Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.
Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.
Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:
1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto
1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.
2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.
3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.
4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.
5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.
6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.
2. Violaciones a los Derechos Humanos
Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.
Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:
Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.
Desaparición forzada de personas
Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.
Torturas, violaciones y delitos sexuales
Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.
Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares
Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.
Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.
Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa
Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.
Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.
Represión de manifestaciones públicas
Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.
Restricción manifiesta de la libertad de prensa
La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.
Promoción del racismo y los discursos de odio
Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.
Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.
Inacción y encubrimiento del poder judicial
El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.
Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.
Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales
Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.
Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.
Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.
En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.
Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.
Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.
La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.
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