(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

Una persona muerta, dos heridos de gravedad y 30 detenidos fue el saldo de los desmanes ocurridos este domingo cerca de la sede del Club Villa Mitre en la previa del clásico con Olimpo.

Sergio Emanuel Castillo, hincha del aurinegro, falleció producto de un disparo de arma de fuego. El comisario Claudio Petrizán afirmó que los agresores fueron dos y están aprehendidos. “Tenemos un revólver calibre 38 secuestrado, el arma tenía 5 proyectiles, estamos aguardando una serie de cotejos para saber si es el arma que le dio la muerte”.

El secretario de Gobierno Adrián Jouglard señaló que “el Municipio no tiene participación en el control de este tipo de espectáculos, es el APREVIDE quien tiene el control”.

“Aproximadamente a las 5 de la tarde el Centro de Monitoreo avisó a la policía que había gente haciendo disturbios cerca del Carminatti. Luego, cerca de las 20, avisamos que había una concentración en Falucho y Parchappe, que estaban yendo. Quince minutos después ocurrió la desgracia. Era importante que la policía hubiera cortado el tránsito de la gente a la altura de Falucho y Parchappe,  se hubiera evitado esto”, comentó.

Por las roturas y saqueos en los negocios de la zona Petrizán comentó que hubo varios detenidos, 11 menores que ya fueron devueltos a sus familias y 25 mayores que continúan en la comisaría a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Camila Recalde, periodista que cubrió el campo de juego para la trasmisión de Villa Mitre, señaló que “a las 5 de la tarde hubo un banderazo en la cancha de Olimpo, fue público, hubo cobertura. Los hinchas iban a ir caminando hasta Villa Mitre, todos sabíamos inclusive la policía, tengo la información de que no hubo un solo patrullero acompañando. Ahí esta el primer error, porque sabemos que si había esta cantidad de personas con camiseta de Olimpo cruzando las vías algo iba a pasar”.

“Me llama la atención de que nadie se hubiese avivado días antes porque el operativo alrededor de la cancha estuvo muy bien hecho. Recién cuando llegaron a la estación de servicio donde estuvieron los primeros incidentes, recién ahí, había un patrullero. No acompañaron durante la caravana ni había efectivos suficientes. Ya para todo esto habían roto las pantallas led, rompieron la estación de servicio, destruyeron los comercios de Garibaldi”, finalizó la periodista.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo viví un infierno con él, sabe muy bien lo que me hizo pasar a mí y a mi familia. Estoy segura de que fue él”, declaró ayer la ex esposa de Hernán Rogero, imputado por el femicidio de Aída Rosa Caballín, ocurrido el 16 de julio de 2018.

En la primera jornada del debate se escucharon ocho testimonios de la Fiscalía y cuatro de la defensa. Este viernes se desarrollarán los alegatos y a fines de la semana próxima habrá sentencia.

Rogero está imputado por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Intervienen el Tribunal Criminal Nº2 a cargo de Eugenio Casas, Claudia Fortunati y María Mercedes Rico; el fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefel.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. Personal de la DDI pudo, a través de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, seguir el recorrido de la combi hasta cercanías del lugar donde aparece el cuerpo de Caballín en el barrio Los Chañares.

Dos testigos que formaron parte del operativo dieron cuenta de que en el lugar donde se encontró el cuerpo había huellas de un vehículo con ruedas duales, las cuales coinciden con las de la camioneta que manejaba Rogero. También constataron que el acusado realizó una primera visita a Caballín en calle Blandengues, luego se retiró y, minutos más tarde, volvió a acercarse al lugar y ella subió al vehículo.

Personal de la DDI declaró haber realizado el recorrido de todas las cámaras de seguridad de la zona hasta Ayacucho 7500. El vehículo pertenecía a la empresa para la que trabajaba Rogero y contaba con un GPS que se desactivó segundos después de las 23 y se encendió en el domicilio del acusado minutos antes de las 24. En dicho lapso ocurrió el femicidio.

Fue de mucha utilidad una cámara de seguridad de un comercio que tomó la imagen de una camioneta Sprinter en el semáforo de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez a las 23:01, segundos después de desactivarse el GPS. Metros más adelante, apareció tirado el celular de Caballín, encontrado por un vecino a la mañana siguiente. A partir de allí, se pudo reconstruir el rastro del vehículo y cotejarlo con los datos del software de seguimiento que tenía la empresa propietaria de la camioneta. Por otro lado, se constataron en el allanamiento a la casa de Rogero rastros de soga similares a las utilizadas para asesinar a Caballín.

Vecinos de la cuadra señalaron que la víctima “no era una persona conflictiva”, que la veían regularmente y que a uno de ellos le llamó la atención salir a fumar y no encontrarla. Un testigo afirmó ver el primer acercamiento de la camioneta de Rogero el día del hecho.

Ningún testimonio pudo acreditar si Caballín y Rogero se conocían con anterioridad, aunque una ex pareja de la víctima declaró que tuvieron internado al hijo de ambos en el Hospital Penna mientras el acusado trabajaba en la cocina.

A su vez, declaró Luciano Luna, amigo de Caballín, quien afirmó que la llevaba todos los días hasta Blandengues y luego la pasarla a buscar. También informó que le llamó la atención cuando le escribió un mensaje alrededor de las 24 y ella no contestó. Luna fue quien recuperó el celular de la víctima.

Llamativamente, el abogado defensor preguntó al personal de la DDI si cuando encontraron el cuerpo la víctima tenía toda la ropa y si se le encontraron lesiones en la cara y pidió dejar constancia de que entre las pertenencias había preservativos. Por otro lado, solicitó testigos que declararon que el acusado tenía adicción a la cocaína. Sin embargo, nadie constató que durante los hechos el imputado estuviera bajo consumo.

Entre hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público contra Hernán Rogero por el asesinato de Aída Rosa Caballín. Lo juzgará el Tribunal Criminal Nº 2 por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018 alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en immediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. “Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer”, sostiene en la investigación.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era trabajadora sexual y que solía estar en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó en rastreo mediante las cámaras de seguridad del lugar desde donde se obtuvo filmaciones en las que se observa un vehículo utilitario que coincidiría con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Además se destacó el aporte de filmaciones de otras cámara de seguridad perteneciente a los vecinos de las inmediaciones, gracias a las cuales se pudo completar el cuadro de situación.

También se realizaron tareas para logar la identificación del vehículo perteneciente a la empresa Ronan Transportes, el personal policial se entrevistó con el dueño de la firma que aportó los registros del GPS y los datos del chofer.

En los registros del GPS, se detecta que el vehículo al mando de Hernán Rogero estuvo en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte la noche del 16 de julio donde la mujer habría subido, se retiraron por calle Sixto Laspiur, se corta la señal del GPS y más tarde retoma el registro de localización cuando el vehículo ya se encontraba estacionado en la casa del imputado, sobre la calle Alemanes del Volga.

El bloque del Frente de Todos propuso la creación de una Mesa Multidisciplinaria para la modificación del Código de Edificación.

Participarían empresarios, trabajadores, colegios profesionales, Departamentos de Ingeniería Civil de la UNS y la UTN, Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante.

La presentación fue acompañada de un pedido de informes solicitando precisiones acerca del estado de la obra de Caronti 33, luego del  fallecimiento del obrero Víctor Manuel Plaza, y de la internación de su compañero Kevin Ring Lares, producto de la caída de un montacargas en la edificación.

También  expresaron la preocupación del bloque por la muerte de de Mónica Haring como consecuencia  del impacto de una madera que cayó desde la obra de Gorriti al 100.

Las concejalas y los concejales peronistas instaron a modificar los controles de seguridad en las obras mediante la colaboración de Municipio y Ministerio de Trabajo de la Provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas.

“Creemos que una mirada interdisciplinaria y transversal nos posibilitará realizar la respectiva actualización normativa y reforzar los controles de seguridad en obras”, señalan en la resolución.

Concejales y concejalas del Frente de Todos anunciaron la presentación de dos denuncias penales  en relación a la sesión en la  cual se aprobó el aumento del boleto de transporte público y el Presupuesto 2020.

“En el primer día después de la feria judicial se han realizado dos denuncias penales, una por abuso de autoridad en la figura del presidente del cuerpo, Fernando Compagnoni y la segunda por usurpación de cargo contra la señora Anabella Castillo que fue quien ocupó la banca en esta sesión”, comentó la presidenta del bloque Gisela Ghigliani.

Por otro lado, comentaron que se va a “realizar una presentación en Suprema Corte de Justicia pidiendo la nulidad de la sesión y, en consecuencia, de todos los actos que surgieron de ella”.

Luis Calderaro señaló que “las conductas que se sucedieron el 17 de enero en la sesión extraordinaria revisten configuraciones que tienen que ver con delitos penales. La sesión es de nulidad absoluta y genera actos nulos e inexistentes, con la gravedad de que se votó el Presupuesto de Gastos y Recursos que es la madre de las ordenanzas”.

“Este bloque siempre trató de ser edificante y estuvo dispuesto a votar, pese a adelantar nuestra opinión negativa.  Sí estábamos dispuestos a dar quórum para que tengan la garantías de poder gestionar conforme a derecho como lo hicimos con la Fiscal e Impositiva”.

Ghigliani dijo que “vamos a presentar en el Tribunal de Cuentas que en esa sesión que consideramos irregular e ilegal se aprobó el Presupuesto y la venta del tomógrafo del Hospital Municipal”.

El aumento del boleto está vigente desde el jueves pasado y solo quedaría sin efecto en caso de que la justicia lo disponga.

Trabajadores/as de la Cooperativa EcoPlanta recibieron una carta documento mediante la cual el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard,  les comunicó que a partir de 1 de marzo “rescinde el Convenio de Colaboración relativo a la ‘Ecoplanta’”.

El conflicto se originó en diciembre cuando la Subsecretaría de Gestión Ambiental informó que iban a sumar a la cooperativa Manos Argentinas. El delegado de Cerri, Raúl Martín, señaló en aquel entonces que “la intención es que convivan las dos cooperativas”.

“Nosotros estábamos esperanzados de que iban a estar las dos cooperativas. El viernes nos retiramos y nos vinimos cada uno a su casa, no pudimos conversar. Ellos saben y juegan con las necesidades que tiene la cooperativa. No nos va a quedar otra que pasar a ser de Manos Argentinas”, comentó a Radio Altos Silvana Viana, presidenta de la Cooperativa EcoPlanta.

Agregó que “no queríamos perder la identidad pero ante la necesidades, vuelven a jugar con nuestro trabajo. Lo que más nos duele es que nos trataron como tontos, nos pasaron por arriba. Como principal responsable lo pongo al delegado Raúl Martín, nos dijo que se está tratando desde agosto”.

“No estamos de acuerdo con esta decisión”, dijo a FM De la Calle la concejala Lucía Martínez Zara. Comentó que convocaron a una Mesa de Consenso y Trabajo de la cual participaron trabajadores/as, concejales/as y miembros del Ejecutivo.

“Lo que advertimos es que mucho de los problemas no tenían que ver con el trabajo del personal sino que había cuestiones de logística que el Municipio no estaba cumpliendo. No le llegaba la basura en tiempo, por lo tanto no tenían el material para trabajar. Tuvimos varias reuniones, hemos asistido cada vez que nos convocaron. Siempre pensamos en resolver el conflicto a través de propuestas concretas, alternativas jurídicas para que las dos cooperativas pueda convivir”, destacó.

Desde el bloque presentaron dos propuestas: “El municipio puede contratar a estas dos cooperativas, si fuera mayor la producción se podría contratar otra cooperativa más. Por otro lado, podría crearse un Consorcio de Colaboración donde las cooperativas se unen con un fin en común y ambas mantienen su identidad”.

IPC Online informó un 2,93% de incremento en los precios durante enero. La inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 55,57%, la más alta registrada por el relevamiento virtual desde 2014.

El capítulo Esparcimiento se mantuvo estacionalmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 8,10%. Hubo “una baja significativa del -3,16%” en Atención médica y gastos para la salud debido a la baja de la cuota de algunos sistemas de salud prepago coincidente con la baja en diversos medicamentos.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Esparcimiento (8,10%), Otros bienes y servicios (3,84%), Alimentos y bebidas (3,24%), Transporte y comunicaciones (2,63%), Indumentaria (2,56%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,38%), Vivienda y servicios básicos (1,93%) y Educación (0,39%).

Desde este jueves rigen las nuevas tarifas del transporte público. Mañana a las 20:30 se realizará una protesta frente al Palacio Comunal de Alsina 65.

La tarifa plana para la 1° sección será de $38,45; la 2° $43,22, la 3° 45,45 y la 4° $73,40. Para la categoría A de pasajeros frecuentes (80 pasajes), el boleto costará $21,15, para la categoría B (60 pasajes) $28,84 y para la categoría C (40 pasajes) $32,68.

Juntos por el Cambio logró la aprobación de la ordenanza el 17 de enero pasado en una escandalosa sesión del Concejo Deliberante. Ante la falta de quórum por parte del Frente de Todos y del bloque Arturo Illia, el oficialismo convocó a la edila suplente Anabella Castillo para reemplazar a Gabriela Schieda.

“El intendente Héctor Gay cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad. Hizo una TRAMPA berreta y artera: reemplazar a una concejala opositora con una oficialista no resiste el menor análisis. Lo que vivimos es de una gravedad inusitada y se resolverá por las vías que corresponda, pero no puede perderse de vista que esta BARBARIDAD tiene como única finalidad desviar la atención sobre los temas centrales”, dijeron entonces desde la oposición.

En un comunicado agregaron que “Gay no vaciló en hacer cualquier cosa para aumentar el boleto de colectivo, perdonándole al mismo tiempo una deuda multimillonaria a grandes compañías telefónicas y bajándoles las tasas”.

En la misma sesión, Juntos por el Cambio aprobó sin discusión el Presupuesto 2020.

Un obrero de 57 años murió y otro de 20 sufrió graves heridas al caer un montacargas desde el piso 12 de un edificio en construcción en Caronti 34. Se trata de Víctor Manuel Plaza y Kevin Ariel Ring Lares, quien es atendido en la terapia intensiva del Hospital Municipal.

En el caso interviene la Fiscalía a cargo de Cristian Aguilar, quien esta mañana apuntó a la responsabilidad de la empresa como principal garante de las medidas de seguridad. “Estas cosas suceden por falta de cumplimiento”, afirmó.

Aguilar dijo que “lo importante es analizar, a través de los peritos, cómo funciona ese montacargas y cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener para evitar que estas cosas sucedan”.

“Se cortó la linga y se precipita a planta baja el montacargas aparentemente”, agregaron esta tarde fuentes policiales.

El concejal Carlos Quiroga (FdT) afirmó que “con esta tragedia suman diez los ‘accidentes’ en obras de construcción desde 2016. El saldo trágico es de tres personas muertas y diez heridas, la mayoría de gravedad”.

“Es hora de que el gobierno del intendente Gay asuma su responsabilidad y refuerce los controles. No se trata de reclamar nuevas ordenanzas sino de la decisión política de aplicar las existentes.
Tres muertos y diez heridos en lo que va de la gestión Gay, es demasiado”, agregó.

La Fiscalía General informó que la unidad especial de búsqueda de personas, de reciente creación, investigó en el último semestre más de 80 casos.

El grupo especializado cuenta con la participación de tres mujeres policías de la DDI, los efectivos de cada Comisaría donde se radica la denuncia y todos funcionan bajo las tareas de coordinación del fiscal Rodolfo de Lucía.

De 88 denuncias por el faltante de personas mayores y menores de edad, 60 pertenecen a Bahía Blanca y 28 al resto de los distritos que conforman el Departamento Judicial.

La puesta en marcha del equipo especializado se produjo el 1 de junio de 2019 luego de detectarse la necesidad de que este tipo de circunstancias sean tratadas de una manera especial por la conflictividad que hay en su origen.

La tarea de la UFIJ (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) Nº20 abarca a “las investigaciones iniciadas por averiguación de paradero, hallazgos de personas y/o aparición de cadáveres o restos óseos N.N.”.

“Merecen una especial atención dado que cuando una persona desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto de su destino se ve alterado gravemente su círculo familiar, además de conmocionar a toda la sociedad”, destacaron desde la Fiscalía.

Asimismo, “cuando se trata de la desaparición de menores de edad, sin que se tenga noticia o conocimiento cierto de su paradero, conforme lo indica la experiencia, podría presumirse que su vida, libertad e integridad física se encontrarían en grave riesgo, por lo que siempre resulta imprescindible asignarle a su búsqueda el máximo grado de prioridad y urgencia”.

Anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas recaía en las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio genéricas, las que, debían atender gran cantidad de causas anuales por lo que se dispuso de recurso humano para esclarecer con urgencia estos casos que son de importancia.

La Fiscalía destacó que “cuando desaparece un menor, puede deberse a un conflicto familiar” y que “su vida, libertad e integridad física podrían estar corriendo peligro”. Recordó además que la ley castiga a aquellas personas mayores que retengan a menores de edad o les brinden cobijo sin informarlo a la autoridades.

Un grupo de monotributistas bahienses y puntaltenses se acopló a las demandas que se realizaron a nivel nacional para protestar contra el aumento del 51% en las cuotas y por el acceso a otros beneficios para las categorías que quedan por debajo de la línea de la pobreza.

En Bahía Blanca entregaron un petitorio en las oficinas de San Martín al 100. “Buscamos aliviar la presión fiscal e inversamente promover los incentivos fiscales a quiénes, con cada una de nuestras actividades, logramos reducir las tasas de desempleo”, afirmaron.

La nota de Monotributistas Unidos y Organizados de Bahía Blanca destaca que son miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas. “El gobierno otorgó un bono de $5000 que también nos corresponde. No podemos cobrar igual o menos que los y las empleadas formales, tener más gastos y encima ser castigados/as por una condición laboral que necesitamos mejorar”.

“Esta crisis la estamos sufriendo todas y todos, también quienes somos monotributistas. A su vez, somos condenados a la cobertura de salud más básica (el PMO), y esto en el mejor de los casos, debido a que la mayoría de las Obras Sociales no aceptan monotributistas”.

Demandan la suspensión inmediata por seis meses del aumento del 51% de la cuota del Monotributo y la bonificación del componente impositivo del Monotributo durante los meses de enero y febrero, ara aliviar la carga tributaria de quienes no contamos con vacaciones pagas, aguinaldo ni bono de fin de año.

Además, reclaman la extensión de la tarifa social de servicios públicos para las categorías más bajas (aquellas que no alcanzan a cubrir una canasta básica de pobreza) y el pase a planta bajo convenio colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia encubierta, sean estatales o privados.

“El oficialismo se compromete a no continuar con el proyecto de derogación de ordenanzas y a trabajar en una propuesta cultural superadora que, en un tiempo estipulado, sera analizada y discutida con las partes que venimos llevando adelante esta mesa de diálogo”, señalaron desde la UMSur, la Asociación Argentina de Actores y la Red de Espacios Culturales Independientes.

Durante la mañana de ayer, fueron recibidos por el secretario de Gobierno César Tomassi, el presidente del Concejo Deliberante Fernándo Compagnoni, el jefe del bloque oficialista Nicolás Vitalini, la directora del Instituto Cultural Morena Llanca Rosselló, el presidente de la comisión pertinente del cuerpo deliberativo Carlos Quiroga (FdT) y quienes integran dicha comisión, Analía López (FdT), Lucía Pendino (JpC), Silvina Cabirón (JpC) y Soledad Martínez (JpC). Participó también la edil Gabriela Schieda del bloque unipersonal Arturo Illia. También asistieron integrantes del nuevo organigrama del Instituto Cultural.

La intención era derogar cuatro ordenanzas claves para el sostenimiento democrático cultural: la reglamentación que crea el Instituto Cultural, la ordenanza del Fondo Municipal de las Artes, la que regula el funcionamiento de los Espacios Culturales Independientes y la del Fondo de Eventos Permanentes.

“Acordamos  que no se derogue hasta tanto no siga habiendo otra mesa de diálogo, donde presenten el proyecto en forma concreta y donde nosotros podamos aportar y contemplar lo que consideramos con los acuerdos e incluso discutir la forma en la cual se va a presentar el proyecto”, señaló Belen, Lopez, delegada de la Asociación Argentina de Actores.

Agregó que “hay un proyecto abierto, una intención de trabajo, pedimos que antes de derogar cualquier tipo de ordenanza exista una ordenanza no solo superadora sino concreta, que no la hay. Lo presentado hasta el momento es solo una derogación”.

Por su parte, Astor Vitali, secretario general de la Unión de Músicxs del Sur manifestó que “en principio si no hubiéramos movilizado esto lo hubieran impuesto de una manera autoritaria, ese proyecto no esta escrito, hay que señalar la honestidad de(l secretario de Gobierno, Cesar) Tomassi que dijo que el objetivo era quitar el carácter de recurso afectado de los fondos, es decir poder utilizar recursos que estaban destinados a cuestiones consensuadas por la comunidad a través de estas ordenanzas”.

“Ellos hablan de ampliar la participación de la comunidad que ya estaba contemplado en esta ordenanzas, con lo cual los argumentos no justifican la derogación de ninguna de las ordenanzas vigentes que son el cuerpo legal construido desde la democracia hasta hoy. Si nos sorprendió lo de los recursos afectados. Este acuerdo que implica que no se trate en la próxima sesión, aunque esto no puede levantar el estado de alerta de la comunidad porque nos va a tener que tener en una posición muy critica respecto de qué tipo de proyecto vamos a discutir en esta mesa de negociación”, argumentó Vitali.

Finalmente, el músico destacó que “quedamos en un próximo encuentro donde se van a establecer los posibles acuerdos, pedimos que se supedite no presentar el proyecto de derogación hasta que no haya un acuerdo con la comunidad. Así se construyen los acuerdos democráticos no al revés”.

Este viernes a las 18:30 se llevará a cabo una asamblea en El Tablado, Chiclana 453, con el objetivo de definir los pasos a seguir.

 

Foto: Juan Caputo

Las periodistas Mariela Dobal y Virginia Calzada Frache, integrantes de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, realizaron un balance del primer año de la colectiva durante la transmisión especial de FM De la Calle en defensa de la Plaza del Sol.

“Estábamos atomizadas, dispersas en nuestros lugares de trabajo, y lo que hicimos fue amalgamarnos. No somos iguales, no pensamos todas iguales, sin embargo eso no hizo que no podamos juntarnos. A partir de la encuesta pudimos contar lo que nos sucede, lo que nos pasa puertas adentro de los medios, eso que es privado, eso que poco se sabe a propósito de las agendas periodísticas. Casi no tenemos poder de decisión de los contenidos que se ponen al aire”, comentó Frache. 

Dobal destacó “lo que significa el espacio público para mujeres, diversidades, adolescentes e  infancias. Cómo han ganado el espacio público para visibilizar tantas cosas. Acá estamos, mírennos, esto de salir a la calle, de ocupar estos espacios nos puso en un lugar de mucha disputa en todas las agendas”.

Señaló, además, la importancia del uso de lenguaje: “No es casual, por eso nos denominamos red, esto de empezar a tejer las historias individuales para formar una trama colectiva. Era parte del desafío. Es una apuesta, dejo de lado lo que soy conmigo y veo qué pasa con otros y otras y eso me permite tener una perspectiva más amplia y con compromiso de una construcción más amplia que el espacio propio”.

Agregó que “con el paso de las generaciones hay personas que continúan oprimiendo y haciendo uso y abuso de esa violencia intrínseca para seguir perpetuando el silenciamiento de muchas compañeras. También ahí como sociedad tenemos que estar presente. Hay un medio que elige a sus trabajadores, hay un Estado que elige financiar a esos medios de comunicación y también hacer uso de las presencias – ausencias”.

“El Estado municipal no está ausente, está presente en su lista de prioridades de la mirada del mundo, de la mirada de la réplica del capital y beneficios para pocos. Destruir este espacio (la Plaza del Sol)  para privilegios de algunos bolsillos es una manera de elegir y estar presente. Si no nos manifestamos es muy difícil de incidir en nuestras agendas. Ahí está el servicio de la comunicación, ahí es donde tenemos que ser un vehículo para poder tener esas representaciones”.

Frache dijo que “hay como una marca de lo que tenemos que decir o hacer como políticamente correcto para el afuera. Todo lo que nos tenemos que bancar puertas adentro y si decimos quiero este tema te cuestionan, bastardean. Nosotras hicimos deconstrucciones para volver a construirnos juntas. Cuando nos dicen, a ver enséñame… No. No tenemos porqué ir a enseñar nada, busquen su propio camino y herramientas como aliados verdaderos”.

En el mismo sentido, Dobal apuntó que “discutir esto trajo ruido, preocupaciones, las famosas listas, hasta dónde puede ser tan chiquitita la mirada. No pasa por ahí, pasa con que cada uno se haga cargo y que las compañeras sepan que no están solas y que esto tiene que frenar y podemos hacerlo juntas”. 

La Unión de Músic♪s del Sur rechaza en todos los términos los anuncios realizados hoy por la recién designada directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló. Dicha funcionaria sostuvo en conferencia de prensa que eliminará las ordenanzas 9.116, 12.711, 18.486, 19.038 y sus modificatorias.

Esto significa destruir todas y cada una de las ordenanzas construidas en el marco del estado de derecho por la comunidad bahiense, tanto a través del Consejo Cultural Consultivo como del propio Honorable Concejo Deliberante. La Lic. Rosselló envía este violento paquete de medidas porque cuenta con la posibilidad del oficialismo de “cocinar” cualquier medida legislativa a través del uso de la facultad del doble voto por parte del presidente del cuerpo, facultad que debería ser de uso extraordinario.

Esta funcionaria, apenas asumida, intentó argüir una serie de planteos, con dificultades argumentales. El programa (ya ni siquiera se trata de un órgano sino de un programa de “gestión cultural”) se llama “Cultura abierta” y supuestamente estaría basado en una “nueva mirada, más dinámica, más activa, más participativa” de la que no pudo dar cuenta. “Invitar a participar a otros actores, cómo piensan la cultura dentro de cada espacio barrial”.

La señora Rosselló dice que busca más presencia en los barrios y cualquiera con memoria no puede dejar de sentirse estafado. Señora Rosselló: si usted estaba tan preocupada por los barrios, ¿por qué durante su gestión cerró cien talleres barriales? ¿Por qué le arrancó a miles de pibes la posibilidad de acceder a su derecho a la cultura? ¿Por qué cerró durante tres años la Orquesta de Infanto Juvenil del Barrio Miramar? ¿Por qué miente descaradamente? ¿Usted no cree en la memoria de los pueblos?

Consultada por cuáles serían esos lugares de participación ciudadana, no puede más que balbucear, porque sus conjuros carecen de fundamento: “diferentes mecanismos”, “diferentes acciones”.

La señora Rosselló sostuvo que hay una “cultura emergente”, una “cultura digital”, para ejemplificar los destinatarios de esta “cultura abierta”. Al respecto, hay que señalar varias cosas. Que la cultura emergente debe ser estimulada, entendiendo a esta como las expresiones que surgen del quehacer de una comunidad. Ahora bien, ¿la cultura emergente es un argumento para que el Estado municipal decida borrar su área abocada a los temas específicamente culturales y artísticos? ¿Alguien se imagina al estado italiano planteando que frente al fenómeno de los grafitis decreta el cierre de su Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y resuelve tirar a la basura el depósito custodiado del acervo de Da Vinci?

Este tipo de fundamentalismo anticultural no es nuevo. Está basado en lo más reaccionario del pensamiento político. Supone cosas como que “la gente no lee” entonces hay que acercar “entretenimiento”. Además de subestimar a nuestra población, se enmarca en un proceso de pauperización cultural dirigido por las clases dominantes.

Según estos criterios, quienes defendemos el acervo cultural universal, es decir, el derecho al acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, somos parte del pasado. Según estos débiles argumentos que caen por su propio peso, forjados con acero oscurantista, Borges sería cosa del pasado, el Quijote un bodrio muy largo y las ciencias, claro, quedarían en mano de los hijos de quienes puedan pagar una educación, porque, como se sabe según estos agentes del salvajismo capitalista, “la gente no lee”.

Nos vemos no sólo en la obligación de señalar el absoluto rechazo a las medidas que intentarán tomar, sino además de exigir:

1) al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, el uso responsable de sus facultades, el no uso de su facultad de doble voto, la actitud honrada de habilitar el debate político y no de imponer a manotazo limpio unas medidas que lo harán ingresar a la Historia como el responsable de facilitar políticas nefastas que resultaran muy dañinas al ya castigado tejido cultural;

2) la inmediata renuncia de la Licenciada Morena Llanca Rosselló, quien mediante la elucubración de estas medidas no hace más evidenciar su total ineptitud para ejercer un cargo público en la era democrática además de su insuficiente formación para el manejo de la cosa cultural;

3) al señor intendente de Bahía Blanca, el cese de las hostilidades contra nuestra población y para con quienes nos desempeñamos en el ámbito cultural en particular, sepa usted que tiene responsabilidades ante la ley como funcionario público y que el ejercicio autoritario de sus funciones no pasará desapercibido ante la conciencia cívica de nuestro pueblo ni ante la memoria colectiva;

4) a la oposición, que arbitre con seriedad todas las instancias de acción política dejando de lado pequeñas disputas de poder en función del bien común en el entendido de que ha sido ungida por el voto popular para ejercer un rol concreto frente a la crueldad de estas políticas virulentamente antipopulares.

A la comunidad de Bahía Blanca, expresamos que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura siempre hemos estado del lado de nuestro pueblo y hemos luchado junto a cada sector afectado toda y cada vez que hubo una oportunidad. Las afirmaciones de Rosselló nada tienen que ver con “abrir” a ninguna expresión cultural sino con abrir heridas en el tejido social lacerado, intentando generar divisiones. No nos cabe duda de que como resultado final nos espera el incumplimiento de sus promesas y el vaciamiento de lo que cada barrio logró construir y sostener. Creemos que es fundamental el entendimiento entre los y las de abajo frente a este claro ataque de los beneficiarios de un modelo económico excluyente.

Defendemos el Instituto Cultural.
Defendemos el Fondo Municipal de las Artes.
Defendemos el Consejo Cultural Consultivo.
Defendemos nuestras conquistas en democracia.
Repudiamos el ejercicio autoritario de la función pública.
Exigimos la inmediata renuncia de Morena Rosselló.
Por todo esto convocamos a toda la comunidad a concentrar el próximo viernes 10 de enero a las 11 horas en la esquina de Sarmiento y Estomba.

El Municipio informó esta mañana que envió un proyecto al Concejo Deliberante para derogar las ordenanzas que regulan el funcionamiento del Instituto Cultural y programas de financiamiento como Eventos Permanentes, Espacios Culturales Independientes y el Fondo Municipal de las Artes.

La “no continuidad” de dichas normas durante el segundo mandato de Héctor Gay es para permitir la creación de una Secretaría de Cultura y Educación bajo el concepto de “Cultura Abierta”, presentado como una “nueva e innovadora forma de gestión”.

La “flamante secretaria” del área, Morena Llanca Rosselló, escucha voces. Sin entrar en detalles sobre los actores individuales o colectivos con los cuales dialoga, informó que la propuesta surge “a partir de la escucha de las diferentes voces que tiene nuestra ciudad, sumamente valiosas, que quieren hacer, vecinos, artistas, diferentes actores de la ciudad vinculados con el arte, la cultura, la educación y el turismo”.

En diciembre, a instancias de la Unión de Músicos del Sur y la Asociación Argentina de Actores decenas de espacios culturales, estudiantiles, artísticos y trabajadores/as de la cultura se manifestaron en defensa del Instituto Cultural y cuestionaron la designación de Rosselló.

Le reprocharon el cierre de al menos, 100 talleres artístico-culturales que llegaban a los barrios; la paralización durante tres años de la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa Miramar; el cierre de salas de jardines maternales municipales; la precarización y destrato de los talleres artístico-culturales vigentes; y la eliminación de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo (órgano similar al Consejo Cultural Consultivo).

Hoy, la funcionaria prometió “una nueva mirada, una nueva forma de pensar, más dinámica, más activa, más participativa para poder llegar a más sectores de la ciudad”.

“Un mecanismo sobre la afectación de recursos es hacer convocatorias públicas para vecinos, artistas, especialistas en un tema específico y, sobre ese gran foro, se realizará un sorteo para que podamos trabajar con algunos de ellos”, afirmó.

Consultada sobre la eliminación del Instituto Cultural, Rosselló aseguró que se trata de una “reconfiguración”. “Estamos haciendo una oferta en la que jerarquizamos el área de cultura (…) hablar de que algo deja de existir es muy diferente de lo que estamos transmitiendo y queriendo decirle a nuestros vecinos”·

Según la comuna, “con el fin de atender a la articulación entre áreas transversales con competencias concurrentes y potenciar ‘Cultura Abierta’ como una nueva e innovadora forma de gestión, el Ejecutivo envió un proyecto al Concejo Deliberante que estipula la no continuidad de las ordenanzas 12.711 y sus modificatorias (Instituto Cultural), 19.038 (Eventos artísticos y culturales de organización regular y continuidad en el tiempo), 18.486 (Espacios culturales independientes y regulación de los mismos), 9.116 (Fondo municipal de las artes) y sus modificatorias”.