Evis Millán, referente en Bahía Blanca de Mujeres Originarias por el Buen Vivir e integrante de la comunidad Pillan Mahuiza, visitó FM De la Calle en el marco de la campaña de persecución contra los pueblos originarios desplegada por el gobierno nacional y el Poder Judicial al amparo de los medios masivos de comunicación.

Afirmó que “hay muchos intereses por parte de las megaempresas, sobre todo en la Patagonia, por eso se meten en las comunidades en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, no es por casualidad esta represión”. En pocos días se cumplirán dos meses del operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en el marco del cual desaparecieron a Santiago Maldonado.

“Estamos conmocionados con esta situación que se está viviendo a diario en las comunidades. Si bien los pueblos originarios en general siempre nos vimos avasallados por este Estado que se formó a través del genocidio, en estos últimos años es terrible la represión que se comete a diario”.

La familia Millán pertenece a la comunidad mapuche Pillan Mahuiza de Corcovado, a 130 kilómetros de Esquel, y recuperó su territorio hace casi dos décadas. “Es un espacio donde hay un río, hay un bosque. Cuando lo recuperamos sabíamos que había empresas cómplices con el gobierno que querían llevar a cabo cinco represas”.

“Vivíamos en Esquel y una de mis hermanas decidió recuperar el espacio porque estaba con sus hijos, no tenía trabajo, vivía una situación extremadamente mala. También activábamos en otra organización conformada por comunidades y lo que decidimos era empezar a recuperar esos espacios para poder vivir bien”, recordó.

Así lograron frenar las represas en aquella época aunque saben que las empresas no abandonaron su objetivo. “No solamente nos vamos a ver afectados como mapuches sino el pueblo de Corcovado, un montón de lugares van a quedar bajo agua, bosques enteros. Y sabemos que este tipo de emprendimientos no es para dar ayuda a la comunidad como generalmente dicen, que van a generar trabajo y demás, el fin de esas empresas es abastecer a las mineras”.

Entre el “montón de cosas” que pasaron a partir de la recuperación territorial reiteraron las amenazas por parte de la policía. “Esas tierras eran de comunidades y en el ’37 fueron desalojadas por un plan sistemático de los gobiernos y, en compensación, parte de esas tierras se las dieron a la policía para levantar una comisaría que hoy funciona como casa, donde está mi familia. La comisaría se trasladó y quedó todo abandonado. Dentro de la comunidad hay un cementerio mapuche donde están muchos de los familiares de los primeros pobladores, nosotros tenemos nuestra madre ahí”.

“Somos pueblos preexistentes a este Estado. Me parece necesario hacer una revisión histórica porque siempre nos tratan de negar derechos porque dicen que venimos de Chile. Hace 13 mil años que estamos, no existían para nosotros las fronteras de Chile y Argentina. Esto es un montaje que se hace de un sistema opresor”, manifestó.

Para comprender el contexto, comentó que “en Gulu Mapu (Chile) hace rato que viven esto, el Estado chileno se maneja con la ley antiterrorista y nuestros hermanos por defender su territorio contra las represas, las mineras, la tala de los bosques, hoy están siendo encarcelados. En este momento hay un juicio contra una de nuestras referentes espirituales que es la machi Francisca y ella está siendo condenada por defender su lugar, por oponerse al emprendimiento de una empresa que está avasallando el territorio”.

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“Se quiere trasladar ese marco a la Argentina, entonces, los mapuches y los pueblos originarios que defendemos nuestro espacio somos terroristas”.

Millán planteó que urge que el Congreso apruebe la prórroga de la Ley 26160 de “emergencia territorial” que frena los desalojos de comunidades originarias hasta tanto se realice un relevamiento a nivel nacional.

“Hasta ahora ningún partido ha hecho algo realmente por los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente esta ley, que en cierta manera nos permitiría vivir tranquilamente en nuestros espacios, está tratando de que llegue a su fin. Vence el 23 de noviembre y eso va a permitir que las empresas se sigan metiendo en las comunidades, que desalojen a la gente”, dijo.

Agregó que “dentro de la lógica de los pueblos no existía la propiedad y el Estado fue metiendo la propiedad privada. Hoy nos vemos en una situación complicada porque si no contamos con título vamos a ser desalojados y la mayor parte de las comunidades a lo sumo tienen títulos provisorios, pero no hay nada legal. Sí el gobierno en muchas oportunidades ha logrado hacer aparecer como arte de magia el título de propiedad para las empresas”.

El 27 habrá una movilización al Congreso. Millán invitó a las agrupaciones sociales y políticas “para organizarnos y parar esta situación porque no es solamente contra los pueblos originarios”. “¿Queremos que sigan las empresas metiéndose y explotando y destruyan todo o realmente queremos una mejor sociedad para todos, un buen vivir?”, preguntó.

Fotos: Foro Pueblos Originarios (cabecera) y FM De la Calle.

El senador nacional Jaime Linares se refirió en la última emisión de El Mejor Equipo de FM De la Calle a la prórroga de la Ley 26.160 de 2006 que frena los desalojos de tierras donde vivan comunidades originarias hasta que se realice un relevamiento de dichos territorios. Además, dio su opinión sobre el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios con la Armada en la Base Espora y otras de la Patagonia.

“Hay algunos senadores que creen que hay que hacer alguna corrección. Nosotros creemos que en primer lugar hay que definir la prórroga y si quieren hacer alguna modificación que la trabajen”, dijo el ex intendente bahiense sobre la norma que se trataría el próximo miércoles 27.

Linares afirmó que como “no se hacen los relevamientos” resulta “muy complejo determinar en muchos lugares el tema de cómo está la propiedad” y destacó que en el norte “los wichis, son pueblos nómades que se van moviendo dentro de un área en función de la necesidad de pesca o de mantenimiento. Después hay, como en todos lados, tipos que se van apropiando de las tierras, los van desplazando y están cambiando culturalmente los derechos de la gente”.

La necesidad de la prórroga de la norma resulta urgente en un contexto de intensificación de la permanente persecución estatal a las naciones originarias en el marco de la cual la Gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

“Hace un tiempo se hizo una ley que limita la tierra en manos de extranjeros cosa que todavía estamos esperando noticias del otro gobierno que iban a hacer un catastro en un año y ya llevamos como cinco y no sabemos cuál es exactamente las tierras que disponen Benetton”, manifestó el legislador.

Agregó que “por otro lado, hay una fuerte presión por parte de algunos locales, para impulsar la soja para zonas en donde no estaba, entonces me parece que hay muchos intenciones dando vuelta, y la verdad es que la Constitución del ’94 crea la tenencia de la propiedad comunitaria, que es exactamente para involucrar este tipo de casos”.

En relación a la desaparición forzada de Maldonado y al desempeño del gobierno sobre la causa judicial, Linares comentó: “Hubo un muy mal manejo del gobierno de la situación. Me parece ha habido una clara sobreactuación de la ministra cuando vino al Senado, diciendo que ella banca a los gendarmes. En realidad lo que debe poner es un claro límite, una cosa es la responsabilidad de una fuerza, y otra cosa es la eventualidad de un exceso que hay que castigarlo y hay que controlarlo”.

“La Gendarmería es la fuerza del Proyecto X de Berni. Entonces hay que tener control muy fuerte sobre estas fuerzas, en donde siempre se generan para reprimir y, a veces, están formados para este tipo de represión y en ese marco hay que tener una fuerte auditoria de las fuerzas”.

Tropas norteamericanas en Patagonia

Por otro lado, el senador se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en el que se permite a fuerzas extranjeras realizar ejercicios conjuntos en nuestro país: “Yo estaba en contra, como estaba en contra de las fuerzas armadas argentina en Haití. Como estuve en contra de la base China en Río Negro, porque me parece que es otro tema bastante complejo para tener insertado ahí en la Patagonia”.

“Son temas que se tratan muy rápidamente por intereses de los gobiernos de turno y, me parece, que no le hace bien un debate tan corto y de tan poca visión”, concluyó.

Rechazo de la CTA rionegrina

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro manifestaron su absoluto rechazo e intimaron a las y los diputados que representan a su provincia para que se expidan al respecto.

“Quieren aumentar la represión y el disciplinamiento en una de las regiones de mayor conflicto del país. Con las tropas extranjeras intentan garantizar el saqueo de nuestros recursos, la extranjerización de la tierra y el uso de ríos, lagos y mares”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.

La Central advirtió sobre el peligro que el Gobierno Nacional avance con esta norma y que varias de las fuerzas políticas que se dicen opositoras, presten su aval -votando afirmativamente esta ley- justo en un contexto en el que las autoridades y las fuerzas de seguridad están bajo sospecha, además de fuertemente cuestionadas en todas las provincias al sur del río Colorado.

Para la CTA esta denominada autorización de rutina para el ingreso de fuerzas militares extranjeras genera una situación grave, ya que está vinculada de manera directa, no solo con el caso Maldonado, sino con la posibilidad de perseguir, reprimir y seguir debilitando las garantías constitucionales en la región del país que tuvo el 50% del total de conflictos que se sucedieron en los últimos 18 meses.

El proyecto de ley, girado por el Poder Ejecutivo, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional denominado “Cormorán” fue tratado por la Cámara de Senadores en la sesión legislativa del 7 de septiembre pasado y lleva por número de expediente 308/17.

Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.

La investigación incluyó más de un centenar de víctimas. Los represores pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. El tribunal está integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava.

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La Fiscalía pidió penas de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 añospara los siete restantes. Exigió el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó 24 perpetuas y otras condenas de entre 15 y 20 años.

Entre las clásicas declaraciones de inocencia, ataques a la legitimidad y constitucionalidad de los juicios y victimizaciones varias, se destacó de la audiencia del miércoles el pedido de desalojo de la sala por parte del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, uno de los involucrados en el robo de bebés nacidos en cautiverio.

Adriana Metz, hermana de uno de los hombres que aun no conocen su verdadera identidad, dijo a FM De la Calle que “el misterio creó más expectativa pero no aportó nada nuevo. Según lo que me contaron después de la audiencia sí confirmó lo que habían declarado Noemí Labrune y Diego Martínez que había sido cuestionado por su abogado defensor”.

“Me voy de franco, cuando vuelvo al lugar, siempre volvía a las doce y media de la noche, éramos doce hombres, seis de servicio y seis de franco. Doce y cuarto, doce y media de la noche, estaba el comentario del personal que estaba en servicio, que había ocurrido el caso, que había nacido el bebé. Yo no lo vi, no lo presencié, ni lo hice”, dijo Lavayén.

El represor relató que ese día llegó un grupo de interrogadores al mando de Santiago Cruciani y que “el Tío” comentó que un mayor de Buenos Aires y su esposa se llevarían al bebé. “¿Qué me dijeron? Que a la hora y cuarto, hora y media que había nacido el bebé, vino el médico de la unidad, del Comando V Cuerpo y retiró al bebé”, agregó.

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“Como que me llamo Lavayén lo asumiría, pero yo no lo hice, no lo hice, el delito del nacimiento. Yo no estaba, no lo vi, ni lo presencié”, insistió el Zorzal.

Respecto a la imputación sobre el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Izurieta, el guardia negó que se haya concretado en La Escuelita porque la sacaron con un estado de embarazo avanzado.

El 4 de octubre -desde las 17- el tribunal juzgará los hechos ordenados desde el Comando V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado. Mayores de 18 años con DNI podrán ingresar al aula magna universitaria de Colón 80. Jóvenes a partir de los 16, con docentes, pueden coordinar con el tribunal escribiendo a [email protected]

FM De la Calle trasmitirá en vivo por la 87.9Mhz y delacalle.org  

A 11 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, bajo la convocatoria de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, organizaciones sociales, partidos políticos y centros de estudiantes se convocaron en la Plaza Rivadavia bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sumando el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.

Celeste Moore, docente y actriz del grupo Nuevodrama, interpretó “Un poema para que aparezcas” escrito por Eliana Cossy, amiga de Santiago Maldonado. Evis Millán de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Fabiana Méndez de la Kumelen Newen Mapu dieron lectura al documento principal del acto previo a la movilización.

 “El Estado argentino se conformó invadiendo el territorio donde existían mas de 40 naciones, de las cuales hoy quedamos alrededor de 37. El pueblo mapuche es una de ellas, con 13 mil años de antigüedad en la Wallmapu, territorio que abarca ambos lados de la cordillera, lo que hoy es nombrado como Chile y Argentina. Los Pueblos Originarios siempre hemos interpelado a este modelo que promueve un estado monocultural, eurocentrista, monoreligioso y del cual el poder económico, político y clerical imponen un orden que hoy se encuentra en una crisis mas grande”, leyó Millán.

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El reclamo por la aparición con vida de Santiago, puso en el centro de la escena la situación que atraviesan actualmente los pueblos originarios. Existe una real preocupación de que no se renueve el próximo 23 de noviembre la ley 26.160, normativa que suspende los desalojos en las tierras de comunidades indígenas en todo el país. La ley ya tiene dictamen de dos comisiones en el Senado y continuará siendo tratada el miércoles 27 de septiembre en una sesión especial. “Es necesario pactar un acuerdo de cohabitabilidad entre los Pueblos Originarios y el Estado argentino, ya que es una cuestión histórica”, aseguraron.

Además, denunciaron los allanamientos que Gendarmería Nacional realizó en el Consejo Zonal Wijice en Neuquén, la situación de alerta que mantienen las comunidades de Chubut, la detención arbitraria de Elizabeth Loncon en el marco de la causa de Santiago Maldonado y el hostigamiento ante los fuertes intereses económicos de empresarios y empresas trasnacionales en Chile, donde luego de 103 días de huelga de hambre por parte de cuatro presos políticos, aún no ha habido avances en la causa. Se los acusa de haber quemado una iglesia sin que haya evidencia alguna.

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Este año, las movilizaciones en todo el país por la aparición con vida de Jorge Julio López estuvieron acompañadas por el pedido de aparición de Santiago Maldonado. Nuestra ciudad no fue la excepción y dijo: “Ninguna impunidad ante la desaparición forzada de personas”.

(Por Marina Huentenao) Corrimos y nos escapamos de los tiros. Estábamos sentadxs disfrutando de la maravillosa y multitudinaria marcha hasta que llegó la policía y de la nada comenzó a dispararnos.

Hace días que estoy intentando poder resumir todo lo que me pasa por la cabeza y corazón, no estoy pudiendo encontrar palabras para hacerlo; acá va un intento.

El 1 de septiembre, en Buenos Aires, después de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado vivimos una de experiencias que nos va acompañar por el resto de nuestras vidas, no será de las más lindas que vivimos pero sí de las más profundas y de las mayores enseñanzas que podamos llevarnos de este camino.

Estando con la alegría de esas que nos generan las calles llenas cuando los reclamos son colectivos, cuando el nombre de una persona es la excusa para luchar por el lugar que queremos, el lugar donde estemos todxs y no falte nadie, que estén lxs santxs y lxs brujxs, que estén lxs militantes de la terca esperanza y lxs esclavxs del mal, lugar donde haya valientes y cobardes caminando a la par, donde estén lxs solidarixs y lxs mezquinxs pisando el mismo suelo, donde quepan todxs, porque en eso creemos y militamos todos los días de nuestra vida.

Cuando unx desaparece se nos escapa también un poco de vida. Yo anduve marchando por muchas cosas y mucha gente; no lo hago porque soy buena sino porque tengo claro qué sociedad quiero construir, marcho porque tengo sueños, no quiero dejar un mundo mejor para nadie, quiero vivir feliz en esta tierra en este momento que voy andando y eso lo voy compartiendo con las muchas personas con la que voy eligiendo gastar la vida.

Tengo la convicción de que todo puede ser mejor y en la pequeña parte que me toca poner porque sé que nada está acabado y que todo va a seguir cuando nosotrxs no estemos. Trato de poner lo mejor que soy y tengo.

El 1 de septiembre quedamos atrapados por la repulsiva y maldita policía, no todxs son iguales pero cómo creer que ellxs son quienes están al servicio de la comunidad, salieron a cazar y a sacar lo peor que tienen, su brutalidad y su odio. Les molesta nuestra humanidad, les molesta lo que no entienden, les molesta la alegría que nos da la lucha compartida, los abrazos y ojos conmovidos porque sentimos hermanx a cada unx que marcha, porque sentimos propio el dolor ajeno.

Cada vez más siento que no les molestaba la corrupción sino que le molestaba la igualdad y cuando sos un/una desclasada, cuidáte de vos mismx porque nunca, nunca, nunca vas a poder sentir la mano compañera que salva, el alma vecina latiendo junto a la tuya y la alegría de saber que si algo te pasa miles, millones, multitudinarias marchas te van a perseguir contándote que el dolor que provocaste es semilla para mundo nuevo y más nunca digo: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Vivo y libre lo queremos.

En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

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Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.

Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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(Por Astor Vitali) En el nombre de Santiago Maldonado residen diferencias sustanciales del modo de ser y de pensar argentino. La evocación del detenido-desaparecido genera en nuestra sociedad, al menos, tres reacciones: envalentonamiento gozoso de los fascistas de siempre; dolor por revivir los métodos del terrorismo de Estado; y finalmente una indiferencia que, hasta que no se demuestre todo de una manera escandalosa (como ocurrió con los crímenes de la dictadura), funciona más como condena social hacia las víctimas que como indiferencia en sí misma.

Un hippie. Un drogadicto. No era profesional. Un sucio. Un amigo de los chilenos apátridas. Que vayan a laburar. Kirchnerista mugriento. Por qué no hablan de los otros desaparecidos. Qué cuentan la Historia completa. Por qué no preguntan por Nisman.  ¿Y Julio López? Seguro que está comiendo un asado en el sur o, por qué no, en Chile. Vagos de mierda. Yo me rompo el culo y pago mis impuestos para mantener vagos. No quieren el cambio. Fuerza Mauricio.

Y Mauricio se siente con fuerza. Nadie en el rol de la FasciMinistra Bulrich puede decir las barbaridades que dice (y hace) si no se siente con la libertad ancha de hacer y deshacer a su antojo.

El fenómeno social actual tiene elementos de antaño y tiene novedades. Es viejo que hay un segmento de la sociedad argentina que avala sin miramientos los métodos que sean necesarios para sentirse occidentales y cristianos: blancos y europeos. De Videla les molesta lo salvaje, que muestren el trabajo sucio, pero no sus objetivos ni sus métodos. Eso está acá, hoy y ahora y con esas mentes se convive. Y cabe aclarar, una vez más, que no necesariamente su ideología responde a su condición de clase.

En todo caso, quienes hayan tenido responsabilidad política en el ejercicio de los gobiernos democráticos del 83 a esta parte deberían replantearse qué tan superficiales fueron las transformaciones postuladas como para que final mente notemos que han dejado intactos en la suciedad argentina el rencor y el anhelo de cazar cabecitas negras. ¿No era que había vuelto la política? ¿No era que otra historia se enseñaba en las escuelas? ¿No era que no había retorno del progresariato? Sus pregoneros conocen a la perfección la realidad: operaron con utensilios de utilería, gruesos, sin filo. Jamás agarraron el bisturí.

¿Qué es lo nuevo, entonces? Si, como todos los elementos publicados indican, se produce la confirmación de que Santiago Maldonado fue chupado por gendarmería, estamos hablando de que los flamantes gobernantes surgidos del voto popular llevó adelante una desaparición forzada. Estamos hablando de que un gobierno de origen democrático utilizó los métodos del terrorismo de Estado.

Y con esto ¿Qué se hace? ¿Qué legislación está pensada para hablar de terrorismo de Estado en el marco de la democracia? ¿A qué Naciones Unidas se acude? ¿A qué organización internación de derechos humanos se apela? ¿Cómo nos organizamos y para qué? Anonadado por la falta de respuesta ante lo ocurrido; no del todo sorprendido por la temeridad del gobierno actual; por su falta de límites, por su profundidad de fines y por el uso de métodos insospechados, uno piensa que es mejor que la mayor cantidad de voluntades organizadas posible comencemos a responder estas preguntas. Más temprano que tarde.

El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.

(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.

El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.

“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.

Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.

Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.

En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.

En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.

Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.

La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.

El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.

“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.

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Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.

García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.

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El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.

A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/

Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.

En dicha reunión se le entregó la petición que figura al pie, que fue analizada pormenorizadamente por los presentes.

El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.

La Plata, 29 de agosto de 2017

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D

La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:

a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;

b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

Saludamos al señor Ministro atentamente.

VERÓNICA HEREDIA
ABOGADA

Magalí Gómez, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, afirmó que a partir de la vulneración de derechos de las audiencias buscan transformar la matriz comunicacional. “Es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada”.

La licenciada en Comunicación llegó a Bahía Blanca invitada por el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar El Nido para participar de talleres con estudiantes de secundaria y de periodismo.

En dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle comentó que, desde el vencimiento del mandato de Cynthia Ottaviano, el organismo se encuentra acéfalo y a la espera de la selección de su reemplazante por parte de la Comisión Bicameral del Congreso.

“María José Güembe es la Directora de Protección y hoy quedó a cargo básicamente de la Defensoría. Estamos en una situación en la que podemos seguir trabajando, seguir defendiendo los derechos de las audiencias pero con algunas limitaciones que vamos sorteando día a día”, afirmó.

Gómez aseguró que siguen “trabajando en la recepción de denuncias y de reclamos por parte de las audiencias cuando les parece que haya habido alguna vulneración de derechos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que la comunicación es un derecho humano, en ese contexto implica que lxs ciudadanxs tenemos derechos comunicacionales, por eso somos audiencias”.

Ante las denuncias, la Defensoría se acerca a los medios involucrados para informarles acerca de las quejas o la vulneración de derechos y si bien no tiene la posibilidad de sancionarlos como la tiene el ENACOM (ex AFSCA), cuenta con la capacidad de buscar mediante el diálogo algunas transformaciones.

“Lo que buscamos es eso. Por un lado, ir transformando la matriz comunicacional, que es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada. De esta manera vamos buscando una reparación. ¿Qué significa? Un pedido de disculpas, un informe que revierta el mensaje que se había dado anteriormente, un spot. Hay muchas posibilidades. Y, por el otro lado, lo que hacemos es todo este proceso de capacitación con audiencias, estudiantes y periodistas”.

Respecto al modo en el cual los medios retratan a las mujeres y a las denuncias que reciben por esas prácticas, Gómez destacó que “lo interesante de este momento histórico es que las audiencias están bastante sensibilizadas en relación al tema de géneros. Lo más interesante es que hay una demanda fuerte en relación al tema de la sexualización de las mujeres, la cosificación, la revictimización y también de las personas LGBT. De todo el abanico de temas que recibimos en torno a la discriminación el 60% son de estos temas”.

“Se está desarrollando una sensibilización mayor. El movimiento de mujeres ha tomado un protagonismo hoy en las calles, se ve con el Ni Una Menos que a nivel internacional ha tomado un impacto increíble. Me parece que hay mayor sensibilización y estamos más despiertxs mirando estas cuestiones en los medios de comunicación. Se ha logrado, por ejemplo, que se hable de femicidio, que la mayoría de los medios incluyan el 144 cuando hablan de violencia de género. Entonces me parece que estamos avanzando, por eso también las audiencias están más atentas”, agregó.

(Por Marcelo Musante*) Los discursos racistas contra los pueblos originarios recrudecieron salvajemente hace unos años. La gente pide “mano dura” y los medios hablan de usurpación y ocupaciones. El gobierno, reprime. Y el que se mete, puede desaparecer.

Hace un año atrás el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, anunciaba en Choele Choele -sin sonrojarse- el inicio de una nueva campaña al desierto.

Ayer en horario central televisivo del domingo, dos programas periodísticos se hicieron eco de un tema que comenzó a circular a partir a de la desaparición de Santiago Maldonado y definieron la agenda de discusión de los próximos días en bares, oficinas y transportes públicos.

En Periodismo Para Todos, Jorge Lanata, dedica un programa entero al tema indígena y la propiedad de la tierra. La pregunta, ingenua, se cae sola: ¿Por qué le interesa ahora este tema siempre residual en la agenda de los grandes medios de comunicación?

Quienes trabajamos y acompañamos estos temas sabemos de la dificultad de plantear en pantallas, papeles prensa y radios los conflictos por la tierra. Generalmente son temas de las propias comunidades indígenas, que una y otra vez, lo sostienen con el apoyo de medios alternativos y voces cercanas al mundo indígena.

Sin embargo, de pronto, Lanata dedica una columna en Clarín del sábado y un programa entero el domingo en Canal 13.

“¿Quién carajo va a escuchar la radio de los wichis?”, se preguntaba el periodista en plena discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, develando así su racismo, su creencia de superioridad y su sentido únicamente utilitario de los medios de comunicación. ¿Por qué ahora destinar un programa entero a los “inescuchables” indígenas?

Roca

En Debo Decir, programa de Luis Novaresio en América TV, están como invitados Rolando Hanglin y el historiador Felipe Pigna, entre otros. Tras preguntarle a Pignia por sus 5 “Padres de la patria” (porque sólo pueden ser varones parece), el conductor le pregunta a Hanglin por los suyos, y en segundo lugar menciona a Julio Argentino Roca. El director parte la pantalla en dos y lo toma a Pignia. El conductor se sonríe y dice “acá hay una grieta”.

Enseguida Hanglin comienza a hablar de que los Mapuche no aparecen en los libros de historia argentina, que son chilenos y que por lo tanto no tienen nada que reclamar.

La línea argumental es conocida. No están en los libros escritos justamente por quienes propagandizaron la campaña, como Estanislao Zeballos: Los mapuche eran araucanos que mataban a nuestros indios tehuelches. Entonces Roca avanzó sobre los usurpadores de la Patagonia.

Si el reclamo es ilegítimo, la violencia es legítima.

Cambio de canal. De nuevo El Trece.

Lanata asegura que hubo 77 atentados en 4 años. ¿Alguien con un poco de sentido común puede creer que esa cantidad de “actos terroristas” hayan ocurrido y que ese minúsculo grupo subversivo esté operando y entrenado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)?

En el programa de al lado, según Telecentro, Novaresio le pregunta a Rolando Hanglin por Santiago Maldonado. El nudista responde pétreo: ¿Qué Santiago? Y agrega que no creía que estuviera haciendo tatuajes mientras acompañaba a sus amigos mapuche a cortar la Ruta Nacional 40. La ruta más larga del país. “Eso es un delito. Seguro que está vivo. En cualquier momento aparece por ahí sano y salvo. Estoy seguro”, dice Hanglin.

“Ojalá así sea”, dice Novaresio sin repreguntar. “Ojalá así sea”, dice Rolando.

Desalojos

La Ley 26160 promulgada en 2006 pone en cuestión el tema de los conflictos por la tierra que sufren los pueblos originarios en nuestro país. La legislación promueve la suspensión de los desalojos hasta tanto no realizar un relevamiento territorial con la participación estatal e indígenas.

La existencia de la ley que funcionaba como amparo legal al uso de la violencia “legítima” del Estado sobre las comunidades no logró evitar represiones y desalojos en Formosa, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco. Chubut, Tucumán, Misiones, Salta, Jujuy, etc. El petróleo, el litio, campos universitarios, el turismo, la soja, son algunos de los culpables. Siempre sustantivos sin nombre propio. Y las comunidades al fondo de la grieta. El Senado debía tratar su prórroga para poder continuar con el relevamiento, pero ya pospuso su discusión dos veces.

Desde diciembre de 2015, las amenazas y represión recrudecieron salvaje y públicamente. El pedido y necesidad de disciplinamiento es un círculo vicioso que engorda desenfrenado.

“La gente pide mano dura”, los medios titulan inseguridad, usurpación, piquete y ocupaciones. El gobierno escucha y actúa. O actúa y genera condiciones de justificación represiva.

Los “dueños” de la tierra de vuelta financian una campaña sobre los pueblos originarios.

El territorio se configura violento. Lo configuran violento. Hay fuerzas policiales y mediáticas desenfrenadas.

Y el que se meta, como Santiago Maldonado, será porque “algo habrá hecho”.

— Aparición con vida de Santiago Maldonado —

(*) Sociólogo, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina

Ilustración: Juan Paz, Facebook: Disculpen la molestia

(Esta nota de opinión puede ser reproducida libremente, en forma parcial o total).

#ApariciónConVidaDeSantiagoMaldonado #ElEstadoEsResponsable#GenocidioIndígena
#DesapariciónForzada #SantiagoMaldonado

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Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.

Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.

Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.

Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.

Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:

•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.

•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.

•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.

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