(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.

Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.

Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.

No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.

Menor consumo y mayor inflación

La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.

Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.

Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.

Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.

Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.

El programa del poder

Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.

Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.

Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.

Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.

La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.

En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.

Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.

El ajuste en acción

Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.

No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.

Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.

Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.

En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.

Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?

La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.

Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.

*Desde Asunción, Paraguay

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Nación retoma esta semana el proceso de remoción contra el suspendido camarista bahiense Néstor Luis Montezanti. Entre lunes y martes declarará el imputado y las partes desarrollarán sus alegatos. Organismos de derechos humanos convocaron a participar de la audiencia desde las 12 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

El juez está acusado por “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado y sus vínculos con integrantes de la Triple A. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

En diciembre el tribunal escuchó una treintena de testimonios de militantes políticos, gremiales, ex estudiantes y trabajadorxs judiciales. El último de ellxs, del recientemente fallecido ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, cuyo aporte aquí se reseña.

Hugo-Omar-CañonCañón se presentó en el edificio del Consejo de la Magistratura dos días antes de la navidad de 2015 y recordó que conoció a Montezanti en el Colegio Don Bosco. “En aquella época ya se destacaba por un perfil muy particular que le dio cierto prestigio o fama respecto a su forma de pensar o de actuar”, aseguró sobre el entonces militante de la “elitista” Guardia Restauradora Nacionalista.

Luego repasó el contexto político de los primeros 70 con Víctor Benamo como interventor de la Universidad del Sur, el desembarco de la Misión Ivanissevich encabezada por Remus Tetu y su “aparato de persecución ideológica”, el asesinato de David “Watu” Cilleruelo y el accionar de Rodolfo Ponce.

“Era vecino en Villa Rosas, mi papá me decía que era un hombre de temer, un hombre peligroso. (…) Luego fue cabeza de la Fiambrera, un vehículo que secuestraba personas para instalar el terror, inclusive hay anécdotas de colgar cuerpos en un puente como visibilización de ese terror”, afirmó.

Al referirse a la vinculación de Montezanti con miembros de la Triple A local, Cañón mencionó causas en las que el jefe de la patota Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablofueron defendidos por el juez en una causa por “tenencia de armas” en la cual los represores fueron sobreseídos.

Un civil a la altura de un teniente coronel

El ex fiscal manifestó que el imputado “fue ponderado por Vilas al igual que el periodista José Román Cachero”. Adel Edgardo Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona 51. “Tenía una plana mayor pequeña entre la que estaba el Destacamento de Inteligencia que fue el eje central operacional desde el cual se fijaba los blancos para hacer los operativos de secuestro”.

Aquel destacamento fue dirigido, entre otros, por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “aval moral” de Montezanti para su ingreso a la plantilla del personal civil de inteligencia genocida. “El dr. Néstor Montezanti era un PCI de estructura de inteligencia con el rango A1 que, según la Ley de Inteligencia vigente entonces, era oficial superior y equivalente a teniente coronel del Ejército, por lo tanto el rango y el sueldo equivalente al de teniente coronel en esa estructura que funcionó durante décadas pero operacionalmente en el plan de exterminio de la dictadura militar desde el 76 en adelante”.

Contrariamente a lo sostenido por la defensa del juez respecto a la inexistencia de persecución política en la ciudad a principios de los 80, el ex fiscal explicó que “en Bahía Blanca la comunidad informativa siguió funcionando con especial ahínco, hay familiares, hay víctimas que eran ‘visitadas’ por militares, controladas y monitoreadas después de recuperada formalmente la democracia en diciembre del 83”.

“La comunidad informativa se ocupa de seleccionar y tomar información, clasificarla, porque al principio venía información -el mismo Vilas lo dice- que entraba en el ámbito de lo personal, alguien que la mujer lo engañaba hacía una denuncia para jorobar a la mujer o a su amante. Pero el perfil del ‘peligroso’, universitarios, estudiante o profesor, estaba definido por expertos”, detalló al acusador Miguel Piedecasas.

Agregó que “había canales de recolección de información muy variados”, por ejemplo, “un empleado bancario normal y oficial con el trabajo paralelo de informante que en el diálogo con el cliente iba sacando información -si viajó o no, qué depositaba, con quién estaba- y pasaba un parte que luego era procesado en esta comunidad informativa. Esta era la usina imprescindible para fijar los trazos de aquellos que Vilas nos mostró en un diagrama, de cómo armar el rompecabezas”.

Excusas

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Granada en una audiencia del juicio V Cuerpo de Ejército.

Cañón comentó el caso del genocida Jorge Granada, condenado a prisión perpetua en 2012, para cuestionar argumentaciones defensivas del camarista suspendido. El presidente Alfonsín declaró el estado de sitio en 1985 y encarceló al represor en el marco de una serie de falsas amenazas de bombas a escuelas que generaron “una inestabilidad democrática muy fuerte y angustia y zozobra en la sociedad”.

Levantado el estado de sitio, el teniente coronel Granada fue liberado por falta de pruebas judiciales en su contra. “Granada argumentaba que su rol era dar permisos de casamiento, dedicarse a las autorizaciones cuando se trasladaba un personal militar de una ciudad a otra, que la familia se llevara los muebles de una vivienda a otra. Algo similar a la argumentación del dr. Montezanti respecto a su actividad” como PCI.

Lo mismo sucedió cuando en 1987 fueron detenidos los generales Vilas y Sexton: decían que no tenían nada que ver, que administraban traslados y autorizaciones, o desarrollaban hipótesis de conflicto con Chile o la defensa de Malvinas. “Siempre la excusa fue escudarse en argumentaciones que tienen que ver con lo específicamente militar u operaciones de ayuda comunitaria pero nunca con lo que tenía que ver con ese plan clandestino, oculto, criminal y, por ende, muy difícil de asumir. Este doble discurso se repitió en todos los militares que, por supuesto, pudimos probarlo por otras vías y no por sus declaraciones”.

“No hay casualidades, hay roles”

Madueño y Sierra

Madueño y Sierra

Consultado sobre el abogado y docente jubilado de la UNS Hugo Mario Sierra, Cañón destacó la dinámica de la historia que hace que “hoy podemos estar con alguien que creemos que comulgamos en las mismas ideas o posiciones políticas o ideológicas o la defensa del sistema democrático y después uno va descubriendo que las cosas no son así”.

Describió las reuniones que mantenía en la Procuración tras su asunción como fiscal, con funcionarios políticos, judiciales y militares. Entre ellos estaba su colega mendocino Otilio Romano, “un señor que todo hacía parecer que era una persona incorporada al sistema democrático con naturalidad. Romano, se descubrió que era un partícipe del plan de exterminio, se profugó a Chile, pudo ser extraditado, está siendo juzgado, está preso”.

El testigo tenía una muy buena imagen sobre Sierra. Tenía un artículo sobre la “autoría mediata muy interesante”, habían compartido durante la dictadura cursos que dictaba Raúl Zaffaroni en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, era “alguien que estaba muy cercano”.

“Cuando comienzo las investigaciones veo quién era el dr. Sierra y que participó como secretario de (el juez genocida Guillermo) Madueño. Yo ahora me lo cruzo en la Plaza Rivadavia cuando saca a pasear el perrito y me esquiva para no saludarme, es muy duro todo esto, uno descubre quién está atrás del personaje que uno creyó que era y que no es. Él participó en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, asistía con Madueño cuando había prisioneros, legitimó y hasta con risas burlonas los interrogatorios ilegales, estuvo con la Policía Federal” en la ‘limpieza ideológica’ en la UNS.

“Había toda una combinación de personajes que operaron en ese período y Sierra fue defensor del dr. Montezanti en ese juicio que se hizo en el Juzgado Correccional del dr. Ares. No hay casualidades, como Montezanti fue defensor de los Argibay o lo acompañó a Remus Tetu y eso está en la Prefectura, hay un informe que dice que Montezanti lo acompañó a Remus Tetu al Juzgado Federal como abogado. No hay casualidades, hay roles”.

Una Cámara de terror

Cañón reseñó al tribunal una breve historia del desprestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Arrancó por su cara opuesta, la de los jueces “Cafasso, Cotter y Larraza”, una Cámara “de excelencia” que impulsó la presentación del fiscal sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.

Luego se amplió de tres a cinco el número de integrantes para afrontar los Juicios por la Verdad pero los cargos no se cubrieron hasta que la Alzada “comenzó a ser mal vista”. Así llegó Augusto Fernández, “camarista civil en la provincia de Santa Cruz vinculado a Duhalde” quien inició “el desembarco para cambiar la matriz de esa Cámara”.

Cuando Duhalde se ubicó en la presidencia, Montezanti juró en el coqueto palacio de Mitre 60. “Asumió una actitud en base a su concepción del orden, de la autoridad, de la jerarquía, su posición corporativa y vertical, comenzaron los conflictos”.

“Se nos empezó a prohibir circulación en la Cámara, el uso de la cocina, la biblioteca, usar un libro especial (…) inclusive para entregar un escrito teníamos que esperar a que autorizaran su ingreso, algo insólito. (…) Es la actitud patoteril puesta en significación, lo dice expresamente, si no hay orden no hay jerarquía, se subvierten los valores, esto no puede ser”, declaró.

Cañón subrayó que “había terror en la Cámara, los empleados no se animaban a venir a la fiesta de despedida de Cotter, a la mía, mandaban saludos por interpósitas personas porque había miedo. Miedo a que se enterara, había vasos comunicantes, todo se sabía”. Varias empleadas no aguantaron el estrés generado por el acoso laboral y “ni hablemos del caso de los delegados gremiales, era intolerable para la concepción de Montezanti que alguien dentro de la Cámara Federal defendiera derechos”.

Más allá del jury promovido por el Consejo de la Magistratura, Montezanti está penalmente imputado con prohibición de salir del país en la causa que investiga una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia le atribuyen  haber sido miembro de la banda paraestatal -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

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(Por Laura Garcìa Vazquez) América Latina tiene un pasado, un presente y un destino común. Y constituye la región más desigual del planeta, no la más pobre sino la más desigual, término que nos lleva irremediablemente a decir la más injusta. Al colonialismo le ha seguido el neocolonialismo, ejercido desde una amplia variedad de tipos de gobiernos pero que siempre privilegió los intereses privados y extranjeros. Por eso para una redistribución de la riqueza es necesario lograr Soberanía plena sobre nuestros recursos, o, si se prefiere, bienes comunes. El nacimiento de la CELAC, de la mano de Hugo Chávez y su empecinada vocación emancipadora y latinoamericanista se ha producido en el ciclo, sobre todo en el aspecto económico,  denominado “progresista” donde se desarrollaron cambios trascendentales para la región. El fin o no de ese ciclo está puesto en debate, así como la imperiosa necesidad de comprender las causas de su discutida finalización, más allá del escenario actual internacional tan desfavorable cuyo principal rasgo económico es la baja de los precios de los productos primarios, comúnmente llamados commodities.

Sin duda una de las causas es no haber revertido un modelo atado a la exportación agro-minera, ya que, no hace falta ser experto para visualizar ahí mismo el gran obstáculo a vencer: la dependencia. Mucho más hoy, en pleno siglo XXI, con el comportamiento desterritorializado de las empresas  transnacionales. Seguramente, una integración estratégica y soberana, no sólo es deseable sino necesaria a fin de poder desarrollar naciones y comunidades donde los derechos humanos integrales sean realmente para todos y todas. Y esto, necesariamente implica un desarrollo autónomo, de nuestros países, que incluya nuestras mejores tradiciones partiendo de los pueblos originarios.

Creemos que este organismo, la CELAC,  es fundamental, es decir, desde su concepción va en el sentido de recomponer el destino común que tenemos los latinoamericanos ya que es el organismo que nos permite a nosotros, los latinoamericanos, reunirnos todos y sin tutelas y esto es, de por sí, importante a la hora de pensarnos independientes , integrados y soberanos. Pero lo más importante, es decir, la razón primaria sigue siendo la que resumió el presidente Evo Morales:   “Para qué creamos la CELAC?” Pregunta el presidente Evo Morales de Bolivia en la Cumbre CELAC:   “Para liberarnos de la dominación imperial”. Una vez más y en este año en que los argentinos cumpliremos 200 años de la Declaración de la Independencia, es necesario decir que sin emancipación, soberanía, liberación o  autonomía plena no hay posibilidad de cumplir con todos los derechos humanos que necesitan nuestros pueblos.  Por eso no es redundante sino imprescindible seguirlo señalando.

Han pasado muchas cosas desde la creación de la CELAC en el año 2011 hasta esta IV Cumbre que se acaba de realizar en Quito, en el imponente edificio de la UNASUR , y podría pensarse, desde una mirada emancipadora, que han sucedido cosas muy malas, algunos dicen “retroceso”, otros “fin del ciclo progresista”, cuando en realidad, frente a la “oportunidad”  pasada del ciclo de “crecimiento económico” tiene que existir una autocrítica que abarque a todos los que aspiramos a la liberación nacional y social de nuestros países y a la integración autónoma de  América Latina,  pero también a proponer un modelo productivo donde el eje sean las comunidades y su ambiente frente a los desafíos que esta compleja e injusta realidad mundial nos presenta.

Recordando, la creación de la CELAC,  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se creó en México en febrero de 2010 y se constituyó en Caracas, Venezuela en diciembre de 2011. Tuvo cuatro Cumbres, en Chile en 2013, en Cuba en 2014, en Costa Rica en 2016 y, recientemente, en  Ecuador,  quedando la presidencia, ahora,  en manos de la República Dominicana. Dentro de las diferentes visiones que los gobiernos tienen y manifiestan elegimos la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su significativa intervención se distinguió sin duda por varios motivos, pero en mi entender el primero es la franqueza que debe ganarle a la diplomacia y a la hipocresía que rodea este tipo de eventos. Los microclimas no son saludables y por supuesto, alejan de la realidad.

En primer lugar Evo se refiere al origen y el objetivo de la creación de la CELAC y que es liberarse de toda dominación sabiendo que los países actúan a través de las empresas transnacionales. Es por eso que, sostiene, gobierne la izquierda o la derecha, en nuestros países no deben gobernar ni banqueros ni empresarios que respondan a esos intereses. Soberanía real significa que los pueblos sean dueños de sus recursos naturales, por lo tanto todo bien estratégico debe ser nacional y estatal. Valorando especialmente la paz interna de cada país, pero teniendo en cuenta que esta paz se sostiene realmente con justicia social, igualdad y soberanía democrática. Y para todo esto debe redistribuirse la riqueza. También habló de los servicios básicos como derechos humanos: la telefonía, el agua y la energía y de cómo en Bolivia siguen bajando las tarifas de esos servicios gracias a que es el Estado el que los maneja priorizando su aspecto de justicia social. Con otro discurso diferente, sustancialmente diferente y leído, se desarrollaron las palabras de nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti,  ( señalo esto por lo que implica ceñirse a lo escrito, es decir, no salirse del libreto,  no por dudar de su capacidad de hablar sin papeles ) enumerando, una vez más los objetivos del gobierno de Cambiemos en nuestro país: pobreza 0, derrotar al narcotráfico y fortalecer la calidad democrática. Palabras claves deslizó la vicepresidenta en su lectura: oportunidades es una, diversidad es otra, competitivas, otra más. Nada del tronco común latinoamericano, siempre pegándose a la ONU, a la OEA, es decir organismos que “vienen” sosteniendo el orden mundial injusto y la dominación de unos sobre otros. Pero también, siempre en el marco de la ONU, habló del “desarrollo sostenible”, del cambio climático y de las energías “limpias”. Mientras, en nuestro país, siguen los despidos y suben las tarifas de los servicios. Demasiados contrastes entre metas y medidas.

El desafío sigue siendo que la integración se concrete en emancipación económica, ahora, en un contexto más adverso.

Ratificamos la importancia de esta organización que responde a una hermosa palabra que es: comunidad. Trabajando en el sentido emancipatorio y en la defensa del sentido de las palabras, decimos que las poblaciones también podemos trabajar por la integración y la unidad latinoamericana más allá de nuestros gobiernos y es justamente nuestra participación protagónica la que definirá cómo sigue la historia. Tenemos mucho camino por delante, teniendo presente una cuestión fundamental: vayamos por derechos para todos, no por oportunidades.

Al momento de su detención, durante un operativo policial, el dirigente se encontraba movilizando junto a sus compañerxs frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Estaban reclamando por la reincorporación de 12 trabajadorxs tercerizadxs de la empresa de limpieza Litoral Cleaning, que fueron despedidos en diciembre.

El dirigente Rodolfo Aguiar se encuentra alojado e incomunicado en la Comisaría 31 de Roca, mientras trabajadorxs de ATE y la CTA reclaman su liberación en las puertas de esa institución policial ante la presencia de más de 70 efectivos que rodean la comisaría.

En tanto, dos militantes de la CTA también fueron privados de su libertad y reprimidos, “por el sólo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina.

Desde la CTA Autónoma exigen “la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación”.

Repudio absoluto de ATE Río Negro a la detención del Secretario General de los trabajadores

“ATE repudia y denuncia la injustificada y violenta detención del Secretario General de ATE y CTA-A, Rodolfo Aguiar, en un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo”.

Según informó la organización, “alrededor de las 11.30 horas, y en un claro hecho perpetrado entre el responsable de la empresa Litoral Cleaning SRL, Santiago Fernández, y la policía, el máximo representante de ATE fue detenido y esposado de manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en Paraná y Panamá. Dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”.

“Repudiamos desde ATE este claro ejemplo de adoctrinamiento que pretenden, tanto las fuerza policiales como políticas, estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde aseguró Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE y CTA Río Negro. Exigimos la inmediata liberación de nuestro Secretario General y no nos pararán hasta conseguirla”, sentenció Capretti.

Fuente: Acta

Susana Matzkin falleció ayer en la ciudad de La Plata donde se encontraba internada. Militante por los derechos humanos, fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la  Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región. Con asistencia casi perfecta siguió atentamente las audiencias para anotar en su libreta el dato que le permita develar cada detalle sobre los secuestros de sus hermanxs.

“Compañeros militantes de derechos humanos. Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado la colorada Susan Matzkin. Nos queda su trabajo sin descanso y su aporte invalorable a los juicios de lesa humanidad. Peleó no solo por memoria, verdad y justicia para su hermana Zulma sino para los 30000 compañeros detenidos desaparecidos. La butaca del salón de Colón 80 que ocupó cada día hasta que su salud se lo permitió, será un lugar para recordarla y que la mantendrá presente en las jornadas que vendrán. Hasta siempre Susana”, señalaron desde FAVIC.

El 24 de agosto de 2011 Susana testimonió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca y relató que su familia sufrió la represión militar entre 1973 y 1980 de manera continua pero, particularmente en 1975, cada dos meses su vivienda en Pehuajó era allanada para intimidarlos y llevarse distintos materiales, documentación y libros. A principios de 1976, Zulma les comentó que era perseguida y buscada.

Zulma llegó a Bahía Blanca con su hermano y sus padres a fines de la década del ’60 para terminar de cursar el secundario y estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, trabajaba en el barrio 17 de Agosto, a media cuadra del lugar donde la patota del V Cuerpo de Ejército la fusilaría junto a otras tres personas.

“Todas las semanas iban al barrio, enseñaban particular, hacían las tareas con los niños, actividad social comunitaria. La gente del barrio a ella y a Manolo (Tarchitzky) los conocían, los ayudaban con las inundaciones del Napostá, el agua pasaba por el arroyo y se inundaban las casas. La tarea de Zulma era ayudarlos con mantas, medicamentos…”, comentó su hermana y agregó que “estaba preparando la última materia para recibirse, tenía dos becas preparadas, había dos opciones: Inglaterra e Italia. Llegó el día fatídico del asesinato y esto quedó trunco…”.

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El 18 de julio de 1976 la familia se reunió para celebrar el primer aniversario del matrimonio que conformaba con Alejandro Mónaco, desaparecido meses después. Al día siguiente, Zulma fue a trabajar a la empresa multinacional Sika de Alsina 95 donde hacía horario corrido para poder continuar su carrera. Durante la jornada recibió el llamado de su suegra a media mañana para preguntarle qué quería comer, luego su cuñado fue a dejarle el almuerzo y vio la oficina cerrada.

A las tres de la tarde, cuando volvió el gerente encontró una nota de Zulma diciendo que se había ido porque estaba descompuesta. El gerente comentó la novedad a la familia Matzkin y rato después se convencieron del secuestro.

El padre de Susana, Francisco, quiso hacer la denuncia en la comisaría pero no se la tomaron. Pasó por el Comando del V Cuerpo de Ejército donde tampoco tuvo noticias y finalmente pudo concretar la averiguación de paradero pero mediante una declaración fraguada por la policía. Quien tomó su testimonio fue un efectivo de apellido Conticorbo conocido de Matzkin padre.

Zulma Matzkin y Alejandro Mónaco vivían en una casa interna en General Paz al 200. Allí llegó un camión del Ejército con personal “con ropa verde” para cargar los muebles de la pareja. Las propietarias de la vivienda llamaron a Vicente Mónaco -padre de Alejandro- que era el garante del alquiler y le pidieron que arreglen el lugar porque “habían volado la mampostería”.

“En mi familia todos sabíamos que había secuestros, había ocurrido ya el secuestro y desaparición del cuerpo de Daniel Bombara, había ocurrido lo de Mónica Morán”, recordó Susana y agregó que decidieron ir a ver al médico familiar que trabajaba en el Batallón 181 que quedó en avisar si sabía algo.

Recién el 21 de septiembre Susana supo por el papá de sus nenas que el médico familiar le había avisado a su padre que el cuerpo de Zulma estaba en la morgue del Hospital Municipal. Inmediatamente Susana y su pareja cargaron a sus hijas y emprendieron el viaje hacía Bahía Blanca. Llegando a la ciudad escucharon por LU2 que “dos NN habían sido identificados como Zulma Raquel Matzkin y Mario Manuel Tarchitzky”.

“La familia de Tarchitzky es muy unida en el vínculo afectivo con la nuestra. Manolo era físico nuclear, muy amigo de la casa, es mi hermano de la vida y vivía con sus padres en calle Dorrego casi Alsina”.

Diciendo que había escuchado la noticia en la radio, Francisco Matzkin ingresó a la morgue donde “alguien vestido de verde con armas le muestra tres cadáveres de varón”, reconoce el de Manolo y el último cuerpo era el de Zulma.

En ese momento comenzó una larga serie de trámites para tratar de trasladar los restos hacia el cementerio donde ya les habían advertido que no podían cremarlo ni velarlo.

“Vuelve azorado porque le daban un papel tipo recibo y nuevamente le preguntan qué religión profesaba Zulma. Aparece escrito “Israelita”. Mi papá nunca hubiese dicho eso, cuanto mucho, hubiese dicho judaísmo”, destacó Susana.

En ese sentido recordó que pudo saber durante los juicios por la verdad que “el sobrenombre de Zulma -en La Escuelita- era ‘la turquita’, imaginemos que con el apellido ruso que tenemos era otra burla más a su persona”.

532304_310903475684003_8875972_nAl ser consultada por el juez Jorge Ferro acerca del motivo de la persecución contra su familia, Susana insistió en el origen de su apellido y agregó que “por el caso de Mónaco dice la Dipba (servicio de inteligencia de la policía provincial) que era un sujeto interesante para perseguir”.

“Creo que no fuimos los únicos perseguidos por portación de apellido. Además porque eran militantes de la Juventud Peronista y se los perseguía por su compromiso social y su decisión de cambios, ellos no estaban de acuerdo con cómo funcionaba el país y se juntaban a leer, a socializar…”, sugirió.

Zulma “estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita donde varias personas la vieron con vida, entre ellas tres chicas que declararon en los juicios por la verdad”. Una de ellas, que estudió Economía con Zulma, comentó tiempo después a Susana que “tuvo un careo por un guardia donde puerta por medio Zulma tenía que responder preguntas qué hacía ella”.

Los abogados radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya compartieron cautiverio con Zulma y el primero de ellos comentó a Francisco Matzkin que “las mujeres habían sido violadas dentro del centro clandestino de detención, brutalmente torturadas” y “recibían todo tipo de castigo”.

“El 24 de noviembre del ’76, después de lo que pasó con Zulma, tuvimos un allanamiento en casa. Esa semana me llama mi mamá para decirme que no lo podían encontrar a José. Apareció en el Hospital Regional Español internado por una peritonitis en un estado crítico que no despertaba de la anestesia, no me dejaron venir (NdR: Según testimonios escuchados en la causa Armada, José pudo haber estado secuestrado en Baterías). En enero del año siguiente me fueron a buscar con las nenas porque para esa instancia no sabíamos cómo seguían nuestras vidas”, manifestó Susana y agregó que “después viene el asesinato de Alejandro en agosto del ’77”.

Su cuñado desapareció tras el fusilamiento de Zulma, “alguien lo habría visto con vida, hay documentación que dice que el día de su cumpleaños -el 3 o 4 de agosto del ’76-  allanaron su casa y estaba su padre Vicente solo. A nosotros se nos diluye Alejandro, no sabemos nada de él”.

El 4 de agosto de 1977 el diario La Nación publicó que cinco “sediciosos” fueron identificados en Paraná, Entre Ríos. Tres de ellos eran: Alejandro Tomás Mónaco, José Antonio Garza y María Luisa Buffo.

El constante hostigamiento con la familia Matzkin culminó en una larga serie de enfermedades para su padre y su madre desde 1981 hasta 1996, cuando murieron con poquitos meses de diferencia.

“La vulnerabilidad de la psiquis de los que quedamos… mi hermano absolutamente vulnerado, a mí me costó mucho daño moral, respecto a mis hijas que es lo que una más cuida, con mucha terapia tanto de las chicas como mía pudimos buscar la verdad y así estoy hoy buscando justicia, el daño moral es irreparable”, relató Susana.

Además dijo que sufrieron el “aislamiento social”, la mirada condenatoria de algún directivo de la escuela donde trabajaba y la imposibilidad de vincularse normalmente con la comunidad. “Después de muchos años, con mucho esfuerzo, pude vincularme socialmente pero siempre con familiares donde encontré una cadena de contención, aparte por la cuestión de la religión que profesaba mi papá sufrimos un despreció total”.

El cuerpo de Susana dijo basta, pero su coraje y su compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia quedarán vivos por siempre en nuestra Memoria. ¡Compañera Susana, Presente!

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Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Por un 24 de marzo contra el ajuste con represión, en repudio al golpe de Estado de 1976, en solidaridad con los pueblos de América Latina que siguen luchando por la segunda y definitiva independencia; por todos los derechos para todos en Argentina y la región.

En una vertiginosa carrera de decretos de supuesta “necesidad y urgencia”, el Presidente Macri cambia leyes, reglamentos y protocolos como si encabezara una Junta Militar que hubiera dado un golpe de estado, anulado la Constitución Nacional y comenzado un nuevo “proceso” equiparable al de la Fusiladora en 1955, la claudicación “desarrollista” de Frondizi en 1958 o aún, el iniciado en 1976 por Videla.

De todos nosotros depende que tales presagios no se cumplan. Y estamos a tiempo.

Enumerar los decretos y analizar los cambios en las leyes comienza a pasar a segundo plano dada la complicidad de la Corte Suprema, de la mayoría de los Jueces Federales, una parte sustancial de los senadores y diputados nacionales y el desconcierto o impotencia de otros que asisten casi en silencio a la transformación de un orden constitucional en otro nuevo, que todavía no sabemos donde desemboca pero ya sabemos que es un orden para satisfacer los deseos y expectativas de los grupos más concentrados de la economía, esos que mantienen una relación de pertenencia o dependencia subordinada con las transnacionales que sustentan el Poder Imperial de los EEUU y Europa.

En el nuevo orden que se comenzó a instalar al mismo día de la asunción de Macri, los que no aceptan pasivamente los dictados presidenciales son tratados como “enemigos” y encarcelados por la sola razón de convocar a manifestarse, como el caso de Milagro Sala, o expulsado de su trabajo por explícitas razones ideológicas. Se habla de cerca de veinticinco mil despidos solo en la Administración pública y es notorio el afan de contar con una Corte Suprema adicta. De casi todo esto ya nos hemos pronunciado.

La sanción por decreto de una virtual “pena de muerte” con la llamada ley de Derribo, junto a una nueva declaración de Emergencia en materia de Seguridad que autoriza la convocatoria de efectivos retirados de las Fuerzas Armadas (todos ellos, por razones generacionales, con pasado en el periodo del Terrorismo de Estado y formados en la Doctrina de Seguridad Nacional, más allá que individualmente hayan sido inculpados o no, de algún delito de lesa humanidad) es solo un paso más en la construcción de un nuevo ciclo de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa al menos tres dimensiones: la preparación de las fuerzas de seguridad para las tareas represivas, la adaptación del corpus jurídico para las nuevas tareas de estigmatización y judicialización de la protesta social y la construcción discursiva de un nuevo “enemigo” que es nada menos que el militante popular al que se descalifica como corrupto, ñoqui en el Estado o beneficiario de supuestos favores por su condición de compromiso social y político.

La sanción por decreto de la emergencia en materia de Seguridad habilita un costado ya insinuado en otros actos gubernamentales: la administración de la cosa pública como negocios particulares (por la emergencia se podrán hacer compras sin licitación, con los conocidos negociados que el escándalo Niembro reveló) y la subordinación al Imperio en tanto y en cuanto se buscará “la mejor tecnología” y “el mejor know how”, lo que en su concepción no puede ser otro que el de la DEA, el FBI, el MOSSAD israelí, el DAS colombiano o la misma CIA que buscan este costado de la penetración para sus planes de contrainsurgencia estratégica para el continente como lo mostró la destitución de Lugo en Paraguay luego de una acción policial que contaba con asesoramiento de todas estas agencias.

Ante esta situación no alcanza con la queja ni con la denuncia aislada, hace falta la construcción de un amplio bloque de fuerzas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en su concepción más integral y abarcativa para lo cual habrá que superar los sectarismos y cálculos partidistas o personales; se requiere una actitud generosa y una voluntad muy firme para enfrentar los nuevos desafíos y derrotar la ofensiva derechista y autoritaria.

Proponemos formalmente al conjunto de organismos y fuerzas vinculadas a la lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia; a todos los que se oponen al ajuste con represión de Macri organizar de manera democrática y con protagonismo de todas y todos una jornada unitaria en conmemoración del 40 Aniversario del Golpe de Estado y contra la ofensiva de Macri en Argentina y de todas las fuerzas derechistas en la región

Será el mejor modo de honrar la memoria de los treinta mil y hacer efectiva la consigna del Nunca Más.

(Por Astor Vitali) Milagro Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Ciudad” tramitado por el Juzgado de Control Penal de Feria, Jujuy.

El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala “juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano”.

Continua el laborioso magistrado arguyendo que “esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares”.

Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que “la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente”.

El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que “luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

El Defensor de la Paz Social además agrega que “esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido” aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.

Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.

¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?

Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.

Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.

De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.

Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.

No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.

Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una olla popular no es delito.

Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.

Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.

Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.

Fuente: Rebelión

(Por Alfredo Grande) Hace algunos años, ante un derrumbe de una casa en la ciudad de buenos aires, un arquitecto amigo comentó: “fatiga de los materiales”. Hace algunos años más, cuando todavía existía Movinet, la internet de Movicom, una operadora ante mi consulta por la imposibilidad de conectarme dijo: “los archivos se corrompen”. Pensando en voz alta, que siempre es preferible a no pensar en voz baja: si los materiales se fatigan y los archivos electrónicos se corrompen: ¿la subjetividad tanto individual, vincular, grupal y social puede estar exenta de estos procesos de degradación?

Mi propia degradación es palpable porque me resulta más difícil ir al pedicuro que al cardiólogo. Y varios y varias decretaron mi degradación política irreversible cuando en mi artículo “Votar en Negro” sugerí optar a Daniel el Tranquilo en el balotaje. Hasta el idioma español ha degradado. “Las cifras de El español en el mundo, anuario del Instituto Cervantes, ratifican un crecimiento sostenido de dominio junto al inglés en 2015. Pero frente a estos alentadores números no conviene caer en espejismos que nublen la cada vez más preocupante calidad del idioma, según alertan los expertos. Su uso resulta progresivamente “zaparrastroso” [adjetivo coloquial: desaseado, andrajoso, desaliñado y roto], en palabras de los responsables del Cervantes y de la Real Academia Española (RAE)”. Lo zaparrastroso nos habita. Hace décadas que hablamos de corrupción, tanto, que debería dictarse al menos una maestría en el tema. Profesores sobran y alumnado también.

“En la cultura represora,

cualquier cacatúa esta convencido

que tiene la pinta de Carlos Gardel”

(Aforismo implicado tanguero A. G.)

Corrupción es, entre tantas otras cosas (delitos varios, por ejemplo), la degradación absoluta de la cosa pública. Degrada a negocios privados y de tan privados que son, son clandestinos. Aceptar la degradación es ser optimista. Nos queda como cantaba Gardel… “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”. Eso en el mejor de los casos. La degradación anula la vergüenza y también el dolor, aunque alimenta el rencor.

Los dioses de una época son los demonios de la siguiente, señalaba Freud. Agrego que son demonios resentidos. Ofendidos. Lacerados en sus prebendas y privilegios. Heridos y, por lo tanto, peligrosos. El kirchnerismo en su desarrollo político rescató a los derechos humanos como política de Estado. Pero esa lucha degradó a una planificación sistemática de administración de privilegios para los que eran “gente como uno”. Los únicos privilegiados no fueron los niños sino los gerenciadores, los tercerizadores, los ejecutores. Milagro Sala está en esa categoría. Tercerizó e intermedió los presupuestos del Estado construyendo un Estado dentro del Estado, que también martirizó al gobernador Fellner. Y la degradación es homologar la militancia por todos los derechos humanos que interpelan y enfrentar a las pretensiones punitivas y depredadoras de los Estados, con la militarización de sectores sociales para construir organizaciones creadas desde, por y para el Estado.

Para dar carne a las fieras que decretan mi degradación, porque darles pasto es inútil, haré una comparación odiosa. Si alguna vez hubieran sido encarcelados los organizadores, financiadores y ejecutores de la Triple A ¿se los pensaría como presos políticos? Porque la Alianza Anticomunista Argentina y sus integrantes expresaron una política de estado con la nave insignia de López Rega, gerente del Bienestar Social. Fin de la comparación. Estoy de acuerdo con María del Carmen Verdú, Adolfo Pérez Esquivel y Vicente Zito Lema que Milagro Sala es una presa política.

Después de todo y antes de nada, no es fácil polemizar con cualquiera de los tres y suicida con los tres juntos. Pero me permito preguntar (les): “¿de que política es presa Milagro Sala?” Y también: ¿que política expresa Milagro Sala? Una gran compañera, Alicia Jardel en un intercambio con Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad) recordó un artículo de la ley antiterrorista: “ Art. 213 ter: “Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Como dijo el poeta, todo es según el color del cristal con que se mira y desde la ideología con que se piensa. Todo preso es político, cantaba el Indio Solari. “Obligados a escapar, somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos”. Milagro Sala también.

Pero a mi criterio, quizá zaparrastroso, es una expresión degradada de la categoría “preso político”. No es lo mismo pelear por nuevos derechos que combatir por mantener antiguos privilegios. Incluso es lo opuesto. Invocar supuestos fueros parlamentarios (el “hablasur” que algunos llaman parlasur) es otra marca de la degradación. La asamblea del año XIII abolió los títulos de nobleza. Y los fueros, todos los fueros, son el residuo de nuestra “noble igualdad”.

Una de las formas más habituales de degradarme, además de chicanearme con mi contradicción insalvable entre estatura y apellido, es decirme “gorila”. Aunque no necesariamente esté en la niebla. Por eso hago mías, muy mías, las palabras de mi amigo y compañero el “negro” Soares: “Llamaría a la reflexión, a todos nosotros, a los que hoy (por el lunes) marcharon, a los que se solidarizaron, porque a Milagro Sala yo la he visto. Yo he marchado con el Perro Santillán y con los obreros del SEOM y he visto las patotas y bandas policiales reprimir a los obreros del SEOM y entre policías uniformados los infiltrados de la Milagro Sala”.

“Algo elemental en toda política,

desde la estatal hasta la vincular:

no victimizar al victimario”

(Aforismo implicado A. G.)

El abogado de La Gremial de Abogados recordó que en una de esas represiones un obrero perdió un ojo. “Milagro Sala no es una dirigente compañera, es una dirigente de la derecha kirchnerista y de lo peor de esa derecha. Una dirigente que ha reprimido a los sectores populares de Jujuy. Sería bueno que al cortar esta comunicación (1) y antes de recibir las puteadas de alguno lo llamen al Perro Santillán, que tiene muchísima más autoridad que yo para hablar de Milagro Sala”, expresó citando al referente de la Tupaj Katari, agrupación enfrentada con la de Sala. Insisto: no es lo mismo luchar por nuevos derechos que luchar por mantener antiguos privilegios. Los dioses convertidos en demonios cultivan el rencor, tan peligroso como el dengue. Y más contagioso.

El final del duhaldismo fue el asesinato de Darío Santillán que hoy tendría 35 años. Y seguiría luchando por nuevos derechos. Contra el Estado Gendarme que, después de una brutal devaluación, que algunos llaman pesificación asimétrica, pasó a ser nominado como Estado de Bienestar. Luciano Arruga fue preso político, torturado político y asesinado político. Pero, al igual que Darío, de las políticas no degradadas. De las políticas emancipatorias fundantes, donde se autogestiona la vida.

Hasta las cooperativas están degradadas cuando se las convierte en receptorías y licenciatarias de las dádivas estatales. Milagro Sala es una presa política. De una política que más temprano que tarde, tendrá que cambiar. Pero no desde el arriba del Estado sino desde el abajo de los pobres de la tierra. De los que luchan por todos los derechos y no de los administran todos los privilegios.

(1) En referencia a la entrevista en el programa radial “Sueños Posibles” que conduzco en La Retaguardia con Irene Antinori.

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

(Por Julio Gambina) El pasado miércoles 13 de enero habló, a un mes de asumido el gobierno de Macri, el ministro de Economía.

La primera curiosidad es que su crítica al gobierno anterior remite al periodo 2007-2015. Tiene lógica, ya que englobar a todo el ciclo entre 2003 y 2015, lo involucraba a él mismo al frente del Banco Central entre diciembre del 2002 a septiembre del 2004, entre los gobiernos de Duhalde y Kirchner.

Es más, hizo el autoelogio de haber contribuido con la política monetaria del BCRA a disminuir la inflación del 40% al 5%, y aun reconociendo circunstancias distintas, oculta que la baja de la inflación estuvo asociada a la recuperación económica luego de años de recesión entre 1998 y 2002, una reactivación sustentada con la devaluación y la cesación de pagos.

Ambas medidas (devaluación y default) favorecieron, brutales transferencias regresivas de ingresos mediante, la instrumentación de políticas económicas activas y políticas sociales masivas (Plan Jefas y Jefes de hogar) al evitar pagos a los acreedores no privilegiados (recordemos que a los organismos internacionales, siempre se les canceló los vencimientos).

En la actualidad, si bien venimos de un periodo de desaceleración económica y recesión industrial, sin la profundidad del ocaso menemista, los pagos de deuda vienen siendo crecientes y lo serán mucho más a partir de la negociación anunciada con los buitres (hold-outs) y la justicia estadounidense.

Los crecientes pagos de deuda, el llamado desendeudamiento, significaron cuantiosos pagos de viejas deudas, al tiempo que se asumía nuevos endeudamientos, especialmente con organismos nacionales, del tipo del BCRA o la ANSES. Esos bonos con los organismos nacionales son los que ahora se utilizan como garantía para nueva deuda externa.

Recordemos que a la salida de la crisis del 2001, la devaluación orientada a reactivar la “producción y la competitividad local”, estuvo acompañada de la cesación parcial de pagos, liberando fondos públicos para la política económica y social desde el 2002, lubricando un consenso que sustenta el ascenso electoral del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2011.

La devaluación actual, más que activar la competitividad o la productividad de la producción local, actúa directamente como un mecanismo de mejora de la rentabilidad de la cúpula empresarial, especialmente de los sectores hegemónicos de la producción agraria e industrial asociada a la exportación, y claro, como siempre, la banca y los capitales concentrados en el ámbito de la especulación.

Alfonso Prat-Gay quiere mostrar los logros macroeconómicos a la salida de la recesión 1998-2002, asumiéndose protagonista de esa historia y se pone nuevamente en ese lugar, ahora como Ministro de Economía, pretendiendo asimilar la herencia actual a la debacle del 2001.

En su mensaje habla de la herencia negativa, especialmente la continuidad del default, que habría que superar para volver al mercado financiero mundial. Ahora, la continuidad de la cesación de pagos sería una situación negativa en su lógica analítica del presente, cuando en realidad, fue una condición de posibilidad indispensable para la recuperación macroeconómica desde el 2002.

Por eso sugiere negociar “en serio” en EEUU, situación que ya está en marcha, incluso la licitación de una nueva representación de abogados ante la justicia estadounidense.

Claro que señala el despropósito de la justicia estadounidense que multiplicó por diez, vía intereses punitorios, una deuda de capital que en origen era menor a 500 millones de dólares (demanda de los buitres).

Ese monto más punitorios y otros acreedores no partícipes de los canjes de deuda del 2005 y 2010 acrecen la demanda a casi 3.000 millones de dólares; base de la discusión en estos días para terminar con el default y volver al mercado de créditos mundial en condiciones similares a la de otros países de la región (tasas del 4 al 6%).

La deuda constituye un capítulo esencial de la política económica actual y condiciona al conjunto de decisiones que asume el gobierno, privilegiando a los acreedores del Estado por encima de cualquier propósito, aun cuando se formula el objetivo de pobreza cero.

Inflación, precios, salarios y el papel del Estado

El ministro insiste en un diagnóstico ortodoxo sobre la inflación, el que podría resolverse con restricciones en la política monetaria, fiscal y de ingresos, o sea con ajuste.

El Estado “bobo” sería el responsable de la inflación. Dice Prat Gay que el Estado gasta más de lo que recauda y denuncia un déficit fiscal primario (antes de pagar deuda) para el 2015 de 5,8% del PBI, contra el 2,3% informado por la gestión anterior.

El dato acrecido surge de incluir gastos no registrados en las cuentas oficiales (deudas a proveedores, p.e.) e ingresos incorrectamente incluidos, caso de los aportes del BCRA o de la ANSES, aunque admite que es una tesis discutible.

Si se suma el pago de intereses, el ministro de economía denuncia un déficit fiscal total del 7%.

Vale discutir lo del Estado bobo, calificativo que escamotea el carácter capitalista del Estado en la Argentina, desde que este se considera país independiente.

Por lo tanto, el Estado, más que bobo, siempre estuvo al servicio de algún sector de la clase dominante, claro que con los matices que pueden diferenciar los regímenes militares a través de la historia, especialmente entre 1930 y 1983 respecto de los gobiernos constitucionales en ese periodo y los previos; incluso los matices y especificidades de las lógicas de dominación capitalista en el ciclo 1983 y el presente.

No hay Estado ausente, sino un Estado que define esencialmente el orden económico, social y cultural. Eso remite a una construcción histórica del modelo productivo sojero, mediado con los cambios institucionales y operativos de la producción ocurridos en los 90; pero también el despliegue de la mega minería a cielo abierto, consolidado con las modificaciones de la última década del siglo pasado; o la extensión de la industrialización dependiente de insumos y partes del exterior (desde siempre); junto al condicionante del endeudamiento y la lógica especulativa del sistema financiero, asociada a la dinámica delictiva del narco tráfico, la trata de personas o la venta de armas.

Remito a una realidad construida desde el Estado, con matices, en los 40 años a cumplirse el próximo mes de marzo. La soja emerge en los 70 y se consolida como cultivo hegemónico en los 90. El cambio del código minero y la legislación específica del sector hizo atractiva a la cordillera para las grandes mineras transnacionales, del mismo modo que el extractivismo petrolero busca rentabilidad explotando los hidrocarburos no convencionales. La ley de entidades financieras y la de inversiones externas datan de los años de la dictadura genocida.

Cada gobierna milita “su” Estado y le adiciona capas de personal necesaria para cada proyecto político. El Ministro es un militante del proyecto Macri y las aspiraciones de las clases dominantes asociadas por primera vez a una gestión gubernamental sustentada en el voto mayoritario de la sociedad.

El ministro quiere quitar lastre del gasto público y por eso alude a la “grasa militante”. No se lo ocurre disminuir gasto vía la suspensión de pagos de la deuda, y ojo que a la Argentina no le fue tan mal entre 2002 y 2007, con cesación de pagos y aislamiento de la lógica financiera mundial que castigaba al país por el default.

Lo concreto sugerido explícitamente es el ajuste del salario y del empleo, especialmente en el estado. Ni siquiera es sutil cuando sugiere paritarias por debajo de su objetivo de inflación: entre el 20 y 25%. Incluso amenaza con quedar descolocado al que negocie por encima de esa “meta de inflación”.

Se trata de un mensaje ortodoxo, de alguien que se presenta como neo-keynesiano. En rigor, es un pragmático que piensa en la mejor manera de hacer funcionar, según sus intereses, al capitalismo local.

La herencia y las propuestas

El ministro carga la responsabilidad sobre el déficit fiscal al derroche de los gobiernos de Cristina Fernández, más que al de Néstor Kirchner, y no realiza ningún análisis sobre el modelo productivo y de desarrollo construido por décadas, más allá del ciclo kirchnerista.

El kirchnerismo en la oposición no acepta ningún diagnóstico crítico sobre ese modelo productivo consolidado en tres turnos y su correspondiente modelo de desarrollo sustentado en el consumismo y la extranjerización de la economía.

Es más, el comentario entre los seguidores del kirchnerismo alude al límite de haber realizado lo que se pudo, sin imaginar nada más allá de lo intentado o ejecutado, ya que la sociedad no hubiera acompañado.

Nuestra tesis es que la sociedad nunca fue convocada a discutir el modelo productivo y de desarrollo construido entre 1976 y 2001, y que la respuesta electoral remitió a otro debate, quizá más asentado en las formas del ejercicio de la política. Se trata de un problema, ya que el discurso oficial se apoya en el convergente consenso electoral al respecto.

La mayoría de la sociedad expresó en el voto la insatisfacción del proceso previo, por lo menos en su tramo final, entre 2013 y 2015, y se expresó entre otras formas en paros generales y extensión de la protesta social, los que no pudieron materializarse en propuesta política para la disputa del gobierno, por lo que el resultado del castigo emerge en un gobierno alineado a la derecha política y por la liberalización de la economía.

El discurso kirchnerista se asume como el límite de lo posible y se atrinchera en su propio relato, sin imaginar la radicalización programática y menos la constitución de una subjetividad popular para encarar transformaciones sociales. No es solo un problema de Argentina y puede identificarse como dificultad central para los procesos de cambio en Nuestramérica en este Siglo XXI.

Existe la necesidad de construir relatos alternativos al macrismo y al kirchnerismo, para encarar el proceso emancipador. Mariategui aludía al mito de la revolución socialista hace un siglo, como tarea de los pueblos en Nuestramérica.

Puede ser que atrase un proyecto que sustente nuevamente el mito del socialismo, como muchos me dicen, pero más atrasa la propuesta liberalizadora, base de las consignas de los iniciáticos liberales del dejar hacer.

¿Qué es más antiguo, el liberalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo?

En rigor, ni más antiguo ni más moderno, solo un interés de clase, de los que dominan o los dominados que luchan por su emancipación.

Foto: Hoja de noticias

(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

(Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata

A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.

Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”

“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.

Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.

La CTA Bahía Blanca – Crel. Dorrego manifestó hoy su rechazo a “la ola de despidos que se están produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal” a través de un comunicado de prensa.

“El decreto 254 del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar  los concursos y los contratos de todas las áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1000 (gobierno FpV),Salta 195 (gobierno FpV), Tierra del fuego 1000 (gobierno FpV), La Rioja 800 (gobierno FpV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FpV), Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos)”

Según la central obrera, “en total son 16164 en menos de 30 días”.

Por otra parte, “en el ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo etc), alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,s in alcanzar todavía esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos”.

Sumado a esto, la CTA enumeró que “en la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia”.

Lxs dirigentes sindicales también analizaron la situación en Bahía Blanca. “A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo”.

“No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora”.

El otro relato

El argumento central desde los distintos estamentos gubernamentales es que las personas despedidas “no trabajan”, “son militantes” o simplemente “ñoquis”.

En este sentido, la organización sostuvo que “no defiende a quien cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones  etc. Los trabajos de hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la atención de esos derechos y necesidades”.

En consecuencia rechazan “por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui” y sostienen también “que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo  que nuestra CTA vino denunciando como política de las patronales, que el  gobierno anterior convalidó: la gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad  de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización”.

Continuando con el análisis, la central sostiene que “con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos” que enumeraron de la siguiente forma:

  • “ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”;
  • “disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los sindicatos ‘fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo’ cierra toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse  bajo riesgo de perder el trabajo”;
  • “una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia”.

Respuesta de lxs trabajadorxs

La CTA señala “la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta escalada de despidos y remarcaciones  de precios a los que se acompaña con represión como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y  de organizarnos desde cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y atornillados a los cargos sindicales”.

Finalmente, reclamaron “ningún trabajador/a despedido, la reincorporación inmediata de todos/as los que trabajan, la inmediata convocatoria a paritarias libres, rechazo al al chantaje para no otorgar los aumentos salariales que correspondan, salario  mínimo igual al costo de la canasta familiar, el aumento de emergencia a los jubilados y la no a la criminalización de la protesta”.

(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría  estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.

Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto  como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824  fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.

Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como  hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario,  necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.

Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas  que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.

Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.

“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”

Martín Caparrós

“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental  del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”

Carlo Galli, La Humanidad multicultural

Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.

El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.

Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.

FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.


Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

(Por Helen Turpaud Barnes) El resultado de las últimas elecciones conlleva múltiples aspectos que ya a poco de haber asumido el nuevo gobierno se han vuelto totalmente evidentes (además de que eran esperables): medidas económicas que afianzan la brecha entre la clase trabajadora y quienes más poder adquisitivo tienen, represión en las calles, el planteo de una descarada dependencia de organismos financieros internacionales, etc.

Estas características benefician ampliamente a sectores de poder, y responden a presiones y lobbies propios de quienes tienen injerencia en las decisiones de los gobiernos. Pero la arremetida represiva que toma el gobierno de Mauricio Macri responde no solo a intereses materiales, sino a las ansias generadas a partir de ciertas representaciones sociales sobre el lugar que deben ocupar los sujetos. Buena parte del electorado de Macri, y también sus propios/as candidatos/as manifestaban su disconformidad con que ciertos sectores accedieran a beneficios sociales: la atención médica y la educación gratuitas, la provisión de insumos para atender la salud reproductiva y sexual de inmigrantes o personas pobres, etc., son vistas como una desmesura que ha de “corregirse” con medidas económicas de austeridad (para quienes ya sabemos);  los subsidios y la AUH es “mantener vagos/as” que deberían estar trabajando; el reconocimiento de derechos fundamentales para las personas trans o para las personas lesbianas y gays generarían “confusión” en la sensibilidad de la población, sobre todo para la juventud y la niñez a quien todavía hay gente que dice que es “difícil” explicarle la mera existencia de sujetos de sexualidades disidentes (como si la legitimidad de estas existencias dependiera de la posibilidad didáctica de ser “explicada a los niños y niñas” y no de un derecho humano básico). Más allá de que se puede plantear que hay buena cantidad de políticas que los gobiernos kirchneristas no llevaron adelante (como las deudas en materia de legalización del aborto, como impedir que se aprobara algo como la Ley Antiterrorista, etc.), una buena cantidad de la población y los medios de comunicación de derecha percibían que muchos sujetos estaban ocupando un lugar “indebido” y excesivo en la sociedad: inmigrantes, trabajadores/as, jóvenes, empleadas/os domésticas/os, personas trans, mujeres, etc.

En esta coyuntura, no faltaron quienes impugnaban el lugar de la presidenta Cristina Fernández con comentarios machistas y acusaciones que no se harían para con un mandatario varón. A lo largo de estos años se ha escuchado que la presidenta era tachada de “demasiado vehemente”, “autoritaria”, “de gestos muy duros para una mujer”, etc. Más allá de las críticas a las políticas del kirchnerismo, había una acendrada aversión a la propia figura de la presidenta Fernández. Y podríamos condensar esta crítica en la nota “Cristina, lejos de los atributos femeninos”, aparecida el día 14 de diciembre de 2015 en Perfil y firmada por Mariana Arias. Según esta nota, que recoge muchas opiniones bastante comunes en la sociedad argentina actual, Fernández habría carecido de la “sensibilidad” y del “amor” que aparentemente sería propio de las mujeres, y esto habría redundado en políticas erradas con cierta parte de la población. Fernández, dice Arias, tendría que haber echado mano de características más “femeninas” (de las cuales carecería la presidenta) para poder dar lugar a muchos reclamos de la sociedad. Es decir, las “fallas” de las políticas de Fernández responderían a una “deficiencia” personal propia de su “condición de mujer”, y, en este caso, más aún, a una falla doble: por ser mujer y por NO ser mujer a la vez.

No mejor papel que las críticas machistas opositoras hicieron algunas de las figuras que pretendieron “defender” la figura de Fernández. El lunes 1° de octubre de 2012 en Infobae, el filósofo José Pablo Feinmann intentó hacer una lectura de las razones por las cuales algunas personas en la sociedad “odiaban” a la presidenta. Curiosamente, la crítica de Feinmann se centraba en el supuesto “odio” de otras mujeres hacia la primera mandataria, y no de los hombres. Según el mentado pensador, las mujeres que odiaban a la presidenta lo hacían por “envidia”, porque no podían ser como ella, no eran tan “inteligentes” ni tan “lindas”. Contraponía su embelesamiento por la belleza de Fernández (comparable para él a la de Marilyn Monroe) a la supuesta “masculinidad” de Angela Merkel. Incluso señaló que Fernández tenía la posibilidad de aparecer como figura de una tapa erótica en una revista, pero otras mujeres no (ni las opositoras ni Merkel), porque –explica didáctico y simplista Feinmann-, “hay mujeres que no son mujeres, son políticas”. Es decir, al menos según la filosofía machista vernácula, mujeres y política tienen una distancia que hay que saber respetar so pena de perder la condición de “deseable” (huelga decir que aquí hay una gran confusión entre ser “deseable” y “linda” y ser objeto de tapas de revista degradantes y agresivas). Feinmann prefiere una mujer “deseable” que una mujer “política”. Nada dice el filósofo del probable escozor de una sociedad machista donde las masculinidades hegemónicas se ven amenazadas y resentidas por la figura de una mujer con poder.

En ambos casos, tanto el de Arias como el de Feinmann, la lectura sobre la figura de una mujer en el poder no puede desprenderse de sus consideraciones sobre el género de quien están haciendo objeto de su análisis. No vemos el mismo tipo de análisis hecho sobre los hombres en el poder. En definitiva, tanto para parte de la oposición al kirchnerismo como para cierto sector que era su oficialismo, la feminidad de una mandataria se hace objeto de disputa, material en discusión, condición negativa y positiva a la vez. Todo este análisis al cual vemos sometidas a las mujeres constituye un modo más de opresión no para un sujeto en particular (en el caso de la ex presidenta) sino en tanto reproducción de estereotipos que las mujeres y sujetos feminizados deben atravesar al hacer suyos reclamos de espacio y poder en la sociedad.

Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.

En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.

Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.

En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.

Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.

En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.

Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.