(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

(Por Astor Vitali) A 64 días de aislamiento, el Instituto Cultural de Bahía Blanca tiene una “propuesta”. ¿En qué consiste? “El Municipio le solicitó al gobierno provincial programas de financiamiento de emergencia. La propuesta consiste en la elaboración de dichos programas y en la creación de una Mesa de Diálogo de Arte y Cultura, coordinada por Provincia-Municipios.

Es decir la propuesta consiste en que otros trabajen por el municipio en lugar de utilizar la ampliación de la planta política con sueldos de privilegio (6 directores hay durante la era de la topadora Rosselló ¿para qué?).

Según un comunicado lanzado el día de hoy por esta agencia cultural, “se busca el apoyo a la creación artística, industrias culturales, eventos públicos, espectáculos artísticos, artes escénicas, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, entre otros, y al sostenimiento de los proyectos culturales comunitarios adaptados a la realidad de cada distrito”.

“También a orientar de manera conjunta los subsidios y fondos de financiamiento y sostenimiento a los sectores más afectados, y compartir la información de beneficiarios a fin de que la distribución de esos fondos sea equitativa e igualitaria”.

El “pedido” habría sido realizado en una reunión virtual con Ezequiel Grimson, subsecretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto todo todos los organismos de representación de trabajadores y trabajadoras de la cultura de Bahía Blanca han señalado que no reciben respuesta por parte de las autoridades, la directora del Instituto Cultural decidió enumerar las organizaciones con las que se reunió (y a las que no les dio respuesta) en una clara maniobra maniquea que busca eludir sus responsabilidades de funcionaria pública y jugar al juego bobo de los colores políticos tirando el fardo a la provincia, como si no hubiera responsabilidades que cumplir en cada estado.

En lenguaje filosófico, el comunicado es una clásica maniobra del ejercicio del “forreo”. Se menciona a todos los espacios: “Desde el inicio del aislamiento obligatorio, la secretaria de Cultura Morena Rosello y el director General del área, José Gozález Casalli, realizaron reuniones periódicas con los diversos actores del arte y la cultura local, como la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la Asociación Argentina de Actores, los Espacios Culturales Independientes, la Red Nacional de Artistas de Circo, los Centros de Formación Artística y Colectivos de Trabajadores de la Danza ante la Pandemia, la Feria de Artesanos de Plaza Rivadavia, las ramas artísticas del Consejo Consultivo del Instituto Cultural, la Asociación de Técnicos de Artes Escénicas en Vivo (ATAEV)” con el objetivo de utilizarlos políticamente.

Se dice que “también hubo un encuentro con los productores y empresarios artísticos de teatros y salas de la ciudad, con quienes se acordó proyectar el armado de protocolos de seguridad e higiene para cuando se reactiva la actividad” pero no se cuenta que no fue bien recibido por la mayoría de los espacios culturales que se preguntaron: ¿están pensando en protocolo para cuando salgamos de esta situación sin antes haber instrumentado ninguna medida para la emergencia?

Se señala que “a pedido del Consejo Cultural Consultivo del Instituto Cultural, se realizó una encuesta a 254 actores culturales para contar con un mapa de situación local”. Sin embargo, la opinión mayoritaria de dicho organismo rechazó la utilización de la encuesta a sólo fines estadísticos y, en cambio, solicito la implementación de un fondo especial y del Plan de Contingencia Psicológica en contexto de Aislamiento presentado por la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur. Nuevamente, manosea y utiliza mecanismos democráticos que representan a miles de trabajadores de la cultura para justificar su propia falta de capacidad y de representatividad.

Tanto Casalli como Rosselló fracasan sistemáticamente en el noventa por ciento de los casos en los que levantan el teléfono buscando apoyos. Por eso ahora buscan acudir a los deudores de la pauta oficial para retransmitir un comunicado cuyo contenido sólo puede verificarse en un plano existencial de otra dimensión.

Continua el documento: “A partir de tal sondeo se iniciaron acciones para mitigar la emergencia económica: como la entrega de ayudas alimentarias a través de Bahía Solidaria a artesanos de Plaza Rivadavia, artistas circenses y callejeros, técnicos de artes escénicas, estudiantes de nivel terciario”. Esta entrega se llevó a cabo de manera informal, sin hablar con todos los sectores sin articular una política universal. Las planillas de la encuesta, por otra parte, fueron completadas por una minoría de la comunidad artística, dado que se sabía que no iban a ser utilizadas para ninguna política concreta y por ende no generó entusiasmo.

Para coronar el ejercicio del cinismo, Rosselló sostiene algo que ni los medios adictos a la pauta se animaron a replicar (habiendo copiado y pegado casi todo literalmente menos este segmento): “Por último, cabe destacar que, dentro del Plan de Cultura Bahía en el marco de la emergencia del Covid19, sigue funcionando con éxito el programa ´Cultura en Casa´, con la difusión de actividades artísticas y culturales locales en plataformas digitales”.

Señalar que Cultura en Casa “sigue funcionando con éxito” es la última afirmación desopitalente de este discurso sicótico. Tal como hemos publicado en El consorcio. Cambiemos en Bahía Blanca (Ediciones De la Calle, 2019), en los apartados Psicosis y Psicosis II, el discurso oficial se elabora con niveles de enajenación de la realidad porque “estas huestes del fallido progreso viven en otra dimensión económica. Su realidad nada tiene que ver con la del ciudadano y de la ciudadana comunes. Gobiernan para sí mismos y se representan a sí mismos (…) La militancia de la política epidérmica es aquella que desprecia a la realidad concreta de su pueblo y actúa para las cámaras de sus celulares y se publica en redes”.

(Por CTA Bahía Blanca) Lo ocurrido con las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich(partido de Villarino) pone de manifiesto un tratamiento diferenciado para ellas.

Ha quedado en evidencia que cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.

Se les ha permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.

Esto generó que en los últimos días aumenten de manera significativa los casos de esta enfermedad en nuestra población, demostrando que la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.

No tenemos dudas que de algún nivel de autoridades de gobierno tiene que provenir una venia política para permitir esa medida que pone en peligro todo el esfuerzo de resguardo comunitario y las políticas de salud pública para enfrentar la pandemia.

De algún nivel de gobierno sea municipal, provincial o nacional tiene que haber partido la decisión de conceder a esta empresa Tel del poderoso grupo Perez Companc las prerrogativas para no cumplir las medidas de resguardo.

Demandamos enérgicamente que se rindan cuentas y se determinen las responsabilidades políticas.

Así como también exigimos que el municipio publique un protocolo para las empresas que de ahora en

adelante deberán regirse de acuerdo a las recomendaciones de lxs expertxs y que las autoridades de salud sean debidamente notificadas por las empresas de cada persona que ingresa a nuestra ciudad para su correcto seguimiento epidemiológico.

Desde la CTA estamos convencidxs que esta doble vara tiene un sólo origen posible: la lógica de las ganancias empresarias puestas por encima de la salud y de las necesidades populares.

Debemos exigir que se ponga fin de inmediato a estas habilitaciones discrecionales para las empresas.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

(Por Ricardo Vicente López) La palabra fakes news ha corrido la misma suerte de todo concepto teórico que cae en manos del periodismo profesional, me refiero al que se practica, con una voluntad digna de mejores causas, en los grandes medios concentrados. La característica que ellos exhiben, aunque su detección exige cierto entrenamiento crítico, es la de someter toda información a los cánones de la línea editorial. Esta funciona como un filtro que no permite la información pase tal como llega, sino que la convierte en una verdad del medio, es decir en una no-verdad. Pero, lamentablemente, esto no parece estar al alcance del ciudadano de a pie. Si bien esto no es una novedad ni una sorpresa, está vigente por lo menos desde la posguerra, cuan se comenzó a imponer el estilo estadounidense de periodismo, en el cual la línea editorial y la información es una masa indiferenciable. Esto no sucedía antes, en el tiempo en que se tenía el cuidado de diversificarlos, conservando un cierto respeto por lo que hoy se denomina “datos duros”. Creo necesario que nos detengamos a reflexionar sobre este fenómeno del periodismo actual.

La Doctora Alicia Entel, Profesora Titular de Teorías y Prácticas de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), publicó una nota con un título que puede generar alguna sorpresa al lector no avisado: ¿Sin lugar para la verdad? que suena como una sentencia tremenda, a pesar de los signos de interrogación,  que parecería eliminar la posibilidad de todo comentario. A pesar de ello, dice:

Se ha incrementado en las últimas décadas de modo exponencial el vínculo entre periodismo, información y mentira. Le han puesto diferentes nombres cada vez más sofisticados, como si el sólo nombrar conjurara sus efectos. Son las “fake news” (noticias falsas), los “deepfakes” (técnica más sofisticada para crear noticias falsas), etc. Algunos dirán que mentiras hubo siempre con lo cual obturan cualquier posibilidad de indagación particular sobre la escena mediática actual.

La afirmación de la Profesora no escandaliza a nadie hoy, y esto es una prueba más de la pendiente, cada vez más pronunciada, por la cual se deslizan lo que deberían ser considerados valores básicos de las sociedades democráticas. Aún, a riesgo de ser descalificado como un melancólico que añora un pasado mejor, debo decir que esto es muy grave y que se ha logrado trasvestir la verdad en sucedáneos al uso.

En una cultura en la cual la anomia ( a-nomia = sin reglas) es la regla, y valga el juego de palabras, el deterioro de los valores mencionados convierte al espacio público en una especie de selva informática. En la cual el todo-vale pinta de gris y borronea los colores diferenciadores. En esa selva vale la muy vieja advertencia de Discépolo, en la década del treinta: «¡Todo es igual!, ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor… ¡Qué falta de respeto!, ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un Señor, cualquiera es un ladrón». Pareciera que haciéndose cargo de la advertencia, la Profesora comenta:

Me interesó indagar especialmente qué lugar ocupa la verdad para la mayoría de los periodistas hoy. ¿Les importa profundamente? Lamentablemente las respuestas no son alentadoras aunque la investigación está aún en proceso. Esto me llevó a revisar aspectos de la formación de los comunicadores.

Me parece una muy inteligente definición del problema, buscar algunas de las causas en el ámbito universitario. Revisar, entonces, qué se está haciendo respecto a la educación que prepara a quienes se van a atrever a transitar por la selva mencionada. Continúa:

Hace poco más de treinta años junto con un grupo de investigadores, periodistas, educadoras, creábamos en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencias de la Comunicación… Desde entonces hasta la actualidad participé en más de veinte elaboraciones o evaluaciones de planes del estudio dedicados al Periodismo. Una de las primeras investigaciones que habíamos hecho en la UBA era sobre “La formación de los periodistas”, preocupada entonces por cómo incluir en la educación formal a profesionales que se habían capacitado en redacciones o bien en la vida misma, con carreras universitarias truncas, pero con enorme voluntad de informar, de ser periodistas.

Me parece que la vocación de la autora muestra una inquietud poco común en las aulas, en las cuales se supone la necesidad de profesionalizar el periodismo:

Desde entonces las carreras de Comunicación y de Periodismo se multiplicaron y no sólo a nivel universitario, también en institutos terciarios. Era evidente que cubrían un área de vacancia importante. ¿Qué podemos decir luego de tres décadas de modo más o menos desapasionado?

Treinta años después se pueden revisar los resultados de esos esfuerzos. La cantidad de egresados volcó sobre la práctica periodística “una cantidad grande de profesionales, investigadores, trabajadores de la cultura”. La Profesora nos cuenta que los temas dominantes fueron “la organización discursiva de las argumentaciones y su impacto en las subjetividades; las políticas de comunicación y las legislaciones”. Un tema muy importante que se planteó fue la relación de los medios de comunicación con la formación de la opinión pública, es decir haber investigado cómo los medios afectan la totalidad de la vida política. Esto lo señala como un importante aporte a la Comunicación y a las Ciencias Sociales. Las conclusiones no parecen ser positivas:

Sin embargo, desde la mirada en lejanía encuentro una opacidad, y hasta una especie de agujero de ozono: la preocupación por la verdad, nombrada así con todas las letras, no fue fundamental en la formación de varias generaciones de periodistas… Tres cuestiones resultan muy significativas: 1. se asociaba verdad a Deontología Periodística (espacio de saber que explicitaba derechos y deberes de la profesión pero que solía resultar sostenido por una dimensión ética aristotélica, universalista, despojada de la dimensión política y reticente a cualquier perspectiva histórica; 2. se había vinculado históricamente verdad a una supuesta objetividad legitimada precisamente por los sectores de poder mediático tradicionales, en una suerte de positivismo oligárquico excluyente de todo otro conocimiento verdadero.

Detecta la realidad del peso del los medios como empresa, por encima del ejercicio de la profesión. Tal vez, la incidencia de una necesidad académica de convertir la Comunicación en una ciencia, y de allí volcar esos criterios en el periodismo, hizo que la objetividad fuera la pantalla que ocultara los intereses dominantes. Y agrega:

3. Pero finalmente hubo algo más contundente que le dio un mazazo contemporáneo a la preocupación por la verdad; fue la divulgación de una cierta concepción posmoderna, muy cool, de que todo es relativo. La Comunicación como espacio de estudio se expandió en medio de la crisis de las grandes narrativas y el relativismo se tramó fuertemente en sus perspectivas teóricas… dejó una profunda huella en la formación de oleadas de periodistas.

La conclusión es altamente desilusionante, aunque no puede ser inesperada. El escepticismo reinante ha ganado un gran espacio en la conciencia de los profesionales, como un fiel reflejo de la cultura dominante. Se agrega a ello las pocas posibilidades existentes de lo que deberíamos suponer como condiciones necesaria para el ejercicio de la verdad profesional. Predominó la mirada teórica escéptica en relación con la verdad. “Y hasta con el conocimiento verdadero como búsqueda inalcansable”:

Pero la desconfianza profunda en la verdad opacaba, por momentos, los descubrimientos. Y más aún, había bastante ingenua ilusión en el valor de construir buenos relatos, narrativas originales, creativas y potentes… debemos decir que urge incorporar como contenido, como actitud, como proyecto, la idea de que el conocimiento verdadero de algo es posible y resulta estratégico en la elaboración y análisis de la información. Como historiadores del presente, que somos los periodistas, la necesitamos. Incluso la cláusula de conciencia permite, en cierta medida, no subordinarse a publicar mentiras.

Es muy interesante y loable la preocupación de la Doctora Alicia Entel que se manifiesta en sus consideraciones finales. Sin embargo, no aparece en su nota la existencia de medios monopólicos que dominan la mayor parte del espacio público. Ellos monopolizan la capacidad comunicativa y la utilizan como arma de guerra para consolidar sus otros intereses corporativos.  

Es llamativo ignorar la existencia de, por los menos, dos monstruos mediáticos: Clarín y La Nación, con un dominio excluyente del espacio informativo. A ello debe agregarse la tiranía interna con que se manejan las redacciones. ¿No resulta ingenuo o sospechoso?

Foto: InfoBlancoSobreNegro

La emergencia de la pandemia ha impedido que miles de familias bahienses trabajen para asegurarse su subsistencia.

En este marco las familias de trabajadoras y trabajadores de la cultura son un sector que sufre especialmente esta crisis.

Frente a esta necesidad la Asociación Argentina de Actores, Unión de Músicos del Sur y la Red de Espacios Culturales Independientes han presentado una serie de propuestas destinadas a la construcción de alternativas que permitan sobrellevar la situación ante la secretaria de Cultura y Educación del Municipio, Morena Llanca Rossello sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Las políticas públicas culturales se sostienen y han sido posible en nuestra ciudad en base al compromiso, la formación, la perseverancia y la calidad de las propuestas de músicos, actores, artistas plásticos, escritores, directores, talleristas, bailarines, pequeños espacios culturales.

Somos conscientes de la gravedad de la crisis y de la necesidad que enfrenta el gobierno municipal de atender todas las situaciones y determinar las prioridades de asignación de recursos. En este contexto resulta innegable que el sector de las expresiones culturales es uno de los que va a sufrir y sufre, por sus características particulares, los efectos de la pandemia que impide e impedirá por más tiempo una vuelta a la posibilidad de desarrollar su trabajo.

Es esta particularidad lo que determina la imperiosa necesidad del apoyo y acompañamiento del estado municipal no solo para atravesar esta etapa sino para la elaboración de estrategias que permitan asegurar en el tiempo una nueva “normalidad” en sus ´posibilidades laborales. El estado municipal no debe ni puede abandonarlos en esta crisis.

En este sentido se ha pedido la continuidad de los contratados para talleres municipales y la ejecución del presupuesto para la Comedia Municipal.

Por esto las agrupaciones sociales, sindicales y políticas abajo firmantes solicitamos al Intendente Gay una reunión urgente con dichos espacios de representación para implementar ayudas específicas a este grupo de trabajadoras y trabajadores que sostienen la actividad cultura de nuestra ciudad, discutir e implementar las propuestas elevadas y sin respuesta por parte de Cultura de la municipalidad.

COMITÉ DE EMERGENCIA CULTURAL

Ana Concepción Civitella – Carlos Fabaro – Carlos Quiroga – María de los Ángeles Roson – Raúl Ayude Virginia Linares

ADHIEREN

Espacio Progresistas en Red – Frente de Todxs – Frente de Todxs Bloque de Concejales – La Watu – Nuevos Vientos – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Causa Nacional/Polo Social – Movimiento Popular Liberación – Movimiento Mayo – Partido Político Vecinalista Integración Ciudadana

Asociación Argentina de Actores B. Blanca – Asociación de Trabajadorxs de Museos – Asociación de Murgas y Agrupaciones de Carnaval Bahiense – Bahía Blanca Che – Centro de estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca – Centro de estudiantes de la Escuela de Danza – Coordinadora de Centros de Estudiantes de Artística – ECI (Espacios Culturales Independientes) – Hemisferio Derecho Ediciones – La Masmédula Libros –

Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca – Observatorio Cultural Pcia. de Bs. As. – Peces de Ciudad Ediciones – Representantes de lxs trabajadorxs en el CCC – Talleristas del Teatro Municipal – UMSur (Unión de Músicos del Sur)- Acciones feministas – Comedor Corazones Solidarios – Frente feminista Nacional y Popular – Desbandadas – Red Local contra la Violencia de Género –

ADUNS (Asoc. De Docentes de la UNS) – APA (Asoc.del Personal Aeronáutico) – CTA Autónoma pcia de BsAs.- CTA Bahía Blanca – CTA De los Trabajadores – Sadop – SatSaid (Sind. Arg. De Televisión, Serv. Audiovisuales Interact, y Datos) – Secret. de DDHH e Igualdad de Género Secasfpi Anses – SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) Secc. B.Bca. – Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – Unión Ferroviaria – Suteba Celeste – La Bordó No Docentes UNS – FM De la Calle – La Máquina Radial – Red de Comunicadoras Bahía Blanca –

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

(Por UMSur, Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes) A más de cuarenta días de aislamiento, los espacios abajo firmantes manifestamos nuestra total preocupación por la total ausencia de políticas públicas hacia la cultura en el ámbito del gobierno municipal de Bahía Blanca.

El día 19 de marzo, la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur presentaron a las autoridades un Plan de Contingencia que buscaba colaborar con las políticas públicas en materia de salud mental y arbitrar un sistema de contrataciones para amortiguar el impacto económico hacia nuestro sector, teniendo en cuenta que se ve imposibilitado de trabajar (y por ende, de registrar ingresos), desde el 12 de marzo.

El gobierno se comprometió a llevar adelante una reunión para analizar la propuesta. Sin embargo, no solamente no hizo sino que el día 3 de abril lanzó “Cultura en Casa”, una iniciativa que no califica de política pública ya que sólo se basa en reunir links de insumos culturales ya realizados por trabajadores de la cultura. Además, no considera nuestros derechos laborales y amateuriza al sector, constituyendo esto un nuevo desconocimiento de las especificidades de nuestro ámbito.

Habiéndose reunido en reiteradas oportunidades con el Consejo Cultural Consultivo, y habiendo éste elevado una serie de propuestas vinculadas a Eventos con Continuidad en el tiempo, al proyecto mencionado y la necesidad de generar un fondo específico, la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, no ejecutó ninguna de las políticas sugeridas.

Por el contrario, lanzaron una encuesta “con fines estadísticos”, es decir, que la misma no tendría ningún efecto concreto porque no hay ninguna política pública lanzada para el ámbito cultural.

A su vez, en un contexto en el que las autoridades del estado nacional lanzan la línea de mantener la continuidad laboral de todos los sectores a fin de no romper el aislamiento por hambre, el gobierno municipal decide discontinuar contratos de talleristas arrojándolos a una situación dramática.

También han sido elevadas propuestas desde los Espacios Culturales Independientes, espacios vitales de la comunidad, a las que no se les ha dado respuesta concreta.

Asimismo han omitido responder al petitorio presentado por el sector de danza.

Somos miles de trabajadores de la cultura precarizados que estamos en situación de emergencia y, ante las reiteradas solicitudes al gobierno municipal, no hemos recibido ninguna respuesta a las legítimas demandas.

En lugar de invertir recursos públicos para combatir la emergencia, gastan dinero en publicidad en medios y redes sociales a los fines de hacer como que se hace, cuando en realidad no se está haciendo nada.

Asimismo, mantienen sus sueldos de privilegio ¿para hacer qué?

Nos manifestamos en estado de alerta.

Señalamos que los funcionarios públicos no sólo no están cumpliendo sus responsabilidades para los cargos que fueron designados sino que además aprovechan esta circunstancia de emergencia y aislamiento para imponer de hecho “Cultura Abierta”, que no es un proyecto sino más bien la intención manifiesta de desarticular todas las herramientas de participación y profundizar el desguace del presupuesto cultural, además de favorecer a particulares del sector privado y que fue rechazado por el conjunto de la ciudadanía en aquella jornada histórica en el Honorable Concejo Deliberante durante el mes de enero. Que el Coronavirus no sea excusa para profundizar el desguace cultural.

Responsabilizamos a la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, al director de Cultura de dicho organismo, José Ignacio González Casalli, y al intendente municipal, Héctor Gay, no sólo por no generar propuestas sino por no ejecutar ninguna de las iniciativas que les han sido acercadas, que están en sus manos, y que deciden desatender, profundizando el terrible estado de situación que atravesamos, así como otros sectores sociales desatendidos.

Exigimos al gobierno municipal:

-Inmediata aplicación del Plan de contingencia

-Inmediata aplicación de un Fondo Especial en contexto de Aislamiento

-Inmediata aplicación de las propuestas elevadas por el Consejo Cultural Consultivo

-Inmediata respuesta a los reclamos de los Espacios Culturales Independientes

-Continuidad de todos los talleres culturales. Basta de despidos encubiertos

-Cumplimiento de la Ordenanza de la Comedia Municipal 2020 Primer y Segundo Semestre

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.

“Cuando los pueblos agotan su paciencia

suelen hacer tronar el escarmiento”.

Juan Domingo Perón

(Por Ricardo Vicente López) Algunas fechas son demasiado significativas como para dejarlas pasar por alto. El aniversario del 11 de setiembre, atentado contra las Torres Gemelas, produjo, entre otras de sus muchas consecuencias, un viraje en el proceso de la globalización. Hacerlo hoy es sumarnos al permanente reclamo del Movimiento internacional por la verdad del 11-S. Esta organización de profesionales de la construcción que cuestionaron, desde el mismo momento que se hizo pública, la versión oficial sobre aquellos atentados. La versión que se conoció como el Informe de la Casa Blanca fue elaborada por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), especializado en la investigación sobre fallas estructurales graves que dan lugar a catástrofes.

Durante los años que siguieron al atentado se publicaron varias investigaciones realizadas por Centros de investigaciones y universidades muy prestigiosas de los EEUU, que desmintieron con abundantes y muy fundadas razones, las causas ofrecidas acerca de las caídas de las tres torres. Esto incorpora a la investigación la tercera torre que se desmoronó a pesar de que contra ella no impactó ningún avión.

¿Por qué es importante volver sobre este acontecimiento y sus consecuencias? Porque estas últimas no se pudieron percibir en el tiempo inmediato posterior. Esas consecuencias ayudan a comprender, desde otra perspectiva, las causas y los causantes de ese atentado. Y, a partir de una hipótesis sostenible, comprender mejor por qué se realiza y quiénes fueron los verdaderos autores. Comencemos por las críticas al absurdo, insostenible, inadmisible Informe de la Casa Blanca.

Algunas de las objeciones al Informe oficial:

En las semanas y meses que siguieron a los atentados surgieron varias cuestiones sobre las incongruencias de la versión oficial, tales como: 1.- ¿Por qué el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD por sus siglas en inglés) falló en interceptar los aviones secuestrados que impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono?; 2.- ¿Por qué los servicios de inteligencia y de seguridad fracasaron en prevenir los atentados a pesar de haber recibido numerosas advertencias?; 3.- ¿Por qué se permitió que el presidente Bush permaneciese en una escuela de Florida, por más de 10 minutos, después de haber sido advertido de que EEUU estaba bajo ataque?; 4.- Anteriormente, ningún rascacielos de acero había colapsado totalmente, excepto en casos de demolición controlada. ¿Por qué ocurrió tres veces el 11-S? Muchos de los videos sobre este atentado fueron borrados de internet. (Se Consultar también éste link

Como una prueba más de las desconfianzas y sospechas a que dieron lugar la pobreza y las contradicciones del Informe oficial, meses después del atentado, Thierry Meyssan, intelectual e investigador francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Escribe sobre política exterior y publica en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Presentó además sus investigaciones en in libro: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008). Del autor voy a citar una conferencia pronunciada en abril de 2002.

Fue invitado a exponer sobre este tema, convocado y auspiciado por la Liga Árabe, en presencia de la totalidad del Cuerpo Diplomático y de la prensa internacional, en el centro Zayed de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos);su título fue ¿Quién ha perpetrado los atentados del 11 de septiembre? Es muy importante prestar atención respecto de quiénes lo invitaron, dónde se desarrolló el encuentro, puesto que la invitación, el lugar y el público asistente le otorgan a este encuentro un valor documental muy importante.

Sus primeras palabras anunciaban una serie de irregularidades y de contradicciones que convertían el Informe en un documento inaceptable:

Desde los primeros minutos que siguieron al primer atentado contra el World Trade Center, algunos funcionarios sugirieron a la prensa que el responsable de aquello era Osama Ben Laden, paradigma del fanatismo oriental. Poco después, el recién nombrado director del FBI, Robert Mueller III, acusó a 19 kamikazes y requirió todos los medios de su agencia y de los servicios de inteligencia para atrapar a sus  cómplices. El FBI nunca abrió ninguna investigación, sino que coordinó una “caza al hombre” que tiene, a los ojos del público americano, el aspecto de una “caza al moro”. Tanto es así que algunos exaltados han agredido y en algunos casos han dado muerte a árabes que consideraban sin más como responsables colectivos de los atentados. No ha habido tampoco ninguna investigación del Congreso. Este ha renunciado a ejercer su función constitucional a petición de la Casa Blanca, supuestamente para no dañar la seguridad nacional. No ha habido tampoco ninguna investigación de la prensa. Esta fue convocada a la Casa Blanca y conminada a abstenerse de toda investigación para no perjudicar la seguridad nacional.

Para abundar en pruebas de lo inconcebible e inaceptable, de lo que se informó como explicación del Atentado a la Torres Gemelas, agrego ahora lo dicho por un importante miembro del establishment estadounidense, persona de muy conocida trayectoria académica y política: Paul Craig Roberts (1939) economista, escritor y periodista conservador estadounidense. Doctorado por la Universidad de Virginia, diplomado por el Instituto de Tecnología de Georgia, por la Universidad de California (Berkeley). Fue Asistente de la Secretaría del Tesoro durante la presidencia Reagan. Es coautor del libro “La tiranía de las buenas intenciones”.

El título del artículo publicado en Information Clearing House (2-9-2006) anuncia las dudas que se desprenden del Informe Oficial: “Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el 11 de septiembre de 2001”. Comienza ofreciendo una especie de justificación respecto de volver sobre el tema cinco años después. Dice:

Recibí numerosas e inteligentes cartas de los lectores de mi columna del 14 de agosto titulada “Gullible Americans” (americanos crédulos). Esas cartas ameritan una respuesta. Por otra parte, varias de ellas contienen señalamientos que correspondería compartirlos con una audiencia más vasta. Queda comprobado que presuntos eruditos como yo no somos los únicos que tenemos cosas interesantes para decir. Considerando el número de las cartas recibidas y el importante tiempo que requeriría responderlas individualmente, responderé a todas desde esta columna.

Ante posibles sospechas y/o acusaciones respecto de sus intenciones de escribir sobre un tema tan delicado para los EEUU, ofrece una reflexión, que demuestra su inteligencia, para sentirse autorizado de opinar sobre aquel suceso luctuoso que ocasionó más de 3.000 muertos y 6.000 heridos. Ofrece, entonces, un profundo discernimiento con relación a lo que se podría poner en duda. Sin descuidar un sentimiento muy arraigado en el pueblo de ese país: el patriotismo. Propone una distinción entre lo que es la lealtad a un país y la lealtad a un gobierno. Argumenta:

Los lectores entienden que apoyar a un partido político o a un gobierno que está destrozando la Constitución de Usamérica y la reputación de Usamérica en el mundo es, de hecho, un acto de traición. Por consiguiente no tuve que leer las tonterías habituales de que acusan de “anti-usamericano” a los que dudan de la honorabilidad de “nuestro gobierno”.

Agrego yo, para una mayor claridad, que el presidente en ese tiempo era George W. Bush (2001-2009), y pertenece al mismo partido, que el autor de la nota de referencia: el Republicano.  Sigue diciendo Craig Roberts:

Comenzaré estableciendo que es lo que hoy conocemos como un científicamente sólido e incontrovertible hecho. i) Lo que sabemos es que es completamente imposible para cualquier edificio, mucho menos para uno construido con columnas de acero, desplomarse a velocidad de caída libre. Por consiguiente, sabiendo eso, pasa a ser un hecho sin discusión que es falsa la explicación oficial de la caída de las torres gemelas del Wold Trade Center. ii) Lo que también sabemos es que es inexplicable la falla de la fuerza aérea en interceptar a los supuestos secuestradores siendo que la Fuerza Aérea, si se lo propone, puede colocar aviones caza interceptores a 29000 pies de altura en menos de 2.5 minutos. iii) También sabemos que los dos co-presidentes de la Comisión del 11-D acaban de escribir un libro que revela que los militares de USA mintieron a la Comisión sobre el hecho de que no interceptaron a los aviones secuestrados.

Esto nos deja con el indiscutible hecho de que los edificios no pueden desplomarse sobre sí mismos a velocidad de caída libre. La única explicación conocida por la ciencia de colapsos de edificios a velocidad de caída libre, especialmente cuando se derrumban sobre sus propios pies. Es lo que en ingeniería se conoce como procesos de “demolición controlada”, los cuáles consisten en remover los soportes de cada uno de los pisos cada tanta fracción de segundo de modo tal que los escombros no encuentren ninguna resistencia a su caída.

Es poco lo que se puede agregar, sólo la convicción de que es mucho lo que se ha ocultado y que sólo puede comprenderse es que se ha ocultado por razones muy graves.

El Patriot Act (Ley Patriótica)​ es decir «La Ley para unir y fortalecer América proveyendo las herramientas apropiadas, requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo». Esta ley suspendía la constitución de los EEUU, por tiempo indeterminado. Fue aprobada por una abrumadora mayoría de ambas Cámaras, promulgada el 26-10-2001.

Las estipulaciones más restrictivas, que limitan los derechos y garantías constitucionales, fueron inicialmente sancionadas como normas provisorias de emergencia hasta el 31-12-2005. Sin embargo, todavía está vigente.

El periodista, analista político, Vladímir Simonov comenta este tema:

En el 2015 fue reemplazada por la USA Freedom Act, que mantuvo lo que conformaba la base de la ley anterior. La excesiva afición de la Administración USA por la observancia de los derechos humanos en otros países le impide a Washington percibir hasta qué punto su propia legislación entra en contradicción con la democracia. América afronta de hecho un dilema de excepcional importancia: la libertad democrática y las restricciones de la ley surgida de los Atentados.

Deberíamos preguntarnos si un país que tiene su constitución suspendida desde hace dieciocho años es realmente una democracia. ¿Qué dirían ellos de cualquier otro que estuviera en las mismas condiciones, o en otras más benignas, pero restrictivas? La pregunta, muy poco formulada es: ¿Cuál fue el objetivo estratégico de semejante atentado? Por sus dimensiones y sus terribles consecuencias debemos suponer que lo que podía estar en peligro era (y es) el sometimiento global, plan que fue anunciado con el título de un Nuevo Orden Mundial por el presidente Woodrow Wilson (1918); recuperado por el presidente George Bush padre (1990). Después fue presentado como la Globalización

(Por Astor Vitali) Ayer, sin mayores repercusiones, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en la que hubo la posibilidad de tratar políticamente la situación de los y las trabajadores de la cultura de nuestro partido. El oficialismo decidió no tratar el tema. La total desprotección hacia este sector actúa en correspondencia con lo que la funcionaria del Instituto Cultural, Morena Rosselló, viene haciendo en materia de políticas públicas: nada.

De la sesión trascendió con mayor repercusión la declaración de Emergencia Alimentaria aprobada por unanimidad, lo cual constituye una acción sin versión contrafáctica posible: la emergencia es un hecho evidente y, por ende, existe tanto se vote o no. Las emergencias permiten que los mecanismos económicos previstos para la aplicación de presupuestos se flexibilicen y, de esta forma, el poder ejecutivo municipal arbitre los medios para asignar recursos con mayor celeridad y menor burocracia hacia la materia de la emergencia; en este caso, la alimentaria.

En cambio, el proyecto de resolución solicitando “al Departamento Ejecutivo la continuidad del programa ENVION y renovación de contratos, talleristas y becarios” presentado por el Frente de Todos, no tuvo la mismo suerte. ¿Por qué? Porque los y las concejales del oficialismo, dirigidos por el intendente Héctor Gay, no dieron los votos para su tratamiento.

Durante la sesión no hubo debate, por lo que debemos remitirnos a los proyectos en sí mismos para reproducir de qué iba la propuesta.

En este sentido, el no tratamiento del proyecto sí da un lugar a un ejercicio contrafáctivo. ¿Qué hubiera pasado de haber sido aprobado? Al menos se hubiera garantizado el tratamiento serio, dentro de un marco normativo, de la angustiante situación que atraviesan cientos de trabajadores de la cultura y, asimismo, hubieran sido apuntalados los derechos culturales de la comunidad.

El proyecto solicitaba “al Departamento Ejecutivo que garantice la continuidad del programa ENVION, de los talleres dependientes del Instituto Cultural y de la Dirección de Inclusión y Discapacidad adecuando los objetivos, las modalidades y las tareas realizadas de las y los trabajadores talleristas al contexto de la crisis generado por la pandemia del Coronavirus – COVID 19”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

A su vez, requería “la renovación automática de todos los contratos, talleristas, PRENOM y becarios municipales. De la misma forma garantizar la continuidad laboral de las y los miembros de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil Barrio Miramar y de la Comedia Municipal de Bahía Blanca”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por otra parte, el proyecto también instaba “al Departamento Ejecutivo a la elaboración urgente de un programa de apoyo y acompañamiento económico dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura en el marco de la pandemia del Coronavirus – COVID 19 y se evalúe la factibilidad de la puesta en práctica de un ´Plan de Contingencia Psicológica en Contexto de Emergencia´ para la creación de contenidos artísticos”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por último, el proyecto solicitaba al “Departamento Ejecutivo que arbitre todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cobro en tiempo y forma de todos los contratos, becas y programas referidos en el artículo 2° de la presente resolución”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Continuando con el ejercicio contrafáctico, en otra dimensión donde el gobierno manifestara interés por la dignidad humana de la ciudadanía en su conjunto y donde los y las ediles que ejercen el oficialismo de ese gobierno gozaran de alguna instrucción cívica, quienes se dedican a reparar lo que destruyen la clase que representa Héctor Gay, habrían sentido que contemplados sus derechos básicos. En otra dimensión donde este proyecto hubiera sido aprobado: la ciudadanía de Bahía Blanca habría contado con un plan de contingencia sicológica (contenidos gratuitos elaborados por artistas de su localidad, diseñados en conjunto con la Secretaría de Salud en contexto de aislamiento); cientos de trabajadores precarizados hubieran podido alimentarse, comprar materiales de higiene, evitado la profunda amargura, estrés y situaciones traumáticas por las que pasan; miles de niños y de niñas hubieran accedido a contenidos originales, abonando al cumplimiento del aislamiento con incentivos de salud mental; miles de adultos mayores se habrían sentido acompañados por su comunidad a través de contenidos creados para su acompañamiento; los y las talleristas se habrían encontrado en una tierra en la que sus derechos laborales no sólo existen sino que además son respetados por los funcionarios de gobierno que velarían por el cumplimento de las normas legales (comenzando por la constitución); los y las talleristas que han puesto el cuerpo en situación sociales adversas de la que no son responsables (y cuyos responsables gozan de recursos económicos para no preocuparse de su suerte en su cómodo aislamiento) y sin embargo, de la que se hacen cargo desde iniciativas virtuales, verían el legítimo reconcomiendo social por su trabajo expresado en su continuidad laboral, en lugar de verse amenazados con no tener su ingreso y hasta obligados a romper la cuarentena por hambre; el sabor amargo de vivir en contexto de pandemia se vería amilanado por la sensación de que quienes gobiernan la ciudad están enfocados en protegernos.

En cambio, la decisión política de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca durante la sesión de ayer golpea de manera fáctica e irreversible. La incapacidad política y la irresponsabilidad económica no miden las consecuencias de difícil reparación que tendrá esta posición política del oficialismo. Nuevamente, para las huestes amarillentas conducidas por empleado del mes en ejercicio de la intendencia municipal, fuera de sus intereses de representación de los suyos, de la gente bien y con departamentos céntricos y casa en Monte, el resto sobra o es parte de la población de segunda que, claro está, puede esperar.

Foto: HCDBahíaBlanca

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!

(Por Sabrina Guerstein, Natalia Aguilera y Luciana Colla) El siguiente texto es producto de charlas y reflexiones que tuvimos (y seguimos teniendo) un grupo de docentes que trabajamos en distintas escuelas secundarias de la ciudad, que giran en torno a una temática siempre presente en nuestra práctica: el rol de la escuela en la sociedad actual.

Con el cambio rotundo de contexto ante la pandemia de coronavirus, el cierre de los edificios educativos y el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, estas reflexiones adquirieron un protagonismo renovado. La decisión de las autoridades de continuar con las clases de manera virtual nos enfrentó desde el primer día con un montón de dificultades de todo tipo.

En cada escuela se eligió una plataforma distinta para comunicarse con el alumnado: en algunas Facebook, en otras Classroom, mail, WhatsApp. Y en las privadas, videoconferencias por Zoom, Meet y Hangouts. Lo primero que notamos fue la dispar recepción de la propuesta virtual entre lxs estudiantes. Hubo cursos en los que la mayoría de ellxs entregaban los trabajos, pero en otros, solo una minoría lo hacía. En los grupos de WhatsApp de las escuelas (públicas), las directoras y preceptoras empezaron a alertarnos: muchas familias no tienen celular ni wi-fi; y a los pocos días: muchas familias no tienen para comer. Así, nos empezó a preocupar también la forma en la que esta situación agranda la desigualdad educativa ya existente.

Y sí, estamos un poco desconcertadas. No es para menos: la cantidad de canales para comunicarse con lxs alumnxs de un mismo curso, aumentó exponencialmente pero paradójicamente nos sentimos “lejos” de ellos. Hay muchxs con quienes no pudimos siquiera establecer contacto.

Pero con el tiempo la pregunta que nos empezamos a hacer cada vez con más fuerza es PARA QUÉ: ¿Puede seguir siendo el mismo el objetivo de las tareas que les damos a los chicos que en un ciclo lectivo normal? ¿Estamos enseñando contenidos nuevos? ¿Estamos evaluando saberes? ¿Estamos conteniendo y acompañando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué deberíamos hacer?

Y rompiéndonos la cabeza sobre estas preguntas que tanto nos interpelan, nos dimos cuenta de que ninguna autoridad dijo absolutamente nada al respecto. Nos dijeron: “los edificios cierran pero las escuelas siguen enseñando” Pero no nos dijeron cómo, qué o para qué. Por parte del mismo ministro Trotta hubo declaraciones y contextualizaciones genéricas, pero difusas y hasta contradictorias. Por eso mismo, esas declaraciones resultan ser de escasa utilidad y de un gran contraste con la realidad y el descontrol que se estaba (y se está) viviendo. No hay claridad, no hay objetivos, no hay métodos, no hay dirección, no hay presupuesto extra.

Muchos equipos directivos están haciendo lo imposible por contener esta situación tremenda, haciéndose cargo de todos los frentes: las familias que no tienen para comer, la inspección, la incertidumbre y los sueldos de lxs docentes. Buscan la mejor manera de acompañar al alumnado. Y nosotrxs estamos haciendo lo que podemos, según lo que nos parece mejor. Porque ante la ausencia de una política global, recayó sobre el criterio de cada docente en forma individual la responsabilidad de decidir qué estrategia tomar para realizar esta continuidad. Este hecho nos resulta triste, grave y negligente. La heterogeneidad de situaciones producto de esta no-política incrementará el caos que cuando toque volver a las aulas, pero sobre todo aumenta la desigualdad educativa de la que hablábamos antes.

Como si las problemáticas planteadas hasta acá no fueran suficiente ya, en la semana comenzó a circular una noticia entre las escuelas: “vayan viendo cómo evaluar este primer trimestre”, ultimaron los directivos. “¿Queé?” -dijimos nosotrxs-. Pretenden que el calendario escolar continúe exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si fuera un año normal, como si pudiéramos establecer un vínculo cotidiano y genuino con el alumnado. Las autoridades educativas se desentendieron de ponerse al hombro la definición de la forma que adquiriría la educación en este período, pero nunca se van a desentender de la exigencia de cumplir con los tiempos formales, los “180 días de clase”, la entrega de papeles inútiles, las formalidades. Esto pone en evidencia más que nunca que la burocracia se fagocitó a cualquier sentido que pueda tener la educación en cualquier contexto. También da cuenta de la importancia que tiene para algunxs mantener intacto cascarón, sin importar lo que haya adentro. Al punto de plantear la continuidad virtual sabiendo que un sector muy importante de la población no tiene acceso a internet, al punto de difundir la entrega de cuadernillos impresos (que en muchos casos ni siquiera han llegado) como la solución que viene a salvar esta desigualdad cuando justamente lo que hace es lo contrario, ensancharla.

Y no solamente estamos a la deriva y cargados de incertidumbre. Lxs docentes también sufrimos un desproporcionado aumento de nuestra carga laboral. Debemos adaptarnos a las exigencias y ritmos de trabajo que cada escuela, curso y contexto nos imponen; nos vemos en la obligación de aprender en tiempo récord y muchas veces sin ayuda a utilizar diferentes aulas virtuales y plataformas; debemos planificar, adaptar y reelaborar absolutamente todo de nuevo (pues lo que teníamos preparado para la presencialidad no sirve para la modalidad virtual); tenemos que hacer lo imposible para lograr comunicación con el alumnado: ver qué pasa, por qué no responde, probar por otro medio, avisar en la escuela… También contenemos a nuestrxs alumnxs, nos preocupamos si no comen y nos organizamos para que puedan comer, elaboramos y entregamos informes, planillas, planificaciones, notas… Estamos frente a una computadora o celular todo el día, utilizando y pagando nuestros propios recursos e insumos, a merced de la hiperconexión.

En suma: esas variables que de por sí jamás son reconocidas en nuestro salario en épocas de trabajo ordinario, se profundizan enormemente en este estado de excepción volviéndose, lisa y llanamente, una situación de explotación.

Incluso sentarnos a pensar nos fue difícil: ¿cómo encontrar el momento para sistematizar y traducir por escrito esto que nos atraviesa en medio de tanta vorágine? Sin embargo, desde nuestra práctica docente, conociendo de primera mano la importancia que tiene la educación pública para el presente y el futuro de nuestrxs alumnxs, consideramos que no podemos darnos el lujo de omitir un debate serio. Políticas claras que definan cómo acompañar a los estudiantes durante esta pandemia apremian. Desde ya, no alcanza con la directiva “educación virtual” y con esporádicas salidas en radio o TV para mostrar preocupación. Sin un compromiso real del Ministro de Educación y sus funcionarios no hay política integral posible.

“Hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la seca”

Martín Fierro- José Hernández

(Por Ricardo Vicente López) Le pido, amigo lector, que no se enoje por lo que dice el título. Perdóneme hasta el final de la nota, y entonces vuelva a juzgarme. Estamos inmersos en un mundo que en pocos días giró violentamente respecto de sus doctrinas básicas. La ortodoxia económica, en las Academias se habla del pensamiento dominante, de la mayor parte del siglo XX, con la excepción de los “treinta años gloriosos (1945-1975) dominó la certeza de que la libertad debería ser la regla de todos respecto de la vida política y económica, a esto se lo denominó mainstream:

Se habla de mainstream, o corriente/tendencia mayoritaria​ para referirse al pensamiento actual que se ha extendido a toda la cultura popular, la cultura de masas, dominante en los medios de comunicación. La ciencia del mainstream, fundamentalmente la economía, es la a un campo de estudio establecido subordinado a las teorías ortodoxas.

Es la doctrina que domina la casi totalidad de la enseñanza de la mayor parte de las universidades y academias, y que encuentra una expresión política sólida, compartida por la mayor parte del mundo empresarial. La catedral de esta doctrina encuentra su máxima expresión política en los encuentros anuales de Davos, y se puede sintetizar de este modo:

El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado… De acuerdo a esto, las fuerzas de oferta y demanda son las que, de una forma natural, convergen en un equilibrio por el cual los precios reflejan la escasez relativa de los bienes; lo que se verifica en una correcta y eficiente asignación de los recursos.

Este fue, en síntesis, el discurso dominante de una religión laica que no admitió herejes ni ateos, cuya verdad adquirió, desde el siglo XIX, casi una valor bíblico. Su consistencia teórica, según sus defensores, fue tal que las dos grandes crisis mundiales (1929 y 2007/8) no lograron producir grandes fisuras en ese cuerpo teórico, aunque no logró ofrecer una explicación satisfactoria respecto de lo sucedido.

Desde fines de los ochenta en adelante el capitalismo dejó de ser un tema de debate. Algo así como un gran telón ocultó el escenario de las miserias que generaba y un exitismo desvergonzado se instaló en él. La caída del Muro de Berlín (1991) como símbolo, incentivó una publicidad abundante de ese capitalista liberal como el único posible.

Un virus logró quebrar la fe

Los fundamentalismos son, en apariencia, muy sólidos salvo cuando la duda comienza a corroer sus certezas y se esparce con una tozudez arrasadora incontenible. Entonces, las columnas fundamentales de ese pensamiento, el liberalismo económico, sostenidas por lo más importante de la masa académica, entra en crisis y su voz enmudece. Un silencio atronador inunda el espacio público.

En ese momento una voz sagrada, que representa ese fundamentalismo doctrinario, se atreve a publicar un editorial que suena como un tiro de gracia en su corazón. Es nada menos que el Financial Times, periódico de origen británico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía: es la voz de la Bolsa de Londres [[1]]. Celosa defensora, con su mejor British Style (estilo británico), de los mercados libres y de la globalización, que mejor expresó el eje Margaret Thatcher y Ronald Reagan, durante la larga década de 1980,

La semana pasada, para sorpresa y estupor de sus feligreses, anuncia que esa etapa ha muerto. Propone en su editorial la necesidad de una nueva doctrina, nueva para ella, a pesar de haber sido la voz hereje de los heterodoxos, los que no se sometieron a su prédica liberal-conservadora.

Afirma la palabra del editorial del influyente diario económico británico:

“La crisis causada en todo el mundo por la pandemia de coronavirus provocó un hundimiento económico sin precedentes, pero al mismo tiempo ha resaltado la desigualdad existente en nuestras sociedades y la necesidad de respuestas inéditas. Es la hora de recuperar un  Estado más fuerte ante el avance de la enfermedad que afectó a cientos de miles de personas en todo el planeta. Se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos“.

Continúa más adelante:

Las reformas radicales –revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas– deberán estar sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez; los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas

Continúa la Editorial del Financial Times:

“Si hay un lado positivo en la pandemia de Covid-19, es que ha inyectado un sentido de unión en las sociedades polarizadas. Pero el virus, y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo, también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, e incluso crean otras nuevas. Como los líderes occidentales aprendieron en la Gran Depresión, y después de la segunda guerra mundial, para exigir sacrificios colectivos se  debe ofrecer un contrato social que beneficie a todos“.

Completando su giro programático arroja esta advertencia, que sorprende por su contenido:

“El extraordinario apoyo presupuestario de los gobiernos para la economía, aunque necesario, empeorará las cosas de alguna manera. A los países que han permitido la aparición de un mercado laboral irregular y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro”.

Hay algunas expresiones que pueden sorprender como cuando afirman que “La redistribución volverá a estar en la agenda”. No aclara a qué pasado hace referencia, es difícil de creer que habla de países socialistas, menos aún peronistas.

“Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en una nueva consideración; se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos“.

Por otra parte puede decir que:

Pero el virus, y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo, también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, e incluso crean otras nuevas. Los sacrificios son inevitables, pero cada sociedad debe demostrar cómo ofrecerá una restitución a aquellos que soportan la mayor carga de los esfuerzos nacionales”.

No parece necesario agregar más comentarios. Sugiero, amigo lector, probar con un respiro hondo, volver a leer quién dice todo esto, y concederse un largo tiempo para reflexionar sobre tantas cosas que, tal vez, cueste salir del asombro. Por otra parte, puede pensarse que la crisis del sistema capitalista es de tal envergadura que, en el templo de las finanzas internacionales tengan una apreciación más grave de la que podemos observar desde este sur con un gobierno peronista. Parafraseando a William Shakespeare podemos decir: “Algo huele bien en Londres”, pero sospecho que vamos a ver a muchos resfriados que no están en condiciones olfativas para apreciarlo.

Ah, me olvidaba, amigo lector ¿podrá perdonarme?

[1] La Bolsa de Londres es la bolsa de valores localizada en Londres, Inglaterra. Fundada en 1801, es una de las mayores bolsas de acciones del mundo y un baluarte de las finanzas.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La declaración de pandemia por parte de la OMS, ante la difusión del coronavirus (COVID 19), ha obligado a la toma de decisiones excepcionales en materia de política sanitaria. Nuestro país ha decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, salvo las personas exceptuadas que realizan tareas esenciales.

Esto ha implicado la prohibición del libre tránsito, la no concurrencia a los espacios educativos, la prohibición de actos públicos políticos, sociales y culturales,  la imposibilidad de realización de eventos sociales privados, entre otras tantas.

Estas medidas han estado sostenidas, justificadas y legitimadas por argumentos sólidos desde la perspectiva científica y sanitaria y han contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y también de sindicatos, organizaciones sociales, iglesias y  sectores empresarios.  Es decir, no sólo son legítimas sino que cuentan con un amplísimo consenso social y político.

Las medidas tomadas por el gobierno han tenido una vasta aceptación y acatamiento consciente y voluntario por parte de la población. Esto indica que, siendo medidas que restringen, determinan y controlan nuestras prácticas habituales, y que son de soberanía individual incontrastable, la sociedad las adoptó pues comprende que resultan imprescindibles para garantizar la vida como bien común.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de 20 días de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, creemos necesario señalar algunas cuestiones que no deben ser soslayadas aún en un contexto excepcional como este.

El aislamiento se inscribe en la desigualdad

No todas las personas tienen recursos y posibilidades de sostener el aislamiento social con pleno acceso a los bienes de consumo para transitarlo con dignidad y bienestar, o sin la escasez de elementos vitales como la alimentación, productos de higiene, y  sobre todo una vivienda que permita “quedarse en casa”. El estado debe fortalecer las políticas de inclusión y de sostén de aquellos sectores que viven en situación de calle o bien “de la calle” para la sobrevivencia (cartoneros, cuidacoches, etc.)   

Aún quienes así pueden hacerlo, la sociabilidad familiar a la que se ven restringidas muchas personas no constituye una red de resguardo sino todo lo contrario. Muchos hogares están atravesados por violencias que ponen en serio riesgo la vida y la integridad de mujeres y niñes. Las múltiples conflictividades  familiares en este contexto cuentan con menos recursos comunitarios, estatales y sociales para abordarse.

No estamos en guerra: es posible garantizar las medidas de aislamiento sin violencias ni autoritarismo

La obligatoriedad del aislamiento ha implicado el despliegue de dispositivos securitarios de control, vigilancia y represión, extendiendo en todo el territorio el accionar de fuerzas de seguridad que en sus prácticas rutinarias suelen violar marcos normativos y constitucionales.

Nuestro país no sólo tiene una historia signada por el terrorismo de estado durante la última dictadura militar. También en democracia permiten prácticas sistemáticas de tortura y malos tratos en el despliegue territorial de esas fuerzas, que incluyen casos de gatillo fácil y muertes bajo cuidado del estado.  

Esto es mas preocupante aún hoy, puesto que la gestión anterior alentó las mismas, a través de protocolos, recomendaciones y en el plano simbólico en lo que se dio en llamar “la doctrina Chocobar”. La represión a la protesta social, como la ocurrida con los trabajadores del frigorífico Penta en Quilmes, nunca debe ser el camino para la resolución de la conflictividad social. Por eso deben desplegarse todas las acciones de resguardo y prevención para que no ocurran. Las sanciones deben ser aplicadas con celeridad y el mensaje desde la conducción de la fuerza debe ser muy claro.

Otra cuestión ligada a esta remite a desbordes sociales de tipo autoritario que hay que disuadir, con un discurso oficial que no sólo aliente el cumplimiento de las medidas sino que oriente el clima social hacia la solidaridad, la templanza y la pedagogía del cuidado más que la del control y la delación.

Con preocupación observamos una práctica que ha comenzado a diseminarse, que es el despliegue de mecanismos sociales y vecinales de control de los que circulan por la vía pública y/o son vistos por algunas de sus conductas como infractores de la orden de aislamiento. Esto se ha manifestado incluso de manera extrema en mensajes hostiles y agresivos a personal de la salud, que algunos barrios fueron considerados como focos de contagio que deben expulsarse.  

A esto se agregan decisiones de gobiernos municipales o provinciales que con “toques de queda”, cortes de rutas y accesos a ciudades suman acciones arbitrarias e inconstitucionales a esta clima vigilante y sancionatorio. Y también preocupa que se estén desplegando investigaciones estatales de “cibervigilancia” en las redes sociales, sin protocolos claros que garanticen el derecho a la privacidad y al resguardo de datos personales.

Estos “desbordes” en las funciones de control y vigilancia, deben cesar y no ampliarse. De persistir provocaran marcas muy profundas en la trama social ya debilitada por años de neoliberalismo e individualismo y atentaran con la gestión de esta crisis, que deberemos transitar por un tiempo prolongado. Este recorrido debe realizarse de manera pacífica y armónica, afianzando las redes comunitarias de solidaridad y ayuda con los que menos tienen, pues sin dudas la pandemia ya ha generado y seguirá generando mucho malestar, miedo y dolor en nuestra sociedad. Las diferentes posibilidades de transitar este camino, están vinculadas también a la desigualdad y la pobreza.

En este sentido, deberían abandonarse las metáforas de la guerra que se esgrimen desde distintos emisores de mensajes públicos. Estamos ante una pandemia producida por un virus, y las medidas que se toman son de cuidado comunitario. No hay enemigos, y mucho menos lo son aquellos que padecen la enfermedad, ni tampoco los miembros de la comunidad que trasgreden las medidas. Estos son infractores que deben ser persuadidos y si persisten sancionados con la gradualidad que las leyes vigentes indiquen, pero sin estigmatizaciones generalizantes que más que promover el cumplimiento alientan la desagregación social, la violencia y el “sálvese quien pueda.”

La violencia policial registrada en el marco de los operativos de control se ha perpetrado sobre las poblaciones más vulnerables, cuya supuesta transgresión del aislamiento, en muchos casos, ha estado relacionada con la búsqueda de alimentos y otros elementos básicos. Es decir, allí donde el estado ha desplegado las acciones de asistencia y protección, las prácticas policiales detectadas han ido en sentido contrario y con un alto contenido “moralizante” del acto policial violento, como pedagogía de la crueldad y el escarmiento.  Esto ha tenido como víctimas también a niños y adolescentes.

Además de estos “toques de queda” ad hoc, ilegales, más graves que el incumplimiento de la “cuarentena”, hemos detectado “prisiones domiciliarias” ad hoc por parte de la policía. Luego de procesar a una persona por transgresión del aislamiento, las confinan a “prisión domiciliaria”, controlando periódicamente en la vivienda sí cumple o no el encierro, sin ninguna orden judicial en este sentido.

La muerte de  Florencia Morales en la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, es un hecho extremo y una  alerta clara que debe ser escuchada por los gobiernos. La emergencia sanitaria es para salvar vidas, no para ponerlas en peligro ni para cercenar derechos.

Por una pedagogía del cuidado y un estado presente.

Estas observaciones y alertas que planteamos se amparan en la convicción de que es posible abordar este momento excepcional y de crisis, tal como se está haciendo de manera procedente en tanto política sanitaria, en el marco del  cumplimiento pleno de las garantías constitucionales. Las restricciones establecidas son sólo a los efectos de cuidar la salud y la vida de la población, no para desplegar dispositivos de control y vigilancia, tanto estatales como sociales, con el objetivo de enderezar a los “desviados” o los “asociales”.

Las metáforas biomédicas utilizadas en política, han sido paradigmáticas en los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, la imagen del bacilo, del parasito, o del  cáncer  han sido utilizada más de una vez para identificar a los “enemigos».

No es necesario entonces instalar la imagen de la guerra, ni el escarnio, la persecución y estigmatización de los infectados de un virus real y no metafórico, que produce enfermedad y muerte.

Debemos seguir apelando a la pedagogía del cuidado, a la comunión orgánica de la sociedad en búsqueda del bienestar de todes. Hay claras muestras de que es el camino más firme que estamos transitando. Velar porque esta sea la dirección que sigamos, es un compromiso para sostener día a día.

En los momentos más difíciles, la memoria, la democracia y los derechos humanos nos vuelven a marcan el camino. Estamos esperanzados que así será, pero para ello debemos estar alertas frente a las señales del autoritarismo y la intolerancia, que también emergen y se profundizan en tiempos difíciles y de crisis. La salida de la pandemia es colectiva y no individual, con un estado fuerte y presente que promueva la igualdad social y el bienestar de todes.

(Por Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda) Nuestro pueblo se encuentra atravesando una situación dramática por la pandemia del coronavirus. Junto a los demás pueblos del mundo, está transitando un hecho sin antecedentes contemporáneos y de consecuencias impredecibles, que requiere la toma de medidas de fondo, basadas en esta situación excepcional. Ante esta realidad y a modo de fortalecer las respuestas populares para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda quiere compartir las siguientes reflexiones y propuestas.

El gobierno declaró el aislamiento forzoso y lo prorrogó hasta el 12 de abril. Es una medida necesaria para frenar la expansión del virus y evitar el colapso del sistema de salud, aun sabiendo que no afecta a todes por igual. Millones de personas están imposibilitadas de hacer cuarentena, por ejemplo, porque hay hacinamiento y ausencia de ingresos. Deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Ante esta realidad, son muchas las denuncias de abusos y represión de parte de fuerzas policiales y gendarmería, camino que debe quedar descartado igual que cualquier participación de las fuerzas armadas en el control interno. El parate de importantes sectores de la economía repica contra los ingresos de tantes trabajadores precarizades y la capacidad de muchas cooperativas, empresas recuperadas, trabajos autogestionados y PYMES a sostenerse. Estas situaciones vulneran aún más a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias, y la violencia machista se sigue ejerciendo, con 12 femicidios en apenas 10 días de cuarentena.

Por otra parte, los formadores de precios aumentan día a día la canasta básica a pesar de la disposición gubernamental de retrotraer alimentos y medicamentos a los precios del 6 de marzo pasado. El poder económico presiona contra el empleo y los salarios, aunque en el fondo buscan el levantamiento de la cuarentena. Ponen la ganancia, sus ganancias, por delante de la vida. Un caso evidente es el del grupo Techint que pretende despedir a 1450 trabajadores. Desde varias provincias llegan denuncias de la continuidad de los desmontes, las fumigaciones y el avance de la megaminería, aumentando la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades, pese a las restricciones establecidas.

En este contexto, y ante la perspectiva de un agravamiento de la situación social, destacamos la urgencia de priorizar la atención de las necesidades de los sectores populares más vulnerables. Hoy todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, incluyendo en primer lugar la salud y la alimentación.

Por eso, ahora más que nunca reclamamos al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que suspendan todo pago de deuda pública. Rechazamos que en medio de este brutal agravamiento de la situación de crisis que ya se venía sufriendo, continúen los pagos al FMI, fondos de inversión y otros especuladores, co-responsables de esa realidad.

Con los U$S 250 millones que el gobierno nacional pagó en intereses el 31 de marzo, por ejemplo, se podría haber multiplicado por 9 el fondo especial establecido para reforzar el sistema de salud, o aumentado en forma sustancial el Ingreso Familiar de Emergencia que prevé otorgar $10.000 a hogares sin otro sostén. O se pudo haber prescindido de la toma de nueva deuda, como el préstamo de U$S 300 millones recién acordado con el Banco Mundial, perpetuando el sistema de expoliación y dominio de la cual la deuda forma parte central.

No se debe destinar un solo peso o dólar más al pago de esta presunta deuda, sabiendo además que lo que nos exigen pagar, más que una “deuda”, es una verdadera estafa al pueblo y los intereses de la nación. Reclamamos que se dejen sin efecto la ley 27.544 y el decreto 250/2020, que habilitan las actuales negociaciones de pago, y que se realice una investigación independiente y participativa de los pagos pendientes para anular directamente los que son ilegítimos, ilegales y odiosos.

Estamos igualmente convencidos que, por más necesario que es en este momento, no alcanza con no pagar. Es el momento para que paguen los beneficiarios del saqueo provocado con la estafa de la deuda, como los bancos, entidades financieras, monopolios, el agro negocio y el conjunto del modelo mercantilista, extractivista, especulador y transnacionalizado.

La situación de emergencia que se ha configurado exige un conjunto de políticas soberanas que defiendan la vida y el futuro del país. Algunas de ellas las veíamos como un escenario estratégico, pero la crisis y la pandemia las hicieron necesarias ahora. La prioridad debe ser sostener la economía popular, sostener e inyectar recursos al sistema público de salud, a los subsidios para quienes no pueden trabajar, y sostén a las empresas recuperadas, cooperativas y Pymes para producción de todo aquello que la sociedad requiera.

En ese espíritu ponemos a consideración de toda la sociedad, al igual que a los gobiernos, las siguientes propuestas:

1. Inmediata suspensión de todo pago de la deuda pública, incluyendo intereses, amortizaciones y comisiones. Investigación de su origen, usos y consecuencias para anular directamente. NO al inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento.

2. Repatriación de los casi 350.000 millones de dólares de activos de argentines en el exterior. Auditar los posibles fraudes y evasión fiscal en la fuga de divisas que les dieron origen. Aplicación de un fuerte impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas.

3. Ningún despido, suspensión o rebaja salarial. Garantizar el cumplimiento del DNU N°329/2020. Que sean los grandes grupos económicos los que ganen menos para sostener a les trabajadores.

4. Multiplicar las partidas de alimentos, barbijos, alcohol en gel e insumos en las salas y centros de salud de los barrios populares y hospitales. Asegurar adecuada protección de todos los trabajadores de “sectores esenciales”.

5. Aumento del subsidio de emergencia para todos les trabajadores informales, monotributistas, cooperativistas. Asegurar el abastecimiento básico en los territorios más empobrecidos.

6. Asegurar la no suba de precios.

7. Supervisión del cumplimiento del aislamiento forzoso en manos de autoridades civiles y organizaciones populares, desmilitarizando los barrios, pueblos, ciudades y rutas del país. Facilitar las denuncias y asegurar la sanción de todo comportamiento abusivo por parte de las fuerzas policiales y de gendarmería.

8. Reforzamiento integral de las políticas públicas contra la violencia machista.

9. Declarar de interés público en manos del Estado el sistema de salud, incluyendo la medicina privada, prepagas, y monopolios farmacéuticos que controlan los medicamentos, camas e insumos hospitalarios, como acaba de hacerse en Irlanda.

10. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para tener pleno control de las divisas del comercio exterior y del crédito que es necesario para el desarrollo productivo del país.

11. Restablecimiento de una Junta Nacional de Granos y de Carnes para que el Estado, con control popular, maneje toda la cadena de alimentos. Asegurar que el monopolio agro exportador Vicentín pague sus deudas fraudulentas a la banca pública y que su capacidad de producir alimentos para millones de personas pase a control estatal.

12. Declarar como servicios públicos esenciales controlados por el Estado los recursos, transporte y comercialización de la energía.

13. Tierra para quien la trabaja, hacia una reforma agraria integral.

14. Rechazo a las medidas de bloqueo y hostigamiento sobre países que repercuten en la salud de la población -como en los casos de Cuba y Venezuela-. Por vinculaciones entre países solidarias y cooperativas, en favor de los pueblos.

La solidaridad del pueblo se viene manifestando de diferentes maneras ante esta emergencia, incluyendo a los sectores de la clase trabajadora que salen a cumplir y garantizar la salud y los recursos para el pueblo, aún desde sus realidades que muchas veces son de gran precariedad.

Estas propuestas buscan reforzar y complementar esa solidaridad desde abajo con acciones imprescindibles desde el Estado por lo que invitamos al pueblo trabajador a debatirlas y bregar por su implementación. Seguramente habrá otras que aporten a la orientación política y recursos necesarios para superar esta emergencia y avanzar con las transformaciones estructurales necesarias para lograr una economía, un país, al servicio de los pueblos y no de los intereses del capital. Juntes podemos asegurar una salida popular a esta pandemia.

-Argentina, 1 de abril de 2020

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

A diferencia de otros años, y por la responsabilidad que nos cabe por los riesgos a que nos somete la pandemia, no estaremos en la calle ni en nuestra Plaza de la Resistencia y la Memoria. Pero a 44 años del golpe con el que se inició la dictadura cívico-militar-eclesiástica, hundiendo a nuestro país en la etapa más oscura de su historia, rendimos homenaje a lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs. Y volvemos a decir:

SON 30.000 – FUE GENOCIDIO! 
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

Las FF.AA. ejecutoras del plan diseñado por los sectores dominantes y el imperialismo, se propusieron cortar de cuajo el auge revolucionario abierto por el Cordobazo y remodelar la sociedad en beneficio de esos sectores. Con el accionar previo de la Triple A, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo los dictados del Plan Cóndor, la dictadura desplegó el más cruel engranaje represivo jamás visto en la Argentina. Su objetivo fue barrer la organización de la clase obrera en todas sus expresiones, encarnada en una generación que resistió con toda su fuerza y convicción revolucionaria, el empobrecimiento de los sectores populares y la sumisión a los poderes multinacionales. El blanco principal fueron las organizaciones armadas, los sindicatos combativos, los grupos de base, centros de estudiantes y partidos políticos, donde millares de militantes trabajaban para la construcción de una sociedad más justa sin explotadorxs ni explotadxs. Pero el disciplinamiento por el terror alcanzó a toda la sociedad.

El genocidio perpetrado por la dictadura empobreció brutalmente al pueblo trabajador y sumió al país en la más extrema dependencia económica a través del endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales. Una deuda ilegal e ilegítima, que venimos denunciando como parte de las políticas principales que implementó la dictadura para someter a nuestro pueblo, su soberanía y profundizar así un modelo de dependencia y dominación. Todos los gobiernos democráticos que sucedieron la dictadura genocida reconocieron la legitimidad de la deuda y se sometieron a tribunales extranjeros.

Más de 500 campos de concentración instalados a lo largo del país fueron el escenario donde se aplicó minuciosamente el plan sistemático de aniquilamiento. El secuestro, la tortura, el asesinato, las violaciones y el robo de bebés nacidos en cautiverio, fueron las herramientas para aterrorizar y disciplinar a la sociedad.

El reclamo y las denuncias, nacionales e internacionales, de familiares, amigxs y organismos de DD.HH. combatieron el silencio cómplice de la Iglesia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial que denegó miles de hábeas corpus. En la lucha contra la impunidad de los genocidas conquistamos la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que permitió el juzgamiento y condena de un número, todavía reducido, de los genocidas. Los obstáculos y la lentitud en los Juicios de Lesa Humanidad, acentuados por el negacionismo de Cambiemos, favorecieron la impunidad biológica de los acusados mientras que, por razones naturales, algunas Madres fallecen sin ver concretado su anhelo de saber el destino de sus hijos y nietos.

Según las estadísticas oficiales, proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son apenas 200 los genocidas presos en el sistema penitenciario. Entre los condenados, otros 600 cumplen -supuestamente- “prisión domiciliaria”. Se estima que hay 1.590 represores en libertad. Solo una mínima parte de ellos fueron juzgados o se encuentran en proceso.

En esta oportunidad también queremos reconocer a aquellos compañeros y compañeras sobrevivientes del terrorismo de Estado que, con invalorable coraje, aportaron y aportan su testimonio en los juicios y permitieron la condena de genocidas. No podemos dejar de mencionar a Julio López y su segunda desaparición después de haber testificado contra Etchecolatz como ejemplo de esto. Seguiremos reclamando para saber de su destino.

El avance en los juicios impone la inmediata apertura de los archivos de la dictadura para esclarecer definitivamente la identidad de todas las personas involucradas en el genocidio, como, asimismo, la exigencia por el enjuiciamiento y condena a los civiles que participaron activamente.

Desde el retorno a la democracia el movimiento popular ha impulsado infinidad de actos, escraches, denuncias y movilizaciones para enfrentar la impunidad: la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos de Menem en los 90. La crisis y rebelión popular del 2001 y la lucha del movimiento de DD.HH. en ese marco, empujó la etapa de los juicios de lesa humanidad, enfrentando las dificultades para el inicio de las causas y las excarcelaciones en nuestra ciudad.

Nos reconocemos en la tradición de la imprescindible autonomía e independencia de todos los gobiernos en la exigencia de juicio y castigo a todos los genocidas. En ese sentido denunciamos la impunidad en torno al caso de César Milani, jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández, quien fuera absuelto en la causa por la desaparición del Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar, el último ejemplo fue la impresionante movilización popular contra el intento de 2×1 a genocidas del gobierno de Mauricio Macri, quien intento poner un manto de olvido y perdón a los genocidas a través de una ofensiva cultural negacionista, con el objetivo de clausurar los juicios, obturar la memoria y fomentar la impunidad, intentando negar el plan sistemático de exterminio.

Que quede claro, no estamos dispuestxs tanto con dar “vuelta la página” como enunció el actual presidente Alberto Fernández, como con la mirada que plantean algunos organismos cercanos al gobierno de “que en algún momento hay que parar con los juicios; dar vuelta la página porque desde hace 43 años estamos haciendo juicios”. Estos procesos de enjuiciamiento son una demanda histórica, los concebimos como parte de la reparación por memoria, verdad y justicia, que definitivamente no es otra que la reparación al cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y con la sangre de los compañerxs. Como dice el canto popular “Adonde vayan los iremos a buscar”.

En nuestra ciudad celebramos el comienzo del juicio contra algunos de los integrantes de la Triple A. El juicio se realiza después de más de 45 años de sucedidos los hechos. Sus principales responsables: el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Ponce, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fallecieron impunes. Estos juicios para nosotres son de vital importancia y necesidad porque nos permiten poner de manifiesto varios engranajes que fueron necesarios para construir la antesala de la dictadura. En primer lugar, el accionar de la Triple A y su rol. En segundo lugar, señalar a aquellos que fueron parte de la patota con nombre y apellido. Y, por último, el entramado de responsabilidades que desarrollaron y garantizaron la impunidad de estos matones. López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, bajo el mando de Juan Perón, y los sectores enrolados en la CGT identificados con la derecha peronista, dieron forma y sustento a una política de amedrentamiento y persecución a los sectores del campo popular, sean peronistas, marxistas o del tercermundismo.
Tenemos un compromiso ético con la memoria de las más de 600 víctimas a nivel nacional y alrededor de 40 en nuestra ciudad. Creemos que es imprescindible esclarecer ese momento histórico, por ello reafirmamos que LOS CRÍMENES DE LA TRIPLE A SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

No podemos olvidarnos que en nuestra ciudad la IMPUNIDAD tiene nombre y apellido: Néstor Luis Montezanti y Vicente Massot, quienes han sorteado la justicia hasta el día de hoy por su complicidad y participación en los crímenes de la AAA y la dictadura. A dos años de su indagatoria, el juez Walter López da Silva todavía no ha resuelto la situación procesal de Montezanti. Mientras que la investigación sobre la responsabilidad de Massot fue diluyéndose bajo una declaración de falta de mérito que aún debe definir la Corte Suprema.


TENEMOS MEMORIA: NO AL PAGO DE LA DEUDA

En la actualidad la decisión que se tome en torno a la deuda externa es fundamental para el destino del país: con un tercio de la población en la pobreza, una desocupación que supera los dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el Fondo Monetario Internacional. A esto se suma la necesidad de fortalecer el sistema de salud frente a la pandemia de coronavirus, con inversiones que reparen el estado de abandono que dejó el macrismo. Afrontar los gastos para proveer los insumos y equipos necesarios, incrementar el número de trabajadores de la salud y regularizar las condiciones de precariedad laboral es una razón más para abandonar la consigna de “voluntad de pago”, privilegiando los intereses populares a las ambiciones de bonistas, bancos y FMI.

En el último tiempo la deuda externa fue incrementada brutalmente por el gobierno de Cambiemos, asegurando ganancias a los grupos más concentrados de la economía y generando pérdida de derechos para las grandes mayorías populares. La aprobación de la llamada Ley de Solidaridad Social, con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, esconde detrás del título la decisión de “crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública” y se traduce, entre otras cosas, en el ajuste a los jubilados. En este marco de ajuste y crisis reafirmamos que el único camino posible es la decisión soberana de no pagar una deuda ilegitima, ilegal y odiosa. No debe ser el pueblo trabajador quien la pague, sino quienes se beneficiaron de ella.

¡No al pago de la deuda! ¡Fuera el FMI!

El modelo extractivo es una de las claves de los gobiernos de nuestro país: privatización de la economía, utilización de métodos altamente contaminantes para nuestros territorios como el fracking, la ampliación del monocultivo de soja, la utilización del agua para el desarrollo de intereses privados sobre el uso social del recurso, la contaminación absolutamente insostenible de los grandes emprendimientos como el polo petroquímico, son solo algunos ejemplos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las multinacionales por sobre los derechos de los pueblos.

Los primeros afectados por el modelo extractivista son los pueblos originarios. Las muertes que se vienen produciendo en las comunidades wichis por la pérdida del bosque nativo que los alimenta y la represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado no son más que la continuación del genocidio iniciado hace 500 años. Decimos que la Pacha pertenece a quienes la ocupan desde épocas ancestrales. Como nunca resulta imperiosa la lucha por el derecho a la tierra y la conservación del medioambiente, por esta razón exigimos a los gobiernos la preservación de nuestros bosques, ríos y montañas. El fracking, los agrotóxicos, la deforestación y la megaminería contaminante provocan su destrucción.

La movilización del pueblo mendocino nos marca una impronta a seguir en el marco de una crisis socioambiental sin precedentes: la movilización y organización popular para defender los bienes comunes como parte sustancial de los derechos humanos.

Cada 24 de marzo hacemos memoria sobre lxs caídxs de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas.

En este sentido, reafirmamos que, para garantizar este modelo de acumulación y desarrollo del capital, la represión a los pueblos originarios, desplazándolos de su territorio ha sido fundamental. La militarización de zonas de nuestro país ha sido parte de la estrategia de los sectores dominantes, el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se inscriben en esta política de represión e impunidad. Antes de ayer Patricia Bullrich como cara visible de esta política, hoy de la mano de Sergio Berni en nuestra provincia, por ejemplo, se sigue reforzando una impronta represiva, de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad en un escenario de crisis social.

Esta impronta represiva toca muy de cerca también a los pibes y pibas de los sectores más empobrecidos, ellos y ellas son víctimas de un discurso racista y estigmatizador donde las policías nacionales y provinciales tienen un rol fundamental en su implementación. Son estas mismas fuerzas las que también siguen estando al servicio de los negocios más espurios de nuestra sociedad, como la trata y el narcotráfico.

Denunciamos el sostenimiento de personal nombrado por la dictadura en la justicia y en los servicios de inteligencia, como muestra del intento de sostener una política represiva sobre la clase obrera. Hace pocos días, una asamblea de trabajadorxs del INTI descubrió que estaba siendo espiada por un personal policial. También denunciamos la criminalización de la lucha social, reflejada en los casos recientes de César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, y lxs trabajadores de Kimberly Clark. Denunciamos la represión sobre lxs trabajadores de Cresta Roja y lxs docentes de Salta. Exigimos el desprocesamiento de todxs lxs luchadores y denunciamos la utilización de la prisión preventiva como mecanismo represivo.

La llamada “justicia” ha mostrado su carácter de clase, en los recientes casos que sacudieron a Bahía Blanca, como el encarcelamiento a Rosalía Reyes por haber tenido un parto en su casa, y el encubrimiento y los nulos avances en el asesinato de Ángel Almada.

El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y disidencias a través de la masividad de sus reclamos, han interpelado a toda la sociedad política y culturalmente. Hace 44 años atrás la dictadura en el desarrollo de su plan sistemático, ideó torturas y mecanismos específicos sobre los cuerpos de las compañeras y comunidades disidentes; producto de la lucha hemos logrado la tipificación del delito sexual en los crímenes de lesa humanidad.

En el transcurso del 2020 han sucedido más de 70 femicidios en nuestro país, cada 23 horas matan a una mujer y la violencia machista no cesa. El patriarcado se materializa también en la prolongación del mandato de la maternidad obligatoria, los abusos y violaciones y el sometimiento a la clandestinidad del aborto. Acompañamos el proyecto de ley de la campaña nacional por el Aborto, legal, seguro y gratuito.

No queremos dejar de mencionar un hecho que fue silenciado por los principales medios de la ciudad, que es la denuncia realizada ante la justicia por la ex pareja de Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas del ex concejal y titular del gremio de la UTA. Toda nuestra solidaridad con la denunciante y repudiamos el cerco que realiza el poder para garantizar la impunidad.

En el ámbito local, queremos destacar algunos hechos: la ofensiva del gobierno de Héctor Gay y la directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló, sobre las normativas que regulan diferentes actividades culturales en nuestra ciudad, construidas y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, quienes denunciaron el desguace sobre los derechos culturales y construyeron su defensa colectiva. También en los últimos meses el gobierno de cambiemos en una escandalosa sesión a puertas cerradas del Concejo Deliberante, aprobó un tarifazo de colectivos que ataca directamente al bolsillo a lxs laburantes. No son hechos aislados, es parte de una política para desarticular el tejido social y profundizar un modelo económico excluyente.

En el marco de la pandemia que se está desarrollando, el despliegue de las FF.AA. en las calles habilita todo tipo de arbitrariedades. Si el estado no garantiza las condiciones de subsistencias de los sectores populares, estos se verán forzados a buscar alternativas para la supervivencia económica cotidiana y la respuesta NO puede ser la represión contra aquellos que más padecen la precariedad de la vida. En este sentido, el sábado 21 de Marzo por la noche, un matrimonio, sus tres hijas y su padrino, residentes del barrio Villa Libre, fueron brutalmente agredidos y detenidos en forma completamente arbitraria por efectivos de la policía bonaerense. Denunciamos estos hechos de arbitrariedad y brutalidad policial. Es imprescindible para que el virus no se propague el resguardo en las casas, más allá de actitudes irresponsables de pequeños sectores de la población, es fundamental implementar medidas como el aumento de presupuesto de emergencia para los/as más vulnerables.

En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos de los humanos y las humanas: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud, cultura y justicia.

La crisis mundial capitalista hoy es noticia en paralelo con el desarrollo de la pandemia por el coronavirus. Las rebeliones en todo el mundo contra el sistema, lejos de cesar, aumentan y avanzan en conciencia.

El estallido de la rebelión del pueblo chileno contra las políticas heredadas de la dictadura pinochetista y continuada por todos los gobiernos de la Concertación y la derecha, ha mostrado la verdadera cara del “modelo” capitalista. En Bolivia, desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de los Estados Unidos y el Estado de Israel, lxs hermanxs bolivianxs han sido víctimas de masacres, desapariciones, detenciones y torturas. La persecución a opositores y las arbitrarias detenciones sobre militantes y apoderados del MAS muestran la hipocresía del régimen convocando a unas elecciones que prometen ser fraudulentas. Rechazamos el Golpe de estado y el intento de consolidación en base al posible fraude y proscripción a la fuerza política mayoritaria.

En este marco de avance del imperialismo norteamericano, denunciamos que el Congreso Nacional habilitó las operaciones militares con el ejército yanqui y el rol del Grupo de Lima en la región que pretende asegurar los dictados del norte para Latinoamérica. Rechazamos cualquier tipo de escalada militar sobre Venezuela, junto con el bloque económico impuesto por Trump y el reciente rechazo del FMI a auxiliar a Venezuela para combatir la pandemia.

Una vez más ratificamos que la lucha contra la impunidad de la dictadura, es la lucha para retomar los sueños de los 30 000 basados en un proyecto político anticapitalista. Nos expresamos contra la represión y el hambre, contra la impunidad de ayer y de hoy. Construimos memoria por los caídos y, sobre todo, por el ejemplo y el compromiso que nos legaron. Exigimos Verdad sobre el entramado del terrorismo de Estado y sobre quienes se han reciclado en democracia. Justicia y cárcel común a los responsables militares y civiles del genocidio.

30000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTE!!!!!
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

(Comunicado) Desde el Colectivo de Villas en Agenda queremos expresar nuestra honda preocupación por la grave situación social que hoy sufren muchas familias de los barrios y la periferia de Bahía Blanca. La pandemia, con las necesarias medidas de aislamiento social puestas en marcha, le suma dificultades a la cruda realidad que afrontan a diario.

El cada vez más escaso movimiento económico y productivo, como efecto no deseado del aislamiento sanitario, tiene serias consecuencias en la economía familiar que depende del trabajo informal, que es mayoritario en nuestra ciudad y alrededores; en particular los y las trabajadoras de la economía social y popular no encuentran respuesta a cómo van a subsistir durante este tiempo. Ante la aún escasa o nula palabra oficial local, hay muchas dudas acerca de “si y cómo” el Municipio implementará y administrará con urgencia los anunciados refuerzos presupuestarios nacionales contra el hambre, las obras públicas necesarias para la vida digna en nuestras periferias, la defensa y promoción de los productores locales, y el imprescindible control de precios.

En estas últimas horas se están cerrando los servicios sociales de las Delegaciones Municipales, y también más de la mitad de las unidades sanitarias (salitas municipales), no hay personal suficiente en las oficinas de Acción Comunitaria y Servicio Social para atender las demandas. A partir de la reestructuración para la atención del coronavirus, se corre el riesgo de desatender otras enfermedades y necesidades sanitarias y alimentarias, en lugar de armar equipos especiales para la pandemia.

En momentos en que se está restringiendo al máximo la circulación de personas, se sigue sometiendo a la gente a recorrer grandes distancias para conseguir un vale de garrafa o una bolsa de mercadería en el “a trasmano” depósito de Chile y Donado.

Una medida impostergable debería ser, y la reclamamos, que el Estado Municipal cargue más dinero en las tarjetas alimentarias locales, al menos para el presente mes de marzo y abril, como refuerzo en esta situación, concretamente que duplique los 1065 $ que deposita. De lo contrario estaremos exponiendo a los sectores más vulnerables a una segunda pandemia: el hambre.

Por si fuera poco, nuestra ciudad no es ajena a la gran cantidad de comedores y merenderos comunitarios que, desde distintos lugares (escuelas, sociedades de fomento, centros comunitarios, iglesias, clubes, casas de familia), se han ido organizando estos últimos años en todo el país intentando dar una respuesta a la emergencia alimentaria que no ha cesado. En los barrios más humildes no se da abasto para contener la necesidad de comida, tanto por el incremento de la cantidad de personas que hoy día requieren ayuda, como por la logística que hace falta para preparar viandas y repartirlas con los cuidados que la emergencia sanitaria demanda.

A este cuadro se suma la escasísima o casi nula provisión de alimentos por parte del Municipio y su falta de respuestas concretas en cuanto a la manera de afrontar y resolver esta emergencia.

Son las organizaciones sociales quienes nuevamente salen a inventar paliativos en donde se demoran, o no hay, soluciones, estrechando vínculos de solidaridad y cooperación, para dar respuestas que hoy ya no alcanzan.

Por eso instamos a las autoridades municipales a tomar un rol urgente y activo para contrarrestar la profundización de la emergencia alimentaria, laboral y sanitaria que hoy nos golpea, en conjunto y coordinadamente con las organizaciones y actores sociales que ya estamos dándole pelea.

¡Urge un Estado Municipal presente y del lado de la gente en nuestra periferia!

(Por Silvana Melo – APe) El individualismo a ultranza, la alimentación ultraproteica del gendarme que opera en cada sujeto social, la salvación personal a costa del naufragio del resto, el asomo de lo peor de todos, como asoman las hormigas cuando huelen la lluvia. Con esas maletas llegó el virus, una probable arma bacteriológica que el capitalismo utiliza para la limpieza de frágiles. A los niños los matan de hambre, de venenos, de gatillo fácil y de paco. A los viejos los dejan morir en el primer mundo sin atenderlos: el virus los arrasa y no vale la pena gastar. Es la clase dominante la que tiene la manija de la supervivencia. La que compra a rabiar, la que viaja, trae el virus y no se pone en cuarentena, total el problema es para los demás. El virus desnuda el capitalismo en su peor revés. En el dorso más cruel. En la nuca de un sistema que suele mostrar el rostro de emoji sonriente para conceder eso del capitalismo de rostro humano. Pero cuando se da vuelta está el leviatán. Y están los dueños del mundo colocando y sacando a gusto y placer para que los desgraciados sean más desgraciados y los propietarios del privilegio lo escrituren para siempre.

Capitalismo de desastre, lo llama Naomi Klein. Que es posible porque el basamento humano de ese capitalismo es numeroso. Muy numeroso. Demasiado. Y maneja los medios de producir, de comunicar, de sentir. De amar y de odiar. El resto, consume o resiste.

“El hambre incide cada año en la muerte de 2.400.000 niños menores de 5 años. Pero, no siendo contagiosa, las clases medias y altas mundiales de ningún modo sienten que sus vidas estén amenazadas. Por ende ‘el mundo’ sigue su curso y no toma medidas extraordinarias para impedir semejante número anual de muertes evitables”, dice Marcelo Giraud citado por Darío Aranda.

El hambre no es contagiosa y la pobreza tampoco. Sin embargo, se escapa de ellas como de las peores pestes. Escapan las clases dominantes y los vecinos de los apestados. De vez en cuando aparecen los virus limpiantes. Los troyanos de las orillas más débiles de la humanidad. A veces son los mosquitos. Y las enfermedades viejas que asoman, felices del regreso en una tierra que cultiva para ellas.

Sólo en Misiones hay decenas de miles de infectados de dengue (4.000 oficiales, número al que el propio ministro de Salud provincial le agrega un 0 a partir del notorio subdiagnóstico).

Son 56 los infectados de coronavirus.

Muchos podrán quedarse en su casa. Otros muchos podrán irse a su casa.

Los más de ocho mil que viven en la calle sólo en la ciudad de Buenos Aires, no. Apenas podrán aterrizar con sus huesos en la vereda ocasional. En el hall del banco que pintó esa noche. No hay cuarentena para la infancia que se refugia en Constitución ni para la doña que aguarda que se desocupen las butacas de esperan en Retiro a las dos de la mañana para dormir su sueño de duras penas. Su sueño de madrugada.

En catorce días sin clases muchos chicos de inicial, primaria y secundaria estarán de cuarentena con madres y/o padres que pueden irse a casa. Que tienen casa. Que tienen trabajo. Y posibilidad de hacerlo desde casa. Los chicos tendrán conectividad y posibilidad de cubrir on line la ausencia de presencialidad escolar.

Otros tienen apenas madre, que no sabe cómo hará para salir a trabajar en negro con los pibes en casa. Porque no puede limpiarle on line la casa a la señora, que le paga por día y si no va no cobra. De conectividad no tiene idea porque en casa no hay wi fi ni ella tiene datos en el celular.

Suerte que a las 12 podrán hacer a la cola en la escuela, separados por un metro veinte, distanciados socialmente entre ellos mismos, para llevarse la vianda y comer en casa. Solos y aislados porque las plazas estarán cerradas.

Mientras tanto, más olvidados que nunca, siguen muriendo los niños wichí en la Salta de los confines, allí donde se cierran las fronteras, en la Santa Victoria Este donde se muere de hambre y de sed, donde se desmontó la vida y los bordes de la muerte dibujan huesitos como lluvias ajenas.

Pero ya nadie los conoce más. Nadie los vuelve a ver. Porque los que sí se ven arrasan con las góndolas de los supermercados y compran lo que no les hace falta, lo que no comerán, el alcohol que no usarán, el papel higiénico con el que no se limpiarán.

Sacan su gendarme y denuncian al primero que les estornude cerca.

Y cuando llegan a su casa cierran la puerta con llave, prenden el televisor y se abrazan a sus pertenencias. A su comida y a su papel higiénico.

Y los niños en la Salta bella y ferozmente injusta se seguirán muriendo. No precisamente de coronavirus. Es el capitalismo del desastre que hace su trabajo en exquisita eficiencia. Corta, separa, desecha. Profundiza la brecha. Anancha el dolor. Desnuda lo más áspero de la condición humana. El virus como causa de esta calamidad es una pobre causa, pensaría Ramón Carrillo.

Mientras Cuba produce el interferón beta, un antihéroe que en China y en España ya está poniendo al virus de nalgas al norte.

Y unos cuantos pertinaces insisten en creer que la única salida es colectiva.

De otra manera, no hay cómo sostener esta obstinación en la esperanza.