El Equipo de Antropología Forense peritará los restos de Johana Ramallo, joven desaparecida en 2017 en La Plata.  Su familia denuncia que  fue captada por una red de trata.

Marta Ramallo, la madre de la víctima, dijo a FM De la Calle que “el mes pasado fui citada por el juez Adolfo Ziulu quien me informó que los restos encontrados en agosto del 2018 pertenecen a mi hija y hoy, a casi un mes de esa noticia, no logramos tener imputados en la causa ni nos entregaron partes del cuerpo. A Johana la descuartizaron y la tiraron por partes”.

“El cuerpo de Johana está hablando, espero que lo diga todo, que la justicia meta en cana a todos los culpables, a los que me la desparecieron y a todos los que estén involucrados en esto”.

“Conseguimos que la causa sea investigada sobre una línea de trata de personas, de prostitución. Logramos que el fuero federal agarre la causa y así se mantuvo la búsqueda con pocos rastrillajes, con pocos allanamientos. Nosotros llevamos una búsqueda paralela, leíamos la causa y veíamos que no había progreso, íbamos a investigar por nuestra cuenta y llevábamos la información al juzgado luchando contra el poder judicial patriarcal”.

Marta destacó que la familia plantea la hipótesis de la red de trata de personas “por la forma en la que desapareció, por la zona en la que fue vista por última vez, por quienes estaban involucrados, por las amenazas que sufrió mi familia. Hubo una marcha que movilizó a La Plata y a la madrugada tirotearon mi casa con una escopeta. Lo único que sé es que fue el hermano de un cana. Recibí amenazas telefónicas que deje de hablar de la prostitución, de los narcos. Así los 22 meses desde su desaparición”.

“Se levantó el secreto de sumario y las novedades son las mismas que me comunicaron ese 30 de abril. Me sacaron a mi hija de la peor manera”, concluyó.

“Luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular”, fue el canto que se escuchó durante el acto que la CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego realizó en la Plaza de la Resistencia y la Memoria en el marco del aniversario por los 50 años del Cordobazo.

El secretario general Enrique Gandolfo señaló que “el fuego rebelde del Cordobazo lleva 50 años y sigue alumbrando la fuerza, decisión y lucha de pelear por un país que merezca ser vivido. Los compañeros y compañeras que protagonizaron aquella jornada histórica en Córdoba, el pueblo en la calle, les ponían una barrera, un signo definitivo de que se tenía que acabar la dictadura militar”.

“Ningún pacto social consiguió desviar aquel frente de lucha. Y esto es en clave actual porque escuchamos que el pacto social pretender ser vendido bajo un contrato social de ciudadanía responsable. Es el mismo antagonismo de la historia del ’69. (…) Son los de arriba los que festejan las medidas, somos los de abajo los que tenemos que salir a luchar pese a una dirigencia sindical claudicante que estuvo antes y ahora a la altura de los intereses de los de arriba y no de la clases trabajadora”.

¿Qué futuro queremos?, preguntó Gandolfo: “No podemos aceptar de ninguna manera una salida que solo piense que un amontonamiento electoral es la solución mágica a nuestros problemas. Las soluciones las tenemos que encontrar en nuestra propia fuerza. Aquella vieja máxima del movimiento obrero, la emancipación de los trabajadores y trabajadoras será obra de los trabajadores y las trabajadoras mismas. ¡A pelear compañeros!”.

Ana Canullo subrayó la “unidad de acción” aunque el paro llegó tarde: “Aunque no se exprese de la forma que queremos, todos juntas y juntos en la calle, en un puño, con la política que nos tiene muy mal. Estamos haciendo lo que siempre hicimos que es dar la pelea, desde nuestros espacios, desde nuestro sindicato”.

El secretario general de la UMSur, Astor Vitali, destacó el logro de la reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar: “Más allá de las declaraciones oportunistas, el HCD no tuvo una sola acción tendiente a colaborar con el problema. Tres años después, luego de ollas populares, movilizaciones y movidas gremiales los compañeros fueron reincorporados en sus cargos. No fue una organización gremial sino el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la ciudad que se vio atravesado y conmovido y exigió al gobierno municipal la reincorporación de los profes a la orquesta”.

Diego Márquez, integrante el Sindicato de Aceiteros, expresó que “estamos en contra de las políticas de este gobierno como del FMI y la reforma laboral. Es un día especial, en 2015 tuvimos el aceitazo, sostuvimos una huelga de 25 días corridos para recuperar nuestro salario”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, destacó que “con la lucha le arrancamos al Ministerio de Educación un acuerdo que tiene enormes conquistas para docentes universitarios nacionales, como tener en el recibo de sueldo nuestro salario blanqueado o la cláusula gatillo”.

Flavio Meles, de la AJB, apuntó al plan Justicia 2020: “El poder viene trabajando políticas para la justicia para respaldar las injusticias que vemos y que se declaran en la calle. Una justicia que criticamos, sectaria, clasista. Las demandas de los sectores vulnerables van a estar muy lejos de los estrados de los jueces. Tenemos la responsabilidad de denunciarlo”.

“Hoy la CGT, lejos de llamar a un paro para reivinidacar aquella fecha histórica del Cordobazo, lo hace para descomprimrir el gran descontento que hay en el conjunto de la clases trabajadora. Están peleado para la interna del peronismo – kirchnerismo. (…) Nos dicen que tenemos que esperar hasta después de octubre para resolver los problemas.

No podemos esperar más, es la oportunidad para exigir un plan de lucha serio, para derrotar a Macri y al FMI”, dijo Daniela Rodríguez del PTS.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional realizó una olla popular en el marco del paro nacional. Fernando García, dirigente de La Bancaria, dijo a FM De la Calle que “la coyuntura nos afecta a todos y por eso tenemos que estar más unidos que nunca”.

“Hoy acá se encuentran representadas las más diversas corrientes ideológicas y esto sucede porque el espanto nos une. Esto de las ollas populares se viene repitiendo continuamente, es una forma de mostrarle al gobierno el hambre que sufre el pueblo argentino”, comentó.

“Recién escuché a un intendente municipal de la zona que decía que los paros no sirven porque no eran propositivos. Los paros son para indicarle el camino que deben seguir los distintos gobiernos. Si quieren que propongamos podemos hacerlo pero si ellos no saben qué hacer ante un paro tendrían que irse”.

“Los bancos la siguen juntando en pala, es el sector que más ha ganado. También nos preguntan siempre si esta ganancia se derrama sobre los trabajadores y no. Si no no tendríamos que luchar tanto por los aumentos salariales”.

El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, conversó con FM De la Calle sobre las reivindicaciones del paro nacional y el 50º aniversario del Cordobazo.

“Seguimos con las mismas demandas que venimos planteando: cambiar la política económica gubernamental, terminar con las políticas de ajuste, terminar con este acuerdo con el FMI que no solo exige el beneficio a los grupos más poderosos, concentrados y multinacionales sino que además propone producir cambios a la baja en los derechos laborales y previsionales, de una manera que termine sepultando al movimiento obrero y a sectores populares en la mayor explotación”, afirmó.

El dirigente estableció un paralelismo con las reivindicaciones del Cordobazo: “La decisión de quitarle los derechos a los trabajadores terminó con el movimiento obrero tomando la decisión de convocar al paro para el 29 de mayo”.

“Hoy se cumplen 50 años y hay muchas similitudes con la época, salvado las distancias ya que era un gobierno dictatorial. Este gobierno, en muchos aspectos, actúa como una autocracia desconocida por lo menos desde la vuelta a la democracia”.

“El movimiento obrero tiene que ganar la calle, no puede dejar todo en manos del proceso electoral, hay que movilizar antes, durante y después. El país queda en una situación profunda de crisis. Esto no se resuelve con un proceso electoral porque puede terminar siendo una frustración para el pueblo”.

“Se hace necesario el cambio de esta administración, no puede continuar. También es cierto que hay que participar creativamente en términos de compromiso. El movimiento obrero tiene que mantener la autonomía para reclamar las cosas que hacen a su fortalecimiento”, finalizó Rigane.

Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.

Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.

El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.

Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.

“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.

La directora de la televisora comunitaria Barricada TV fue citada a declarar este martes junto a otros comunicadores y militantes sociales que participaron de una protesta frente a Canal 13 para que Cablevisión y Telecentro cumplan con la ley e incorporen el canal a su grilla.

“Es el reino del revés”, dijo Natalia Vinelli a FM De la Calle, “estamos imputados en una causa ridícula por ejercer el derecho a la protesta”.

“Estamos yendo a declarar, hay empresas que son muy poderosas, que no cumplen con la ley, mientras que nosotros sí. Para nosotros sí hay exigencia para obtener nuestra planta transmisora mientras que del otro lado es un problema de decisión ideológica, hay una empresa que actúa como organismo regulador en lugar del ENACOM”, comentó Vinelli.

Vinelli comentó que “hasta ahora no respondieron siquiera pero los soberbios somos nosotros que estamos ejerciendo el derecho a la protesta. Dijeron barbaridades como que habíamos ingresado violentamente. Nunca fuimos consultados como fuente o protagonistas de los hechos y por eso es tan importante que el sector comunitario exista, porque evidentemente las fuentes que se consultan apuntan a consolidar la posición del medio. Da mucha bronca porque somos medios chiquitos que estamos con la posibilidad de crecer y no podemos ante la negativa de las empresas y del Estado”.

“Son las agendas que queremos construir”

Respecto a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, en las cuales aseguró que “la comunicación es un negocio”, Vinelli señaló que responde al “nivel de subestimación histórica que tenemos como sector”.

“No hacemos estos medios porque no pudimos hacer otra cosa. Lo hacemos porque pensamos que son las agendas que queremos construir, queremos hacerlo bien, profesionalmente, dando trabajo”.

La comunicadora agregó que si no estuvieran los medios comunitarios, no estaría en agenda “todo lo que tiene que ver con la producción cultural de la vida cotidiana de nuestro pueblo, tampoco habría posibilidad de tener otra perspectiva de mundos sobre los hechos sociales y políticos que suceden, tendríamos que conformarnos con las claves de lectura que los medios de comunicación de masas imponen.

“El aporte que se puede hacer a la toma de decisiones y a la calidad democrática teniendo más emisoras, más pantallas, más fuentes de información es cualitativamente diferente”.

 

 

La decisión de la federación docente universitaria fue tomada por 70 votos a favor y 15 en contra. “Lo consideramos un triunfo”, dijo a FM De la Calle la secretaria adjunta de ADUNS, Ana Tablar, quien comentó los puntos centrales del acuerdo.

“Se cerró porque se respetaban muchos de los puntos que exigíamos, que estén todos los aumentos en blanco, que se blanqueen la cifras del acuerdo del 2018 y que haya cláusula gatillo. Lo que promovió que se firme el acuerdo es que se adelantó el cronograma que tenía previsto el blanqueo y la cláusula gatillo, en la propuesta anterior era muy retrasado y, por ejemplo, lo que correspondía al blanqueo no entraba en este semestre y no impactaba en el salario de jubilados”, comentó.

“Este año vamos a estar empatados con la inflación y, en particular, en nuestra obra social estamos en rojo de unos 25 millones de pesos producto de las sumas que no entraban al básico. Si bien el aumento del año es de un 16%, con el blanqueo de las cifras va a ser un aumento del 32% de mínima porque está la cláusula gatillo. Un 32% no sé si resuelve las obras sociales pero sí puede permitir el funcionamiento”.

Tablar agregó que “hay un compromiso, que es una lucha de larga data, sobre las universidades que tienen cargos ad honorem, no es el caso de Bahía. Es muy importante para la UBA, por ejemplo, que incorpora 700 nuevos cargos”.

Por último, ratificó la adhesión al paro del miércoles 29: “Seguimos repudiando la política económica de este gobierno y el acuerdo con el FMI”.

El candidato presidencial Alberto Fernández, en diálogo con Tiempo Argentino, declaró que “la comunicación es un negocio” y afirmó que no se puede “dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial”.

Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Radio Sur de Parque Patricios, comentó en FM De la Calle que “es errado sostener que la comunicación es un negocio por el peligro de que si no es rentable un medio tiene que cerrar, como lo que ha pasado, muchos colegas se han quedado sin trabajo, muchos medios han cerrado. El derecho a la información y la pluralidad de voces son condición para que exista una democracia”.

Respecto a la Ley de Medios, Fernández sostuvo que sirvió para “ganar la batalla cultural”. Martín, sin embargo, señaló que “primero, la gente que se empezó a dar cuenta qué era Clarín un poco antes, cuando fue la pelea con el campo en el kirchnerismo, cuando se empezaron a dividir las aguas. Ahí, en todo caso, empieza la batalla cultural. Porque si él está repitiendo que es un negocio es que la batalla cultural no se ganó del todo”.

El candidato del kirchnerismo declaró: “Tenés que buscar cosas más ingeniosas que decir le doy un tercio del espectro radial a una ONG. Porque la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.

Martín retrucó que “da a suponer que hay dos formas de hacer comunicación: medios comerciales rentables y, por otro lado, están los medios comunitarios que no tienen capacidad de sobrevivir sin el Estado. Hace 40 años que existen los medios comunitarios, antes que la ley y el Estado los reconozca. Hoy el sector privado es quien mayor pauta recibe, por lo cual, es al revés: el Estado es quien ayuda a que los medios privados sean rentables”.

“De la implementación misma hay saldos positivos, si bien no se logró democratizar todo el mapa de medio, el problema es el porqué: porque los artículos que tienen que ver con la desconcentración fueron judicializados, tampoco hubo voluntad política de democratizar ese 33% de espectro a medios no comerciales”.

“Sí, en cambio, en un montón de otros lugares más alejados se avanzó en permisos y licencias. Ahí hay una mirada porteñocéntrica de Fernández, donde por ahí las pocas radios que existen en esos pueblos son comunitarias porque al resto del mercado no le interesa”.

“También porque la ley crea la Defensoría del Público que es una experiencia novedosa a nivel mundial, que tiene como rol defender a las audiencias, que han hecho una tarea de capacitación y formación a medios comunitarios en todo el país. El FOMECA es un fondo que el Estado redistribuye para emisoras y que puedan renovar equipamiento, hacer contenido, campañas, etcétera. Hay toda una parte que omite en esta declaración y que todavía subsiste en la ley pese a los decretazos de Macri que la podaron”.

Las declaraciones del ex jefe de gabinete merecieron también críticas de Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández y defensora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte en la causa que trató las quejas del Grupo Clarín.

“La comunicación NO es negocio. Es un derecho. La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental. Y vos sabes tan bien como yo que los derechos humanos no están pensados o diseñados con perspectiva comercial. Por eso la comunicación, entendida como el derecho de expresión y de acceso a la información, tiene en las democracias resguardos especiales”, twiteó.

El secretario de la Federación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco pasó por los estudios de FM De la Calle e hizo un análisis del proyecto de Justicia 2020 desde la perspectiva de las y los trabajadores judiciales.

“Este proyecto de justicia esta estructurado en 7 ejes, reforma penal, civil, laboral, tema informático, apertura y acceso a la justicia, comunicación en los actos que se producen en tribunales ¿Quién no quiere una justicia ágil y diligente? El problema está en qué se entiende por esto. En todo caso ése es el título para cazar giles. Ahí aparece la intención de lograr que los jueces tengan uniformidad de criterios jurídicos” lo que “es anticonstitucional porque no puedo obligar a nadie a que piense igual que otro. Obligar a jueces del mismo fuero a que tengan la misma interpretación por lo menos parece arbitrario”.

El dirigente argumentó que “se hace mucho hincapié en los sistemas informáticos, como si la informatización del sistema judicial garantizara justicia. Son dos cosas distintas. La informática es una herramienta técnica: no piensa por nosotros, no es lo que dice ser en este proyecto”.

“En ningún tramo se habla de la calidad de justicia como tampoco se habló en la década del 90, eran lo mismo,  Garavano también anduvo por ahí. Fue funcionario del Ministerio de Justicia desde Duhalde hasta Béliz”.

Blasco señaló además que el modelo de Justicia 2020 busca garantizar el “disciplinamiento social” a “gobiernos reaccionarios, oligárquicos”.

¿Cuales son las políticas a las que habría que apuntar para cambiar el modelo de justicia?

“La justicia está hecha por hombres y mujeres. Lo primero que hay que garantizar es que esos hombres y mujeres sean los adecuados, personas íntegras, con conocimiento suficiente y con compromiso social. Un juez no puede fallar positivamente si no tiene un sentido social”.

Por otro lado, consideró necesario “plantear mecanismos abiertos de designación de jueces” ya que “en el método de elección de jueces, una vez que aprobaron el examen, empieza el periplo de la gestión personal y política y ligada a lo corporativo”.

El próximo martes los abogados de Emanuel Ginóbili avanzarán con la querella contra miembros del Lof Paicil Antreao por el delito de usurpación del territorio que, ancestralmente, pertenece a la comunidad mapuche.

Florentino Nawel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó a FM De la Calle que “hay una docena de imputados mapuches en el juzgado de Villa La Angostura. Hay una intención de parte de Ginóbili de llevar a juicio esta causa, nos parece una aberración que en vez de tener una actitud honesta, como dijo alguna vez que si veía que era territorio mapuche lo devolvía, ahora quiere iniciarnos un juicio”.

“Paicil y Antreao colaboraron con la Comisión de Límites y Fronteras porque necesitaban baqueanos para realizar el trabajo y en compensación y reconocimiento les otorgaron 625 hectáreas, que son parte del territorio que estas personas disputan. Están dentro del Lote 9 que fue entregado en 1902”, comentó Nawel.

“El martes se va a saber si el juez da pie para que el juicio se inicie. Esto va a ser un proceso, no es de un día para el otro. No sé qué pruebas tiene para decir que esas tierras son de él. Tenemos nuestras personas que han nacido y se han criado en este territorio y tienen el conocimiento ancestral sobre el territorio”, finalizó.

Se cumplen cuatro años del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Su familia destacó que no hay avances en la investigación para encontrar a los culpables.

La prima de la joven, Wanda Banegas, comentó a FM De la Calle que “hubo cuatro fiscales en la causa en cuatro años. Nos sentimos como que nos tomaron el pelo y que esto no se sabe por cuestiones más grandes. Nos sentimos usados porque incluso llegamos a abrir las puertas de nuestras casas para que vinieran a investigar acá”.

“Hay uno que hizo bien las cosas que era Christian Long pero, lamentablemente, tuvo que salir de la causa y nos tocó (Mauricio) Del Cero y creo que fue todo peor porque todo lo que se investigó fue para atrás, no hizo nada, dejó la causa dormida en Fiscalía y hace un año atrás reclamábamos que se fuera del caso. Juntámos un montón de firmas, incluso fui a ver a Juan Pablo Fernández, me dio una reunión y con mi tío le presentamos la carpeta llena de firmas de un pueblo y la zona y este señor se fue del caso”.

“Nos tocó Viego que hace bastante que tiene el caso y no ha hecho nada. Yo no lo conozco. Mi tío fue y la impresión que le dejó es triste porque le quiere echar las culpas a un muerto”, dijo Banegas en referencia a Josué González, nieto de “Canini” González, el hombre linchado horas después del hallazgo del cuerpo de Katherine.

“Todo nos lleva a una sola fase de la investigación y a que nos mintieron y nos tomaron el pelo. Ese momento no podés pensar pero ahora nos damos cuenta. Nos hacían buscar en un lugar que no estaba, el cuerpo apareció a metros de mi casa, donde ya habíamos buscado: no estaba el cuerpo de Kathy ahí”, comentó.

Banegas afirmó que “en Monte Hermoso no vamos a recibir ayuda, acá se está tapando un crimen, acá está prohibido. Si me preguntás qué pasó con Katherine: la mató el poder. Le pasó lo mismo que a María Soledad Morales. Le pasó lo mismo. Después de esto no quedás bien, no volvés a ser el mismo. Tu vida, incluso caminar por Monte, no es lo mismo. Hay mucha gente que está en silencio porque tienen miedo”.

“Hay muchas voces que hoy no están en el espacio público y tienen mucho para decirnos. ¿Cuántas veces encontramos las mismas voces, las mismas entrevistas, las mismas respuestas previsibles de los “opineitors” de turno? Es un laburo encontrarlas, es parte de nuestra tarea y desafío”.

Ana Cacopardo es periodista, documentalista y actualmente realiza el ciclo de entrevistas Historias Debidas que se emite por Canal Encuentro. Esta tarde participará de la Cátedra Libre de Violencia de Género de la UNS -a las 19 en Colón 80-. Antes, analizó en diálogo con FM De la Calle el lugar que ocupan las resistencias en los medios de comunicación.

“Me interesa pensar violencias y resistencias. Hace muchos años trabajo con entrevistas de fondo, con la voz testimonial, pensar qué ilumina la voz testimonial, qué nos trae para reflexionar, no solo las formas que asume la violencia y las formas de las resistencias”, comentó Cacopardo.

“Hay una cita de Italo Calvino que dice que en la comunicación el eslabón más importante es el de la escucha. Estamos en un tiempo donde escuchamos muy poco y siento que ese es el primer paso que hay que dar cuando laburamos con la voz testimonial de las víctimas, que no solamente nos vienen a traer un reconocimiento de la violencia sino también otras cosas, son sujetos políticos. Desde el dolor se han generado activismos que son resistentes, sujetos políticos que han ensanchado nuestra democracia”.

“¿Cómo visibilizamos violencias? Si no lo hacemos se naturalizan. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, contar un femicidio no sea instalar en la voz pública la voz del femicida? Y, al mismo tiempo, cómo cuando trabajamos con las víctimas no las pensamos como eso nada más sino como sujetas políticas”, finalizó.

Directoras/es de los Institutos de CONICET de la ciudad de manifestaron su apoyo al “Cabildo Abierto en Defensa de la Ciencia Argentina” realizado ayer en Buenos Aires.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la situación que se encuentra atravesando el sistema de Ciencia y Tecnología argentino, particularmente, las severas restricciones presupuestarias que está sufriendo el CONICET y que afectan a sus diversas actividades”, finaliza el documento.

Viviana Echenique, directora del CERZOS, comentó que “alguna respuesta hemos tenido porque los doctores Kornblit y Pecheny han sido designados y parece que va a haber una liberación de fondos de mil millones de pesos para palear la situación”.

“Los subsidios para investigación no se están pagando a tiempo, entonces se demoran las tareas de publicación, los cupos de becarios y de investigadores han bajado. Han incrementado los gastos de luz, gas etcétera. En este momento el CONICET solo estaba teniendo fondos para necesidades básicas y para pagar salarios. La UNS decidió asignar un monto para ayudar a los institutos”.

Echenique comentó, además, que la reducción de presupuesto “se ve traducida en cosas cotidianas. Tenemos que cuidar el gas, la luz, a veces se rompe algo y hay que repararlo, hay equipos que mantener y para eso se necesita dinero. El tema de fondo es que si no hacemos ciencia generamos dependencia, lo que queremos es seguir formando recursos humanos y que estén capacitados para investigar en el país”.

“Si tenemos que comprar medicamentos o tecnología tenemos que hacerlo afuera. En cambio, si tenemos recursos humanos que puedan generar esas cosas, si tenemos estos recursos preparados para que hagan ciencia básica, eso se ve traducido en mejoras para la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, si se generan dispositivos para la gente que no puede oír o algún artefacto para la gente no puede ver o investigación sobre medicamentos”.

En la actividad realizada frente a la municipalidad bajo la consigna “No al desguace cultural” se leyó un documento consensuado en la asamblea de todas las ramas artísticas convocada por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo.

No es nueva la escena. No es nueva la caracterización alarmante del abandono del Estado hacia la producción cultural de la ciudad y hacia la comunidad que merece acceso a ella. Todos los días se recrudece el ajuste en políticas públicas, y se continúan perpetrando numerosos recortes que agravan el contexto denunciado ya en 2017 como “Desguace cultural” por la comunidad artística de Bahía Blanca.

La precarización y la vulneración de derechos van de la mano:

Los recortes dejan sin trabajo y precarizan a una enorme cantidad de artistas, y llevan a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de adultos y adultas mayores, y de todos los sectores más vulnerables de la ciudad, saboteando el acceso a sus derechos constitucionales básicos, que están profundamente relacionados entre sí.

La subejecución de partidas presupuestarias, el recorte de la inversión en políticas públicas y la precarización laboral de quienes deben garantizar esos derechos son parte de una misma política: la que lleva a cerrar los talleres municipales, a desabastecer una salita médica, a invertir el fondo educativo en asfalto, a negar el trabajo digno, a destruir la agenda cultural local y su oferta pública.

Estas prácticas de recortes brutales aplicadas por el actual gobierno no descansan e impactan desde todos los frentes en forma integral y desesperante en el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la cultura.

ESTOS SON DERECHOS CONSTITUCIONALES. Y deben ser garantizados por el Estado con inversión, presupuesto, política y consciencia de la Emergencia Social que enfrenta hoy Bahía Blanca.

A continuación exponemos sólo algunos de los frentes más sensibles a los que llegó el Desguace Cultural desde 2016 hasta la fecha:

  • Talleres artístico-culturales Municipales. Desde 2016 hasta diciembre de 2018 cerraron aproximadamente 100 talleres municipales: Fueron afectadas más de 2.000 familias de los sectores más vulnerables de la ciudad como Vista Alegre, Villa Nocito y el Barrio Miramar, sin considerar todas aquellas que ni siquiera fueron alcanzadas por el programa de talleres municipales.

El despido de sus docentes fue encubierto por la notoria precarización laboral en la que funcionaban, y que aún se sostiene en aquéllos que siguen funcionando: Los contratos bimestrales o trimestrales, la precaria situación de monotributarización, entre otros absurdos, convierten al docente en proveedor del Estado con toda clase de manoseos característicos de la violencia institucional.

El vaciamiento sistemático de los programas NIDO, Envión, Talleres de Gral. Cerri y Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar son sólo algunos ejemplos del impacto de estos cierres en el acceso de la comunidad a la cultura.

  • En cuanto a los Museos Municipales, el deterioro y pérdida del patrimonio de la ciudad por falta de inversión en medidas de seguridad y en espacios de conservación avanza:

La puesta en valor de la Lancha ‘El Águila Blanca’ del Museo del Puerto, el espacio de conservación de obra para los museos de Arte, y las medidas de seguridad en el Museo de Ciencias son sólo algunos ejemplos.

La carrera municipal está frenada, no hay recategorizaciones y no se cubren los cargos vacantes ante jubilaciones o renuncias. Cuando hay incorporaciones, la mayoría de las veces se da bajo la figura de monotributista profundizando la precarización laboral.

Los y las trabajadores son quienes muchas veces compensan lo que el Estado debería resolver, cuidando del patrimonio o soportando situaciones de vulnerabilidad laboral para garantizar el acceso a la cultura de la comunidad de Bahía Blanca.

  • Los Espacios Culturales Independientes como protagonistas activos de la cultura bahiense, vienen sufriendo también las políticas de ajuste, tarifazos y vaciamiento de presupuesto. En el contexto de este año, deberán además absorber agenda que no puede sostenerse en otros escenarios como el del Teatro.
  • Han disminuido terriblemente las contrataciones artísticas, y esto genera la reducción de la agenda cultural gratuita para la comunidad, junto a la invisibilización de la actividad artística local.
  • Los Carnavales, por ejemplo:Se desfinanciaron las actividades de los Corsos Barriales de 2017, recortando la suma solicitada por la Asociación de Murgas Bahienses. Asimismo, el tradicional corso céntrico no se realizó en 2018 ni en 2019.
  • El Cierre del Teatro Municipal se realizó después de tres años de saber cuál era el estado del Teatro y las necesidades de refacciones.

Se cerró sin ningún plan de contingencia para la actividad que sostenía, y sin un presupuesto de tiempo específico para las refacciones a realizar.

Esto tiene un fuerteimpacto en la agenda cultural, la actividad de los OAS, el traslado forzado de los talleres de ATS y talleres del teatro, y la reducción en la recaudación de la tasa de espectáculos que nutre el Fondo Municipal de las Artes, entre otras problemáticas.

  • El Fondo de Financiamiento de Hechos Artísticos Culturales con Continuidad en el tiempo (llamados “Eventos Permanentes”) se encuentra hoy desbordado por las necesidades de financiamiento que presentan estos eventos autogestivos sin fines de lucro de la ciudad en este contexto inflacionario, y continúan planteando el debate urgente de un mayor presupuesto para Cultura.
  • Las Escuelas de Artística enfrentan año tras año condiciones edilicias deplorables que atentan contra la escuela pública y el alumnado. Su reclamo histórico por las mejoras y adecuamiento de los establecimientos educativos a las necesidades de formación y requerimientos básicos de seguridad y accesibilidad sigue siendo desoído, mientras la administración del Fondo Educativo los ignora sistemáticamente.

La Escuela de Danzas no tiene siquiera edificio propio. El Conservatorio de Música debió llenarse de anexos y funcionar en tres sedes sin que sea suficiente por el número creciente de estudiantes. Tanto éste como la Escuela de Teatro y la Escuela de Artes Visuales funcionan en casonas viejas mal adaptadas como aulas.

Si la matrícula en la formación artística crece, pero las inversiones se fugan hacia otros ámbitos, se atenta deliberadamente contra la educación artística y la cultura local. Es urgente que se evalúe la forma discrecional en que se está manipulando el Fondo Educativo en Bahía Blanca, y que verdaderamente se utilice para tener escuelas públicas de calidad.

  • Organismos Artísticos del Sur, que comprenden Orquesta Sinfónica Provincial, Ballet del Sur y Coro Estable, tienen sus cuerpos artísticos diezmados,un magro presupuesto para funcionamiento, vaciamiento progresivo y contratos basura, lo que constituye la peor crisis de su historia.

Estamos hoy acá porque todas estas problemáticas son urgentes y necesitan respuestas. Muchas comenzaron en 2016 y aún siguen sin resolverse, recrudeciendo y  empeorando con el tiempo.

El Desguace Cultural no es sólo un diagnóstico, no es una fotografía estática de la escena cultural de la ciudad. Es una violenta embestida institucional que erosiona todos los días las posibilidades de los barrios, de niños, niñas y adolescentes, de estudiantes que decidieron estudiar Danza, Música, Teatro, Literatura, Artes Visuales, de artistas que decidieron dedicar su vida a ser trabajadores y trabajadoras de la cultura, de una comunidad que se encuentra con un Teatro cerrado por tiempo indeterminado,  los talleres de arte cerrados, sus profes despedidos y despedidas, y su futuro cada vez más gris.

El Desguace cultural, y  la Emergencia Social en que se enmarca, demandan una solución urgente. Y la única respuesta posible es la inversión pública, un presupuesto a disposición de los sectores más vulnerables de la ciudad y la decisión política de detener el desmantelamiento de la cultura en la ciudad, de escuchar de una vez por todas a quienes dan vida cotidianamente a la escena artística de Bahía Blanca y a una ciudad entera que viene sufriendo la vulneración de sus derechos culturales.

La política neoliberal le está quitando lo público al público. Por eso hoy estamos de pie en esta Plaza.

Porque el arte debe ser público.Porque la cultura es un derecho.

Porque el acceso a ese derecho nos pertenece, y nos debe ser garantizado

La comunidad artística ya trabajó gratis, ya trabajó precarizada, ya fue contratada por dos meses y fue despedida, ya fue desterrada de sus lugares de trabajo y siguió buscando dónde, fue alejada de su público y salió a buscarlo, fue saboteada desde todos los ángulos y sigue en pie, sonando fuerte y tomando las calles. Siguedispuesta a poner todo de sí para sostener cada rincón en movimiento ¿Hasta cuándo piensan que se puede sostener esto?

La garantía de los derechos culturales no puede depender solamente de la buena voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.

Cuando se desmantela la cultura recrudece la violencia, la salud se debilita, la educación se resquebraja.

La cultura libera a los pueblos y reafirma su identidad. El Estado debe promoverla con responsabilidad y amplio sentido social y democrático. Los gobiernos tienen el deber de trazar políticas culturales públicas que faciliten, promuevan y enriquezcan las iniciativas, la creatividad y los saberes propios de su pueblo desde una perspectiva inclusiva y no exclusiva.

Es por esto que queremos terminar con una simple pregunta:

Somos conscientes de que si existe la decisión política de priorizar la inversión pública, los recursos pueden y deben ser destinados a las necesidades de la comunidad. Entonces, Sr. Intendente Héctor Gay, Sr. Director del Instituto Cultural Ricardo Margo, Sra. Subsecretaria de Educación Morena Llanca Roselló:

Les preguntamos: ¿Cuál va a ser la decisión política que tomen para detener el Desguace Cultural?

Familiares de niñas y niños beneficiarios del programa municipal “Caballo de Troya” advirtieron que desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia no le renovarán el contrato a una de las psicopedagogas.

La concejala Gisela Ghigliani visitó las instalaciones del servicio que ofrece a chicas y chicos con discapacidad terapias con animales y comentó a FM De la Calle que “nos enteramos que una de las trabajadoras que es, tal vez, la que tiene la experiencia más extensa en este tema porque trabaja hace muchos años y tiene capacitación específica, no se le renovaría el contrato a partir del segundo semestre”.

“Me sugieren que ingresan a otra psicopedagoga. Nos parece que puede ser algo personal porque no solo retiran a esta persona sino por lo que implica el vínculo que generan los niños con estas personas en estos tratamientos. Esto se manifiesta como cortes abruptos. No encontramos ninguna razón para que esta psicopedagoga no se le renueve el contrato cuando todos los informes de las ONG´s han sido positivos. Inclusive han aumentado el número de niños que asisten”.

La concejala dijo que “a las madres se les brinda un apoyo en modalidad de taller como para acompañar y darles herramientas para las familias. Ellas nos decían que no es lo mismo que venga otra persona”.

Respecto a las condiciones edilicias, Ghigliani comentó que “hay que hacer mejoras, hay que mejorar la limpieza, hay un sector que está lleno de caca de palomas, desde lo sanitario hay que abordarlo de inmediato. Este recurso profesional no es una tarea menor, no da lo mismo cualquier profesional”.

“Está bastante deteriorado, hay un techo abierto, cuando llueve no hay clases. No se brindan las tareas porque se pueden electrificar las paredes. Son programas que tienen años en la comunidad y es el único de estas características”.

El presidente y gerente general de Camin Cargo fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Sin embargo, Marcelo Camin continuará en libertad.

El fiscal Gustavo Zorzano y el abogado querellante Hugo Fernández coincidieron al solicitar para el imputado cinco años de cárcel y en caso que la pena fuese menor sea de cumplimiento efectivo.

“Estoy convencido que si hay algo a lo que no debemos sumarnos los jueces es a la deriva punitivista, a la criminología mediática, a la demagogia punitiva, tan extendidas como discurso único del autoritarismo penal y que replica en un amplio sector de la prensa y de los cuadros políticos”, afirmó en su fallo José Luis Ares.

Agregó que “por el contrario, debemos actuar como muros de contención a fin de que el poder punitivo no se desborde en forma irrazonable e inequitativa hacia posiciones de un derecho penal del enemigo y preservando la dignidad de la persona humana”.

El titular del Juzgado Correccional Nº1 rechazó la pena máxima de cinco años reclamada por los acusadores al entender que “no han brindado razones valederas para fundar su petición de que el imputado, quien no cuenta con antecedentes penales y a quien se le atribuye un delito imprudente, no doloso, deba efectivamente ingresar a la cárcel”.

“A nuestras cárceles, hacinadas y con carencias elementales que ha llevado a que Alemania no concediera una extradición solicitada por la República Argentina (…). Al punto que, sin contar el problema de presos en comisarías, a junio de 2018 la capacidad carcelaria en la provincia era de 28.810 plazas y la población era de 42.064 personas y el aumento anual de la población carcelaria promedia las cuatro mil personas”.

Ares destacó que “en casos excepcionales corresponderá, en delitos imprudentes, aplicar penas de prisión efectiva pero por lo ya expuesto, considero que no corresponde ello en el presente caso dado que no acogí varias de las circunstancias que el Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados indicaron como agravantes, sin que la muy lamentable muerte de un joven trabajador nos nuble la razón”.

Desde la CTA Bahía Blanca- Dorrego expresaron su apoyo a la familia de Juan Cruz Manfredini tras la condena a tres años de prisión al empresario Marcelo Camin.

El secretario general Enrique Gandolfo manifestó a FM De la Calle “nuestro respeto y saludo a la familia y también ratificar lo que ellos dijeron ayer, si no era con esa perseverancia no hubiese habido un juicio que pusiera en el banquillo de los acusados a Camin. Y al mismo tiempo valorizar que la familia ha sido consecuente con la denuncia de la precarización laboral”.

“El valor de la vida, suena terrible que tres años en suspenso y 50 mil pesos de multa sea la condena por una tragedia que a todas luces podía evitarse. En ese punto damos una vuelta más a la lectura entendiendo que el sistema judicial no hace justicia porque, con el código en la mano, el abaratar costos para aumentar ganancias no se considera un crimen. En realidad la sentencia castiga un exceso terrible que comete la empresa de poner un depósito de esta características en un complejo habitacional”.

Gandolfo señaló que “la tercerización implica reducir costos y aumentar ganancias y, por otro lado, evadir responsabilidades legales que no aparecieron ni aparecerán en el juicio. Mega, YPF y otras instaladas en el polo industrial de esta manera eluden las responsabilidades legales y no saben que contratar servicios para una tarea tan delicada supone que se cumplan con las normas de seguridad para estos casos”.

“Hay un sindicalismo que mira para otro lado y que, por lo tanto, tiene un grado responsabilidad. En Vaca Muerta es muy claro porque el sindicato firmó a la baja en cuanto a la reducción de derechos laborales y eso produjo la muerte de ocho trabajadores en un año”.

“Por terrible que parezca hay indiferencia de los organismos del Estado que deberían controlar estas cuestiones: Consorcio de Gestión del Puerto, Ministerio de Trabajo, la Municipalidad. Hay un sistema armado para facilitar esta búsqueda de ganancia, aun a costa de la vida de jóvenes trabajadores y trabajadoras”.

24 trabajadores de la fábrica de colchones Fabra Fons reclaman una vez más el pago de tres quincenas adeudadas y advierten sobre la situación de la empresa ante la falta de materias primas para continuar con la producción.

El delegado gremial Héctor Giacobini dijo a FM De la Calle que “gracias a los medios, la otra vez, a las 24 horas se acercaron a pagarnos, se hizo un acuerdo del Ministerio. Como vinieron con gran parte y quedaron debiendo 10 mil pesos lo aceptamos. Ahora se atrasaron de nuevo, no compran materia primera, dicen que no le entregan por el tema del dolar”.

“Hoy vence la tercera quincena que no pagaron, estamos con alrededor de 50 mil pesos de deuda. En el Ministerio de Trabajo hay un expediente abierto desde febrero. Fuimos al Ministerio con Sanchíz (esposo de una las propietarias) y yo por el sindicato. Él se comprometió a pagar en ese momento, a seguir pagando sueldos y tener continuidad de trabajo”.

“Vinieron unos pedidos porque agarraron clientes nuevos. Esta gente dice que bajaron la ventas y es real. Pero el viernes pasado cobramos 2700 pesos porque vino un cliente de La Pampa, por esa venta pudimos cobrar. El otro viernes cobramos 1800. Somos 24 para repartir”, comentó Giacobini.

“Ayer tuve reunión con mi abogado y la idea de esto es aprovechar la Banca 25 para ver si hay algún político que nos dé una mano. La idea es formar una cooperativa. La fábrica sigue siendo de los Fabra, son los que más acciones tienen”, finalizó.