(Por Astor Vitali) El centro de Santiago está tapeado. Muchos comercios con los vidrios amurados. Acorazados. Custodiando sus bienes. Acuartelados. Algunos carteles en la puerta de entrada rezan: “estamos atendiendo”.

Otros lugares de la ciudad están peleando contra la muerte: cientos de ciudadanos y de ciudadanas combaten contra los carabineros en unas batallas que tienen sus víctimas y sus símbolos. Víctimas materiales; presentes. Y una pelea simbólica de la que nadie puede escapar en Santiago, cuadra por cuadra, cartel por cartel, todo remite a que aquí se abrió los ojos y a que aquí se está luchando. Aquí se abrieron los ojos; tal vez por eso les disparen.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional por los Derechos Humanos de Chile el 18 de febrero, “se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular”.

Se trata de un reporte de balance a raíz de la observación directa de sus funcionarios y funcionarias en visitas a comisarías y hospitales, además de las acciones judiciales presentadas a nivel nacional, en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de 2019.

En visitas a comisarías, verificaron “una cantidad de 9.545 personas visitadas en comisarías, desagregadas en 6.935 hombres, 1.475 mujeres y 1.112 niños, niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones”.

Alexis Aguirre, Coordinador Nacional de Litigios Especializados del INDH, señaló que “como Instituto nos preocupa que durante la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”.

Ya en noviembre del año pasado, invitado a comparecer ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones sociales y aseguró que “en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.

Sin embargo, el centro político de Santiago –de Chile-, La Moneda, aunque vallada y rodeada de efectivos, no parece registrar la sangría institucional. Por allí todo está normal… por el momento.

Mientras me dirijo hacia otros barrios donde las barricadas y las bolsas de basura encendidas aumentan la temperatura de enero, decido hacer una parada estratégica: ¿un baño? A unas diez cuadras de La moneda, sobre unas calles en zigzag, un shopping. Entro con la certeza de encontrar algún baño público. Miro la cartelería. La cartelería me indica el rumbo.

Creo haberme equivocado: dos molinetes y una boletería iluminada con un cartel: $500 (unos $40 argentinos). Sin embargo, no estaba yo equivocado sino desorientado. Era así nomás, el centro comercial ofrece un baño público a quinientos pesos chilenos. Yo los tenía pero ¿a qué baño acude alguien en pleno centro cuando lo necesita?

Por ejemplo, en nuestra ciudad, todo el mundo sabe que si sus tripas le ponen en apuros podría tomar un café y pedir el baño, o una botellita de agua. Si uno no anda con cinco e guita, también es sabido: uso el baño de la trasnacional de la obesidad y del mal gusto. Si necesito ir al baño, en nuestra ciudad, nos cagamos en Mc Donalds, y el sorete tiene hasta un gustito antiimperialista; alguna vez nosotres usamos a quienes nos usan siempre.

Pero allí no. Sin dinero, no hay derecho. Más que una metáfora de la desigualdad y de la clara existencia de ciudadanos de primera y de segunda, la boletería del baño público es la imagen más descarnada y pornográfica de un estado de cosas insoportable. El baño público clasista ayuda a comprender lo que todo el mundo sabe y el poder económico junto a sus representantes políticos aún niegan; por malcriados y por sus privilegios.

En su libro de reciente publicación Rebelión, el historiador chileno Jorge Baradit señala: “Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí, cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase: ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, sólo un poquito más. Calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Quería lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las bastas de tus pantalones”.

Queda dicho. Mientras los ricos asumen que sus sistemas de desigualdad se han instalado de manera irreversible, que cada experiencia de éxito de gobierno de los ricos es una hoja más en el libro de actas del club del Fin de la Historia, la hora de los pueblos siempre aguarda, más o menos silenciosa, más o menos estridente, el detonante para estallar en mil pedazos la ilusión de sus opresores.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

(Por Giuliana Crucianelli) Ser mujer, pobre, madre sola de cuatro hijes, trabajadora precarizada y vivir en una zona rural como Argerich se vuelven condición para la justicia al momento de firmar sentencia condenatoria. Las doctoras en Historia Graciela Hernández y Jessica Visotsky analizaron en FM De la Calle la realidad sociocultural en la cual estaba inmersa Rosalía desde una perspectiva de género.

“Creemos que hay un mandato de la maternidad y de la ‘buena madre’ que se le está exigiendo. Es un fallo con una fuerte impronta moral y patriarcal. Ahí tenemos la doble vara con la que se mira a las mujeres: o no sabemos nada o somos capaces de todo”, señalaron.

La mujer parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

El informe de las historiadoras está elaborado a partir de entrevistas a familiares de Rosalía y da cuenta que “las múltiples violencias que ha atravesado en su vida Rosalía, la violencia acumulada, las intersecciones de opresiones que ha sufrido e incluso su relación con los partos, con la crianza inmediata posterior, se explican en gran medida por aspectos vinculados a factores sociales y culturales”.

“Pudimos ver como las condiciones de ruralidad casi impensadas en ese lugar, con semejante aislamiento, han naturalizado cuestiones que a cualquiera nos parecerían una epopeya y a ellas les parecía normal. En Argerich no alcanzaba a llegar la ambulancia, el primer hijo de Rosalía lo atendió el papá de ella, el abuelo. En el campo se acostumbraron a esas condiciones y lo consideraban un experto al papá de Rosalía porque atendía el ganado”, apuntó Hernández.

Las investigadoras se detuvieron en la responsabilidad que recae sobre la Universidad Nacional del Sur por tratarse de una trabajadora precarizada del frigorífico La Gleba. “Esto nos involucra directamente a la universidad. Mencionamos la dimensión subjetiva de trabajadoras en contexto de precarización laboral. Muchas investigaciones dan cuenta de estrategias de resistencia, que la negación y el ocultamiento son formas de resistir a los estigmas”.

“Otra de las cosas que mencionamos es cómo las condiciones de vida en contexto de ruralidad, de precarización laboral, de jornadas laborales extenuantes y, asimismo, con cuatro hijos, hacen que se ejerza una ciudadanía débil y que no se vayan exigiendo derechos que tiene que ver con la vida digna”, argumentó Visotsky.

Por otro lado, las investigadoras se refirieron a la mirada de la justicia ante el caso: “El fiscal dice qué mujer no sabe atar un cordón. Ella tendría que haber sido lo suficientemente ‘madre’ como para ser capaz de parir sola, cortar el cordón, atarlo bien, todo con su hija de 12 años al lado que estaba asustada”.

“Es como que las mujeres saben, a pesar de todo, lo que tienen que hacer. Como un instinto, se está pensando que si lo hacen las perras y las gatas por qué no puede hacerlo una mujer como si tuvieran la misma condición”, dijo Hernández.

Por último, Visotsky comentó que en el informe se refieren al “policiamiento de las familias”. “Estamos ante un Estado que tiene una relación con las mujeres del tipo policial, que nos judicializa pero que está ausente para darnos lugar a una vida digna”.

El 22 de marzo se realizará la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. Será en la Capital Federal pero tendrá su réplica en la Plaza Rivadavia. La modalidad está organizándose desde la CTA. La próxima reunión será el miércoles 11 en Las Heras 361.

“Logramos incorporar el tema de los polos petroquímicos a ese movimiento que es diverso. Llegamos a un documento en común. Lo que estamos haciendo es tomar la declaración general en defensa del agua y la vida y en contra del extractivismo, que tiene un carácter mundial”, dijo a FM De la Calle Monserrat Gayone .

Las organizaciones convocantes afirman: “Luchamos contra el modelo extractivista, saqueador y contaminante que, bajo un claro plan ecogenocida de gobiernos transnacionales, nacionales y provinciales, promueve abiertamente la implementación de enclaves y zonas de sacrificio, genera crisis diseñadas en todas las provincias y fortalece la obediencia al sistema capitalista mundial, que dista abismalmente de la forma de vida que llevaron quienes nos precedieron y que queremos recuperar para el Buen Vivir de todos los seres, tangibles e intangibles”.

“El gobernador de la provincia habló de que Buenos Aires exporta el petróleo y está peleando porque sea reconocida como una provincia petrolera. Están todos los gobernadores peleando para recibir algún peso de la megaminería. Nosotros queremos mostrar que estamos dispuestos a defender los recursos naturales”, afirmó Gayone.

En el marco del Día del Trabajador Ferroviario, celebrado el 1 de marzo, se realizará un encuentro abierto a la comunidad para recrear el espíritu ferroviario argentino mediante proyecciones, juegos, historias y canciones. Será a partir de las 19 en la Confitería de la Estación Sud.

“El tren es un sentimiento muy grande en los ferroviarios y en el pueblo también. De ese imaginario queda lo más importante que es la voluntad de resurgir. Está descuidado pero tenemos la voluntad de reflotarlo. Presentamos ante las autoridades del Ministerio de Transporte la posibilidad de una puesta en valor de la Estación Sud, y ni hablar las vías y la infraestructura”, comentó Eduardo Matarazzo, presidente de la Comisión Ferroviaria Regional.

De los proyectos posibles para reactivar el ferrocarril, el dirigente señaló a FM De la Calle que “el más viable es el tren urbano porque no se necesitaría demasiado en cuanto a inversión, no hay que desconocer el estado de total desinversión en el país. Hemos hablando tanto que no queremos alentar falsas expectativas, está planteado y supongo que cuando esto avance se harán los anuncios”.

Se cumplen cuatro años del homicidio de Ángel Almada en Ingeniero White. El abogado de la mamá del adolescente, Leando Aparicio, comentó en FM De la Calle los avances en las causas por homicidio y  por encubrimiento que investiga el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La familia convocó a una marcha a las 19. Irán desde la Escuela Técnica de Ing. White hasta el puente desde el cual arrojaron al joven.

“No me cabe ninguna duda que hay un contexto relacionado con la cocaína, con gente pesada. El chico muere a 200 metros del cargamento de cocaína más grande de la historia”, apuntó Aparicio.

El abogado afirmó que “ayer, después de cuatro años, finalmente los peritos enviaron a la Fiscalía el teléfono de Ángel, el de (Horacio) Pagotto y el de ex delegado municipal (Marcelo Acosta), son 12 teléfonos que habían sido secuestrados en noviembre del 2017. Romero Jardín me dijo que habían recibido y no pueden abrir el informe desde las computadoras de la Fiscalía. Hablé con el perito y son 64 gigas que hacen falta para abrir la información”.

De la causa por encubrimiento, las personas señaladas son “cinco policías -comisario, subcomisario y tres policías-, el ex delgado, el amigo del ex delegado y una falsa testigo. Está en el Juzgado de Garantías, tal vez este año podamos llegar a juicio. Se los acusa de apretar a los amigos de Ángel y hacerle decir básicamente que Ángel se había suicidado. Al ex delegado se le acusa por ser una especie de sheriff, llevando y trayendo testigos, yendo a buscar la partida de nacimiento del nene para presentar ante el registro y hacerlo pasar como un suicidio”.

Hipótesis 

Según la investigación de la querella, la madrugada del 4 de marzo de 2016 había dos fiestas: “Ángel estuvo siempre con Trinidad Acosta, la hija del delgado, que mintió las 3 veces que declaró. De la primera fiesta se van a otra fiesta un poco más pesada y después vuelven. Ahí alguien se lleva un teléfono que estaban usando para pasar música, hay una discusión de Ángel con las amigas y el se va. Ángel o la hija del delegado se llevan el teléfono. Ese es el celular que luego encuentran en la casa de Pagotto”.

“Desde que se van hay versiones encontradas, fue a un bar y estuvo haciendo cosas, no sabemos qué. Según una testigo, Ángel cambia un teléfono por dos cervezas. Pero esa testigo, que es quien entrega el teléfono de Ángel al otro día, ya lo había toqueteado, había sacado cosas, entendemos que ese teléfono ella lo compra a la gente que mata a Ángel”.

“Pedimos las cámaras que estaban en la DDI y los vemos (a Ángel y Trinidad Acosta) caminando juntos. Ella dice que no lo ve más y se va a la casa. Ángel ha visto cosas que no tenía que ver, con personas que no tenía que estar”.

Procedimiento

“El personal de Ferro Expreso hace la logística del procedimiento, mandan a 3 policías recién recibidas, ahí empieza el apriete a pibes de 16, 17 años, que los sacan de la cama y los llevan a declarar y los aprietan. Lo primero que advertí es que los pibes no hablan como está escrito en la causa. No dicen ‘una mirada torva’. Acá tiene que ver el delegado y  la hija, es una pieza clave que ha mentido mucho y que sabe cuáles fueron las causas por las que lo mataron, tiene que ver el ambiente de la noche de White”, finalizó Aparicio.

Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

El IPC Online registró un incremento del 2,45% en los precios de febrero en relación a enero. El informe destaca el impacto local del aumento del transporte urbano de pasajeros en el capítulo de mayor aumento.

El 17 de febrero el oficialismo recurrió a una concejala suplente para cubrir la banca de Gabriela Schieda y alcanzar el quórum, a pesar de que la edila radical estaba en el Concejo Deliberante. En la sesión extraordinaria -cuya validez hoy investiga la justicia- se aprobó, además, el Presupuesto 2020 y la venta de un tomógrafo.

El incremento del boleto impulsado por el intendente Héctor Gay y la UTA se aplicó el 30 de enero y se reflejó en la suba del 6,5% del rubro Transporte y Comunicaciones del IPC Online. El resto de los capítulos se mantuvo con variaciones muy bajas, sobre todo Alimentos y bebidas, incluyendo un poco común descenso en Otros bienes y servicios.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Transporte y comunicaciones (6,50%), Vivienda y servicios básicos (2,27%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,63%), Indumentaria (1,59%), Alimentos y bebidas (1,57%), Esparcimiento (0,62%), Educación (0,32%) y Atención médica y gastos para la salud (0,13%). Como se mencionó al inicio, el capítulo de Otros bienes y servicios registró una baja del orden del -0,52%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 5,51%. Se debe mencionar que el mes de enero fue corregido cerrando finalmente en 2,99% y no en 2,93% como había sido publicado originalmente. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 53,91%, siendo más baja que la registrada en enero.

La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente como amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía.

“Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, manifestaron sobre la ex trabajadora de La Gleba condenada a ocho años de prisión.

Este miércoles la defensa oficial apelará el fallo y pedirá la libertad en compañía de diversas organizaciones que se sumaron a la demanda de “ni una presa más por la justicia patriarcal”. Será a las 12 en Estomba 34.

El gremio ya realiza los trámites para participar bajo la misma figura legal, la cual le permitiría “aportar información o conocimiento generado y proporcionado, ya sea de modo escrito con una opinión legal, testimonios o informes”.

Rosalía fue condenada por la muerte de su bebé, al cual no pudo cuidar tras parir sola por haber sufrido un desmayo. “Nuestra Alta Casa de estudios debe reparar el daño que causaron las condiciones laborales en que tenía a esta trabajadora”.

“Tenemos como ADUNS y como UNS un deber moral de aportar en esta situación que ha afectado no solo a Rosalía R. sino también a sus hijos, quienes son víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales de Rosalía, dos de ellos menores de edad y toda una familia, oriunda de Argerich y de una historia de ser trabajadores de la UNS, como lo fue el propio padre de Rosalía”, afirman en la nota dirigida al rector Daniel Vega y a la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano.

Recuerdan que Rosalía “criaba sola a sus cuatro niñxs, trabajaba en jornadas de más de 12 horas diarias, totalmente precarizada, sin acceso a derechos sociales que gozamos las y los trabajadores. Cabe destacar que el lugar de residencia, Argerich, es zona semi rural, sin salas médicas, ni ambulancia”.

El intendente Héctor Gay negó haber estado al tanto de la situación de violencia machista padecida por Laura Trespando. La mujer denunció en diciembre a su ex pareja y titular de la UTA, Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas.

“No sé en el caso de Marisco, no en mi caso, nunca me llegó eso, no conozco a la persona y nunca me llegó. Es una decisión que está en la justicia”, dijo el jefe comunal tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa” por presiones del acusado.

En su declaración en Fiscalía, Trespando aseguró que el presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay conocían el contexto de violencia. Los primeros, ofrecieron asistencia desde la oficina de Género comunal y posibles traslados aunque le soltaron la mano tras la victoria de Cambiemos en octubre.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima declaró que el 3 de diciembre Harfield la convocó a las oficinas de Bahía Transporte Sapem donde junto a un abogado y una escribana le notificaron su despido. “Que no existía otra opción. Que solo recibían órdenes”, le dijeron.

Firmó en disconformidad y se dirigió a la Municipalidad: “Concurrió al despacho del intendente Héctor Gay, donde Rubén Gómez -secretario de éste- le manifestó que no la iba a atender porque era un tema personal y no se iba a involucrar”.

“No es así, nunca habló conmigo, nunca me llegó la denuncia. Es posible que esté en la Sapem porque es un organismo autárquico pero respetuoso absolutamente de la justicia”, respondió Gay ante la pregunta de la periodista Virginia Pascual.

-¿No estaba al tanto de lo que ella estaba padeciendo?

-No, en absoluto.

Una música callejera denunció por redes sociales que inspectores municipales le labraron un acta por “ruidos molestos” por la denuncia de un vecino. Le informaron que debía conseguir la habilitación correspondiente para seguir trabajando.

“Me dijeron que si no me iba y me llegaban a encontrar de nuevo, me iban a multar”, dijo a FM De la Calle Rocío Saavedra.

Esta mañana se reunió con el Director de Planificación Urbana, Daniel Arrigo Reale,  y con el director de Cultura, José González Casali. “Ellos se encargan de efectuar los permisos para estar en la calle. Me dijeron que no podían creer lo que estaba pasando porque querían fomentar el arte en las calles y no que lo sacaran. Me están tramitando un permiso que me van a entregar en dos o tres días.  Si uno no tiene permiso no puede tocar en la vía pública”.

“Me dijeron que le avise a los músicos que vea y que se acerquen a Planificación que van a empezar a extender permisos a artistas para que si vienen inspectores municipales no nos puedan sacar”, comentó.

La artista se refirió, además, a la reunión que mantuvo con el presidente de la Comisión de Cultura del HCD, Carlos Quiroga, en la cual se le manifestó que impulsarán una ordenanza “para que esté permitido tocar, siempre y cuando no sea en horas de descanso, y que nos ayude a seguir trabajando y mantener nuestra fuente laboral”.

La Asociación Argentina de Actores, la UMSur y la Red de Espacios Culturales Independientes manifestaron su descontento luego de que se les negara la entrada al Concejo Deliberante para escuchar el discurso de Héctor Gay en la apertura de sesiones ordinarias.

“Cuando no tenemos invitación o no estamos acreditados, el ciudadano común no entra. Es una política de Juntos por el Cambio poner vallas en lugares públicos para que el público no tenga acceso a actos de gobierno. No es la primera vez que esto ocurre en Bahía”, dijo a FM De la Calle la delegada de Actores, Belén López.

“Nuestra intención era escuchar qué tenían para decir, estar atentos al discurso y conocer la propuesta política y qué importancia o rol va a cumplir la cultura en Bahía Blanca y nos interesaba escucharlo de boca del intendente”.

Respecto a la Mesa de Dialogo convocada ante el intento de derogación de las ordenanzas del Instituto Cultural y otros programas del área, López afirmó que “no nos han llamado para nada, no sabemos en qué estado está el proyecto superador del cual nos hablaron. Ese silencio no sabemos si es porque están trabajando, para mantenernos calmos o para que las cosas sucedan en el momento inesperado”.

“Hay que ver si se están sentando la Comisión de Cultura en su totalidad, yo eso lo desconozco y no podría afirmarlo. Estamos en estado de alerta y movilización desde el primer momento”, concluyó.

El ex candidato a intendente y actual titular del Consorcio de Gestión de Puerto, Federico Susbielles, fue más contemplativo que les concejales del Frente de Todos al valorar el discurso de apertura de sesiones de Héctor Gay.

“Fue un discurso de forma, correcto, con un llamado al diálogo y al trabajo mancomunado que esperemos que sea así. Con reconocimiento a los puntos que señalamos en campaña como la necesidad de tener un equilibrio medioambiental, erradicar los basurales a cielo abierto, poder trabajar en alternativas productivas solicitadas, recuperación de espacios verdes, de una ampliación de programas culturales.  Reconoció que la herencia de Vidal no es la adecuada y que toda la expectativa que se planteó en generar una región de importancia en la provincia no ocurrió”, dijo Susbielles.

Para Carlos Quiroga “el discurso fue breve y una enumeración de buenas intenciones. Habló de la obra de El Cholo y la autovía como si fueran obras a punto de terminar y solo fue una puesta en escena. Fue un discurso pobre”.

Opinó que “quedó en evidencia que se va a invertir un 10% más que lo que el presupuesto contempla en el Teatro Municipal, no sabemos si los pliegos tuvieron cambios, no sabemos si se ha tomado conocimiento por parte de la Comisión de Patrimonio sobre la magnitud de la obra en un sitio histórico. Me pareció saludable que no haya vuelto a la carga con al derogación de las ordenanzas”.

Gustavo Mandara afirmó que “es el primer reconocimiento de que haber ganado las elecciones no le da un cheque en blanco, por lo que se viene viendo no lo están ejerciendo. Cuando dice ‘siempre van a encontrar en nosotros un equipo dispuesto a alcanzar acuerdos y a trabajar en todas las políticas públicas que sean necesarias para que los vecinos de Bahía Blanca puedan vivir mejor’, me parece una hipocresía en relación a los últimos cinco años”.

Respecto al enfrentamiento entre barras de Villa Mitre y Olimpo, comentó que “pusieron una Secretaría de Seguridad, luego Subsecretaría y después pasa lo que pasó y el subsecretario habla de carreras de caballos”.

En cuanto al funcionamiento institucional del Concejo, Mandará dijo que “no se asume la gravedad de lo que pasó el 17 de enero, independientemente de la ley, hay que analizarlo en términos morales. Lo que perpetró Compagnoni es la inmoralidad, cambiar un concejal ajeno por uno propio es una inmoralidad”.

La concejala Analía López dijo que “esperaba que el intendente hubiera hecho más anuncios a futuro, más allá de lo que ya se ha realizado, aparentemente es el estilo en su inicio mencionar lo actuado que tiene que ver más con una rendición de cuentas que anunciar los proyectos que son los que tienen interés los vecinos y nosotros como funcionarios”.

Luis Calderaro manifestó que “acordar significa ceder y entender los escenarios y trabajar mucho en llegar a puntos de acuerdo. Hasta el momento no ha sucedido, no ha pasado más que contar un decálogo de números, cuando uno le da significación política puede no ser de la manera que lo plantea el intendente”.

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, dialogó con FM De la Calle luego de la apertura de sesiones ordinarias. Se refirió a la vuelta de las carreras de caballos, la situación de los carritos del Parque de Mayo, al boleto de transporte público, al intento de derogación de las ordenanzas culturales y al asesinato del hincha de Olimpo, Emanuel Castillo.

Sobre este último punto, el edil afirmó que la comuna no fue consultada por el gobierno provincial ni por la policía respecto al operativo de seguridad.  “No hubo consulta, nosotros somos respetuosos de las nuevas autoridades en materia de seguridad y cómo llevan estas cuestiones”.

En cuanto al cierre de los carritos en el Parque, destacó que el motivo es “emprolijar y darles legalidad”. “No solamente había que mejorarlos ediliciamente y en cuanto a la producción de esos lugares gastronómicos sino que legalmente había que renovar las licitaciones”. Consultado por la fecha de licitación señaló: “Eso lo lleva el Ejecutivo”.

Ante las denuncias presentadas por la oposición tras la sesión del 17 de enero -una de ellas en su contra por abuso de autoridad- comentó que “ha sido realizada de la manera que indican las normas vigentes que no es más que un reemplazo de una titular por su suplente que ya había reemplazado en varias oportunidades. Ahora, habiéndose judicializado hay que esperar cuál es la resolución de otros estamentos”.

Compagnoni argumentó que “si llegasen más subsidios que los que indica el estudio de costos, por supuesto que va a influir en futuros reajustes y mejoras al nuevo valor del transporte público”.

Por otro lado, ante la movilización de diversas organizaciones de la cultura por la intención del oficialismo de eliminar el Instituto Cultural y derogar otras ordenanzas que conquistó el sector, el presidente del HCD aseguró: “Me permití hacer un impasse, llamar al Ejecutivo para realizar una mesa de diálogo, para mejorar. Eso se empezó a realizar, hubo distintas reuniones. No te sé decir cuál será el calendario nuevo pero eso es lo que nosotros desde la política queremos llevar adelante.

Por último, Compagnoni comentó que se puso en contacto con las asociaciones proteccionistas que se oponen a las carreras de caballos. “Es una cuestión que tiene que ver con autoridades provinciales. En el momento en el que coordinemos esta reunión nos pondremos al tanto con sus reclamos. Entiendo que estamos todos absolutamente contestes, por eso hemos llamado a una mesa de abordaje desde el Concejo”.