(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

El interbloque Cambiemos logró superar la parada más importante del año legislativo que termina. Con apoyo de una porción del peronismo de Miguel Pichetto y de partidos provinciales, el oficialismo consiguió sancionar en el Senado el Presupuesto 2019, que recibió 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

El proyecto, que es el tercero de la gestión de Mauricio Macri, fue aprobado al cabo de un debate de alrededor de doce horas, donde quedó al desnudo la división en el interbloque Argentina Federal. Nueve senadores de ese espacio votaron en contra, con el formoseño José Mayans a la cabeza, mientras que otros doce lo hicieron a favor y uno se abstuvo: el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Acompañaron a Cambiemos los integrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra y Lucila Crexell; los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana; y Ada Itúrrez de Capellini y Blanca Porcel de Riccobelli, del Frente Cívico Santiagueño referenciado en el gobernador Gerardo Zamora. Los otros senadores que se inclinaron por el “sí” fueron los salteños Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, y el santafesino Carlos Reutemann.

Por el contrario, fueron por el rechazo el Frente para la Victoria-PJ de Cristina Kirchner; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; y la rionegrina Magdalena Odarda.

Hubo solo dos ausencias y una de ellas fue la del radical Eduardo Costa, quien en las horas previas a la sesión se había rebelado sorpresivamente contra el Presupuesto, reclamando obras para Santa Cruz. El otro que no participó de la votación fue el santiagueño Gerardo Montenegro.

La sanción del Presupuesto le permitirá al Gobierno dar una doble señal: por un lado, al Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud del polémico acuerdo firmado este año; y por otro, a los países que integran el G20 en la previa de la cumbre que tendrá lugar entre el 30 y el 1ro. de diciembre en Capital Federal.

Entre sus principales variables, la “ley de leyes” prevé para 2019 una inflación interanual del 23% al mes de diciembre; un dólar promedio a 40,10 pesos; y una caída del 0,5% del PBI. Además, el 77% del gasto primario se destinará a servicios sociales, y se estima una caída del consumo privado del 1,6%.

Al cierre del debate, cerca de las 2 de la madrugada del jueves, Cristina Kirchner sostuvo que “no se sale de la recesión ajustando el gasto público” y alertó: “Lo que vamos a hacer con este Presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina, y además va a ser un sacrificio inútil. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar”.

Por su parte, Pichetto reiteró que “no votar el Presupuesto no cambia el rumbo económico” y que es necesario aprobarlo para evitar discrecionalidad en la ejecución de fondos. Pero además, se refirió a las movilizaciones contra la ley: “Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle. Nunca la votación de un Presupuesto fue un hecho insurreccional. Son estimaciones, que se pueden cumplir o no”.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, explicó: “Tenemos un Presupuesto de emergencia producto de factores externos -la crisis internacional-, e internos -la sequía-; pero también el factor económico de la causa de los cuadernos, que ha paralizado las obras públicas”.

El radical también defendió el acuerdo con el FMI, al señalar que “la historia de la Argentina” con este organismo de crédito “no es nueva”, ya que “se suscribieron 26 acuerdos con ese organismo durante gobiernos radicales, justicialistas, militares y desarrollistas”. “No es bueno ni malo, se recurrió cuando hubo situaciones de crisis”, sintetizó.

La apertura del debate estuvo en manos del presidente de la Comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich (Pro), quien casi como un dogma precisó: “Es falso que consumir es mejor que ahorrar, es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades y es falso que los recursos del Estado son infinitos”.

El macrista sostuvo que la inflación “no es gratis” y que está vinculada a “un pasado que los argentinos no quieren volver”. “El déficit es el desahorro. Esto no es una herencia recibida, no es culpa de un gobierno o de un partido. Esto viene de más atrás y la única forma de dejarlo atrás es si lo hacemos juntos”, dijo Bullrich.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, sentenció que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

Sentado a la derecha de la expresidenta Cristina Kirchner, Fuentes denunció que “es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”.

El neuquino remarcó que “es la primera vez en la historia argentina donde un Presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”.

Por su parte, Mayans denunció que el Gobierno “ha hecho un endeudamiento brutal” que de acuerdo a este Presupuesto será de “casi 400 mil millones de dólares”. Además, indicó que “este gobierno ha tenido una de las inflaciones más altas de la historia argentina” y pronosticó que “este año va a ser de casi el 50%”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria hubo discursos tan duros como el de Mayans. El jefe de esa bancada, Marcelo Fuentes, alertó que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

“Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, subrayó el neuquino, que abrió la lluvia de críticas que siguió después con Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, María de los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni y la propia Cristina Kirchner.

Por el MPN, Crexell anticipó su voto a favor “desde la convicción de la importancia de dar señales que acompañen la gobernabilidad”. “A pesar de nuestras observaciones, entendemos que debemos dar signos de madurez política”, dijo la neuquina, alineada esta vez con su par Pereyra.

En cambio, la puntana Catalfamo advirtió que este Presupuesto “de argentino y popular no tiene absolutamente nada”, y lo consideró “desfasado de la realidad que viven los argentinos todos los días”, al poner como ejemplo que se proyecta un dólar a 40 pesos, valor superado por las bandas cambiarias.

En nombre del radicalismo, Ángel Rozas reconoció que “no es el Presupuesto ideal, pero que es el Presupuesto posible, al que llegamos después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y de opositores”.

Fuente: Parlamentario.com

Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.

Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.

Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.

Durante la audiencia del 1 de noviembre, las defensas argumentaron contra el pedido de la Fiscalía para ampliar la acusación e incluir a los delitos sexuales de manera autónoma a las torturas. El reclamo fue finalmente descartado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

Como cuestión preliminar el defensor Guillermo Fanego se despachó contra un informe sobre “condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos”, al cual calificó como “una cuestión tendenciosa e ideológica para condicionar al tribunal”.

Además, mostró su “asombro” ante la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y a la vez representante de H.I.J.O.S. y solicitó que el tribunal se haga cargo de la citación de testigos y “no el Poder Ejecutivo a través de los esbirros que tiene en la Secretaría de Derechos Humanos”.

“El programa Verdad y Justicia se creó a partir de la desaparición del testigo (Jorge Julio) López, tiene en vista todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos y se ha dado traslado a todas las partes de qué manera se va a citar a los testigos y los índices de peligrosidad de cada juicio”, respondió Mónica Fernández Avello.

Agregó que “la participación de la Secretaría fue decidida por un decreto del Poder Ejecutivo donde el Estado pasó de ser en la dictadura opresor y asesino a un Estado en representación de las víctimas. Yo estoy acá en representación del Estado y de todas las víctimas”.

Las defensas particulares se refirieron a la “ilegalidad del proceso” por considerar que se encuentra afectada la independencia del tribunal, la “falta de constitución debida” y la “prescripción y afectación a la garantía de defensa en juicio”.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani manifestó que fueron “refritos tediosos de lo que estamos escuchando hace bastante tiempo por algunas defensas y que ya están absolutamente definidos por la Corte Suprema”.

“A lo largo y ancho del país hay más de 180 sentencias dictadas por tribunales orales, confirmadas hasta un 30% por la Corte y obviamente pasadas por la Casación. Para Palazzani “son temas definidos” que componen “una conquista del pueblo argentino”.

Al día siguiente los jueces rechazaron los pedidos de los defensores y comenzaron a llamar a los imputados para que brinden sus datos personales y tengan oportunidad para ampliar sus indagatorias. La mayoría se negó a hacerlo o se acogió a su derecho de hacerlo en otra etapa del debate.

La Cámara de Diputados tratara el próximo miércoles una reforma a la Ley de Semillas la cual obligaría a agricultores a pagar regalías por las semillas y permitiría la persecución judicial en caso de no hacerlo.

Desde la Asociación por la Justicia Ambiental alertaron que la ley “Monsanto-Bayer” busca cercenar el derecho de uso propio. “Este derecho implica la posibilidad del agricultor de reservar semillas de su cosecha para resembrarlas en el siguiente ciclo, un derecho milenario de los agricultores que han desarrollado y perfeccionado sus técnicas que hoy pretende ser privatizadas por las corporaciones, quienes intentan adueñarse de nuestra semillas y por ende de nuestra alimentación”.


El dictamen firmado ayer fue impulsado por Atilio Benedetti, diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Agricultura.

“La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes y, siendo la semilla para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos”, afirmaron.

A los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, “el Instituto Nacional de Semillas tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre y podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulte de interés a los fines de esta ley”, estipula uno de los párrafos del dictamen.

La AJAM señaló que a través de esta normativa “el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir el derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos”.

El boleto de colectivo en Bahía Blanca aumentó casi el doble que el salario mínimo, vital y móvil entre 2015 y 2018. El dato surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política de Argentina.

Para un usuario o una usuaria que sube al transporte público de lunes a viernes con pasaje de la primera sección, el impacto proporcional a su ingreso pasó del 3,5% en enero 2015 al 6,8% en junio 2018.

En enero, el nuevo cuadro tarifario estableció subas cercanas al 40% sobre el régimen vigente durante 2017. Así, la tarifa plana (1ra sección) de 12,55 subió a 17,30 pesos. En junio se reajustó el boleto en un 10%, llevando la tarifa plana (1ra sección) de 17,30 a 18,95 pesos.

“Al comparar la evolución de la tarifa plana desde el año 2015, es posible observar un aumento sustancial, que acumula un incremento del 192% si se compara con el último registro disponible en el año 2018. En el mismo período el SMVM aumentó 101%”, advirtieron desde el CEPA.

El informe agrega que en un segundo escenario, contemplando la utilización de lunes a sábado a la misma sección, se pasó del 4,2% al 8,1% en el mismo período.

En el tercer escenario, de lunes a viernes, la participación sobre el SMVM pasó del 6,6% en enero 2015 al 9,3% en junio de 2018. La tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

El cuarto caso, utilizando este servicio de lunes a sábado, pasó del 8% al 11,2% en el mismo período. En este caso también, la tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

Por último, en el quinto caso, de utilización más espaciada (utilización del colectivo 3 veces por semana, 3 semanas en el mes a la segunda sección) sin tener ningún descuento es decir, utilizando la tarifa plana. Entre enero 2015 y junio de 2018 el peso sobre el SMVM pasó de 2,8% a 4%.

Mañana el Senado tratará el proyecto del Presupuesto 2019 y afuera del Congreso habrá nuevamente manifestaciones de centrales gremiales y organizaciones sociales y políticas.

En Bahía Blanca la CTA, ADUNS, SUTEBA, CeHum, Científicos y universitarios convocan a un paro y una movilización que partirá a las 10 desde la Plaza Rivadavia.

“Ese día se intenta consumar lo que no es un presupuesto sino una sentencia, no una sentencia judicial pero sí una sentencia política sobre el conjunto de la clase trabajadora, por la vulneración que representa sobre los derechos sociales más básicos de las mayorías”, comentó Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca- Dorrego.

La dirigente de la CTA Autónoma dijo a FM De la Calle que “es un presupuesto diseñado por el FMI, que sigue teniendo políticas que van en contra del derecho a la salud, educación, seguridad social. Sigue ajustando a los bolsillos de los trabajadores. Por eso estamos planteándole a los senadores que entiendan que la protesta social está muy vinculada a la defensa de los derechos. Darle media sanción significa atacar a los bolsillos nuestros, significas más tarifazos, despidos, desfinanciación”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, comentó que para la comunidad universitaria “es la condena que nos han puesto las federaciones docentes que hace 60 días firmaron una paritaria por el 25%. Estamos pidiendo la apertura de las negociaciones salariales porque para nada nos vamos a conformar con un bono de cinco mil pesos, que ni siquiera sabemos si nos va a corresponder, en negro, a pagar en no se sabe cuántas cuotas y que queda al arbitrio de los sectores patronales”.

“Pensaba en Sandra y Rubén, dos compañeros que perdieron la vida, y toda esta situación nos remite a eso. Vamos a estar el año que viene en peores condiciones, el ajuste va a ser más brutal y no sería extraño que se repitan estas situaciones y que para nada fue una accidente sino producto del ajuste”, dijo Ana Canullo, dirigente de SUTEBA.

“Nos parece que aquella dirigencia sindical que se baje de la decisión de llevar adelante una medida de fuerza por un bonito de 5 mil pesos en dos cuotas, está defendiendo intereses que no son los de la clase trabajadora sino que simplemente están conformando un ejército de salvación de los patrones y del gobierno. Es indignante la conducta de este sector de la dirigencia sindical”, manifestó Gandolfo.

Escuchá la entrevista con Enrique Gandolfo:

Días después de la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Julia Giménez, licenciada en Historia, doctoranda en la Universidad Estadual de Campinas y colaboradora de FM De la Calle pasó por los estudios de la radio para analizar la situación actual del país más grande de Latinoamérica.

Brasil se encuentra convulsionado luego del triunfo del candidato de la derecha. Desde la campaña se registraron manifestaciones de violencia en aumento y se profundizaron la militarización y la persecución directa a sectores organizados.

Giménez participará de una charla-debate mañana martes 13 a las 19 en la Sala de Conferencias del 8º piso del Departamento de Humanidades de la UNS, 12 de octubre y San Juan.

“Es preocupante pero, al mismo tiempo, lo que se vio desde el primer turno, quizás tarde, hasta hoy, es un proceso de resistencia que de alguna forma nos tiene a todos unidos. Esa frase que circula ‘nadie suelta la mano de nadie, todos juntos y unidos’, es lo que se espera que se mantenga; tanto de los sectores organizados, de las izquierdas, como también de aquellos que pos primera vuelta salieron a las calles auto convocándose para intentar dialogar con esas personas que estaban confundidas, que estaban engañadas por el uso de determinadas empresas que circulan información falsa y cómo eso interfirió en el final de las elecciones. Se requiere de un trabajo que va a ser cotidiano, tanto de resistir, de protegernos, porque sabemos que eso también va a ser un elemento importante para continuar la lucha en Brasil”.

Para la historiadora de la Universidad de Sur residente en Brasil, la figura de Paulo Guedes es fundamental para entender lo que sucedió el 28 de octubre. “Pablo Guedes es un aliado, un Chicago Boy, que se enlaza directamente con el proyecto de Pinochet en Chile, que sigue vigente hoy, y que lo que promete es traer ese paquete neoliberal que circula en la región desde los años ‘70 para acá e implementarlo finalmente en Brasil. No es un proyecto novedoso, más allá de las figuras, pero cuando se empieza a escarbar un poco de dónde viene este proyecto que intentan implementar estos sectores y cuáles son los intereses que hay detrás… vemos el juego que estaban preparando”.

Giménez aseguró que “con el nombramiento de Moro como ministro de Justicia se termina de evidenciar la catástrofe en la que está el Brasil y pone en evidencia todo el juego que se hizo, motivado por sectores que son de la élite brasilera que estaban ansiosos por dar vuelta esta situación de Brasil y por intereses internacionales. (…) Ya a principios del siglo XXI, adelante de esta marea rosa, adelante de estos gobiernos progresistas, se pusieron en marcha para intentar activar el proceso de recuperar completamente el poder. Porque, claro, tampoco lo habían perdido, los banqueros ganaron mucho, por ejemplo, y muchas de las críticas que se le hacen al PT es en relación a esto: no desmantelaron el sistema político”.

Brasil sigue acumulando experiencia en las bases organizadas, sin embargo, no pudieron frenar la victoria de Bolsonaro. Para Giménez “de por sí no hay una cultura política como en Argentina de ocupar las calles masivamente, pero tampoco lo generó el PT estos años. Algunas de las críticas es haberse quedado dentro de los gabinetes y no haber potenciado eso y en el 2013, cuando sí sale mucha gente a la calle, haber reculado y haber dejado eso a mano de las derechas”.

“Todo el proceso de organización del MST como del MTC donde se lucha por una Reforma Agraria y Urbana que apunta contra la concentración, sea de tierras o de viviendas, son dos sectores fundamentales para entender las formas de organización. Quizás la cultura política no conseguimos verla en las calles y quizás ese es un gran problema que tuvo el PT: que durante los años de gobierno no mudó esa cultura política de manifestarse en las calles, de salir al repudio”, afirmó Giménez.

Sobre el proceso de organización del cual es parte, la historiadora contó que “el MST  tiene tres pilares básicos. Uno es la lucha por la tierra, entender que la concentración de la tierra es parte del eje del conflicto en América Latina y que se apoya en un pilar que fue construido a partir de la última Constitución del ‘88 que es la Reforma Agraria. Es decir que ningún tipo de tierra puede quedar ociosa sino que tiene que estar dirigida a una función social. Esto también va para las propiedades inmuebles. El segundo eje es la Reforma Agraria apoyándose en la ley. Y el tercero tiene que ver con una sociedad diferente, fraterna y socialista y que una la podría entender en una forma diferente de producir”.

Giménez analizó el impacto del Movimiento Feminista y sus estrategias como el Elle Nao: “Aquello que surgió previo a la primera vuelta que tenía que ver con denunciar cuáles eran las prácticas cotidianas de Bolsonaro y sus manifestaciones públicas, donde él entendía a la mujer como algo inferior al hombre. Lo que no sé es si ahora hay una estrategia específica porque junto con Bolsonaro lo que se tiene es un Poder Legislativo excesivamente conservador. Las bancadas evangélicas ya eran fuertes”.

“Quizás el Movimiento Feminista con el Elle Nao fue el primero que salió a las calles a denunciar lo que estaba pasando y lo que se espera es si esa fuerza que se viene en toda Latinoamérica pueda traer una nueva energía, que no es nueva porque ya hace muchos años que se está luchando, pero que sí pueda renovar un poco ante el desgaste que ahora tienen otros sectores. (..) El movimiento de mujeres negras carga con un elemento que es fundamental que es denunciar el racismo estructural en Brasil, una esclavitud que nunca fue abolida, sí en los términos liberales, pero que denuncia cómo eso se siente más profundamente en el cuerpo de las mujeres negras. Acá la figura de Marielle es fundamental para entender todo eso”, finalizó.

El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria ante la necesidad de organizar sindicalmente a los trabajadores y las trabajadoras que luchaban por reducir su jornada laboral de 12 horas.  Por eso, se conmemora cada año el Día del Trabajador Bancario.

El martes pasado, visitaron el estudio de FM De la Calle José Lualdi y Néstor Conte, jubilados del Banco Credicoop y del Provincia, respectivamente. Telefónicamente participaron la ex trabajadora del Credicoop Hilda Abad y el delegado del Provincia Marcos Helbert.

“El Día del Bancario se lo tenemos que dedicar a los 200 trabajadores y trabajadoras bancarios detenidos desaparecidos. El gremio enfrentó la Fusiladora del ‘58 y tuvo 50 días de huelga, enfrentó el achique del país de Frondizi y tuvieron casi 70 días de huelga con casi 6000 trabajadores despedidos. Si no fuera por sus trabajadores no sé si tendríamos Banco Nación y Banco Provincia. (…) Es un gremio de lucha que va camino a los 100 años y que tendrá que, en esa historia, exigir la reconstrucción histórica del sindicato, enfrentando los patrones más poderosos, los ganadores históricos de la Argentina”, aseguró  José Lualdi.

Néstor Conte coincidió en que las conquistas fueron producto de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, sin embargo, agregó que “el derecho a las vacaciones, a los días hábiles, indudablemente están sobre la picota permanentemente, porque hoy lo que se está viendo en el caso nuestro como jubilados del Banco Provincia es un ataque a nuestra caja de jubilaciones, una liquidación de una serie de años de aportes al sistema previsional que este gobierno ha violentado con una maniobra de tipo parlamentaria, para lo cual tuvo el concurso del PJ y del kirchnerismo. Volvemos a poner sobre la mesa de negociaciones el ataque a las condiciones de los trabajadores por eso las movilizaciones que se vieron durante todo este año”.

Marcos Helbert comentó que su base gremial está “en un largo conflicto que lleva más de 11 meses y el eje central es el desfinanciamiento y vaciamiento del Banco Provincia. La excusa ha sido la modificación de la Ley Previsional donde la provincia se saca de encima una responsabilidad y se la transfiere al banco. Este es un claro ataque a la banca pública en su conjunto, a los dos bancos más grandes del país: al Banco Nación y al  Provincia, dos bancos públicos de excelencia, donde indudablemente la apetencia del capital financiero se cierne sobre neutros destinos. (…) Hay una estrategia muy clara que es quebrarnos en la voluntad de lucha a lo largo del tiempo”.

“Desde Menem, sobre todo a partir de las crisis financieras de los 90’, (…) las condiciones objetivas de trabajo se modifican y ya aquello que era más tranquilo, por decir así, empieza a ser un trabajo que comienza a generar enfermedades en los trabajadores producto de esa presión que hoy se manifiesta con muchísima más energía. Tenemos muchísimos trabajadores bancarios con carpeta médica producto de esas presiones. Los patrones, los bancos, son los auténticos ganadores de los últimos años, de la dictadura militar para acá fundamentalmente hay perdedores y son las condiciones objetivas de los trabajadores y trabajadoras bancarias”, opinó Lualdi.

Consultado sobre el funcionamiento de los bancos, Conte explicó que “funciona como cualquier prestamista nada más que ya tiene un título, que es una institución. Toman plata y te pagan en un plazo fijo al 20%, se la prestan a alguien que la necesita a una tasa superior y en el caso del Banco Provincia se la prestan fundamentalmente al Estado. Pero los bancos también quiebran, no es que los bancos salen indemnes de las crisis financieras. Acá hay un problema político que es de fondo: los que salvan a los bancos son los propios Estados desparramándoles esa quiebra a la propia población. Cuando a un banco le va mal, le va mal al conjunto de los trabajadores. Y cuando les va bien, a la población no le va bien, le sigue yendo bien a los banqueros”.

“El sistema financiero en la Argentina es usurario y es bastante más parecido al prestamista del barrio, a la vieja financiera que te canjeaba los cheques, que a la necesidad de un sistema financiero que pueda construir un círculo virtuoso. Porque a los ganadores del modelo lo único que les interesa es ganar plata”, sentenció Lualdi.

Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de la agencia ANSA y Página/12, brindó una charla en Bahía Blanca sobre la situación política del país tras la victoria electoral de Jail Bolsonaro.

En diálogo con FM De la Calle comentó que “Brasil ingresa en un proceso histórico inaugural, el Brasil de antes de las elecciones será distinto en grado profundo al que viene”.

“Brasil en 1954, con el golpe que derrocó al presidente electo João Goulart inauguró la era de las dictaduras en América del sur. Si la de Brasil no hubiera sido dictadura y de la magnitud que fue, tal vez las otras dictaduras no hubieran surgido -o tal vez sí pero es una duda que cabe- la argentina, la chilena y la uruguaya. Fundamentalmente la chilena y la uruguaya son dos hijas directas de la brasileña”, afirmó.

El dr. en Comunicación por la Universidad de San Pablo subrayó que “el proceso que inaugura Bolsonaro es de un gobierno electo que tiende a ser dictatorial. Esto sujeto a las promesas y a la composición, a la base del poder que lleva a Bolsonaro al Palacio del Planalto”.

“No es una base político partidaria convencional, no es hija de un proceso electoral nacido de relaciones de poder democráticas, el principal respaldo de Bolsonaro son las fuerzas armadas y el brazo político son las policías provinciales y los grupos paramilitares, de eso se puede esperar un destino preocupante”.

En cuanto al proyecto económico del próximo gobierno, Pignotti destacó la elección del “futuro superministro de Economía” Paulo Guedes, “un pinochetista clásico, tributario de la dictadura de Pinochet y de los Chicago Boys”.

“Bolsonaro gusta de ser considerado una suerte de Donald Trump del trópico y, en rigor, cuando se le acerca la lupa se advierte que no es tanto el Trump de esta región porque la política económica de Trump es expansiva, ha apuntado a una dinámica de aumento de la demanda interna y de reducción de la desocupación, difícilmente eso ocurra en Brasil donde al contrario de hacer una política en términos de comercio exterior proteccionista prometen abrir la economía más aún de lo que está -es cierto que no es muy abierta- y privatizar cuanto tenga a mano”.

“Esto ha suscitado algunos roces entre aquel factor fundamental que son los militares con el propio Guedes porque prometió hasta privatizar Petrobras. En Brasil la privatización de Petrobras está sólo después de la privatización de la bandera”, manifestó.

El Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo denunciaron que el Municipio continuó este año el “desguace cultural” mediante recortes presupuestarios, tal como la comunidad artística bahiense advirtió en 2017.

Al igual que otras treinta organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante apruebe y convoque una audiencia pública para discutir la emergencia social.

“Pese a la supuesta transparencia en la gestión que se suele ostentar en los medios, hay ocultamiento sistemático de la información oficial solicitada al Instituto Cultural desde la Asociación Argentina de Actores, la Unión de Músicxs del Sur y el Consejo Cultural Consultivo en todo lo referido a presupuesto, criterios de selección y modos de contratación de artistas y docentes”, dijeron.

En el diagnóstico presentado días atrás, agregaron que “persiste la inexistencia de voluntad de diálogo y malos tratos por parte de las máximas autoridades del Instituto Cultural y de la Subsecretaría de Educación. Maltrato consciente a les artistas locales y trabajadores de la cultura en general, por ejemplo a la Comedia Municipal, Orquesta de Miramar, organizadores de Eventos Permanentes y talleristas”.

“Para completar el panorama de incertidumbres, el regreso del área de Educación al área de Cultura se produjo sin explicación alguna ni programa de política pública definido en torno a agenda ni a presupuesto. Las expresiones artísticas de la ciudad y les trabajadores de la cultura siguen inmerses en un abandono del Estado que cada vez llega más lejos”, concluyeron.

Aquí un resumen del ajuste de Cambiemos en cultura:

  • Talleres Barriales. Desde 2016 a la fecha vimos con dolor el cierre de aproximadamente 100 talleres y el despido de sus docentes y una notoria profundización de la precarización laboral en les docentes de aquellos talleres que continúan. Este dato nos permite estimar que se vieron afectadas más de 2.000 familias de los sectores más vulnerables de la ciudad, sin considerar todas aquellas que siquiera fueron alcanzadas por el programa de talleres municipales.

Esta precarización consiste en la imposición de contratos bimestrales o trimestrales, exigencias de adhesión a monotributo, incluso sumando a la ya precaria situación de monotributarización, la aplicación automática de la Tasa de Servicios Indirectos (desconociendo que la propia Ordenanza Fiscal prevé entre las excepciones a esta tasa a les docentes), montos irrisorios y modos de efectivizar cobros que conllevan una violencia institucional severa, y convierten al docente en proveedor del estado con la consecuente dilación para percibir sus haberes (hecho que puede sostener una empresa o comercio, pero no una persona a cargo de familia).

  • El vaciamiento sistemático de los programas NIDO, Envión, Talleres de Gral. Cerri y Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar:
    – La Orquesta Infanto-juvenil del barrio Miramar fue discontinuada tras ocho años de trabajo en el barrio. Sus nueve docentes fueron despedides en 2017.
    – NIDO (sedes Villa Nocito y Vista Alegre): cierre de 20 talleres de los 28 que funcionaban en 2017.
    – Envión: cierre de casi la totalidad de los talleres y cierre de la mitad de las sedes (3 de 6) por problemas de infraestructura. En algunas sedes, ante la acuciante necesidad de los NNA destinatarios de los talleres, les docentes decidieron continuar con las actividades pese a las condiciones inadecuadas.
    – Talleres de Gral. Cerri: cierre de 11 talleres (de 14 en 2016 quedan 3).

Se denunciaron además despidos de artistas y docentes de otra gran cantidad de espacios y talleres que respondían a las necesidades de los barrios y las demandas de los mismos, una persecución y seguimiento personalizado y “encubierto”. La política institucional aplicada a recursos humanos consistió en intentos reiterados de generar enfrentamientos entre pares, desentendiéndose de la responsabilidad que tiene el Estado de administrar y asignar los espacios y los recursos para todes, con un descuido y descalificación sistemáticos de la figura del docente y de su función.

    • Talleres del Teatro Municipal. En 2018, el recorte presupuestario se tradujo en la reducción de tres trimestres de clases a dos trimestres, con el consiguiente perjuicio en el desarrollo pedagógico de los mismos y la disminución en los haberes de los docentes. La sede presenta problemáticas edilicias varias por falta de mantenimiento, actualmente sin gas.
    • Fondo de Financiamiento de Hechos Artísticos Culturales con Continuidad en el tiempo (“Eventos Permanentes”). Se detecta una sub-ejecución obscena de la partida presupuestaria asignada a los llamados de producción local (recurso afectado por ordenanza): sobre un monto de $1.200.00 se ejecutó aproximadamente un 30% en 2017, sin dar cuentas del paradero del 70% restante, monto con el que no se cuenta en 2018 para los eventos del corriente año.
      Asimismo, hubo cambios unilaterales de criterios, con trabas burocráticas que incluyen la decisión de no pagar los premios de los salones (entrega de cheques vencidos y no aceptación de la forma de pago acordada anteriormente), maltratos a organizadores, discrecionalidad y dilaciones en el tratamiento de los expedientes sin explicitación de criterios.
      Algunos de los eventos involucrados son los Corsos Barriales y el Corso Céntrico organizados por la Asociación de Murgas Bahienses durante la fiesta popular del Carnaval. Estos no solo fueron alcanzados por el recorte, sino que sufrieron también la manipulación mediática al hacerse públicos números oficiales donde el Municipio aseguraba haber realizado una inversión de $400.000, cuando la real fue de $248.000 netos, lo que constituye menos del 30% del costo de 2017.
    • Museos Municipales. De $120.000 asignados por museo hubo irregularidades en la ejecución y/o asignación (algunos 80%, otros 20%). Se vislumbra el mismo proceder en la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
    • La precarización de les trabajadores del Instituto Cultural devino por el recorte de horas extras, debido a la aplicación del Decreto 2607/2017: Ingresos a planta permanente que permanecen demorados; 5 monotributistas, 2 becarios, 6 plan PRENOM (en peligro de desaparición). No ha habido recategorizaciones para quienes están en planta permanente y los ceses (jubilaciones y despidos encubiertos) no son cubiertos.

      Dicho recorte en horas extras llevó a la reducción de días y horarios de atención en Museos, Teatro y otros espacios municipales, afectando directamente la accesibilidad de la población a los mismos y a la suspensión de eventos por fuera del horario de funcionamiento administrativo usual. También a la privatización en la accesibilidad a estos espacios, recurriendo al cobro de entradas para cubrir los costos.
      La falta de inversión en los museos se evidencia en problemas de infraestructura, como la inexistencia de baños públicos, fisuras edilicias y espacios insuficientes o mal equipados para el resguardo del acervo cultural de la ciudad. También hechos de vandalismo con destrucción de material exhibido y la pérdida irreparable de piezas del patrimonio histórico local (Museo de Ciencias Naturales y Museo Histórico, subsede Gral. Daniel Cerri). Ha habido una reducción de contrataciones artísticas y sus encadenamientos (contrataciones de sonido y otros insumos). Se dictaminó el cese de otorgamiento de recursos que impactó sobre el programa Conocé Bahía, que generaba 4 recorridos y articulaba visitas guiadas a los diferentes museos de la ciudad, otorgando transporte a las escuelas con comedor o copa de leche; como así también se dictaminó el cese de las tarjetas sociales ($1.500/$2.500 por mes) a museos y ONG, montos utilizados para la compra de material de los talleres brindados a la comunidad y a la merienda para los niños concurrentes.
    • Espacios Culturales Independientes. La subejecución del presupuesto de la ordenanza se viene dando año a año. La interrupción de las reuniones de Comisión Técnica (por casi un año) trajo aparejado atrasos en las habilitaciones de los distintos espacios, que es requisito indispensable para acceder a cualquier trámite frente a organismos provinciales y nacionales.
    • Contrataciones de artistas locales. Se percibe una disminución en las mismas, frente a un incremento de los espectáculos “de afuera”. A la comunidad artística local “se les da la sala” en forma caprichosa e informal, y, posteriormente, dichos espectáculos son utilizados y mostrados como programación oficial. Esto va de la mano con una invisibilización y silenciamiento de la actividad artística local: no se da difusión a la agenda local no oficial, y por lo tanto se la comienza a neutralizar.
    • Carnavales 2017. Del total de $ 747.842,28.- asignados a los corsos y las diferentes murgas en los barrios, se recibieron solo $ 267.000,00.-, sin contar la reducción de los gastos administrativos posteriores. Los fondos mencionados estaban destinado a: sonido e iluminación, escenario, baños químicos, grupo electrógeno, mantenimiento de alumbrado público, guardia urbana, transporte colectivo, protocolo y ceremonial, difusión y permiso de espacios públicos. Asimismo el tradicional corso céntrico no se realizó en 2017.

  • Organismos Artísticos del Sur. Los problemas de infraestructura del Teatro Municipal afectan a los cuerpos provinciales con sede en Bahía Blanca, ya que ese es su lugar de ensayos: al no contar el mismo con las condiciones mínimas, los cuerpos estables no pueden desarrollar su actividad con normalidad.

Pero esta coyuntura no es lo único que afecta a OAS: los recortes en presupuesto también se hacen visibles en este sector, incidiendo sobre la posibilidad de llevar a cabo la programación y la difusión ideales del repertorio de esta área cultural-artística del Estado en el contexto de su función social.

En los últimos tiempos, han recibido de las autoridades provinciales el compromiso de solucionar otros problemas profundos, a saber: la precarización laboral, con trabajadores/as que habiendo concursado para cargos con estabilidad no eran designados (algunos hace más de una década), re categorizaciones pendientes y compañeros que han ganado concursos pero se encontraban trabajando sin percibir remuneración; las demoras en la cobertura de las vacantes generadas por jubilaciones de agentes, que llevan a que los cuerpos presenten menos del 50% del plantel básico requerido en algunos casos, etc. La reciente designación de 41 cargos titulares y las 14 reubicaciones en OAS marcan el camino de una primera respuesta a un reclamo histórico por los derechos culturales de la sociedad comprendida en su ámbito de actuación.

Tras este alentador acto de justicia, continuamos demandado la urgente aprobación de las estructuras y planteles básicos así como la regularización de la situación de artistas, auxiliares, personal técnico y administrativo, así como las jubilaciones, que aún no se encuentra solucionada.

La Unión de Músicxs del Sur exigió a las y los concejales de la ciudad que fijen fecha para la audiencia pública solicitada días atrás por el Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo para analizar el ajuste en las políticas sociales.

“Estimados ediles ¿qué otra prioridad tienen que no sea escuchar a sus representados y garantizar la dignidad humana de sus conciudadanos? No hay excusas: ¡Audiencia pública, ya!”, manifestó el gremio.

 

En un comunicado, las músicas y los músicos instaron “a que se vote con urgencia este mismo jueves lo que decenas de organizaciones sociales, gremiales y religiosas estamos demandando como derecho ciudadano. Es urgente actuar con responsabilidad y humanidad. Es urgente que cada sector pueda expresarse para que lxs concejales cuenten con las herramientas necesarias para debatir peso a peso las necesidades de cada barrio y asignar esas partidas en el presupuesto 2019”.

“Lean el diagnóstico con atención. ¿Quién de ustedes puede negar que Bahía Blanca se encuentra bajo estado de emergencia social? ¿Quién de ustedes asumirá la complicidad concreta de un modelo de asignación de recursos que saquea a quienes ya no tienen más nada para dar en función de garantizar la rentabilidad del lucro?”, se preguntaron.

El gremio destacó que el ámbito cultural fue uno de los primeros agredidos por la gestión de Héctor Gay: “El violento cierre de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar presagió una política sistemática de desviación de recursos estatales al sector privado e incumplimiento de las responsabilidades políticas que cada un/a de las/os funcionarias/os de cada área han sostenido hasta las últimas consecuencias”.

“Luego vino la monotributarización masiva en tallares barriales, de la mano de Morena Llanca Roselló y una política agresiva de precarización global sin precedentes. La reforma laboral tiene su pionera en Bahía Blanca. Una verdadera poda que arrasó con lo poco que tenía cada barrio, despidiendo a decenas de talleristas y dejando a cientos de niñxs sin sus talleres”, afirmó el sindicato.

Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia y el Consejo Cultural Consultivo junto a una treintena de organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante convoque urgente una audiencia pública para discutir el ajuste social y la incorporación de las necesidades planteadas al Presupuesto 2019.

“La comunidad de Bahía Blanca enfrenta un contexto de emergencia social, caracterizada como el avasallamiento sistemático de la dignidad, las libertades y los derechos humanos fundamentales, como son el acceso universal a la salud, educación, cultura, entre otros y, en particular, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtieron.

Las sub-ejecuciones presupuestarias y los incumplimientos en materia social fueron diagnosticados en asambleas abiertas realizadas durante agosto y septiembre con “una amplia participación de sectores muy diversos de la comunidad afectados por el recorte en políticas públicas”.

La iniciativa es producto de “la falta de respuesta del Municipio para el relevamiento de los datos oficiales, que constituye una traba sistemática en el acceso a la información pública y que contradice explícitamente las intenciones declaradas de transparencia de la actual gestión. La información aportada por cada sector en las asambleas, permitió construir un diagnóstico alarmante y muy contundente” que puede leerse aquí.

El documento se nutrió de las realidades de organizaciones sociales, culturales, gremiales, profesionales, barriales, educativas, de mujeres y estudiantiles, las cuales identificaron como punto en común la sub-ejecución de partidas presupuestarias municipales destinadas a financiar o asistir sus actividades.

Destacaron que ningún/a funcionario/a asumió su “responsabilidad política a la hora de responder a la comunidad por los montos faltantes” que, en muchos casos, corresponden a “recursos afectados que deben financiar cuestiones específicas” para atender a un sector de la población con “necesidades básicas insatisfechas”.

Los Consejos denunciaron “un vasto desconocimiento de las ordenanzas” y de otras normas que “no se ponen en práctica ni se reglamentan”. Además, señalaron “prácticas autoritarias”, maltrato y violencia institucional de parte de funcionarios/as.

En cuanto a la precarización laboral, “se hace presente una violación sistemática de los convenios internacionales que garantizan la no discriminación, libertad sindical, derecho de sindicalización y negociación colectiva en el acceso al trabajo, como los de la OIT”.

Finalmente, repudiaron “el desconocimiento y subestimación de los espacios de participación ciudadana” como el Consejo Cultural Consultivo, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y la Red Local de Violencia de género.

“Evidencian que se busca mantener una gestión municipal unilateral que no quiere abrirse al diálogo con la comunidad ni conocer sus necesidades, mucho menos resolverlas. Basta con citar la conformación de una mesa de concertación social sin incluir al Consejo Local de Niñez y la ausencia del director del Instituto Cultural en las sesiones del Consejo Cultural Consultivo”, afirmaron.

¿Qué demandan?

Luego de detallar los números y problemáticas de cada sector, información que FM De la Calle difundirá en próximas publicaciones, las organizaciones plantean el siguiente listado de exigencias a las autoridades municipales:

  • Ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad.
  • Incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales.
  • Plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana.
  • Acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica.
  • Inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.
  • Declarar la Emergencia en Niñez solicitada por el Consejo Local de la Niñez y destinar los recursos necesarios para cubrir las necesidades insatisfechas, y conformar una Mesa Técnica integrada por trabajadores/as del Servicio Local, sus Coordinadores/as y el Consejo Local de la Niñez y Adolescencia. Con el fin de lograr:
  1. Revisión y compromiso en la conformación de los Servicios Locales y reclamo por los EOE, asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
  2. Sostenimiento en la calidad y cantidad necesarias de los productos alimenticios destinados al área de Niñez.
  3. Detener la sustitución de las tarjetas sociales por bolsones de alimentos y la individualización de les solicitantes y reactualización de los montos asignados.
  4. Cumplimiento de los programas previstos por la Ley 13.298.
  5. Por la efectivizarían de la Sede Local para el Sistema de Responsabilidad Juvenil en un centro de contención digno en la ciudad.
  • Cultura:
  1. Conformar una Mesa de Negociación Colectiva que reúna al Poder Ejecutivo (con presencia de la Secretaría de Economía y Hacienda y las áreas involucradas), a les trabajadores precarizades y sus representantes sindicales y ciudadanes, con el objetivo de corregir las situaciones de precarización laboral en todas sus formas (contratos basura, monotributarización para trabajadores no eventuales, remuneraciones desactualizadas, despidos encubiertos, recategorizaciones pendientes, recorte de horas extras).
  2. Reapertura de los talleres municipales desmantelados.
  3. Reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.
  4. Reactivación del programa NIDO de los barrios Vista Alegre y Villa Nocito.
  5. Reactivación del programa ENVIÓN.
  6. Reactivación de los talleres de Gral. Cerri.
  7. Sostenimiento de los Talleres del Teatro Municipal durante todo el ciclo lectivo.
  8. Reincorporación de docentes y artistas despedides a sus espacios de trabajo.
  9. Cese de las persecuciones a trabajadores/as.
  10. Exención automática de la tasa de buhoneros para docentes, como está asentado en el artículo 144 inc. B) de la Ordenanza Fiscal 2018.
  11. Cumplimiento de las ordenanzas de Espacios Culturales Independientes y Eventos Permanentes y funcionamiento acorde a la reglamentación impulsada por la comunidad artística organizada.
  12. Garantía para la realización de los corsos céntricos y barriales.
  • Área de la mujer:
    • Inversión y asignación de recursos para la Red Local de Violencia de Género y el Consejo Local de la Mujer.
  • Compromiso y acción del Ejecutivo y el Legislativo municipales, para articular con políticas públicas provinciales y nacionales en la defensa de los derechos básicos afectados:
  1. Niñez y Adolescencia: Ejecución de las becas y programas provinciales en todas las áreas involucradas.
  2. Cultura: Inversión para los Organismos Artísticos del Sur (Orquesta, Coro y Ballet), presupuesto para programación, infraestructura, realización de concursos de estabilidad para la cobertura de cargos vacantes hasta alcanzar el orgánico correspondiente, designaciones y recategorizaciones pendientes, pago de sueldos adeudados, etc.
  3. Salud: Contratación de personal calificado necesario e inversión y mantenimiento en infraestructura e insumos en el Hospital Penna.
  4. Educación pública:

o Inversión en infraestructura de los establecimientos educativos públicos.

o Aplicación del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles.

o Defensa de las fuentes y condiciones laborales de les docentes de Artística, Educación Física, Inglés y EOE, ante las autoridades provinciales.

o Acompañar el reclamo por la reapertura de los Bachilleratos de adultos.

o Transparencia en la ejecución del Fondo Educativo y restitución de la Comisión de Seguimiento.

o Acompañar el rechazo a la reforma de la educación técnica.

Fotos: UMSur.

Mirta Millan, integrante de la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke participó de una Jornada Intercultural promovida por la UNS en la cual se presentó el libro “Buenos Aires Indígena”, editado por la Comisión Provincial por la Memoria. Además, pasó por los estudios de FM De la Calle.

Millán contó que el libro “es un material inédito, lo trabajamos con Inés Rosso, que es licenciada en Geografía. Empezamos a trabajar con mapeos desde nuestra propia lógica y desde nuestros territorios actuales porque los mapas que existen no dan cuenta de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Logramos en varias etapas llevarlo concretamente a un libro bajo la posibilidad mancomunada de la UNICEN,  la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa Autogestionada”.

La Mesa Autogestionada en Educación Intercultural fue fundada hace seis años y su carácter itinerante “es lo que le dió mucha vitalidad. No perder el foco que son las políticas públicas las que tienen que quedar para las generaciones actuales y las que vienen.  (…) Es importante ver el pantallazo que se plantea en América Latina. Tenemos países que están a años luz de nosotros porque se están planteando, por ejemplo, como lengua en segunda instancia el castellano cuando nosotros perdimos nuestros idiomas originarios, es el caso de Panamá, de Ecuador”.

“En provincia de Buenos Aires recién es la visibilización, o sea, hablar que hay poblaciones originarias o afrodescendientes. Más allá de que acá exista normativa no se aplica. La interculturalidad está contemplada en normativas internacionales porque Argentina ratificó el convenio de la OIT, también en lo que es la Constitución Nacional y  Provincial y la Ley de Educación Federal también lo contempla”.

Consultada sobre los cambios político-culturales luego del caso de Santiago Maldonado, Millán comentó que “sucedió lo que dijimos: Santiago Maldonado era un emergente de lo que iba a suceder a posterior, en función de las políticas represivas del Estado, la militarización de los territorios y la aplicación de la ley antiterrorista haciéndose eficaz a través de causas armadas a nuestros hermanos y hermanas”.

“Después sucedió lo de Rafael Nahuel, sucedió lo del allanamiento en el Pu Lof y en Vuelta del Río… Entonces, lamentablemente se dio lo que habíamos pensado y enunciado en un primer momento. Estamos viviendo un escenario político muy complejo, un escenario en el cual estamos viendo que los derechos han sido totalmente avasallados, sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Hay intereses de trasnacionales, convenidos con el Estado nacional y provincial y es muy difícil poder llevar a cabo esos intereses si hay indígenas en el medio. Esta es la resistencia y creo que no sólo nuestra resistencia, sino que es en toda América Latina”.

La dirigente mapuche opinó sobre el debate que llevaron las mujeres originarias al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew para darle el carácter pluricultural. “Sabíamos que iba a haber participación pero no tan masiva (…) en toda situación de fricción una puede quedarse con el mero relato pero, sin embargo, queríamos trascender. Se logró y la verdad que fue contundente.  Y lo emocionante fue en la marcha, primero que tuvimos la posibilidad, solidariamente y a conciencia, que las compañeras de la Ola Verde nos cedieran el espacio para poder marchar y lo emocionante fue  ver cómo nos esperaban gritando ¡este es territorio ancestral mapuche!”.

Respecto al reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, Millán afirmó que como comunidad “asumimos el pañuelo verde entendiendo que es un contexto en el cual muchas mujeres mueren por aborto clandestino y son las más vulnerables y, entre ellas, nuestras propias hermanas en lugares como villas, Chaco, Salta o acá mismo en la provincia de Buenos Aires”.

“La verdad que eso lo asumimos y lo defendemos mas allá que desde el punto de vista de la salud de los pueblos originarios teníamos todo un conocimiento que teníamos que recuperar, que está, que es el cuidado con el cuerpo y el tema de tener medidas preventivas ante el embarazo que, a raíz de toda ésta colonización y consolidación del Estado, se prohibió”, concluyó.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

(Por Giuliana Crucianelli) Una reja separa la puerta de la calle, cintas de colores conforman una guirnalda que cuelga sobre la entrada y, a la izquierda, un cartel dice: “Escuela Primaria Nº37”.

Pregunto por el director y me dicen que entre por el otro lado. Hay un timbre que no anda y muchos adolescentes correteando por el patio. Llegué justo para el recreo. Me recibe Malvina, la secretaria, quien está firmando actas en un aula llena de monitores de computadoras que no andan. Me dice que el director está en el Consejo Escolar pero que me va a atender ella.

“En un rato va sonar el timbre y no hay comedor para todos. Es durísimo para las preceptoras decidir quiénes tienen más hambre”, comenta cuando le pregunto cómo van las cosas. A la 37 asisten 150 pibes y pibas de secundario y 200 de primaria. Sin embargo desde el servicio alimentario del Consejo Escolar brindan solo 25 cupos de 21 pesos diarios.

“La respuesta de veces anteriores es que quizás el año que viene, pero que este año ya no nos van a dar más cupos”, me dice Malvina detrás de los anteojos que se saca y se pone para leer las planillas de los chicos.

Tan solo veinte cuadras separan la escuela del centro de la ciudad pero, según las docentes, su alumnado no es del barrio sino que viene caminando desde lugares más alejados. “Nosotros les decimos que preferimos que vengan tarde antes que no vengan. Pero tenemos esa otra dificultad, no tenemos una ayuda para la carga de la Sube de los pibes. Los chicos vienen cuando pueden y con sus propios recursos”.

Le pido a Malvina que me lleve a recorrer la escuela. Vamos al comedor y allí está María del Carmen. Hace 19 años que cocina en comedores escolares y hace cinco que lo hace en esta escuela. Para las chicas y los chicos es “la tía”, la que hace el arroz con arvejas o el guiso del mediodía. “Siempre están halagando la comida, me preguntan si yo cocino con amor y yo digo que sí. Lo mismo que le hago a mi familia lo hago acá para ellos”.

Hay hechos que funcionan como metáforas, dijo Liliana mientras entraba para conversar. Es la profe de Prácticas del Lenguaje, quien en  21 años vio pasar de todo pero ahora los pibes le piden plata para ir a comprarse una galletita para el recreo. “El rendimiento disminuye notoriamente. La situación del país hace que los papás no tengan trabajo, hace que los chicos vengan con hambre, que ya no haya plata para comprar libros”.

Suena el timbre para entrar a comer, 25 afortunadxs que hoy se van a sentar a la mesa a saborear el pastel de carne que hizo “la tía” después de la clase de la profe Lili. Se abre la puerta y lentamente se acercan a las mesas. Cuando terminan preguntan si pueden llevarse las naranjas del postre. Más adelante, cuando me esté por ir, voy a ver a ese mismo nene darle esa naranja a su hermano menor.

“Están de cuerpo presenten pero la mente no está despierta para atender a la clase”, dice Malvina.  “Están como cansados, no tienen la energía que tiene otro adolescente y eso es por la mala alimentación. No solo ahora sino que probablemente haya sido en su primera infancia también”.

Durante la recorrida vamos al patio donde hay un mural que dice: “La educación abre caminos”. Malvina dice que allí están las aulas del secundario, que este año abrieron un cuarto pero “con el riesgo de cerrar el primero”.

“Lo defendimos a capa y espada en conjunto con los gremios docentes que nos dieron una mano muy grande para que se entienda la realidad de los chicos. Y finalmente tenemos los dos primeros. Pero el año que viene no hay más aulas, no hay milagro posible. Al no tener aula, si abrimos el quinto vamos a tener que cerrar un curso”.

Saludo a las profes, a Malvina y voy hasta la parada del colectivo de la esquina. Un profe le dice a un pibe de unos 10 años que no se enoje porque un amigo le dijo que era aburrido, que es un juego y que nunca se lo diría para hacerlo sentir mal. La mamá del nene escucha atentamente mientras come una naranja. El chico abraza al profe con una sonrisa amplia. Viene el colectivo.


A instancias del directorio del Hospital Municipal, avanza la creación de una Fundación que se propone promover investigaciones, organizar capacitaciones para el personal profesional y no profesional y “dar apoyo” a la atención sanitaria del principal centro de salud bahiense.

Según el estatuto, “será dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración formado por nueve miembros” con un mandato de cuatro años y un Comité Ejecutivo de tres integrantes rentados.

La propuesta ya se discute en el Concejo Deliberante donde la oposición evalúa requerir modificaciones al texto original del proyecto. Desde la CTA denunciaron que es “el primer paso hacia la privatización de la salud en Bahía Blanca”.

Gisela Ghigliani, concejala por Unidad Ciudadana e integrante de la comisión de Salud, comentó a FM De la Calle que “ninguna fundación puede arrogarse la potestad de contratar personal, generar servicio, esa debe ser la política publica de salud. Mucho menos, que el municipio pueda disminuir la asignación de presupuesto basándose en el supuesto de que existan quienes donen o sean los benefactores aportando en esta fundación. Estaríamos corriendo al Estado de una función central”.

El miércoles pasado autoridades del hospital y concejales de Unidad Ciudadana, de PJ- Cumplir y del Frente Renovador se reunieron para analizar la propuesta. Según afirmó Ghigliani la fundación serviría para “que ingresen recursos que siempre desde el Estado son finitos, por ejemplo para infraestructura, para poder finalizar quirófanos”.

Consultado por FM De la Calle, el secretario de Salud comunal, Claudio Pastori, rechazó hacer declaraciones y advirtió que “es una decisión de la dirección del hospital”. “Me parece que hay que tener una opinión por más que sea una política del hospital. No está por fuera de la política pública de la ciudad”, dijo la concejala.

“Para esta ciudad, el Hospital Municipal es un orgullo. Cualquier/a bahiense/a sabe que, más allá de su condición económica, puede contar con ‘el Muni’ cuando su estado de salud lo requiera. En otras palabras, el derecho la salud a través del sistema público es un tema del cual los/as bahienses/as, más allá de las falencias, tenemos motivos para reivindicar”, afirmaron desde CTA.

Agregaron que “ese modelo de salud sólo puede funcionar de esta forma si permanece en el ámbito de lo público, sin influencia del sector privado. La Fundación, en cambio, abre la puerta a que los intereses de las empresas que lucran con lo que debería ser un derecho comiencen a virar el timón hacia otras prácticas”.