“Bullrich es muy coherente. Roca intentó exterminar al pueblo mapuche, no lo logró, y sin embargo la educación ha sido un arma fundamental para eliminar ideológica y culturalmente a los pueblos indígenas. La frase es de una sinceridad brutal absoluta. Decir: lo que no pudo Roca lo vamos a lograr con la escuela”, dijo el werken de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel tras la reivindicación del primer genocidio que hizo el ministro de Educación en Choele Choel.

Esteban Bullrich dijo en un acto oficial que la inauguración de un hospital escuela era parte de “la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación” y agregó que “no estamos poblando este desierto, ustedes hacen que esto no esté desierto y eso es lo más lindo”.

Nawel afirmó a FM De la Calle que el ministro “muestra la coherencia que tiene el PRO, que tiene la derecha, que tienen todos estos sectores que hoy les toca gobernar el país” que “reivindican héroes como Roca, Mitre, Sarmiento, gobiernan para una clase muy específica, que es la suya, desprecian todo lo que es demanda o reivindicación popular, desprecian al interior. Saben muy bien lo que quieren y para qué están utilizando al Estado”.

“Sí me preocupa que la sociedad argentina, la sociedad criolla, todavía no dimensione lo que implicó la Conquista del Desierto, porque yo creo que un exabrupto como el que cometió en su momento el secretario de Cultura Lopérfido, cuando habló de que no eran 30 mil los desaparecidos, le costó la renuncia. Creo que ningún sector de la población hoy aceptaría que se reivindique el holocausto al pueblo judío y habría una condena y le costaría la cabeza a cualquier funcionario al que se le ocurriera”.

“Sin embargo lo de Bullrich va a quedar como una anécdota dentro de un par de días, nadie se va a acordar. Me preocupa que se vaya haciendo natural que de pronto sectores fachos o racistas como los que gobiernan hoy puedan decir semejante barbaridad y no le cueste la cabeza a ese ministro”, dijo.

Cuestionó el “doble discurso de los sectores progresistas o de derechos humanos todavía no llega a reivindicar lo que es la situación de los pueblos indígenas y eso me preocupa porque somos parte de esa gran mayoría que aceptamos pasivamente que un ministro racista como este venga a decir en nuestras propias narices que lo que no pudo Roca lo va a lograr la educación”.

Luego del discurso, Bullrich oscureció ante la prensa: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”.

El werken recordó que si bien Argentina se reivindica como “lo más blanquito de América” existen más de treinta pueblos indígenas en su interior. “Todos los días estamos luchando contra eso porque tenemos un sistema educativo totalmente discriminador y racista que sigue reivindicando a Sarmiento como el primer maestro, el padre del aula, y no noto que los maestros cuestionen esa celebración y cantan el himno y se toman el día de descanso en honor al gran maestro y siguen reivindicando a un racista, a un genocida”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su preocupación frente a las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto del episodio violento que terminó con el asesinato de un joven en la localidad bonaerense de Zárate. “Es imposible no unir este hecho a otros ocurridos recientemente, que han generado un fuerte impacto social y debate público y, por lo tanto, obligan a todos los poderes del Estado a reacciones responsables que no promuevan más violencia y se ajusten plenamente al estado de derecho”.

Las declaraciones de Macri “son un alerta en el debate público sobre la seguridad. Frente a la expresión de cualquier tipo de violencia, el Estado debe actuar solamente generando reacciones responsables que no promuevan la resolución de ningún conflicto mediante el uso de más violencia sino que promuevan la paz y el funcionamiento de las instituciones”.

En este sentido, desde la Comisión manifestaron que “es inadmisible que el presidente hable de manera irresponsable sobre una situación tan delicada y desconozca el alcance que pueden tener sus declaraciones. Porque con este proceder contribuye, sin ningún tipo de reparo, a amparar acciones violentas —que son crímenes— como mecanismo para la resolución de conflictos que son fundamentalmente sociales”.

“En su línea argumental, al denominar a quien cometió el delito como ‘ciudadano sano y querido’, Macri relativiza la gravedad del crimen y por lo tanto niega la condición de víctima a quien no sería considerado sujeto de derecho. Sobre la base de esto operan luego las expectativas de administración de justicia. Esto no sólo abona un proceso de estigmatización muy fuerte sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, construyendo un consenso social peligroso y autoritario, sino que además promueve condiciones para un accionar limitado y deficiente de las instituciones del Estado como la justicia”.

“Pero, además, esconde la ausencia del Estado para garantizar el bienestar de las personas. Porque ahí donde hay ‘justicia por mano propia’, simplemente no hay justicia para nadie. Y, cuando no hay Estado ni justicia, la violencia se amplifica en múltiples sentidos”.

“Cada nuevo hecho debe interpelar al Estado, y sobre todo a quienes gobiernan, para que de una vez por todas pongan en marcha políticas de seguridad eficaces que abandonen la demagogia punitiva y la mano dura. Estas políticas han demostrado ser ineficientes para resolver el delito y la violencia. Por el contrario han generado más violencias, conflictos y corrupción”.

La CPM agregó que “estas violencias, que se despliegan entre las personas y el modo en que son abordadas mediáticamente —especialmente por las empresas hegemónicas de la comunicación—, son el síntoma de una desigualdad estructural que pone en evidencia la ausencia del Estado. Cada nuevo hecho debería ser pensado como un reclamo para el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión. Pero de ningún modo los funcionarios públicos pueden amplificar procesos de segregación social que sólo abonan la génesis de más violencias”.

“No queremos vivir en una sociedad que enfrenta a unos con otros. La democracia ofrece múltiples caminos hacia el bienestar de todos. Recorrerlos y garantizarlos es la obligación inexcusable del Presidente de la Nación”.

Lo confirmó a FM De la Calle Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se toca. Asimismo, afirmó que la población tiene sentimientos de “zozobra, de abandono de las autoridades, de muchas cosas que se juntan y que evidentemente no tendrían que pasar”. Hoy a las 20 la comunidad volverá a marchar “exigiendo el cierre total de veladero, remediación y prohibición de la megaminería”. 

Ayer en la tarde se incrementaron los rumores del evento y a raíz de eso otro integrante de la organización, Faustino Esquivel, “se comunicó con el senador Ruperto Godoy y le pidió confirmaciones al respecto”. El legislador se entrevistó “de forma personal con el ministro de Minería Alberto Gensel, quien le había confirmó el derrame”.

A raíz de eso asambleísta hizo la denuncia pertinente en Gendarmería “para que actúe la justicia Federal. Nos enteramos esta mañana temprano que la provincia de San Juan a través del fiscal De Sanctis va a hacer la denuncia en el juzgado del juez Pablo Loiza”.

Para Zeballos, “los funcionarios siguen con una actitud de ocultamiento temerario” ya que la empresa informó oficialmente al gobierno provincial lo ocurrido el día del suceso ocurrido el 8 de septiembre y recién actúa luego de que toma estado público por fuerza de la movilización popular.

Un año y dos días atrás la minera fue protagonista de otro desastre ambiental del mismo carácter: derrame de cianuro. “Tuve que se yo el que hizo la denuncia y recién al día siguiendo lo hizo el gobierno”, agregó.

“El actual informe de la empresa Barrick dice que el 8 de septiembre se rompió un caño de 28 pulgadas. No dice cantidad y dice, igual que el año pasado, que no había salido del valle de lixiviación. Pero hay que recordar que el año pasado comenzaron diciendo que eran 15 mil litros, que no había salido del valle de lixiviación. El juez determinó que habían sido 1 millón 27 mil litros derramados en el río. Y nosotros tenemos documentación de la empresa que nos ha llegado hace pocos días en donde la cantidad derramada fueron 5 millones de litros de solución cianurada. Entonces, el ocultamiento de la información es lo que a nosotros nos da a favor”, explicó.

El cambio en material ambiental: sin novedades

Consultado acerca de las diferencias políticas en el tratamiento de lo ambiental luego del cambio de gobierno, Zeballos sostuvo que “representa más de lo mismo. El secretario de ambiente aparentemente está becado de por vida porque ya hace 13 o 14 años que está en el cargo y no hizo absolutamente nada. El jefe de la policía minera es exactamente el mismo que hace un año atrás y se comporta de la misma forma”.

“A nivel nacional, nosotros nos da vergüenza ajena que el ministro (de Ambiente, Sergio) Bergman vaya por las provincias que no tienen megaminería para pedir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre la megaminería. Pero en aquellas provincias que sí tenemos megaminería, es más, que tenemos este tipo de desastres ambientales, no hay que hablar del tema, no hay que generar debate porque no quieren poner en riesgo ese proyecto megaminero nacional. Cambian las caras, las autoridades pero no cambia la actitud hacia el pueblo de Jáchal, el ninguneo que tienen las autoridades para con nosotros”.

La empresa, por su parte, decidió hace pocas horas prescindir de los servicios de quien gerenciaba la mina Valedero, utilizando el mismo modus operandi que el año anterior, cuando presentó su renuncia Guillermo Caló, entonces director ejecutivo de la multinacional.

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La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

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(Por Francisco J Cantamutto) El problema de las tarifas se erige como centro de una disputa más amplia. No se trata solo de discutir los precios que pagamos por servicios públicos sino -como hemos venido discutiendo aquí– de uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Cambiemos. Justamente, coincidien esta semana el Foro de Inversión y Negocios con el llamado a la audiencia pública por la tarifa de gas para usuarios residenciales.

El Foro, conocido como el “Mini-Davos”, es una réplica del Foro Económico realizado en Suiza en enero, del que Macri volvió lleno de promesas hasta el momento incumplidas, y de la reunión empresarial Business20, realizada en paralelo al encuentro del G20 en China hace semanas. Se busca tentar al empresariado transnacional acerca de las virtudes del espacio argentino para valorizar su capital. Lo organizó, a pedido del gobierno, el empresario Richard Attias, que comparte con Macri la tenencia de activos en paraísos fiscales. Entre otras empresas, se reunieron con el presidente representantes de BP, Novartis, Toyota, Unilever, Enirgi, Pan American Silver, IBM, Citigroup, Siemens, Coca-Cola (el listado ampliado está aquí).

La nota de color se la lleva el CEO de Dow, Andrew Liveris, quien dijo: “Necesitamos certezas en materia de políticas energéticas, también con la cuestión impositiva”, para agregar que sus inversiones están garantizadas… si se “supera la falta de transparencia generada por los subsidios”, y “logra instrumentar mejoras en el sistema energético” (según fue recogido por el conservador diario La Nación). Esto es importante: para el empresariado transnacional, más allá del acuerdo ideológico y político con este gobierno, no queda claro que las políticas económicas tengan coherencia, previsibilidad y sean capaces de sostenerse frente a la intensa reacción social. La disputa por el nivel actual y futuro de las tarifas entrecruza una disputa por nuestras condiciones de vida frente a sus oportunidades de negocios. Por eso, para mostrar gobernabilidad, se invitó como oradores a la gobernadora de Buenos Aires, pero también sus pares de Salta, Neuquén, Córdoba, San Juan y Misiones. Todo un arco de defensores del nuevo “modelo”.

El día viernes 16/9 está prevista la audiencia pública por la suba del gas para hogares. Mientras tanto, persisten los aumentos para el resto de los usuarios y del resto de los servicios (luz, agua, transporte). Se espera que el gobierno procure que esta instancia sea anecdótica, pero ya múltiples organizaciones señalaron que no se lo harán sencillo. Las Multisectoriales, las CTA, la Corriente Federal de la CGT y FACTA son algunas de las que movilizarán el viernes.

Lo que sigue es racconto básico para poner en discusión este aumento del gas:

  1. No hubo ni hay información ni argumentos que justifiquen el aumento. No se convocó previamente a audiencias públicas (la actual fue convocada tardíamente, por el fallo de la Corte Suprema). Todo esto vulnera los marcos regulatorios, y además derechos básicos constitucionales a la información y a la participación sobre estos servicios (art. 42).
  2. El aumento se produjo en un contexto de aceleración inflacionaria y aumento del desempleo lo que hace que en algunos casos las tarifas se vuelvan imposibles de pagar. Esto afecta los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad. Dado el especial impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, la suba ya en curso alimenta nuevas quiebras y despidos.
  3. El anuncio de sucesivos esquemas tarifarios cuestiona el criterio utilizado. La referencia al retraso relativo de las tarifas respecto de otros precios no es un argumento, pues cualquier sector (en especial quienes vivimos de un salario) podría argumentar igual y subir sus propios precios. La falta de criterios claros va contra el argumento de proponer un clima favorable a los negocios, de previsibilidad en los contratos. Esto se trasunta en la actual falta de inversiones productivas.
  4. Los sucesivos esquemas tarifarios no han resuelto ninguna de las asimetrías previas: ni las que existen entre tipos de usuarios (siguen proponiendo esquemas regresivos) ni las que existen entre áreas geográficas (los subsidios no tienen relación con las necesidades climáticas de cada región). La tarifa social está muy lejos de cubrir el impacto asimétrico, ocasionando múltiples costos de gestión, además de una victimización de la necesidad, pues el afectado debe probar su vulnerabilidad (invierte la carga de la prueba). Su aplicación ha sido defectuosa y parcial.
  5. No han introducido tampoco ninguna consideración respecto de cambios en la matriz energética (fomento a energías alternativas) o de eficiencia en el uso (por ejemplo, mejoras estructurales en las residencias), que pudieran moderar el problema en el mediano plazo.
  6. No se presentó ningún plan de inversiones asociado, por lo que tampoco hay garantías que las mayores tarifas tengan efecto en mejores prestaciones. Se pagaría más por un servicio defectuoso. La experiencia de los ‘90 indica que mayores precios y horizonte previsible no implican automáticamente inversiones para un mejor servicio. La falta de compromisos claros pone en duda cualquier escenario futuro.
  7. Al mismo tiempo, el gobierno se ha negado a auditar la actuación de las empresas proveedoras en los pasados años. Revisar sus memorias y balances podría dar elementos de juicio para saber: a) cuál fue el resultado económico; b) identificar prácticas fraudulentas (como la denunciada en el caso de las transportadoras de gas, TGN y TGS, que pagaron a sus casas matrices por supuesto asesoramiento, como manera de remitir ganancias al exterior sin declararlas); c) identificar qué se hizo con las transferencias recibidas, por compensación al nivel de las tarifas y por planes especiales (Plan Gas). Todo esto debería ser información pública, pues se brinda un servicio público.
  8. El supuesto nivel elevado de los subsidios ha sido desmentido incluso por un informe del FMI, que mostró que Argentina está por debajo de lo que subsidian en promedio los países de la OCDE.
  9. Si la revisión actual se enfoca solo en el peso de estas transferencias en el presupuesto público, llama la atención que al mismo tiempo que se se suben muy rápidamente otros gastos como el pago de deuda y se recortan ingresos, como las retenciones.
  10. La revisión del precio de la tarifa por energía debe considerar toda la cadena: la producción e importación de gas, su transporte y distribución. El gobierno ha restringido la revisión solo a estos últimos dos tramos, omitiendo que el principal costo está en el primer tramo. Al respecto, el precio en boca de pozo pagado por Argentina es superior a lo abonado en otros países, y esto no ha promovido inversiones –fuera de las realizadas por YPF a partir de su nacionalización parcial.

Todo lo anterior muestra la falta de argumentos razonables y creíbles para aplicar un aumento generalizado de tarifas, razones que hemos expresado en los medios, las calles y la justicia. La escasa credibilidad de esta propuesta es tal, que hasta los socios del gobierno se lo han señalado. Y por eso el Mini Davos sigue cargado de promesas, sin ninguna concreción.

(Por Nicole Pietrangello) El fin de semana pasado una joven de 18 años, en las instalaciones del boliche Chocolate, sufrió abuso sexual en el reservado VIP por parte de un empleado.

El victimario, Carlos Prattico, es un reconocido DJ y productor de medios de comunicación, lo que le granjeó  el apoyo de estos (como La Nueva y La Brújula) a través de la siembra de dudas por las denuncias de la mujer y la cosecha de comentarios misóginos en las redes sociales.

Desde que “si hay sexo oral no es indicio de abuso” hasta que “la chica estaba tomada” y que “no presentaría indicios de forcejeo”, la sociedad machista de Bahía Blanca se desvivió a improperios contra la víctima. Básicamente dijeron que era una puta, lo cual pareciera indicar que estaría todo bien para hacer lo que se quiera.

“No hubo gritos”, tampoco. Lo que sí hubo es complicidad por parte de los patovicas que al ser señalado el abusador no hicieron nada. Se los podrá justificar por su temor a perder el empleo. Okey. Pero entonces también se los señalará por contribuir a que suceda cualquier cosa en sus narices y no hacerse cargo que la vida y la seguridad de una persona se encuentra por encima de todo.

El fiscal Mauricio del Cero tiene a su cargo la causa y ayer llamó a declarar a la joven. Esta y sus familiares pidieron que no circulase información sobre la misma, y esto es más que respetable y entendible. El miedo debe ser terrible. Y el temor de los aprietes de quienes gozan de total impunidad para violar y seguir caminando lo más pancho por las calles no ayuda en nada.

Otras “fuerzas vivas”, las que salen de adentro, las que se levantan indignadas contra la injusticia y la impunidad, deben estar al pie del cañón. Para que no haya más abusos. Para poder ir a disfrutar de un momento en un boliche sin estar pensando si te van a acosar y violar. Esto es lo que deberíamos hacer la “gente de bien”. Y no preguntarse, en todo caso, si ella no lo provocó.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

Para el intendente Héctor Gay la despenalización del consumo de drogas, planteada recientemente por más de 260 integrantes del Poder Judicial como una política respetuosa de los derechos humanos que termine con “la guerra contra el narcotráfico”, es “un debate interesante pero tiene que ser en un marco mucho más abarcativo” que baje desde Nación y que “no sea extremista”.

En la entrevista realizada este sábado en Enredados*, el jefe comunal se mostró “preocupado” porque “la droga está instalada fuerte y en todos los estratos sociales” y opinó que “la diferencia entre los chicos que están en el sector vulnerable y lo que pasó en El Reino es la calidad y el precio”.

“Justamente en los sectores más vulnerables, que son los más proclives a consumir cualquier cosa y drogas de peor calidad, el resultado son los que tenemos (sic): el aumento en la violencia y la delincuencia tiene que ver con esto”.

“Tenemos que buscar un modelo adecuado a la idiosincrasia argentina pero además que no sea extremista, tenemos la rara virtud de irnos hacia los extremos y la verdad que un sistema solo represivo como se instrumenta en distintos lugares del mundo no va a dar resultado. Ahora, un sistema absolutamente abierto, fijensé el caso de Holanda como ha empezado a retrotraer algunas de las políticas de quizá lo más liberal que había en materia de droga”, dijo.

Gay afirmó que “no hemos avanzado demasiado todavía” y distinguió dos cuestiones de la gestión anterior: “El gobierno nacional nunca reconoció el tema, jamás reconoció que había un problema serio, sí lo reconoció Scioli desde el primer momento, si hizo algo o no es otra cosa”.

Sedronar en Bahía

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El titular de la Sedronar, Roberto Moro, estuvo ayer en la ciudad y fue consultado por la circulación de drogas de laboratorio. “Hubo dos encuentros con todas las ciudades grandes que tienen problemas similares -Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe- donde el consumo de las sintéticas venía siendo un grave problema y se trabajó en protocolos, además con un sistema que estamos implementando de alerta temprana para todas las organizaciones de salud y de las fuerzas que trabajamos en conjunto”.

“Esto ya no es solamente de ciudades grandes, no solo por el hecho que ocurrió aquí en Bahía sino que hemos visto que se va trasladando a ciudades de millones de habitantes a ciudades de menos. (…) Las drogas sintéticas son mucho más difíciles de detectar que las otras drogas, el trabajo que vienen llevando adelante las fuerzas en el control del narcotráfico es interesante, muy fuerte, pero no alcanza solamente con la lucha, en esto tenemos que buscar el equilibrio entre oferta y demanda”, agregó Moro.

Las declaraciones fueron en el marco de la presentación del programa “Municipios en acción” que tiene como objetivo principal promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales sobre Drogas.

La adhesión al programa brindará a los municipios la capacitación a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y en el diseño de un plan local; herramientas para la implementación de estrategias de Prevención; un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y fortalecerá a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Ayer, vecinxs de Grünbein e integrantes de su sociedad de fomento se hicieron presentes en el Concejo Deliberante. Lograron entrevistarse con ediles de diferentes bloques y obtuvieron el acuerdo de acelerar el otorgamiento del uso de la banca 25 para explicar la problemática. “Aparentemente estaría para este jueves”, dijo Rigoberto Villaroel a FM De la Calle.

Lxs concejales Matías Italiano, María Mercedes Insausti y Pablo Rosenfelt presentaron de manera conjunta un proyecto de ordenanza por el que se dispone la “declaración de la Emergencia Sanitaria en el sector de Grünbein del Partido de Bahía Blanca, por el término de 180 días, a los efectos de realizar la correspondiente limpieza de pozos ciegos y garantizando la salubridad a los vecinos del sector”.

El Departamento Ejecutivo “deberá informar semanalmente, y durante el plazo que dure la Emergencia Sanitaria de las tareas efectuadas en el marco de la urgencia, con el objeto de garantizar las prestación del servicio en condiciones de salubridad”.

El segundo días de este mes, Rigoberto trepó hasta la cima de una antena del edificio municipal en reclamo de soluciones por el déficit de cloacas que sufren distintas barriadas. Hace 20 años había tomado la misma medida pidiendo obras básicas de tendido de redes de gas que finalmente fueron llevadas a cabo.

Hoy se reunieron también con referentes de las áreas de Acción Social y Obras Públicas, por parte del Ejecutivo.

¿Qué reclaman?

“El tema central son las cloacas. En el 2014 logramos que se concretara el anteproyecto de obra, realizado por ABSA. Este año formamos una interbarrial porque es una obra complementaria que abarca los barrios Parque San Miguel, Polo, Villa Gloria, Villa Elena y Grünbein. En función de eso nos auto convocamos con compromiso y participación de los vecinos para lograr que se concrete esta obra básica”, explicó Villarroel.

La zona cuenta actualmente cuanta con los servicios de gas, luz y agua pero la falta de cloacas constituye “un problema sanitario grave”.

Además, el vecino explicó que “si no hubiéramos encarado el reclamo no se hubiera escuchado y tal vez dentro de un tiempo hubiera sido más grave”, en referencia a las medidas de fuerza que promovió en diferentes oportunidades. “Somos gente de laburo. La gente no está descreída. Está decepcionada. Estamos luchando para que nuestros representantes nos escuchen y soluciones. Para eso han asumido. Vivir sin la obra es complicado”, finalizó.

Raúl Torroba, titular de la empresa ganadora de la frustrada licitación para instalar 150 refugios para el transporte público, dijo a FM De la Calle que a pesar de las inversiones que ya había realizado para encarar la obra le pareció “razonable” el argumento oficial para dar de baja el trámite y pasarlo a manos de Bahía Transporte Sapem, firma que terminó pagando más por garitas de menor calidad.

“La argumentación no me satisfizo en el sentido de la pérdida de una obra pero me pareció razonable y como realmente se dio de baja y salió del área de la Municipalidad, no vi que haya habido una baja de la obra para favorecer a algún tercero, como empresa no accionamos y quedo todo así, a pesar del perjuicio que como empresa se me había infringido porque habíamos hecho algunas inversiones para la obra”, dijo el ingeniero.

Torroba ganó en abril la licitación al ofrecer un descuento del 4,31% sobre el presupuesto oficial de $3.330.000. Jaime Zapata Salidivia había empatado la cifra original y Ernesto Tarnousky y Probras Bahía estuvieron por encima de la misma.

La memoria descriptiva solicitaba que cada estructura constara de tres columnas de hierro de tres pulgadas de diámetro y dos milímetros de espesor, dobladas a dos metros del piso a 40 grados del plano horizontal quedando en condición de soporte del techo, que tendría una curvatura, en su extensión, de 2.15 metros. El techo debía conformarse con dos chapas lisas color de 1.22 por 2.44 metros y el contrapiso de hormigón simple. Asimismo se incluían los trabajos de pintura.

“Habían manifestado la necesidad de hacer la obra, era una de las que el Ejecutivo tenía mucha ansiedad por hacer”, dijo Torroba y recordó que “se avanzó hasta que se firmó el decreto de adjudicación, lo que sí empezamos a ver con sorpresa desde la parte administrativa de la Municipalidad y nosotros mismos, es que se demoraba mucho la adjudicación hasta que un día me convocaron de la Secretaría de Obras Públicas para comunicarme que se daba de baja porque pasaba al área de la Sapem”.

A partir de allí el presidente de Bahía Transporte, Tomás Marisco, impulsó una supuesta compulsa de precios, cuyos resultados nunca se difundieron ni constan en las actas de las reuniones de directorio en las que se discutió la contratación de Business para la instalación de cinco garitas de prueba que se financiarían con la venta de espacios publicitarios. La primera se inauguró en Vieytes y Suiza y fue rota por el viento horas después. El papelón registrado por la televisión develó el proceso de compra que transformó una oferta de 150 garitas a 21.242 pesos cada una, en la adquisición de cinco por 36 mil cada una.

El trámite se realizó con el desacuerdo minoritario del representante de la oposición en la Sapem, Pablo Rosenfelt, quien sostuvo que al tratarse de equipamiento urbano la compra correspondía a la comuna.

Según comentó Torroba, ninguna de las empresas que suelen licitar y realizar este tipo de obras fue consultada para la compulsa de precios. De una reunión a otra, el secretario privado del intendente apareció con la primera factura de Business. El jueves, el Concejo Deliberante aprobó convocar al secretario de Infraestructura Guillermo Manrique para dar explicaciones sobre el tema.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseguró a FM De la Calle que “Jujuy es el laboratorio en el cual están ensayando lo que quieren hacer en todo el país, es una avanzada en ajuste y represión, con un aditamento que se notó mucho en las denuncias que recibimos que es el rol del Poder Judicial”. Respecto al pedido del gobierno nacional de ser querellante por la desaparición de Julio López opinó que “demasiadas trabas tiene esta causa como para sumarle una más”.

El fin de semana un grupo diverso de organismos de derechos humanos y legisladoras se instalaron en Jujuy para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Superó ampliamente nuestras expectativas porque la gente fue llegando todo el día trayendo pruebas de lo que está pasando, de las torturas en comisaría, de las detenciones ilegales, de los allanamientos ilegales. Más allá de que conocíamos la situación no por eso dejó de asombrarnos el estado policial que se está viviendo en la provincia de Jujuy gobernada por Morales de la UCR y el vicegobernador Haquim del Frente Renovador”.

“La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Por ahí se conoce más la detención de Milagro Sala y de algunos otros militantes de esa organización pero lo que ocurre en Jujuy excede completamente ese caso, es un ataque en regla a todo el movimiento obrero y popular”.

Bregman afirmó que “Morales asumió e hizo votar un aumento en los números del Tribunal Superior de la provincia. Varios de los diputados que votaron el aumento de los integrantes después de aprobada la norma se dieron vuelta y fueron designados jueces. Y a quien era apoderado de la lista de la UCR en las elecciones lo ponen de fiscal de Estado para que sea el que acusa en nombre del Estado”.

En cuanto a la intención del gobierno nacional de ser querellante en la causa que investiga la desaparición en democracia de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán diez años el 18 de septiembre, Bregman aseguró que “es asombroso” porque lo que debería hacer el Estado es asumir su rol de victimario.

“Casualmente hace unos días aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un pre dictamen en el cual se exige que el Estado entregue todos los archivos de inteligencia que cuenta sobre la desaparición de Julio López y nos responde con esto, no entregando la información y cumpliendo el rol que debería tener el gobierno sino nuevamente apostando al encubrimiento. Ya como querellantes estamos todos nosotros”, dijo la diputada y agregó: “Sabemos que las fuerzas de seguridad intervinieron, sabemos que la SIDE intervino pero toda esta información recabada nunca se volcó en la causa”.

En Bahía Blanca predominan los imputados por crímenes de lesa humanidad detenidos (63%) en relación al total de represores en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la domiciliaria (50%) y los alojados en el servicio penitenciario (48%). Los acusados son 143: 90 detenidos, 3 excarcelados, 25 libres, 3 prófugos y 22 fallecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.

En efecto, entre marzo y diciembre de 2015 “aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario”. Las cifras “crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo”, explica, y sostiene que “esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”. Aclara que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.

En esa línea concluye que “el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general” e indica que “los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados”.

Entre los 1055 detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 (48 por ciento) condenados y hay 11 (1 por ciento) absueltos pero procesados en otras causas. El resto, 13, son personas con falta de mérito y sobreseídos con detenciones en otras causas, e indagados y detenidos sobre los que a la fecha de cierre de los datos no se había resuelto su situación procesal.

Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y que el 17 por ciento (116) está en libertad. El restante 9,5 por ciento está integrado por los fallecidos y por un prófugo.

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En tanto, entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está transitando el juicio oral o ya tiene formulada a su respecto la elevación a juicio.

El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicio oral se encuentra detenido, pues está procesado con prisión preventiva en otras causas.

La situación en las secciones judiciales

Las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos son La Plata (con 118 personas en total que significan un 67,4 por ciento), Corrientes (con 21 y 65,6 por ciento), Resistencia (con 27 y 64,3 por ciento), Bahía Blanca (con 90 detenidos y 62,9 por ciento) y Mendoza (62 y 56,9 por ciento). En la Capital Federal hay 174 detenidos que representan un 50,9 por ciento del total de los imputados de esa jurisdicción.

Reconquista es la sección judicial del país que tiene a todos los detenidos (un total de 6) alojados en dependencias penitenciarias. Jujuy, con 29, suma el 78,4 por ciento; Catamarca, con 3, el 75 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113, el 67,7 por ciento; y Resistencia, con 20, el 74,1 por ciento. La sección judicial de La Plata, que cuenta con el mayor porcentaje de detenidos, registra un 62,6 por ciento de ellos (72) en cárceles.

Por otro lado, si se enfoca la situación en los detenidos con prisión domiciliaria, las secciones judiciales que lideran esa variable, con el 100 por ciento, son Rawson, San Nicolás y Viedma, donde todos los detenidos (4, 2 y 1, respectivamente) están en sus casas. Neuquén tiene 13 detenidos en esa situación que representan un 86,7 por ciento; Salta, 11 y un 84,6 por ciento; Paso de los Libres, 5 y un 83,3 por ciento; y Azul, 28 y un 82,4 por ciento.

(Por Astor Vitali) El 28 de octubre el actor y empresario estadounidense Al Pacino será recibido por el Teatro Colón de Argentina. Realizará un espectáculo unipersonal. Las entradas en venta oscilan entre los $350 (paraíso de pie) y $12000, según los sitios web que, al día de la fecha, ofrecen el pase.

El diario de herencia oligárquica La Nación destacó –aunque lo calificó de coincidencia- la verdadera trama del tejido de una política peligrosa. Dice el pasquín, “cuando llegue el momento de armar el balance de este año el mes de octubre se destacará del resto por una peculiar coincidencia. Con apenas unos días de diferencia se presentarán en Buenos Aires dos de los actores más reconocidos del cine y el teatro de los Estados Unidos de las últimas cuatro décadas. A la ya anunciada presencia de John Malkovich los días 21 y 22 de octubre en el teatro Coliseo, se acaba de sumar la primera visita de Al Pacino a la Argentina. El actor ganador del Oscar por su papel en Perfume de mujer llegará el 28 de ese mes al Teatro Colón. Curiosamente, ambos artistas se presentarán en espectáculos unipersonales con el mismo título que invita a pasar una noche con su talento: An Evening with John Malkovich y An Evening with Pacino”.

Lo que aparece como coincidencia no es otra cosa que el avance de una corriente política en el ámbito de lo cultural que busca utilizar los recursos públicos en beneficio del sector privado. Este tema no es nuevo y lo hemos tratado en nuestra columna. Lo que va constituyendo un fenómeno social de época –y por ello es novedoso- es observar la naturalización de las víctimas directas de esta política y hasta, en ocasiones, la abierta defensa.

Hay dos grandes concepciones de políticas públicas en lo cultural. La primera es de carácter comunitario y tiene rango constitucional (luego de la reforma de 1994): considera la producción y el acceso a lo cultural y artístico como un derecho humano básico. Igual que la salud o la educación. La visión opuesta es la que prima de hecho, contrariando la norma superior de nuestra organización jurídica. Esta visión expresa que tiene derecho a lo cultural y artístico quien integre la casta de mayores recursos económicos. Si tu ingreso no alcanza cubrir la canasta alimentaria, no hay derecho al acceso a eventos de carácter cultural y artístico. Y andá a cantarle a Gardel.

La segunda visión no sólo es anticonstitucional sino que además es inhumana porque le da al ciudadano de poder adquisitivo medio (hoy devenido bajo) el carácter de bestia que no es sujeto a derechos culturales y que a esta altura del siglo XXI deberían ser discusión saldada. Se trata del esclavo del siglo XXI: está obligado a trabajar para pagar sus servicios básicos y bienes de consumo impuestos como “socialmente deseables”.

Sin embargo, lejos de ser una discusión saldada, no es nuevo que las huestes putrefactas del capital tienen como objetivo ir por las subjetividades masivas. Y esta es una tarea sobre la cual puede relevarse un grado de éxito superior a lo que en los años 60 y 70 se creía -desde el campo popular- la verdad revelada del fin de ciclo capitalista. Pasó todo lo contrario: no solamente se destruyó el llamado “socialismo real” sino que han avanzado sobre las subjetividades a un nivel que hasta pone en duda la posibilidad de transformación social en sentido anticapitalista, en tanto no se reconozca el problema y no se genere hegemonía ideológica en sentido contrario.

Por esto este tema, el uso de los espacios públicos, muestra una hilacha relevante del entramado de discusiones del entramado cultural. El Teatro Colón es uno público.

Quienes defienden este uso excluyente del Teatro Colón (en tanto se excluye a quien no tiene recursos) intentan argumentar que, en rigor, lo que se vende como un espectáculo de entretenimiento sería una masterclass. SI esto fuese así, ¿por qué no se vende como una masterclass? Y si fuese una masterclass a realizarse en la máxima sala pública argentina ¿Por qué no hay un sistema federal de participación estudiantil para asistir a una actividad educativa de carácter público?

Allí está la cuestión y es de fondo: es otorgarle al sector privado la potestad de definir cuáles son los espectáculos y las actividades artísticas y culturales que estarán en cartel. Es que en lugar de que el eje de la construcción de la agenda esté en manos de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura y de la comunidad a través del Estado sea el sector empresario aquel que defina.

Bahía Blanca tiene en el Ciclo Cultural Profertil la expresión máxima de esta política. Por supuesto, no es nuevo y por ello este debate debería ser evidente y no lo es. Esta ciudad cuenta con los Organismos Artísticos del Sur (OAS) que es un ente público de la provincia de Buenos Aires y sin embargo la mayor difusión publicitaria en la hoja central de cada uno de los programas tiene el logo de Profertil y el logo del Ciclo Cultural Profertil (ambos). Habría que develar incluso cuánto dinero ponen y si éste corresponde con el cartel que se le asigna. Los funcionarios consultados siempre ponen como virtud el hecho de que “el Estado gaste menos plata” a través de la financiación externa. Este razonamiento de tipo contaduril es reprobable dado que se está incumpliendo con una oblicación contractual aquirida por el Estado y es la de garantizar la cultura como un derecho. Para ello necesita ser autónomo de la influencia de la lógica capitalista y asignar presupuesto en lugar de recortarlo.

El planteo es, una vez más, si la cuestión es de uso público o si está destinado al usufructo del sector privado. No constituyen casualidad la presentación de los espectáculos n Evening with John Malkovich y An Evening with Pacino. Es una política. Una en construcción y búsqueda de legitimidad como la única posible.

Existe también la idea de la convivencia entre las propuestas privadas y públicas en salas públicas. Permítanme diferir en algunos criterios. A lo privado le corresponde el teatro privado porque su objetivo no es meramente artístico sino de lucro. Lo público debería tener recursos estatales cuyo objetivo sea garantizar los derechos establecidos en la mayor norma legal que es la constitución. Entonces, el teatro público debe priorizar lo público y si hay lugar buscar en cuál de los objetivos sociales se inscribiría una programación propuesta por el sector privado.

Luego, hay reminiscencias de viejos debates políticos acerca del Colón y de inmediato se viene a la memoria cómo al Maestro Pugliese le costó una vida de belleza, lucha y coherencia pisar el Colón.

El debate sobre la presencia de este espectáculo en la agenda del Colón es de carácter simbólico. No se establece contra Pacino ni en su favor. No juegan gustos personales. Tampoco contra los gustos acerca del consumo de la oferta de este actor. Tiene su origen en el hecho de que una instancia de gobierno promueve esta política, donde una estrella del cine comercial (cuya calidad como artista no pongo en discusión) utilice el mayor TEATRO PÚBLICO para venir a “charlar con el público” y esto constituye en sí mismo una desigualdad con el tratamiento a las propuestas que no llegan a ese escenario y son de igual o mayor calidad.

El Teatro Colón debe ser del pueblo y de sus laburantes de la cultura que realicen su labor con dignidad y calidad.

Si Al Pacino quiere pasar una tarde con público argentino que gusta en pagar miles de pesos por conocer su historia en lugar de pagar una entrada convencional para disfrutar de la gran calidad de propuestas de nuestros artistas, que alquile un teatro privado.

La hilacha que tiene como trasfondo este debate expresa una política que nos llevará directo a la privatización de los espacios públicos con las actuales gestiones nacional, provincial (Bs. As) y municipal. Allí está el proyecto de Ricardo Margo de poner un café en el subsuelo del Teatro Municipal. Esto lo diferencia de otros proyectos en marcha como, por ejemplo, el taller de luthería que la actual dirección del teatro viene construyendo, en el que se socializan conocimientos ancestrales acerca de la construcción de instrumentos cuya utilidad social es indiscutible. Tienen por destino, entre otros, las orquestas escuelas, tan maltratadas por el Instituto Cultural local.

Que quede claro: ningún ilustre referente de la cultura (se buscan aquellos que si no participan del gobierno no aparecen en ningún debate, no ponen el cuerpo) nos “salvará” de esta calamitosa situación; ningún aventurado funcionario o concejal se jugará entero más que para capitalizar pedacitos de momentos de popularidad.

Será sólo la organización de abajo, gremial y política de los y las laburantes de la cultura aquella que pueda oponerse a esto y además ofrecer alternativa.

Hay que poner el cuerpo, arriba y abajo de las tablas.

Un click, no basta.

Habría que animarse a sentirse parte de la cuestión de la que de hecho se es parte. Y de la cuestión política. Y poner el cuerpo en otra dirección. Porque en el sentido en el que vienen construyendo, llevan una buena parte realizada. De lo contrario, llegará el día en que toques la puerta del Teatro Municipal, del Teatro Colón o de cualquier otro teatro público argentino y te atiendan desde una oficina de la embajada.

An Evening with Al Pacino from CPCTY on Vimeo.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

El intendente Héctor Gay se refirió este sábado a la polémica generada por la “garita voladora” que tras el papelón nacional que significó su rotura horas después de ser inaugurada derivó en cuestionamientos por falta de transparencia en su contratación, el confuso uso del espacio público por parte de Bahía Transporte Sapem y el costo del diseño de la empresa Business.

Gay afirmó en el programa Enredados -que se emite por Continental con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena- que se “ha evolucionado mucho, de hecho hoy cualquiera puede ingresar a Gobierno Abierto y todo el movimiento online de la Sapem está”.

En cuanto a las garitas, explicó que “teníamos un proyecto de antes que lo había ideado o trabajado Schargorodsky cuando estaba al frente de la Sapem. Dijimos que íbamos a ir por las 150 garitas porque para nosotros el transporte público es muy importante”.

“Se hizo un llamado a licitación, la verdad que no nos conformó el tipo de garitas que había pese a que se presentaron tres o cuatro, decidimos explorar otro camino y ahí surgió la idea de la Sapem de convocar a un concurso de precios del cual participaron varios, con la idea de que ellos establecieran cinco garitas solamente. Esas cinco garitas se iban a poner a consideración de la gente y que la gente decidiera si estaba bien, si estaba mal, en qué había que mejorar y después el modelo definitivo”, dijo.

Gay detalló que uno de los requisitos para la compulsa era contar con equipamiento con espacios publicitarios para “que se financiaran solas” y que “al municipio no le saliera plata o la menor plata posible”. “Cuarenta garitas por lo menos deben estar, por los datos que tengo, comprometidas publicitariamente. En algunos sectores incluso hasta vecinos se comprometieron a difundirlo, Cerri, todo el sector de Paihuén”. Insistió luego que “los contratos para esos 180 mil pesos famosos publicitarios están”.

“La Sapem tiene una constitución muy particular de la cual una parte del dinero sustancial, lo aporta el municipio pero hay aportes que son por administración del sistema de las empresas de colectivo, Fournier y San Gabriel están aportando a la Sapem una cantidad de dinero importante que viene del sector privado y que la Sapem puede utilizar para mejorar el servicio”, comentó y precisó que dicha suma alcanza los “800 mil pesos” que pueden ser utilizados para “darle una comodidad al vecino”.

Puertas adentro

Más allá del malogrado paso por el Concejo Deliberante de Tomás Marisco, secretario privado del intendente y presidente de Bahía Transporte, las actas del directorio de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria a las que tuvo acceso FM De la Calle permiten reconstruir el debate en torno a la compra de refugios.

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El 10 de mayo Marisco presidió una reunión de la cual participaron María Belén Lorea, Marcos Streitenberger, Pablo Rosenfelt, Martín Rossi y los síndicos de la firma. Planteó la intención de comprar cinco garitas que serían abonadas por Bahía Transporte para “agilizar la implementación” y tener “un termómetro” de su recepción por parte del público.

Para “abaratar su costo”, Sapem podría contratar otra empresa para hacerse cargo de la explotación publicitaria de tres garitas que se colocarían en lugares de mucho tránsito. Las otras dos se colocarían “en lugares alejados”. El diseño de las garitas de Business fue “chequeado por los técnicos municipales” y su costo sería “chequeado con otros presupuestos que se circulizarán (sic)” para elegir el más conveniente.

El 2 de junio Marisco comunicó el “inicio de proceso para la adquisición” de las garitas  y prometió mostrar los presupuestos. El representante de la oposición del Concejo Deliberante, Pablo Rosenfelt (FpV), quien ya había manifestado su desacuerdo con el pago de los refugios por parte de Sapem por entender que era equipamiento urbano y que como tal debe ser abonado por la comuna, insistió con su planteo y recibió la respuesta de Marisco: “La idea es tener un gesto desde la Sapem hacia la sociedad y tener una respuesta de la gente antes de definir un modelo para licitar”. Las autoridades deliberaron y quedaron a la espera de los números ofertados para tomar una decisión.

Sin que conste en actas el resultado de la compulsa de precios, el 6 de julio Marisco se presenta con el contador Juan Lucas Velez “quien informa que la empresa Business ya envió su primer factura en vías de la confección de la construcción de los refugios, y dos barrios como son Bosque Alto y Paihuen pagarán de su peculio esas garitas correspondientes a esos lugares”. Rosenfelt manifiesta nuevamente su desacuerdo y “el resto de los directores agradece la información brindada”.

El Concejo espera a Manrique

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión convocar al secretario de Infraestructura, Guillermo Manrique, para que explique porqué se anuló la licitación adjudicada a la firma Torroba para contratar luego por compulsa de precios a Business por un precio mayor.

“El 15 de marzo habría sido el llamado a licitación y luego el 22 de abril se habría adjudicado la construcción de las garitas a la empresa Torroba por una suma de 3.186.000 pesos para el total de 150 refugios”, dijo Martín Salaberry (FULyT). El 26 de mayo la comuna dio de baja el trámite. “Llama la atención la diferencia entre el precio de contratación por parte de la Sapem de transporte, precio unitario de 36 mil pesos, contra una oferta que existía al municipio de 21.242 pesos”.

Desde el bloque de Integración Ciudadana se preguntaron cuánto le costaría a un bahiense hacer una garita y difundieron horas antes de la sesión los resultados de un estudio de costos que sumando 9.320 pesos de materiales y 7.000 de mano de obra daban un total de 16.320 por garita contra los 36.000 de Sapem-Business.

“No tenemos nada para ocultar”, dijo la oficialista Constanza Rivas Godio y expresó la molestia del PRO con la acusación de deshonestidad que Salaberry hizo contra el gobierno comunal y le solicitó al concejal que si piensa eso “vaya a la justicia”.

En busca de la mayor unidad para enfrentar las políticas del gobierno nacional, las autoridades de la CGT recibieron esta semana a referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El 24 de septiembre se reencontrarán en el salón Felipe Vallese de la CGT en el marco de un Encuentro de Movimientos Populares.

En diálogo con FM De la Calle, el secretario general de CTEP, Esteban Castro, aseguró que “hubo una unidad en la concepción de que todos somos trabajadores, los que trabajan formalmente y aquellos compañeros que hemos tenido que crear nuestra propias fuentes de trabajo porque el desarrollo del sistema capitalista nos va dejando afuera”.

El primer tema abordado en el encuentro fue “la situación económica que se está deteriorando, todos sabemos de los despidos, la inflación, la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, el presidente Macri planteando que no se abran las paritarias cuando es algo que en todo caso es una discusión entre los trabajadores y los dueños de las empresas, habló como un empresario y no como un presidente”.

“Para adelante planteamos que tenemos presentado un esbozo de ley de emergencia social que vamos a discutir con distintos bloques del Congreso, que ya estuvo presentado con 16 senadores y más de 20 diputados que también fue un momento histórico, y que necesitamos el apoyo y ellos se comprometieron a ir discutiéndolo”, dijo Castro.

La iniciativa propone “que existan por lo menos arriba de dos millones o dos millones y medio de programas Argentina Trabaja que fomenten el trabajo, no programas ni recursos o subsidios para quedarse en su casa”.

El titular de CTEP afirmó que “nosotros no somos desestabilizadores, que es una idea que están tratando de imponer sobre todo cuando ven estos procesos de unidad, imagináte que venimos desde el 24 de febrero cuando ATE planteó un paro, pasando por el 29 de abril que fue una jornada de lucha muy importante, se hizo lo del 7 de agosto un domingo que se llenó la plaza y nosotros fuimos un poco los protagonistas para poner en escena las reivindicaciones de nuestro sector y se hizo la Marcha Federal”.

“No hubo incidentes, nadie puede decir que fuimos agresivos ni que nos fuimos de mambo con declaraciones, estamos planteando que el gobierno le ponga un freno a las políticas de ajuste y que cuanto más proceso de unidad de los trabajadores existe menos posibilidad de desestabilización o estallido social.  Ahora, alguien nos tiene que dar bola”, advirtió Castro.

Agregó que “los que desestabilizan los países y los procesos políticos son los grandes grupos de poder económico, los que han generado los golpes de Estado han sido los más poderosos de nuestro país, no estamos a favor de ningún proceso que genere algún tipo de estallido social porque los muertos siempre son de nuestro lado”.

La Asociación Bancaria y la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia denunciaron “un achicamiento que a la larga puede ser una política de privatización de la banca pública”. Lo hicieron en el marco de protestas que esta semana tuvieron epicentro en Tandil, el 22 continuarán en Bahía Blanca y luego en Chivilcoy, Mar del Plata y La Plata.

Néstor Barral comentó a FM De la Calle que se trata de “medidas que de a poco va tomando el Banco Provincia donde va a seguir achicando algunos sectores a efectos de cerrar algunas sucursales que no son rentables perdiendo la función social y la ayuda económica para la producción regional, es un banco de fomento que tiene que estar en todos los lugares donde es necesario aunque no sea rentable”.

“No hay nombramientos de empleados, en muchas sucursales se está trabajando con el personal mínimo, donde los empleados están haciendo un esfuerzo tremendo para llevar la operatoria adelante porque se van jubilando”. El dirigente informó que “entre 270 y 280 puestos no se cubrieron”.

Barral agregó que “hay varios temas que estamos viendo que hacen que uno vaya notando que la política llevada adelante no es coincidente con la que ha llevado el Banco Provincia que es una de las entidades más antiguas del país -cumplió 194 años de vida- y desde un principio estas autoridades nombraron a un gerente general que no es de carrera cuando toda la vida fue así, era una persona de la banca privada que con el descontento de las gremiales internas y la intervención del gremio a nivel nacional pudimos lograr que se retire”.

“Otra de las problemáticas es que no hay diálogo con las autoridades del banco a pesar de haber pedido audiencias por parte de las gremiales internas, no hay alguien que dé la cara, ningún vocero al que se le pueda plantear las inquietudes”, dijo.

NO AL ACHIQUE DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este directorio es muy predecible y está muy claro su rumbo.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes del sistema productivo (por tasas activas) estableciendo tasas 10 puntos por encima del promedio del Banco Nación u otros bancos, por ejemplo, el Credicoop.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes porque este directorio desalienta la inversión financiera (tasas pasivas), por ejemplo la tasa de los plazos fijos está entre 4 y 6 puntos por debajo del resto del sistema.

  Al Banco LO ACHICAN cuando incumplen con la Carta Orgánica, y los miembros de su directorio violan los deberes de funcionarios públicos cuando deciden prestar su capital al BCRA bajo el formato de letras o títulos (LEBACS o NOBACS) lo que se define vulgarmente como “timba financiera”, y deja de cumplir con su rol de banca al servicio de la producción, de las Pymes, de incentivo a los pequeños y medianos comerciantes, y podríamos seguir.

  Al Banco LO ACHICAN cuando este directorio decide abandonar su política de personal y define que 10550 empleados son demasiados para el modelo de banco que tienen pensado.

Al Banco LO ACHICAN cuando sus directores deciden resentir la atención al público dejando sin cubrir más de 250 vacantes generadas en estos ocho meses. Y se despreocupan del deterioro de las dotaciones de personal poniendo en riesgo hasta la salud de sus trabajadores, e incluso resintiendo la relación empleados/clientela.

  Al Banco LO ACHICAN cuando deciden ir rumbo a un banco electrónico y se desentienden de la cuestión operativa de cada una de las sucursales.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen con acuerdos preexistentes y deciden aumentar las tasas de los préstamos personales, haciendo caja con sus empleados.

  Al Banco LO ACHICAN y ponen en riesgo su patrimonio cuando deciden tomar deuda por 5.600 millones de pesos destinado al rubro “modernización”, y no permiten el acceso a esa información y bloquean toda posibilidad de debate institucional y democrático.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen todos los canales de diálogo, cuando avanzan tercerizando áreas centrales, cuando contrata consultoras privadas para reemplazar tareas y funciones que el banco viene realizando desde hace 194 años.

  Al Banco LO ACHICAN y cuando LO ACHICAN y pierde, perdemos sus empleados y pierden fundamentalmente los habitantes y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

  Ante esta situación los trabajadores le decimos: NO AL ACHIQUE DEL BANCO PROVINCIA.

  Hace unos días nos movilizamos a Capital y participamos activamente del inicio del Plan de Lucha decidido por el conjunto de las CGI y con participación de las distintas seccionales de la Asociación Bancaria y el apoyo contundente de nuestro secretario General Sergio Palazzo. Plan de lucha que tiene continuidad y que se expresará a lo largo y ancho de nuestra provincia.

  Porque asumimos la defensa de nuestros puestos de trabajo, la defensa de nuestros salarios y la defensa irrestricta del banco como herramienta financiera de la provincia, como banco público, eficiente y al servicio del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los días 18 y 19 de octubre se realizará la evaluación Aprender con el objetivo oficial de “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo”. Desde Suteba advierten “la perversión de volver a la escuela como una mercancía, si se va a empezar a comprar y vender el alerta es entender que esto se puede ir privatizando de a poco”.

“Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa. En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes)”, dice la web del Ministerio de Educación.

Eugenia Justo, docente y dirigente de Suteba, explicó a FM De la Calle que “lo que después se construye con eso, y eso lo sabemos porque el sistema de evaluación existe ya en América, es atar los resultados de esas evaluaciones a buscar responsables. Sabemos que las evaluaciones van a dar bajas, que en Argentina calidad educativa no hay, que los últimos gobiernos han precarizado el conocimiento, por lo tanto, frente a eso lo que se va a ser es buscar responsables. ¿Quién es responsable de la baja calidad y de los malos resultados? ¿El gobierno, el Estado, los docentes, los alumnos? La intención va a ser apuntar a los docentes”.

“El objetivo de Aprender 2016 va a ser construir ese aparato en el cual a partir de ahora las escuelas tengan un ranking basado en la información que va a arrojar esta evaluación. A partir de esos rankings probablemente como ocurre en Brasil, las escuelas tienen presupuestos diferenciales, a mayor nivel educativo mayor presupuesto, lo que hace es generar circuitos diferenciales de educación y esta vez convalidados económicamente”, agregó.

Justo aseguró que cuestionan el tipo de prueba estandarizada: “Es una única evaluación para todas las escuelas de todo el país. Son multiple choice de respuesta cerrada, de varias opciones el alumno o la alumna elige una respuesta. No enseñamos de esa manera, enseñamos a través de procesos, la práctica pedagógica apunta a que el alumno o la alumna pueda a lo largo de un año o de meses llegar al conocimiento”.

Aprender 2016 fue diseñado por una empresa internacional y será ejecutada por agentes externos a las escuelas. “Los directores son contratados como veedores de la aplicación y los docentes como aplicadores, incluso hay un incentivo económico, se les paga, y no pueden evaluar su propio curso, es decir que la maestra que trabajó durante todo el año y sabe cómo los preparó y cómo fueron haciendo el proceso de aprendizaje no puede evaluar a su propio grupo sino a otro externo a su escuela inclusive. (…) La CTERA largó un comunicado oponiéndose a eso porque es anti estatutario cambiar el rol docente”.

“No nos oponemos a una evaluación, es necesario generar una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, lo venimos diciendo permanentemente a la comunidad, denunciamos que los chicos no aprenden. Han habido modificaciones este año de la calificación con la cual un chico promociona o no, en el gobierno anterior habían sido anulados los aplazos, salimos a decir que el problema no es con cuánto califica un alumno, el problema es que no aprenden”, afirmó la docente.

Por último destacó que “la información está en las escuelas, nosotros calificamos, ponemos notas todos los trimestres, diagnosticamos, los equipos de orientación hacen informes permanentemente de la situación socioeconómica de los alumnos, están en las escuelas los datos de deserción, de sobre edad, la cantidad de repitencias por año, cómo fluctúa la matrícula de mitad de año para adelante y para atrás. Son datos que hablan del sistema educativo y dicen mucho más que una evaluación multiple choice”.

La Asociación Judicial Bonaerense, al igual que CICOP, realiza un paro y movilización a la casa de la provincia en la ciudad de Buenos Aires.

“Seguimos reclamando la reapertura de la paritaria porque cuando estaba dispuesta la nueva mesa de negociación, tal como había sido acordado en el primer semestre, el Poder Ejecutivo a través de su ministro lo que hace es manifestarnos que unilateralmente daban por cerrada la paritaria con una nueva convocatoria a partir del mes de octubre, incumplieron lo que ellos mismos comprometieron”, dijo el secretario general bahiense Néstor Alende.

En diálogo con FM De la Calle el dirigente agregó que “sabemos que cuando dicen octubre es noviembre, diciembre o enero porque eso nos pasa sistemáticamente, este gobierno fue el que más ha tardado en convocarnos”.

La propuesta “fue rechazada de plano primero en la mesa y luego en las asambleas unánimemente en todas las departamentales así que volvimos a la carga con un plan de lucha que recién está iniciando, esperamos que el gobierno recapacite, esto obviamente lo tenemos que hacer a través de medidas de fuerza”.

“El gobierno se niega a reconocer la pérdida del poder adquisitivo que venimos tratando de recuperar, la inflación de agosto a agosto ha comido todo el aumento que se nos ha dado, tenemos una canasta familiar de 20 mil pesos, hay que cobrar 12 mil pesos para no estar por debajo del límite de la pobreza y muchos compañeros no lo cobran”, sostuvo.

En cuanto a la demanda gremial, Alende informó que “pedíamos un 45 por ciento de aumento con relación al obtenido en agosto de 2015 cuando cerramos el tercer tramo acordado en la paritaria, la inflación interanual es de aproximadamente el 45, simplemente para recuperar el poder adquisitivo porque no podemos decir que mejoramos nuestros ingresos”.