El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La Red Argentina para el Desarme afirmó que el “decomiso de armas más grande de la historia” difundido por el gobierno nacional no es más que “una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

La “Operación Palak”, como fue presentada por la propaganda del Ministerio de Seguridad desplegada a nivel local por la gestión del intendente Héctor Gay, incluyó tres allanamientos en Bahía Blanca.

Uno de ellos en una vivienda ubicada detrás del consultorio odontológico de Castelli al 342 y otro en Clegg al 600, siendo secuestradas unas 40 armas. Su propietario, Hernán Castillo, es uno de los 17 detenidos en el país. En total fueron unos 50 allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en los cuales se decomisaron 12000 armas, municiones y explosivos.

En diálogo con FM De la Calle, el investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Julián Alfie aseguró que “el Estado debería haberlo detectado antes, y no sucedió. Esta cantidad enorme de armas circuló por varios años en el país sin que el Estado sea capaz de detectarlo. La mayoría de las personas involucradas eran sujetos de control del Estado por ser armerías, por ser establecimientos que habían estado bajo control de las propias Fuerzas Armadas”.

“No solo que no sucedió sino que toman conocimiento a través por Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que detectan que estas armas estaban empezando a circular en el comercio internacional ilícto. Recién ahí es donde se activan las alarmas de nuestro país”.

¿Por qué no se detectó antes? Alfie explicó que “el Estado hace cuatro años no implementa la ley que crea la Agencia Nacional de Control de Armas de Fuego, la ANMAC, que venía a reemplazar al RENAR. Creaba una agencia con presupuesto propio para tener una política proactiva de control sobre el mercado ilegal de armas de fuego y eso nunca se implementó”.

“Hoy tenemos apenas una decenas de inspectores en todo el país para esa agencia que debería controlar y fiscalizar el circulante de armas, inspectores que no tienen recursos para movilizarse por el país y por lo tanto la capacidad de control tiende a ser nula”.

La empresa bahiense Dienst Consulting, propiedad de Guillermo Martín es la encargada de llevar a cabo el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC. Martín es socio del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y dueño de La Nueva Provincia, Gustavo Elías.

“La ANMaC realiza una serie de controles psicofísicos que en este caso fueron tercerizados a esta empresa. Pero aparte de eso tiene que haber una política proactiva de persecusión y control del mercado legal. Aquellos lugares, armerías, establecimientos legales, tienen que ser fiscalizados por esta agencia. Ante el vencimiento tiene que actuar porque ese arma que había sido legal pasa a ser ilegal”, señaló Alfie.

El investigador aclaró que “no existe prácticamente fabricación ilegal de armas de fuego en el país, lo que existe son fábricas legales que hacen desvíos hacia el mercado ilegal, a través de, por ejemplo, la doble numeración. Por lo tanto la capacidad del Estado de controlar y de disminuir esas armas ilegales es altísimo porque el Estado sabe dónde se fabrican, lo que tiene que hacer e ir a esos lugares que fabrican o importan armas y fiscalizar que no haya desvíos hacia el mercado ilegal”.

INECIP subrayó en un comunicado que entre los establecimientos de los cuales se secuestró armamento que tenían su habilitación vecinda se encuentra TALA, “empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”.

“La banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”, afirmó en referencia al directivo de TALA Diego Martín Bollati, uno de los 17 detenidos.

 

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.

Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.

El economista y  columnista de FM De la Calle Francisco Cantamutto analizó las implicancias y posibles puntos de conflicto que traerá la puesta en marcha del acuerdo consensuado entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Es una medida con efectos de muy largo plazo buscada de cara a las elecciones. Por otro lado, para lograr el acuerdo se pone por encima la ideología librecambista y la postura negociadora de entrega absoluta para obtener el resultado. No es una conquista para el país ni para el bloque regional, es un retroceso en términos institucionales. La Unión Europea pudo imponer todas las condiciones que estaba demandando”, afirmó.

Cantamutto agregó que “es una especie de colonialismo del siglo XXI que no tiene nada prometedor para dejarnos. Por suerte no está todavía consolidado, las críticas no son solo de acá sino europeas también. Tenemos que hacer lo imposible para que esto no pase por el Congreso. Es una entrega del país y del bloque a los capitales europeos”.

El economista destacó el hermetismo en torno a lo negociado: “Las cámaras PyMEs como la Unión Industrial han salido a declarar que nunca tuvieron participación en esto, que no se las consultó y que no están de acuerdo. Los representante sindicales de la CGT y CTA han hecho pedidos formales y nunca se les ha dado información. Cuando se filtra en Europa nosotros los conseguimos acá. El gobierno que se jacta de la transparencia no está haciendo el acuerdo en esos términos”.

¿Qué implica el acuerdo en medidas económicas?

1- Desregulación del comercio en el sector industrial”

“La mayor parte del comercio con UE ya está liberalizado, las posiciones arancelarias o de negociación de trabas al comercio de este acuerdo son con sectores sensibles como el automotriz. Estamos ante el riesgo real de que el sector automotriz si no desaparece quede reducido a una cosa mínima. Recordemos que este sector tiene un enorme entramado de cadena de proveedores hacia atrás en la industria metal-mecánica”.

Cantamutto agregó que “hay dos sectores en el Mercosur con protección especial: el automotriz y el azúcar. Si quitás esas protecciones es muy probable que el abastecimiento de autos en la región provenga de otras latitudes: Europa, Asia. Si se quita la protección y la industria automotriz deja de producir se pierden esos empleos y el entramado hacia atrás y hacia adelante”.

Los estudios que llevó a cabo Paula Español, ex secretaria de Industria del gobierno anterior, indicarían que “en todas esa cadena productiva podrían perderse 185 mil puestos de trabajo, es más que toda la fuerza laboral de Bahía Blanca. Esto puede repetirse para otras cadenas industriales”.

2-Nos reduciría a la exportación de bienes primarios

“Dentro de la agroindustria son muy pocos los bienes que podrían obtener una cota mayor, concretamente hablamos de la industria ganadera. El agro en Europa sigue subsidiado y con protecciones para-arancelarias, puntualmente controles fitosanitarios o normas de calidad de otro tipo. Agregan que la producción en el Mercosur está fundamentalmente apalancada a través del uso masivo de agrotóxicos. En Europa han elevado los estándares de calidad ambiental y no están dispuestos a recibir estos productos que consideran potencialmente riesgoso para la salud”.

“Esto llevaría a perder toda la cadena industrial y exportar muy pocos bienes con poco valor agregado en la producción primaria“.

3– Patentes

“La Unión Europea insiste mucho en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, el uso de medicamentos genéricos podría desplazarse de 10 a 20 años, con lo cual la medicina se encarecería mucho porque habría que pagar las patentes de las farmacéuticas europeas 10 años más. Es un golpe directo al bolsillo. En otras áreas también es patentamiento de material genético local, una discusión del Congreso como la Ley de Semillas, es impedir que los productores manejen su propio material genético y tengan que comprar la semilla a Europa”.

4-Obra pública y compras estatales

“El tratado propone que tanto para la obra pública, licitaciones y compras de empresas estatales, no podrían tener preferencia que promuevan la contratación de empresas o PyMEs locales. Las empresas europeas podrían licitar igual que las locales y las locales no serían capaces de competir. Esto produce una devastación de empleo y más salida de recursos en la balanza de pago. Esto se compensaría buscando divisas por otros lados, ¿cuáles serían esos otros lados? Los mismos que el tratado impugna como problemáticos, que son el extractivismo y la producción agroganadera y minera en condiciones insostenibles“.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

Consultado acerca de las versiones que circularon durante el fin de semana acerca de su expulsión, el fundador del Partido Obrero señaló que “la fracción oficial que dirige el partido obrero lo está rompiendo. Tenemos una discusión política hace bastante tiempo entre nosotros. En función de nuestro estatuto hemos pedido el reconocimiento de una corriente interna para tener derecho a asistir a todos los debates”.

Según el dirigente, el oficialismo le había solicitado que utilizaran este recurso y cuando tomaron la decisión de hacerlo, con el apoyo de más de setecientos afiliados, “la reacción a esto es un comunicado que sacan el sábado donde afirman que me había ido de la organización. Han tomado medidas de exclusión muy importantes con gente que ha firmado esto. Hay un ambiente de exclusión y de ruptura”.

Altamira también destacó que esta actitud representa un “golpe a la campaña electoral”. Desde los spots de campaña se habla de la unidad del noventa por ciento de la izquierda a través de la alianza FIT-Unidad.

¿Cuál es la diferencia de fondo?

“Esencialmente entendemos que el partido está siendo llevado por esta fracción oficial a una deriva electoralista, parlamentarista y en el plano de la propaganda mediática donde el planteamiento profundo de nuestros objetivos es desplazado por frases y sonrisas. No se está construyendo el Partido Obrero sobre una perspectiva de rebelión del pueblo”.

Altamira sostiene que “hay una manifiesta crisis del régimen político integral. Al mismo tiempo un ataque como pocas veces se ha visto a los trabajadores y todavía promesas de reformas más agresivas que las que ya hay”. En este contexto, “la banca parlamentaria es un instrumento débil e ineficaz para detener una cosa de este tipo. Hay que decirle al trabajador que tiene que tomar las cosas en sus propias manos y construir al Partido Obrero desarrollándolo sobre la base de esta premisa política”.

“En mi opinión somos más realistas que nuestros críticos que nos quieren llevar por el mismo camino diciendo ´esto es lo que hay´. Hay que quebrar esta muralla que partidos e instituciones ponen a que se satisfagan los reclamos del pueblo trabajador”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Hernán Zerneri, titular de la la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, destacó la falta de recursos en los organismos de control y concientización y la subejecución presupuestaria reconocida por el gobierno municipal.

“Los responsables de la empresa manifestaron que la sirena de planta no se activó porque no hubo intervención de productos combustibles ni de fuego. Eso nos abre un interrogante: ¿cuál es el protocolo interno de activación de alarmas internas de la planta siendo que además puede haber fugas tóxicas en las que no interviene fuego y puede que no sean  combustibles? Sin embargo, ¿en ese caso no activan la alarma? Parece que la explicación la ajustaron a lo que pasó“., afirmó.

Zerneri sostuvo que “habrá que evaluar de qué manera establecer la comunicación a partir de ahora y también agiornar el PRET. Por ejemplo, el coordinador de APELL manifiestó que no se habían cumplido ninguno de los pasos comunicacionales del PRET. No podemos darnos el lujo de cometer tantos errores en la comunicación en esta etapa de la manifestación de un episodio como este porque está en juego la respuesta que la propia comunidad tiene que dar en el caso de una emergencia tecnológica“.

La asociación integra el Comité de Control y Monitoreo, organismo de “carácter consultivo” del Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, el cual debe controlar las “emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial” en el Polo Petroquímico y el puerto.

Consultado sobre la emisión de gases mediante las antorchas de piso, Zerneri dijo que su instalación “vino a solucionar el problema de todos los gases que emanaban en una parada de planta imprevista. Estos gases se enviaban a la antorcha de altura y generaban una columna de humo negro que se veía a varios kilómetros. Si no salió un humo negro de las de piso significa que hubo una buena quema y combustión, que no repercutió en la cuestión ambiental atmosférica”.

Presupuesto

Zerneri advirtió que “la plantilla de APELL tiene un coordinador y una sola persona activa que es técnica y administrativa. La respuesta a la emergencia, si bien APELL coordina y no es la que actúa operativamente, no puede manejarse solamente con dos personas. Es una plantilla muy pobre para atender un tema tan importante como este”.

En cuanto al presupuesto, comentó que “en una reunión de Comité de Control y Monitoreo el propio Gobierno municipal presentó un resumen de los gastos del Comité Técnico. Tenemos casi 4 millones de pesos que no se ejecutaron. (…) Solamente se ejecutó 700 mil pesos de casi 5 millones”.

Agregó que “si se pudiera ejecutar el total del presupuesto tal vez podríamos tener mayores simulacros, mayor personal del área, podríamos tener un sistema de comunicacional como el de hace unos años con una respuesta más inmediata no solamente de una app sino de WhatsApp”.

De la Secretaría a la Subsecretaría de Gestión Ambiental

“Fuimos la única institución que en su momento, cuando hubo un replanteo del organigrama municipal, solicitamos públicamente a través de notas, hasta nos reunimos con el intendente, del cambio de rango que tuvo el área de medio ambiente. No es menor. Planteamos que teniendo uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el contrato con terceros más importantes del presupuesto municipal que es el de recolección y disposición de residuos urbanos, sufre la deposición de rango, el área ambiental pasa a ser subyacente a otros”.

“Pasando de secretaría a subsecretaría la autoridad máxima no puede plantear temas en reunión de gabinete como debería”, comentó.

Foto: Telefé.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

A las 0:20 de la madrugada se registró una explosión en el Craker de LHC2 de empresa Dow. César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, brindó detalles de lo ocurrido a FM De la Calle .

Primeros minutos 

“En la guardia nuestra de 24 horas, el monitoreo percibió el ruido de la explosión y se puso en contacto para verificar en qué planta había habido algún incidente. En forma paralela ingresamos a la misma. Apenas emitió la guardia la información, automáticamente ellos (Dow) empezaron a averiguar planta por planta para verificar cual era”.

“Primero se decretó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas con nivel 1, esto tiene todo un protocolo de actuación para evitar lo que ha sucedido en las redes sociales. El ingreso a la planta, la inspección y el recorrido nos lleva un determinado tiempo para dar información verídica de lo que sucedió. La guardia recorre la periferia de la planta para determinar si hay un riesgo o no”.

¿Qué es el cracker lhc2 de Dow y qué implica el PRET Nivel 1?

“Se trata una de las planta de producción de etileno de la empresa”.

“PRET 1 son las siglas de Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas. Hay tres niveles. El nivel uno implica que lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. Si se ve afectado personal de la empresa, es nivel dos. Si hay alguna afectación importante hacia la comunidad sería nivel 3, eso implicaría el accionar de la sirena comunitaria para tomar medidas de autoprotección”.

¿A quién le corresponde difundir la información y capacitar a la población? ¿El nivel 3 en qué caso se aplica por ejemplo?

“Comunicar y difundir es parte del programa APELL. En caso que haya algún escape de producto tóxico, de algún gas y que las concentraciones implican riesgo a la comunidad sí se activa la sirena”.

¿Por qué se produjo la sobrepresión en “el recipiente” que explotó?

“Se está evaluando por qué se produce la sobrepresión, están evaluando los técnicos de la planta, evaluando las variables operativas y registros”.

Informaron que no se registró ninguna infracción por parte del CTE, ¿por qué?

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow.

¿La explosión está vinculada al apagón nacional del 16 de junio?

“A raíz del apagón del Día del Padre todas las plantas tuvieron que parar y paulatinamente fueron poniéndose en marcha. Ayer estaba iniciado todo el proceso de puesta en marcha”.

¿Las cámaras del CTE y del Parque Industrial de quepasabahiablanca.gob.ar las gestionan ustedes? ¿Por qué funciona una de cuatro?

“Son cámaras que van directo a la web, no es gestión nuestra. Nosotros tenemos una repetición de las cámaras y tenemos cámaras propias apuntando directamente a antorchas y chimeneas de las empresas. No presté atención a la web. Sí lo vimos con la cámara nuestra, tenemos una cámara domo que permite hacer un zoom y vimos cómo se registró la nube de vapor”.

¿Hubo algún venteo o quema particular en las antorchas de Dow?

“No, alguna de las imágenes que vi eran de otras plantas y no de la situación de ayer. Lo que se pudo haber observado es mayor luminosidad en las antorchas de esta planta producto de tener que parar la planta, toda la producción la tuvieron que quemar en forma segura en las antorchas que es para lo que están preparadas”.

Foto: Matías Freidig.

Un grupo de personas con ceguera y baja visión elevaron una carta al intendente Héctor Gay y concejales, sobre los diversos inconvenientes de accesibilidad que les dificultan transitar con autonomía la ciudad.

“La carta refiere, por ejemplo, a los obstáculos de las veredas de distintos negocios. En algunos casos las personas responden bien, corrigen lo que está mal. En otros no encontramos la misma respuesta. En Colón y Drago por ejemplo, un café. Tuvo que ir un chico y filmar la situación, lo hizo viral, lo hicimos publico. A partir de ahí cambió la situación, pero pasaron tres años”, comentó Carlos Hogg.

“Debería ser el Estado quien se ponga al frente de eso. Tenemos una ordenanza de discapacidad hace 10 años o más, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero no se cumple”.

Hogg comentó que “Camuzzi y Edes, hace por lo menos tres años que vienen poniendo nichos o columnas cerca de la pared o en el medio de la vereda. La que está frente al Hospital Privado está hace dos años, la de calle Berutti también, eso lo hablé con directora  del área de discapacidad en su momento, Lucía Pendino y bien gracias, nunca hubo una respuesta”.

Otro obstáculo se presenta en los bancos: “Para sacar un turno tenés que poner tu documento, ¿por qué tenés que estar entregándole el DNI al primero que encuentres para sacar el numero? Eso tranquilamente podría hacerse con audio y resolverse. La gente del Banco Provincia me dijo que las máquinas vienen preparas para audio, solo hay que programarlas”.

El texto de la carta entregada al intendente Gay y al Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante.

Al intendente de la ciudad de Bahía Blanca:

Sr. Héctor Gay

Las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos  a usted con motivo de solicitarle la solución de los siguientes inconvenientes que se hallan en la ciudad.

  • Exigirle a las empresas Camuzzi y Edes, la eliminación de todas las barreras urbanísticas que desde hace más de dos años están poniendo en toda la ciudad, lo que constituyen un obstáculo y peligro para las personas con ceguera y otras discapacidades. Hacemos referencia a las columnas de materiales que han construido en calle como Las Heras al 100, Calle Roca en su primera cuadra, Estomba al 500, Rondeau al 600, Holdich al 500, Berutti al 100 y la recientemente construida en calle O.Higgins al 300 (a una cuadra y media del Centro de Rehabilitación Luis Braille), entre otras.
  • Los inconvenientes y peligros que constituyen las motos y autos estacionados en las veredas, los distintos comercios  con la colocación de carteles, cajones, bancos,mesas, sillas, macetas,  todo tipo de elementos para la construcción como escaleras, carretillas y otras maquinarias o componentes para el trabajo empresarial o para la casa, muebles, etc,etc,etc,

Y todo esto en el microcentro de la ciudad, lo que en los distintos barrios  se agrava mucho más.

  • La reparación de las veredas en que realizan algún tipo de ruptura, donde salvo excepciones no se realizan las reparaciones convenientes lo que también, al igual que en el primer punto, constituyen un inconveniente para todos los peatones, en especial para las personas con ceguera  o movilidad reducida.
  • En este cuarto punto, aclaramos que no es un inconveniente que viene desde su gestión pero que sí es necesario solucionar. En este caso nos referimos a la poca accesibilidad que tiene la Terminal de colectivo San Francisco de Asís, al menos para las personas con cegueras que pretendemos tener autonomía. No hay un sector claro por donde transitar tanto al dirigirse hacia las plataformas  como viceversa, es decir, desde las plataformas hacia la salida; ya que en el camino se encuentran  mesas, sillas, bancos, etc.

 

Todo lo solicitado se enmarca  en la ordenanza 8.089 que en su artículo 2 dice:

­“ E1 programa tenderá a eliminar en forma continua las barreras que existen en la ciudad y que impiden o dificultan a algunos vecinos, en determinadas circunstancias, una mejor calidad de vida.”, y que en su Artículo 5º dice: ­ “Las medidas que se propongan deberán orientarse a suprimir las barreras para las personas con movilidad y comunicación disminuidas facilitando así, en igualdad de condiciones, el acceso de todos los vecinos a los servicios y bienes comunes, tomándose para ello en cuenta las características propias generalizadas de cada grupo.”

las leyes nacionales  22431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), en la ley 24314 y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008 y que tiene rango constitucional, en su preámbulo, inciso  “E” dice: “Reconociendo / que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”,y en el encabezado de su artículo 9 manifiesta:”

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

Por ello, como autoridad máxima de la ciudad, le volvemos  a reiterar el pedido de solución y eliminación de todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas, electrónicas  como sucede en DOSEM (Obra Social de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, en el Banco Provincia, y las empresas tercerizadas como EDES, CAMUZZI, ABSA y otras), las que si bien sabemos que no son de su competencia, sí le pedimos que se ponga al frente de estos reclamos y le pedimos se hagan todos los controles que sean necesarios  ty para eliminar todos los inconvenientes detallados y otros que existen en la ciudad, los que lejos de eliminarse tal cual como se señala en las normativas mencionadas, día a día se ven incrementadas.

Es necesario también dejarle por escrito que, de no haber respuesta favorable y efectiva en lo inmediato, recurriremos a otros estamentos estatales y no estatales e internacionales para que una ciudad inclusiva, sin barreras se haga real y no simplemente declamatoria.

Militantes de la organización barrial La Poderosa convocan a una reunión informativa este sábado a las 15 en Santa Cruz 3431.

Rocío Soto, militante y vecina del barrio Tierras Argentinas, destacó a FM De la Calle que “es una asamblea informativa. No somos los únicos afectados por estar realidad social. Estamos queriendo reformar y poner en condiciones un vagón con la colaboración de vecinos, también queremos hacer una escuelita de fútbol para hacer deportes en la plaza”.

“Estamos queriendo traer el Plan Fines, para la gente que no puede llegar, se dan muy lejos del barrio. Hay gente que está muy interesada, pero al no tener movilidad o al complicarse con los chicos no acceden”.

Rocía comentó que con la llegada del invierno están “preocupados por la calefacción, muchos tienen estufa a leña, la luz no da para poner una estufa eléctrica. Hace rato estamos peleando con EDES para que pongan la luz, pusieron un solo cableado, faltan más, se estancó la obra. Juntamos firmas, dijeron que se iba a empezar a hacer por tramos y que hasta el año que viene no se van a hacer muchas obras”.

Familias usuarias del programa Caballo de Troya viralizaron una serie de videos para “intentar llamar la atención del intendente” y poder tener una audiencia con Héctor Gay.

Quieren que la subsecretaria de Niñez Juliana Cerritelli no rescinda el contrato de una psicopedagoga “sin una explicación lógica”.

Marilina Merrero, mamá de un nene de cuatro años que asiste al programa, señaló a FM De la Calle: “Me sorprende y me indigna que a esta altura y conociendo las experiencias nuestras no le salga del corazón decir las voy a escuchar”.

“Tuvimos una reunión el 5 junio con Cerritelli  y dos abogados. Nos plantearon que el cambio que quieren hacer es ampliar el programa hacia otros programas municipales. Quieren incorporar otra psicopedagoga con más capacidades que Florencia (Chiaravalli) para vincular esos programas. Ella está totalmente capacitada para el cargo, siete años del programa la avalan”.

El contrato finaliza el último día de junio: “Cuando preguntamos por el reemplazo no nos dicen quién es, estamos a días de que se rescinda el de Florencia y no sabemos quién va estar”.

“No es que quieren incorporar otra psicopedagoga, quieren reemplazarla. Es inentendible, lo que te dicen es que Florencia no está capacitada para el cargo. Este trabajo es con chicos con discapacidad, el vínculo con ellos es la base de todo”, comentó Merrero.

El hijo de Marilina padece retraso madurativo: “Él empezó en marzo y realmente los cambios que han logrado en tres meses en Leo son increíbles. Desde que nació está en tratamiento, con fonoaudiólogas y lo que han logrado desde Caballo de Troya no lo logró nadie más”.

“Las familias que tienen un chico con discapacidad saben lo que significa. Desde todo lo que hemos vivido les decimos que no se puede andar probando. Mi hijo no entiende de razones mi hijo entiende con el corazón. Cuando él quiere a una persona se pueden lograr cosas maravillosas”.