“Soy católica, yo no me hago abortos pero por qué tengo que meterme con otras personas”, dijo a FM De la Calle Cecilia Ousset, médica tucumana especialista en tocoginecología, objetora de conciencia y expositora a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.
“Que yo sea objetora de conciencia no tiene nada que ver con que una persona pueda cumplir sus derechos. No puedo exigir a todo el mundo que piense igual que yo, que tenga mi misma religión o pensamiento, es absurdo”, agregó.
Ousset fue una de las profesionales que intervino en el caso de Lucía, una niña tucumana de 11 años con un embarazo producto de una violación. En la actualidad ella y su marido, quien fue convocado para realizar el aborto no punible, continúan imputados por homicidio agravado por haber garantizado la intervención según lo indica el Código Penal desde 1921.
“En el caso Lucía todo el mundo se declaró objetor de conciencia, yo ya estaba adentro con el profesional que lo iba a hacer y le tuve que instrumentar, tuve que ser partícipe porque mis creencias no pueden estar por encima del derecho de las otras personas”, comentó la médica.
Agregó que en el 2019 “se sabía que había una nena internada, que no se le garantizaba la interrupción del embarazo, había sido abusada y embarazada por su abuelastro. Estuvo un mes en el hospital, la fiscal (Adriana) Giannoni hace abuso de poder porque envía oficios al hospital amedrentando al personal diciendo que si alguno hacía la ILE iba a iniciar acciones penales, entonces ningún médico se animaba”.
“La nena pedía que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro, tenía lesiones, un caso muy grave y habían dejado pasar mucho tiempo”.
“Una jueza de Familia insta al Ministerio de Salud que se haga en un plazo de 48 horas, me llaman a mí que soy efectora del sistema privado, sabían que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que era objetora de conciencia, derivo el caso y acompaño al otro profesional por si había alguna complicación. Llegamos y todos se declararon objetores, las jefas estaban presentes, se llama a un anestesista de otro lugar y cumplo con la ILE, a la salida del quirófano nos esperaban oficiales del Ministerio Público Fiscal para tomarnos los datos”, recordó.
La especialista señaló que la causa continúa abierta por homicidio agravado: “En un momento casi perdemos nuestra libertad, tuvimos que ir a una audiencia con personas en la calle manifestando. Hemos visto realmente amenazada nuestra libertad, amenazas telefónicas y violencia verbal en la calle, a nuestras familias, nuestros hijos amenazados, con tratamientos psicológicos y, hasta el día de hoy, se sigue gastando recursos económicos en una causa que no se cierra”.
La persecución judicial como una maniobra de disciplinamiento profesional
“Es como si viviéramos en diferentes países, como si cada provincia tuviera sus propias reglas. En Diputados escuchámos cómo (los sectores antiderechos) tienen sus interpretaciones, dicen que el caso FAL fue para un solo caso, el art. 86 es para mujer idiota, es una locura. En el sur tenemos un profesional con causa penal y sin matrícula por obstaculizar y en el norte, por cumplir, tenemos causa penal”, argumentó.
Ousset explicó que “necesitamos marco normativo y jurídico claro para todo el territorio nacional. Tengo que saber, si la persona me dice necesita tal cosa, qué me va a ocurrir para ver si corro o no ese riesgo. No entiendo la colega que dice que quiere que sigamos viviendo en la clandestinidad en el miedo. Algo está fallando en lo íntimo de su ser o no está entendiendo la gravedad del problema”.
¿Cómo implementar la cláusula de objeción de conciencia?
En relación a la posibilidad de implementar un registro de personas objetoras de conciencia mencionó que “estamos hablando de Tucumán, donde obligan a gestar niñas, un registro sería ridículo. No debería haber porque una vez registrado sería muy difícil salir. Se van a ir plegando cuando esto avance y se vayan derribando muros ideológicos, cuando no se sientan perseguidos por fiscalías de homicidios. Hoy se van a registrar todos, no me vayan a meter preso, acá de verdad la policía te llega con sirenitas a tu casa”.
“Hay que manejarlo con mucha inteligencia, tejer redes, los profesionales que estamos por el derecho a decidir, por la legalización del aborto, entre nosotros sabemos a quiénes nos mandamos, todos lo sabemos y el sistema también. Sí necesitamos hacer consultoría porque acá tampoco hay”, concluyó.
