leandro Aparicio asesora a vecinos de la toma, el concejal dijo: “Desconozco con precisión el derecho, sí entiendo que no es correcto y no está dentro de la ley ocupar un terreno que a uno no le pertenece. Lo demás, el abogado se hará cargo, desconozco cuestiones jurídicas. Si alguien me viene a pedir asesoramiento a mí, más que ‘eso no lo hagas’ no le puedo decir, no tengo formación jurídica”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/spurr-toma.jpg?fit=4412%2C1734&ssl=117344412FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-02 12:34:102019-09-02 12:49:20Toma de tierras: “Es un problema de ellos”
En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.
En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.
El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.
-¿Qué destacan del fallo?
Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.
Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.
La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.
-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?
Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.
Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.
Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.
-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?
Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.
Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.
-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?
Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí. A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.
Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.
-Fueron varios los que recuperaron la libertad.
Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.
Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.
-¿Queda alguno en cárcel común?
No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.
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El Concejo Deliberante reclamó al Municipio que reanude el trámite de la declaración de Emergencia Alimentaria solicitado en diciembre de 2017 por Unidad Ciudadana.
“Apenas asumimos presenté el proyecto en emergencia alimentaria, Gisela Ghigliani reclamó emergencia en medicamentos y Walter Larrea la emergencia laboral. Tres indicadores sociales de una extrema gravedad ya por entonces. Veinte meses después sigue ahí. Declarar la emergencia no es una cuestión simbólica sino que es disponer de facilidades para tomar decisiones rápido, tener recursos disponibles”, señaló el concejal Carlos Quiroga.
Afirmó que “la gente se está muriendo de hambre, no saber qué van a comer. Para miles y miles de familias vivir significa simplemente la supervivencia, todo el proyecto, las expectativas, se remiten a ver si mañana comemos. Les están arrancando fragmentos de su calidad de personas”.
“De diciembre del 2017 a 2018 los pobres pasaron de ser 44 a 78 mil. En ese momento Soledad Monardez se dio el lujo de subejecutar 80 millones que tenía asignado para el área social y la premiaron con el Juzgado de Faltas con el voto del socio minoritario de Roberto Ércoli”, agregó.
Respecto a la asistencia municipal a familias vulnerables, Quiroga comentó que “la gente tiene que hacer un peregrinaje para conseguirla, además ¿sabés lo que significa venir al centro para las familias sin recursos? El boleto de colectivo a 30 mangos, el combustible de la moto, como no tienen las motos en condiciones se las decomisan si viene al centro”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/04/carlos-quiroga.jpg?fit=1024%2C680&ssl=16801024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-30 18:17:462019-08-30 18:17:46“La gente se está muriendo de hambre, no saben qué van a comer”
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la UNS firmaron un convenio para para que dentro de los próximos 3 años se realice la medición de pobreza multidimensional en la ciudad.
Silvia London, directora del IIESS, dijo a FM De la Calle que mantuvieron una reunión con el intendente Héctor Gay para “analizar qué tipo de estadísticas tiene el municipio, colaborar con nuestros propios datos y poder hacer esta medida de pobreza multidimensional”.
“Buscamos tener una medida que dé mucha más información de las necesidades de sectores más vulnerables para establecer políticas específicas”.
London comentó que la medición multidimensional “es una medida que no solamente considera pobreza por ingresos sino otros factores, son tres índices y, sobre cada una de estas, hay otras variables que las componen. Sobre esto se ven carencias de vivienda y educación, obviamente el ingreso también, es parte de la medición pero no es lo único que lo determina”.
“Tenemos un problema en Bahía Blanca con respecto a una porción de la sociedad que está en situación de pobreza y la idea es poder ver exactamente qué dimensiones son las más significativas para actuar”.
“Para los que hacemos investigación, el resultado es cuando estos datos llegan a los hacedores de política. En ese sentido es muy bien recibido por nosotros que la Municipalidad tenga interés de que se hagan estos diagnósticos”, concluyó.
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Empleados de la fábrica de colchones Fabra Fons cobrarán los salarios adeudados y el 70% de indemnización tras de la venta del edificio de Sarmiento al 1300 a un grupo inmobiliario.
Héctor Giacobini, delegado de los trabajadores, comentó en FM De la Calle que “la pesadilla terminó, estamos yendo con el abogado para ver cuándo depositan el dinero de los salarios adeudados. La indemnización corre a partir del mes que viene pero hicimos un buen arreglo porque el habernos quedado dentro de la empresa nos favoreció”.
Afirmó que “la maquinaria la iba a comprar otra persona y creo que ya arregló. Va a tratar de llevar 10 o 12 compañeros para trabajar con él, los más antiguos que sabemos el funcionamiento. Ellos no saben nada del rubro, por eso nos llevan a nosotros”.
Giacobini comentó que quienes se quedaron sin trabajo “son gente que puede conseguir trabajo, el resto no porque estamos a 3 años de jubilarnos. El alivio está porque no tenemos que sufrir más, ahora es cobrar. Algunos tienen trabajos extras como yo que vendo verdura, lo que me importa es trabajar 3 años más para poder jubilarme”.
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No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.
Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.
“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.
Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.
“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.
El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.
“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.
Repudio en la calle
El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.
“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.
Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.
“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.
“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.
El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.
La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.
“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.
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En el día de la radiofonía argentina, Un grillo en tu almohada intentó un acercamiento a diferentes visiones acerca de la radio local. ¿Cómo se hace radio en Bahía Blanca? Dificultades económicas, carterización del mercado publicitario, el recorte de los sectores pequeños ante un modelo económico que no permite el crecimiento, la concentración de la pauta oficial, las radios comunitarias y universitarias como única posibilidad de acceso al derecho a la comunicación por parte de las comunidades, son algunos de los temas analizados por nuestros consultados.
A la hora de pensar en las voces que representan emprendimientos públicos y privados, nos encontramos con la regla de que quienes están al frente de medios de comunicación local son varones.
Luis Alberto Cano (Director de Radio Altos y del portal Frente a Cano), Marcelo Tedesco (Director de Radio Universidad Nacional del Sur) y Diego Salvadori (Continental Bahía Blanca, Music, las 40 y del grupo Bahía Multimedios) en diálogo con FM De la Calle aportaron miradas en el día de un medio tan apasionante como peligroso.
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Este miércoles se presenta el segundo libro del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales “Colisiones Análisis, Problemas y perspectivas”. Publicado por EdiUNS fue editado por el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman.
“En principio es proseguir con el primer libro que tiene que ver con la estadística de 2015, 2016, 2017 y profundizar con algunas cuestiones que atraviesan de la problemática”.
“No hay ningún cambio, eso ya genera una perspectiva poco optimista porque los problemas siguen existiendo desde el 2012 a esta parte, mismos datos, mismas problemáticas. Cualquier cambio que uno quiera hace enseguida se van a modificar, evidentemente las lógicas de funcionamiento por los cuales se generan siniestros siguen estando”, comentó.
El alcohol tiene un capítulo especial: “Es una de las sustancias más adictivas, tiene una concepción moral muy aceptada por la población frente a otras sustancias menos nocivas o con una connotación personal como es el cannabis, por ejemplo”.
Respecto a la iniciativa de legislar por la Tolerancia Cero al volante, el decano comentó que “la problemática está desbordando, la justicia lo toma porque hay presión social pero no existen política públicas porque ahí hay poder de lobby”.
“La única sustancia que no tiene una política que controle o mitigue es el alcohol. Se plantea en términos de doble moral porque, por un lado, en el alcohol al volante se generan juicios y condenas pero, por otro, hay publicidad, hay una aceptación del alcohol sobre todo en jóvenes”.
“Según un estudio de la Municipalidad más del 50% de los menores de 14 años ya han tenido una experiencia de alcohol dura y en el 80% los padres no estaban presentes o no tenían conocimiento”, comentó.
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El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.
La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.
El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.
La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
No estuvieron por cuestiones de salud:
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/IMG_6911.jpg?fit=5117%2C1464&ssl=114645117FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 18:33:132019-08-26 18:46:50Las caras de los represores en la previa a la sentencia
La madre de Ángel Almada, asesinado tres años atrás en Ing. White, denunció que la última persona que vio al chico con vida, nunca declaró en la causa que investiga el homicidio.
Se trata de Trinidad Acosta, hija del ex delegado municipal, quien se excusó por estar de viaje aunque fue vista en el mismo momento y a pocas cuadras de donde la convocó el fiscal.
“El viernes iba a concurrir a la audiencia con mi abogado, Leandro Aparicio. Siempre tomo la 500, esta vez tomé otra línea donde iba ella. Me pareció raro que fuera sola. Nos bajamos en el mismo lugar. Voy a la Fiscalía, me anuncio, espero que llegue ella. Voy a hablar con Romero Jardín y me dice que la chica no se iba a presentar porque presentó un escrito de que estaba de viaje. Ahí mi indignación”, comentó Silvia Almada a FM De la Calle.
“Fue citada a declarar con anterioridad, donde el papá de ella estaba muy ofuscado, hay una constancia donde ella se presenta y el padre se pone violento y no la dejó declarar. Esta iba a ser la primera vez que ella declarara siendo mayor de edad”.
La madre de Ángel comentó: “Todavía no caigo, no puedo entender cómo esta gente se sigue manejando de esta manera, es la vida de un chico. Mi abogado va a presentar esta foto, las pruebas que tenemos de que ella estaba en Bahía, estaba a cuatro cuadras de Fiscalía como mucho, no fue porque no quiso”.
“El celular sigue sin peritarse tres años y medio después. Desde el principio la causa de Ángel fue manoseada. Las pruebas que había eran declaraciones puntuales de chicos que fueron apretados o algunos que firmaron la declaración sin saber qué firmaban. Una vergüenza la policía, la DDI, tuvieron durante un año y medio el video de Ángel donde se lo ve con esta chica”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/angtrinidad.png?fit=505%2C255&ssl=1255505FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 18:24:282019-08-26 18:24:28Caso Almada: la hija del ex delegado de White no se presentó a declarar
El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.
“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.
“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.
Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.
Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.
En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0245-e1446732045236.jpg?fit=4312%2C2353&ssl=123534312FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 13:36:022019-08-26 13:36:02El polo petroquímico facturó más de 3 mil millones de dólares en un año
El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo a FM De la Calle que la obra social de la Universidad Nacional del Sur atraviesa un momento crítico y que podría ingresar en cesación de pagos.
“Se trata de la atención de la salud de las familias de docentes y no docentes de la Universidad. Una obra social que fue ejemplar durante muchísimos años y hoy, producto fundamentalmente de las políticas de ajuste y devaluación de este gobierno, del incremento de tarifas, e impericias de la conducción local, seguramente mala administración, llegamos a este grado de situación que nosotros denunciábamos hace meses”, declaró.
“La única solución que plantea el Consejo Administrativo de la Universidad es seguir pretendiendo que este déficit se solucione a través de mayores aportes de afiliados y afiliadas, a través de pagar más coseguros, reducir las prestaciones. Eso es dinero que debería salir del salario para palear el déficit de la obra social que no definimos los afiliados. Nos oponemos a que se ejecute ese plan de ajuste y proponemos otras soluciones como reclamar a la Universidad del Sur que realice un aporte extraordinario, dado que es el empleador natural, y reclamarle al Ministerio de Educación”.
El presidente de SOSUNS, Juan Carlos Lobartini, planteó un programa de ajuste y reducción de prestaciones: “Estamos hablando de 10 mil afiliados y afiliadas. Pretenden aprobarlo en la reunión del Consejo el próximo jueves. Pensamos en ir a hacer oír nuestra voz, no ser neutrales con esta posición, defender la obra social. Pero de ninguna manera pretender que el salvataje de este déficit lo paguen los salarios de los trabajadores”, finalizó Zaninelli.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/sosuns-e1566839353922.jpg?fit=600%2C253&ssl=1253600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 13:24:312019-08-26 14:33:04Grave situación económica de SOSUNS
El economista en jefe del CREEBA, Gonzalo Semilla, destacó los indices de precariedad en el mercado del trabajo de Bahía Blanca durante el primer trimestre del 2019.
“Cuando hacemos una comparación interanual nos arroja un aumento de la informalidad. Está asociado a lo que se desencadenó a partir de abril y mayo del año pasado: devaluación, caída del consumo, aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Es gente que ha quedado en la calle y tiene trabajos de pocas horas por días o no lo tiene”.
“En los primeros meses del año, cuando veíamos los indices nacionales veíamos que había un sector que quería mejorar, que lamentablemente se enterró y volvió a caer toda la actividad. De todas formas son niveles muy altos y que se ubican por debajo de la media”, comentó Semilla.
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), se estima que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del primer trimestre de 2019 el 27% (lo que equivale a aproximadamente 27.100 personas), mientras que la tasa de precariedad se ubicó en 34% (aproximadamente 46.800 individuos).
A nivel nacional, por su parte, la tasa de informalidad asciende al 36% mientras que la de precariedad fue del 41%.
En cuanto a la evolución de los dos indicadores a lo largo de los últimos trimestres se advierte una baja en la informalidad y precariedad en relación al trimestre anterior (4 puntos porcentuales en ambos casos), explicada en parte por factores estacionales, en tanto que en términos interanuales, se observa un deterioro de ambos indicadores de 3 y 5 puntos porcentuales.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/06/semilla-e1566836337369.jpg?fit=600%2C319&ssl=1319600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 13:19:562019-08-26 13:19:56Aumentó la informalidad laboral
El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.
El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.
Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/cropped-whatsapp-image-2018-10-17-at-10-15-36-pm-1.jpeg?fit=1000%2C300&ssl=13001000FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-24 14:57:482019-08-24 14:57:48Armada II: termina el sexto juicio de lesa humanidad
El Concejo Deliberante designó a Soledad Monardez y Carlos Salgado como titulares de los Juzgados de Faltas por el doble voto de la presidencia.
La oposición destacó el papel del concejal Roberto Ércoli quien se excusó de participar de la sesión aunque permaneció en el Concejo. Una suplente garantizó el empate a Cambiemos a cambio de que su secretario de bloque sea juez.
“El expediente de Monardez estuvo desde mayo en doble lectura porque no le daban los votos. Él daba su voto si el segundo cargo que dejó vacante Germani se lo daban a su secretario. Ahí sí Monardez le parecía apta y salió el combo de los dos jueces. No me parece ni ético ni transparente como pregona el intendente. Se ha puesto nervioso pero no todos somos iguales”, dijo a FM De la Calle Gabriela Schieda.
Gisela Ghigliani afirmó que el edil del Frente Renovador “ha votado absolutamente todo a Cambiemos y ha sido una herramienta importante. Cuando empieza la sesión, él no se sienta en la silla, la concejala suplente lo reemplaza, pero él se queda en el recinto, algo nunca visto. Es una actitud de provocación ya que se quedó tomando mates o café con persona del gremio de UTA”.
La concejala recordó que la candidatura de Monardez hace cinco meses que está circulando por en Concejo. “No quiso venir a dar explicaciones, ni quisieron que venga a responder preguntas. Un juez es para toda la vida. El curriculum de ella es bastante limitado y se van acabando las herramientas democráticas”.
Schieda subrayó que Ércoli “estaba en las gradas con (Ricardo) Pera y los muchachos de la UTA. Si estás mal de salud te podés ir a tu casa. Estaba tomando un cafecito, se lo veía muy bien, de camisa blanca”.
El dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza discutió en la previa de la sesión con la concejala: “Estaba un poco nervioso, no sé por qué porque ya se sabía el resultado. La discusión fue porque me dijo que yo me había hecho radical k y que ya tenía arreglado con el PJ y el kirchnerismo un puesto para diciembre y por eso estaba en contra de votar los jueces de Faltas”.
“Si él está acostumbrado a transar yo no tengo la culpa. Yo no transo, puedo negociar un artículo, evaluarlo, opinar, pero esto de amigo-enemigo no lo concibo así. Aprendí mucho de Balbín y Perón, de Alfonsín. Tener algunas ideas en común para la sociedad con el peronismo no me convierte en kirchnerista. Todos saben que siempre fui antikirchnerista. Ahí la pifió”, agregó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/ercoli.png?fit=1249%2C557&ssl=15571249FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-23 12:56:162019-08-23 12:56:16Un juzgado y un café: Ércoli lo hizo de nuevo
El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.
“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.
Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.
El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.
El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.
El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.
Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.
Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.
El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.
-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?
Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación. Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.
-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?
Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.
-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?
No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.
-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?
El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.
-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?
En la ciudad y el país.
-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?
No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.
-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?
Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.
-¿El alquiler cuánto dura?
Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.
No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.
-Pero ante la necesidad de una vivienda…
La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.
-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…
No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.
No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.
-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?
Como se está resolviendo, en las elecciones.
(…)
-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?
Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.
-Pero es pacífica, no es violenta…
No, nadie está hablando de violencia.
-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.
Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.
-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…
Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.
(…)
-¿Cuándo habría posesión?
La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.
Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.
-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?
El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.
-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?
Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.
-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?
No me consta.
-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.
Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.
-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?
Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/avellaneda.jpg?fit=720%2C384&ssl=1384720FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-22 19:47:282019-08-22 19:48:38Toma de tierras: “Estamos judicializando una usurpación”
