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“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

Vecinos y vecinas de las Asambleas Ambientales de Punilla denunciaron penalmente al gobierno cordobés porque “hubo un abandono total” desde el comienzo de los incendios.

“Hemos denunciado penalmente al gobernador, Juan Schiaretti, por el mal uso de su poder para convocar a otras fuerzas de combatientes de incendios a nivel nacional”.

“Todavía no entendemos porqué esperó un mes para hacerlo cuando los que estábamos viendo el fuego, veíamos que los bomberos estaban totalmente agotados, que también es un riesgo para ellos y para los vecinos. De hecho, fallecieron dos personas en los últimos días”, dijo a FM De la Calle la asambleísta Sofía Echenique.

Afirmó que Córdoba vive un “ecocidio”. “Estamos viendo en vivo y en directo la devastación de las tierras por los incendios y una degradación que viene de años con emprendimientos inmobiliarios y obra pública mal hecha. Realmente es una asesinato a la naturaleza. Desde el Plan de Manejo del Fuego se ha protegido a los inmuebles pero han librado al monte de esa protección, no considerándolo como el bien común más importante que tenemos en la provincia más allá de lo material valuable”.

Echenique remarcó la falta de contención del fuego por parte de los bomberos, sin embargo, destacó que “no es la responsabilidad del personal voluntario sino de órdenes de la cúpula de bomberos, defensa civil o del gobierno provincial”.

“Hubo un abandono que llevo a esto, a que fallecieran dos vecinos nuestros. En este marco de reclamos pedimos formación de brigadas voluntarias forestales. Los bomberos que vienen porque el monte se está quemando, la mayoría no tienen formación en combate del fuego forestal y esto es fundamental para decidir o no cuanto avanza un fuego”.

“Las personas idóneas comentan que hubo un manejo estratégico totalmente fallido de estos fuegos, eran evitable en cuanto a la magnitud, hemos perdido 200 mil hectáreas de bosque nativo”, agregó Echenique.

La asambleísta abonó la teoría del origen intencional de los focos: “En algunos han localizado a las personas que supuestamente fueron las que lo iniciaron, pero la prueba de esto está en que en estos mismos días en que el monte se estaba quemando salieron publicitando venta de terrenos y loteos”.

“El valle de Punilla ha dado una resistencia ambiental muy fuerte y creemos que no quieren tener el costo social y político de desmontar con una topadora y lo hacen con fuego, después pueden decir acá no había bosque. Hay leyes que protegen y el bosque quemado sigue siendo bosque por más quemado que esté hasta que se regenere”, concluyó.

Tras una reunión con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, los concejales del Frente de Todos, Walter Larrea y Luis Calderaro, presentaron un proyecto de ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano.

“Lo que busca es que el gobierno municipal adhiera e implemente la creación de bancos de suelo, un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo”, comentó Larrea a FM De la Calle.

Agregó que “esto posibilitaría que el Municipio pueda desarrollar una política habitacional y que tiene que ser programada, planificada, contemplar que los lotes a urbanizar tienen que ser con servicios básicos, apuntando a construir una ciudad justa, inclusiva y para muchos sectores de la informalidad que no califican como sujetos de crédito para programas destinadas a otros sectores, planes PROCREAR u otras líneas comerciales”.

Larrea mencionó que “la toma de tierras no es la solución ni la respuesta más eficaz. Del mismo modo la penal no es la respuesta para la ocupación indebida de tierra. Tendríamos que discutir si la ocupación de lotes abandonados constituye un delito”.

“Para mí la ocupación de tierras ociosas no encuadran en el delito de usurpación calificado en el 181 del Código Penal e incluso las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos”, señaló.

Por último señaló que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.

Familias de la toma de tierras ubicadas en Don Bosco al 3900 se manifestaron frente al Municipio y reclamaron una reunión con las autoridades luego de que el viernes la policía detuviera a cuatro personas.

“Lo de siempre, la policía pasó a identificar a gente que ya está viviendo en la toma y la llevó detenida supuestamente para notificarlos. Estuvieron casi 4 o 5 horas detenidos, la gente obviamente que va a estar en el terreno porque ya están viviendo ahí”, mencionó Cecilia a FM De la Calle.

Según informaron más tarde, las familias pudieron establecer contacto con funcionarios de provincia encargados del área de acceso al Hábitat.

Cecilia comentó que la Unión Ferroviaria “volvió a tapar con un montículo de tierra la calle que pasa y comunica con tres barrios. Piensan que así nosotros vamos a abandonar, el que la necesita sigue yendo y sigue poniendo cosas. De ahí no nos vamos a ir por más que llamen a quien llamen, estamos pacíficamente”.

“La Unión Ferroviaria sigue en la misma postura, dijeron que van a seguir firmes y que se van a seguir haciendo las cosas por abogados. Lo único que pudimos obtener fue un papel de la ADIF en el que dice que no son de los ferroviarios las tierras sino que son del Estado que se las está prestando como un alquiler”, agregó.

Afirmó que ya hay seis familias viviendo y que “hemos contado hasta 300 que vamos y venimos. La cantidad de ranchos que se han hecho son muchos, la gente quiere venir a vivir porque no tiene donde ir”.

El intendente Héctor Gay afirmó el 1 de agosto que no ejecutó el presupuesto del Instituto Cultural porque tuvo que “comprar comida para la gente”. Esto fue desmentido por el propio Municipio al informar al Concejo Deliberante las partidas reasignadas en el marco de la emergencia.

La información llegó tras la insistencia de la oposición y por la necesidad del oficialismo de sumar votos para prorrogar la emergencia económica, tal como sucedió en la sesión del jueves. El Frente de Todos denunció el incumplimiento de un artículo que obligaba a informar al cuerpo regularmente y a publicar la información en la web comunal.

Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que “no tocaron un centavo de los recursos afectados del presupuesto del Instituto Cultural y tampoco los ejecutaron. Estuvieron mintiendo con que no ponían plata en Cultura por la pandemia”.

“Cuando acompañamos la primera emergencia económica por 90 días, logramos incorporar un artículo para que toda la información sea informada y publicada en la web. Nos mandaron un único documento donde establece que gastaron 36 millones para la pandemia cuando hay un presupuesto total de 9 mil millones”.

Según lo informado por el Municipio los 36.400.000 surgieron de las siguientes partidas: 16.600.000 correspondieron al servicio de recolección de residuos (se redujeron frecuencias y hubo menos residuos por la baja de la actividad comercial); 12.400.000 fueron derivados de obras presupuestadas por el municipio que se postergaron para después de la pandemia; 5.200.000 del mantenimiento de espacios verdes; y 2.200.000 de la reducción de frecuencias y tareas de limpieza, aseo y fumigación.

“Resulta que para la pandemia usan dos mangos, sacan de otro lado y a cultura no ponen un peso. Una vergüenza. Transcurrió el año y las y los artistas y espacios culturales han padecido una situación terrible que se podría haber paliado simplemente cumpliendo con la ley, aplicando el presupuesto”, afirmó Quiroga.

Sin embargo, destacó que su bloque acompañó la prórroga de la emergencia “para que después no digan que lo que no se hace es porque no les damos esa posibilidad. En esta circunstancia nos parece una cuestión de responsabilidad, no sin antes hacer público y advertir lo que ha sucedido”.

Emergencia del transporte

Otro proyecto que impulsa el oficialismo es la prórroga a la emergencia del transporte. La iniciativa será tratada en la próxima sesión y, según anticipó Quiroga, no contará con los votos del Frente de Todos.

“Va todo en línea con el tema de extender los permisos precarios (a las empresas), de patear la pelota para adelante y seguir haciendo negocios con privados”.

“Creo que no quieren ninguna de las dos SAPEM, que las dos van a desaparecer, las van a disolver. En el caso de la basura que es el mayor presupuesto, lo van a dar a manos privados. Decían que es que los basurales a cielo abierto no están bajo la órbita de SAPEM, bueno háganlo. Va a haber un superávit, los 16 millones que se pusieron para la emergencia, es porque se disminuyó la frecuencia”.

Por último, aclaró que “SAPEM Ambiental funciona bien, es transparente y eficiente. El negociado es una opción que puede ser imaginada como motivo y argumento para que tomen esta determinación”.

La economista, Agostina Costantino, analizó los datos del desempleo publicados días atrás por parte del INDEC en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

La economista de FM De la Calle afirmó que “la tasa de desocupación aumentó tres puntos respecto del trimestre anterior, del 10% al 13%. Visto en números absolutos, en cantidad de personas, no hubo tanto aumento, siguen en 1.4 millones”.

Sin embargo, destacó que “muchas personas que no estaban trabajando no estuvieron activamente buscando trabajo porque la cuarentena impedía salir a la calle. Esta población inactiva pasó de entre el 40 y 50%, al 60%, subió diez puntos”.

Este punto no es captado por la encuesta porque la tasa de desocupación se calcula sobre la Población Económicamente Activa (PEA), que son todas las personas que trabajan y las personas que no trabajan pero están buscando activamente empleo.

“Si tenemos en cuenta los desocupados y los que buscaron, más el aumento que tuvo la población inactiva, la cifra sube casi 4 millones de personas. Ahí sí el aumento es muy considerable: de 1.4 a casi 4 millones de personas que no trabajaron, tanto las que buscaron como las que no”, destacó Costantino.

Por otro lado, comentó que “un informe de la Organización Internacional de Trabajo sobre el manejo de los gobiernos sobre el empleo afirma que la realidad fue peor que la previsiones y que el desempeño de los gobiernos frente a estas cifras del desempleo depende o dependió del esfuerzo fiscal que hayan hecho para mantener los puestos de trabajo”.

En Argentina se reglamentó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). “El gobierno se hace cargo de la mitad de los salarios de empleados registrados aunque solo contempla a los puestos de trabajo registrados. Eso es clave”.

“En los últimos años tuvimos un cambio en la estructura de mercado laboral, cayeron la cantidad de asalariados formales y aumentaron los no registrados. Lo que aumentó es el cuentapropismo, los monotributistas, personas que no fueron despedidas pero cambiaron la categoría ocupacional. Pasaron de asalariados formales a monotributistas”.

Costantino mencionó que “si sumamos la cantidad de informales, en este segundo trimestre respecto del primero cayeron más de la mitad. El primer trimestre había 1.4 millones de informales trabajando y en el segundo pasaron a ser 600 mil. Fueron los primeros que perdieron su fuente de trabajo. También los cuentapropistas quienes pasaron de 1.2 millones a 700 mil en el segundo trimestre”.

Sí se logró mantener el empleo entre los asalariados formales. “Tanto la política del ATP como la prohibición de despedir trabajadores tienen un alcance limitado en la medida que no llega a informales y monotributistas que son 1.3 millones”.

Por último, la economista destacó que “al Estado le cuesta más llegar a los informales. En ese sentido, hay que repensar la estructura de empleo y pensar que el empleo de calidad es aquel receptor de estas políticas públicas”.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 33,7% de la población de Bahía Blanca.

Son 105.889 bahienses que reunieron los ingresos suficientes para alimentarse, vestirse, transportarse y cuidar su salud. Dentro de dicho grupo, hay 13.817 bajo la línea de la indigencia, es decir, que no tuvieron el dinero necesario para cubrir sus necesidades alimentarias.

La economista e investigadora del Conicet, Emma Santos, dijo a FM De la Calle que “la situación es bastante difícil, si bien era esperable y pudo haber sido peor de no haber habido ayudas monetarias, sin duda no alcanza para mantener los niveles de estos valores”.

Subrayó que le preocupa la primera infancia y adolescencia, “a nivel nacional el 56% de los niños son pobres, esto tiene que ver con la caída de la actividad. En Bahía la tasa de actividad y empleo cayeron 10 puntos del año pasado a este”.

“Si se amplia la mirada más allá de lo monetario, tenemos la dimensión de nutrición y alimentación, el déficit que implica estar por debajo de la línea de pobreza e indigencia. En lo que respecta a la educación me preocupa las implicancias de esto a largo plazo, obviamente todos están sin ir a la escuela, para los sectores más desfavorecidos esto es muy complicado. Aún cuando no se abandone la escuela puede afectar las capacidades cognitivas y de desarrollo. Hay que buscar maneras creativas para atender a estos sectores”, comentó Santos.

La economista agregó que “la pobreza monetaria suele ir de la mano con el ciclo económico, estamos en recesión y la caída de la tasa de actividades afecto a la población joven de 14 a 20 años, hay un desaliento y no buscan trabajo. Eso se ve traducido en los índices de pobreza monetaria”.

En relación a la política social local ante la emergencia opinó: “No estoy conforme, me parece que se podría haber abordado de otra manera, sí aumentó la entrega de bolsones ahora modificado con la tarjeta”.

Sin embargo, señaló que “cuando el monto es muy bajo la capacidad de elección se ve muy acotada, la tarjeta social es el beneficio más generalizado a nivel municipal tiene un monto bajo e igual para todas las familias, no importa el tamaño familiar”.

“Es ridículo, no es lo mismo mil pesos para una familia de tres que para una de seis. No ha habido demasiada innovación, más que la entrega de bolsones. Se podría hacer algo más creativo, que llegue de mejor manera, que focalice la ayuda y atienda a las particularidades demográficas de los hogares”.

El subcomisario Pablo Reguilón, ex titular de la Subestación Policial de Buratovich, confirmó que desde días antes de la desaparición de Facundo Castro tenían la orden de “no mandar papeles” al Juzgado Federal “hasta que no termine la cuarentena”.

Se refería a las actas labradas por infracción del artículo 205 por violar el aislamiento obligatorio como la confeccionada por Mario Sosa y Jana Curuhinca al detener a Facundo a las 10 de la mañana del 30 de abril.

El dato fue aportado a la causa por un vecino de Buratovich que conversó con el efectivo en vísperas de una marcha por la aparición con vida de Facundo. Reguilón fue apartado de su cargo tras amenazar al abogado Luciano Peretto.

La querella solicitó y analizó el detalle de las infracciones realizadas días antes y después del 30 de abril. Según explicó el abogado Leandro Aparicio a FM De la Calle “se observa un control racial, gente boliviana en su mayoría o trabajadores de otros países, no los nacidos y criados en Buratovich”.

Comentó que vieron un cambio de criterio a partir del 20 de abril: “En primer momento los llevan al hospital, a partir de un día determinado no, no hay más informe médico. Después tenemos el despacho de la jueza que explica el tema del Covid, que no le manden papel. Y después vemos el criterio del otro juzgado donde la mandan con la regularidad habitual, no me preguntés porqué pero tardan seis días”.

“La de Facundo tardó 46 días, llegó el 26 de junio a las 14:15. Ese día fuimos con Cristina y Lucho Peretto al juzgado federal, preguntamos por la causa, no tenían idea. De ahí seguramente habrán llamado para que se la manden, supongo que habrá sido así”, sostuvo.

El testigo ratificó judicialmente lo que le dijo Reguilón: “¿Viste el quilombo que hubo en Bahía Blanca con el vago que sacó a pasear al perro y lo masacraron los vigi? Dos días después nos cita la departamental a los 40 jefes de toda la jurisdicción. Muchachos, el acta modelo es esta, completan con los datos, se notifica, copia de la imputación y nos vemos, que siga camino”.

El subcomisario se refería al caso de Luciano González quién recibió una paliza de parte de cuatro efectivos policiales y fue detenido la noche de 15 de abril cuando salió a pasear al perro por la cuadra de su casa en Bahía Blanca.

Reguilón aseguró que cuando se conoció la noticia de que buscaban a Facundo y que la familia denunciaba la desaparición forzada, llamó a Rodolfo Murillas, secretario del fiscal Santiago Martínez. “Es el mismo que me mandó a allanar la comisaría. Murillas, tengo actuaciones por infracciones al artículo 205 de este pibe que ahora está denunciado en averiguación de paradero. Ah mandamelas, dice”.

“Les mandé el sumario como para que tenga de qué hablar, porque no sabía ni la hora en la que habíamos hecho el procedimiento. Porque en un punto nos dijeron ‘no nos llamen más por cada infracción que hagan'”.

“Te podés imaginar los tipos que acostumbrados a manejarse con Suris, La Nueva Provincia y dos o tres causas más que tienen, se encontraron de un día para el otro con 5 mil causas adentro del juzgado y que por las 5 mil causas nosotros llamábamos al juzgado”, dijo el policía.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

La experta en medicina legal Virginia Creimer dijo a FM De la Calle que firmó “en disidencia parcial” el informe final de la autopsia a los restos de Facundo Castro y subrayó que “es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

“Podemos decir que tuvo una asfixia que no se acerca a una asfixia por ahorcadura o por asfixia seca, que hay otras implicaciones. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que cuando se habla de la muerte violenta por asfixia, se descarta el accidente, el suicidio y lo único que nos queda es el homicidio. A partir de este momento tenemos que empezar a hablar de homicidio”, enfatizó.

La especialista, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria investigando crímenes cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, agregó que “se trata de lo que veníamos planteando, es decir, de una muerte violenta por asfixia”.

Consultada respecto a la aplicación del Protocolo de Minessota, la perito señaló que “debió aplicarse al momento de la operación de la autopsia y al momento del informe debió ser un análisis contextualizado, eso no ocurrió. No fue contextualizado”.

“Había cuestiones científicas con las que no coincidía en virtud de mi conocimiento de lo que dicen los 20 cuerpos de la causa. Planteé que había cuestiones que tenían que quedar aclaradas porque eran importantes para pasos investigativos posteriores. Hubo un rechazo absoluto por parte de les mismes perites de siempre que se dedican a obstruir diciendo que no era su función conocer lo que se había investigado en la causa y esto es absolutamente falaz”, afirmó.

Destacó que “si el Protocolo de Minessota establece que la investigación de les perites tiene que ser contextualizada, obviamente hay que tener conocimiento de lo que ha pasado desde el momento en el cual desaparece Facundo hasta el momento en el que se encuentra el cuerpo”.

“A esto sumarle la operación de autopsia, más todos los análisis que ocurrieron después. Porque si yo no tengo en cuenta esto, no puedo hacerme a la idea de que tengo que ir a buscar y cuáles son los diagnósticos presuntivos que puedo llegar a hacer”.

Creimer ejemplificó: “En mi profesión, en la medicina, cuando tenemos pacientes de alta complejidad y es muy difícil realizar el diagnóstico para realizar un tratamiento, hacemos un ateneo. Podemos hacer un parangón entre eso y el ateneo que se hizo hoy entre distintas especialidades. Se llega y se discuten los signos y síntomas del paciente pero no se llega sin leer la historia clínica, sin leer exámenes complementarios, las radiografías, los exámenes de laboratorio, porque sino de ninguna manera se puede llegar a una conclusión de certeza”.

La experta agregó que durante la pericia, “cuando por escrito dejé mi disidencia en cuestiones científicas y de forma, me decían e increpaban con que cuál era la bibliografía y que diera otro tipo de respuestas. Muy sencillamente yo les contestaba: las respuestas las voy a dar el día del juicio oral cuando cada une tenga que dar respuestas por los informes que hizo y por la experiencia científica que utilizó”.

Señaló que “lo más importante es que hubo una coincidencia plena en que llegamos a una conclusión de una muerte violenta por asfixia”.

Por último, apuntó que “el elemento de los dientes rosados es importante pero es uno de varios factores. Se sumaron nuevos factores a este fenómeno para llegar a una conclusión de que fue una muerte violenta por asfixia. Es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

Fotos: CPM y Adriana Meyer.

Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.

El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.

En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.

La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.

Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.

Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.

El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.

Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.

“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.

El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.

A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.

Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.

Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.

La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.

En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.

En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.

El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.

Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.

Foto: Facebook Cristina Castro.

A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

“Con todo el tiempo que tuvimos no se le dio la suficiente preparación a la cuestión sanitaria”, dijo a FM De la Calle el párroco de La Piedad, Héctor Arismende. Afirmó que más de seis meses después del inicio de la pandemia tenemos un “sistema sanitario estresado y con dificultad para responder”.

En cuanto a las consecuencias sociales y económicas en los barrios del sur de la ciudad contó que la comunidad está “entre la necesidad y la responsabilidad”. La Municipalidad está cambiando la entrega de bolsones por el depósito de dinero en las tarjetas aunque las organizaciones “no estamos en condiciones de afirmar que toda la gente que lo necesita lo esté recibiendo”.

Las instituciones barriales se movieron rápidamente para asistir a las familias que perdieron sus ingresos con el establecimiento del aislamiento obligatorio. Tiempo después, llegaron algunas ayudas municipales.

Arismende comentó que la organización fue “cambiando” con el correr de los meses. “Hubo un cambio de delegado que parece que habilitó ampliamente los recursos. Desde entonces no nos faltan bolsones pero el Municipio adoptó la medida de entregar la tarjeta celeste en lugar del bolsón, para que la gente pueda comprarse el bolsón con 800 pesos”.

El cura manifestó que el cambio de modalidad “nos fue dejando de lado porque ya no pudimos accionar en el mecanismo que se necesita para verificar que a todos les llegue. No estamos en condiciones de afirmar que toda la gente que necesita esté recibiendo la tarjeta. Nos fueron corriendo de esta toma de decisiones, estamos en la incertidumbre, recibimos llamados de gente que no recibió la tarjeta y ahí tenemos que iniciar el reclamo”.

“Formalmente no nos hemos ido de la Mesa de Noroeste pero en concreto las decisiones las toman otros”, enfatizó.

Arismende destacó que estos seis meses de pandemia podrían haberse aprovechado como “un buen tiempo de planificación de política social que tenga en cuenta las particularidades cuando la emergencia fue contenida”.

Sin embargo, “cuando llegó el momento en el cual los bolsones se habían administrado y había que ver qué más se podía hacer, no hubo una progresión en la política social para seguir viendo cuál era la necesidad particular de la gente”.

Agregó que “a las familias más numerosas un bolsón no les alcanzaba y por lo tanto los 800 pesos tampoco. Nos parece importante que las familias puedan decidir qué comprar. El corte lo da el delegado, él es que nos responde a nosotros y no eleva los pedidos a otras instancias a menos que él lo desee, el diálogo se corta, no hay posibilidad de plantear en instancias superiores medidas diferenciadas”.

Respecto del aislamiento, sostuvo que “es cierto que en los barrios se depende más de la buena voluntad de los vecinos, han habido focos de contagio, la gente aprendió de algún modo a cuidarse y está tratando de sobrevivir con eso. Está entre cuidarse y sobrevivir como puede. Están tratando de hacer changas porque si no no pueden vivir, no hay bolsón de 800 pesos que pueda solucionar eso”.

Por último, mencionó que “no se planificaron espacios de aislamiento territoriales, habíamos hecho la propuesta acondicionando un sector de la parroquia para esto, la Municipalidad lo descartó porque dijo que no era necesario”.

“Es cierto que hasta ahora no han sido necesarios los usos masivos de las UCMAS. Por otro lado, si no se puede trasladar en los medios habituales, con una persona de nuestro barrio en el Dow Center, se tiene que cruzar toda la ciudad para acercarle una muda de ropa a un familiar aislado. Por eso pensábamos una política territorial, que estén más distribuidos”.

Un joven de 20 años fue golpeado por la policía y estuvo tres días detenido en la DDI acusado de un robo calificado que no cometió. La Bonaerense lo levantó el 24 de agosto en Barrio Universitario. Su madre habló con FM De la Calle sobre el episodio de similares características al ocurrido en El Pinar con la detención de un joven imputado por un robo con armas que no cometió.

“Mi hijo iba caminando por 12 de octubre, lo intercepta un patrullero, lo detiene, le preguntan nombre y apellido, le piden DNI. Les comenta de dónde viene, le dicen tenemos ahí a tu compañero con el que vos cometiste el delito. Lo acusaron de un robo con un menor de edad”, comentó a FM De la Calle su madre, Liliana.

La mujer relató que al día siguiente recibió un llamado desde la sede policial: “Me dicen que mi hijo estaba detenido por un robo agravado. No lo podía creer porque mi hijo es un pibe trabajador, tiene una hija, es tranquilo, no tiene junta”.

“Fueron dos o tres días de angustia, desesperación, por no saber a dónde acudir. Cuando lo pararon en la calle hubo abuso de autoridad, el trago amargo no te lo saca nadie. Mi hijo todavía sigue con la causa, jamás tuvo una entrada de una comisaría. A mi hijo le arruinaron la vida”.

“En el momento que lo detienen uno de ellos le pega cachetazos, le dijo decí la verdad, confesá, obligándolo a que el diga yo fui y robé”, apuntó Liliana.

Dos días después del hecho, mientras el joven todavía estaba detenido, le tomaron declaración. “Coincidió con la declaración de la prima porque él estaba tomando mates con ella a la hora del hecho. Ese mismo día le dieron la libertad”.

“El es albañil, jamás en mi vida imaginé que iba suceder. Me lo traje a vivir conmigo, está con mucho temor de salir a la calle, ya a una cierta hora no quiere salir, sale de trabajar y va derecho a ver a su hija”.

-¿Temor a la policía?

Sí, la verdad que sí.

Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que hace 30 días vive una pesadilla. Contó que su hijo Axel está detenido desde el 31 de agosto por un robo con armas que no cometió.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida”, afirmó. Intervienen la fiscala Claudia Lorenzo y la jueza de Garantías Marisa Promé.

 

Ojeda relató que suele salir a caminar con su hija por la zona de El Pinar. Ese día no tenía ganas y le pidió a Axel que acompañe a su hermana.

Según comentó, salieron 15:56 del domicilio ubicado en el barrio Sánchez Elias: “Suben por Bermúdez, los capta una cámara de vecinos, los capta una cámara del SIPREVI frente a la leñera, cruzan al cementerio y son interceptados por policías en moto. Lo revisan a Axel, mi hija me llama y me dice que vaya, escucho cómo la policía intenta sacarle el teléfono”.

“Me dicen que hubo un masculino que circulaba con un arma entre sus prendas, me dicen que me quede tranquila, que no tiene absolutamente nada. Me tienen 25 minutos demorada, me dicen que bajemos a la Comisaría Cuarta para ver antecedentes. Terminamos yendo, cuando baja mi hijo, entra a la comisaría, me saca un oficial y me dice que mi hijo queda detenido por robo agravado por uso de arma”, afirmó la mujer. 

Axel estuvo arrestado durante cinco días en la Cuarta, lo trasladaron al Destacamento de Palihue hasta el 7 de septiembre y al día siguiente lo llevaron a Coronel Suárez donde permanece detenido. Desde la Fiscalía informaron que la causa ya fue elevada a juicio. 

Ojeda mencionó que su hijo es asmático, que tuvo que llevarle la medicación personalmente y que solo puede comunicarse con él dos veces por semana.

Axel está acusado de robo a mano armada. La familia ofrece testigos que vieron a dos hombres en moto robar las mochilas a un grupo de adolescentes que circulaban por la zona. A partir de la identificación de una joven, la policía persiguió a uno de los implicados que volvió al lugar y finalmente escapó.

“La descripción de los delincuentes no coincide con la de mi hijo, me allanaron mi casa, buscaban pertenencias de los chicos, las mochilas, gorras, ropa y no encontraron nada. La policía cuando redacta la denuncia dice que la chica es la novia y  que estaba tres cuadras, en realidad es su hermana. Me tomé todo el trabajo que la justicia no hizo”, agregó Ojeda.

“La fiscal me denegó varios testigos que presenté. No me da explicaciones, mi hija y yo pedimos muchas veces poder declarar, estoy pidiendo el rastreo de la localización del teléfono de mis hijos, eso demuestra que nunca estuvieron en el sector del robo. Si acudo a los medios es porque no me dan respuesta. Hace 30 días que tengo a mi hijo encerrado y lo único que hace es llorar”.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida. Llevo 30 días sin ver a mi hijo, Axel está estudiando, es un chico alegre, en casa hay valores y principios, son mis únicos dos hijos, me desvivo por ellos. Acaba de cumplir 20 años en julio. Yo siempre creí en la justicia y ahora no me dejan demostrar que mi hijo es inocente”, concluyó.