Desde la Cannabis Medicinal advierten que la medida anunciada por el Colegio de Farmacéuticos para que familiares de pacientes con epilepsia refractaria puedan realizar el trámite en la farmacia para acceder al aceite de cannabis “es más de lo mismo, lo que ya tenemos”

Karina Romanelli, presidenta de la asociación primero mencionada, destacó en FM De la Calle que “lo que están ofreciendo es que las farmacias van a hacer el tramite que antes hacían los pacientes. Puede hacerse personalmente, luego eso se manda y hay que esperar que llegue el aceite por importación que la droguería lo traiga a Bahía”.

“Después es lo mismo que está en la ley. Es para gente con epilepsia refractaria. Para el resto de las patologías no esta habilitada esta importación”, explicó.

“Se supone que la obra social debería cubrirlo si lo tienen recetado.” El costo de cada frasco recetado “es de 400 dolares que es de 17 mil pesos”. Dependiendo de la dosis “puede durar un mes aproximadamente. El aceite que está autorizado es el aceite de Charlotte que se exporta desde Canadá”.

Romanelli destacó que “hay gente que está haciendo autocultivo para producirse su propio aceite. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo utiliza para otras patologías. Los pacientes están accediendo a una sustancia poco segura en el mercado y estamos ante un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso del Estado para comenzar la regulación de una medicina segura, nacional y accesible”.

“Esta medida soluciona alcanzar el aceite de Charlotte a la gente que contempla la ley. El resto de gente que la utiliza no esta amparada por esta medida”, finalizó.

 

La deuda salarial acumulada por INCUDI continúa en incremento. En la actualidad alcanza unos $4.000.000 en concepto de cargas sociales. La AFIP postergó la fecha del pago como paliativo. Sin embargo, no vislumbran medidas para solucionar el problema.

Viviana Gómez, gerenta administrativa de dicha institución sostuvo en FM De la Calle que “los aranceles nacionales de las obras sociales no se actualizan por inflación en cambio los salarios sí. Entonces tenemos cada vez un desfasaje mayor entre lo que INCUDI puede recaudar por obras sociales y lo que hay que pagar a los empleados”.

Eso se refleja en la deuda que tienen con la AFIP por falta de los aportes de obras sociales y por cargas sociales (jubilación). “Somos una asociación civil sin fines de lucro que está exenta de algunos impuestos pero no de las cargas sociales”.

La funcionaria detalló cómo se conforma el ciclo económico negativo. En los “centros de día, los concurrentes están de 8 a 17 horas y tenemos centros de internación donde viven los 365 días del año. Todos nuestros centros están reconocidos por todas las obras sociales. La obra social que mayor cantidad de concurrentes tiene con nosotros es PAMI que es el 50%. El 30 % es IOMA y luego se reparte entre las otras obras sociales. Todas corresponden a un decreto a nivel nacional que determina el valor del arancel y actualiza su valor dos veces al año. Los aranceles de IOMA son mucho más bajos, ni siquiera son cercanos a los nacionales están entre 40 y 60 % por debajo a los demás. Y esto genera nuestra desfinanciación”.

El concejal del PJ Cumplir Gustavo Mandará opinó en FM De la Calle acerca de la propuesta del intendente Héctor Gay para que el abogado Carlos Salgado reemplace a Ricardo Germani como juez de Faltas. El candidato es actualmente secretario de bloque del Frente Renovador.

“¿A Monardez no la votamos y ahora que hay un juez amigo sí lo votamos? Es la peor manera de designar un juez sea del fuero que sea”, comentó el edil. Recordemos que la ex secretaria de Políticas Sociales fue propuesta para ser titular del Juzgado de Faltas Nº2 aunque aún no logró el apoyo suficiente para su designación.

“Me parece que Salgado podría estar un poco más preparado para el cargo que Monardez. Igualmente me gustaría que esto surgiera de otras consideraciones porque sé que hay otras personas que están muchísimo más preparadas. Si bien no existe la especialización, hay algunos abogados que se han preparado, hay gente que trabaja con mucho ahínco en el Tribunal de Faltas que podría ser considerada”, advirtió Mandará.

El concejal argumentó que “no es un tema menor en el desarrollo de una ciudad. Desnuda una vez más la hipocresía de Cambiemos. Proponen a una secretaria saliente en circunstancias poco claras, lo que hacen no es buscar alguien mejor. Y va más allá de que es un trabajo, porque cuando surgió lo de Monardez dijeron ‘che piénsenlo, está sin laburo’. Yo conozco mucha gente sin trabajo y no por eso los pongo de juez de Faltas”.

Carlos Salgado es representante legal de la UTA y fue el defensor de su secretario general y ex concejal, Ricardo Pera, cuando en 2015 ocurrió el incidente en el que agredió a sus pares Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza.

“Mejoró mucho el tema con la presencia de Salgado, parecía como que lo atemperaba. A partir de que estuvo como secretario retorno la calma. Pera me pidió disculpas de manera personal, no pública, pero me consta que Salgado tuvo una intervención. ¿Eso alcanza para ser juez de Faltas? Me parece que no”.

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

Trabajadores de Fabra Fons denunciaron que los dueños de la firma, Luis e Isabel Fabra y su esposo Vicente Sanchís, no pagan sus salarios hace cuatro meses y que pretenden cerrar la fábrica de colchones.

“Seguimos con la protesta en la vereda. Con Walter (Uranga) vamos a hacer unos volantes para repartir  y unos afiches con la cara de estos tres señores”, comentó el delegado Hector Giacobini.

“Se está poniendo cada vez más pesado, estamos haciendo cosas que a ellos no les gustan. Ante el mínimo problema el señor Fabra, que falleció hace quince años, te lo solucionaba. Isabel y Luis, sus hijos, son dos sinvergüenzas”.

Hay dos inversionistas interesados en comprar la fábrica: uno pretende comprar las maquinarias, trasladarlas a otro galpón y emplear a 12 de los 24 trabajadores; el otro solo apunta a comprar el edificio de Sarmiento 1341 para construir un “edificio inteligente”.

“A la mañana vino Sanchís y dijo que estaba todo firmado con el inversor, que pagaban lo que se debe y las indemnizaciones, o sea que nos quedamos todos afuera. No vamos a hacer nada sin el abogado. El viernes tenemos audiencia con el Ministerio de Trabajo, 18 pertenecemos al Sindicato de Plásticos y 6 personas son de Empleados de Comercio, tampoco el sindicato se hizo presente”.

Giacobini, por último, comentó que “ese grupo inversor quiere la fábrica sin maquinaria y sin personal y el problema que tienen los Fabra es que está el personal adentro y no lo pueden sacar”.

El Colegio de Farmacéuticos anunció que pacientes con epilepsia refractaria podrán acceder al cannabis medicinal en las farmacias de la ciudad. La entidad firmó el convenio con una droguería y facilitará la importación de medicamento.

Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos, dijo a FM De la Calle que “a partir de reclamos de pacientes pudimos brindar una herramienta que permite solicitar el aceite de cannabis con uso medicinal”.

“Lo que hace la farmacia es trabajar en conjunto con el  Colegio de Farmacéuticos provincial y la Confederación Farmacéutica y con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Lo que hacemos es recibir el apoderamiento de la persona (con su consentimiento y el de su médico) y nosotros nos encargamos de hacer los trámites necesarios”.

Debido a las complicaciones que conlleva ir hasta Buenos Aires, y retirarlo de la Aduana o tener que contratar a un comisionista cuyo costo es muy elevado, Godoy propuso “una red de farmacias” para que las y lo pacientes puedan elegir.

“Intentamos generar soluciones, no inconvenientes. Nosotros nos encargamos de todo lo que sería el trámite -debe esperar el tiempo de la autorización y el de la importación- y para que pueda obtener su medicamento en su casa. El primer caso entregado en Bahía Blanca fue a un papá con una niña con epilepsia refractaria en Droguería del Sud”.

Según Godoy, la farmacia lo que hace es facilitar la medicina: “El ANMAT autoriza el uso de cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Le pedimos al ANMAT que lo distribuya por la cadena legal, donde se le puede hacer trazabilidad, donde sabemos qué concentración tiene”.

“De varias muestras que han llegado fueron estudiadas once y diez no dieron como debería. Se utiliza la semilla en lugar de utilizar la flor, que es lo que tiene el principio activo. O una cepa que no corresponde o mezclan. Y nosotros no sabemos qué es lo que tiene adentro, es un gotero que muchas veces está bien y otras no”.

Además, “la droguería no lo importa sino que solamente lo distribuye. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos, el frasco (que no dura un mes) ronda los 400 dólares. No hay nada que certifique la calidad del producto”.

Farmacity: La problemática que acecha a las farmacias argentinas

Consultada por el reclamo de las farmacias contra el desembarco de Farmacity en la provincia, Godoy afirmó que el tema “no está en agenda de la Corte Suprema de Justicia. No lo vemos como una cuestión comercial sino como una red sanitaria: es como desmantelar ferrocarriles, a diferencia que en ese caso hay otros medios de transporte”.

“Solo quedaría Farmacity en los principales lugares.La cantidad de farmacias que se han cerrado en Capital Federal por su llegada es muy numerosa y rompe una red sanitaria que es muy necesaria. Debe haber una farmacia en cada barrio. El problema es que tres o cuatro tengan el 80% del mercado”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

Durante la década del noventa Cuba atravesaba el llamado “período especial”. La isla socialista sufría, además del histórico bloqueo yanqui, los efectos de la caída del bloque socialista soviético. En ese contexto, el Partido Comunista de Bahía Blanca junto a intelectuales y personas solidarizadas con la revolución cubana y sus implicancias desplegaron campañas de acción a través del desarrollo de la Casa de la Amistad Argentino Cubana.

En ese contexto, las campañas de solidaridad no solamente se basaron en los aspectos económicos de las necesidades cubanas sino en la relevancia del intercambio cultural de nuestros pueblos hermanos. Según el ex presidente de la Casa de la Amistad Argentino Cubana de Bahía Blanca, Edgardo Luis Fernández Stacco, el ensayista Roberto Fernández Retamar fue un “gran amigo de Argentina”.

Conmovido por su muerte, el matemático argentino contó que tuvo a su cargo invitarlo a Bahía Blanca, en el marco de jornadas de pensamiento en torno a la figura de Ezequiel Martínez Estrada, siendo el cubano presidente de la Casa de las Américas. Además de su disposición para visitar nuestra ciudad, el poeta dejó en manos de Stacco un manuscrito inédito, allá por 1993, que luego fue publicado en Argentina: Fervor de la Argentina.

Durante una de sus estadías en Buenos Aires, compartieron dos semanas a tiempo completo. “Era una persona sumamente amable y dispuesta. Yo le preguntaba de todo y él contestaba. Había conocido mucho al Che. Era una enciclopedia. Es una gran pena que siento por su fallecimiento”.

En 1997 la Casa de la Amistad Argentino Cubana de Bahía Blanca publicó el libro “Los caminos de El Che” entre los que se incluye un artículo firmado por el referente cubano. Se trató del cúmulo de producciones surgidas en el contexto del seminario que la institución de solidaridad con Cuba llevó adelante en relación al pensamiento y la acción guevaristas.

Fernández Retamar visitó dos veces FM De la Calle para el programa De la cabeza a la cola del caimán.

“Existe un ser latinoamericano cuya defensa implica la defensa de la defensa misma de la Humanidad”, sostuvo Fernández Retamar, entrevistado por Atilio Borón. A la difusión del pensamiento de ese ser latinoamericano dedicó su vida, su poética y su militancia.

Fernández Stacco destacó la labor de este intelectual durante toda su vida, viajando por el mundo y divulgando el pensamiento marxista latinoamericano. Además de los numerosos premios y sus publicaciones poéticas es recomendable echar una mirada sobre sus trabajos en torno a la teoría literaria.

 

Imagen: Granma

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, dijo a FM De la Calle que la empresa Dow contrata ingenieros no matriculados tal como exige la ley. “Le estamos pidiendo a Dow que nos haga un informe sobre sus ingenieros matriculados porque no tenemos registro de esta situación”.
Destacó que “tenemos posibilidad de iniciar acciones porque está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.
“Esto es una tarea que realizamos cotidianamente en defensa de la profesión y es lo que nos corresponde porque hay una ley que así lo exige. Hay empresas que tienen una respuesta distinta o, por lo menos, tenemos respuestas. Esto sucede en el ámbito privado y en muchas oportunidades en el ámbito público. Se contratan ingenieros y no se exige que estén debidamente matriculados”, comentó el Di Chiara.

¿Por qué las empresas no verifican la matrícula de los profesionales que contratan? “No lo sabemos, no llegamos a entender. Podríamos entender que haya profesionales que hayan sido contratados para cualquier tarea que no sea ingeniería, entonces ahí podría no llegar a tener la matrícula habilitante pero no está desarrollando tareas de ingeniería. Ahora, si yo busco un ingeniero es porque quiero que desarrolle tareas de ingeniería”.

Consultado respecto de la explosión en Dow, Di Chiara dijo: “Prefiero no opinar de la explosión porque no tenemos una serie de notificaciones que pedimos, tanto al CTE como otros, las conclusiones que siempre nos mandan. Prefiero no adelantar una opinión personal en un tema que es institucional”.

La justicia habilitó a las distribuidoras de gas para que puedan cortar el servicio a quienes no puedan pagar. El juez de dolores, Alejo Ramos Padilla, había interpuesto una  cautelar que prohibía a las empresas interrumpir el suministro si los usuarios acreditaban una situación de vulnerabilidad. La medida quedó sin efecto luego de la intervención de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Desde Consumidores Argentinos, Elvis Toto explicó a FM De la Calle que la cautelar de Ramos Padilla “le ordenaba a las distribuidoras que previo al corte tenía que analizar si las personas podían hacerle frente al pago de la factura. Esto evitó que se produjeran cortes y habilitó que otorgaran planes de pago. La tarifa social no está funcionando”.

Por otra parte, el fallo de la Cámara estableció que “para reclamar derechos de los consumidores hay que ir a litigar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso significa que ningún habitante va a tener derecho a iniciar una acción si no va a Capital”.

Toto destacó que “la medida protegía a un universo de 180 mil personas en todo el país. La semana pasada se hizo una reunión en el Enargas para cuestionarla, hay un universo que no alcanza a pagar con tarifa social. Las distribuidoras manifestaron que se comprometen a no hacer cortes y que iban a seguir con planes de pago flexibles. El Enargas lo que dijo es que como no estaba en la orden del día no se podía tratar. El Enargas tiene cero preocupación por los usuarios”.

“El Estado nacional planteó que iba a haber una quita de subsidios, que al 2010 estaba subsidiado un 80% y que para el 2019 se iban a quitar todos los subsidios. Se fijó el precio del gas en 6,80 dólares. Esto depende que el dólar se mantenga estable, que el salario tenga recomposición y que no haya inflación. Cuando se dio esta discusión el dólar estaba en 15 pesos”.

El problema de fondo que plantea Consumidores Argentinos es cuál es el valor real de gas: “Hay una medida estándar que se llama millón de BTU, equivale a 27 metros cúbicos. Actualmente está en 2,40 dólares el millón de BTU. En Argentina si vemos el valor del componente del gas en extracción de pozo estamos pagando 4 dólares y pico. Pagamos más caro que la media”.

“A Vaca muerta se le está pagando una extracción que no es convencional 7,50 dólares cuando en todo el mundo se le paga 2, 40. Hay una traslación de 3 mil millones de dólares, la estamos pagando nosotros. Nos quitan los subsidios, dolarizan la tarifa y encima el Estado gasta casi 3 mil millones de dólares. Por supuesto que eso se traslada a los consumidores”, finalizó Toto.

La Asociación Judicial Bonaerense advirtió que de 2016 a junio de este año tuvieron un 19,1% de perdida del poder adquisitivo en los salarios de sus afiliadas y afiliados .

Flavio Meles, titular de la seccional Bahía Blanca, señaló a FM De la Calle que “no existe paritaria, el aumento del 13% no fue producto de una negociación salarial. Fue producto de una voluntad de la gobernadora que especula con las elecciones próximas. Si no hay una mesa de negociación salarial, brindar este 13% es un manotazo de ahogado de la gobernadora”.

“La inflación de junio ya supera el aumento de este año, queremos garantizar una pauta salarial que nos garantice que nuestros salarios van a ir a la par de la inflación hasta fin de año”.

Respecto a la propuesta del Mapa Judicial que presentó el gobierno provincial para suprimir o abrir juzgados en distintas ciudades, Meles comentó que “es el Mapa Judicial del ajuste, pretende optimizar recursos escasos y redistribuirlos de forma conveniente en función de lo que es desastre laboral en algunos fueros”.

“No podemos decir que hay que optimizar los recursos escasos. Los fueros Civil, Familiar y Laboral están viviendo un colapso y lo sufren nuestros compañeros, son quienes ponen el lomo ante la escasez de recursos. No sobran recursos, faltan. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, opinó.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

El intendente Héctor Gay propuso al abogado Carlos Salgado para reemplazar a Ricardo Germani al frente de uno de los juzgados de Faltas de la ciudad.

Salgado es secretario del concejal Roberto Ércoli, único integrante del “opositor” Frente Renovador que permitió a Cambiemos aprobar presupuestos, rendiciones de cuentas y tarifazos varios.

Además, integró la Secretaría Legal y Técnica del intendente Gustavo Bevilaqcua, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, docente y representante legal de varios gremios. Entre ellos, la UTA de Ricardo Pera.

Germani llegó al cargo tras ocultar su participación como “agente secreto” del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado y se jubilará próximamente. Una vez conocidos los listados de espías del Batallón 601 su cargo fue cuestionado por la APDH aunque su continuidad fue ratificada por la justicia y el Concejo Deliberante.

El voto del dirigente lucifuercista, Roberto Ércoli, sirvió para no dejar en soledad al oficialismo ni obligar el doble voto de Nicolás Vitalini en varias ocasiones. Por ejemplo, en mayo de 2018 al aprobarse la rendición de cuentas municipales del año anterior, criticada por la oposición por la política de subejecuciones presupuestarias sistemáticas en áreas que debían prestar asistencia a una población cada vez más golpeada por el modelo económico de macristas, lilitos y radicales.

Con el destrato del PRO y la cúpula de la UCR bahiense hacia la concejala Gabriela Schieda, el cual derivó en su ruptura con el bloque mayoritario, la mano de Ércoli se hizo indispensable para definir las votaciones del oficialismo.

Así, a fines de 2018 el Frente Renovador aportó su voto para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que trajeron un tarifazo cercano al 40% de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y de los derechos de construcción, comercio y patentes vehiculares y de un 30% para el cementerio.

“Voy a hablar para que me puteen. No podemos acompañar pero tenemos necesidad de aprobar ley de leyes”, dijo en la sesión del 4 de enero al habilitar el doble voto de Vitalini para aprobar el Presupuesto 2019. Minutos después salió en defensa de los empresarios del transporte para permitir el tarifazo del boleto del 33% para el primer semestre y la cláusula de actualización automática que hoy comienza a regir con casi otro 20% de incremento.

Finalmente, ante las renovadas críticas por la subejecución de partidas, el 23 de mayo Ércoli lo hizo de nuevo al tratarse la Rendición de Cuentas de la gestión Gay en 2018.

Desde el verano, los rumores señalaban que el oficialismo buscaba intensamente resolver el futuro de los hombres del “compañero” que dejará la banca a fin de año.

Monardez espera

Desde su salida de la Secretaría de Políticas Sociales, la abogada Soledad Monardez espera el acuerdo del Concejo para hacerse cargo del segundo juzgado de Faltas local, vacante por el paso de Gabriel Nardi a la justicia provincial.

“¿Monardez es mejor que quién? ¿En comparación con quién? En otros casos ha habido una especie de concurso de antecedentes. (La concejala Gabriela) Schieda dijo que Gay evaluaba la posibilidad de mandar una terna, ¿qué fue lo que cambió de la terna a la oferta única? Si en algún momento estuvo la posibilidad, ¿por qué no se hizo?”, se preguntó semanas atrás el concejal Gustavo Mandará en FM De la Calle.

El oficialismo apura el tratamiento del expediente del fideicomiso para construir cocheras subterráneas en la ex Plaza del Sol. Sin embargo, desde la oposición advierten que en el expediente falta información sobre la concesión de la explotación del estacionamiento por 50 años.

“Entiendo que hay cierto apremio porque el momento de sacar estos árboles es ahora en invierno pero no hay elementos suficientes como para poder tomar una decisión de esta naturaleza”, comentó a FM De la Calle, la concejala del PJ Cumplir Paola Ariente.

Opinó que “como iniciativa de promoción público privada el mecanismo no es malo, habría que mejorar la ordenanza un poco, hay que repensar que los mecanismos de concesión tendrían que ser mejor revisados”.

“Pediré que la gente del fideicomiso venga a explicarnos, que nos anexen los informes económicos. Tampoco queda claro si lo que nosotros declaramos de interés municipal implica aceptar los 50 años. Si es así ya te diría que no lo aprobaremos porque con la documentación que tenemos nos faltaría la ponderación económica”.

La titular de la Comisión de Obras Públicas manifestó que “es necesario hacer este cambio, Bahía necesita una refuncionalización de la zona y esto la pondría en valor”.

En cuanto al impacto que tendría en el tránsito la incorporación de 150 cocheras en un sector que tiende a la semipeatonalización, Ariente aseguró que “siempre decimos que el tránsito es de norte a sur y de sur a norte y los ejes para venir de un lado a otro pasan por Alsina-O’Higgins y todo ese sector se desviaría y congestionaría otro. Volvemos a lo mismo, son elementos que a priori en los informes de cada área faltan”.

La misma falencia se evidenció al intentar conocer detalles sobre el estado de salud de los árboles patrimoniales y su preservación.

 

 

Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.

“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.

Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.

Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.

En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.

Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.

El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.

Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.

La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.

Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.

El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.

Prensa UNS.

Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.

“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.

“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.

“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.

Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.