La excarcelación de Pablo Cuchán, condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti (15) en octubre de 2004 en Ing. White, motivó fuertes protestas sociales e institucionales en Bahía Blanca y Monte Hermoso, lugar donde pretende residir. El femicida estaba detenido hace 11 años y fue liberado por el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Eduardo d’Empaire- por su “conducta carcelaria ejemplar” y por cumplir los dos tercios de la condena sin sentencia firme. “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”, dijo la abogada de la familia Moretti.

Ayer, vecinas y vecinos de Monte Hermoso se concentraron frente a la vivienda de Los Horneros 463 para repudiarlo. La columna fue encabezada por familiares de Luciana y de Katherine Moscoso -asesinada en la ciudad balnearia en 2015. “Me preguntás cómo estoy yo, cómo está mi familia, y tenemos una bronca terrible porque es una gran tomada de pelo todo esto. Mi vida la tengo que seguir igual pero la lucha de Katy no la quiero dejar, pero todo esto te indigna, queremos saber todo lo que pasó con Katy, quiénes fueron los asesinos, los queremos presos, estamos pidiendo justicia y que venga este tipo y se instale acá…”, dijo a FM De la Calle Wanda Banegas.

“Le hicieron una nota en el cable de Monte Hermoso, fueron hasta la casa, habla como si él no fuera el asesino, como que la familia Moretti no existiera y el protagonista de todo esto es él, encima riéndose y burlándose del pueblo. Dice que va a esperar a que la gente lo acepte”, agregó la prima de Katy. Wanda comentó que conversó con Antonella, hermana de Luciana Moretti, y “no quiere saber más nada, esto la indigna, está cansada, aparte cada uno tiene que retomar su vida y es difícil, yo la entiendo y me pongo en el lugar de ella. Hay personas que juzgan no a los asesinos ni a los que cometen esas cosas sino a los familiares de las víctimas”.

“Acá los que tienen que poner las cartas sobre la mesa son los jueces y los fiscales y decir esto está mal y esto está bien: Que dejen de llenarse los bolsillos y actúen rápido contra esta gente, este es un psicópata enfermo que lo puede volver a hacer, yo hoy tengo miedo por mí, por mi hijo y mi marido y mi familia”, manifestó.

Viviana Lozano, abogada de la familia Moretti, explicó a FM De la Calle que la libertad asistida de Cuchán fue posible “indefectiblemente habiendo cumplido dos tercios de la condena que hasta este momento tiene y no habiendo sentencia firme”. Por la demora apuntó a las “apelaciones que se hicieron fuera de Bahía Blanca”, las idas y vueltas entre la Cámara de Casación y la Suprema Corte, y la “falta de recursos, jueces y empleados”.

La querellante informó que trabajan para “cuestionar la libertad en los términos que se otorgó” y dejó para que decida la familia de Luciana la posibilidad de pedir juicio político a los responsables del fallo: “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”.

Por otra parte, Lozano pidió “que no nos produzca todo esto una psicosis, todos los días sale gente de la cárcel, no nos empecemos a enloquecer, tengamos un poco de calma porque ya vemos lo que sucede cuando la gente se altera y lamentablemente cuesta vidas como pasó en Monte Hermoso, no caigamos en eso por favor, estamos en un Estado de derecho”.

Antes de la protesta realizada por la Colectiva Feminista frente al palacio de Tribunales bahiense, Nadia Guzmán dijo a FM De la Calle que tomaron la decisión judicial “con mucha bronca porque una vez más este sistema muestra que los asesinos y violentos están en las calles y las víctimas siempre nos llevamos la peor parte”.

“En la justicia y en todo el sistema que debería cuidar a las mujeres que son víctimas de violencia hay una tendencia a hacer todo lo contrario, a culpabilizar a la víctima, a ponernos a las mujeres en un lugar como si hubiéramos buscado esa situación o como si estuviéramos pretendiendo que nos pasen cosas malas cuando en realidad es una decisión que determinados hombres toman pensando que tienen más poder sobre las otras, pensando que pueden hacer uso y abuso de los cuerpos y la vida de las mujeres”, agregó.

“Desde el Ejecutivo y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria se decidió transmitir la voluntad del pueblo de Monte Hermoso y declararlo persona no grata”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Marcos Fernández. La resolución será tratada en el Concejo Deliberante el martes 26 y una vez aprobada se presentará ante el Poder Judicial para rectificar el lugar de residencia del reo.

El jefe comunal aseguró, en relación al femicidio de Katherine Moscoso y el posterior homicidio de Carlos Canini González, que “esto está enmarcado dentro de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo que tenemos dos casos resonantes, realmente aberrantes, tenemos dos personas muertas y no tenemos solución de esos expedientes todavía”.

monteEn el deliberativo bahiense la edila de Compromiso Bahía Vanina González afirmó que “necesitamos que haya una modificación en la legislación vigente, en los recursos que hoy tiene la justicia para poder tomar las decisiones que toma, para que pueda cumplir con los plazos que son necesarios y también en las condenas”.

“Es momento que se trabaje de manera comprometida, responsable, de que las personas que están detenidas puedan tener cuando cumplen su condena una verdadera reinserción y una recuperación. También ser conscientes que hay gente que cumple su condena y que lamentablemente no puede ser reinsertada en la sociedad, que necesita otro tipo de tratamiento”, dijo y destacó que “necesitamos que sigan haciendo denuncias, que cada vez se animen más, a pesar de esta situación”.

La concejala de Integración Ciudadana Miriam Iantosca leyó durante la sesión del jueves el comunicado de la Red Local de Violencia de Género en el cual se recuerda que “Cuchán se reconoció a sí mismo culpable de los hechos, aunque nunca contó con una sentencia firme desde el momento de su detención”.

“Sumado a ello, la reciente decisión de dejarlo en libertad debido a su conducta carcelaria ‘ejemplar’, demuestra a las claras la misoginia de la justicia, y el valor que la misma le otorga a la vida de una adolescente bahiense de 15 años. Para que no sea una mera la consigna el NI UNA MENOS, necesitamos una sociedad, instituciones y una justicia comprometida para que femicidas como Cuchán no pongan en peligro la vida de mujeres y niñas de nuestra ciudad”.

(Por Julia Giménez) El domingo 17 de abril, Brasil entero asistió en la Cámara de Diputados a las votaciones del pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los discursos de los legisladores que dieron la victoria a la continuidad del proceso contra la presidenta, el del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Progresista de Rio de Janeiro (PP-RJ), recibió el repudio internacional, al dedicar su voto al coronel Carlos Alberto Bilhante Ustra, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Brasil.

Para analizar este hecho, Brasil de Fato se comunicó con la abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad y coordinadora de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, Nadine afirmó que “todos pudimos asistir a lo que hablamos todo los días los defensores de derechos humanos […] Ahora puedo hablar con gente y decir: ‘¿te acuerdas lo que pasó el domingo? Así es el Congreso, así son los que deciden sobre nuestra vida’. Y eso si la gente acepta y la gente pasa a mirar esto con una nueva mirada. Porque lo que la prensa hace es impedir, imposibilitar que la gente sepa lo que pasa. Pero el domingo todos pudimos mirar lo que está pasando y creo que eso puede ayudarnos a quienes defendemos los derechos humanos en Brasil”.

Durante la entrevista, Nadine criticó la falta de avances en las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil y reivindicó la necesidad de avanzar en una nueva regulación del sistema de comunicación en el país.

Brasil de Fato – ¿Cómo es posible que estos discursos pro dictadura y que reivindican el accionar de represores y torturadores siga vigente en la Cámara de Diputados de Brasil?

Nadine Borges – Aunque sea diputado y tiene el derecho de decir de lo que quiere, porque vivimos en una democracia, lo que habló es criminoso. Pero sólo habló eso porque en Brasil no abrimos los archivos de las Fuerzas Armadas y tampoco hicimos una revisión de la Ley de Amnistía, una nueva interpretación de ella. Después de la Comisión de la Verdad, seguimos sin saber lo que pasó en la dictadura en Brasil. Y si la gente no puede saber, tipos como ese no se pueden meter en la cárcel, no se puede hacer justicia, asi como no se pudo hacer con [Carlos Alberto Brilhante] Ustra, como no se pudo hacer con todos los otros torturadores, no sólo de Dilma, sino también con una generación que fue molestada, torturada, desaparecida. Y bueno, seguimos sin revisión de la amnistía, seguimos sin saber lo que pasó. Y como seguimos así, no se pude decir que vivimos en una democracia plena.

En las calles se ven carteles que llaman a la dictadura, como si la solución de la crisis está en una intervención militar y en un quiebre violento de la institucionalidad democrática. ¿Hay una relación entre los procesos de memoria, verdad y justicia, y estos discursos que nos permitan repensar las democracias?

Por suerte, no son tantos carteles. Lo que pasa es que los medios, la gran prensa – que el gobierno no hizo nada para cambiar el sistema de comunicaciones del Brasil -, hace que esos pocos parezcan muchos. Por suerte son pocos, te juro que tengo mas familiares que carteles en la calle que dicen que vuelva la dictadura. Pero es un peligro, porque hay una nueva generación de jóvenes que siguen sin saber lo que pasó porque seguimos con la amnistía y los torturadores siguen caminando por la calle. Entonces, es posible que en poco tiempo tengamos más carteles.

Todavía no hay tantos, por suerte no tenemos. Porque la gente que está en el gobierno, son personas que fueron torturadas, detenidas como la presidenta Dilma, pero los que vienen, los que hicieron el domingo en el Congreso Nacional, ellos si pueden estar con eso carteles, y eso es lo dramático y lo más peligroso para toda Sudamérica. Porque tenemos una ola conservadora que empezó en Colombia, en la municipalidad de Bogotá, después siguió con la elección de Macri para la presidencia de Argentina, y ahora tenemos en Brasil un escenario muy malo, porque lo que Dilma intentó hacer con una nueva política económica y relaciones internacionales, el capitalismo nunca va a aceptarlo. No importa que es lo que hace cualquier gobierno que sea mínimamente de izquierda, no va a tener éxito mientras la religión y las empresas sigan involucradas en el Congreso. No tenemos un Congreso, tenemos una empresa. Eso es lo que tenemos en Brasil.

¿Existe algún tipo de medida que se pueda realizar contra el diputado Bolsonaro por estos discursos que son un aval a las dictaduras, a las prácticas de tortura?

Él tiene fueros privilegiados, que es un asco. Pero claro que se pueden hacer denuncias en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es otro problema, porque quien está en el Tribunal son personas que fueron ubicadas en un espacio de poder muy grande y como llegaron allá es una cuestión que tampoco nadie entiende, porque tienen posiciones que son contrarias a la democracia, que no son justas, que no son legales, que no poseen el sentido de justicia social. Entonces, hacer eso es una opción, otra son denuncias internacionales, son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU [Organización de Naciones Unidas], como la OEA [Organización de los Estados Americanos].

Pero pasa que Brasil sigue sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al país por los crímenes contra la Guerrilla de Araguaia [en Pará]. Entonces no es que no crea en el sistema interamericano, yo creo porque trabajo con eso y sé que es importante que en el mundo sepa lo que pasa en Brasil. Pero si el país no hace lo mínimo para garantizar una sentencia de condena sobre lo que pasó en la dictadura, como vamos a creer que va a pasar algo con Bolsonaro si su caso llega a la Corte. Quizá cambie la manera de Brasil de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, y quizás un día tengamos una responsabilidad efectiva, pero aun no tenemos.

Durante la sesión del domingo (17) El diputado por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (Psol-RJ) Jean Wyllys – reconocido defensor de derechos humanos y referente en la lucha LGBTT – escupió en la cara de Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud de Jean Wyllys?

Pienso que cualquier diputado, cualquier persona que tiene una posición pública no debe tener una actitud así. Pero el caso de Jean Wyllys es muy distinto de cualquier otro que uno puede comparar. Porque él sufre todos los días, desde el momento que despierte, hasta que vuelve a su casa. Y el Congreso Nacional es el órgano más sexista, misógino y machista que hay en el país. Entonces, todos los días, todos los días, durante las 24 horas de su vida, sufre las más distintas violaciones de todos aquellos hombres blancos, ricos y creo que fue el momento que el país todo, toda la gente que acredita en los derechos humanos, que lucha por los derechos humanos, tenía ganas de escupir en Bolsonaro.

Lo que hizo como diputado no podía hacer algo así, sabemos que no se pude, pero tampoco Bolsonaro pude decir lo que dijo. Entonces la defensa de Jean Wyllys tiene que ser algo incontestable, porque me parece que las fuerzas conservadoras que hay en el Congreso Nacional es suficiente si para sacar a Jean Wyllys de la Cámara. Pero tener fuera de la Cámara a una de las personas más importantes de Brasil en la defensa de los derechos humanos, por ese grupo conservador que tiene soporte en la gran prensa de Brasil, eso no me parece imposible que suceda.

Tu has sido presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado de Rio de Janeiro y asesoras la Comisión de la Verdad Nacional, que durante los años 2014 y 2015 se desarrolló intensamente gracias a abogados, defensores y, principalmente, familiares y víctimas. ¿En que quedó todo eso?

Bueno lo que le quedó es que un montón de gente que no tenía como hablar sobre eso, porque no tenía instrumentos gales ni garantía del Estado, empezaran a hablar. Pero la gente que habló fue la gente que sufrió con la dictadura; y los que cometieron los crímenes hablaron muy poco, siguen sin hablar y seguimos sin saber. Por suerte, hay gente que tuvo condiciones de hablar. Pero hay un montón de gente que son grandes y que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros, y eso es lo más dramático. Porque aunque los archivos no sean más secretos – que eso tenemos también la Ley de Acceso a la Información –, antes del 2035 las cosas que fueron consideradas secretas en el último año de la dictadura [1985], aun no saberemos que son. Y los militares dicen que destruyeron todo, pero sabemos que no destruyeron. Aunque un día tengamos condiciones de abrir todo, ese día no tendremos a ninguna persona vida. Eso es algo que no podemos perdonar.

Por eso tenemos que garantizar la democracia y garantizar que lo que ha pasado con Dilma, lo que ha pasado con tanta gente que ha sido torturada desaparecida, que no vuelva a pasar. Porque esto no pasa sólo una vez. Nunca pasa sólo una vez. Lo que pasó en Alemania con el nazismo, lo que pasó en Italia con Mussolini, lo que pasa todos los días en el contiene africano, lo que pasa todos los días en las favelas de Rio de Janeiro, eso va a seguir pasando mientras que la gente que hace crímenes como Bolsonaro sigan cometiendo crímenes y no pasa nada con ellos. No se trata sólo de justicia penal, se trata de justicia social. Porque personas así no pueden estar donde están. No pueden. Y solo están porque la prensa lo soporta. Y esa es una gran responsabilidad de los gobiernos de Dilma y de Lula, que no han movido un paso para cambiar el papel de los grandes medios en Brasil. Y eso lo estamos pagando muy caro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

Pese a la intensa lluvia, en la ciudad de Buenos Aires, juntas internas, sindicatos y organizaciones, concentraron frente al Congreso, donde llegó una enorme columna de cooperativas de trabajo organizadas en movimientos sociales. La multitudinaria movilización marchó al Ministerio de Modernización, frente a Plaza de Mayo para exigir que se termine con los despidos, que se frene el ajuste y los tarifazos, entre las principales reivindicaciones.

Una vez frente al Ministerio de Modernización, los movimientos sociales continuaron su marcha hacia el Ministerio de Trabajo, mientras que la CTA Autónoma realizó un acto.

Ricardo Pedro, Secretario Adjunto de la CTA, saludó este gesto de unidad entre los trabajadores: “estamos en la calle, construyendo unidad donde debe construirse: en la lucha, en la pelea”, dijo a la vez que reivindicó la movilización conjunta.

También saludó la lucha contra los despidos tanto en el ámbito privado como en el Estado nacional, provinciales y municipales: “este gobierno está dando luz verde para que se suspenda y despida a los compañeros que trabajan en las empresas, para los grupos económicos que se llenaron de guita durante la dictadura, el menemismo y con el gobierno anterior”.

En nombre de los Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, habló el secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, quien contó sobre la lucha que está llevando adelante el sector en el marco de una paritaria sin propuestas por parte del Ministerio de Educación: “por eso estamos convocando a un paro de toda la semana que viene en las universidades nacionales”.

“Tenemos que salir a defender la universidad pública porque está en juego el destino del país. Un país sin ciencia, tecnología y educación para formar a sus profesionales o universidades de salarios miserables, es un país sin futuro”, denunció Tiscornia.

La Central Única de Trabajadores de Brasil se hizo presente en la movilización a través del encargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Ariovaldo Camargo, quien en portuñol contó la situación de su país: “el ajuste que quieren imponernos en Brasil, es el mismo de acá; con recortes de salario, reforma previsional, despidos, recortes de derechos”, dijo y llamó a luchar en confraternidad con todos los trabajadores de Latinoamérica.

Luego fue el turno del secretario General de ATE y la CTA provincia de Buenos Aires, Oscar “El colo” De Isasi, quien valoró la lucha que llevan adelante los estatales contra el recorte y el ajuste en el Estado: “cada vez tenemos más niveles de unidad con Judiciales, con los trabajadores de la salud, con los docentes. La lucha en la provincia de Buenos Aires crece y se unifica como en todo el país”.


En Bahía Blanca se llevó adelante un Plenario Trabajadorxs en la Sede de la Asociación Judicial Bonaerense, con la presencia de ADUNS- SUTEBA- AJB- ATE- ASTRAMYC- Profesionales del Hospital Penna- Comisión Interna Banco Credicoop. Fue con el fin de compartir la situación de los distintos sectores frente al ajuste en curso y plantear líneas de acción.

Allí se resolvió llevar a las asambleas de base, a otros sindicatos y centrales la idea de “Unidad de acción”, con paros y movilizaciones unificadas; solidaridad con los conflictos y las acciones de lucha en curso, como en Mendoza, Santa Cruz y la pueblada de T del Fuego con un acampe de más de 40 días, contra la reforma jubilatoria que impulsó la gobernadora; repudiar la criminalización de la protesta y hechos de represión ocurridos ( como en Tierra del Fuego); manifestarse en contra de los despidos y de los decretos 230 y 142, del Gobierno de la provincia que habilitan a funcionarios, disponer de bienes muebles inmuebles y del destino del personal como así también contratar personal para reemplazar a trabajadorxs con medida de fuerza; en defensa del IPS y el sistema Jubilatorio, por un aumento de emergencia para jubiladxs

Se informó que será elaborado un documento para difundir la problemática de cada sector frente a las políticas de ajuste del gobierno provincial y nacional.

Fuentes: Agencia Acta y FM De la Calle

Durante la mañana de ayer profesorxs de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar se movilizaron solicitando una audiencia al intendente Héctor Gay ante la falta de respuesta por parte del Instituto Cultural. Fueron acompadxs por miembros del Consejo Cultural Consultivo, madres y la Unión de Músicxs del Sur.

Luego de la exposición pública del reclamo y del ingreso de la solicitud de audiencia por Mesa de Entrada, Rubén Gomez quien oficia de secretario del secretario de intendencia, invitó a las personas que se manifestaban a ser recibidas por Ricardo Margo. Se encontraban también en la oficina el secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici, la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa Morena Rossello y la concejal Soledad Pisani.

Los funcionarios sostuvieron que tienen “buena predisposición” para con la orquesta. Sin embargo, no asumieron nuevos compromisos concretos sobre el reclamo de mejoramiento económico. Adujeron que no tenían potestad de resolver la normalización de las retribuciones y que sólo podían comprometerse a “realizar gestiones”.

Margo dijo hoy en conferencia de prensa que “peleaban por una mejora salarial en concepto de las clases que dictan en la orquesta escuela. Le otorgamos un 40 por ciento de aumento dilatado en el tiempo ya que las paritarias municipales nos regían los montos a pagar, nadie, ningún gremio consiguió ese aumento”.

Sin embargo, en números concretos, ese porcentaje significa que la orquesta completa (9 profesores más todo lo que implica su funcionamiento) funcionaba con $9000 mensuales y ahora deberá funcionar con algo más de $12000. En cambio, por la misma tarea, destajistas de otros proyectos cobran más de $3000 por persona. De esta forma, el funcionario de cultura no dio otra respuesta que ratificar el monto por el que ya había fijado la suma que percibirán los docentes. Por otra parte, se comprometió a “realizar gestiones” para que la orquesta vuelva a funcionar en la escuela 29.

Esta mañana, el coordinador de la orquesta Albin Cedeño y el profesor Marcos Marchegiani visitaron el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle y explicaron lo ocurrido.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

(Por Julio Gambina) El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa tendencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.

La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,

Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.

En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Nuevo negociado por deuda

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.

Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.

El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.

El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

Violencia de la deuda

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.

La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

Estudiantes y docentes bahienses y algunos bloques del Concejo Deliberante reclaman el financiamiento transitorio del boleto educativo por parte de la Municipalidad ante la negativa de la gobernadora María Eugenia Vidal a reglamentar y cumplir la ley 14.735.

La norma aprobada por unanimidad en 2015 dispone la creación de “un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires”.

Mediante la ordenanza 18.253 el Concejo Deliberante adhirió a la legislación bonaerense y fijó que “la Provincia debía garantizar la implementación de la Ley y que el beneficio establecido no fuera en desmedro de los Recursos Municipales, Fondos de Administración Municipal o del servicio que se brinda al resto de los usuarios del Transporte Público”.

teatroEl proyecto presentado esta semana por el bloque de Integración Ciudadana dispone “el financiamiento transitorio” por parte del municipio “hasta que disponga la Provincia la remisión de los fondos correspondientes, afectando parte de lo recaudado en concepto de R.A. Tasa de Seguridad e Higiene abonada por las empresas del Polo Petroquímico y en concepto de Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados”.

“Una ley no es prioridad para la gobernadora, ¿dónde está el apego a las instituciones del que se habla durante su campaña? Una ley provincial que el actual intendente (Héctor Gay) siendo diputado votó a favor. Una ley votada por el consenso de todos los actores y por unanimidad”, aseguró en sesión la concejala Betiana Gerardi (FpV) y se preguntó si solo fue para la foto la reunión del subsecretario de Transporte con diputados provinciales para analizar la reglamentación.

Soledad Martínez, integrante del bloque de Cambiemos prometió “tomar la inquietud” del financiamiento municipal transitorio propuesto y “trabajar sobre eso” en las comisiones.

Fotos: Estudiantes del Conservatorio y la Escuela de Teatro. Facebook Coordinadora por el Boleto.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.

Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.

“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.

Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.

Respaldo del Consejo Superior de la UNS

 Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

 La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de  medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con  la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.

La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí:  http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf

La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.

“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.

La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.

Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.

Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.

ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.

Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.

“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.

Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.

Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.

“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.

Denunciaron a Vidal por homicidio culposo

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.

Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.

El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.

“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.

“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.

El municipio envió una nota a la asociación Bahía Blanca Che intimándola a que el 1ro de mayo desaloje el espacio que utiliza el grupo cultural en el inmueble ubicado en calle Alsina 370.

“Esta asociación fue creada para defender y difundir las producciones artísticas artesanales locales y regionales. Hay mucha gente que produce cosas bellísimas, locales, con un sabor muy particular pero que no tiene después cómo venderlas o qué hacer con ellas. Es un problema que en realidad el estado debería resolver: cómo se transita, cómo se difunde, cómo se intercambia en toda la provincia, en todo el país”, dijo Mónica Oliver, presidenta de la institución.

En el 2006 comenzaron a conformarse y a partir de 2008 obtuvieron la personería jurídica. Durante el mismo año de la creación formal el municipio les cedió un pequeño espacio al fondo de ese inmueble alquilado, en el que funcionan otras dependencias municipales.

Luego de recibir la noticia, integrantes de la asociación lograron ser recibidos por el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo y un funcionario de la Secretaria Privada de apellido Gómez. El gobierno ratificó su decisión de que Bahía Blanca Che abandone el inmueble que venía utilizando desde 2008.

En cambio, se ofrece a la organización la posibilidad de funcionar en una oficina del mercado municipal. “Nos parece un lugar precioso y popular. Pero estamos pensando cómo podemos articular todo lo que además hacemos”, dijo Oliver en referencia a un conjunto de actividades que realiza la asociación, como la Feria del limonero, un espacio de encuentro periódico de distintas artes y prácticas culturales, que se lleva a cabo en el patio y pasillo de ingreso del lugar.

En otras palabras, si Gobierno no le ofrece un espacio adecuado, Bahía Blanca Che será expulsada del lugar hacia otro de dimensiones y características que no permitirán la continuidad de las actividades que la asociación de reconocida labor viene realizando.

En reemplazo de este colectivo de trabajadorxs de la cultura, las oficinas el municipio estaría pensando el lugar para que sea utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El próximo sábado 16 de abril a las 16 en adelante se llevará a cabo una nueva Feria del limonero en la que habrá música, narración, artesanías, poemas, libros, agendas, dibujos y otras expresiones. Según la organización, “un lugar donde las manos susurran, las sombras iluminan y los oídos cantan”.

Foto: Silvia Pascual

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concurrió a las jornadas oficiales, las calles bahienses fueron escenario de concentraciones, movilizaciones y expresiones culturales.

“Es un signo de los tiempos. Parece que la tolerancia, el diálogo, todas esas banderas o palabras a la hora de tener que escuchar la protesta se despliega la policía, se vallan las calles, se impide el tránsito. Es un signo del tiempo que vivimos a partir de lo que se dice en los discursos y lo que se hace en la práctica”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego.

La CGT terminó confluyendo en la esquina de San Martín y Alsina (por Alsina) con la marcha de estatales (por San Martín), en reclamo de medidas concretas para afrontar la situación de despidos que sufre también el sector privado.

“Creo que es muy importante que comencemos a encontrarnos más allá de las diferentes pertenencias sindicales. Que podamos unir nuestras voces en la calle y en lo posible marchar juntos, cuando los padecimientos que sufrimos son parecidos en los diferentes sectores. Tiene que ver con una política que beneficia a los de arriba, que les da enormes ingresos asegurados, una tasa de rentabilidad altísima y para los de abajo vienen despidos, aprietes, amenazas, descuentos, decretos para cerrar paritarias. Una batería de medidas que apuntan al conjunto”, agregó Gandolfo.

Por su parte, el secretario de Prensa de ATE, Matías Rossetti, recordó que se encuentran acampando “desde el día viernes en el Consejo Escolar. Obviamente por el salvaje descuento de miles de compañeros. En el día de ayer trascendió que una compañera auxiliar murió, falleció en Mar del Plata al enterarse que solamente tenía $40 en el cajero. Esto es un crimen de esta política que lleva adelante la gobernadora de la provincia”.

En este contexto, destacó que el reclamo incluye “la catarata de decretos que va en contra de todos los trabajadores del estado. Esto de darle poderes a los ministros, a los secretarios para que hagan lo que quieran con los trabajadores sin respectar ninguna ley”.

Néstor Alende, de la Asociación Judicial Bonaerense calificó a la de Vidal como “una de las gobernaciones más antipopulares de los últimos años. Nosotros tenemos hoy una nueva convocatoria paritaria pero siguen sosteniendo hasta la fecha el 25 % para todo el año y a partir de julio. Un porcentaje totalmente insuficiente. Esto después de una larga espera de no haber sido convocados en tiempo y forma”.

Según el dirigente, la mandataria aplica “medidas que claramente benefician al sector más concentrado de la riqueza y dejan de lado al pueblo y a los trabajadores. En nuestro caso en particular en otras paritarias nosotros ya prácticamente teníamos cerrado para esta fecha. Acá recién arrancamos y estamos con el mismo sueldo que tuvimos en agosto cuando se completó la tercera y última parte de la pauta salarial establecido con el gobierno de Scioli. A esta altura no sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a tener un peso más en el bolsillo”.

Desde el Centro de Estudiantes del Conservatorio y la Coordinadora por el Boleto Estudiantil, Marcos De Benedetto sostuvo que “no está la decisión política de implementar la ley 14735”, aprobada durante el año pasado.

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Desde la Plaza Rivadavia, el concejal Gustavo Mandará (FpV) dijo que “nos pasamos una semana (por el gobierno municipal) poniendo plata en los medios, pautando pidiendo que venga la gente y cuando viene la gente no la dejan pasar. No lo puedo creer. Di un montón de vueltas para entrar. Hay gente de a pie que quiere pasar y no puede. No me acuerdo yo de un acto de Bahía Blanca con este nivel de dispositivo de seguridad”.

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A su vez, el espacio “Amor & espanto, cultura contra el neoliberalismo” llevó adelante “una acción sorpresa en una plaza lamentablemente vallada por este gobierno que le tiene miedo a que la gente se exprese. Estamos acá para participar de una acción concreta que es servir un vaso de chocolate, vasos que tendrán cada uno distintas inscripciones que denuncian la situación actual”, según informó a esta radio Sergio Zaninelli, quien a su vez es secretario general de ADUNS.

“Es una vergüenza una plaza toda vacía y los compañeros reclamando fuera de ella”, agregó.

Con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al palacio municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.

Fue en el marco del 188º aniversario de la ciudad en el cual reanunció la obra del acueducto del Río Colorado y una inversión de seis mil millones de pesos para solucionar las falencias del servicio de agua y cloacas de la empresa ABSA. Vidal estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay, funcionarixs locales y provinciales, “representantes de fuerzas militares y de seguridad, concejales y referentes de instituciones”.

La Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias reunidas en la Coordinadora por el Boleto, militantes y ciudadanas y ciudadanos se manifestaron frente a los vallados que rodeaban la Plaza Rivadavia para repudiar el ajuste y sus consecuencias.

IMG_0647La agenda oficial comenzó con una breve conferencia de prensa en la Casa Coleman durante la cual el jefe comunal mostró sus “expectativas” sobre el “proyecto de cambio”. “Vamos hacia un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de gestión y transparencia, un modelo de hacer, donde las economías regionales tengan una importancia que no tenían y es por eso que hoy estamos en un proceso distinto, estamos alumbrando una nueva ciudad”, agregó Gay.

La gobernadora aseguró que “lo que más me gusta del encuentro de hoy es poder anunciar obras, que de a poco van a poder resolver el problema del agua, el principal de la ciudad”. En ese sentido, anunció una inversión de seis mil millones de pesos -aportados por la Comunidad Andina de Fomento, la provincia y ABSA- para “el acueducto desde el Río Colorado, la red fina de distribución, la planta potabilizadora Patagonia, la planta depuradora, tres estaciones de bombeo, entre otras obras”.

“Después de muchos años que se prometieron estas obras y las anunciaron, finalmente se van a hacer, se van a ver y vamos a cumplir con este compromiso”, sumó Vidal con el valor de la “palabra” como única garantía para la concreción del cuestionado acueducto.

Al ser consultada acerca de la implementación del boleto estudiantil, transformado en ley por la legislatura en 2015, Vidal se excusó en la falta de fondos en las arcas provinciales y afirmó que priorizará inversiones en infraestructura escolar.

Si bien el acto central fue programado en la Plaza Rivadavia, rodeada por más de un centenar de policías bonaerenses y locales, por una decisión de “protocolo y seguridad de la provincia” se escondió de las protestas gremiales en el hall de Alsina 65. Aun así, la gobernadora fue repudiada cara a cara por Analía Larrea, una joven que se acercó en su silla de ruedas y le reprochó el pago a los fondos buitres con “el hambre de la gente, con el hambre del pueblo”. “Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir”, respondió Vidal provocando el aplauso oficial.

Con la gobernadora camino al polo petroquímico, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la multinacional DOW Chemical, un grupo de bahienses ocupó las sillas dispuestas en el centro de la plaza para presenciar espectáculos musicales y humorísticos.

La senadora Nidia Moirano cruza y junto al secretario de Seguridad comunal Emiliano Álvare Porte, la jefa de protocolo Silvia Corinaldesi y otro funcionario se abrazan por detrás para impedir el paso a Analía Larrea.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.

Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.

El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.

Las siete denuncias presentas son las siguientes:

1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.