El ex concejal Raúl Ayude cuestionó la excepción al Código de Planeamiento Urbano aprobada por el Concejo Deliberante para habilitar la construcción de una torre de 20 pisos, donde funcionaba la fábrica de colchones Fabra Fons.

“Lo que se discutió con la Ley de Hábitat y con el concepto de plusvalía es que el Municipio tiene la capacidad de regular el uso de la tierra y orientarlo para que el acceso a la vivienda y a la tierra sea lo más equitativo posible. Cuando se da una excepción así y no hay un debate o cuestionamiento público sobre esto, hay cosas que pueden faltar, pero estaban habilitados hacer hasta 11 pisos y van a hacer un edifico de 20”.

“Cada uno de los pisos va a tener 420 metros cuadrados y si el valor de mercado es de entre 2500 y 3 mil dólares estamos hablando de una diferencia de 9 millones de dólares, parte de eso es lo que hay que discutir”, apuntó.

Señaló que la discusión debe partir desde dos aspectos. “Qué es lo que afecta la vida de los vecinos: cómo se quiere desarrollar, qué estimulo hacia la densidad de ese lugar o el tipo de uso se lleva adelante. Y el otro planteo es qué nivel de ganancia posibilita la inversión”.

“Una vez que se zanja el debate de calidad de vida tengo que reorientar a través de la plusvalía otros roles, puede ser tierra pública, generar infraestructura para esas tierras que no se pueden hacer habitables por determinadas inversiones que el Estado no hace, ese recurso puede surgir de esa ganancia extraordinaria que habilita el estado a través de ese recursos excepcional”, afirmó.

Ayude agregó que “se está orientando una inversión y en ese aspecto no he recibido una explicación como ciudadano. La otra cuestión es por qué el Estado habilita una ganancia de 9 millones de dólares al inversor sin pedir ninguna contraprestación en función de un porcentaje. La Ley de Hábitat planeta entre un 10 y 15% del valor de lo que se planea construir como contrapartida”.

El ex concejal mencionó que “me llama la atención de que hayan pagado las indemnizaciones de los trabajadores de Fabra Fons un año antes de que esté aprobada la excepción. Ya era ganancia cuando se construirían 11 pisos y ahora hay ganancia mayor o ya se sabía que se iba a probar y hay inversores que corren con el caballo del comisario”.

“El tema acá es el rol del Estado, presenten lo que quieran si yo te habilito una excepción y te produce una ganancia extraordinaria lo primero que tengo que hacer es no joder al resto de la comunidad y participar de esa inversión y ganancia para generar algo que sea publico. Después queda lo otro que es pagar las indemnizaciones, eso no lo hicieron los inversores, eso lo hizo la comunidad cuando le dio la excepción. Si esa diferencia ya estaba cubriendo la inversión con 11 pisos imagináte con 20”, comentó.

Representantes de UMSur, Espacios Culturales Independientes y la Asociación Argentina de Actores se reunieron con concejales y concejalas oficialistas a quienes reclamaron la declaración de la Emergencia Cultural, la ejecución de recursos afectados del presupuesto del Instituto Cultural y diálogo con el Ejecutivo.

La delegada de Actores, Belén López, dijo a FM De la Calle que “la respuesta es que la prioridad está centrada en la crisis económica y sanitaria y que los recursos correspondientes al área de Cultura están afectados a esta crisis. Seguimos sin respuestas concretas”.

Fernando Compagnoni les dijo que “desde el momento que se decreta la crisis económica todos los sectores estamos incluidos en esa crisis y, por lo tanto, no tiene sentido generar una crisis sectorial. Según palabras del presidente de Concejo es como quitarle la frazada a uno para ponérsela a otro”.

Acompañaron a Compagnoni, Lucía Pendino y Marcos Streitemberger.

López afirmó que “la cultura quedó totalmente desfinanciada. Una cosa es llevar un porcentaje del presupuesto general de Cultura y otra es dejarlo en cero. Quedamos totalmente destapados con la frazada que nos quería tirar Compagnoni”.

“No estamos pidiendo nada aparte, nada que no esté contemplado en la ley. Esos recursos que no están siendo ejecutados, al menos dentro de nuestro sector, son los que vienen a dar esa ayuda que se necesita en estos momentos de crisis. Más allá de un bolsón de alimentos”.

Respecto de los fondos solicitados a Nación y provincial, la delegada comentó que “desde el municipio se responsabiliza a Nación y Cultura de que no les envían fondos para nuestro sector. No vamos a entrar en esa discusión y cuando hemos inscrito o hemos pedido subsidios, Nación responde, provincia responde. ¿Qué pasa con el Municipio?”.

Reunión con autoridades provinciales

Horas después del encuentro en el deliberativo local, las organizaciones comunicaron que mantuvieron una reunión con Ezequiel Grimson (Subsecretario de Políticas Culturales del Ministerio del Ministerio de Producción, Ciencia e InnovaciónTecnológica de la Provincia de Buenos Aires), Fernando Farina (Director Provincial de Artes) y Pedro Delheye (Director Provincial de Patrimonio Cultural en Gobierno).

Participaron también representantes del Consejo Cultural Consultivo del Instituto Cultural de Bahía Blanca y el Concejal Carlos Quiroga del Frente de Todos.

Según se informó, “los funcionarios destacaron la ejemplaridad de las ordenanzas culturales existentes en la Municipalidad de Bahía Blanca, posicionando a la ciudad como ejemplo a nivel nacional en lo que refiere a normativa cultural”.

“Este reconocimiento implica que los acuerdos políticos en nuestra ciudad, expresados en esas ordenanzas, son el camino de referencia como modelo de políticas públicas”, agregaron.

La madre de Facundo Castro Astudillo recusó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. “El principal desaparecedor de personas es el Estado. Pero no solo por los policías que activamente entiendo han participado de la desaparición en el instante de su ilegítima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”, sostuvo Cristina Castro.

El documento cuestiona que el funcionario aún no asumió su competencia y que la producción de prueba más relevante en cuanto a la hipótesis de la desaparición forzada fue impulsada por la querella. La Fiscalía motivó “aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”.

La querella recordó los antecedentes del fiscal en el entorpecimiento de causas de lesa humanidad, el filtrado de información judicial y detalló cómo la Bonaerense coló a la testigo que -nunca- dijo haber traído a Facundo a Bahía.

Castro y sus abogados relatan a la jueza cómo desde el inicio de la denuncia en el fuero federal, Martínez, a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal, sugirió involucrar al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada.

“Manifestar tomar contacto con la regional de la fuerza sospechada, es a todas luces un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad” frente a una denuncia por desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense. Luego, el fiscal ordenó “algunas medidas de prueba inconducentes y ‘livianas'”.

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Como ejemplo, menciona: “No ordenar la constitución de fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad directa a la red de encubrimiento que se está desmantelando fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad”.

Otro de los reclamos de la familia de Facundo desoído por Martínez fue el acceso a los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Mayor Buratovich, los cuales estuvieron “cerrados en un sobre por más de doce días” y sobre los cuales se informaba que estaban siendo procesados “cuando todavía no habían sido siquiera abiertos”.

Por la ventana

“La mayor obscenidad procesal” que denunció la querella al pedir el apartamiento del fiscal es la introducción en la causa de la testigo que días atrás habría asegurado haber acercado a Facundo hacia Bahía Blanca luego de la segunda detención en cercanías de Buratovich.

Si bien las filtraciones periodísticas afirmaban que era una declaración aportada por la Policía Federal y que se trataba de una testigo de identidad reservada, se advirtió una “maniobra” de la Bonaerense para meterla “por la ventana”.

En la causa consta que “el Policía Cristian Arias García, reporta un despacho preventivo de fecha 13 de Julio de 2020 emitido por la Estación de Policial Comunal Villarino 2º de Pedro Luro” dando cuenta que la mujer domiciliada en Buratovich “habría sido la persona la cual a bordo de un vehículo Renault Duster Oroch, no proporcionando datos mayores, habría trasladado” a Facundo hasta Bahía Blanca y “quien no se habría presentado a prestar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

García reporta que se comunicó telefónicamente con la testigo, quien le manifestó “que con frecuencia suele levantar a personas que ‘hacen dedo’ en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente… informó que “NO PUEDE PRECISAR QUE “HAYA LEVANTADO A ESE CHICO”, no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado, había levantado EN LA GARITA DE MAYOR BURATOVICH, un muchacho morocho, flaco, pero un poco más alto de la estatura de la persona que buscamos, creía que media cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de más de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejó en un parador al costado de la ruta 3 … que pidiendo precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona, ratificó recordar que fue el día 27 de Abril, dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca, porque tenía un turno médico en el centro de rehabilitación IREL. Que en reiteradas oportunidades, la interlocutora ratifica no poder precisar si la persona a que se refería se trataba de Facundo Astudillo Castro”.

La recusación destaca, además, un mail enviado por la Comisaría Comunal de Villarino el 13 de julio, el cual fue ingresado a la Fiscalía a las 9:37 del día siguiente.

El mismo informa que “18:40 se apersona en el despacho de la Subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of. Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo SOSA, que instantes antes, en su domicilio se apersonó un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas (obrero albañil (…)) tomó conocimiento que la señora (…) habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

Sosa participó de la primera detención de Facundo cuando junto a Jana Curruhica lo infraccionaron por violar la cuarentena. Flores es quien con “flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, en circunstancias en las que, según tres testigos, era abordado por dos masculinos en un patrullero de la Policía Bonaerense”. Cabe destacar que dicha fuerza provincial fue apartada de la investigación el 8 de julio.

En cuanto a la difusión de la declaración en La Brújula y en redes sociales, “cuando eso no estaba registrado ni siquiera en el sistema podemos decir lo siguiente. O el Fiscal, o el secretario, o los policías que trasladaron al testigo que pidió reserva de identidad, violaron esa reserva divulgando o filtrando datos”.

“No nos quedan dudas de la maniobra encubridora y por sobre todo el gran impacto mediático que el sr. Sasso se encargó de divulgar a todos los medios nacionales, casualmente (o ya no tanto) un día antes que declaren los tres testigos en los que se sostiene la hipótesis de la querella”, afirmó la querella.

Antecedentes

El pedido de recusación adjunta la nota que Diego Martínez publicó en Página/12 en la cual detalla la intervención de Santiago Martínez como juez subrogante en el armado de una causa contra el secretario judicial Álvaro Coleffi por filtración de escuchas de una investigación sobre narcotráfico que fueron difundidas por La Brújula.

El denunciado asumió durante algunos meses investigaciones por crímenes de lesa humanidad y avanzó contra el ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y otros civiles del Poder Judicial y la Iglesia Católica quienes habían gozado de la impunidad que Martínez les garantizaba.

Coleffi fue absuelto y expulsado de la justicia.

Martínez fue nombrado fiscal federal por el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de efectivos de Mayor Buratovich, Pedro Luro y Bahía Blanca. Leandro Aparicio informó esta tarde a FM De la Calle que hoy se tomaron tres nuevas declaraciones testimoniales que “confirmaron la hipótesis de la querella de que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

“Después de la desaparición se activó un ‘protocolo’ para lograr el encubrimiento y ese plan tiene distintas etapas. Una de ellas el primer día de la desaparición. La segunda, al momento en que se empiezan a recepcionar las primeras denuncias en la Comisaría de Pedro Luro. Y la tercera, con posterioridad al rastrillaje que se debió haber realizado en Mayor Buratovich y que no se pudo hacer”, explicó.

El abogado de Cristina Castro afirmó que “si bien somos prudentes, necesitamos también que quede muy claro que hoy en vez de ocho, tenemos nueve policías individualizados en la desaparición de Facundo y en el encubrimiento”.

Por otra parte, la jueza federal Gabriela Marrón habilitó el allanamiento de la Subestación Policial de Mayor Buratovich con la participación del adiestrador canino Marcos Herrero y sus perros para la búsqueda de rastros del joven desaparecido el 30 de abril.

“Debemos mantener la reserva que nos pide el fiscal de la PROCUVIN, el dr. Héctor Heim, y también denunciamos que se filtran datos de la Fiscalía Federal que son aprovechados por medios con una finalidad de desviar la investigación, de sostener pruebas totalmente inconducentes que buscan la impunidad de la Policía de Buenos Aires”, declaró Aparicio.

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Finalmente, denunció que “se están extrayendo de distintas documentaciones o intervenciones telefónicas fotos, imágenes o contenidos que afectan la privacidad de las personas y que no guardan ninguna relación con el hecho que se investiga y que están siendo divulgadas por el medio La Brújula”.

“Es un día muy especial, (Facundo) es uno de los mejores amigos de mi hijo, se entabló un vínculo muy lindo con él, me dice mamá, y encontró acá una familia y en mis hijos, sus hermanos elegidos por él” dijo a FM De la Calle, Virginia Góngora, amiga de la mamá de Facundo Astudillo Castro.

Agregó que desde el 30 de abril que viven “con incertidumbre, con mucha angustia porque todos los días te levantás con la esperanza de que nos digan dónde está y a la noche te acostás y es un día más que nadie te dio esa repuesta. En lo personal lo vivo con mucha angustia”.

“Cristina está por ahora muy entera, siempre dice que hasta que no encuentre a su hijo no la va a voltear nadie. Vivimos a tres cuadras y nos juntamos a tomar mates y hablar cosas. Yo lloro la vida y a ella no se le cae una lágrima. Cristina está muy fuerte”, expresó.

En relación a su vínculo con Facundo mencionó que es “un ser muy especial, muy querible, por donde pasa deja huellas, se hace querer, muy conversador, muy bondadoso, es el primero que va ayudar, un ser muy especial”.

Respecto de las versiones que circulan en las que se afirma haberlo visto al joven en diferentes lugares, Góngora mencionó que “se sigue sumando gente diciendo que lo vieron por acá por allá. Con mi familia somos nativos de Rauch y como Facu estuvo unos 15 días allá en un momento que mi hijo se había ido a trabajar, entabló amistades, porque Facu es así, donde pasa hace amistades. Entonces me dijeron que podía estar allá y está semana se comunicaron con Cristina y llamaron a la comisaría de Rauch y se dirigieron hacia allá y era un muchacho bastante parecido a Facu”.

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“Andamos de acá para allá virtualmente, viajando por todos lados porque donde te dicen que puede llegar a estar, busca y busca”, señaló.

Por último, destacó que en Luro “es mucho lo que nos acompaña la gente, el día de la caminata nos toco un día espantoso y hubo mucha, si hubiera sido un día mínimamente pasable hubiera ido más”.

A raíz de los 69 casos confirmados en Coronel Rosales, el Sindicato de Trabajadores Municipales denunció que el aumento exponencial de contagios se debe a un descuido por parte del Ejecutivo de las condiciones de salubridad de efectores y efectoras de salud.

“A los puestos políticos los hisoparon varias veces, parece que para los trabajadores no tienen hisopados. Mandamos notas para pedir hisopados y test rápidos. Recién hoy me hisoparon a mí y desde el sábado que estoy aislado. A mi señora (enfermera del Hospital Eva Perón) la hisoparon el jueves y dio positivo”, dijo a FM De la Calle el secretario general Marcelo Sottile.

“No se cuida a los trabajadores, no se les daban los elementos de seguridad, el área de Covid no era segura, bajó Región Sanitaria y puso todo en condiciones y dijo que falta recurso humano y los elementos de seguridad personal”, explicó.

Comentó que “el virus vino de afuera, cuando había dos médicos que dieron positivo, me dijo el secretario de Salud que me despreocupe, que estaba todo controlado y, al otro día, aparecen 10 casos más”.

Agregó que los positivos que pertenecen hospital son 35: “Hay varios aislados y que no los hisoparon, estamos exigiendo que hisopen, el listado de gente de casos positivos no coincide con los nuestros. No toman en cuenta a los familiares, maridos, hijos, que también están contagiados, como contacto estrecho, no es una sola persona sino todo el grupo familiar está contagiado”.

Sottile relató: “Hace 3 o 4 días que no me levanto de la cama, los trabajadores están tirados, hay algunos que hace 3 días que no lo llaman, es lamentable lo que está pasando. En el hospital hay muy pocos compañeros, están sobrecargados, la guardia es mínima, casi no hay personal porque dieron positivo”.

“El virus está dentro del hospital, eso pasa cuando se hacen las cosas mal, cuando se reciben pacientes y no se hisopa, porque no se protegen con los elementos necesarios, ellos le echan la culpa a los trabajadores”, concluyó el dirigente gremial.

El Concejo Deliberante aprobó la construcción de una torre de 20 pisos ubicada en Sarmiento al 1300, donde se encontraba la fábrica de colchones Fabra Fons. El acuerdo incluye el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos por parte del grupo inversor.

Para ello fue necesaria una excepción al Código de Planeamiento Urbano dada la altura del edificio propuesto. El deliberativo avaló la construcción con una mayor cantidad de pisos y con menos unidades habitacionales.

La empresa contratista Grupo Sur- Desarrollos Inmobiliarios no tendrá que construir obras con fines sociales como contraprestación -como ocurrió con la torre Cronos- pero deberá contar con la factibilidad de las empresas de servicios una vez que presente sus planos en el Municipio.

“Esto es una solución a algo que nos preocupó a todos en su momento, como es la situación de empleados y empleadas de Fabra Fons, es una solución para esas familias. Independientemente de las valoraciones de la ciudad y que va a ser uno de los grandes hitos urbanísticos y vamos a poder decir que gracias a trabajo de estos concejales y concejalas se pudo llevar adelante”, dijo en la última sesión el concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat.

Desde el Frente de Todos, Gustavo Mandará destacó que “está pendiente la reglamentación de una ordenanza que se trabajó mucho, iniciativa de Paola Ariente, que es la de Hábitat en la que se establecen mecanismos que harían que este tipo de discusiones pudieran zanjarse de manera más rápida y transparente. Hay que decir que acá primó la transparencia y podemos dar cuenta en ese sentido”.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca emitió un comunicado para informar las medidas de investigación llevadas a cabo con el objetivo de dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Declaraciones testimoniales

El martes 14 de julio se tomó declaración testimonial a una mujer en la sede de la fiscalía. En virtud de la gravedad de la conducta investigada, la magnitud mediática que ha tomado el caso y dado que la testigo solicitó que se preservara su identidad, se ordenó reservar la declaración formulada e incorporar la información aportada.

En función de la información brindada por la testigo, se encomendó a las fuerzas de seguridad que ampliaran las tareas investigativas en la zona de General Cerri, localidad situada 10 kilómetros al oeste de Bahía blanca, con el objetivo de verificar los dichos de la declarante u obtener cualquier otro dato que pueda resultar de interés para el avance de la causa.

En tanto, en el marco de las tareas de colaboración solicitadas por la fiscalía, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en conjunto con la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, recibió declaración a distintos testigos durante el curso de la pasada semana.

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Las declaraciones fueron receptadas por vía remota, a través de la plataforma Zoom, y contaron con la participación de integrantes de la fiscalía y representantes de la querella.

Al igual que en el caso de la testigo que declaró el 14 de julio y con el fin de resguardar a las personas que aportaron información, se reservaron las declaraciones y se agregó al expediente la información aportada.

Asimismo, se pusieron en conocimiento de los declarantes las previsiones del Programa Nacional de Protección a Testigos (Ley 25.764) y se le dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, para lo cual se requirió a ese organismo que efectuara las notificaciones y el acompañamiento psicológico, en caso de que lo solicitaran los testigos.

La fiscalía prevé continuar con la recepción de otros testimonios en el transcurso de los próximos días.

Peritajes de vehículos

El miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, los cuales consistieron en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación.

Luego de recibir el informe junto a las muestras levantadas, se solicitó a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina que tomara muestras de ADN de la señora Cristina Castro Alaniz. El objeto de la medida es que la División Laboratorio Químico practique el correspondiente cotejo, tendiente a determinar si los rastros detectados pertenecen a Facundo Astudillo Castro. También se requirieron estudios complementarios que permitan precisar las conclusiones preliminares.

Por otro lado, la fiscalía ordenó al Gabinete Científico Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina la realización de un peritaje respecto de los teléfonos secuestrados, utilizando la tecnología UFED -dispositivo forense de extracción de datos-, y posteriormente un análisis del contenido de relevancia para la investigación.

También se solicitó a ese Gabinete Científico que practicara un peritaje sobre el Libro de Guardias secuestrado en la Comisaría de Mayor Buratovich. El objetivo del estudio es determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existían enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permitiera suponer que existió una alteración de su contenido.

Otras medidas y actividad de la fiscalía

  • Aunque con resultado negativo, durante las jornadas del 14, 15, 16 y 17 de julio se efectuaron rastrillajes. El primero de ellos se efectuó en la zona de Teniente Origone y en dirección a Mayor Buratovich, mientras que el segundo se enfocó mayormente en la zona de Mayor Buratovich en dirección a Pedro Luro. De acuerdo con la solicitud de la querella, se autorizó la participación de los canes entrenados por el señor Marcos Darío Herrero.
  • La Municipalidad de Villarino remitió un listado de la totalidad de vehículos que ingresaron el 30 de abril a ese distrito desde Bahía Blanca, como también los que egresaron del municipio en dirección a esa ciudad y los que ingresaron a Villarino tomados desde la lectora ubicada en Algarrobo.
  • La fiscalía requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeco) que efectuara consultas con las compañías telefónicas, que actualizara información oportunamente solicitada y que verificara con las empresas de telefonía móvil si se solicitaron líneas a nombre de Facundo Astudillo Castro.
  • Respecto a los llamados que las distintas fuerzas policiales reciben de la línea 911, relacionados con denuncias y/o informaciones sobre datos de interés para la investigación, se ordenó que las comunicaran vía correo electrónico a la fiscalía interviniente y a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina.
  • La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aportó la nómina del personal que se encontraba cumpliendo funciones el 30 de abril pasado en el Puesto de Control denominado Km 714 (Ruta Nacional 3) de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del Senasa.
  • Prefectura Naval Argentina remitió actuaciones sobre las tareas realizadas en el centro de Salud Municipal “Leonor Natali de Capelli” de Ingeniero White, Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, Hospital Regional Español, Hospital Privado “D. Raúl Matera”, Hospital de la Asociación Médica Bahía Blanca “Dr. Felipe Glasman”, Hospital Privado del Sur, Hospital Italiano Regional del Sur, Hospital Militar Bahía Blanca, Morgue de la Policía Científica Bahía Blanca y Hospital Interzonal “Dr. José Penna”, como así también en distintos barrios de Bahía Blanca, a fin de dar con el paradero de Facundo. Todas las tareas arrojaron resultado negativo.
  • Las empresas Facebook y Google LLC remitieron los informes solicitados.
  • A raíz de nuevos testimonios aportados a la causa, la fiscalía solicitó a la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina y a Prefectura de Zona Mar Argentino Norte la realización de tareas de campo en Puerto Madryn, con el fin de determinar si Facundo Astudillo Castro se encuentra o fue visto en ese lugar.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina presentó un informe con datos obtenidos de la compulsa efectuada sobre tres DVD que contienen los resultados sobre el equipo celular utilizado por Daiana González (ex pareja de Facundo). Como dato relevante, surgió el usuario y la contraseña de la casilla de Gmail que utilizaba Astudillo Castro, por lo que se requirió a la jueza federal que autorizara el ingreso a la cuenta, a lo cual la magistrada hizo lugar.
  • Asimismo, esa división de la Policía Federal Argentina presentó un informe sobre los móviles policiales 22360 y 22788, efectuado sobre el análisis del material oportunamente aportado donde constan los registros de AVL (de localización) de esos vehículos.
  • Se recibieron informes de las empresas Telecom, IPLAN, Movistar, Claro y Telefónica.
  • La fiscalía solicitó a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda que informara si se han efectuado, en cualquiera de sus sucursales del país, compras utilizando el número de asociado perteneciente a Facundo José Astudillo Castro.
  • Se requirió al Sistema Federal Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación que informara si existe la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.
  • La Fiscalía dictaminó sobre el pedido formulado a la jueza interviniente por la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, sobre la petición de acción urgente y medidas de protección relativas a este caso, dirigida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Se continúa con los rastrillajes localizados y con las intensas tareas de campo tendientes a dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro con la colaboración de la totalidad de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

¿Cómo fue la relación entre la pauta publicitaria oficial, la política pública de comunicación y los medios durante los últimos veinte años en Bahía Blanca? Este interrogante fue el disparador de la charla con la periodista y docente, Mariela Dobal, quien además, integra el colectivo de FM De la Calle.

Al referirse a la pauta oficial, Dobal señaló que «hablamos de fondos del Estado destinados a informar sobre políticas públicas o campañas de servicio comunitario, que deben asignarse por ley de forma plural, masiva, pertinente y proporcional a las diversas audiencias. Es plata que se saca de un lugar del presupuesto para poner en otro”.

“Hablamos de una decisión, de un uso y destino de fondos y de un posible o supuesto control en esa asignación. Sin embargo, en las gestiones municipales de gobierno, la pauta se redujo a recursos públicos puestos al servicio de determinados intereses, con una modalidad de uso establecida», agregó.

Destacó, además, que «la transparencia del uso del dinero del Estado para otorgar pauta publicitaria es vital y los criterios de distribución deberían ser transparentes y equitativos para mejorar el acceso a la información plural. Sin dudas, las políticas públicas más democráticas necesitan de una comunicación más democrática».

Una cuestión estratégica

Segunda intendencia de Jaime Linares

«La relación sobre todo con agencias de publicidad, en ese caso prioritariamente con Rex, fue en primera instancia para la creación del contenido. Se tercerizaba esa gestión y era la agencia la que distribuía a los medios esa información. Paralelamente se le pedía un relevamiento de esa publicidad y del contenido de determinados programas periodísticos de la ciudad», comentó Dobal.

Recordó que «había poca gente trabajando en prensa municipal. No existían las redes sociales, e internet era para pocos». Para contextualizar el ámbito comunicacional de entonces aclaró que  «la convergencia tecnológica, que muchas veces terminó alentando a la concentración de agendas y voces, fue mutando la disputa del sentido de la comunicación para incipientes plataformas».

Intendencia de Rodolfo Lopes,

Dobal mencionó que «al equipo de comunicación del que formé parte, se le dio más recursos destinados al área prensa institucional. La agencia (Rex) ofrecía un monitoreo con resúmenes de lo que en los medios masivos se decía del quehacer municipal, ahora con mayor cobertura de programas. Nos preguntamos por qué se pagaba ese tipo de relevamiento ».

«El intendente y funcionarios de las primeras líneas antes de las 9 tenían en su mesa esa información. Esa tarea se hacía, principalmente, con el monitoreo de los programas radiales de primera mañana y una segunda entrega comprendía noticieros y programas informativos de la tarde. Eso se pagaba muy bien a Rex Publicidad», recordó.

La periodista mencionó que en ese período se creó la Dirección de Comunicación «para trabajar insumos de prensa, cooperar con el diseño de la nueva imagen institucional de la gestión y confeccionar un relevamiento propio de medios».

«Se buscó que los funcionarios, con mayor responsabilidad, estuvieran a disposición del requerimiento periodístico. Antes se redactaban gacetillas comunicando las actividades municipales, y en esta etapa se organizó un informe de prensa municipal diario y material audiovisual de las coberturas de hechos de gobierno. Las conferencias con periodistas eran un encuentro casi obligado y cotidiano, pero la pauta (si bien sufrió algunas modificaciones de redistribución) siguió asignándose con criterios de masividad».

Intendencia de Cristian Breintenstein

«Se refuerza el monitoreo de Rex y se discontinúa ese trabajo municipal.  Lo preocupante en esta etapa es que pareciera no importar tanto cómo contar lo que se hace desde el municipio, sino medir qué se dice o se pregunta sobre las medidas de gobierno»,  explicó Dobal.

«La política pública empezaba a achicarse y la pauta se concentraba en pocas manos. Ante la falta de repuesta a las necesidades de la población, el diálogo con la prensa se volvió menos fluido y creció la discrecionalidad con que se asignaban fondos municipales para pautar en medios. Se buscó aleccionar con quita de pauta a aquellos/as más críticos e, incluso, hubo despidos a periodistas cuyo trabajo incomodaba a funcionarios/as de turno. Creció la autocensura en algunos colegas y la agenda preestablecida en muchos medios».

Intendencia de Gustavo Bevilacqua

Durante este gobierno, la periodista mencionó que «no hubo claridad sobre los objetivos comunicacionales ni un equipo conformado para tal fin. Con quienes estaban se intentó hacer lo que se pudo. De hecho se contrataron estudiantes de periodismo (en carácter de becados/as)  para seguir sosteniendo el informe de prensa. La mayoría de las decisiones se tercerizan a agencias, productoras y medios privados, con más poder y más masividad de circulación».

«El uso de la pauta se concentra cada vez en menos medios. Se despersonaliza el mensaje y se discontinúan las conferencias de prensa, para no exponer a funcionarios/as que no pueden responder muchas preguntas de la ciudadanía, trasladadas por el periodismo. Las entrevistas se pactan individualmente y, según qué medio, ellos/as responden o no, una situación muy grave que debilitó el acceso a la información pública».   

« Empezó a ser determinante la convergencia tecnológica, hay más formatos pero responden a la misma bajada editorial. Acá aparece un debate irrenunciable que hay que dar: más no significa que sea distinto, lo masivo no siempre en plural. Se empiezan a abrir dentro de las empresas periodísticas distintas plataformas para recaudar más, así se factura por distintos lados, la misma tarea (empresa y periodista). Se cobra por medio, por programa, por comunicador/a y a eso le llaman distribución», agregó.

Intendencia de Héctor Gay

«En el primer gobierno de un intendente que viene del periodismo, la idea central fue armar un esquema verticalista de comunicación: un vocero definido con el rol de distribuir mensajes de la gestión en distintos formatos. Se refuerzan las herramientas digitales, y se perpetúa el criterio de masividad para asignar la pauta oficial», describió Mariela Dobal.

«En la práctica ese vocero se desempeña más como filtro que como facilitador para acceder a información pública y se eligen a los/las periodistas a quienes responder. Se deriva a páginas de gobierno abierto, donde los datos a veces faltan o se muestran tendenciosamente. Se incrementa, considerablemente en el presupuesto el monto destinado a la pauta publicitaria que se sigue otorgando con las superposiciones ya señaladas. Y se insiste en la idea que la pauta pública es mayor en medios que llegan a más cantidad de gente. Al repasar la lista no es así, y tampoco se conocen mediciones actuales de audiencia local, para respaldar ese criterio», concluyó.

Cristina Castro pidió este fin de semana a la ministra de Seguridad de la Nación que aparte a la Policía Federal y al fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la investigación por la desaparición forzada de su hijo Facundo. “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Su abogado, Leandro Aparicio, dijo luego de la ronda de cinco testigos del viernes: “Estamos en condiciones de sostener jurídicamente, más allá de la creencia que siempre tuvo Cristina, que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Exigimos al presidente Alberto Fernández la aparición con vida de Facundo”.

Castro se dirigió a la ministra Sabina Frederic desde sus redes sociales y denunció que “desde el día lunes estoy sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado”.

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Destacó que “si quiere cumplir con lo que le exige la ONU traiga a Bahía Blanca gente de su confianza y desplace a la Policía Federal y al fiscal Ulpiano Martínez, quienes deberían estar investigando y no lo están haciendo señores. Por favor, basta ya, basta!”.

“Investigan hipótesis contrarias a las que sostenemos nosotros y, en realidad, informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que nosotros, la familia, la querella, no tiene que ser así. Estoy cansada de decir que esos medios tiene la información antes que la madre”.

“A los fiscales, acá en el sur, se les ha olvidado lo que es el secreto de sumario. Se filtra la información. Esto no puede seguir, estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Por su parte, en una nota a Página/12, el presidente Alberto Fernández afirmó que le “preocupa” el caso de Facundo y que “le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”.

Continúan las audiencias testimoniales en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo. Ayer se presentaron tres testigos de identidad reservada que ratificaron ante el fiscal y las querellas haber visto cómo dos efectivos de la Bonaerense subían al joven a un patrullero.

Si bien la familia tiene identificados a dos policías, esperan acceder en los próximos días a la copia del libro de guardia de la Subestación Policial de Mayor Buratovich para confirmarlo y pedir su captura.

Ni el fiscal Santiago Ulpiano Martínez ni la jueza federal Gabriela Marrón brindan información oficial desde el lunes.

Margarita Jarque participa en la causa como directora del equipo de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. En diálogo con FM De la Calle afirmó: “No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar”.

¿Qué se puede conocer de las declaraciones?

En principio siempre aclarar que se trata probablemente del delito más sensible del Código Penal que es la desaparición forzada de personas. Así lo han entendido la justicia provincial y la federal y así se está investigando. Por eso adherimos a la necesidad de cierta reserva.

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Son muy contundentes los dichos respecto de lo que ya ha circulado sobre la presencia de ese móvil (Ndr: un patrullero en el cuál se habrían encontrados manchas de sangre). Expectantes con el cúmulo de prueba que se ha requerido para seguir avanzando en la investigación.

¿Son testimonios que tienen que ver con la presencia del patrullero al cual habrían subido a Facundo entre Buratovich y Origone?

Es la constatación de la última vez que ha sido visto Facundo, al menos, en términos seriamente constatados en la causa.

¿Son solo esos o alguno como la mujer que apareció diciendo que lo trajo hasta Bahía Blanca?

Son testimonios de identidad reservada y no nos explayamos.

¿La CPM va en línea con la hipótesis que maneja la querella de la familia?

Sí, manejamos la hipótesis de que hasta ahora lo último que hay en la causa son estas declaraciones, que son muy contundentes y, por otra parte, lo que anteriormente está constatado en la causa: el traslado por parte de una policía en su auto particular en un tramo, el retén en la salida de Luro. Todo eso que habla de una presencia policial. De allí en adelante entendemos que tiene que continuar la investigación, se han disparado una cantidad de alertas y pedidos de prueba y entendemos que en lo que se tiene que concentrar la investigación, y un poco el rastrillaje tiene que ver con eso, es qué sucede después con Facundo. Lo que importa es una investigación rápida y profunda.

¿De los rastrillajes algo que puedan destacar?

No, no que tengamos conocimiento.

¿Qué hay de las versiones mediáticas que dan cuenta que el AVL del patrullero donde estaba el policía González coincide con su testimonio?

No hemos examinado profundamente eso, si eso se constata sí. Por eso insisto en que es desde allí en adelante donde hay que centrar la investigación. Es una prueba muy importante.

Otro punto que trascendió es el de las antenas de telefonía, que se habrían activado algunas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir?

Es un análisis que tienen que hacer especialistas, para eso hay que conocer cuál es el alcance de las antenas. No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar. Hay responsabilidades seguramente, se está tratando de establecer qué pasó con Facundo y, en ese sentido, muchas de esas conclusiones son apresuradas. Son cuestiones que requieren conocimiento científico.

Una versión de Infobae habla de algunas pruebas que se habían encontraron en el registro del segundo patrullero y el Corsa de la policía Flores. ¿Tienen información?

Tampoco hemos visto eso en la causa todavía. La jornada recién está empezando, tenemos audiencias y no lo puedo ampliar. Sí tengo el conocimiento mediático y ahora estaba ingresando a tomar conocimiento.

¿La causa está en secreto de sumario?

La causa tiene un trámite reservado por el tipo de delito que se trata, entendemos que es algo importante porque las trascendencias mediáticas lo que hacen es generar confusión, porque de constatarse determinadas circunstancias u otras hipótesis que pudieran surgir siempre es necesario pensar las responsabilidades.

¿No hay un relajo de parte de la Fiscalía o es habitual ver esta filtración?

Hay muchas personas que intervienen, muchas fuerzas auxiliares, es muy difícil establecer de dónde se emana la información tan rápidamente. Sí hemos planteado la preocupación desde la querella particular como nosotros ante la Fiscalía. Entendemos que hay que tomar recaudos pero quizás sea difícil determinar.

¿Marcos Herrero participa de los rastrillajes?

Sí, está habilitado formalmente. Tengo entendido que hoy continúan los rastrillajes y entiendo que sería en este tramo.

¿Cómo evaluás el funcionamiento de otros organismos del Estado en al investigación?

En este momento la PROCUVIN, entendemos que está haciendo un aporte importante. Los primeros informes de telefonía y los que habrían sido agregados ayer en la causa son cuestiones que nos hablan de cierto compromiso. Todo esto está atravesado por el contexto de pandemia y eso retrasa la actividad.

Lo importante es que se vaya avanzando en la investigación y en caso de que no sea así lo vamos a estar exponiendo. Esperando para hoy y este fin de semana contar con un cuadro más completo. Todo eso está en elaboración, la prueba que señalamos como importante, que es la prueba científica. Las especulaciones tienen que ser constatadas. Cuando preguntabas por esta testigo siempre lo importante es constatar la veracidad de esos dichos y cruzar con otros datos y eso es lo que estamos impulsando.

(Por CTA Bahía Blanca) El gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio conducido por Héctor Gay está aprovechando la situación de pandemia para sentarse sobre los recursos públicos que deberían estar destinados a la comunidad e impedir su acceso para todas las necesidades que son cada vez más urgentes.

En medio de una difícil situación que están atravesando los sectores populares, apuestan a abarrotar los hospitales y a “ver qué pasa” en lugar de destinar los recursos que tienen a su mano para adoptar una estrategia que busque asegurar el cuidado de la población.

Para que quede claro, los recursos totales que el Municipio de Bahía Blanca destinó a la emergencia sanitaria representan –según datos oficiales- apenas el 0,47 por ciento del presupuesto municipal.

Tal como han expresado trabajadorxs de la salud, Gay (o Tomassi, el efectivo intendente entre las sombras) y toda la línea, no están actuando como lo sugiere la política sanitaria general, habilitando el uso de los establecimientos necesarios para aislar pacientes con cuadros leves de Covid a través de la implementación de las unidades de cuidados mínimos ambulatorios (UCMAs).

Se estima que garantizar las camas necesarias para el debido aislamiento ante el creciente número de casos costaría unos diez millones de pesos. Este monto, que ya fue superado por lo que gastaron en publicidad oficial, representa un monto nimio para los recursos del Municipio, con un presupuesto total de nueve mil millones de pesos, en un contexto de pandemia, además, que le permite al Ejecutivo disponer de otras partidas para ser reasignadas de acuerdo a la necesidad.

Sin embargo, el intendente y su gente se niegan a hacer lo que hay que hacer para cuidar a su población. ¿Por qué? ¿Para quiénes gobiernan?

Tampoco están contratando el personal necesario para llevar adelante los testeos requeridos que permitan conocer la realidad en relación a las personas que están efectivamente cursando la enfermedad, poder efectuar los aislamientos necesarios y contener la infección, que es lo que han hecho en todos los lugares donde se obtuvieron buenos resultados y lo que recomiendan hacer todxs lxs profesionales a nivel internacional.

Para esto, se requieren más recursos humanos de las especialidades médicas, bioquímicas y de enfermería que no se están intentando siquiera contratar, máxime con la situación que ya está en la Unidad 4 de Floresta, implicando enormes riesgos para toda la población carcelaria y también para la comunidad, ante un posible colapso del sistema de salud. En este cuadro muy preocupante es llamativa la pasividad de la oposición.

Por otra parte, si recorremos los distintos barrios de la ciudad, nos daremos cuenta que la llamada “ayuda social” llega en cuentagotas, cuando llega. Esto no favorece la necesidad de distanciamiento, ya que miles de familias se ven obligadas a romper el aislamiento para salir a buscar los recursos para subsistir, o sea, la falta de políticas sociales directamente les pone en riesgo de contagiarse y llevar la infección a sus hogares. Hoy, las redes de solidaridad que armaron de manera autónoma todo tipo de organizaciones, están suplantando a un gobierno prácticamente ausente.

Al intendente, en cambio, se lo vio muy ocupado en proteger los intereses económicos de empresas como Pampa Energía, sin controlar lo que pudo ser algunos de los principales focos de propagación de la enfermedad con los casos del Parque Eólico.

El accionar municipal nos llena de interrogantes. ¿Por qué no se achica la inversión en pauta publicitaria?, ¿Porqué no se implementa tal como se hace en otros lugares de la provincia impuestos o tasas a mayores contribuyentes y a las grandes empresas cerealeras y del Polo Petroquímico? ¿Será para garantizar las complicidades que lo protegen de su accionar irresponsable? ¿Cuánto se recibió de fondos provinciales y cuánto se gastó concretamente? ¿Qué volúmen de ayuda alimentaria es necesaria y cuánto efectivamente se hizo llegar? ¿Por qué el intendente no presta atención a lo que los especialistas señalan como medidas urgentes para implementar?

Está claro que este gobierno está atento a las necesidades de las grandes empresas, en desmedro de las urgencias que podría resolver si tomara la decisión política de utilizar fondos presupuestados para lo que debería hacer.

El gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio no está protegiendo a la ciudadanía que representa: está representando a la minoría que financió su campaña. El intendente es responsable de la salud de la población y sus malas decisiones podrán costar muchas vidas en los próximos días si se le permite continuar de esta manera.

La jueza Gabriela Marrón aceptó al Municipio como amicus curiae en la causa federal que investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario. El próximo lunes habrá una audiencia virtual para analizar un posible convenio ambiental que prevea el tratamiento de aguas cloacales para uso industrial.

El intendente Héctor Gay sostuvo que “se trata de decidir sobre una cuestión que excede el mero interés de las partes”. Cabe destacar que si bien la Municipalidad integra el grupo de organismos y empresas denunciadas como responsables de la contaminación, formalmente las acusaciones recaen sobre los funcionarios. En este caso, en 2011 se apuntó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La Cámara de Apelaciones dispuso hace un año la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Palenque donde rascarse

El pedido para intervenir como amicus curiae lo hizo el intendente junto a la asesora letrada Karina Mahon el 24 de junio. Al otro día, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dictaminó a su favor y dio paso a la resolución de Marrón.

La jueza destacó que “no puede desconocerse el interés que el Municipio —en su carácter de organismo ejecutivo máximo del partido de Bahía Blanca— posee en la resolución de las presentes actuaciones, ni la especificidad de las tareas desarrolladas por el Comité Técnico Ejecutivo que se desempaña bajo su órbita”.

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“En especial, teniendo en cuenta las particularidades de la metodología adoptada en el marco de este incidente de medida cautelar para intentar arribar a una solución sustentable con las distintas empresas involucradas, que estimo debiera tener un impacto relevante para el resguardo del derecho constitucional colectivo a gozar de un medio ambiente sano”.

De esta manera, la comuna y el CTE pondrán “a disposición su expertisse con el propósito de participar de manera activa en los diferentes aspectos y etapas de toma de decisión que conllevará el plan de gestión ambiental oportunamente ordenado por la Cámara Federal”.

“Daño ambiental grave e irreversible”

«Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema», afirmó la Cámara en 2019.

En aquel fallo de junio del año pasado se ordenó a la Fiscalía coordinar una mesa de abordaje que debía presentar un plan en un plazo de 90 días. La convocatoria debía incluir a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió «un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable».

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense».

El viernes pasado la Defensoría Departamental General interpuso un habeas corpus colectivo para reclamar la morigeración de prisión de algunos internos de la UP4 que forman parte de grupos de riesgo y/o fueron diagnosticados con Covid positivo.

En las últimas horas, detenidos de la cárcel de Floresta iniciaron una huelga de hambre y difundieron videos mostrando las condiciones insalubres en las que se encuentran aislados.

“Iniciamos una serie de presentaciones para la revisión de la situación de estas personas. Hemos tenido solo rechazos, en algunos casos con más fundamentos, en otros casi sin fundamentos, y desconociendo o negando lo novedoso de que el virus ya ingresó al penal. Eso no se puede negar, ni tampoco que es algo novedoso”, dijo a FM De la Calle la defensora oficial, Fabiana Vannini.

Destacó que previamente “la Cámara de Apelaciones y Garantías resolvió que las cuestiones que tenían que ver con hacinamiento, contagios y salubridad tenía que resolverlas un juez de primera instancia. La Corte dice que atento a a gravedad de la situación que denuncia el defensor manda copia de la resolución a cada juez penal, para que revise la situación de cada detenido incluido en los grupos de riesgo frente al Covid”.

“La cárcel no es un hotel de cinco estrellas ni de una, están en condiciones absolutamente indignas, hacinados, no pueden mantener el distanciamiento, no están bien alimentados, no tienen calefacción, no tienen agua caliente, están llenos de cucarachas”, esgrimió Vannini.

La letrada argumentó que “toda la sociedad reclama por sus derechos constitucionales, pero la Constitución también establece el derecho de los penados y procesados de que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Toda medida que conduzca a mortificar a los presos más allá de la pena hará responsable al juez que la autorice”.

“El juez Rojas resolvió ayer que se aseguren mínimas condiciones de dignidad: agua caliente, calefacción, dispenser con alcohol en gel, elementos higiene como lavandina, dietas proteicas que ordenan de acuerdo al protocolo médico para los casos de Covid”, agregó la abogada.

“Hay una situación estructural previa y la pandemia nos agarra en el medio. Es producto de querer combatir la seguridad con el aumento de penas y que esa política no vaya acompañada de políticas de inclusión social o de construcción de cárceles. Si vamos a meter más gente en las cárceles, por lo menos cumplamos con los estándares mínimos de los tratados que Argentina ha ratificado en materia de derechos humanos y de la dignidad. No hay que ser tan instruido para darse cuenta que estos internos no viven en condiciones dignas”.

Un caso testigo: Díaz Cortés

El Tribunal Criminal Nº2 resolvió por mayoría no otorgar la prisión domiciliaria para Claudio Damián Diaz Cortés, uno de los internos que pertenece al grupo de riesgo.

Fue porque “no existe ningún motivo novedoso a considerar, por cuanto la sola circunstancia que existan internos con Covid 19 positivo, no implica de por sí, que el interno se encuentre en una situación de mayor riesgo de contraer la enfermedad en su sede actual de alojamiento, que si lo estuviese en arresto domiciliario”.

En este caso, dijo Vannini, “la misma Dirección de Salud Penitenciaria informó hace un mes y medio que en el contexto de encierro del Servicio Penitenciario tal y como está hoy, contribuye a aumentar las posibilidades de mortalidad en los pacientes que se encuentran dentro del grupo de riesgo, uno de ellos es Díaz Cortés”.

El médico Horacio Romano comentó en su columna de FM De la Calle cómo es el funcionamiento de la central telefónica 147 y la puesta en marcha de un triage para la atención de pacientes con Covid 19.  Atiende de lunes a viernes de 9 a 15.

“Ha sido un trabajo muy intenso desde fines de febrero, es un programa informático que se diseñó entre profesionales médicos y licenciados en informática. Es una historia clínica electrónica que está a disposición en distintos lugares de Bahía Blanca, adoptado por el Hospital Penna y también por la parte privada, la información va a fluir mejor”, explicó.

Romano coordina el sistema de triage y seguimiento con telemedicina. Es Jefe de la Unidad de Informática en Salud del Hospital Municipal y profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS.

“Triage es la manera rápida de decidir qué paciente se trata de manera rápida o puede esperar. El triage es de las batallas y catástrofes, se ha adoptado en el mundo como una manera de regular el trabajo en Covid, todo esto uniendo la universidad pública, al Departamento de Ciencias de la Salud. Hay cerca de 100 personas trabajando en el tema, muchos supervisando, un servicio de tecnología atrás y alumnos recibiendo llamadas o llamando”, agregó.

Respecto del dispositivo telefónico del 147, Romano comentó que “recibimos la llamada, de ahí distribuimos hacia dónde van los pacientes y a las 48 horas se los empieza a llamar a ver cómo están. Es para tratar de que los pacientes no anden deambulando por la ciudad, que no se saturen las guardias, que las consultas se pueden solucionar con una videollamada o con una llamada telefónica y se seleccione los que por sus antecedentes deben ser evaluados en presencia”.

Se solicita un detalle de síntomas, edad y si hay enfermedades previas. “El consejo es que si tiene falta de aire, mucha tos y fiebre directamente llame al 107 o que vaya al hospital. Si es fiebre, dolor de cuerpo es el llamado a nosotros”.

“Si tenés síntomas y podés quedarte aislado, te mando por whatsapp o mail los consejos que hemos hecho de los recaudos a tener, quedate en casa y mañana te llamamos nuevamente. A las 24 o 48 horas alguien te está llamando para ver cómo estás. Si no te podés aislar en casa y hay síntomas: hay que dirigirse a la guardia o a los centros respiratorios. Para tratar de contener la pandemia hay que aislar a esa persona en un centro donde esté cómodo y reciba las condiciones mínimas. Está muy claro pero en Bahía está difícil”, comentó.

Agregó que las personas que viven solas y no tienen quien las asista “es factible que vayan a UCMAs. Podés tener obra social pero nadie que te eche una mano y sabemos que las descompensaciones suelen ser rápidas”.

La atención del 147 es de lunes a viernes de 9 a 15. “Estamos esperando un pico muy fuerte dentro de 15 días. El 107 es limitado y no hay tantas ambulancias que puedan deambular por Bahía y el que se sienta afectado que vaya a la guardia. Ante la duda es preferible que vaya a la guardia, sobretodo si tuvo contacto con alguien positivo”.

Mientras el adiestrador de perros de la Policía de Río Negro, Marcos Herrero, esperaba el aval de la Fiscalía para sumarse a la búsqueda de Facundo Castro a pedido de la familia, explicó a FM De la Calle cómo será el procedimiento para la identificación de rastros del joven.

“Tengo que tener una ropa de él para que los perros trabajen, tengo que hacerle un tratamiento especial a esa ropa para que los perros tomen información en su olfato y cerebro”, comentó.

Herrero agregó que “la clave está en trabajar sobre los vehículos porque hay un informe de la Policía Bonaerense de que Facundo nunca estuvo dentro de un móvil policial. Ya está el requerimiento de los vehículos para que el perro pueda trabajar en un ámbito cerrado donde estén precintados y adecuadamente resguardados estos vehículos y que yo pueda darle la toma de olor, con total autonomía”.

“El perro va a tener que pasar vehículo por vehículo y va detectar mínimos umbrales de olor de Facundo, si estuvo o no en un vehículo. A partir de ahí se puede abrir el precinto y el perro ingresará dentro del vehículo y tendrá una marcación más activa. En este caso el perro ladra, gime o rasca si hay la mínima esencia de Facundo”.

El adiestrador argumentó que trabaja en una técnica que “puede abrir la puerta para saber el tiempo o el estado en cuanto presente o pasado, de dónde está la persona”.

Si bien se sostiene que “la esencia de los olores de un humano no dura en el tiempo, estamos hablando que cada uno de nosotros estamos formados por células. Se estima que escamamos por segundo algo de 250 mil células, hablamos de 30 mil bacterias que tienen la información de nuestro cuerpo, nuestro medioambiente, cómo nos alimentamos y cómo están nuestras emociones”.

“Las bacterias son inmortales y se adaptan al sistema biológico donde viven. Las bacterias de Facundo van a quedar en el medioambiente. Primero en el vehículo. Después, mas difícilmente en el medio rural, pero va a quedar otra información en todos los seres vivos, plantas, árboles, hierbas y acá hay que actuar con los perros”.

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“Van a trabajar sobre manchas de sangre, flujos o secreciones de personas. Como así también en la identificación de rastros de una persona”. Se trata de Duke, una de las hijas del fallecido Alcón y otro perro nuevo.

Para el rastrillaje comenzado ayer fue convocada también la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios de Punta Alta. “Mi metodología es diferente y es acá donde puedo marcar una diferencia y poder enhebrar la última puntada de un ovillo de hilo de dónde está Facundo”.

“Si bien están haciendo un excelente trabajo, estamos jugando a gato y ratón porque no tenemos punto de partida. El último retén sería el punto para salir, lo otro es como que estamos discriminado diferentes puntos”, finalizó.

El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, afirmó a FM De la Calle que todavía no pudo acceder al testimonio de una mujer que declaró ayer ante el fiscal. La versión publicada por algunos medios sostienen que la testigo dijo que levantó al joven desaparecido cerca de Origone y lo trajo en dirección a Bahía Blanca.

“Acabo de hablar con la prosecretaria de la Fiscalía federal, a las 8 fui a hablar con el secretario del fiscal y le pedí que me diera el testimonio, que me están llamando de todos lados, me dicen ‘no, todavía lo cargamos’ . Acabo de llamar y me amenazaron que me van a infraccionar porque se los estoy pidiendo. ¿Qué quieren, que se lo vaya a pedir a los periodistas? ¿Cómo sale el testimonio de acá?”, se preguntó.

Agregó que ante una nueva declaración “corresponde que llamen a la querella. Somos víctimas, estuvimos ayer a la mañana, ¿qué le costaba al fiscal llamarnos? Estamos denunciando al Estado, ¿cuál es el impedimento?”.

Respecto a la hipótesis supuestamente planteada por la mujer, mencionó: “No tengo ni idea a dónde dice que lo llevó, no tengo ni idea quién es porque no me llamó el fiscal. No sé por qué un pseudo periodista dice estaría declarando o dice lo que está declarando. ¿Cómo alguien después de 75 días cae? Lo que tengo es tres testigos que me dicen que lo ven a Facundo subiendo a un móvil a las 15:30”.

Otra de las pruebas solicitadas ayer y a las cuales la familia de Facundo aun no pudo acceder es el libro de guardia de la Subestación de la Policía de Buratovich para confirmar los nombres de los efectivos que estaban en el patrullero al que subieron a Facundo.

“Se secuestra un libro de guardia, lo tenés guardado y lo tenés que peritar. ¿Qué querés peritar? Abrílo y lee a ver quién carajo estaba ese día”, exigió Aparicio.

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“Yo no tengo garantías con un periodista y un medio, que tiene vinculación directa con la justicia provincial, federal y la policía, maneja información que no maneja la querella, que está anticipando medidas de prueba porque alguien se las está diciendo. ¿Qué garantía puedo tener de la eficiencia y reserva de las actuaciones?”, sostuvo en referencia a La Brújula y Germán Sasso.

Finalmente, explicó que ante la negativa del fiscal Santiago Martínez fue la propia jueza Gabriela Marrón, quien habilitó la participación del adiestrador Marcos Herrero y sus canes. Trabajará en la zona del rastrillaje realizado por la Bonaerense el 19 de junio, los patrulleros y la sede policial de Buratovich.

Más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su “preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella”.

“Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea”, afirmaron.

La Fiscalía difundió ayer el informe que se publica más abajo. En tanto, la dra. Scavarda agregó a La Nueva Provincia: “No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. Tampoco el lugar donde vivía ni el trabajo que tenía”.

Las organizaciones repudiaron las expresiones de la fiscala por “prejuiciosas en lo que a desapariciones se refiere, e inaceptablemente sexistas en relación a este caso”.

“Teniendo en cuenta que el lugar donde desapareció Andrea es una comunidad muy pequeña y donde es imposible que nadie sepa o haya visto nada, así también como las pericias hechas en el momento de su desaparición establecieron la improbabilidad del suicidio en el mar ya que de ser así su cuerpo hubiese aparecido no vamos a aceptar que dicha causa pueda quedar en el olvido, mucho menos usando argumentos que responsabilicen a la propia víctima de su desaparición”, sostuvieron.

Por otro lado, advirtieron: “No vamos a permitir que sigan culpando a las mujeres y niñas por las violencias recibidas, femicidios o desapariciones, en ninguna de sus formas, tampoco tratándolas de ‘enfermas’ o con ‘desórdenes’ psíquicos, en este caso desde el informe pericial de profesionales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, intentando de esta formar deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial para dar respuestas sobre una desaparición”.

Por último, pidieron la intervención de una unidad fiscal especializada en violencia de género y la urgente aplicación de la Ley 27499 “Ley Micaela” con su correspondiente capacitación para todo el personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado oficial

⚖ Causa por Averiguarción de Paradero de María Andrea Esnaola

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N ° 12 a cargo de la Fiscal Leila Scavarda se informa que en el marco de la causa en el transcurso del año 2019, se dispuso que por intermedio de la Secretaria de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se proceda a realizar la autopsia psicológica de María Andrea Esnaola y ese informe fue recibido el 26 de Mayo de 2020.

La Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte cuya etiología médico legal es dudosa (suicidio, homicidio o accidente), en los cuales ni el médico legista ni el investigador policial-judicial tienen suficientes elementos para decidir.

El procedimiento consiste en un proceso de recolección de datos del sujeto en análisis que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del evento investigado. Se realiza un trabajo interdisciplinario entre médicos, autoridades judiciales, psiquiatras y psicólogos forenses. En el presente caso la autopsia psicológica se efectuó sobre la categoría de “persona desaparecida”, por ello se abocaron a construir el perfil psicológico de María Andrea Esnaola y establecieron su estado mental y condiciones de vida antes de su desaparición.

Se organizó la información obtenida a lo largo del proceso, ello en diferentes categorías. Dicha información consistió en siete cuerpos de expediente y anexos, donde se encuentra la información proveniente de declaraciones de testigos y allegados a la desaparecida, informes de resultados de rastillajes de la zona, pericias realizadas sobre lugares de allanamiento, análisis de material de celulares, etc.

Se consideraron varias hipótesis explicativas de la desaparición:

1️⃣.- DESAPARICION POR SUICIDIO
2️⃣.- DESAPARICION CON FINES CRIMINALES
3️⃣.- DESAPARICION VOLUNTARIA
4️⃣- DESAPARICION CON ACCIDENTE EVENTUAL

Del material analizado en los cuerpos del expediente, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

?️- MARIA ANDREA ESNAOLA, reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad.

?️- Las restantes hipótesis carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes.

No surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales, como así tampoco se pudo localizar a la víctima o sus restos.

La investigación en torno a amigos y conocidos del matrimonio, de personas sospechosas de cometer un crimen contra la desparecida no condujo a resultados útiles a la causa. Tampoco dieron fruto los allanamientos realizados en distintos inmuebles ni se obtuvo información útil del registro de llamadas de su teléfono. Arrojaron resultado negativo los los rastrillajes efectuados en varios lugares.

Se hicieron recomendaciones de distintas diligencias a realizar para poder arribar a conclusiones más ajustadas, las que serán realizadas a la mayor brevedad posible en la medida de los recursos humanos y tecnológicos con los que contamos.

Foto: Canal Siete.