El proyecto de gravamen a las grandes fortunas que propuso el gobierno argentino, en caso de ser aprobado “afecta a unos 12 mil contribuyentes. Son los grandes ricos. No son las empresas. Afecta a los patrimonios personales”, según dijo a FM De la Calle el economista Julio Gambina (FISyP, Centro de Estudios CTA-A).

“Hay grandes versos con respecto a esto cuando dicen que afecta a las inversiones. No tiene nada que ver con las empresas ni con las inversiones. Tienen que ver con los patrimonios personales que vienen definiendo en sus declaraciones”, explicó, en referencia a la campaña que ya desplegó el arco de los medios de comunicación privados ligados a intereses económicos opulentos. De hecho, “muchos critican esta medida porque están subestimados los patrimonios de los grandes ricos en la Argentina”.

Para Gambina, la aplicación del gravamen “es importante en sanísimo. Hay que imaginarse que doce mil personas entran en un estadio pequeño. Los grandes son de cuarenta y cinco mil a sesenta y cinco mil espectadores. Pensar en una chancha pequeña, en el algún club de la Argentina. Ya la recaudación probable al tipo de cambio actual son unos cuatro mil millones de dólares. Digo al tipo de cambio actual porque todavía falta que el proyecto se discuta, falta que el proyecto se apruebe, falta que el proyecto se aplique, falta que AFIP lo cobre”.

En medio de la discusión, “hay mucho ruido ideológico, propagandístico en torno a este gravamen. Es un dato muy importante reconocer que en las condiciones de emergencia se le pide una contribución a los sectores económicos con mayor capacidad contributiva”.

¿Qué representa para las personas que tienen tamañas fortunas? “El mínimo que aporte va a aportar entre treinta y cuarenta mil dólares: una camioneta cuatro por cuatro importada. Para muchos es muchísimo dinero. Pero para estos doce mil no les afecta en nada. Es una alícuota del dos por ciento del patrimonio. Así que todavía les queda el noventa y ocho del patrimonio. Es el dos por ciento de lo que tienen, no el dos por ciento de lo que van a tener. Para un jubilado, el dos por ciento es parte de lo que sirve para afrontar el mes. Pero en estos grandes patrimonios no es absolutamente nada”.

“La campaña en contra es brutal y actúan sobre el sentido común. Parte de la población que no está ni remotamente afectada por el impuesto sale a hablar en contra del impuesto porque les sacan a los que nos van a salvar. Eso es interesante. Aún incluso, imaginando que estos grandes patrimonios quienes invertir ese dinero, la pregunta es ¿por qué no lo invirtieron hasta ahora?”.

Contexto

El referente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas explicó que “la inversión interna directa en todo el mundo está bajando desde 2015 para acá. Se agrava con la pandemia pero venía desde antes. Hay una tendencia generalizada al achicamiento de la producción. Acaba de renunciar el primer ministro Japonés. Europa y Estados Unidos están en proceso de recesión muy complicado. Estos grandes patrimonios no están invirtiendo, no por este aporte solidario, sino porque no vienen invirtiendo porque los ricos del mundo no están invirtiendo”.

En contra de la creencia de la inversión que los ricos estarían propiciando para el crecimiento económico, “los grandes capitales están invirtiendo especulativamente. Resuelven la ganancia financiera pero no contribuyen al desarrollo ni del empleo ni del crecimiento de la productividad. Hay menos producción, menos comercio y una caída de la producción de la cadena mundial valor”.

“Por eso este impuesto hay que pensarlo en términos de esta lógica de mucha incertidumbre. Argentina está en el pico. No se sabe cuándo llega al techo total. Todos los días tenemos record de afectados. Felizmente, entre comillas, respecto de otros países la Argentina tiene una baja letalidad. Pero es preocupante la cantidad de contagios de muertes. Y se prolonga el receso económico deliberado. Porque incluso los países europeos, que están en verano y que supuestamente lo estacional ayuda para pasar el tema hasta que llegue la bendita vacuna, ya está terminando el verano en el norte y hay preocupación de que haya recidiva de los contagios. Con lo cual, estamos ante un problema muy serio de la civilización contemporánea que se agrega a los serios problemas económicos. Quiero insistir en que el mundo capitalista (Europa, Estados Unidos, Japón) está en una etapa de parasitismo muy fuerte. No está es esa etapa de un capitalismo de expansión, en desarrollo. Antes del coronavirus, según todos los datos que vienen del FMI, del Banco Mundial, de la OMC, todos dicen que la economía venía en un proceso de ralentización”.

El economista arguyó que, más que por qué aplicar un gravamen de este tipo, “la duda es por qué no lo hicieron antes. De este aporte se viene discutiendo al menos desde el comienzo de la pandemia.  Alguien puede decir: se perdió mucho tiempo. Demuestra que hay un debate al interior del frente de gobierno y que estaban buscando la ocasión para hacerlo. Se han perdido varias oportunidades. Una es la oportunidad de Vicentin. Es un gran deudor tributario. Hay fraude contra el fisco. No es solamente que no le paga al Banco Nación sino que también hay evasión tributaria, sin hablar de la fuga de capitales. Vicentín tienen una larga lista de delitos. El gobierno anunció la intervención, la posibilidad de expropiación y fue para atrás”.

En el caso de “este impuesto a las grandes fortunas, que es una recaudación sobre doce mil posible contribuyentes se han demorado bastante. Ahora habrá que ver. Tiene que pasar por la cámara de diputados. Lo más importante es que la sociedad presione en este sentido. Porque hay una campaña ideológica política para que la sociedad esté en contra de los impuestos”.

“Mas naides se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, 

y si canto de este modo por encontrarlo oportuno

no es para mal de ninguno sino para bien de todos”.

José Hernández. Martín Fierro.

(Por Ricardo Vicente López) En enero del 2015, Noam Chomsky (1928), Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a sus 87 años, en la plenitud de su lucidez y de su penetrante inteligencia, fue galardonado con un premio que puede sorprender por su título: La lucha contra la Estupidez. Está instituido por la revista Philosophy Now, cuyo objetivo es atraer hacia la filosofía al público en general, así como a estudiantes y profesores. Comenta los merecimientos del Profesor por su particular e insistente trabajo investigando y denunciando la estructura de los medios concentrados. Agrega a ello su constante prédica en la necesidad de incorporar a la educación un pensamiento crítico independiente para el logro de un ciudadano maduro y responsable. La revista hizo una referencia especial a su libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media [[1]], escrito en coautoría con Edward S. Herman (1925-2017), Profesor Emérito de la Universidad de Pensilvania. El título completo de la edición castellana es “Los guardianes de la libertad – Fabricando el consenso”. En el libro se introduce un tema respecto del Modelo de Propaganda con el cual trabajan los medios de comunicación para lograr un consenso artificioso.

Invitado por el diario La Jornada de México (medio periodístico que pertenece a la Universidad Autónoma de ese país) publicó un extenso artículo al que tituló La estupidez institucional – Amenaza a la humanidad (18-5-2015). Le voy a proponer, amigo lector, algunos comentarios sobre este texto. Comienza explicando los antecedentes en que se inspiró:

Como era predecible, uno de los primeros investigadores fue George Orwell [[2]]. Él escribió un ensayo no muy conocido, que es la introducción a su famoso libro Rebelión en la granja. No es muy conocido porque no fue publicado: fue encontrado décadas después de su fallecimiento entre sus documentos inéditos. En ese ensayo señala que Rebelión en la granja  es obviamente una sátira sobre el enemigo totalitario, pero insta al pueblo inglés a no creerse demasiado libre… Una razón es que la prensa es propiedad de hombres acaudalados que tienen todo el interés de que ciertas ideas no se expresen. La segunda tiene un aspecto interesante: una buena educación, en las mejores escuelas, inculca a sus alumnos que hay ciertas cosas que no estaría bien decir.

Lo que Chomsky nos plantea es que el tema de la información, es un problema serio por cómo lo manejan los grandes medios. Pero, nos advierte que no debe ocultársenos la existencia de uno mucho más grave, para el cual no tenemos anticuerpos para defendernos: una idea clara sobre la educación. Gran parte de Occidente trabaja con mucha prolijidad para que no lo descubramos: es la educación institucional que recibimos desde la escuela hasta los niveles más altos de la enseñanza. Esto puede parecer una herejía, ¡y lo es! dado que atenta contra una de las instituciones más sagradas de las democracias liberales [[3]].Volvamos a Chomsky:

La estupidez viene en varias formas. Me gustaría decir unas palabras sobre una forma en particular que me parece la más problemática de todas. Podríamos llamarla estupidez institucional. Es una especie de estupidez que es del todo racional dentro del marco en el que opera; pero es el marco mismo el que va de lo grotesco a la virtual demencia. Hace 30 años, a principios de la década de 1980 –los primeros años de la era Reagan–, escribí un artículo llamado La racionalidad del suicidio colectivo. Se trataba de la estrategia nuclear, y se refería a cómo personas perfectamente inteligentes diseñaban un curso de suicidio colectivo en formas que eran razonables dentro de su marco de análisis geoestratégico. Por ejemplo, la revista Boletín de Científicos Atómicos presenta un estudio sobre las falsas alarmas del sistemas automático de detección de ataques de misiles… El estudio (1977-1983), afirma que hubo más de 50 falsas alarmas que fueron abortadas por intervención humana, lo que evitó un desastre por cuestión de minutos [[4]].

Comenta Chomsky que en 1983 había un gran temor a la guerra. Esto se debía en parte a lo que George Kennan [[5]], sostenía: la indefectible marcha hacia la guerra como un proceso indetenible ¡nada menos! Le interesaba poner a prueba las defensas rusas, así que simuló ataques navales y aéreos a Rusia. Continúa Chomsky:

Tengo la certeza de que los líderes internacionales no son nada tontos en lo individual. Sin embargo, en su función institucional su estupidez puede ser letal por sus implicaciones. Al observar el registro desde el primer supuesto ataque atómico hasta la fecha es un milagro que nos hayamos salvado. La destrucción nuclear es una de las dos mayores amenazas a la supervivencia, y ¡es muy real! La segunda es la catástrofe ambiental. Existe un conocido grupo de servicios de auditorías en PricewaterhouseCoopers que acaba de publicar su estudio anual sobre las prioridades de los altos directivos de los consorcios privados. En primer lugar de la lista está el exceso de regulaciones. El informe indica que el cambio climático no figuró entre las primeras 19. Una vez más, es seguro que los directivos no son tontos como individuos. Es de suponer que dirigen sus negocios con inteligencia. Pero la estupidez institucional es colosal, y amenaza literalmente la vida de la especie.

La conclusión del Profesor es llamativa, de una importancia extrema. Él asegura, aunque muchos lo dudan, que la estupidez individual tiene remedio, pero afirma que la estupidez institucional es mucho más resistente al cambio. Esto debe hacernos pensar en este tema, puesto que es de esa estupidez que dependen nuestras vidas. «Por eso –sostiene– creo que la estupidez institucional debería ser una preocupación primordial».

¿Cómo podemos superar este estado de cosas que nos amenaza desde la propaganda de los medios y la estupidez institucional que abarca un importante abanico de temas graves? Por ejemplo: ¿qué nos pasa en este mundo que pueden llegar hasta los primeros niveles del poder algunos verdaderos estúpidos? Es imposible no señalar a Donald Trump (EEUU), a Mauricio Macri (Argentina), a Boris  Johnson (Reino Unido), a Jair Bolsonaro (Brasil), y a algunos varios más. Dice el Profesor que un caso que está ligado a ello es el del periodismo:  

Ese es un viejo debate que ha registrado decadencias. En Estados Unidos se ha debatido por más de un siglo, en el contexto de la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno actuar para impedir una publicación. Noten que no protege la libertad de expresión, ni bloquea el castigo por expresarse. Antes del siglo XX la prensa del país gozaba de mucha libertad, y había una amplia variedad de publicaciones de todo tipo: diarios, revistas, panfletos. Los Padres Fundadores creían en la libertad de información, y se hicieron muchos esfuerzos por estimular la más amplia variedad posible de medios independientes. Sin embargo, la libertad de expresión nunca se protegió con fuerza.

Chomsky subraya un aspecto muy importante para resguardar la libertad de expresión:

Estados Unidos es poco lo que hace en este aspecto. En este país no hay nada como la BBC de Londres. La mayoría de los países tienen algún medio nacional que es tan libre como la sociedad. Los medios son entregados básicamente al poder privado para que ejerza sus capacidades como le plazca. Esa es una interpretación de la libertad de expresión en términos de libertad negativa: el Estado no puede intervenir para afectar lo que los propietarios privados deciden hacer. Existen algunas restricciones, pero no muchas. Las consecuencias son en gran medida un control de las ideas como el que describe Orwell, y que Edward Herman y yo examinamos con gran detalle.

Acá reaparece el tema de la educación, que generalmente es lo primero que se menciona cuando está en juego el mejoramiento social. Sin embargo, cuando el Profesor cita a Orwell lo hace recordando la advertencia que éste le hacía al pueblo inglés, por los medios en manos de los poderosos. Pero si retomamos la perseverancia de Chomsky en la formación de un ciudadano crítico, ¿Cuál es la diferencia con nuestra enseñanza escolar, tanto pública como privada? ¿No impera una especie de sentido común que impone un respeto por las universidades y las academias? ¿No son ellas las portadoras de una cultura noratlántica creada dentro del modelo del capitalismo burgués? Me atrevo a decir, siguiendo al Maestro, y dentro de su análisis: nosotros también estamos sumergidos en un mundo de estúpidos. Tal vez, en un tiempo no muy lejano, podamos llegar a liberarnos.


[1] En varias notas de esta columna he citado partes de esa obra.

[2] Fue un escritor y periodista británico (1903-1950), famoso por sus novelas Rebelión en la granja y 1984.

[3] «La educación en sí, los sistemas de educación, son “una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. (M. Foucault, 1970: 45)  

[4] Es muy recomendable la película de Stanley Kubrick: Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (1964) que ofrece una magnífica sátira sobre ese tema.

[5] Fue un diplomático (1904-2005), politólogo e historiador estadounidense y un eminente diplomático.

(Por Mariela Dobal*) El debate de cómo, a quiénes y para qué se asigna y distribuye la pauta oficial no es nuevo. Desde hace dos décadas es motivo de discusión y reflexión de quienes entienden la comunicación como un derecho universal y una herramienta capaz de limar las profundas desigualdades de acceso a la información y participación de la ciudadanía.

Cómo contexto inicial recordemos que en 2004 cuando se acordaron los 21 puntos por una comunicación más democrática -que fueron terreno fértil para sembrar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 – ya se pedía prohibir por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, más aún cuando ésta pueda oficiar como premio o castigo a opiniones editoriales sobre acciones de gobierno.

Ahora bien… ¿Qué derechos debe promover la asignación de recursos públicos, en la producción y circulación de mensajes e imágenes? Garantizar las expresiones plurales de realidades y opiniones, y el derecho de las audiencias de acceder libremente a la información, sin interpretaciones previas, ni atajos (publicitarios privados) de las plataformas. Crear y difundir datos de servicio comunitario, que igualen las posibilidades de participación ciudadana en las políticas públicas. Respetar la privacidad de las personas, y proteger a las infancias y adolescencias de los estereotipos existentes que vulneran su integridad. No auspiciar contenidos misóginos, discriminatorios y violentos sobre las diversas elecciones de vida en democracia.

Más acá…

Podríamos continuar con las enumeraciones, e incluso, hacerlas más descriptivas. Sin embargo creemos urgente y necesario enfocar en los actuales criterios y destinos de pauta oficial en Bahía Blanca, para visibilizar algunas contradicciones existentes. Por decisión política, en los primeros seis meses de este año (2020) se pagaron alrededor de 48 millones de pesos en publicidad oficial. Fiel a los criterios de masividad de audiencias y discrecionalidad, el gobierno local asignó ese dinero público a empresas periodísticas, producciones particulares y periodistas, con deliberada superposición de tareas y espacios mediáticos. Aquí (bahia.gob.ar/compras) puede consultarse el listado completo de proveedores hasta el momento, para comparar los rubros más esenciales (recolección de residuos, transporte público urbano, cooperativas de trabajo y vivienda, obra pública, etcétera,) con los medios que reciben publicidad del Estado.

Más allá de discusiones ideológicas sobre las prioridades de un gobierno de cara a las necesidades y derechos de la ciudadanía, entre los 50-60 primeros lugares aparecen medios y periodistas que recibieron mucho dinero del Estado para… ¿Para qué?

En principio para difundir las escasas producciones y piezas comunicacionales que emergen cómo política comunicacional de Héctor Gay, aunque en este caso esa precariedad es responsabilidad del gobierno local.  

Luego quedaría implícito que ese dinero de pauta oficial es para financiar medios comerciales, espacios periodísticos en estos, y/o directamente la tarea de prensa de muchos y muchas. Estas consideraciones surgen de las propias voces de algunes comunicadores y empresarios mediáticos que aseguran que sin ese dinero no podrían continuar su labor.

La duda entonces es ¿cómo funcionan los espacios de libertad de expresión y elección de temas, para que la  agenda periodística no esté formateada por los intereses del gobierno de turno? U ocultar datos precisos. O ampliar las voces y realidades de las comunidades. O no autocensurar preguntas y editoriales. Por eso, la pauta oficial nunca debe financiar periodistas. Los aportes en tal sentido, son para garantizar informaciones de servicio que de otra manera quedarían perdidas en el actual caos informativo. Observen, lean, escuchen… como audiencias tenemos derecho de revisar y denunciar.

Más allá…

En el plano nacional, las disputas sobre los criterios para asignar pauta oficial son explícitas, se multiplican y evidencian qué empresas mediáticas necesitan del Estado para ampliar sus ganancias (en contados casos, para subsistir). Aquí no parecería molestarles la intervención estatal para aliviar sus obligaciones.

El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones parlamentarias fue muy claro: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos. (…) Convocaremos a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso”. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones. Todo está por verse.

Actualmente se impulsaron conversaciones desde distintos ministerios y el propio secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, hizo públicas autocríticas sobre los mecanismos desiguales de distribución de contenidos oficiales. Cabe mencionar que fueron muy prolíferas las producciones de campañas, videos, spots, manuales, placas fijas, afiches, folletos, banners, etcétera,  tanto para gráfica, sitios digitales, vía pública o plataformas audiovisuales. Situación comunicacional muy distinta a la local. Por supuesto la pandemia por el COVID-19 concentró los esfuerzos para comunicar acciones de gobierno y políticas preventivas de cuidado comunitario.

Sin embargo, al momento de convocar profesionales, organizaciones y colectivos que representan otras formas de comunicación popular, autogestiva y/o cooperativa, capaz de reflejar las innumerables realidades tan diversas de todo el país, aún se quedan a mitad de camino. Quienes ya han participado de algunos encuentros virtuales, expresaron con preocupación el alto nivel de desconocimiento que algunas/os funcionarias/os tienen sobre estas múltiples expresiones político comunicacionales. Habrá que seguir explicando y mostrando el trabajo que se hace todos los días. E invitar, por ejemplo, a que las producciones que los FOMECAS fomentan sean conocidas por quienes tienen la decisión de reinvertir fondos públicos por una comunicación más democrática.

Propuestas de “protocolo”

Solo dos, a modo de ejemplos prácticos. Una, nacional: la diputada Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de la pauta oficial se destine a medios comunitarios, cooperativas y pymes. Mezcla todas esas realidades y la medida es de carácter excepcional en el marco de la actual emergencia sanitaria por Covid-19, afectando los fondos previstos solo para el ejercicio del año 2020.

Otra del orden local. En la sesión del pasado jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejala Gabriela Schieda realizó un pedido de informe (Nº 323) al Ejecutivo Municipal. Solicitaba explicaciones acerca del gasto que el gobierno realiza en pautas publicitarias y sus criterios de distribución. Los concejales del bloque oficialista Cambiemos (mayoría en el recinto) no apoyaron ese proyecto y ni siquiera pudo discutirse.

Propuestas estructurales

Según el investigador Martín Becerra, experto en la materia, “se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un control más democrático de la pauta oficial que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios“.

A saber: discutir la regulación en el Congreso de la Nación, establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios, no otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores, ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.

Otra definición política que exigimos y celebraremos es que los medios receptores de pauta oficial tengan paridad de género en sus equipos de trabajo, en los cuales estén representadas además todas las orientaciones sexuales.

Cómo Becerra nos enseñara, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser un faro para iluminar futuras transformaciones en este mar de incertidumbres y mejores rumbos por descubrir.

*Periodista, docente e integrante del colectivo de FM De la Calle.

(Por Ricardo Vicente López) La manipulación de la opinión pública es un tema que lo he investigado durante varios años. Los resultados los fui publicando en Kontrainfo.com [[1]] en varias notas, apoyándome en investigadores de prestigio internacional y académicos de universidades varias del primer mundo. Si insisto con el tema es por la perversidad de medios importantes, de nuestro país y del resto de América, que intentan desmentir que todo ello sigue sucediendo ahora. Sus argumentaciones son bastante livianas pero, con aires de seriedad, afirman que hace ya décadas que esa manipulación ha desaparecido. Lograr que esa prédica se acomode en la conciencia colectiva (opinión pública) posibilita seguir haciéndolo con total impunidad. Gran parte de esto pinta el cuadro actual.

Como estoy convencido de que es necesario seguir batallando, al leer en un número de la conocida revista Mercado el siguiente título La manipulación de la opinión pública , acompañado por un subtítulo: Las nuevas técnicas incluyen tanto métodos tradicionales como otros nuevos, pero todos utilizados cuidadosamente, para llegar con mucha precisión al público buscado y con un mensaje persuasivo. (6-1-2001), su lectura me motivó para volver sobre el tema. Quiero, para empezar, compartir la definición de sí misma que hace la Revista Mercado en sus páginas, dado que ello subraya la importancia del tema y de su publicación:

“Somos una revista de inteligencia de negocios… que contamos con una historia que han hecho que esta marca se encuentre respaldada por una trayectoria que, en conjunto con un veterano periodismo de negocios, se encuentra desde ya a la vanguardia.

Dicho esto, que a modo de presentación nos informa de su importancia, porque, repito, no es una nota más en la edición de ese número, sino que ocupa el lugar de la Editorial, lo cual convierte a la nota en una toma de posición ideológica. Se puede consultar en su edición digital www.mercado.com.arLa manipulación de la opinión pública. Es por ello que al encontrarme con esta lectura me pareció que representaba un argumento de peso, ya que demuestra que en el mundo de los negocios, una publicación prestigiosa, puede comentar con total naturalidad la existencia y las prácticas de técnicas manipuladoras que están en pleno uso. Leamos:

Las nuevas técnicas incluyen tanto métodos tradicionales como otros nuevos, pero todos utilizados cuidadosamente, para llegar con mucha precisión al público buscado y con un mensaje persuasivo. Los métodos tradicionales para influir a gobernantes y votanteshan cedido el paso a una forma totalmente nueva de abogar por una causa. Además de emplear las herramientas conocidas –publicidad, marketing y relaciones públicas–, los grupos de interés de todo tipo inventaron una enorme cantidad de formas novedosas para transmitir sus opiniones a los consumidores, políticos y medios de difusión. Sus técnicas incluyen tanto los métodos tradicionales pero han agregado otros nuevos e imaginativos. Todos son concebidos y utilizados cuidadosamente para llegar con mucha precisión al público buscado con un mensaje persuasivo.

Es evidente que el párrafo es sobradamente explícito como para que no queden dudas de la existencia de esos métodos que están hoy en plena disponibilidad para su aplicación. Leamos un poco más:

En el ámbito de la política, detrás de la tendencia hay una idea subyacente en los intermediarios del poder: las elecciones se han vuelto demasiado importantes como para dejarlas sólo en manos de los candidatos. Las empresas que aportan financiación juegan hoy un papel cada vez más grande y más agresivo en el proceso de moldear la opinión pública  casi sobre cualquier tema: de negocios, de gobierno, de educación, de religión. En consecuencia, muchas veces ocurre hoy que la importancia de los candidatos se mide por los votos que puedan entregar a los grupos de apoyo que los respaldan. Por cierto, muchos temen que los alcance un fuego amigo –el de grupos que ponen sus propios intereses en primer lugar– casi tanto como temen el ataque de la oposición. No siempre es fácil detectar la sutil diferencia que hay entre el mensaje de un candidato y el del grupo de interés. Son las herramientas de alta tecnología las responsables de gran parte del éxito de esta nueva táctica de ejercer presión.

Es evidente que no muestra ningún tipo de pudor para hablar de la tarea manipuladora, por ello se habla con toda claridad, sin apelar a metáforas ni a frases encubridoras. Ello demuestra, y de esto no cabe la menor duda, que la existencia y los usos del arsenal de técnicas disponibles para la manipulación de públicos masificados está muy aceptado como una posibilidad y, casi, una necesidad del mundo actual. La naturalización [[1]] del desarrollo de la técnica en general, tanto como el resultado de su existencia y de su utilización, obstaculiza la posibilidad de una revisión crítica de todo ello. Es que su presencia es aceptada como un hecho cotidiano. No aparece la más mínima crítica sobre las consecuencias de haber convertido al hombre-masa en una especie de autómata sumiso de la sociedad capitalista.

Esa falta de revisión crítica, involucra también los desmanejos de la actividad publicitaria comercial. En ella mentir es una necesidad del proceso de ventas. Así como se miente, o se exagera, se distorsiona como parte necesaria de la producción y comercialización. Esas prácticas, que no nos sorprende, ha invadido la actividad política. Dice Mercado:

Pero si bien esta actividad de manipular las opiniones de la gente no parece objetable cuando se trata del público en general o de legisladores, cuando los mensajes son dirigidos a las escuelas el tema se torna más cuestionable.

Parece que la revista conserva algún prurito respecto de no invadir el ámbito educativo con este tipo de maniobras. Sin embargo este comentario demuestra que la opinión de la Editorial nos es compartida por los que están metidos en su profesión: los lobistas, continúa la nota:  

Aunque los lobistas [[1]] dicen que su objetivo es lograr que los jóvenes influyan en las opiniones de sus padres, hay otro objetivo evidente pero no confesado, y es el de crear una imagen favorable en las mentes de los futuros responsables de las decisiones.

Pero, como no podía ser de otro modo, las técnicas se van perfeccionando, nuevos dispositivos se ponen al servicio de este tipo de tareas, por ello la nota repite este concepto:

Los métodos tradicionales para influir a gobernantes y votantes han cedido el paso a una forma totalmente nueva de abogar por una causa. Además de emplear las herramientas conocidas –publicidad, marketing y relaciones públicas–, los grupos de interés de todo tipo inventaron una enorme cantidad de formas novedosas para transmitir sus opiniones a los consumidores, políticos y medios de difusión. Sus técnicas incluyen tanto en los métodos tradicionales como en otros nuevos e imaginativos, pero todos son concebidos y utilizados cuidadosamente para llegar con mucha precisión al público buscado con un mensaje persuasivo.

Es muy probable que la revista se dirija a un público muy recortado, personas que se mueven en el ámbito empresario, en el cual es de uso el desprecio por las personas que se dedican “profesionalmente” a la política. El trato con muchos de ellos se desarrolla en un estilo muy descarnado, sin palabras engañosas, con claridad que el dinero que piden para sus campañas tiene contraprestaciones muy claras. Un claro ejemplo de ello aparece en el libro “La raíz de todos los males” del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.

En el diario www.perfil.com del 31-10-1918, entrevista al autor del libro. El periodista comenta algunas actitudes de Maurizio Macri:

En reuniones con empresarios muy grosos, uno a uno, en encuentros individuales, y con el resto de los empresarios pero de a 25 personas. A todos Macri les pedía el 1 por ciento del patrimonio de ellos, y ante el asombro de algunos, les argumentaba que él exigía el 1% por ciento porque el 99 por ciento restante iba a valer mucho más con él como presidente de la Nación”.

Creo que puede quedar un poco más claro por qué la nota se expresa con tanta claridad, dado que se mueven en un ambiente en que todo está muy explícito. Los Medios mienten, hay empresarios que roban  y hay políticos se corrompen. Para que esto pueda parecer aceptable, es necesario que el público sea manipulado, adaptado a esta normalidad del capitalismo financiarizado.  


[1] Los orígenes de la manipulación de las grandes mayorías (28-4-2019); Cómo manipular “científicamente” la conciencia de públicos masificados (11-8-2019); Edward Bernays y el control de la opinión pública (17-3-2019), etc.
[2] El concepto de naturalización es uno de los más importantes en ciencias sociales; es un fenómeno que lleva a los hombres a considerar sus acciones y sus creencias como naturales, ligadas a su naturaleza, y no como el resultado de las relaciones y conflictos sociales.
[3] Grupo de presión, es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses del sector empresarial.

(Por CORREPI) La noticia pasó inadvertida para la mayoría de los “medios grandes”: “Rodrigo Etchudez, un joven músico y comerciante de la ciudad de Monte Quemado al norte de la Pcia de Santiago del Estero, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por una nutrida delegación policial que, sin orden judicial, lo esposó y se lo llevó detenido a la seccional local. El motivo: una publicación en su cuenta de Facebook rechazando la actitud represiva del gobierno provincial”.

Casi en simultáneo, en plena Ciudad de Buenos Aires, con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, se emitió la resolución 144/2020, que establece en cabeza de las fuerzas de seguridad la facultad de hacer tareas de “prevención sobre plataformas y fuentes digitales públicas que no constituyan violación a la intimidad”.

En términos menos académicos, bien podríamos calificarla como un Manual para el ciberpatrullaje o el “control legal” de la disidencia política e ideológica. Cuantas más facultades suma el aparato represivo del estado, más amenazado se encuentra el cuerpo social que administra.

La decisión de su formulación constituye una inequívoca decisión política: el ciberespionaje, en tanto herramienta de control social, integra el menú de medidas persecutorias que, bajo la apariencia de una necesidad regulada, esconde una limitación inadmisible a derechos elementales de la población. Que la resolución pretenda que no tendrá validez si se vulnera la intimidad de los ciudadanos, no garantiza que no se atropelle su pública necesidad de protestar: Cualquier red social (ése es el nuevo “territorio” a invadir por el estado) es hoy empleada por organizaciones del pueblo para convocar, movilizar, reclamar, denunciar, exigir. El gobierno abrió la puerta para que expresamente ese avasallamiento se realice.

Desde 1983, son incontables las ocasiones en que el estado fue descubierto en tareas como las que ahora viene a regular. Como en los tiempos de Alfonsín, con su DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) convertido luego en División de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, protegido por el menemato y la misma justicia que invocaba la categoría de “secreto de estado” para legitimar la información mal habida sobre más de 250 militantes del arco de la izquierda, o el despliegue de pinchaduras de teléfonos y seguimientos de la SIDE (hoy AFI) y de la inteligencia propia de la PFA, que fue un clásico de la época.

El año 2001 fue emblemático en materia de espionaje, como ocurrió sobre las organizaciones que se movilizaron ante la Casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos piqueteros en un corte de ruta. “En función de tareas de inteligencia previa…” comenzaba cada sumario de detenciones producidas en medio de actos de protestas masivas a lo largo y ancho del país, como en agosto de 2004 o en diciembre de 2005. Infiltraciones, como la sufrida por la Agencia Rodolfo Walsh, listas negras de abogadxs en el servicio penitenciario, y el denominado Proyecto X que, descubierto en 2013, con los cuadros de Gendarmería encargados de escuchar, espiar, seguir e informar sobre todo activista sindical, estudiantil, social y político. En todos esos casos, CORREPI patrocinó junto a otras organizaciones las correspondientes denuncias, incluyendo cuando nos tocó ser víctimas directas. Ni hablar de las escuchas macristas por mano del “Fino” Palacios y Ciro James, causa en la que Mauricio fue sobreseído 12 días después de asumir como presidente.

Hoy se suman las redes sociales con el “ciberpatrullaje”, con un detalle que, sin embargo, no tiene nada de novedoso: La resolución firmada por la ministra Frederic se ampara en la “prevención de narcotráfico y terrorismo”, expresiones propias del andamiaje represivo con el que -desde la caída de las Torres Gemelas y agravada por la crisis capitalista del 2008- se justifican mundialmente todo tipo de persecuciones.

La nota periodística de Santiago del Estero amplía: “La simple opinión de un ciudadano expresada en una red social bastó para que las autoridades activen un importante operativo policial destinado a aprehender a Etchudez, detenido este domingo en su propia casa por una gran cantidad de efectivos que procedieron a esposarlo e ingresarlo a la comisaría de Monte Quemado, donde permaneció durante más de 9 horas.”

La paradoja más grande es que todo esto sale a la luz en simultáneo con la mega causa de espionaje, escuchas y otras canalladas que ponen al descubierto la verdadera naturaleza política y moral del macrismo y sus aliados. Un escándalo mayúsculo, del que nos enteramos –a diferencia de los episodios anteriores, descubiertos por las víctimas- por la denuncia efectuada ante la justicia por la interventora de la AFI, que aportó registros digitales y fichas que prueban el espionaje a organizaciones políticas, como el PTS; gremiales, como el SUTE (Sindicato Único de Trabajadorxs de la Educación de Mendoza); a trabajadorxs de prensa (más de 100 afiliadxs al SiPreBA) y a funcionarios y referentes públicos de la oposición y del propio partido de gobierno.

Lo que parecen no entender es que el problema no está en la legalidad o ilegalidad del espionaje, sino en la naturaleza misma del acto de espiar, que es acechar, amenazar, vigilar. Y que es siempre, en todos los casos, una repudiable decisión política.

Desde la CTA Bahía Blanca repudiamos y denunciamos los hechos de espionaje ilegal llevados adelante por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos (2015- 2019) a periodistas, militantes, trabajadorxs, académicos y referentes de organizaciones sociales y políticas.

Este accionar constituye un grave hecho de persecución y hostigamiento político sobre las instituciones sindicales, sociales y políticas, en un periodo democrático. Tales prácticas no constituyen procesos aislados, sino que forman parte de una deuda que tienen diferentes gobiernos con el pueblo argentino, en tanto falta de trasparencia y claridad sobre el accionar de los servicios de inteligencia y de seguridad.

Desde hace décadas se han denunciado los casos de espionaje ilegal de los servicios, como se planteó con el proyecto X de Gendarmería Nacional, la intromisión de inteligencia en diferentes modalidades de protesta o el caso Santiago Maldonado.

Exigimos al gobierno nacional y a la justicia que se investigue a los responsables del espionaje y que se terminen este tipo de prácticas nefastas sobre las organizaciones populares y de lxs trabajadorxs.

Por otro lado, manifestamos nuestra solidaridad con nuestro compañero Francisco Cantamutto, qué a través de sus investigaciones, propuestas y aportes, dentro del espacio de la Sociedad de Economía Crítica, contra el Tratado de Libre comercio y la organización de la cumbre de la OMC fue investigado, violentando sus derechos democráticos.

La misma situación tuvieron integrantes del PTS y otras organizaciones políticas y sindicales como la compañera de CD del SUTE (Mendoza), Laura Espeche. Queda de manifiesto de esta forma que el G20 como la cumbre de la OMC fueron encuentros realizados en la Argentina que sirvieron de manera encubierta para vigilar y seguir de cerca a militantes populares y sindicales.

CTA Bahía Blanca

El próximo lunes, de 10 a 12, comenzaremos una nueva temporada de “En eso estamos“, el programa de la media mañana de FM De la Calle desde 2009.

Los vaivenes económicos y el aislamiento social impuesto para enfrentar la pandemia postergaron su inicio y por eso, en su lugar, emitimos desde febrero “Redacción de la Calle”, una propuesta periodística para mantenerles informades.

La vuelta de “En eso estamos” es posible por el aporte militante del Colectivo de nuestra emisora y por el acompañamiento de quienes se comprometieron con nuestra campaña de suscriptoras y suscriptores.

Somos una alternativa plural y abierta en un mapa de medios que presenta -no en todos pero sí en la amplia mayoría de los casos- programaciones a veces condicionadas por las pautas oficiales y privadas y otras involucradas ideológicamente con el poder.

La comunicación popular la hacemos entre todes.

Cambiar el aire, depende de nosotres.

Les esperamos.

➡️ Lunes a viernes de 10 a 12 ⬅️
✅Por De la Calle 87.9

?Mauro Llaneza | ? Giuliana Crucianelli | ? Astor Vitali | ?Fer Alarcón

?Colaboran:

??‍? Agostina Costantino | ?‍? Eduardo Lázzari | ??‍? Francisco Cantamutto | ??‍⚕‍ Horacio Romano | ?‍♂‍ Juan Bucci | ??‍? Maju Eliosoff |

(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

(Por Astor Vitali) A 64 días de aislamiento, el Instituto Cultural de Bahía Blanca tiene una “propuesta”. ¿En qué consiste? “El Municipio le solicitó al gobierno provincial programas de financiamiento de emergencia. La propuesta consiste en la elaboración de dichos programas y en la creación de una Mesa de Diálogo de Arte y Cultura, coordinada por Provincia-Municipios.

Es decir la propuesta consiste en que otros trabajen por el municipio en lugar de utilizar la ampliación de la planta política con sueldos de privilegio (6 directores hay durante la era de la topadora Rosselló ¿para qué?).

Según un comunicado lanzado el día de hoy por esta agencia cultural, “se busca el apoyo a la creación artística, industrias culturales, eventos públicos, espectáculos artísticos, artes escénicas, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, entre otros, y al sostenimiento de los proyectos culturales comunitarios adaptados a la realidad de cada distrito”.

“También a orientar de manera conjunta los subsidios y fondos de financiamiento y sostenimiento a los sectores más afectados, y compartir la información de beneficiarios a fin de que la distribución de esos fondos sea equitativa e igualitaria”.

El “pedido” habría sido realizado en una reunión virtual con Ezequiel Grimson, subsecretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto todo todos los organismos de representación de trabajadores y trabajadoras de la cultura de Bahía Blanca han señalado que no reciben respuesta por parte de las autoridades, la directora del Instituto Cultural decidió enumerar las organizaciones con las que se reunió (y a las que no les dio respuesta) en una clara maniobra maniquea que busca eludir sus responsabilidades de funcionaria pública y jugar al juego bobo de los colores políticos tirando el fardo a la provincia, como si no hubiera responsabilidades que cumplir en cada estado.

En lenguaje filosófico, el comunicado es una clásica maniobra del ejercicio del “forreo”. Se menciona a todos los espacios: “Desde el inicio del aislamiento obligatorio, la secretaria de Cultura Morena Rosello y el director General del área, José Gozález Casalli, realizaron reuniones periódicas con los diversos actores del arte y la cultura local, como la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la Asociación Argentina de Actores, los Espacios Culturales Independientes, la Red Nacional de Artistas de Circo, los Centros de Formación Artística y Colectivos de Trabajadores de la Danza ante la Pandemia, la Feria de Artesanos de Plaza Rivadavia, las ramas artísticas del Consejo Consultivo del Instituto Cultural, la Asociación de Técnicos de Artes Escénicas en Vivo (ATAEV)” con el objetivo de utilizarlos políticamente.

Se dice que “también hubo un encuentro con los productores y empresarios artísticos de teatros y salas de la ciudad, con quienes se acordó proyectar el armado de protocolos de seguridad e higiene para cuando se reactiva la actividad” pero no se cuenta que no fue bien recibido por la mayoría de los espacios culturales que se preguntaron: ¿están pensando en protocolo para cuando salgamos de esta situación sin antes haber instrumentado ninguna medida para la emergencia?

Se señala que “a pedido del Consejo Cultural Consultivo del Instituto Cultural, se realizó una encuesta a 254 actores culturales para contar con un mapa de situación local”. Sin embargo, la opinión mayoritaria de dicho organismo rechazó la utilización de la encuesta a sólo fines estadísticos y, en cambio, solicito la implementación de un fondo especial y del Plan de Contingencia Psicológica en contexto de Aislamiento presentado por la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur. Nuevamente, manosea y utiliza mecanismos democráticos que representan a miles de trabajadores de la cultura para justificar su propia falta de capacidad y de representatividad.

Tanto Casalli como Rosselló fracasan sistemáticamente en el noventa por ciento de los casos en los que levantan el teléfono buscando apoyos. Por eso ahora buscan acudir a los deudores de la pauta oficial para retransmitir un comunicado cuyo contenido sólo puede verificarse en un plano existencial de otra dimensión.

Continua el documento: “A partir de tal sondeo se iniciaron acciones para mitigar la emergencia económica: como la entrega de ayudas alimentarias a través de Bahía Solidaria a artesanos de Plaza Rivadavia, artistas circenses y callejeros, técnicos de artes escénicas, estudiantes de nivel terciario”. Esta entrega se llevó a cabo de manera informal, sin hablar con todos los sectores sin articular una política universal. Las planillas de la encuesta, por otra parte, fueron completadas por una minoría de la comunidad artística, dado que se sabía que no iban a ser utilizadas para ninguna política concreta y por ende no generó entusiasmo.

Para coronar el ejercicio del cinismo, Rosselló sostiene algo que ni los medios adictos a la pauta se animaron a replicar (habiendo copiado y pegado casi todo literalmente menos este segmento): “Por último, cabe destacar que, dentro del Plan de Cultura Bahía en el marco de la emergencia del Covid19, sigue funcionando con éxito el programa ´Cultura en Casa´, con la difusión de actividades artísticas y culturales locales en plataformas digitales”.

Señalar que Cultura en Casa “sigue funcionando con éxito” es la última afirmación desopitalente de este discurso sicótico. Tal como hemos publicado en El consorcio. Cambiemos en Bahía Blanca (Ediciones De la Calle, 2019), en los apartados Psicosis y Psicosis II, el discurso oficial se elabora con niveles de enajenación de la realidad porque “estas huestes del fallido progreso viven en otra dimensión económica. Su realidad nada tiene que ver con la del ciudadano y de la ciudadana comunes. Gobiernan para sí mismos y se representan a sí mismos (…) La militancia de la política epidérmica es aquella que desprecia a la realidad concreta de su pueblo y actúa para las cámaras de sus celulares y se publica en redes”.

(Por CTA Bahía Blanca) Lo ocurrido con las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich(partido de Villarino) pone de manifiesto un tratamiento diferenciado para ellas.

Ha quedado en evidencia que cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.

Se les ha permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.

Esto generó que en los últimos días aumenten de manera significativa los casos de esta enfermedad en nuestra población, demostrando que la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.

No tenemos dudas que de algún nivel de autoridades de gobierno tiene que provenir una venia política para permitir esa medida que pone en peligro todo el esfuerzo de resguardo comunitario y las políticas de salud pública para enfrentar la pandemia.

De algún nivel de gobierno sea municipal, provincial o nacional tiene que haber partido la decisión de conceder a esta empresa Tel del poderoso grupo Perez Companc las prerrogativas para no cumplir las medidas de resguardo.

Demandamos enérgicamente que se rindan cuentas y se determinen las responsabilidades políticas.

Así como también exigimos que el municipio publique un protocolo para las empresas que de ahora en

adelante deberán regirse de acuerdo a las recomendaciones de lxs expertxs y que las autoridades de salud sean debidamente notificadas por las empresas de cada persona que ingresa a nuestra ciudad para su correcto seguimiento epidemiológico.

Desde la CTA estamos convencidxs que esta doble vara tiene un sólo origen posible: la lógica de las ganancias empresarias puestas por encima de la salud y de las necesidades populares.

Debemos exigir que se ponga fin de inmediato a estas habilitaciones discrecionales para las empresas.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

(Por Ricardo Vicente López) La palabra fakes news ha corrido la misma suerte de todo concepto teórico que cae en manos del periodismo profesional, me refiero al que se practica, con una voluntad digna de mejores causas, en los grandes medios concentrados. La característica que ellos exhiben, aunque su detección exige cierto entrenamiento crítico, es la de someter toda información a los cánones de la línea editorial. Esta funciona como un filtro que no permite la información pase tal como llega, sino que la convierte en una verdad del medio, es decir en una no-verdad. Pero, lamentablemente, esto no parece estar al alcance del ciudadano de a pie. Si bien esto no es una novedad ni una sorpresa, está vigente por lo menos desde la posguerra, cuan se comenzó a imponer el estilo estadounidense de periodismo, en el cual la línea editorial y la información es una masa indiferenciable. Esto no sucedía antes, en el tiempo en que se tenía el cuidado de diversificarlos, conservando un cierto respeto por lo que hoy se denomina “datos duros”. Creo necesario que nos detengamos a reflexionar sobre este fenómeno del periodismo actual.

La Doctora Alicia Entel, Profesora Titular de Teorías y Prácticas de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), publicó una nota con un título que puede generar alguna sorpresa al lector no avisado: ¿Sin lugar para la verdad? que suena como una sentencia tremenda, a pesar de los signos de interrogación,  que parecería eliminar la posibilidad de todo comentario. A pesar de ello, dice:

Se ha incrementado en las últimas décadas de modo exponencial el vínculo entre periodismo, información y mentira. Le han puesto diferentes nombres cada vez más sofisticados, como si el sólo nombrar conjurara sus efectos. Son las “fake news” (noticias falsas), los “deepfakes” (técnica más sofisticada para crear noticias falsas), etc. Algunos dirán que mentiras hubo siempre con lo cual obturan cualquier posibilidad de indagación particular sobre la escena mediática actual.

La afirmación de la Profesora no escandaliza a nadie hoy, y esto es una prueba más de la pendiente, cada vez más pronunciada, por la cual se deslizan lo que deberían ser considerados valores básicos de las sociedades democráticas. Aún, a riesgo de ser descalificado como un melancólico que añora un pasado mejor, debo decir que esto es muy grave y que se ha logrado trasvestir la verdad en sucedáneos al uso.

En una cultura en la cual la anomia ( a-nomia = sin reglas) es la regla, y valga el juego de palabras, el deterioro de los valores mencionados convierte al espacio público en una especie de selva informática. En la cual el todo-vale pinta de gris y borronea los colores diferenciadores. En esa selva vale la muy vieja advertencia de Discépolo, en la década del treinta: «¡Todo es igual!, ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor… ¡Qué falta de respeto!, ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un Señor, cualquiera es un ladrón». Pareciera que haciéndose cargo de la advertencia, la Profesora comenta:

Me interesó indagar especialmente qué lugar ocupa la verdad para la mayoría de los periodistas hoy. ¿Les importa profundamente? Lamentablemente las respuestas no son alentadoras aunque la investigación está aún en proceso. Esto me llevó a revisar aspectos de la formación de los comunicadores.

Me parece una muy inteligente definición del problema, buscar algunas de las causas en el ámbito universitario. Revisar, entonces, qué se está haciendo respecto a la educación que prepara a quienes se van a atrever a transitar por la selva mencionada. Continúa:

Hace poco más de treinta años junto con un grupo de investigadores, periodistas, educadoras, creábamos en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencias de la Comunicación… Desde entonces hasta la actualidad participé en más de veinte elaboraciones o evaluaciones de planes del estudio dedicados al Periodismo. Una de las primeras investigaciones que habíamos hecho en la UBA era sobre “La formación de los periodistas”, preocupada entonces por cómo incluir en la educación formal a profesionales que se habían capacitado en redacciones o bien en la vida misma, con carreras universitarias truncas, pero con enorme voluntad de informar, de ser periodistas.

Me parece que la vocación de la autora muestra una inquietud poco común en las aulas, en las cuales se supone la necesidad de profesionalizar el periodismo:

Desde entonces las carreras de Comunicación y de Periodismo se multiplicaron y no sólo a nivel universitario, también en institutos terciarios. Era evidente que cubrían un área de vacancia importante. ¿Qué podemos decir luego de tres décadas de modo más o menos desapasionado?

Treinta años después se pueden revisar los resultados de esos esfuerzos. La cantidad de egresados volcó sobre la práctica periodística “una cantidad grande de profesionales, investigadores, trabajadores de la cultura”. La Profesora nos cuenta que los temas dominantes fueron “la organización discursiva de las argumentaciones y su impacto en las subjetividades; las políticas de comunicación y las legislaciones”. Un tema muy importante que se planteó fue la relación de los medios de comunicación con la formación de la opinión pública, es decir haber investigado cómo los medios afectan la totalidad de la vida política. Esto lo señala como un importante aporte a la Comunicación y a las Ciencias Sociales. Las conclusiones no parecen ser positivas:

Sin embargo, desde la mirada en lejanía encuentro una opacidad, y hasta una especie de agujero de ozono: la preocupación por la verdad, nombrada así con todas las letras, no fue fundamental en la formación de varias generaciones de periodistas… Tres cuestiones resultan muy significativas: 1. se asociaba verdad a Deontología Periodística (espacio de saber que explicitaba derechos y deberes de la profesión pero que solía resultar sostenido por una dimensión ética aristotélica, universalista, despojada de la dimensión política y reticente a cualquier perspectiva histórica; 2. se había vinculado históricamente verdad a una supuesta objetividad legitimada precisamente por los sectores de poder mediático tradicionales, en una suerte de positivismo oligárquico excluyente de todo otro conocimiento verdadero.

Detecta la realidad del peso del los medios como empresa, por encima del ejercicio de la profesión. Tal vez, la incidencia de una necesidad académica de convertir la Comunicación en una ciencia, y de allí volcar esos criterios en el periodismo, hizo que la objetividad fuera la pantalla que ocultara los intereses dominantes. Y agrega:

3. Pero finalmente hubo algo más contundente que le dio un mazazo contemporáneo a la preocupación por la verdad; fue la divulgación de una cierta concepción posmoderna, muy cool, de que todo es relativo. La Comunicación como espacio de estudio se expandió en medio de la crisis de las grandes narrativas y el relativismo se tramó fuertemente en sus perspectivas teóricas… dejó una profunda huella en la formación de oleadas de periodistas.

La conclusión es altamente desilusionante, aunque no puede ser inesperada. El escepticismo reinante ha ganado un gran espacio en la conciencia de los profesionales, como un fiel reflejo de la cultura dominante. Se agrega a ello las pocas posibilidades existentes de lo que deberíamos suponer como condiciones necesaria para el ejercicio de la verdad profesional. Predominó la mirada teórica escéptica en relación con la verdad. “Y hasta con el conocimiento verdadero como búsqueda inalcansable”:

Pero la desconfianza profunda en la verdad opacaba, por momentos, los descubrimientos. Y más aún, había bastante ingenua ilusión en el valor de construir buenos relatos, narrativas originales, creativas y potentes… debemos decir que urge incorporar como contenido, como actitud, como proyecto, la idea de que el conocimiento verdadero de algo es posible y resulta estratégico en la elaboración y análisis de la información. Como historiadores del presente, que somos los periodistas, la necesitamos. Incluso la cláusula de conciencia permite, en cierta medida, no subordinarse a publicar mentiras.

Es muy interesante y loable la preocupación de la Doctora Alicia Entel que se manifiesta en sus consideraciones finales. Sin embargo, no aparece en su nota la existencia de medios monopólicos que dominan la mayor parte del espacio público. Ellos monopolizan la capacidad comunicativa y la utilizan como arma de guerra para consolidar sus otros intereses corporativos.  

Es llamativo ignorar la existencia de, por los menos, dos monstruos mediáticos: Clarín y La Nación, con un dominio excluyente del espacio informativo. A ello debe agregarse la tiranía interna con que se manejan las redacciones. ¿No resulta ingenuo o sospechoso?

Foto: InfoBlancoSobreNegro

La emergencia de la pandemia ha impedido que miles de familias bahienses trabajen para asegurarse su subsistencia.

En este marco las familias de trabajadoras y trabajadores de la cultura son un sector que sufre especialmente esta crisis.

Frente a esta necesidad la Asociación Argentina de Actores, Unión de Músicos del Sur y la Red de Espacios Culturales Independientes han presentado una serie de propuestas destinadas a la construcción de alternativas que permitan sobrellevar la situación ante la secretaria de Cultura y Educación del Municipio, Morena Llanca Rossello sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Las políticas públicas culturales se sostienen y han sido posible en nuestra ciudad en base al compromiso, la formación, la perseverancia y la calidad de las propuestas de músicos, actores, artistas plásticos, escritores, directores, talleristas, bailarines, pequeños espacios culturales.

Somos conscientes de la gravedad de la crisis y de la necesidad que enfrenta el gobierno municipal de atender todas las situaciones y determinar las prioridades de asignación de recursos. En este contexto resulta innegable que el sector de las expresiones culturales es uno de los que va a sufrir y sufre, por sus características particulares, los efectos de la pandemia que impide e impedirá por más tiempo una vuelta a la posibilidad de desarrollar su trabajo.

Es esta particularidad lo que determina la imperiosa necesidad del apoyo y acompañamiento del estado municipal no solo para atravesar esta etapa sino para la elaboración de estrategias que permitan asegurar en el tiempo una nueva “normalidad” en sus ´posibilidades laborales. El estado municipal no debe ni puede abandonarlos en esta crisis.

En este sentido se ha pedido la continuidad de los contratados para talleres municipales y la ejecución del presupuesto para la Comedia Municipal.

Por esto las agrupaciones sociales, sindicales y políticas abajo firmantes solicitamos al Intendente Gay una reunión urgente con dichos espacios de representación para implementar ayudas específicas a este grupo de trabajadoras y trabajadores que sostienen la actividad cultura de nuestra ciudad, discutir e implementar las propuestas elevadas y sin respuesta por parte de Cultura de la municipalidad.

COMITÉ DE EMERGENCIA CULTURAL

Ana Concepción Civitella – Carlos Fabaro – Carlos Quiroga – María de los Ángeles Roson – Raúl Ayude Virginia Linares

ADHIEREN

Espacio Progresistas en Red – Frente de Todxs – Frente de Todxs Bloque de Concejales – La Watu – Nuevos Vientos – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Causa Nacional/Polo Social – Movimiento Popular Liberación – Movimiento Mayo – Partido Político Vecinalista Integración Ciudadana

Asociación Argentina de Actores B. Blanca – Asociación de Trabajadorxs de Museos – Asociación de Murgas y Agrupaciones de Carnaval Bahiense – Bahía Blanca Che – Centro de estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca – Centro de estudiantes de la Escuela de Danza – Coordinadora de Centros de Estudiantes de Artística – ECI (Espacios Culturales Independientes) – Hemisferio Derecho Ediciones – La Masmédula Libros –

Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca – Observatorio Cultural Pcia. de Bs. As. – Peces de Ciudad Ediciones – Representantes de lxs trabajadorxs en el CCC – Talleristas del Teatro Municipal – UMSur (Unión de Músicos del Sur)- Acciones feministas – Comedor Corazones Solidarios – Frente feminista Nacional y Popular – Desbandadas – Red Local contra la Violencia de Género –

ADUNS (Asoc. De Docentes de la UNS) – APA (Asoc.del Personal Aeronáutico) – CTA Autónoma pcia de BsAs.- CTA Bahía Blanca – CTA De los Trabajadores – Sadop – SatSaid (Sind. Arg. De Televisión, Serv. Audiovisuales Interact, y Datos) – Secret. de DDHH e Igualdad de Género Secasfpi Anses – SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) Secc. B.Bca. – Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – Unión Ferroviaria – Suteba Celeste – La Bordó No Docentes UNS – FM De la Calle – La Máquina Radial – Red de Comunicadoras Bahía Blanca –

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

(Por UMSur, Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes) A más de cuarenta días de aislamiento, los espacios abajo firmantes manifestamos nuestra total preocupación por la total ausencia de políticas públicas hacia la cultura en el ámbito del gobierno municipal de Bahía Blanca.

El día 19 de marzo, la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur presentaron a las autoridades un Plan de Contingencia que buscaba colaborar con las políticas públicas en materia de salud mental y arbitrar un sistema de contrataciones para amortiguar el impacto económico hacia nuestro sector, teniendo en cuenta que se ve imposibilitado de trabajar (y por ende, de registrar ingresos), desde el 12 de marzo.

El gobierno se comprometió a llevar adelante una reunión para analizar la propuesta. Sin embargo, no solamente no hizo sino que el día 3 de abril lanzó “Cultura en Casa”, una iniciativa que no califica de política pública ya que sólo se basa en reunir links de insumos culturales ya realizados por trabajadores de la cultura. Además, no considera nuestros derechos laborales y amateuriza al sector, constituyendo esto un nuevo desconocimiento de las especificidades de nuestro ámbito.

Habiéndose reunido en reiteradas oportunidades con el Consejo Cultural Consultivo, y habiendo éste elevado una serie de propuestas vinculadas a Eventos con Continuidad en el tiempo, al proyecto mencionado y la necesidad de generar un fondo específico, la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, no ejecutó ninguna de las políticas sugeridas.

Por el contrario, lanzaron una encuesta “con fines estadísticos”, es decir, que la misma no tendría ningún efecto concreto porque no hay ninguna política pública lanzada para el ámbito cultural.

A su vez, en un contexto en el que las autoridades del estado nacional lanzan la línea de mantener la continuidad laboral de todos los sectores a fin de no romper el aislamiento por hambre, el gobierno municipal decide discontinuar contratos de talleristas arrojándolos a una situación dramática.

También han sido elevadas propuestas desde los Espacios Culturales Independientes, espacios vitales de la comunidad, a las que no se les ha dado respuesta concreta.

Asimismo han omitido responder al petitorio presentado por el sector de danza.

Somos miles de trabajadores de la cultura precarizados que estamos en situación de emergencia y, ante las reiteradas solicitudes al gobierno municipal, no hemos recibido ninguna respuesta a las legítimas demandas.

En lugar de invertir recursos públicos para combatir la emergencia, gastan dinero en publicidad en medios y redes sociales a los fines de hacer como que se hace, cuando en realidad no se está haciendo nada.

Asimismo, mantienen sus sueldos de privilegio ¿para hacer qué?

Nos manifestamos en estado de alerta.

Señalamos que los funcionarios públicos no sólo no están cumpliendo sus responsabilidades para los cargos que fueron designados sino que además aprovechan esta circunstancia de emergencia y aislamiento para imponer de hecho “Cultura Abierta”, que no es un proyecto sino más bien la intención manifiesta de desarticular todas las herramientas de participación y profundizar el desguace del presupuesto cultural, además de favorecer a particulares del sector privado y que fue rechazado por el conjunto de la ciudadanía en aquella jornada histórica en el Honorable Concejo Deliberante durante el mes de enero. Que el Coronavirus no sea excusa para profundizar el desguace cultural.

Responsabilizamos a la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, al director de Cultura de dicho organismo, José Ignacio González Casalli, y al intendente municipal, Héctor Gay, no sólo por no generar propuestas sino por no ejecutar ninguna de las iniciativas que les han sido acercadas, que están en sus manos, y que deciden desatender, profundizando el terrible estado de situación que atravesamos, así como otros sectores sociales desatendidos.

Exigimos al gobierno municipal:

-Inmediata aplicación del Plan de contingencia

-Inmediata aplicación de un Fondo Especial en contexto de Aislamiento

-Inmediata aplicación de las propuestas elevadas por el Consejo Cultural Consultivo

-Inmediata respuesta a los reclamos de los Espacios Culturales Independientes

-Continuidad de todos los talleres culturales. Basta de despidos encubiertos

-Cumplimiento de la Ordenanza de la Comedia Municipal 2020 Primer y Segundo Semestre

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.

“Cuando los pueblos agotan su paciencia

suelen hacer tronar el escarmiento”.

Juan Domingo Perón

(Por Ricardo Vicente López) Algunas fechas son demasiado significativas como para dejarlas pasar por alto. El aniversario del 11 de setiembre, atentado contra las Torres Gemelas, produjo, entre otras de sus muchas consecuencias, un viraje en el proceso de la globalización. Hacerlo hoy es sumarnos al permanente reclamo del Movimiento internacional por la verdad del 11-S. Esta organización de profesionales de la construcción que cuestionaron, desde el mismo momento que se hizo pública, la versión oficial sobre aquellos atentados. La versión que se conoció como el Informe de la Casa Blanca fue elaborada por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), especializado en la investigación sobre fallas estructurales graves que dan lugar a catástrofes.

Durante los años que siguieron al atentado se publicaron varias investigaciones realizadas por Centros de investigaciones y universidades muy prestigiosas de los EEUU, que desmintieron con abundantes y muy fundadas razones, las causas ofrecidas acerca de las caídas de las tres torres. Esto incorpora a la investigación la tercera torre que se desmoronó a pesar de que contra ella no impactó ningún avión.

¿Por qué es importante volver sobre este acontecimiento y sus consecuencias? Porque estas últimas no se pudieron percibir en el tiempo inmediato posterior. Esas consecuencias ayudan a comprender, desde otra perspectiva, las causas y los causantes de ese atentado. Y, a partir de una hipótesis sostenible, comprender mejor por qué se realiza y quiénes fueron los verdaderos autores. Comencemos por las críticas al absurdo, insostenible, inadmisible Informe de la Casa Blanca.

Algunas de las objeciones al Informe oficial:

En las semanas y meses que siguieron a los atentados surgieron varias cuestiones sobre las incongruencias de la versión oficial, tales como: 1.- ¿Por qué el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD por sus siglas en inglés) falló en interceptar los aviones secuestrados que impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono?; 2.- ¿Por qué los servicios de inteligencia y de seguridad fracasaron en prevenir los atentados a pesar de haber recibido numerosas advertencias?; 3.- ¿Por qué se permitió que el presidente Bush permaneciese en una escuela de Florida, por más de 10 minutos, después de haber sido advertido de que EEUU estaba bajo ataque?; 4.- Anteriormente, ningún rascacielos de acero había colapsado totalmente, excepto en casos de demolición controlada. ¿Por qué ocurrió tres veces el 11-S? Muchos de los videos sobre este atentado fueron borrados de internet. (Se Consultar también éste link

Como una prueba más de las desconfianzas y sospechas a que dieron lugar la pobreza y las contradicciones del Informe oficial, meses después del atentado, Thierry Meyssan, intelectual e investigador francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Escribe sobre política exterior y publica en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Presentó además sus investigaciones en in libro: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008). Del autor voy a citar una conferencia pronunciada en abril de 2002.

Fue invitado a exponer sobre este tema, convocado y auspiciado por la Liga Árabe, en presencia de la totalidad del Cuerpo Diplomático y de la prensa internacional, en el centro Zayed de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos);su título fue ¿Quién ha perpetrado los atentados del 11 de septiembre? Es muy importante prestar atención respecto de quiénes lo invitaron, dónde se desarrolló el encuentro, puesto que la invitación, el lugar y el público asistente le otorgan a este encuentro un valor documental muy importante.

Sus primeras palabras anunciaban una serie de irregularidades y de contradicciones que convertían el Informe en un documento inaceptable:

Desde los primeros minutos que siguieron al primer atentado contra el World Trade Center, algunos funcionarios sugirieron a la prensa que el responsable de aquello era Osama Ben Laden, paradigma del fanatismo oriental. Poco después, el recién nombrado director del FBI, Robert Mueller III, acusó a 19 kamikazes y requirió todos los medios de su agencia y de los servicios de inteligencia para atrapar a sus  cómplices. El FBI nunca abrió ninguna investigación, sino que coordinó una “caza al hombre” que tiene, a los ojos del público americano, el aspecto de una “caza al moro”. Tanto es así que algunos exaltados han agredido y en algunos casos han dado muerte a árabes que consideraban sin más como responsables colectivos de los atentados. No ha habido tampoco ninguna investigación del Congreso. Este ha renunciado a ejercer su función constitucional a petición de la Casa Blanca, supuestamente para no dañar la seguridad nacional. No ha habido tampoco ninguna investigación de la prensa. Esta fue convocada a la Casa Blanca y conminada a abstenerse de toda investigación para no perjudicar la seguridad nacional.

Para abundar en pruebas de lo inconcebible e inaceptable, de lo que se informó como explicación del Atentado a la Torres Gemelas, agrego ahora lo dicho por un importante miembro del establishment estadounidense, persona de muy conocida trayectoria académica y política: Paul Craig Roberts (1939) economista, escritor y periodista conservador estadounidense. Doctorado por la Universidad de Virginia, diplomado por el Instituto de Tecnología de Georgia, por la Universidad de California (Berkeley). Fue Asistente de la Secretaría del Tesoro durante la presidencia Reagan. Es coautor del libro “La tiranía de las buenas intenciones”.

El título del artículo publicado en Information Clearing House (2-9-2006) anuncia las dudas que se desprenden del Informe Oficial: “Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el 11 de septiembre de 2001”. Comienza ofreciendo una especie de justificación respecto de volver sobre el tema cinco años después. Dice:

Recibí numerosas e inteligentes cartas de los lectores de mi columna del 14 de agosto titulada “Gullible Americans” (americanos crédulos). Esas cartas ameritan una respuesta. Por otra parte, varias de ellas contienen señalamientos que correspondería compartirlos con una audiencia más vasta. Queda comprobado que presuntos eruditos como yo no somos los únicos que tenemos cosas interesantes para decir. Considerando el número de las cartas recibidas y el importante tiempo que requeriría responderlas individualmente, responderé a todas desde esta columna.

Ante posibles sospechas y/o acusaciones respecto de sus intenciones de escribir sobre un tema tan delicado para los EEUU, ofrece una reflexión, que demuestra su inteligencia, para sentirse autorizado de opinar sobre aquel suceso luctuoso que ocasionó más de 3.000 muertos y 6.000 heridos. Ofrece, entonces, un profundo discernimiento con relación a lo que se podría poner en duda. Sin descuidar un sentimiento muy arraigado en el pueblo de ese país: el patriotismo. Propone una distinción entre lo que es la lealtad a un país y la lealtad a un gobierno. Argumenta:

Los lectores entienden que apoyar a un partido político o a un gobierno que está destrozando la Constitución de Usamérica y la reputación de Usamérica en el mundo es, de hecho, un acto de traición. Por consiguiente no tuve que leer las tonterías habituales de que acusan de “anti-usamericano” a los que dudan de la honorabilidad de “nuestro gobierno”.

Agrego yo, para una mayor claridad, que el presidente en ese tiempo era George W. Bush (2001-2009), y pertenece al mismo partido, que el autor de la nota de referencia: el Republicano.  Sigue diciendo Craig Roberts:

Comenzaré estableciendo que es lo que hoy conocemos como un científicamente sólido e incontrovertible hecho. i) Lo que sabemos es que es completamente imposible para cualquier edificio, mucho menos para uno construido con columnas de acero, desplomarse a velocidad de caída libre. Por consiguiente, sabiendo eso, pasa a ser un hecho sin discusión que es falsa la explicación oficial de la caída de las torres gemelas del Wold Trade Center. ii) Lo que también sabemos es que es inexplicable la falla de la fuerza aérea en interceptar a los supuestos secuestradores siendo que la Fuerza Aérea, si se lo propone, puede colocar aviones caza interceptores a 29000 pies de altura en menos de 2.5 minutos. iii) También sabemos que los dos co-presidentes de la Comisión del 11-D acaban de escribir un libro que revela que los militares de USA mintieron a la Comisión sobre el hecho de que no interceptaron a los aviones secuestrados.

Esto nos deja con el indiscutible hecho de que los edificios no pueden desplomarse sobre sí mismos a velocidad de caída libre. La única explicación conocida por la ciencia de colapsos de edificios a velocidad de caída libre, especialmente cuando se derrumban sobre sus propios pies. Es lo que en ingeniería se conoce como procesos de “demolición controlada”, los cuáles consisten en remover los soportes de cada uno de los pisos cada tanta fracción de segundo de modo tal que los escombros no encuentren ninguna resistencia a su caída.

Es poco lo que se puede agregar, sólo la convicción de que es mucho lo que se ha ocultado y que sólo puede comprenderse es que se ha ocultado por razones muy graves.

El Patriot Act (Ley Patriótica)​ es decir «La Ley para unir y fortalecer América proveyendo las herramientas apropiadas, requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo». Esta ley suspendía la constitución de los EEUU, por tiempo indeterminado. Fue aprobada por una abrumadora mayoría de ambas Cámaras, promulgada el 26-10-2001.

Las estipulaciones más restrictivas, que limitan los derechos y garantías constitucionales, fueron inicialmente sancionadas como normas provisorias de emergencia hasta el 31-12-2005. Sin embargo, todavía está vigente.

El periodista, analista político, Vladímir Simonov comenta este tema:

En el 2015 fue reemplazada por la USA Freedom Act, que mantuvo lo que conformaba la base de la ley anterior. La excesiva afición de la Administración USA por la observancia de los derechos humanos en otros países le impide a Washington percibir hasta qué punto su propia legislación entra en contradicción con la democracia. América afronta de hecho un dilema de excepcional importancia: la libertad democrática y las restricciones de la ley surgida de los Atentados.

Deberíamos preguntarnos si un país que tiene su constitución suspendida desde hace dieciocho años es realmente una democracia. ¿Qué dirían ellos de cualquier otro que estuviera en las mismas condiciones, o en otras más benignas, pero restrictivas? La pregunta, muy poco formulada es: ¿Cuál fue el objetivo estratégico de semejante atentado? Por sus dimensiones y sus terribles consecuencias debemos suponer que lo que podía estar en peligro era (y es) el sometimiento global, plan que fue anunciado con el título de un Nuevo Orden Mundial por el presidente Woodrow Wilson (1918); recuperado por el presidente George Bush padre (1990). Después fue presentado como la Globalización

(Por Astor Vitali) Ayer, sin mayores repercusiones, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en la que hubo la posibilidad de tratar políticamente la situación de los y las trabajadores de la cultura de nuestro partido. El oficialismo decidió no tratar el tema. La total desprotección hacia este sector actúa en correspondencia con lo que la funcionaria del Instituto Cultural, Morena Rosselló, viene haciendo en materia de políticas públicas: nada.

De la sesión trascendió con mayor repercusión la declaración de Emergencia Alimentaria aprobada por unanimidad, lo cual constituye una acción sin versión contrafáctica posible: la emergencia es un hecho evidente y, por ende, existe tanto se vote o no. Las emergencias permiten que los mecanismos económicos previstos para la aplicación de presupuestos se flexibilicen y, de esta forma, el poder ejecutivo municipal arbitre los medios para asignar recursos con mayor celeridad y menor burocracia hacia la materia de la emergencia; en este caso, la alimentaria.

En cambio, el proyecto de resolución solicitando “al Departamento Ejecutivo la continuidad del programa ENVION y renovación de contratos, talleristas y becarios” presentado por el Frente de Todos, no tuvo la mismo suerte. ¿Por qué? Porque los y las concejales del oficialismo, dirigidos por el intendente Héctor Gay, no dieron los votos para su tratamiento.

Durante la sesión no hubo debate, por lo que debemos remitirnos a los proyectos en sí mismos para reproducir de qué iba la propuesta.

En este sentido, el no tratamiento del proyecto sí da un lugar a un ejercicio contrafáctivo. ¿Qué hubiera pasado de haber sido aprobado? Al menos se hubiera garantizado el tratamiento serio, dentro de un marco normativo, de la angustiante situación que atraviesan cientos de trabajadores de la cultura y, asimismo, hubieran sido apuntalados los derechos culturales de la comunidad.

El proyecto solicitaba “al Departamento Ejecutivo que garantice la continuidad del programa ENVION, de los talleres dependientes del Instituto Cultural y de la Dirección de Inclusión y Discapacidad adecuando los objetivos, las modalidades y las tareas realizadas de las y los trabajadores talleristas al contexto de la crisis generado por la pandemia del Coronavirus – COVID 19”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

A su vez, requería “la renovación automática de todos los contratos, talleristas, PRENOM y becarios municipales. De la misma forma garantizar la continuidad laboral de las y los miembros de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil Barrio Miramar y de la Comedia Municipal de Bahía Blanca”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por otra parte, el proyecto también instaba “al Departamento Ejecutivo a la elaboración urgente de un programa de apoyo y acompañamiento económico dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura en el marco de la pandemia del Coronavirus – COVID 19 y se evalúe la factibilidad de la puesta en práctica de un ´Plan de Contingencia Psicológica en Contexto de Emergencia´ para la creación de contenidos artísticos”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por último, el proyecto solicitaba al “Departamento Ejecutivo que arbitre todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cobro en tiempo y forma de todos los contratos, becas y programas referidos en el artículo 2° de la presente resolución”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Continuando con el ejercicio contrafáctico, en otra dimensión donde el gobierno manifestara interés por la dignidad humana de la ciudadanía en su conjunto y donde los y las ediles que ejercen el oficialismo de ese gobierno gozaran de alguna instrucción cívica, quienes se dedican a reparar lo que destruyen la clase que representa Héctor Gay, habrían sentido que contemplados sus derechos básicos. En otra dimensión donde este proyecto hubiera sido aprobado: la ciudadanía de Bahía Blanca habría contado con un plan de contingencia sicológica (contenidos gratuitos elaborados por artistas de su localidad, diseñados en conjunto con la Secretaría de Salud en contexto de aislamiento); cientos de trabajadores precarizados hubieran podido alimentarse, comprar materiales de higiene, evitado la profunda amargura, estrés y situaciones traumáticas por las que pasan; miles de niños y de niñas hubieran accedido a contenidos originales, abonando al cumplimiento del aislamiento con incentivos de salud mental; miles de adultos mayores se habrían sentido acompañados por su comunidad a través de contenidos creados para su acompañamiento; los y las talleristas se habrían encontrado en una tierra en la que sus derechos laborales no sólo existen sino que además son respetados por los funcionarios de gobierno que velarían por el cumplimento de las normas legales (comenzando por la constitución); los y las talleristas que han puesto el cuerpo en situación sociales adversas de la que no son responsables (y cuyos responsables gozan de recursos económicos para no preocuparse de su suerte en su cómodo aislamiento) y sin embargo, de la que se hacen cargo desde iniciativas virtuales, verían el legítimo reconcomiendo social por su trabajo expresado en su continuidad laboral, en lugar de verse amenazados con no tener su ingreso y hasta obligados a romper la cuarentena por hambre; el sabor amargo de vivir en contexto de pandemia se vería amilanado por la sensación de que quienes gobiernan la ciudad están enfocados en protegernos.

En cambio, la decisión política de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca durante la sesión de ayer golpea de manera fáctica e irreversible. La incapacidad política y la irresponsabilidad económica no miden las consecuencias de difícil reparación que tendrá esta posición política del oficialismo. Nuevamente, para las huestes amarillentas conducidas por empleado del mes en ejercicio de la intendencia municipal, fuera de sus intereses de representación de los suyos, de la gente bien y con departamentos céntricos y casa en Monte, el resto sobra o es parte de la población de segunda que, claro está, puede esperar.

Foto: HCDBahíaBlanca

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!