(Por Laura García Vázquez) Esta nota tiene por objetivo destacar un hecho inusual que consiste en que el “cambio climático” haya sido uno de los protagonistas en un Congreso de trabajadores de la energía, y, además que esto se haya dado en un contexto muy difícil para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en medio de despidos y recortes propiciados por el gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri. También estamos ante un aumento desmedido de las tarifas de los servicios, con lo cual, el eje sostenido durante años por FeTERA: ” la energía es un BIEN SOCIAL, un derecho humano, un problema de todos, LA ENERGÍA NO ES UNA MERCANCÍA”, se convierte en un objetivo prioritario que es necesario difundir y trabajar con la población en su conjunto. El desafío es encontrar una forma de comunicar y compartir para poder desarrollar la necesidad de que la energía sea vista como un derecho fundamental que necesita ser reclamado por todos. Este es el contexto nacional.

Por otro lado, nosotros señalábamos hace poco tiempo, en diciembre de 2015 con respecto a la COP 21:  “Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.”

Por eso en este Congreso señalamos: que es importante detenernos en la situación actual, que tenemos que saber a ciencia cierta que estamos ante un gobierno que puso un Ministro de Ambiente que “dice” todo el tiempo que defienden el ambiente, mientras retiran las retenciones a la megaminería.  Que también dice que este es un problema de todos, cuando las responsabilidades y posibilidades de actuar son tremendamente desiguales. Tenemos claro también, que una parte de los negocios privados y extranjeros que se priorizan actualmente en la Argentina tendrán el sello de la “Economía Verde”, que esto es una política mundial. El rol de los trabajadores de la energía es crucial,  está claro que tenemos que diversificar nuestra matriz pero que esta diversificación tiene que ser con el objetivo de democratizar y abaratar el acceso a la energía. Como dicen muchos compañeros de FeTERA  ¿Qué energía queremos y para qué? ¿Hacia qué modelo productivo queremos transitar?  La energía no sólo es un derecho humano fundamental sino que está ligado a la supervivencia: agua, alimentos y energía es lo que necesita todo ser vivo para conservar la propia vida.

El Congreso contó con la valiosa participación de María Elena Saludas quien intervino especialmente en este punto. Su claros y concisos señalamientos en un tema de por si complejo fueron enriquecidos por la voz de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Este tema, dijo,  tiene que ser abordado por todos y desde los saberes de todos, no es un tema de “especialistas”  como se nos quiere hacer creer sino que está ligado a la educación popular, es un tema de las poblaciones los modos de producción, distribución y consumo y son las grandes corporaciones y empresas transnacionales las que producen la crisis climática.   Luego, intervinieron, entre otros, Juan Alberto Llanos señalando la falta de nieve y de agua en la Patagonia y el negocio inmobiliario que determina todo esto, así como un problema de extranjerización de la tierra instalándose familias extrajeras en forma permanente. Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA explicitó que tenemos un problema civilizatorio, formamos parte de una cultura global en dónde la industria del automóvil domina nuestro comportamiento mucho más de lo que creemos, lo mismo sucede con la cultura del derroche y el descarte. Todo esto lleva a una sobreexplotación y hasta unas autoexplotación de los trabajadores y trabajadoras donde la plusvalía es nuestra propia vida. Terminó diciendo que tenemos que trabajar en defensa de un sistema de transporte público eficiente y defender la industria de productos de larga duración. En definitiva se trata de romper el deseo permanente de consumir cosas.

Ha sido una experiencia inenarrable compartir el Congreso de esta organización sindical conducida por José Rigane, organización ejemplar que construye día a día conciencia social y política en un tema crucial y estratégico como la energía. Poder trasmitir esta compleja realidad que muchos intentamos describir de manera sencilla y accesible es nuestra obligación y nuestro trabajo por delante ya que los efectos del cambio climático nos van a afectar a todos pero en primer lugar a los pobres y excluidos.

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El libro “Profeta del genocidio”, de Ariel Lede y Lucas Bilbao, será presentado este domingo a las 19 en el SUM de los Museos de Arte, como parte de las actividades que propone la muestra “Derechos Humanos, museo abierto y en acción”. Participarán junto a los autores los periodistas Diego Martínez (Página/12) y Diego Kenis (Agencia Paco Urondo).

Los diarios que llevó Bonamín durante 1975 y 1976 reúnen la doble condición de fuente historiográfica insustituible y aporte de peso a las causas contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Al mismo tiempo son un testimonio en primera persona por el que desfilan, junto a nimiedades cotidianas, secuestros, asesinatos, torturas. A continuación el diálogo de FM De la Calle con el historiados Lucas Bilbao.

-“Profeta del genocidio” es un libro con una fuente valiosísima desde lo histórico, judicial y testimonial que son ni más ni menos que los diarios que escribió el provicario castrense Víctor Bonamín entre los años 75 y 76. La pregunta que surge -y supongo han respondido en más de una ocasión- es: ¿cómo se hicieron de esta documentación?

Exactamente. El libro consta de dos partes, una de esas partes es la publicación completa de los diarios personales de quien fuera provicario castrense entre el año 60 y el 82, estos diarios pertenecen al año 75 y 76, es decir, corresponden con el período del inicio del terrorismo de Estado y en dictadura, el primer año.

¿Cómo nos hicimos de los diarios? A partir de una investigación que habíamos empezado con Ariel sobre curas del tercer mundo y trabajando con uno de ellos que era archivero, José Meisegeier, jesuita, muy reconocido justamente por su archivo, entre las cosas que tenía estaban estos diarios. Un hombre grande, ya cerca de ochenta años, y hace ya casi siete años que empezamos a ver cómo se le daba forma a eso que nunca había trabajado, estaba ahí, se sabía que era una fuente importante por las anotaciones que registra Bonamín.

-Antes de meternos en quién era Bonamín y qué plantea en estos diarios, desde el abordaje histórico, periodístico, del material, ¿cómo organizaron este proceso de siete años?

En primer lugar estudiar bien las fuentes, quién era Bonamín y a través de Bonamín conocer la institución que representaba que era el Vicariato castrense, este vehículo fundamental que tuvo el terrorismo de Estado y las fuerzas armadas para hacer sagradas sus acciones, para sacralizar las acciones en el marco represivo.

La etapa de contextualización la pudimos ir haciendo a partir de fuentes. Lo más a mano que teníamos era lógicamente la prensa. Bonamín en sus diarios, cualquiera que lo lea va a notarlo, era un hombre que viajaba mucho porque la diócesis, es decir, la jurisdicción que él atendía, eran las unidades militares de todo el país. Está viajando constantemente, cada tres o cuatro días está visitando una unidad y recorre toda la Argentina desde la Patagonia hasta el norte, los cinco cuerpos de Ejército.

En la prensa salía muchísimo este tipo de noticias avalando o legitimando también la acción militar, fundamentalmente después de 76. Daba mucho lugar a la cuestión religiosa y de los obispos vinculados a las fuerzas armadas.

Después también pudimos ir contextualizando con otro tipo de fuentes importantes como fueron los boletines que el mismo Vicariato distribuía cada tres meses o los mismos legajos de los capellanes que tiene actualmente el Ministerio de Defensa.

Ha sido un trabajo enorme, un rompecabezas muy grande para poder ir armando no solo la trayectoria de una figura como la de Bonamín sino también ir a lo más importante, la trayectoria de una institución que se había creado en un marco de dictadura, en la del año 57 de Aramburu, y había permanecido y profundizado su lugar, había tomado un rol protagónico para los años 70.

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-¿El Vicariato como institución, y Bonamín particularmente, de qué manera, a través de qué actividades o funciones cumplían el rol de sacralizar la represión?

Lo que decimos es que el Vicariato participó como educador de esas fuerzas armadas, que no son sólo los años 75 y 76, es un proceso largo en la historia política argentina donde la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante al lado de las fuerzas armadas. Eso viene desde principios del siglo XX.

Ahora, con la creación del Vicariato lo que le permite a las fuerzas armadas es tener a la Iglesia en su mismo seno. Hay una función educadora, pensemos en el marco de la guerra fría, de la doctrina de seguridad nacional, donde estos formadores y educadores que eran los capellanes de todas las unidades que tenían semanalmente y tres veces por semana una función educativa dentro de las bases y unidades militares, hay toda una función de cuál es el enemigo, siempre es el marxismo, la izquierda, y ya hacia los años 70 ese concepto se va delimitando y va a aparecer el fenómeno que ellos llaman “de la subversión”. El enemigo lisa y llanamente es la subversión. ¿Quiénes son los subversivos? Eso es un juego que han ido delimitando las fuerzas armadas, la Iglesia, la prensa, un conjunto de actores sociales y para los años 74, 75, 76, el blanco ya está mucho más certero y los años de dictadura ya saben contra quiénes deben ir.

-¿Los meses previos al golpe qué decía Bonamín?

Él registra día a día de qué hablan, cuáles son los temas importantes políticos y al interior de las fuerzas armadas o de la Iglesia, él está al tanto de todo fundamentalmente por la comunicación y la fluidez con la que visitaba las unidades militares, sobre todo los centros de formación, los edificios o lugares donde se concentraban las jerarquías militares. La fuente nos sirve para poder mirar al dedillo estos espacios que recorre y lo que se está conversando, sabiendo, en esos lugares. Pensemos que en el 75 se inicia el Operativo Independencia, es una fuente para poder mirarlo también con mucha claridad.

Bonamín relata la cuestión de las torturas, de los robos por parte del Ejército, las tareas represivas, etcétera. No teníamos, en Argentina al menos, una fuente similar, un diario personal donde viene un militar, habla con él y registra lo que hablaron. Bonamín vive para el mundo militar, es un militante de lo que está haciendo, entonces las conversaciones y anotaciones que aparecen la gran mayoría están vinculadas a la cuestión militar o eclesiástica en ese contexto particular. Nos ayuda a comprender mejor no solo la alianza entre la Iglesia y las fuerzas armadas sino los planes que traían las fuerzas armadas, por eso hablamos de planes sistemáticos, de reestructurar y reorganizar a la sociedad.

-¿Bonamín era la cabeza de una red de capellanes de cuántos centenares?

400 logramos localizar en todo el período, entre el 75 y el 83. En el 75 y 76 eran más de 260 capellanes. Hicimos el número completo de los que pasaron entre esos años por el Vicariato.

-200 igualmente no es un número despreciable…

No, para nada teniendo en cuenta la población militar y si a eso lo comparamos con, por ejemplo, la feligresía que tiene cualquier cura de parroquia.

profeta-¿Qué rol cumplían esos capellanes en relación a los detenidos en las unidades militares o sus familiares que generalmente se acercaban pidiendo información?

Ahí logramos contabilizar que 110 capellanes convivieron en unidades que tenían y alojaban centros clandestinos de detención. Hicimos un trabajo muy fino de poder pensar y analizar las funciones que tuvieron estos capellanes. Personas de una legitimidad y un trabajo como los capellanes militares en ese momento, los capellanes castrenses están full time trabajando en el Vicariato, visitan seis de siete días de la semana una unidad militar, están en contacto permanente no solo con las tropas sino con las jerarquías de esas unidades militares, saben lo que circula, la información que da, lo que sale, es imposible que estos capellanes estuvieran sin conocer lo que sucedía en un lugar que no le es ajeno. No se trataba de curas que iban usualmente a hacer una bendición, se trataba de funcionarios que iban seis días a la semana con tareas específicas, a veces de catecismo, a veces de charla, casi siempre en la labor educativa, más la ceremonia. Es imposible pensar que estos capellanes estuvieran al margen de la cuestión represiva.

En algunos casos a partir de testimonios, e incluso de lo que está saliendo en los juicios de delitos de lesa humanidad, sabemos de funciones vinculadas a la represión específica que tuvieron muchos de ellos como fue estar en las sesiones de tortura, amedrentar la conciencia de los genocidas, etcétera.

-En Bahía Blanca la justicia avanzó solamente en el caso de Aldo Vara, ex capellán del Batallón de Comunicaciones que terminó falleciendo antes de ser trasladado para ser indagado. En otras jurisdicciones y en base a la expectativa que tenían al aportar el material, ¿qué repercusión judicial tuvo la investigación?

Pudo ser incluida en alrededor de diez causas por delitos de lesa humanidad, algunas todavía están en curso, quizás la más emblemática fue la del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, donde los diarios sirvieron como prueba fehaciente para poder fundamentalmente contextualizar no solo la labor que había tenido el Vicariato castrense en esa estrategia de cercamiento hacia el obispo Angelelli, de quedar en una situación de soledad y de ser un blanco perfecto para las fuerzas armadas.

Ahí cumplió un rol fundamental el Vicariato en deslegitimar la pastoral de un obispo de la Iglesia Católica, es la misma Iglesia la que le está deslegitimando frente a los militares a uno de sus obispos. Como dice la sentencia, sin esta ayuda y complicidad del Vicariato castrense a la fuerza militar le hubiese sido al menos un poco menos fácil.

-Por último, ¿por qué aparece el capellán del V Cuerpo de Ejército Dante Inocencio Vega en el listado de quienes participaron del Operativo Independencia en Tucumán?

Es interesante poder mirar el proceso, nosotros también lo analizamos en particular dentro del libro. A partir de leyes que crea el gobierno de Isabel envían tropas a aniquilar -dicen ellos- la guerrilla rural en Tucumán. Eso va a durar al menos tres años, estamos hablando de 450 militantes y personas vinculadas a las organizaciones armadas con un ejército que despliega una fuerza de más de 2500 personas. Ahora, lo que necesitan las tropas del ejército y las fuerzas que están cumpliendo funciones en Tucumán es que la moral de los militares no decaiga en lo que fue ese ensayo de “guerra” -según ellos- que tuvieron los militares.

Era la primera vez después de años de hablar de la afronta ideológica contra el marxismo, de por lo menos más de diez años, era la primera vez que el ejército en territorio argentino le daba “guerra” a la guerrilla. Era el momento de aniquilarla.

Los capellanes tuvieron una función fundamental, incluso está dentro de la legislación especial que crea el Ejército para esos años, en ayudar a no quebrar la moral de los combatientes. Estaban al lado de las tropas para fortalecer espiritualmente el proceso de aniquilamiento de la guerrilla.

Muchos eran soldados conscriptos de 20 o 21 años que por primera vez participaban en acciones de ese tipo y que -lógicamente y como lo relata Bonamín en sus diarios- aparecen los problemas de conciencia, frente a eso, al lado están los capellanes para dar una seguridad moral. En ese proceso es que van pidiendo cada vez más capellanes, no solo del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba sino que empiezan a llamar a algunos de otro, del V Cuerpo creo que el único que va es Vega.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó esas condenas para Jorge Conti, Carlos Villone, Julio Yessi y Rubén Pascuzzi, todos ellos pertenecientes a la organización paramilitar desde cargos formales que ocupaban en el ministerio de Desarrollo Social que conducía José López Rega. A uno de ellos se le imputa haber ordenado el asesinato del padre Carlos Mugica. La causa tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó que cuatro integrantes de la Triple A sean condenados a penas de reclusión perpetua por cuatro homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves cometidos por la organización paraestatal que funcionó bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1973 y 1975.

En el marco de una causa que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó a Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi y Rubén Pascuzzi distintas intervenciones en torno a cuatro sucesos: la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del gremialista Carlos Llerena Rosas; la privación ilegítima de la libertad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Oscar Dalmacio Meza, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia” y el asesinato de los tres hombres; la privación ilegítima de la libertad de Carlos Tacchela, Alfredo Manachian y Roberto Omar Leonardo, quienes hasta la actualidad continúan desaparecidos, y la coautoría del crimen del padre Carlos Mugica, junto a las lesiones graves causadas a Ricardo Capelli. Los cuatro ya fueron condenados en febrero, junto a Norberto Cozzani, por la jueza federal María Romilda Servini por el delito de asociación ilícita. La misma magistrada interviene en la causa.

En particular, a Conti se le atribuye haber dado la orden para cometer los crímenes contra Llerena Rosas y los miembros del PST en lo que se conoció como “La masacre de Pacheco”, en los que habría participado Yessi junto a otras personas. A Villone se le imputan los mismos hechos, a los que se les suma su participación directa en los que afectaron a Tachela, Manachian y Leonardo en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y la orden para asesinar a Mugica. Finalmente, a Pascuzzi se lo sindicó como uno de los que participó del operativo contra el sindicalista mencionado.

El fiscal federal reseñó que en el trámite de la causa principal “se presentaron varias asociaciones y personas -damnificados o familiares de damnificados por hechos que se atribuyen a esta organización criminal-, motivo por el cual fueron incluidos seiscientos ochenta y un (681) casos de secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas y atentados”, y que por ese motivo “se formaron múltiples incidentes de investigación en los que se han adoptado diversas medidas de prueba”. Muchos de ellos continúan “en plena etapa de investigación”. En ese sentido, explicó que la Alianza Anticomunista Argentina fue “digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación” como “uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad con la actividad de López Rega o la administración central, procedentes de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetrar atentados contra locales partidarios”.

El secuestro de Llerena Rosas

El primer caso abordado en el escrito presentado en la etapa de plenario es el de Llerena Rosas, quien fue secuestrado el 30 de octubre de 1974 en las oficinas de la Asociación Personal del INTA (APINTA) ubicadas en Malabia 2157, en Palermo. De allí fue sacado a punta de ametralladora y cara descubierta por un grupo en el que fueron identificados Rodolfo Almirón -ya fallecido-, Yessi y Pascuzzi. El cadáver de la víctima fue hallado horas después en Ezeiza, con varias heridas provocadas por disparos con armas de fuego. La hipótesis de un testigo es que el crimen se cometió porque Llerena Rosas, como delegado, “proponía remover al Secretario General” del gremio.

“La masacre de Pacheco”

De la investigación surge que pasada la medianoche del 30 de mayo de 1974, un grupo integrado por 15 personas arremetió contra un local del PST ubicado en El Talar de Pacheco. Tras un primer ataque a balazos de metralleta, los agresores entraron al local y se llevaron a Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia”; antes de subirlos a los vehículos se toparon con Meza, quien estaba afuera. Los cuerpos de Zidda, de 22 años de edad y presidente del centro de estudiantes de una escuela técnica de Tigre; Moses, de 25 años y delegado en la fábrica Wobron; y Meza, de 26 años y delegado en Astilleros Astarsa, fueron encontrados en la Ruta Nacional 6 a la altura de la localidad de Manzanares. La testigo Ferraté identificó a Yessi como la persona que estaba a cargo del procedimiento.

Secuestros en Valentín Alsina

Por otra parte, la acusación efectuada por el fiscal Taiano también consideró acreditado que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1974 se produjo la privación ilegítima de la libertad de Roberto Leonardo, Alfredo Manachian y Carlos Tachella, quienes permanecen desaparecidos desde aquel día. Durante esa jornada también se encontraban en el lugar las parejas de Leonardo, Silvia Nieves Negro, y de Manachian, Nélida Ramos, que desde allí fueron llevadas a la Comisaría de Lanús, al Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield” y finalmente al penal de Olmos, donde se “legalizó” su situación.

Sobre el operativo, la testigo Nieves Negro refirió que un grupo ingresó provisto de armas largas, identificándose como “Triple A”. Tras ello, “ponen una máquina de escribir y nos empiezan a hacer preguntas. Nos preguntaban sobre nuestros datos personales, y en ese momento se empiezan a repartir las cosas que había en la casa, empezaron a robar otras personas que también estaban en la casa”. Nieves Negro fue llevada a una maternidad de La Plata, en donde dio a luz a su hijo, y de regreso a Olmos tuvo que criarlo en pésimas condiciones de salubridad hasta que en 1976 pudo entregarlo a su familia. Fue quien reconoció a Carlos Alejandro Gustavo Villone.

El caso del padre Mugica

El 11 de mayo de 1974, después de las 20, Eduardo Almirón, secundado por Miguel Ángel Rovira, disparó cinco veces contra Carlos Mugica a metros de la iglesia San Francisco Solano. Junto a él se encontraba Ricardo Rubens Capelli, que sufrió lesiones graves por balas provenientes desde adelante. Así lo determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 el 12 de julio de 2012, en el marco del expediente 14.905/2009, a través del testimonio de al menos cuatro testigos del homicidio que vieron también cómo los atacantes escapaban a bordo de un Chevrolet de color verde claro, que luego se identificó como robado.

Además de los autores directos, a través de la pesquisa en la que intervino la fiscalía a cargo de Taiano se concluyó que ambos respondían a las órdenes de Carlos Villone. Al respecto, cabe señalar que Mugica se había vinculado con el Ministerio a través de una asesoría ad honorem para hacer trabajo social en el barrio de Retiro. “Cuando Carlos toma conciencia de que desde esa secretaría de Bienestar Social no hay el menor interés en hacer nada por su gente, hace en la villa una renuncia pública, ante una multitud, y él dice que les pide permiso para renunciar a su puesto (…). Pienso que esta denuncia pública ante una multitud y pasada por televisión, fue su sentencia de muerte”, consideró su secretaria.

La fiscalía recordó que entre los elementos probatorios se encuentran los testimonios del edecán presidencial Tomás Medina, quien “manifestó que antes de que asesinaran a Mugica pudo escuchar una conversación mantenida entre Rovira y Almirón donde decían, refiriéndose al sacerdote, ‘a éste le vamos a hacer la boleta’”. “Ello coincide con los dichos de Salvador Horacio Paino, quien tuvo conocimiento de que López Rega había dispuesto que un grupo de personas, entre la que figuraba el Padre Mugica, serían ejecutadas por la Triple A”.

Cargos en el Ministerio

Tal como se estableció en las condenas de febrero por asociación ilícita, todos los acusados integraron la agrupación de extrema derecha desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno de López Rega.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Finalmente, se determinó que el policía Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Unión Obrera de la Construcción informó que en Bahía Blanca y una decena de municipios aledaños la desocupación del sector alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. Los despidos por la paralización de obras públicas y privadas llegan a 2100 aunque para el dirigente Guillermo Molina, el problema “trasciende lo numérico y la preocupación es que no se visualiza ninguna línea concreta de que esto se detenga y después se revierta”.

“Los compañeros nuestros están en cesación de pago, el salario al cual acceden es de público conocimiento que es realmente escaso, prácticamente si deja de trabajar entra en cesación de pago, no ya de cuestiones suntuosas sino hablamos de necesidades básicas, de comer, de vestirse, de la salud, de la vivienda, del transporte”, dijo a FM De la Calle.

Según un comunicado gremial, “en Bahía Blanca, están paradas obras de relevancia como es el caso del asfalto en Rega Molina 816 O la situación que genera una evidente contradicción, con una obra que implicaría la reactivación de 1200 puestos de trabajo, si se destrabara la postergación de la tercera turbina de la Termoeléctrica Guillermo Brown, en un contexto de anuncios nacionales en los cuales se declaró la crisis energética hasta el próximo mes de diciembre del 2017, pero se frenan las obras que podrían aliviar la crisis”.

“A este lógica inexplicable se suma otra obra energética parada, con 500 puestos de trabajo que se podrían generar si se reactivara la reparación de la termoeléctrica Luis Piedra Buena. Sólo por mencionar la situación en nuestra ciudad, pero esto como un efecto dominó, se replica en Cnel. Suárez, Carmen de Patagones, Pedro Luro, Mayor Buratovich y Tornquist, con obras de iluminación, cloacas, viviendas, escuelas y jardines que en muchos casos han sido postergadas o adjudicadas y no iniciadas”.

La frase corresponde a la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel (PRO), y fue registrada en el acta de la sesión del miércoles a pedido del consejero Raúl López, en el marco de un debate sobre la calidad de la leche que el municipio entrega a las escuelas.

“Los chicos no la quieren tomar, tiene gusto feo, gusto raro, la han disfrazado con otras cuestiones como chocolate o mate cocido y sigue pasando lo mismo y ante eso nos llega una muestra de cada una de las marcas que está repartiendo la municipalidad (NdR: Quelech y Lechelista) y ayer en la sesión preparamos un vaso de leche para que cada uno determinara si era cierto o no lo que estaban denunciando. No lo puedo decir en mi caso particular porque hace años que no tomo leche, pero algunos consejeros que la probaron dijeron claramente que tenía un gusto distinto”, dijo López a FM De la Calle.

El maestro pidió “que le den a los chicos la misma leche que le darían a sus propios hijos, si son chicos que van a un comedor o tienen que tomar la leche en el establecimiento no tiene porqué ser de menor calidad que la de cualquier otro chico”.

Desde el Consejo se denunció semanas atrás el recorte de cupos por decisión unilateral del gobierno provincial aunque la situación fue negada por autoridades de Políticas Sociales. “Si nos dicen que no hay tal recorte y no hay ajuste y a su vez se proponen para hacer un refuerzo con leche y alimentos no perecederos es como que una cosa contradice la otra”, destacó López.

Respecto a los dichos de la vicepresidenta Perdriel, opinó que fue “una frase lamentable que marca un poquito el perfil ideológico de quien la dice, te podrás imaginar que eso causó un revuelo bastante importante dentro de la sesión, para que no quede como un dicho o un dime y direte dejé establecido que quería que quedara en actas textual lo que había dicho la consejera”.

“El hambre es un crimen”

leeche atePor su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado criticó “las prioridades de los funcionarios” que en el marco del conflicto gremial destinan “plata para contratar empresas privadas cercanas al gobierno, pero no para invertir en mejorar las condiciones de trabajos y tareas del auxiliar de limpieza en las escuelas. Salarios de hambre para los trabajadores provinciales, no quieren dar un aumento real y reducen la partida para los comedores escolares”.

Mencionaron que en el Jardín N°953 y en “muchas instituciones” que reciben la partida municipal de “Lechelista” dieron cuenta de su “aspecto intomable” y que “a los cinco minutos de hervirla se forma un engrudo de grasitud”.

“La desnutrición infantil y la mala alimentación sigue afectando a un gran porcentaje de nuestra infancia, por lo tanto el gobierno provincial, nacional y municipal no deben dejar de implementar políticas públicas para desterrar este flagelo”, advirtieron.

Uno en mil quinientos

lechelistaEl secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici y su subsecretario Ignacio Caspe aseguraron que la comuna recibió sólo un reclamo sobre la calidad de la leche entregada a establecimientos escolares. “La realidad es que entregamos 1500 paquetes de leche a diferentes instituciones, no sólo educativas, y no tuvimos ningún otro reclamo formal. El único fue del jardín nº 953 de Ingeniero White”, explico Caspe.

El funcionario exclamó que “las condiciones de la leche que entregamos están aprobadas. La compra fue hecha por licitación, no es una leche exclusiva, ni fue una compra hecha para abaratar costos”, y continuó: “la leche se encuentra en las góndolas de los supermercados, la firma tiene más de 10 años de presencia en el país. Los valores nutricionales son los óptimos y no está vencida”.

Pierdominici, resaltó que “asumimos el compromiso de abastecer a los colegios mientras dure la coyuntura y la diferencia de cupos. Además, ya iniciamos un nuevo proceso de compra, de llamado a licitación, por un monto que pueda cubrir durante los próximos períodos la cantidad de establecimientos a los que les brindamos asistencia”.

Tal como informáramos el lunes, cuatro miembros de la Alianza Anticomunista Argentina fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría a cuatro años de prisión por el delito de asociación ilícita.

“Esperamos que ahora se empiecen a juzgar las demás instancias y hechos de la Triple A pero es un camino complicado el que tenemos, más por el cambio político, y que tememos que todas las causas de lesa humanidad o que tengan conexidad con las mismas sufran un retraso”, dijo a FM De la Calle Pedro Dinani, abogado de la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El juicio se realizó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), por ende, “al no haber juicio oral, la publicidad del acto queda a través de la prensa que se interese o básicamente con la cédula que nos llega a nosotros pero no toma estado público ese procedimiento porque es netamente escrito y no se escuchaba a los testigos de manera oral”.

Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi integraron la banda “proyectada, materializada, financiada y conducida” por agentes públicos como el ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, José López Rega.

“Se establece que López Rega sería el eslabón más alto y que la coordinación partía del ministerio en el cual él tenía asentadas sus funciones y por lo cual, a partir del Ministerio de Bienestar Social se coordinaban todas las acciones de esta asociación ilícita. Eso queda acreditado y puede servir como base para futuras imputaciones de las personas que se encuentren”, aseguró Dinani.

El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.

Dinani afirmó que “es la primera vez que se logra una condena porque en las más de las veces cuando se llegaba a un proceso previo a una condena fallecía el imputado o entraba en un estado de senilidad absoluta. Si bien se los condena por asociación ilícita por integrar la Triple A, no se los condena todavía por la inmensa cantidad de delitos y asesinatos que cometió la Triple A, por eso el monto de la pena es de cinco años”.

“Hubo un impulso central de la Liga en llevar adelante las causas de la Triple A, también una predisposición del juzgado de Oyarbide de procesar y detener a estas personas, son relativamente jóvenes, eran en ese momento grupos operativos de la Triple A, se los puede detener en función de que contaban con 65 o 68 años de edad, la plana mayor de la Triple A obviamente es mucho mayor”.

Dos de los detenidos continuarán con arresto domiciliario y otros tres en prisión, “quedaría por probar qué tarea cumplió cada uno de ellos en los crímenes de la Triple a, es una tarea compleja y va a costar mucho pero esta sentencia nos da un impulso”.

(Por Laura García Vázquez) Hace 4 años escribía este texto, dedicado a la memoria de mis padres, Néstor Enrique García y María Ester Vázquez, de cuya desaparición se cumplirán 39 años el próximo 13 de julio, y, a través de ellos, a toda su generación de compañeros y compañeras militantes revolucionarios.

Me pregunto, una vez más ¿ Por qué es que desaparecen? y respondo, cada vez con más certeza:  porque no todos somos iguales.

“Que la memoria nos ayude para que lo simbólico no nos tape lo real. Por la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos.

Queremos orientar nuestra reflexión hacia el significado de un hilo conductor histórico. Desde el: “seamos libres, lo demás no importa nada” de nuestro general San Martín, pasando por el “Liberación o dependencia” de los 70 queremos llegar a nuestros días.

Desde nuestra mirada, luchar hoy por la emancipación de nuestra patria, por el futuro para nuestros hijos e hijas tiene que ver, directamente, con recuperar nuestros recursos naturales, todos, los de las islas Malvinas y los de la plataforma marítima y continental, con no permitir el saqueo producido por empresas transnacionales, con ser un país con soberanía energética y con soberanía alimentaria, que proteja el medio ambiente, que favorezca el desarrollo cultural y social y los derechos humanos de todos sus habitantes.

Como hay tanto por hacer, creemos que el 24 de marzo es un día de homenaje, de reflexión, de construcción. El mejor homenaje que podemos hacer hacia los desaparecidos es trabajar para que el avance producido en el campo del poder judicial con el desarrollo de los juicios a los genocidas se traslade al campo de la economía donde las consecuencias de la dictadura afectan directamente a gran parte de nuestros hermanos. El proceso iniciado por Jorge Rafael Videla y que continuó  en otros gobiernos democráticos vino a ahondar nuestra dependencia. La deuda externa fue contraída ilegal e ilegítimamente mientras se asesinaba impunemente a miles de argentinos. La represión fue un paso necesario para endeudar a nuestro país y acentuar su dependencia. Gobiernos democráticos, un poco más tarde, continuarían con este plan  efectivizando el saqueo mediante entregas y privatizaciones.

Por todo esto el “no pago de la deuda” no es una consigna vacía ni panfletaria sino que representa directamente el dolor de las muertes, las de los desaparecidos y las de las muertes evitables que se produjeron durante todos estos años. Y es una consigna con un gran valor histórico que no olvidamos los que venimos con esta lucha desde la dictadura. Nos parece bien que se haya bajado el cuadro de Rafael Videla, pero no nos parece bien que se pague la deuda al Club de París, contraída durante la dictadura. Esta deuda se paga con nuestras reservas que deberían usarse para necesidades urgentes e imprescindibles para el bienestar de toda la población. Con su pago se van los esfuerzos y el trabajo de los argentinos.

El significado de este proceso está perfectamente denunciado por Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, carta de la que justamente hoy se cumplen 35 años.”

24 de marzo de 2012

Incorporamos, cuatro años más tarde, alrededor del 24 de marzo de 2016, algunas palabras referidas a este tiempo que estamos viviendo los argentinos. Siempre, desde hace 40 años, hago un balance alrededor de esta fecha tan dolorosa y particular. No pudiendo escapar a las décadas, los números redondos redimensionan la historia, la verdadera historia, desde una mirada que intenta incorporar pasado, presente y, sobre todo, futuro.

Nuestro país gobernado por Cambiemos

Cuatro años después, es otra la situación en la que nos encuentra este nuevo 24 de marzo donde los argentinos salimos nuevamente a marchar por Memoria Verdad y Justicia por las plazas y las calles de todo el país. Múltiples causas han determinado esta etapa que nos toca atravesar en la cual, creemos, humildemente, que, justamente en el año del Bicentenario de la Independencia, se ha vuelto a reformular lo contrario: la dependencia. No porque la hubiéramos superado en estos años anteriores sino porque los acontecimientos nacionales y latinoamericanos indican claramente un retroceso considerable a favor de la dependencia y esta realidad amerita, aunque no es tema de este escrito, estudiar seriamente y con autocrítica lo sucedido, como responsabilidad de cada persona, o grupo, u organización. Todo esto representa una cruel ironía del destino, tan cruel como tener que admitir que ganó las elecciones una alianza encabezada por un partido (el PRO)  que no tiene, ni siquiera, un pedacito de origen popular, obviamente con la complicidad y la ayuda de un partido que traiciona, una vez más, su origen. Me refiero a la Unión Cívica Radical.

La conciencia de la realidad nos indica que se producirá en los próximos meses  una gran recesión, y también que, por otro lado, hay reacciones importantes, pero que el grado de fragmentación y de disputas mezquinas y egoístas todavía prevalece demasiado y actúa en contra de la necesidad de unirnos y organizarnos.

Hegemonía o democracia

En el camino de fortalecer la esperanza y el espíritu patriótico y emancipador de tantos hombre y mujeres latinoamericanos que han trabajado incansablemente por la emancipación y la integración de los pueblos, es momento de considerar seriamente cómo buscamos la unidad necesaria, ante esto creemos que hay dos visiones: la hegemónica que lleva a disputas internas o competitivas a ver quién o quiénes dirigen o conducen las acciones (y que por lo tanto implican dominar,  utilizar y hasta a veces desaparecer al otro, sea una persona o una organización) o la democrática (que nada tiene que ver con lo formal e institucional de la democracia) que necesita de grandeza, solidaridad, respeto, diálogo, intercambio. Por supuesto esto amerita un gran cambio cultural de la práctica política pero sin duda contribuiría a aumentar la participación de personas independientes y ayudaría a reunir fuerzas y voluntades a la hora de enfrentar el proceso político que estamos sufriendo.

Habría que separar los momentos de construir lo propio de los momentos de unirnos y organizarnos en la acción, sin perder convicciones propias ni objetivos comunes. Esto sería sabiduría, eso quisimos que sucediera el pasado 24 de marzo. Por esto seguimos trabajando diariamente considerando que hoy es un trabajo imprescindible para la liberación, que sigue siendo nuestra necesidad.

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El libro “Colisiones viales en Bahía Blanca: descripción y análisis del impacto urbanístico, sanitario y económico 2012 – 2014” realizado por el Grupo Interdisciplinario para el Estudio de la Colisión Vial (GIECOV) fue presentado por autoridades municipales y de la Universidad del Sur.

El informe compila los resultados de la investigación realizada en el campo de la accidentología vial en la ciudad, sintetizando los temas abordados y esquematizando la situación del tránsito desde una perspectiva de las colisiones.

El decano de Medicina de la UNS, Pedro Silberman, expresó que “es una gran satisfacción haber concluido este trabajo, creemos que es un instrumento importante para el análisis y desarrollo de políticas públicas y también para el rol de la universidad y la investigación como soporte y herramienta”.

El texto cuenta con informes semestrales, análisis geográficos y urbanísticos, estudios económicos, datos asociados al concepto del Error Humano (EH), hipótesis y tendencias sobre la base de indicadores específicos. Además, ofrece información y datos relevantes, tales como el total de las colisiones viales según día y franja horaria, la cantidad de vehículos intervinientes, y las intersecciones con mayor número de colisiones, entre otros:

*Total de colisiones viales
Durante el período enero-diciembre, se produjeron 3.302 colisiones viales para el año 2012, 3.643 para el año 2013, y 2.938 para el año 2014. Es decir, en 2013 hubo un incremento del 10,30% respecto del año 2012, mientras que en el año 2014 se observó una disminución del 11% con respecto al 2012 y de un 19,35% con respecto al 2013.

*Cantidad de vehículos intervinientes
El análisis de participación de los distintos vehículos en las colisiones viales mostró que los automóviles y las motocicletas son los modos de transporte con mayor aportación a los accidentes. No se observaron diferencias interanuales considerables.

*Colisiones viales según día de la semana
El análisis de las colisiones viales según día de la semana mostró en los años 2012 y 2013 un crecimiento entre los días lunes y viernes, observándose un máximo para este último. En el 2014 se registra un crecimiento de martes a sábado, siendo el sábado el día con mayor número de colisiones.

*Colisiones viales según franja horaria
En todos los años se observó una distribución trimodal. El primer pico del día, entre las 7 y 9 de la mañana. El segundo pico al mediodía y el último entre las 18 y 20 horas. En el horario comprendido entre la 1 y las 5 de la madrugada se registró el menor número de colisiones viales. A partir de las 5 de la mañana el número comienza a ascender.

*Intersecciones con mayor número de colisiones del año 2014
Av. Alem y Cuyo: 12
Av. Alem y Córdoba: 11
Chiclana y Donado/Belgrano: 10
Av. Colón y Brown/Vieytes: 10
Cuyo y Zelarrayán: 9
12 de Octubre y Córdoba: 8
17 de Mayo y Sixto Laspiur: 8
17 de Mayo y Vieytes: 8
Almafuerte y Juan Molina: 8
Cnel. Charlone y Líbano: 8

Chicas muertas es un libro de no ficción que reconstruye tres femicidios impunes ocurridos en el norte de nuestro país, a partir de los cuales la entrerriana Selva Almada despliega “esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio”.

Almada participó esta mañana del micro de Acciones Feministas durante la emisión del programa En Eso Estamos de la FM De la Calle. Nacida en 1973, también es autora de Ladrilleros, El viento que arrasa, Una chica de provincia, Niños y Mal de muñecas. Su publicación más reciente es El desapego es una manera de querernos una reunión de relatos “dispersos e inhallables”.

“La idea de escribir un libro sobre estos casos arranca con un caso que yo conocía porque había sucedido en un pueblo vecino al mío cuando yo era adolescente, que es el de Andrea Danne. Nunca se había resuelto, además en su momento estaba lleno de visos misteriosos y la gente hablaba (…) enseguida se empieza a buscar las razones por las cuales casi podríamos decir se justifica el asesinato de una mujer”, afirmó.

chicas muertas efemedelacalleLa joven tenía 19 años y “la ligaban con tráfico de drogas, con prostitución, con que tenía una vida sexual muy activa, ese tipo de cosas que lamentablemente siguen ocurriendo cada vez que nos enteramos de un femicidio, como que la sociedad empieza a echarle la culpa a la víctima de que lo que le pasó, le pasó por su manera de comportarse o por como vivía. Me había impactado mucho porque además a Andrea la asesinaron en su casa, mientras estaba durmiendo, con sus padres en la habitación de al lado”.

“Estoy hablando de los años 80. Me fui interiorizando más en la temática, atando cabos y dándome cuenta que en realidad, de esto que se empezaba a nombrar como violencia de género, este tipo de crímenes que se empezaban a llamar femicidios y ya no crímenes pasionales como estábamos acostumbrados, eran cosas que me habían ocurrido a mí, a mujeres cercanas a mí, que me había criado con vecinas que eran golpeadas por sus maridos, o que tenían novios celosos que cuando se enojaban con ellas amenazaban quemarles la casa. Y a medida que me iba interiorizando más -para mí es como una causa te diría personal- cada vez me venía más fuertemente a la memoria el crimen de Andrea y después medio fortuitamente me topé con el caso de María Luisa Quevedo que es otro de los que habla el libro, una chica de 15 años asesinada en Roque Sáenz Peña, en el Chaco y después el caso de Sarita Mundín”, relató Almada.

La escritora subrayó que ninguno de los crímenes se resolvió: “Nunca fue nadie preso por esos femicidios pero la verdad que me servían de disparador y motivación para contar esto otro, en el libro hay muchas anécdotas (…) e incluso cosas que me pasaron a mí, que no llegaron por suerte a tener la violencia ni siquiera de un golpe pero que también son esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio o un golpe o situaciones más extremas de violencia”.

Escuchá la entrevista completa.

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Cristina Espina, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, se refirió en FM De la Calle al paro de 48 horas que culmina este miércoles. “Si no somos convocados seguiremos en lucha, solo atenderemos las emergencias locales y de la zona como hacemos siempre. (…) Lo lamentable es que además de convocarnos tarde, no tuvimos ninguna oferta. Los agentes de la salud no estamos tenidos en cuenta, ni recomposición salarial obtuvimos”, afirmó.

Espina sostuvo que “queremos un 40% de aumento retroactivo a enero, que esté reajustado a la canasta familiar o a lo sumo que tengamos paritarias abiertas”. Además aclaró que “es difícil conseguir gente para guardias, estamos un 25% menos de sueldo con respecto al hospital municipal”.

Respecto a las condiciones laborales sostuvo que “pedimos mayor recurso humano y por supuesto que se haga frente a los problemas edilicios, por suerte no tenemos grandes problemas con los insumos. Aparentemente vendría el dinero para reparaciones de cañerías y demás, estos fondos se renovarían cada tres meses. Esta idea es buena, debe ser así, es de la única manera que sirva lo que se hace”.

Texto: Diego García. 

El intendente Héctor Gay firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar a Bahía Blanca en el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). Martín Soulier, coordinador en el cono sur de la iniciativa explicó a FM De la Calle que es “una respuesta que lanzó el banco hace algunos años a dos grandes problemáticas que tienen que ver con el crecimiento de la población urbana en América Latina y el Caribe y el cambio climático”.

El plan califica como emergentes a las ciudades intermedias -de entre cien mil y dos millones de habitantes- que crecen por encima de la media nacional en términos poblacionales y económicos. “Tratamos de ver cómo fue el desarrollo de la mancha urbana de la ciudad en los últimos veinte o treinta años y cómo se proyecta que sea a futuro, en un escenario tendencial donde no se controla ese crecimiento o en uno inteligente o sostenible”.

“Se trata de cuantificar los costos de provisión de los servicios públicos básicos en un escenario y otro para que se pueda ver y observar cuánto más barato es para la ciudad desarrollar el crecimiento de la mancha de una forma sostenible”, dijo el funcionario.

Según Soulier, “no es algo que viene el BID a decirle a la ciudad qué es lo que tiene que hacer, se desarrolla entre equipos de profesionales del BID, del Ministerio del Interior de la Nación y de los gobiernos locales, incluyendo en la participación a instituciones de la académica y el sector privado”.

Durante la primera etapa, “se hace un levantamiento de distintos planes sectoriales o territoriales que se hayan llevado a cabo con anterioridad en la ciudad y de los principales actores de cada uno de los temas. (…) También de grandes proyectos o iniciativas que hayan en los temas en preparación o ejecución y se comienza la contratación de algunos estudios que realizamos”.

Las primeras tareas se financiarán con una “donación” del gobierno central mediante préstamos del BID recibidos por el Ministerio del Interior “destinados a estudios de preinversión”. Una vez desarrollado el “plan de acción”, las “unidades ejecutoras del préstamo” a nivel nacional podrán destinarlos para atender problemáticas vinculadas, por ejemplo, a “residuos sólidos” o el “mejoramiento de barrios”.

Roberto Calamita militó en la década del 70 en la universidad en las filas del Frente Antiimperialista y por el Socialismo impulsado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue detenido tras la declaración del estado de sitio en noviembre del 74, pasó siete como preso político hasta su exilio en Italia. De visita en Bahía Blanca en el marco del 40º aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar dialogó en FM De la Calle sobre su tarea en 24marzo.it y los procesos judiciales contra genocidas.

“Quien ha estado dentro de un infierno no puede dejar de preguntarse el porqué del infierno. Ese infierno existió, existió en determinados lugares, precisamente en Bahía Blanca existió en La Escuelita, en las cárceles, en Sierra Chica donde yo pasé, en la cárcel de Rawson donde yo pasé, en la Unidad 9 donde yo pasé”, dijo Calamita y agregó que “si hay alguien que piensa que la existencia de un infierno aquí sobre la tierra, en nuestra ciudad, tenga algún sentido todavía o haya tenido sentido que se haga cargo. Cada uno se hace cargo de sus propios errores, de los errores de los veinte años, nadie se cree un héroe, pero aquí ha existido un genocidio. A mí todavía me da vergüenza escuchar a quienes se refieren a ese período como Proceso de Reorganización Nacional”.

El entrevistado se apoyó en la tesis plateada por Marcelo Valko en Pedagogía de la Desmemoria y destacó que “todo genocidio es hijo de otro genocidio, es decir, no solo es necesario conocer estos testimonios o lo que pasó para saber nuestra propia historia sino la historia de nuestra sociedad, porqué suceden estas cosas y para que no sucedan nunca más. Es obvio que nosotros a los veinte años hemos tenido errores y nadie quiere dejar de subrayarlos porque por ahí hoy hay un intento de reflotar la teoría de los dos demonios”.

Calamita comentó que tras la cárcel y el exilio se acercó a otrxs argentinxs que “hemos vivido en estos infiernos” y fundaron la organización 24marzo.it: “El alma mater ha sido Jorge Iturburu, antes de 24 de marzo ya existían durante la dictadura los movimientos de familiares, mi hermano Walter ha sido muy activo en estas comisiones, pero hoy existe 24marzo.it que ha llevado adelante una serie de procesos (…) Massera, Podlech y el último el del Cóndor donde han declarado una cantidad de testimonios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Chile o Nila, la ministro de Sanidad de Evo Morales, hay más de cien testimonios que han viajado a Italia”.

“Memoria quiere decir darle espacio a la reconstrucción de aquellas vidas. Estos procesos en Italia, además de ayudar a otros países para que sigan el ejemplo argentino y aunque están hechos con la ausencia de los imputados, reconstruyen antes que nada la historia, el caso más emblemático es el de Luis Stamponi y Mafalda Corinaldesi que son personajes históricos de esta ciudad”, relató.
7c4173025ecb899d1392ee2babc5b5f7Al respecto, detalló que “Stamponi fue un continuador de la obra del Che Guevara en Bolivia y como dice su última compañera de no haber existido (…) esa lucha que hicieron esos compañeros, que es una lucha imperfecta como siempre repetimos, solo quien no hace nada no se equivoca, de no haber existido un personaje de esa catadura intelectual y de valor moral, hoy posiblemente no existiría el proceso de cambio que está habiendo en Bolivia”.

“Luis Stamponi es un puntaltense que parte a Cuba a hacer entrenamiento y luego sigue al Che Guevara en su lucha en Bolivia. Muerto el Che Guevara sigue la construcción del movimiento del Ejército de Liberación Nacional y funda el PRT boliviano. Luego de una vida muy aventurosa y de haber escapado varias veces a la represión, viene apresado por el ejército boliviano y entregado cuando descubren que no era un boliviano -tenía un documento falso-, que es argentino y lo entregan al Ejército que lo lleva muy probablemente a Orletti y de allí no se sabe más nada de él”, manifestó Calamita.

Por su parte, Mafalda Corinaldesi dejó Bahía Blanca para buscar a su hijo detenido en Bolivia. Al enterarse de que fue entregado a los genocidas argentinos, viaja a Buenos Aires. “Estaba alojada en una pensión, pocas noches siguientes, una comisión policial la viene a buscar y desde entonces está desaparecida. Hemos dicho en las entrevistas y las reuniones que hemos hecho en Italia que probablemente Mafalda fue una precursora de las Madres de Plaza de Mayo en la lucha inclaudicable y heroica de la vida de su propios hijos”.

Foto: Marta Bustos y Roberto Calamita, sobrevivientes del terrorismo de Estado, se saludan tras presenciar la charla Justicia y Dictadura organizada por la Comisión de Apoyo a los Juicios.

La Universidad Nacional del Sur convoca al alumnado para brindar apoyo escolar apuntando a fortalecer el nexo con las escuelas del nivel medio para difundir la oferta académica y social institucional. La propuesta pretende afianzar la implementación de políticas de inclusión educativa y la democratización del acceso a la educación. La iniciativa parte de la Secretaría de Cultura y Extensión y busca, a su vez, relevar los problemas barriales.

“La idea es que la propia comunidad universitaria se involucre con la sociedad en este tipo de acciones,  conozca las necesidades y demandas de Bahía Blanca mientras realiza su formación académica y se comprometa en tareas comunitarias. Además, se busca que los estudiantes avanzados colaboren con sus pares en el ingreso al nivel superior, ayudándolos en el primer año, que es clave para evitar la deserción”, dijo el secretario de Extensión, Claudio Carucci.

A lxs beneficiarixs se les ofrecerán visitas guiadas a la UNS y encuentros sobre orientación vocacional y técnicas de estudio; amén de asesorarlos sobre aspectos de la vida universitaria, tales como servicio de comedor, traslado, biblioteca, becas para facilitar su inserción en el sistema. En este caso, las actividades se harán en coordinación con las Secretarías Generales de Bienestar Universitario y Académica.

Las inscripciones de voluntarios y voluntarias se reciben hasta el 31 de marzo a través del siguiente formulario: bit.ly/convocatoriavoluntariado2016 y las consultas pueden hacerse en el 4595036.

 El proyecto contempla cinco líneas de acción: 1) apoyo escolar (nivel primario y medio) y acompañamiento educativo en organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad; 2) muestra itinerante de la oferta académica de la universidad y de los instrumentos de financiamiento de estudios de la educación universitaria; 3) visitas guiadas a la universidad con encuentros sobre orientación vocacional, incumbencias profesionales y suministro de información para el sostenimiento y bienestar estudiantil; 4) acompañamiento de los procesos de inserción y aprendizaje de los estudiantes ingresantes de la UNS; y 5) jornadas de identificación de problemas barriales con la participación de la comunidad y de docentes de la universidad.

En diálogo con FM De la Calle, Carucci se refirió además al 26° Plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) que se realizará los próximos días jueves 31 y viernes 1 en el Centro Histórico Cultural de la UNS. En el marco de dicho encuentro orientado a docentes, no docentes, estudiantes y actores sociales, se realizarán conferencias, talleres y charlas abiertas sobre la formación en Extensión.

Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y atentados de todo tipo fueron algunos de los hechos que fueron perpetrados por la Alianza Anticomunista Argentina, la asociación ilícita conformada en el seno del Ministerio de Bienestar Social por la que el pasado 19 de febrero fueron condenados cinco de sus integrantes.

Se trata de Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi, quienes fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini a cuatro años de prisión al término de un proceso que tramitó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP). El fiscal federal que intervino en la causa, Eduardo Taiano, y la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre, habían solicitado una pena de cinco años.

La jueza señaló en la sentencia que la Alianza Anticomunista Argentina “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación”, en referencia a José López Rega. En ese sentido, consignó que todos los ahora condenados estuvieron “vinculados en cierta forma al Ministerio de Bienestar Social”.

El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.

Elementos de prueba

Primero como testigo y después como imputado, en 1975 el ex militar Salvador Horacio Paino “admitió haber organizado (por orden de López Rega) esta asociación criminal que dio a llamarse ‘Triple A’”. El fallo recuerda que Paino “aseguró que le habían encargado el asesinato” del diputado Rodolfo Ortega Peña y que pudo ver una lista de las personas que la asociación ejecutaría, entre los que nombró al padre Carlos Mugica y al ex subjefe de policía Julio Troxler, entre otros. En ese sentido, aportó un organigrama con la estructura, integrantes y funciones de la organización.

Por otro lado, una variedad de testimonios dieron cuenta de la existencia de armamento en la sede del ministerio, atentados contra los diarios El Mundo, Clarín y la revista Militancia, que obligó a periodistas a exiliarse en Perú. Asimismo, narraron que en las reuniones de gabinete “se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados”.

Contexto

Para la magistrada federal, “el delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado”. Y precisó que se utilizó el espacio “como lugar físico de sus reuniones, se financió -entre otros aportes- su funcionamiento, se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano, apuntó en el pedido de pena que “los pasos seguidos por la banda criminal consistían en: difundir sus amenazas, lo cual instalaba el terror y provocaba el aislamiento de sus víctimas; luego ejecutar la brutal condena y finalmente exhibir los cuerpos torturados, destrozados, como una inconfundible marca registrada”. “Hipólito Solari Irigoyen fue el primero de la lista de varios más”, añadió la jueza en el veredicto, que además de los crímenes de Ortega Peña y Troxler (“Se cree que motivó su deceso la investigación en curso contra el titular de la cartera del Ministerio de Bienestar Social”, detalló), también enumeró los del hijo del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Raúl Laguzzi, de Alfredo Curutchet en Beccar, el de Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, y los de Pedro Barraza y Carlos Laham, muchos de ellos reconocidos en comunicados.

Roles

En la sentencia, se identificaron las funciones de los acusados. La de Conti “era la de ‘enlace’ entre López Rega y los distintos miembros de la asociación”, en tanto “se encontraba a cargo del grupo de ‘acción psicológica y propagandística (utilizando sus influencias y cargos en los canales de televisión) y de los grupos N°1 y N°2 de la asociación criminal”. Tuvo gran peso el testimonio de Ricardo Rubens Capelli, quien fue testigo y resultó baleado en el asesinato de Mugica: estando internado en el Hospital Rawson recibió la visita de Conti, quien le comunicó que López Rega se ponía a disposición “para lo que necesite”. Su reacción fue inmediata: le pidió a sus amigos que lo sacaran de ahí “porque iba a ser boleta”. Es que otra de las actividades del periodista era ir a ver a testigos directos del accionar de Triple A “a fin de amedrentarlos”.

El mismo testigo refirió que escuchó que “Conti le dio a Paino 10 millones de pesos para que éste armara la Triple A”; asimismo, dijo que “por la oficina de Conti pasaba la gente de la custodia de López Rega”.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F y de la agrupación de extrema derecha, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”. Como “era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio”, “sin su participación la organización ilícita no habría actuado con tantas facilidades”. El edecán presidencial entre 1973 y 1974, Tomás Medina, sostuvo que con la participación de Villone “se encubrían y ayudaban a las andanzas de esta organización ilícita”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Servini y los acusadores consideraron probado que estuvo a cargo de “comandar un subgrupo del grupo uno, recibiendo órdenes de manera directa de Conti”. A modo de ejemplo, se determinó que retiró del aeropuerto de Ezeiza un cargamento de 10 ametralladoras (siete MK5 y tres MK3), y fue identificado por uno de sus secuestrados, que además de Paino declaró contra él. Cozzani -quien durante la dictadura militar sería la mano derecha de Miguel Etchecolatz en la policía de Buenos Aires y en 2012 fue condenado a perpetua- se incorporó en la formalidad como Supervisor de Operaciones. Finalmente, se determinó que Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Sobre el delito de asociación ilícita en general, la jueza indicó que “se agotó en 1975”. Al respecto, consideró que “La ‘marca’ o ‘las señales’ de la asociación quedarán puestas en evidencia” con otras causas en trámite, elevadas a plenario, “donde se investigan las responsabilidades de todos los imputados” por hechos puntuales como privaciones ilegales de la libertad, homicidios y lesiones graves. “Conti, Villone, Yessi, Cozzani y Pascuzzi conocían sobradamente lo que acontecía en el seno de esa asociación, por su permanencia en la misma, y por la división de roles (…), se encuentra acreditada la existencia de un acuerdo o pacto entre ellos”, detalló.

Imprescriptibilidad de la asociación ilícita

Tal como sostuvieron la fiscalía a cargo de Taiano, la querella, el juzgado en la etapa de sumario y la Cámara Federal de Apelaciones, Servini coincidió en que “no existe ningún obstáculo legal para la persecución de este delito, pues la acción penal respecto del mismo es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad”. “La organización denominada ‘Triple A’ fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación –López Rega-, y si bien en esa época nos gobernaba un gobierno constitucional, las autoridades que tenían a su cargo la dirección del país, toleraron su actuación, los procedimientos de su accionar y sus objetivos de presionar, amedrentar y por qué no eventualmente aniquilar a sus opositores tanto ideológicos como partidarios”, detalló.

“Todo este cuadro de situación, completa los requisitos que el derecho penal internacional exige al definir estos crímenes de lesa humanidad, cuando contempla la necesidad de que el ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil sea cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”, agregó la magistrada en respuesta al planteo de prescripción interpuesto por una de las partes.

Fuente: fiscales.gob.ar

Foto: Lopez Rega entrega un cheque durante el casamiento al ex jefe operativo de la Triple A, Rodolfo Almirón -ambos fallecidos impunes-.

 

“Nunca Más… Para todos los sectores…”, reclamó la vicepresidenta PRO del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, al cumplirse cuarenta años del último golpe de Estado cívico militar, haciendo tanto ruido como el silencio de la gestión municipal de Héctor Gay sobre la dolorosa efeméride. La docente subió su deseo a su cuenta de Facebook y linkeó un “listado completo de ataques y asesinatos de montoneros y erp”.

Tanto la acción o la omisión mencionadas contrastan con la contundencia del repudio al terrorismo de Estado demostrada por centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos en las plazas del país el jueves pasado, en el aniversario del inicio formal del plan sistemático genocida para la eliminación de lxs opositorxs a la dictadura, cuya denuncia por parte de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos fuera ratificada por más de 150 sentencias judiciales.

Perdriel fue electa en octubre de 2015 y es una de lxs cuatro representantes del macrismo en el órgano educativo. El oficialismo local la propuso como candidata a presidenta del Consejo aunque perdió la elección a manos de la larraburista Susana Rodríguez.

pedrielEn su curriculum virtual, Perdriel detalla que se desempeña en la Escuela Primaria Nº10 y hasta el año pasado lo hacía como directora de la EP Nº17 “Cnel. Leonardo Rosales”. También pasó por el Instituto Julio César Avanza como “profesora de EGB para I y II Ciclo” y “Docencia”. Entre sus “aptitudes” apunta: “negociación”, “inglés” y “oratoria”.

El reclamo de la consejera no sorprende en las filas de la Alianza Cambiemos donde militan varios funcionarios ligados a la dictadura y muchxs de sus dirigentes, a pesar del esfuerzo por contenerse o disimular, muestran la hilacha habitualmente. Desde “el curro de los derechos humanos” que prometió abolir el actual presidente durante su campaña hasta su más reciente nunca más a la difusa “violencia institucional“, pasando por el bache de Quilmes del cocinero Molina, el encubrimiento de la participación civil en el golpe denunciado por el SiPreBA, hasta el negacionismo del ministro porteño Darío Lopérfido.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj milita por el encierro domiciliario de genocidas y, en sintonía con Perdriel, recibió en la mismísima ex ESMA al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización de militares y familiares creada para pedir “memoria completa” y juicio y castigo para los “crímenes de la guerrilla”.

¡Escuchá! Cuentos, rimas, y versitos para los más chiquitos (y no tanto)” de Alicia Partnoy y Ruth Irupé Sanabria -con ilustraciones de su madre y abuela Raquel-, será editado próximamente en La Pampa por la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 mediante su editorial 7 Sellos.

Alicia es sobreviviente del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca y exiliada en Estados Unidos, donde se desempeña como profesora de Filosofía y Letras. El libro recopila textos de finales de los 70 y principios de los 80, escritos en la cárcel de Devoto para “jugar” con su hija “a través de sus líneas”.

Para Yanina Lofvall, integrante de 7 Sellos, la edición es “una alegría inmensa” porque “era un anhelo de Alicia, que es una gran militante y ha escrito cosas inmensas de valor histórico como ‘La Escuelita’ pero tenía ese sueño de poder publicar los cuentos y los versos que alguna vez escribió a su hija y en eso estamos”.

“Este libro para niños tiene escondido entre sus líneas el amor de Alicia. Nos muestra el ejemplo de una madre que en las épocas más oscuras de nuestra historia, que atraviesa su vida particular, el amor vence al odio”, aseguran desde la editorial en el lanzamiento de la preventa de la obra.

“Introduce el libro una carta que tiene que ver con las cosas que Ruth pensaba o preguntaba sobre su mamá mientras estaba detenida”, comentó Lofvall a FM De la Calle y agregó que los textos permiten abordar el terrorismo de Estado “desde un lugar un tanto particular que quizás no siempre se analiza, que tiene que ver con el vínculo de amor de una madre detenida con su hija, y cómo a través de esos cuentos, de esos relatos, ella trataba de que no se quiebre el vínculo de amor”.

La editorial publicó un adelanto de la obra para trabajar en las escuelas en el marco del 40º aniversario del golpe de Estado y su resultado puede verse en la página de 7 Sellos, en la cual comparten los dibujos de lxs niñxs que escucharon el cuento “Un sueño muy loquito”.

“Pedimos el acompañamiento de la gente para que Alicia sienta que este libro llega y que es una manera también de reestablecer la presencia de los desaparecidos en este contexto histórico tan complejo, volver a poner el tema en cuestión desde los lugares que hay que analizarlo, porque este vínculo entre Alicia y Ruth sigue marcado por esta historia”, dijo Yanina.

Para adquirir el libro en la etapa de preventa que finalizará en mayo pueden consultar mediante Facebook o escribiendo a [email protected]

Carta de Alicia a Ruth no incluida en el libro, publicada por su autora en Facebok:

V. Devoto, 17-4-79

HOLA RUTI!

¿Cómo te va? A mí más o menos porque estoy engripada. Aat chús! Estoy meta estornudar y sonarme la naríz, qué rabia! Me de bonca estar resfriada. Aat chús! Y cada vez que estornudo me tengo que agarrar el diente porque sino !ZAS! se me vuela ¡qué lío! Entonces con una mano me tengo que tapar la boca para que no se me vuele el diente. !At chús! Y con la otra mano tengo que buscar rapidito el pañuelo para sonarme la naríz. ¡At chús! At chús! Aaat chús! Ahora estoy acostada y bien tapadita, tomé té y remedios y tengo que esperar un poco hasta que se me vaya este resfrío hincha. ¿Sabés por qué uno se agarra un resfrío? Resulta que en el aire andan una especie de bichitos tan chiquitos que ni se ven, a veces no te hacen nada, pero a veces cuanto se te meten adentro te resfriás; esos bichitos se llaman VIRUS. ¡Qué nombre! ¡VIRUS! me da risa y cuando es uno solo no se llama VIRU se llama VIRUS igual! Resulta que si una se queda en la cama o adentro de la casa y no toma frío y se toma el remedio que le da el doctor, el cuerpo toma fuerza y más fuerza y zás! Mata a todos los VIRUS y uno se cura. Sabés que cuando eras chiquita y vivías con papito y conmigo, cuando te resfriabas o te agarraba tos – también por culpa de los virus – yo me quedaba cuidándote y papito iba a llamar por teléfono al doctor y a comprarte los remedios o si no al revés, yo te iba a comprar los remedios y papi te cuidaba y te ponía la bolsita de agua caliente para darte calor en el pechito y la espalda, eso hace bien para que el cuerpo se ponga fuerte fuerte y pueda echar afuera todos los virus. Ahora cuando te enfermás te cuidan el Chino y la Raquel o los abuelitos Berta y Carlos. ¿Cierto? Ellos te cuidan siempre porque te quieren mucho. Papito y yo también te queremos mucho pero no te podemos cuidar porque no nos dejan estar con vos ahora, pero cuando podamos te vamos a cuidar corazoncito. Ahora te mando besos…

PD: Besos y mas besos! ¡Aat chús! Te quiero mucho

MAMÁ

Concurso literario: últimos días para participar

logo-identidades-768x861Uno de los desafíos de la editorial 7 Sellos es “buscar la identidad del autor y su texto, para que la edición del libro refleje un producto acabado de la inspiración del escritor”. Por ello propusieron a niñxs y adolescentes, escritorxs, movimientos cooperativos, ONG’s e instituciones participar del “Concurso Literario Identidades” para “conocer, profundizar y comunicar las identidades que atraviesan a autores y sociedades”.

Se puede participar enviando textos hasta el último minuto del próximo 30 de marzo según estas bases y condiciones.

El Centro Cultural La Panadería y Grupo Nuevodrama Teatro, en adhesión a los actos conmemorativos del 40° aniversario del último golpe de Estado cívico militar, presentará a las 21 la obra Arturo Ui en Lamadrid 544, posteriormente se realizará una vigilia cultural con músicxs, poetas y artistas.

Alberto Rodríguez resaltó por FM De la Calle la necesidad de revisar por qué militaban lxs 30 mil y destacó que “las luchas no pueden estar divididas, el 24 no puede tener dos marchas y por eso este 23 queremos que sea una vigilia en unidad, hemos hecho la convocatoria a todos los sectores, es una expresión cultural, es más unitaria, menos problemática tal vez, ojalá que en esto sí nos podamos encontrar”.

En cuanto a la selección de la obra de Bertol Bretch, el actor afirmó que “tiene que ver con lo que está pasando, lamentablemente, el ascenso de los sectores reaccionarios al poder, en este caso en nuestro país, pero Europa con las movilizaciones y avances de los grupos de ultraderechistas en contra del inmigrante, creo que la xenofobia ha aumentado en el mundo en función de que este señor por más que tenga color negro y sea demócrata ha avanzado en las guerras y en la destrucción de países como Libia o Siria. Creo que el imperialismo nunca ha dejado de actuar”, aseguró Rodríguez.

arturo uiAl ser consultado sobre la recepción del gobierno macrista a Barack Obama colocando banderas estadounidenses en el Parque de la Memoria, Alberto subrayó que se trata de “una nueva desaparición de los desaparecidos (…) ya que el principal responsable junto con la junta cívico militar que asumió en aquel entonces, no cabe dudas que Estados Unidos fue el que jugó el rol principal”.

“Lo que viene se va a hacer mucho más difícil”, adelantó y agregó que como “diría un viejo maestro: los ricos cuando ven peligrar sus bienes se unen y son un puño único, quienes luchamos por una sociedad distinta no nos une el dinero, por lo tanto tenemos muchas veces diferencias y desunión, creo que los treinta mil tenían una idea de país, hay que empezar a debatir eso, qué tipo de país, por quién luchaban, por qué Estado luchaban, cuáles eran sus ideales”, dijo.

En ese sentido, opinó que en que en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia quedó pendiente la discusión sobre los proyectos políticos de la militancia setentista: “No se retomaron los escritos, las revistas, los periódicos de aquel entonces para ver si realmente estábamos luchando por un sistema democrático burgués donde la corrupción siempre iba a manos de los ricos, donde los negocios los hacían las grandes corporaciones, donde las mineras se quedaban con la tierra y con el fruto de las mismas sin pagar un céntimo. Ese no era el proyecto revolucionario de los setenta. No para imitar, no para volver a querer llevar adelante los mismos métodos, pero sí creo que hay que rediscutir gramscianamente una nueva forma de hacer política”.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició con falta de mérito al director del diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia), Vicente Massot. Reseñaron las pruebas sobre la acción psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros gráficos.

La presentación apunta a torcer el rumbo fijado en la causa por el juez subrogante Claudio Pontet, quien dictó en primera instancia la falta de mérito y luego fue apartado del expediente, y la confirmación -fechada el 25 de febrero- de esa decisión por parte de los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, quines deberán tratar ahora la admisibilidad del recurso y rechazarlo o enviarlo a Casación para su tratamiento.

Massot está acusado por la Fiscalía de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior. También, le imputan haber efectuado desde el diario aportes “esenciales” en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

En el recurso de casación, Palazzani y Nebbia señalaron que la resolución de la Cámara Federal era nula “por ausencia de mayoría válida de votos coincidentes” para analizar la actuación como juez subrogante del secretario judicial Pontet y la consecuente validez de su fallo. La Fiscalía había tachado de ilegal la actuación de ese funcionario, a quien incluso había recusado -sin que esa petición hubiera sido tratada a tiempo- por su relación con Massot y su parcial actuación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo señalaron oportunamente que correspondía “declarar la inexistencia de la falta de mérito dictada en primera instancia”.

Por otro lado, los fiscales señalaron que la resolución “padece de arbitrariedad y fundamentación aparente” y remarcaron que “el dictado de la falta de mérito resulta equiparable a sentencia definitiva”, lo cual -sostuvieron- es suficiente motivo para fundar la admisibilidad del recurso.

Acción psicológica

Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que la resolución de los camaristas “reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea”. Y subrayaron que, en ese contexto argumental, la confirmación de la falta de mérito es la “tergiversación” de los hechos. “De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional, durante el período de los años de plomo”.

Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la sentencia invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo, es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado, y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas, y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)”.

También subrayaron que los tomos con los diarios de la época -secuestrados en un allanamiento encabezado por los fiscales en la sede del medio gráfico- son la prueba de esa hipótesis.

Los fiscales señalaron que en el diario, la radio y la televisión conducidas por la familia Massot “quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el ‘enemigo’, el ‘subversivo’, el ‘apátrida’, el ‘ideólogo’), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Esa misma conducta se dio con “una amplísima empresa de persecución y señalamiento del blanco (la configuración y selección del “otro”), en buena parte orientado hacia aquellos que denunciaban y/o reclamaban por las personas desaparecidas, calificándolos como acción psicológica del enemigo”, describieron.

En este sentido, los fiscales cuestionaron la interpretación que los camaristas hicieron de la acusación, al considerar -los jueces- que la Fiscalía puso todo el peso de la acción psicológica desarrollada por las Fuerzas Armadas en La Nueva Provincia y señalar que la empresa fue “utilizada” por los responsables militares de la zona. Esas dos aseveraciones, señalaron, son erróneas, pues “como toda actividad criminal compleja realizada como parte del terrorismo de Estado, la acción psicológica constituía uno de los planos del plan criminal consumado de manera general sobre la población, y particular sobre cada una de las víctimas. Además, la acción psicológica implicaba en sí misma una actividad colectiva, que abarcaba diferentes actores y etapas”.

Al respecto, puntualizaron que “una vez reconocido que la acción psicológica era parte del plan criminal general y particular y que La Nueva Provincia participó materialmente de tales procedimientos, lo que correspondía sopesar era si dicho aporte resultaba penalmente relevante”.

Inteligencia de manual militar

Los fiscales citaron además los reglamentos militares de la especialidad de inteligencia, que definen los objetivos y los medios, y recordaron que el jefe del V Cuerpo del Ejército, Adel Vilas, definió por entonces a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” en las tareas de acción psicológica, luego de que el diario presentara como muertos en un enfrentamiento a víctimas de una ejecución.

Por otro lado, los fiscales cuestionaron que la Cámara pretendiera presentar que el diario alentó a la denominada “lucha contra la subversión” sólo en su aspecto “legal” y recordaron al respecto que “la exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público, como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad”.

En ese sentido, añadieron que “no puede predicarse sobre una misma actividad un carácter legal y otro ilegal. Lo que correspondía determinar es si Vicente Gonzalo Massot, como miembro del núcleo decisional de la empresa, participó voluntariamente de dicha ilegalidad”.

Además, remarcaron que la Cámara Federal bahiense no dio tratamiento a “la plena coincidencia entre la actividad emprendida por el núcleo decisional de La Nueva Provincia y los reglamentos militares y fines del plan criminal”, pese a que “se trataba de un aspecto de análisis esencial para comprender el ‘qué’ de la imputación”.

El verbo y la acción

Los fiscales cuantificaron que entre 1976 y 1977 “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra”. Al respecto, indicaron que “la verdadera dimensión de su alcance y relevancia criminal se adquiere de su completa lectura”.

La Fiscalía recordó en esta nueva instancia las relaciones personales de Vicente Massot con algunos de los principales ejecutores del terrorismo de Estado, como el jefe del Cuerpo I del Ejército Carlos Suárez Mason y el del V Cuerpo, Osvaldo Azpitarte; y el recientemente conocido -revelado por Fiscales- vínculo con el espía de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, a quien -según el propio archivo del agente trasandino- le pidió en 1974 información para “hacer una campaña” en sus medios “contra la penetración soviética en América Latina”.

También cuestionaron la resolución judicial que confirma la falta de mérito por “la aseveración acerca de que la intervención de Vicente Massot fue menor” durante la protesta gremial protagonizada por Heinrich y Loyola, pues “soslaya que dicha actuación personal al frente de la empresa (adoptando decisiones en su nombre) tuvo lugar en el momento más crítico del conflicto (mes de septiembre de 1975), si se computa que durante casi la totalidad del mes de agosto la familia Massot no pudo publicar el diario, hecho inédito en la historia del medio, que tampoco volvió a suceder con posterioridad”. En ese sentido, ponderaron, la sentencia de la Cámara “pasó por alto lo sustancial: que conforme surge de todas esas actas notariales, el único que negociaba cara a cara con los delegados gremiales era Vicente Massot”.

Finalmente, pusieron de relieve que “a pesar de estar indagado por la instigación o determinación de estos homicidios, no se aborda la cuestión ni siquiera tangencialmente”. En ese sentido, los fiscales recordaron que entre las pruebas figura un informe de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, que da cuenta de una “lista de personas a ser raleadas de un medio de difusión fundamental”, en referencia al diario bahiense, encabezada por Heinrich y Loyola. En el informe la fuerza de seguridad dice que la propia empresa había contratado a un jefe de inteligencia de la Policía bonaerense para la “realización de tareas de inteligencia en relación a un proceso de infiltración ‘subversiva’, y que en esa tarea reportaba a los directivos de la empresa”.

A la muerte de ese efectivo policial, indica, el “proceso de infiltración fue asumido por los propios directivos de la empresa a través de actas notariales (en las que intervino personalmente el imputado) y denuncias a las autoridades militares”, información que fue puesta a disposición de la Prefectura, algunos de cuyos miembros fueron condenados -precisamente- por su intervención en el homicidio de los dos obreros gráficos.