Se presentó un amparo colectivo para que ABSA ponga en marcha un plan de obras que regularice la provisión de agua en la ciudad. También se intimó a la Municipalidad a que realice un plan de contingencia “serio”.

Se trata de una medida que interpuso la abogada representante de vecinos y vecinas autoconvocados, Sandra Vulich: “Se pide que en un plazo breve y razonable la prestadora ABSA presente un plan de obras de gestión, que contemple el estudio, el proyecto y la construcción de la infraestructura necesaria para que el bahiense tenga el recurso en cantidad y calidad que se necesita”.

“Basta de promesas, que se presente de manera escrita, con los plazos y que se cumplan, que se diga cuánto dinero se va a usar, de dónde se va a sacar, cómo se hacen las entregas de dinero”, señaló Vulich a FM De la Calle.

Respecto a la gestión municipal le corresponde “presentar un plan de contingencia serio sobre qué protocolo van a implementar los días que la gente no tiene agua. No un número de WhatsApp, no es posible que dos días antes pidas el camión cisterna. Es poco seria la respuesta que le está dando a su votantes”.

Por otra parte, la medida “obliga al entre contralor, que es la Autoridad del Agua, a que monitoree y controle una vez que empiecen las obras y, en caso de incumplimiento, se aplique la sanción que es la función que tiene la ADA y no está haciendo”.

La letrada destacó que “acompaña el amparo con un amicus curiae la Cátedra de Educación y Derechos Humanos y el Proyecto de Investigación en Derechos Humanos del Departamento de Humanidades de la UNS junto con la Dra. Mariana Katz y el Dr. Leandro Aparicio”.

Dentro del segundo objeto de la medida, Vulich mencionó que se busca “volver al sistema de facturación anterior, que no sea por valuación fiscal de inmueble sino por metro cúbico. Es un sistema injusto. De esta manera se logra que cada usuario pague por lo que utiliza, que se transparente la facturación y que se motive a la gente a hacer un uso razonable del recurso. Se solicita, además, que se interrumpa la facturación, que no se facturen los conceptos de agua potable ni el mantenimiento de la red. Se pide que no se pague hasta tanto no se empiecen las obras”.

Representantes vecinales, sindicales y concejales recorrieron la Planta Patagonia de ABSA. Se manifestaron sorprendidos por la ausencia de integrantes de la Autoridad del Agua. Desde la empresa proveedora señalaron que una vez que dispongan de los fondos comenzarán con las mejoras.

“Las obras iniciales que se va a hacer a corto plazo son pequeños retoques a los acueductos internos a la ciudad, van a aliviar un poco el caudal y la presión del agua, en algunos casos son de cinco mil o tres mil metros, dependiendo la zona”, señaló a FM De la Calle el vecino Dante Lange.

Además de Lange, Angélica Lauquen y Ángeles Montes de Oca en representación de los grupos barriales, asistieron el concejal del Frente de Todos, Carlos Moreno y la edila de Juntos por el Cambio María Laura Biondini. Francisco Fernández Solari concurrió por el Municipio y Paulo Mónaco por SOSBA. Por ABSA estuvieron el gerente regional Gustavo Bentivegna y el jefe del área de Producción, Marcelo Viola.

“Si bien el volumen de agua alcanza porque la cota del dique es buena, no alcanza el volumen de potabilización que tiene la planta sobre todo los días de mucho calor donde hay más consumo. La Planta Patagonia no tiene un reservorio, no tiene una cisterna gigante para almacenar agua. La planta se para, no en un 100% pero se le saca capacidad de potabilización porque no hay demanda”, agregó Lange.

Señaló que “a medida que más demanda tiene la ciudad la planta trabaja a pleno, pero si un día hace frío y llueve van desconectando bombeos para inyectar menos cantidad de agua a la red. Si tuvieran una cisterna se podría almacenar agua”.

Según manifestaron desde ABSA “han hecho un informe y un plan de obras que ellos creen que va a aliviar el problema del agua. Lo que estamos acordando es hacer un seguimiento de ese pedido para que el ADA le de curso”.

En el corto plazo “ofrecieron ampliar más el reparto de agua en camiones. Si no hay obras el cambio no se va a notar mucho, independientemente que de tres cuadrillas que había ahora haya veinte, eso ayuda a reparar las pérdidas y al cambio de válvulas. Lo que va a ayudar es que los vecinos tomemos conciencia de que tenemos que ser más cuidadosos en el uso del recurso”.

(Por Adriana Meyer – Ojos Vendados) Tras un análisis minucioso de los elementos forenses de todo el expediente que ubican a Facundo en vida y luego de su desaparición, así como del hallazgo y posterior autopsia del cuerpo, la médica forense y criminóloga Virginia Creimer como perita de la familia Castro concluyó que esa investigación fue «ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa», y que por lo tanto quedan abiertos los interrogantes principales sobre lo sucedido. «Hay preguntas que desde el 30 de abril de 2020 se hacen Cristina Castro, el resto de su familia y buena parte de la sociedad, pero aún no han sido respondidas fehacientemente por el Estado: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Qué hechos y circunstancias ocasionaron su muerte violenta por asfixia por sumersión? ¿Qué hechos y circunstancias llevaron a que, con excepción de una de sus zapatillas, casi todas sus pertenencias aparecieran en diversos momentos y lugares, tan disímiles como un calabozo y un patrullero de Origone, un patrullero de Bahía Blanca y otra zona del cangrejal de Villarino Viejo?», se preguntó la perita Creimer.

Resulta que «de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo solo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado el cadáver». Por lo tanto, entre las medidas de prueba que el juzgado se niega a proveer, está el «análisis del agua de las dependencias policiales» por donde habría pasado el joven. La experta puso de manifiesto la insistencia del resto de los peritos que participaron en la autopsia para descartar lesiones en vida, y luego así aventurar que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Pero la paradoja es que si no hubo lesiones vitales tampoco pudo haberse tratado de un «accidente».

El peritaje de Creimer indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial, y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según ella, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos. Creimer arribó a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos «habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados».

El documento de casi 200 páginas servirá como punta de lanza en la nueva batalla judicial que emprenden Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio en los tribunales internacionales, luego de denunciar «sucesivas trabas» del juzgado a cargo de María Gabriela Marrón, recusada por la familia pero ratificada en la causa por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Así, a nivel local podría consolidarse un estancamiento, más allá del esfuerzo de los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín y los propios letrados de Cristina que siguen sumando nuevos elementos para profundizar su hipótesis respecto al protagonismo de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada del joven.

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Si bien la Cámara ordenó a la magistrada la realización de las medidas de prueba pendientes que piden los fiscales y la familia, nada se ha movido en su juzgado en tal dirección. Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez fueron acusados por la querella particular y la que encabeza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de «contribuir al encubrimiento del hecho para beneficiar a los uniformados, con la estrategia de abonar la hipótesis de un presunto accidente en el que Facundo habría perdido la vida». 

El año pasado, en ocasión de la reunión donde surgieron las conclusiones de la autopsia, la perito de la familia firmó en disidencia. Virginia Creimer sostenía que debía ser un «ateneo» para debatir las conclusiones pero cuando llegó el informe final ya estaba redactado. En ese momento, le hizo saber de tal irregularidad a la jueza Marrón, pero ante la inacción de la magistrada, Creimer procedió revisar punto por punto el informe y a marcar sus acuerdos y disidencias, tal como quedó plasmado en el acta de ese día. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece que «los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en reunión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes”. Este sitio junto a La Izquierda Diario accedieron ese dictamen de la experta y perita de parte de la familia, que ya forma parte del expediente.

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Creimer indicó: «Por el propio carácter de parte de esta perita, pero sobre todo por los resultados obtenidos tras un minucioso análisis de todas las evidencias científicas obrantes en la causa, se concluye que las respuestas a las preguntas precedentes deberían ser respondidas a partir de la producción de otras medidas de prueba, rastrillajes y peritajes que nos acerquen lo más ajustadamente a la verdad de los hechos. En ese marco, no hay más que considerar lo que ya expresó la querella a la que asisto, a través de dos pedidos de recusación al fiscal de la causa, una apelación por negativas de la jueza a producir medidas de prueba determinantes y un recurso de queja presentado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En todas esas instancias la propia madre de Facundo Castro aseguró que la falta de respuestas a esas preguntas aún irresueltas se debe a una ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa investigación por parte del Estado y sus instituciones. Esa sentencia exime a esta perita de mayores argumentaciones. De lo que sí está respondido científica y pericialmente, lo que sigue es todo cuanto puedo informar:

* Dónde estuvo y qué hizo Facundo antes de su desaparición

Surge de las declaraciones testimoniales de Virginia María Gongora, Daniel Gayte y Juan Francisco Cardona que Facundo, luego cenar en la casa de su amigo Daniel Gayte y de permanecer allí la madrugada del día 30 de abril, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana salió hacia Bahía Blanca, adonde planeaba llegar caminando o haciendo dedo. Se dirigía a la casa de Daiana González, con quien había mantenido una relación de pareja mucho tiempo. Góngora, mamá de Daniel, confirma que el 29 de abril Facundo se encontraba en su casa, se quedó a cenar y al día siguiente, cuando ella se despertó, el joven ya no estaba. Cuando le consultó al hijo, éste le dijo que a las 4 am se había ido. Que su hijo le escribió a Facundo y éste no volvió a responder. En su declaración adjuntó capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Daiana González el día 3 de junio de 2020, donde la joven le dice que Facundo debía haber ido a su casa el 29 de abril, pero nunca llegó.

Juan Francisco Cardona, también amigo de Facundo, confirmó que Facundo se encontraba viviendo en su casa y trabajando con él en su cervecería, Turmalina. Que el día 27 de abril le pidió a Facundo si podía irse, ya que no tenían espacio porque llegaba su hermana a la casa. El 30 de abril a las 20:21 pm Cardona recibe un mensaje de texto (SMS) desde el número de Facundo, que dice que se había quedado sin señal, sin batería y que después lo llamaba. Nunca lo llamó. El 1 de mayo Cardona envió un nuevo mensaje a Facundo, que no fue entregado.

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En la causa consta la declaración de Nancy Moncada, quien al tomar conocimiento de que se estaba buscando a Facundo se presentó espontáneamente en la dependencia comunal de la localidad de Hilario Ascasubi. La vecina de Mayor Buratovich dijo que en los últimos días del mes de abril, entre las 8:30 y 9, mientras se dirigía desde Ascasubi a Buratovich, sobre la Ruta 3, cerca del Puente Blanco, vio a un joven haciendo dedo. Ella le dijo que podía llevarlo hasta la entrada de Buratovich. Él subió y se pusieron a conversar, Facundo le dijo que tenía que ir a Bahía Blanca urgente, que se había quedado sin trabajo y que le quedaban 50 pesos en el bolsillo. Es posible inferir que Facundo fue dejado por Moncada en el ingreso a Buratovich, aproximadamente entre las 9 y 9:30 del jueves 30 de abril. Como corroboración científica de la presencia de Facundo allí se puede ver el informe de la empresa AMX CLARO donde surgen tres llamados salientes del celular de Facundo, a las 7:07, 9:05 y 9:06, que impactaron sobre la antena de Ascasubi.

A partir de la llegada a Buratovich, tal como consta en el expediente, Facundo tomó contacto con personal policial de la zona en distintas oportunidades y en el siguiente orden: primero con Jana Curuhuinca y Mario Sosa (fs. 70), luego con Siomara Flores y finalmente con Alberto González. A partir de las diversas declaraciones testimoniales se reconstruye que el 30 de abril de 2020 Facundo se encontraba caminando por la Ruta Nacional 3 en dirección Pedro Luro-Bahía Blanca cuando fue detenido, al menos, en dos oportunidades por agentes de la Policía de la provincia, uniformados y con móviles de la fuerza a su disposición. Los agentes Sosa y Curuhuinca detuvieron a Facundo mientras transitaban por la calle San José Obrero y la Ruta 3, km 779. Allí lo interceptaron en virtud del DNU 297/20, identificándolo como Facundo Astudillo. Al declarar el joven que no poseía permiso de circulación, le notificaron de la infracción al artículo 205 de Código Penal.

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Asimismo, consta el asentamiento de la prevención a Facundo en el libro de la comisaría de Buratovich. En el celular de Curuhuinca (fs. 1547) quedó registrado ese contacto, mediante una fotografía en la que Facundo aparece de espaldas junto a Mario Sosa y de frente al móvil 23.630 (de Buratovich) y dos imágenes (anverso y reverso) del DNI del joven. Mediante informe pericial se establecen las semejanzas entre Facundo y la persona de espaldas de la fotografía. A su vez, el informe de DATIP concluye, luego de realizar un análisis sobre la imagen, que Facundo en ese momento tenía la zapatilla izquierda puesta.

Sosa y Curuhuinca declararon que, luego de constatar el domicilio de Facundo, lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca por la ruta. Cristina Castro declaró que a las 13:33 habló con Facundo, que él le dijo que estaba en Buratovich, que mantuvieron una discusión hasta que en un momento la madre del joven escuchó un golpe seco, como que se golpeó el celular de Facundo, y luego se cortó la comunicación. Esa llamada se encuentra científicamente probada mediante el informe de AMX CLARO.

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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) corrobora que del informe de AMX CLARO sobre el teléfono de Facundo se desprende que hasta el 29 de abril se produjeron comunicaciones a través de celdas de Pedro Luro; que el día 30 las primeras 3 comunicaciones se cursaron a través de una celda de Ascasubi. A las 10 surge que el efectivo de la policía bonaerense Delgado le dice al efectivo de la policía bonaerense Sosa “si se hace el pajero, bajalo”. Las siguientes 7 llamadas del celular de Facundo se hicieron a través de una celda ubicada en Buratovich, con un último registro de llamada saliente a las 13:33 hs. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

* Dónde estuvo Facundo después de su desaparición

En la búsqueda de Facundo se solicitó el 20 de julio el allanamiento, registro y secuestro de elementos policiales de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, y el secuestro de elementos que puedan pertenecer a Facundo. El Poder Judicial designó formalmente como perito de parte de la querella particular al adiestrador canino Marcos Herrero. En ese allanamiento se encontró el primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoce como pertenencia de su hijo. Luego lo demostraría presentando amuletos iguales pertenecientes a los hermanos de Facundo (todos regalados por la abuela materna una década atrás). 

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De los sucesivos peritajes de móviles policiales, tres camionetas Toyota Hilux y un auto particular Chevrolet, dieron resultado positivo con el can Yatel; el mismo perro encontró en la comisaría de Origone la bolsa con los cigarrillos y el amuleto de Facundo; el can Duke marcó rastros en una casa color rosada; Yatel también marcó restos óseos y en el patrullero Toyota Etios de Bahía Blanca marcó con insistencia el asiento de atrás, tanto desde el interior como desde el baúl (…) Se recomendó efectuar un nuevo peritaje con desarmado de asientos del vehículo con el asesoramiento de licenciado en criminalística, experto en accidentología vial (peritaje mecánico) para el correcto desarmado de los elementos del móvil. En ese nuevo peritaje Yatel halló un trozo de mineral conocido como turmalina que es compatible con el colgante que Facundo usaba siempre y llevaba el día de su desaparición.

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* Qué pasó con el hallazgo del cadáver, el lugar donde apareció, su levantamiento e identificación y los peritajes posteriores

El 15 de agosto a las 17 la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal (PFA) recibió un llamado de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca. El propio fiscal Santiago Ulpiano Martínez avisó que “un señor de nombre Maximiliano -quien sería pescador-, tendría información trascendente con relación a la búsqueda de Facundo». Por orden de Martínez, la PFA se dirigió al lugar marcado por Maximiliano y realizó una inspección en el canal “Cola de ballena”, donde se logra avistar sobre el suelo que, a simple vista, se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico.

Pocas horas después del hallazgo (entre las 21 y las 22) se hicieron presentes en la delegación Bahía Blanca de la PFA los ciudadanos Pablo Daniel Núñez Pablo y Damián Orlando Garcés (ninguno de nombre Maximiliano). Ambos afirmaron que esa tarde estaban pescando en Villarino Viejo cuando a la orilla de un canal, sobre una zona de barro húmedo y matorrales bajos, vieron un esqueleto enterrado en el barro. En fecha 16 de agosto se comienza un rastrillaje del lugar abierto siendo las 13:30, «con un perímetro SIMPLE de 100 m de largo x 30 mts de ancho». Interviene en el levantamiento del cuerpo el Equipo Argentino de Antropología Forense. «En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos internacionales básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver», afirmó Creimer.

A las 11:40 llega el EAAF, a las 12 comienza la inspección y a las 13:30 se produce el hallazgo de un cadáver humano incompleto. Estaban presentes la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se hizo presente Cristina Castro, acompañada por Virginia Góngora y los letrados de la querella en autos. Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad. También apareció un trozo de tela con elástico con tela camuflada de varios colores, trozos de telas de otros colores que corresponderían a vestimenta, una plantilla de zapatilla e incluso un trozo de cuarzo. Se efectuaron levantamientos fotográficos y métricos respecto de una huella dispuesta en el suelo y que corresponderían a un vehículo.

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En el marco de estas claras fallas en el análisis del lugar del hecho primigenio, se realiza el 21 de agosto un nuevo relevamiento del área donde se encontró el cuerpo hallándose nuevos restos óseos (un humero, una escápula, entre otros) y más restos de ropas. Sin tener en cuenta las directivas internacionales y nacionales de no involucrar a las fuerzas de seguridad en casos de lesiones, vejámenes y torturas (Protocolo de Estambul) y/o muerte en custodia o con participación de personal policial (Protocolo de Minnesota), se ordena a la Policía Federal Argentina la recolección de agua del lugar para posible cotejo posterior. Pero esta toma se realizó cinco días después del hallazgo y a 80 metros de donde estaba el esqueleto.

El 1 de septiembre se realiza un nuevo levantamiento de restos óseos en las cercanías del hallazgo primario, siendo descartados para la investigación. «A lo largo de toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el doctor Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF, quien manifestó que ‘la mandíbula es humana’, y que ‘esos huesos no le faltan al cuerpo que levantamos nosotros‘». Este hallazgo hizo sospechar a los abogados de la querella sobre la posibilidad de que el sitio fuera un cementerio clandestino utilizado por la policía local.

* Qué pasó en la autopsia realizada en la ex ESMA

Una vez reunido el equipo de profesionales propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense en causa 8604/2020 caratulada: N.N. s/AVERIGUACIÓN DE DELITO, se procedió a la realización de los estudios con el objeto de determinar la identidad, la data, causal, y modo de la muerte. «Es de destacar que, si bien quien había sido encomendado a dirigir el procedimiento fue el EAAF, fue el doctor Cohen del Cuerpo Médico Forense (CMF) quien decidió el orden y la metodología de exposición de las conclusiones preliminares de cada equipo/profesional presente en la autopsia, cuando sólo era un perito más de los convocados, lo cual se encuentra corroborado por las filmaciones de la autopsia», indicó Creimer en sus conclusiones del peritaje de casi 200 fojas.

Creimer expresó que fue «llamativa la insistencia con la cual Cohen pretendía descartar las circunstancias violentas de la muerte de quien se presumía como Facundo Astudillo Castro. Esto es, tras cada exposición pericial, sin requerimiento de persona alguna, el perito hacía una ‘traducción’ de lo expresado remarcando la ausencia de lesiones vitales». La paradoja es que tal insistencia también se lleva puesta la hipótesis del «accidente», porque esa también es una muerte que deja en el cuerpo signos de lesiones vitales.

Para la médica forense y criminóloga, las conclusiones científicas aplicadas al análisis forense global del caso indican que:

– La última acción de Facundo comprobada en la causa fue la conversación telefónica con su madre a las 13:33 hs del 30/4/2020, lo que está certificado tanto por el testimonio de Cristina Castro como por el informe de AMX CLARO de las llamadas recibidas por Facundo, ubicando la celda de su celular en Mayor Buratovich. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

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– En la búsqueda de Facundo se allanó y registró parte de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, con la participación de Marcos Herrero y su perro Yatel, como perito de parte de la querella particular. Allí encontró un primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoció indubitablemente como pertenencia de su hijo.

– Mientras que otros elementos pertenecientes a Facundo, incluyendo material genético (coincidencia con Cristina), también fueron hallados en otros rastrillajes y peritajes; tanto el hallazgo del cuerpo del joven como su mochila fueron protagonizados por eventuales pescadores que (supuestamente) pasaban de casualidad por los sitios indicados.

– Como consta en las actas de la PFA, el 15 de agosto tres pescadores (uno por un lado y dos por otro), aparentemente de forma espontánea, dieron aviso de la existencia de un cadáver en el canal “Cola de ballena” de Villarino Viejo. Inmediatamente la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, se hace cargo del arribo al lugar y de la custodia de la escena hasta el día siguiente.

– El 16 de agosto el Equipo Argentino de Antropología Forense interviene en el levantamiento del cuerpo. A las 13:30 se comienza un rastrillaje del lugar abierto, con un perímetro simple de 100 metros de largo x 30 de ancho. En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver.

Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad.

– El 25 de agosto se realizó la autopsia al cuerpo encontrado, en el Laboratorio del EAAF ubicado en la ex ESMA. Allí la doctora Marta Maldonado (odontóloga forense CMF) fue clara y contundente sobre la impregnación hemática de los dientes del maxilar inferior de la víctima de autos (Pink Teeth), estableciendo que se trataba de un fenómeno vital y violento, como lo había hecho en casos previos. Allí el doctor Jorge Pereyra (radiólogo forense CMF) estableció preliminarmente que no existían fracturas de tipo vital en huesos largos, lo que descartaría una caída accidental desde altura, una posibilidad ventilada en algunos medios a partir de las versiones filtradas desde la fiscalía de Martínez y el juzgado.

– Del examen de la médula ósea extraída de Facundo se obtuvieron muestras cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas cubiertas celulares y fragmentos identificables de al menos 15 especies diferentes de diatomeas. En la muestra de agua, se identificaron 17 especies de diatomeas, de las cuales 5 estuvieron presentes en la muestra de médula ósea. «El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. Dicha aseveración confirma que Facundo murió por el ingreso de un medio líquido (como el agua) que poseía en suspensión microorganismos como las diatomeas identificadas en el análisis de referencia.

El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. De las 15 especies encontradas en la médula de Facundo, sólo 5 coincidían con las 17 obtenidas en el agua colectada por la Policía Federal cinco días después del hallazgo y en una zona alejada del sitio donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. En tanto que se obtuvieron datos fehacientes sobre la presencia de objetos perteneciente a Facundo en las dependencias policiales donde fue apercibido, sería procedente analizar también el agua de las dependencias, a fin de determinar la existencia de diatomeas en las mismas. 

– Desde el punto de vista lesionológico, los Dres. Roberto Cohen (médico forense CMF) y Alejandro Rullán Corna (médico forense CMF), establecieron que no se encontraban en los restos encontrados desprovistos de partes blandas, lesiones de características vitales. 

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– El entomólogo deja en claro que mínimamente la muerte de Facundo se produjo 40 días antes de su intervención, pero no puede establecer ni el momento en el cual se produjo la muerte ni siquiera un plazo máximo estimativo. Resulta de gran interés remarcar que el mismo constata la presencia de especies que colonizan los cuerpos en avanzados estados de putrefacción o directamente cuando ya se encuentran esqueletizados. Por ello, no se puede descartar que la muerte de Facundo no se haya producido en este lugar y que su cuerpo haya sido plantado en el mismo. Del análisis realizado por el médico radiólogo se puede concluir que Facundo no posee en el cráneo ni en los huesos largos traumatismos compatibles con fracturas secundarias a jumping ni a defenestración (caídas de altura coincidentes con el supuesto accidente). Facundo estuvo desaparecido 107 días, desde el 30 de abril al 15 de agosto. Las pericias entomológicas concluyen que el cadáver tenía al momento de la autopsia un mínimo de 40 días de fallecido, pero no pudo establecer ningún máximo. Es decir que nadie ha podido determinar aún si Facundo murió el mismo 30 de abril, o algún día de mayo, o de junio o incluso algún día de la primera quincena de julio.

– Debe quedar en claro que, la presencia o ausencia del Pink Teeth no influye en el hecho de que la muerte de Facundo fuera mediante una muerte violenta por asfixia por sumersión. Sin perjuicio de ello, podría hablarnos de una compresión extrínseca del cuello que hubiera provocado la muerte de Facundo o su pérdida de conciencia. También podría hablarnos de una sumersión violenta que hubiera provocado la muerte de Facundo por este mecanismo, tal como la doctora Maldonado sostuvo en causas previas que, de no aclarar su posición, deberán ser revisadas. (Este cuestionamiento de la perita alude a que Maldonado dijo en la autopsia que el diente rosa era un fenómeno ocurrido en vida, pero en el informe final se desdijo).

– Del minucioso trabajo del equipo tafonómico surge que el cuerpo de Facundo fue atacado por carnívoros medianos o pequeños, presumiéndose el directo accionar del zorro que habita en la zona. También se infiere que el cuerpo ha sido rotado, ya que si bien fue encontrado en decúbito ventral (boca abajo), para recibir el accionar de esta fauna debió encontrarse en posición inversa, es decir en decúbito dorsal (boca arriba). Resulta de interés adicional tener en cuenta que la bibliografía utilizada es sobre una experiencia con coyotes, teniendo estos animales un porte mayor, equivalente a aproximadamente quince kilos más que los animales sindicados en este caso. Finalmente, el tiempo de exposición en el lugar a la totalidad de la fauna de la región se estima en un plazo de 28 días.

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Para la médica forense, los peritos del Cuerpo Médico Forense se expiden sobre la presencia de lesiones postmortem descartando la posibilidad del accionar de terceras personas sin tener un conocimiento cabal y contextualizado de todo lo actuado en autos (ni elementos científicos para llegar a esa conclusión), como lo establece el Protocolo de Minnesota, mecanismo a ser aplicado en casos de desaparición forzada de personas.

Asimismo, resulta de interés el hecho de que, ante el desconocimiento de los hechos acontecidos en autos (aparición de la mochila de Facundo con toda su ropa), los profesionales hayan considerado que las mismas podrían haber sido extraídas por la fauna autóctona, es decir, que las cosas de Facundo se las habrían «llevado» los animales que atacaron su cadáver. Vale recordar, como dato de contexto, que la mochila conteniendo la ropa, el teléfono celular y demás pertenencias de Facundo apareció el 12 de septiembre a unos 4 kilómetros de donde había aparecido el cadáver y que el informe de la autopsia se presentó el 1 de octubre, 19 días después de ese hallazgo.

En definitiva, Creimer en nombre de la familia plantea que lo esencial para el esclarecimiento del caso sigue siendo un misterio. Y su informe ratifica que las respuestas a esas incógnitas las tiene el Estado, como presunto desaparecedor de Facundo Astudillo Castro.

Un episodio sucedido en noviembre debería ser suficiente evidencia de que este nuevo caso de un desaparecido en democracia no tiene «dos campanas» sino víctimas y encubridores, que vienen amenazando a la familia y a los testigos desde el día cero. Sino de qué otro modo se explica el apriete que recibió Cristina Castro en noviembre por parte de un policía que le dijo: “Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo”. La misma amenaza viene pronunciando la madre de las hermanas policías implicadas en el caso. ¿Por qué será que están tan seguros del cierre del expediente?

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Se trata de un fallo de la Jueza de Garantías N°4, Marisa Promé, quien además dictó el sobreseimiento de Teresa María Haag y Omar Navas. Los concejales de Tornquist Cristian Reising y Federico Labarthe habían sido imputados en 2019 por el fiscal Mauricio Del Cero en una causa de tenencia de estupefacientes.

“Asesorábamos a la gente en el cultivo de cannabis, en mi casa no encontraron plantas, me dedicaba ayudar a la gente que tenía certificado. La experiencia que teníamos con quienes usaban aceite era bastante mala, la premisa del autocultivo era la que estábamos usando”, señaló Reising a FM De la Calle.

A principios del 2019 Del Cero allanó la sede del INTA en Tornquist donde secuestraron diez plantas de cannabis. La jueza probó que se usaban con fines medicinales. Luego de los procedimientos encabezados por el fiscal también detuvieron a Teresa Haag de 65 años y su pareja Omar Navas de 67.

Luego de varios días, la pareja fue excarcelada ya que se demostró que utilizaban el cannabis con fines medicinales y bajo receta médica.

“Entendemos que el fiscal va apelar, lo adelantó a un medio de Bahía”, señaló Resing. “El fallo de la jueza es bastante completo, son 82 páginas de argumentos, es algo muy difícil de dar vuelta”.

Agregó que “cuando nuestros abogados hacen el pedido de sobreseimiento, él mismo (Del Cero) reconoce que no hay venta pero insistía con la cantidad de plantas y flores que llegaron a encontrar. Cuando es para uso personal al no haber venta ni provisión de estupefacientes no es delito, no entiendo porqué quiere seguir molestando”.

Fabiana Vannini, defensora oficial de uno de los concejales, señaló que “fue justicia. No puedo dejar de mencionar que Teresa tuvo que interrumpir su tratamiento a raíz del secuestro de las plantas. Se vio muy afectada a partir del inicio de esta causa, pues sus dolencias recrudecieron por falta de su medicina. Este fallo es un gran paso, un excelente precedente”.

Por último, el concejal mencionó que en Tornquist “hemos sancionado una ordenanza, creamos el registro de usuarios y cultivadores, la reglamentación del presidente Fernández reconoce el trabajo que veníamos haciendo, somos unos de los pocos municipios que entrega certificados para cultivar. Logramos que la gente esté tranquila y segura”.

El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.

“El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana”, dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue “lamentable y claramente de complicidad con el poder”.

Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.

El Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) surgió a principios de la década del 70 como iniciativa de un grupo de matrimonios vinculados a la Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Su objetivo era difundir “la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres”. Dicho espíritu era fruto “del Concilio Vaticano II, la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín y su concreción en Argentina que tuvo como resultado el documento de San Miguel”.

Anoticiados del incremento de la violencia en Bahía Blanca y del asesinato del cura salesiano Carlos Dorñak, Néstor Busso viajó a nuestra ciudad junto a Alberto Aguirre el fin de semana del 25 de mayo de 1975.

“Entrevistamos a distintas personas, volví a La Plata y redacté el texto que fue publicado en la revista en junio. Fue un viaje muy intenso en un clima de mucha tensión y de gran terror”, recordó ante el tribunal.

Afirmó que “en Bahía Blanca solo estaba el padre Del Col. Santecchia y Stochetti se habían ido por las amenazas y los hechos sucedidos en marzo. Ingresé al lugar donde asesinaron a Dorñak y saqué fotografías. Era un zaguán con un hall al que daban varias habitaciones, estaba destruido, con rastros de un incendio, se veían las marcas de disparos”.

En los paredones del centro bahiense vio inscripciones con la sigla de la banda paraestatal y le llamó la atención “una leyenda en la fachada del Instituto Juan XXIII que decía ‘las AAA son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos’”.

“Varias personas me hablaron del trabajo de la religiosa Norma Gorriarán en Villa Nocito donde lideraba una escuela que, además, brindaba asistencia a los vecinos y vecinas. La hermana ya se había ido a causa de las amenazas y ataques que había recibido ese lugar”.

El informe del Sedipla de junio de 1975 destacaba que en aquel clima de terror “todos los entrevistados pidieron no ser identificados”. Busso mencionó que le “hablaban de la patota de Ponce y la patota de Remus Tetu”.

“Grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (…) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivill y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe’ González”.

El periodista dijo que “en aquel momento no había diferenciación entre las patotas y se las vinculaba con la Triple A, que tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos”.

Para justificar los crímenes estaba La Nueva Provincia: “Acusaba a las víctimas de ser los originantes de esos asesinatos y esa violencia, quienes pensaban de determinada forma debían ser eliminados”.

“Era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso’ de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales”.

La complicidad de Mayer

Mayer y Juan Pablo II. Foto: LNP

Busso aseguró que la actitud del arzobispo Jorge Mayer, a quien entrevistó para la publicación del Sedipla, “fue lamentable y claramente de complicidad con el poder. Muy diferente a la actitud anterior de monseñor Esorto quien había acompañado a sus sacerdotes amenazados y mantenía dialogo con las comunidades cristianas de los barrios populares”.

A Mayer lo esperó en la puerta de la Catedral un domingo de misa. “Se bajó de un auto importante vestido al estilo que usaban los obispos años antes, con una ornamentación particular. El diálogo que reproduce la revista fue tenso y al mismo tiempo respetuoso”.

“Le pregunté por qué no los protege, él hablaba de enfrentamientos, le dije que las víctima estaban de un solo lado, son los sacerdotes comprometidos con los sectores populares, las religiosas de los barrios, los grupos de jóvenes. No tuve respuesta. Supe también de sus vínculos con la Marina y La Nueva Provincia”, manifestó.

Por otro lado, Busso sostuvo que una de las entrevistas “más reveladoras” fue la que realizaron al padre Hugo “Coco” Segovia en Punta Alta. “Fuimos con mucho miedo porque se consideraba un lugar peligroso. Me contó el proceso que estaban viviendo de amenazas y ataques a Zamorano que ya se había ido, él vivía con su mamá, habían baleado su casa, estaba haciendo esfuerzos por quedarse ahí. Supe que después se trasladó a Mar del Plata”.

La carta de Pepe

En otro tramo de su declaración, el ex secretario de Derechos Humanos de Rio Negro se refirió al homicidio del obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, José González.

Busso recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. “Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe”.

“Firma ‘Pepe’ y habla de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad”.

El testigo afirmó que “los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas”.

El Sedipla y el propio Busso sufrieron amenazas del CNU. “Iba con mi esposa Olga y mi hijo mayor que tenía unos meses, me crucé en Diagonal 80 de La Plata con un señor que amenazó al bebé: a estos zurditos hay que reventarlos antes que crezcan así que tené cuidado”.

El último número de la revista se editó en marzo de 1976. En agosto, el Ejército ingresó al local, secuestró a Busso y robó los archivos del centro de documentación.

En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps el periodista fue interrogado sobre la labor de Sedipla. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.

En la audiencia del miércoles 3 de febrero declaró también Raquel Barabaschi, militante por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado en La Pampa. Este jueves lo hicieron Roberto Adrián Grill, Hugo Alberto Moreno y Víctor Susca en defensa del represor Juan Carlos Curzio y mañana lo harán José Manuel El Alabi, Roberto Armando Ferri y Juan Carlos Ibáñez en favor de Raúl Roberto Aceituno.

Foto cabecera: Va con firma.

Imágenes Revista Sedipla: gentileza Néstor Busso.

Vecinos y vecinas de la ciudad decidieron unirse en una mesa interbarrial en reclamo por la falta de agua. Se trata de los barrios Villa Rosas, Villa Serra, Spurr, Villa Talleres, Noroeste, Bella Vista y Rucci.

Anoche realizaron una manifestación en Ecuador y Av. Arias para pedir soluciones a corto plazo.

“Somos vecinos que decidimos juntarnos en una mesa abierta donde todos pueda participar para ver cómo solucionamos el problema del agua o, por lo menos, para llevar algún control de las obras que se están haciendo”, señaló a FM De la Calle Sergio, vecino de Spurr.

La mesa comenzó a funcionar este lunes, aunque las y los damnificados ya habían realizado acciones en conjunto, como por ejemplo enviar un petitorio al intendente para que los incorporen a la Mesa del Agua del Concejo Deliberante.

“La idea es unificar todas las luchas, este tema del agua nos está tocando a todos. Queremos hacer un llamado a los sindicatos para que se pongan codo a codo”, agregó.

Sergio destacó que “la situación del agua es la misma en toda Bahía, cuando empieza a hacer calor no alcanza para nada, el Rucci estuvo como cinco días sin agua, nosotros (Spurr) teníamos un hilito que no llenaba los inodoros. Esto es un problema crónico en Bahía”.

“De la gente que conozco es muy poca la que tiene agua normalmente. Hoy ya casi no alcanzó a llenar la mochila del inodoro en mi casa. Es una lucha larga y vamos a tener que organizarnos con los vecinos”, finalizó.

María de los Ángeles Rosón y Nicolás Marín, en representación del partido vecinalista Integración Ciudadana, sostienen que “las políticas de vaivén caracterizaron los últimos tiempos de la “gestión Gay”.

Para graficar lo dicho, en un comunicado que acercaron a FM De la Calle, esta fuerza política enumera:

  1. A comienzos  del año  2019, el Intendente pretendió derogar las ordenanzas que rigen el sector de la cultura bahiense, algunas de las cuales les aseguran  presupuesto municipal al área cultural municipal. La nueva Secretaria de Cultura Sra Morena Rosselló, llegó para quedarse y no dar su brazo a torcer. Acciones administrativas, manifestaciones y convocatorias populares, sumado a las  acciones del sector político local que integramos la Mesa de Emergencia Cultural, reclamaron fuertemente. Resultado: hoy las ordenanzas siguen vigentes y la funcionaria fue invitada a renunciar.  

Rosón y Marín señalaron que “Integración Ciudadana estuvo presente en cada lucha, en cada reclamo, con críticas, acciones  y propuestas, por eso  hoy nos permitimos afirmar que el gobierno local, avanza y retrocede después del hecho de la desaprobación popular” a la vez que solicitan “al Intendente Gay que las voces de los vecinos y vecinas sean escuchadas con anterioridad a la toma de decisiones políticas que afectan el interés público, y no solo en temas selectivos. De modo que los vaivenes de las decisiones políticas dejen de dar cuenta de las inconsistencias de Cambiemos”.

La revista científica The Lancet publicó los resultados de los estudios clínicos de la Fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V, creada para combatir los efectos del covid. El estudio demuestra que la Sputnik alcanzó una eficacia del 91,6% en la prevención del coronavirus y que es segura.
Por otro lado, aseguran que la respuesta en personas mayores de 60 años es similar al resto de la población.

En el análisis de eficacia del ensayo clínico se llevó a cabo en 25 hospitales de Moscú, y se realizó de manera aleatoria, controlado por placebo y con método “doble ciego”, lo que significa que ni voluntarios ni equipo médico sabían si estaban recibiendo o aplicando la vacuna o placebo.

De 19.866 voluntarios, 14.964 recibieron la vacuna y 4902 el placebo. Se administraron las dos dosis con 21 días de diferencia y de allí el resultado del 91,6% de eficacia.

El ministro de salud, Ginés Gonzalez García explicó que “En el informe del que participaron casi 20.000 participantes sugiere que aún no se consideraron eventos adversos graves asociados con la vacunación”.

“En otro subanálisis de 2.000 adultos mayores de 60 años sugiere, que la vacuna rusa es igualmente eficaz y bien tolerada en este grupo, y agrega que aún se necesita más investigación para confirmar los resultados en personas que pertenecen a grupos de riesgo”.

Según el doctor y divulgador científico, Nicolás Olszevicki, “La eficacia se mide en base a casos confirmados, no en base a severidad. Pero dado que es altamente improbable que erradiquemos COVID-19, lo más importante es su capacidad de prevenir casos severos. En este sentido, la eficacia fue del 100%. O sea: no hubo NI UN SOLO caso moderado o severo en el grupo vacunado a partir de los 21 días de la primera dosis, contra 20 casos moderados o severos en el grupo placebo”.

Agregó que “entre los días 15 y 21, la eficacia fue del 71,6% para evitar casos moderados o severos. No hubo, tampoco, efectos adversos graves relacionados con la vacuna”.

Por último el preisdente Alberto Fernández se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin y anunció que conversaron sobre la provisión de la vacuna.

“El presidente aseguró que el instituto Gamaleya y los laboratorios fabricantes están aumentando la producción para que nuestro país reciba la cantidad acordada, y manifestó su aprecio por la forma en que los argentinos y las argentinas recibieron la vacuna.”

A partir del análisis de medios gráficos y digitales, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 y el 31 de enero de 2021.

Las estadísticas contabilizan 33 femicidios desde que comenzó el año, lo que da como resultado un femicidio cada 23 horas.

Agregan que el 66,7% de los femicidios fue cometido por parejas y ex parejas de las víctimas y el 36,4% ocurrió en la vivienda de la víctima. Hay al menos 27 niñes huérfanes.

“Continuamos viendo con preocupación la actuación y, en ocasiones, la omisión de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad”, señalan desde el Observatorio.

Seis víctimas del total habían realizado al menos una denuncia y sólo tres tenían medidas de protección y, sin embargo, las asesinaron.

Por otro lado, en tres de los crímenes contabilizados el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad. “En este sentido, no sólo es fundamental la formación en perspectiva de género en las fuerzas, también es vital retirar el arma reglamentaria a miembros de que tengan denuncias de violencia machista”.

En tanto, en los primeros 31 días del año registraron dos trans/travesticidios. ¿Esa cifra implica que no ocurren? “Definitivamente no. Los asesinatos por razones de género a diversidades están presentes en nuestro país pero los medios de comunicación invisibilizan a estas víctimas”.

“Desde los discursos y mensajes mediáticos se construye sentido y se ejerce violencia. Es urgente romper el pacto mediático patriarcal. Exigimos la aprobación de la Ley de Equidad en Medios para tener una mirada de género transversal así como la participación de otras voces”, finaliza la presentación del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.

Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Giuliana Crucianelli) La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó el 29 de diciembre pasado y se reglamentó el 15 de enero. Sin embargo, el aborto por causales ya era legal desde su incorporación en el Código Penal hace cien años. Ahora bien, ¿desde dónde partimos? ¿Qué trabajo se venía haciendo en Bahía y la región con lo que ya era ley? ¿Qué posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, estipulada por el CP, había hasta la aprobación de la ley?

En el 2012 la Corte Suprema reinterpretó el marco normativo y precisó el alcance del aborto no punible o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 del CP en tanto ‘algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre’.

Sabemos que por más de avanzada que sea la ley, si no se lleva a la práctica es letra muerta. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el primer informe (en CIEN años) de gestión de la ILE, durante el primer semestre del 2020. Hasta entonces no existían registros ni datos oficiales sobre la interrupción del embarazo sistematizados y confiables, necesarios para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la PBA.

Región Sanitaria

En la Región Sanitaria 1, que comprende 15 municipios, quienes hasta la aprobación de la ley contaban con equipos de ILE, eran tan solo cinco: Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Adolfo González Chávez.

“En aquellos municipios donde no hay equipos se cuenta con derivación al (Hospital) Penna y llegan las demandas del 0800 de salud sexual para poder coordinar el acceso a esa práctica. Llega una solicitud por mail, me contacto con la persona y en el caso que no pueda trasladarse a Bahía coordinamos con el Municipio para que le garantice el acceso al viaje”, señaló a FM De la Calle, Mariana Rubio, referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. “La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO”, señalan en el informe.

¿Qué pasa en Bahía?

En lo regional, se estima que se realizan 50 interrupciones legales del embarazo al mes. La mitad o más corresponden a Bahía.

“Desde el primer nivel de atención, en varias Unidades Sanitarias hay equipos que garantizan el acceso hasta la semana 12. En el Hospital Penna desde la semana 12 hasta la 19 se está atendiendo la demanda (para abortos no punibles no hay límite de edad gestacional). En el Penna se atiende a las mujeres de municipios que no cuentan con equipos de ILE. El Hospital Municipal no cuenta con equipo para garantizar la ILE”, destacó Rubio.

Según el informe del Ministerio “del total de interrupciones legales de embarazo registradas en la provincia, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.

“En Bahía, antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud», destacó la médica e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno.

Según Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna “se trabaja en forma coordinada con la US. Se está cumpliendo lo que la ley propone, no hemos tenido grandes problemas con lo que marca la ley”.

Misoprostol

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron en FM De la Calle que el precio del Misoprostol, medicación utilizada hasta la semana 14 para procedimientos ambulatorios, depende de la marca y del laboratorio. Actualmente se consiguen dos en nuestra ciudad: Oxaprost y Misop 200. Se venden bajo receta archivada, como los psicofármacos, y cuestan por encima de los 7 mil pesos la caja de 12 comprimidos.

En tanto, en el sistema de salud público, Mariana Rubio informó que “el Misoprostol viene directamente desde la provincia y el Penna recibe exclusivamente para su uso, y en Región Sanitaria hay para los municipios. A partir de marzo la provincia comenzó a garantizar la compra del Misoprostol y la distribución. El insumo esta garantizado desde allí para todos los municipios”.

Abortar acompañada de redes y organizaciones feministas

Sin embargo, por fuera del sistema de salud, también se aborta. Las Socorristas en Red contabilizaron del 1/1/2020 al 27/12/2020, 475 acompañamientos.

De esos datos se desprenden que “el 76% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia siendo la emocional y física las de mayores porcentajes.”

De las personas que abortaron con Socorristas “el 63% tienen hijxs. El 36% tiene trabajo formal, mientras que el 24 % trabajo informal y el resto (40%) no tiene trabajo”

La conquista de un derecho elemental para la autonomía de los cuerpos como lo fue la sanción de la Ley de IVE es un logro trascendental y ejemplificador en toda América Latina. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad a la que nos enfrentamos, desde dónde partimos y el trabajo que todavía resta hacer.

Será un nueva tarea de organización y pedagogía feministas poner las redes a rodar para supervisar, señalar y reclamar, cuando haga falta, la correcta implantación de la ley: sin dilaciones, sin maltrato, sin revictimización y como insistimos hace más de 30 años. Nos lo deben, nos lo merecemos.

Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.

Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

  • Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
  • De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
  • La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
  • Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
  • Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
  • El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
  • En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.

Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

  • Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
  • A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
  • De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: fiscales.gob.ar

En la Unidad Penal de Saavedra los internos conviven hacinados y prolifera la Covid 19. Así lo denunció uno de los detenidos, Gustavo, quien contrajo el virus y recién fue aislado cuatro días después de los primeros síntomas.

Tras una presentación de su abogado, el interno fue trasladado a un aula de la escuela del penal con otro interno. Sin embargo, comparten baño con otras catorce personas contagiadas.

Gustavo dijo a FM De la Calle que, a pesar de que no los hisoparon, se siente “bien” aunque tiene dolor de cabeza y náuseas.

“Tratan de taparlo pero la gente se va contagiando igual”, señaló.

En un pabellón con capacidad para sesenta personas hay 120. Muchos internos con prisión preventiva solicitaron la detención domiciliaria pero la Justicia rechazó los pedidos. Si bien para salir del pabellón tienen que utilizar barbijo, adentro se comparte el mate y escasean las medidas de higiene.

“Dentro de los pabellones hay gente de riesgo, diabética, no les dieron bolilla. Gente de más de setenta años, con discapacidad, hay una persona con bastón que camina muy dificultosamente”, agregó.

Señaló que luego de hablar con su abogado comenzaron a suministrarle la medicación requerida. “Acá hay cero derechos humanos, esto es culpa de la Justicia que tiene que descomprimir las cárceles. No les importa la vida del preso”, finalizó.

(Por UMSur*) Finalmente, Morena Llanca Rossello renunció al cargo de Directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca. La renuncia había sido exigida por nuestra organización gremial a pocos días de haber asumido su cargo en diciembre de 2019 debido a su intento de derogar todo el marco normativo de acceso a derechos culturales en la ciudad (Instituto Cultural, Eventos con Continuidad en el Tiempo, Espacios Culturales Independientes, Fondo Municipal de las Artes, etc.).

A su vez, el Comité de Emergencia Cultural, integrado por ediles y ex concejales de todos los períodos desde la recuperación de la democracia hasta ahora, buena parte del movimiento obrero y todas las organizaciones culturales firmaron una carta exigiendo su renuncia ante las paupérrimas políticas en contexto de pandemia.

Nos parece saludable que el ejecutivo municipal reconozca el fracaso de sus políticas en materia cultural a través de esta renuncia. Sin embargo, la misma se efectiviza pocos días después de haber votado (por doble voto del presidente del Concejo Deliberante) el presupuesto 2021. En el área de cultura, se trata de un presupuesto de ajuste que no llega siquiera a empatar el nivel inflacionario respecto del período anterior.

Si se trata de un cambio real que reconoce que el gobierno municipal debe cambiar de rumbo, el flamante director del Instituto Cultural José González Casali debe dar una muestra clara al respecto reactivando el sentido democrático de las políticas culturales que impulsamos desde las organizaciones gremiales y sociales que conformamos el entramado artístico y cultural de la ciudad.

En este sentido, vemos con preocupación que la primera medida de este nuevo grupo de trabajo que toma el área cultural vaya en sentido contrario: se ratifica a Rubén García, quien fue cuestionado por haber sido contratista y planta, arte y parte, y además ha sido denunciado por organizaciones feministas de manera pública y notoria. Esta definición política preocupa dado que insiste en adoptar una postura autoritaria desde el gobierno que no escucha los señalamientos de los actores involucrados en la cosa cultural y comunitaria.

A pesar de ello, quedamos a disposición para reanudar el diálogo con las nuevas autoridades municipales teniendo en cuenta que atravesamos unas circunstancias dramáticas en medio de la situación pandémica y el poder ejecutivo municipal debe tomar rápidas y profundas medidas en materia cultural.

El pasado 10 de enero se cumplió un año de la jornada histórica en la que todas las organizaciones de trabajador♪s de la cultura y la comunidad colmamos el recinto del HCD y logramos detener la derogación de las ordenanzas históricas que garantizan nuestros derechos. Hoy renuncia la funcionaria que intentó implementar esta política de hecho.

Demás está decir que si es solo un cambio de nombre, lucharemos con la misma vehemencia que lo hemos venido haciendo en defensa de los derechos culturales de nuestro pueblo y los derechos laborales de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.

En suma, para que el cambio no sea mera descompresión en contexto electoral, exigimos:

  • Pleno funcionamiento de las instancias de participación comunitaria como el Consejo Cultural Consultivo
  • Restablecimiento de los talleres y programas cerrados durante la gestión Rosselló
  • Implementación de un plan de contingencia ante la pandemia que logre volcar recursos para garantizar el desarrollo de actividades no presenciales
  • Pase a planta permanente de personal precarizado durante años
  • Cese del programa de precarización
  • Refuerzo de las partidas destinadas a cultura dentro del Instituto Cultural, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones por escrito, previo a la presentación del presupuesto municipal
  • Reapertura del Teatro Municipal en condiciones seguras para los trabajadorxs y público
  • Pleno funcionamiento de la Serenata Municipal
  • Pleno funcionamiento de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar
  • Pleno funcionamiento de la Comedia Municipal
  • No a la privatización del espacio público

*UNIÓN DE MÚSIC♪S DEL SUR.

La dimisión fue exigida por organizaciones culturales, sociales, gremiales y políticas en octubre del año pasado. El Intendente Héctor Gay designó a José Ignacio González Casali en su reemplazo. Hasta el momento, se desempañaba como director de Cultura de dicho instituto y estuvo a cargo de los Organismos Artísticos del Sur durante el período macrista en la provincia de Buenos Aires.

La funcionaria saliente adujo que se retira por “necesidades personales y nuevos desafíos profesionales”.

El municipio anunció que “se crea el Gabinete Cultural de Bahía Blanca, que dependerá operativamente del Instituto Cultural, con los siguientes objetivos: Coordinar el diseño y planificación de las políticas culturales y artísticas de la ciudad; articular los programas y acciones específicas del Instituto Cultural, en sentido amplio e integrador de las distintas formas de la cultura; profundizar la relación con los ámbitos de la cultura y el arte, y con los diversos espacios culturales, artísticos e intelectuales de la ciudad; planificar acciones tendientes a construir comunidad a partir de las expresiones barriales, la cultural popular y el arte emergente”.

El Gabinete Cultural estará integrado por tres Directores, quienes trabajarán de manera coordinada y horizontal junto con el Director del Instituto, en la búsqueda de consensos y para lograr el diseño de una política cultural que incluya a todos los sectores de la cultura bahiense, y que se convierta en política de Estado de la ciudad.

Lo conformarán: “la actual Directora de Museos y Centros Culturales, Marina Fuentes, el actual director de 2 Museos (Bellas Artes + MAC), Christian Díaz y el actual Director de Cultura en Espacios Públicos, Rubén García”.

“Marina Fuentes, como directora de Acción Cultural, estará a cargo del Fondo Municipal de las Artes, los Espacios Culturales Independientes, Eventos Permanentes, la relación con las Escuelas de Arte, los talleres artísticos, el Centro de Estudios Folcóricos, etc”. Cabe destacar que ninguna de estas funciones están previstas en las ordenanzas vigentes.

“Rubén García como director de Arte Emergente, estará a cargo de las Culturas y Arte Urbano, las actividades culturales en espacios públicos, el Cultural de Tiro, el Centro Cultural La Isla, la Estación Sur, los Carnavales (sic), etc”.

García fue cuestionado en agosto pasado por la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca ya que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”. A su vez, la oposición señaló, cuando fue designado bajo el área de urbanización a cargo de Tomás Marisco, la incompatibilidad que implicaba el cobro de órdenes de compra a su vez que percibía su salario como empleado municipal.

“Christian Díaz, como director de Museos y Artes, estará a cargo de los Museos (2 Museos, Ferrowhite, Del Puerto, De Ciencias, Histórico, Fortín Cuatreros y Del Deporte), el Centro Cultural Malvinas y la Comunicación del Instituto”.

¿Qué dice la oposición?

El presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, Carlos Quiroga (FdT) dijo a FM De la Calle que “la ahora ex funcionaria lideró una feroz acción de encono y destrato para con las trabajadoras y los trabajadores de la cultura y fue quien encarnó la intención de derogar las ordenanzas de creación del Instituto Cultural y complementarias”.

“Fue además la responsable de la ejecución cero de los presupuestos afectados del área a su cargo. En lugar de invertir recursos en el desarrollo de acciones culturales que hubieran servido de soporte psicoafectivo para nuestra  comunidad en pandemia, optó por la ultra precarización de nuestros y nuestras artistas, dejando a la intemperie los derechos culturales de los y las bahienses”.

Sin embargo, Quiroga sostiene que “la incorporación de Rubén García al staff del IC deja al descubierto, como sospechamos, que su ingreso a la administración a través de la Secretaría de Movilidad, fue apenas un artilugio para llegar a este lugar, tema sobre el que, institucionalmente, planteamos nuestros reparos sin obtener ninguna respuesta”.

Finalmente, para el concejal “el gobierno de Gay tiene la oportunidad de demostrar que su no política cultural, fue responsabilidad de la ahora ex funcionaria. O no…”.  

¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.

Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Fuente: Télam.

A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.