El caso de Alejandra Galicio es un emblema de la lucha contra las violencias hacia el colectivo trans y travesti de nuestra ciudad. Tenía 33 años y la encontraron malherida en las instalaciones de la ex bodega Arizu en abril del 2005. Días después falleció en el Hospital Municipal.

“Estuvo en terapia intensiva durante cuatro días y luego falleció. Alejandra era trabajadora sexual pero nunca se investigó el caso, se hicieron unos allanamientos para aparentar. Como era de Salta y su familia era humilde, le dijeron que no se podía hacer nada, que no sabían quién lo había hecho”, relató en FM De la Calle su amiga Yohanna Maidana.

Yohanna recordó a Alejandra como “una persona muy divertida, muy luchadora por ella y por su familia. Le gustaba mucho divertirse. Todas intentamos crear un futuro. Nuestro proyecto era poder tener algo y ayudar a nuestra familia”.

Hace décadas y en un pueblo pequeño ser una mujer trans no era nada fácil: “Nos conocíamos desde los ocho años, somos del mismo pueblo, Colonia Santa Rosa de Salta. Luego fuimos a La Plata y después vinimos a Bahía. En aquel momento éramos muy perseguidas por la policía. Hoy muchas no necesitan dedicarse al trabajo sexual porque pueden hacer otra cosa. Las chicas trans tenemos más posibilidades por el hecho de tener nuestro documento y nuestra identidad. Podemos estudiar, de conseguir un trabajo”.

Maidana agregó que “antes yo renegaba muchísimo y decía porqué nosotras las chicas trans tenemos que pasar por esto. Hoy en día veo a las mujeres luchar por sus derechos y pienso no solo a nosotras nos pasaban cosas. Nada más que esta sociedad es un poco hipócrita y no lo decía”.

La Mesa por los Derechos Humanos de La Plata advirtió sobre la convocatoria al ex camarista bahiense Néstor Luis Montezanti para integrar un jurado a un concurso y repudió la decisión del decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la UNLP.

El juez Walter López Da Silva debe resolver estos días -y un año después de su indagatoria- el futuro procesal del ex espía del Destacamento de Inteligencia 181 por sus vínculos con la Triple A y su participación en crímenes de lesa humanidad.

“Por suerte y en función del comunicado que emitimos cuando nos enteramos de la propuesta de que Montezanti sea parte de un jurado, en este caso para la materia Administrativo 1, el Consejo Directivo decidió no tratar el pliego en el cual estaba propuesto para la Comisión Asesora para este concurso”, dijo a FM De la Calle Matías Moreno.

Explicó que “cada unidad académica tiene una autonomía y una lógica que tiene que ver con la apertura para que se anoten aquellos que quieran ser jurados y algunas otras veces es la misma unidad la que los convoca”.

El Capítulo 1 del Estatuto de la Universidad de La Plata establece que “el marco democrático planteado para una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional, por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios, de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”.

“Con lo cual con la presencia de esta persona se estaría violando ese artículo”, afirmó Moreno y destacó que mientras el Estado se aparta del proceso de Memoria Verdad y Justicia, “son los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas las que cumplen la función de estar atentos a que las personas que han estado involucradas en delitos de lesa humanidad no ocupen lugares como docentes, ni de investigación para sostener valores fundamentales de la universidad pública”.

Montezanti renunció a la magistratura horas antes de conocerse el fallo de un juicio político que ventiló su falta de idoneidad para el cargo y se jubiló como docente de la Universidad del Sur tras un fallido juicio académico.

La participación del intendente Héctor Gay en la señalización de un ex centro clandestino de detención y torturas de la Prefectura en Ing. White fue repudiada por organismos de derechos humanos.

El acto, realizado en Torres y Rubado, fue convocado por APDH, H.I.J.O.S. y RED x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo junto a la Mesa x el Juicio y Castigo.

Si bien suele haber participación de funcionarios de segundas líneas, sobrevivientes, familiares y militantes se sorprendieron cuando el jefe comunal se presentó junto a concejalas, secretarios, directores y el delegado whitense.

Integrantes de los organismos rechazaron que Gay haga uso de la palabra ni intervenga en el descubrimiento del cartel idetificatorio del ex centro clandestino.

“Gay, ha sido durante tres décadas, la voz oficial del monopolio de los Massot, difundiendo, moldeando voluntades y siendo parte editorial del pensamiento de sus patrones. El Diario La Nueva Provincia, se encuentra aún bajo investigación, en la persona del único dueño que queda vivo, Vicente Massot, quien está acusado por delitos de Lesa Humanidad, entre otras cosas por el asesinato de sus obreros gráficos Heinrich y Loyola. La causa se halla dormida en algún cajón del Poder Judicial desde hace varios años”, dijeron desde H.I.J.O.S..

Agregaron que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ESTÁN AUSENTES desde diciembre del 2015 y este gobierno lejos de garantizar los Derechos Humanos de TODO el pueblo, los vulnera sistemáticamente. En el país se necesitan políticas de Derechos Humanos reales y concretas y no necesitamos funcionarios que se saquen fotos para la ocasión”.

Gremios estatales de la provincia realizan un paro de 24 horas que en el caso del sector docente continuará jueves y viernes. SUTEBA, CEB, ADUNS, ATE, AJB y centros de estudiantes se movilizaron esta mañana desde el Consejo Escolar hasta el rectorado universitario de Colón 80.

La reapertura de las paritarias, salarios dignos, el pase a planta permanente y la reincorporación de personal despedido son algunas de las demandas sindicales.

Falvio Meles, secretario general de Asociación Judicial Boaerense, señaló a FM De la Calle que presentaron “un pedido para retomar las negociaciones paritarias de este año porque las del año pasado las finalizó la gobernadora unilateralmente”.

“Habiendo pedido alrededor de un 16% de poder adquisitivo pedimos que se retome el diálogo de la mesa de negociación salarial”, agregó.

Se cumplen hoy cinco años de la muerte de Daiana Herlein, ocurrida tras la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo. El hecho evidenció la desidia y la corrupción de integrantes del gabinete de los intendentes Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua.

En esta ocasión el doloroso aniversario encuentra a la familia de Daiana ante el inminente inicio del juicio por homicidio con tres imputados. El fiscal será Gustavo Zorzano y el abogado querellante Leandro Aparicio.

Desde el próximo lunes a las 9 y hasta el viernes 15 se desarrollará el debate de la primera etapa de la causa que tendrá en el banquillo de los acusados a los ex directores de Espacios Públicos Marcelo Caramelli y Oscar Abraham y el ex titular de la Agencia Urbana Marcelo Lenzi.

Caramelli fue condenado en julio de 2017 por el Tribunal Criminal Nº 1 a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, más una multa de 50 mil pesos por los delitos de coimas y extorsión en el Parque de Mayo.

Hoy cumple dicha pena -y prisión preventiva por otra causa por extorsión en el cementerio- en su domicilio de General Paz 273 por su condición de diabético.

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El fiscal federal Federico Delgado dijo a FM De la Calle que el poder judicial atraviesa una grave crisis y se esperanzó en que “la cuestión de los cuadernos sea un quiebre que reconcilie a la sociedad respecto a la justicia”.

“Como toda crisis es una gran oportunidad para que decidamos si queremos vivir organizados en base a derechos, con una justicia razonablemente creíble o tomamos la decisión de vivir en esta meseta donde vamos saltando de crisis en crisis, cada paso es uno más profundo en una serie de problemas más grande”.

Para el autor del libro Injusticia, “Argentina tiene un grave problema de corrupción en términos generales y la justicia de Comodoro Py tiene los problemas de la Argentina: crisis de legitimidad, de credibilidad, demasiado tiempo, un país donde se ha robado mucho y hay poco preso”.

“Los D’Alessio son, en la justicia federal, un fenómeno muy viejo. El caso muestra la existencia del mercado parajudicial que está anclado en comportamientos muy antiguos que en tribunales se conocen como la girada. Es un montaje muy complejo que uno lo ve en la comisaría más pobre y en las causas más complejas”, dijo.

Delgado agregó que “hay deformaciones de la ley que privatizaron de hecho la justicia. La Constitución plantea que la resolución de problemas las dejamos en manos de los jueces y que quienes van a mover a los jueces van a ser los fiscales. En Argentina por un tecnicismo, que es casi inédito casi en todo Occidente, cualquier particular puede poner en movimiento la acción penal pública. Es decir, cualquier persona poderosa puede poner en movimiento un aparato que solo puede poner en movimiento el propio Estado”.

El juez de Menores de Misiones, César Raúl Jiménez, quien preside la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia opinó acerca del anteproyecto presentado por Cambiemos para bajar la edad de punibilidad a 15 años.

“Estamos buscando la forma de meter presos a los pibes, no buscamos una forma de dignificar la niñez, ni de darles vivienda digna ni escolaridad. Pensar en agravar la pena por delitos graves en base a ideas falsas es construir una reforma punitiva, regresiva y represiva”, señaló.

¿Qué pasaría si se aprueba esta reforma? “Lo que establece el anteproyecto es el encierro como medida inmediata. Irían a a una cárcel común porque en muchos lugares del país no hay centros especializados”.

 

Viviana Marfil,  secretaria general de ATE y trabajadora del Centro de Fortalecimiento Comunitario, habló acerca de las problemáticas que atraviesan las instituciones para jóvenes en conflicto con la ley y la reforma del régimen penal juvenil.

El proyecto del gobierno nacional pretende bajar la edad de imputabilidad a los 15 años para delitos graves.

“Estamos hablando de una ley penal juvenil de hace diez años donde dice cómo se debe trabajar, dónde los dispositivos se crearon a medias, porque están en la ley pero no está la resolución que diga con que personal hay que contar”,  dijo Marfil.
Por ley hay tres dispositivos: Centro de Referencia, Centro de Recepción y Centro de Contención. “El de Referencia cumple la misma función que el Patronato de Liberados con menores de 16 a 18 años. Hay un operador de calle sin equipo técnico. El Centro de Recepción está hace cinco años y hay dos asistentes. Iban a poner los tres centros en Espora pero en concreto no hay nada”, concluyó.

El defensor oficial general Pablo Radivoy opinó acerca del debate entorno a los hechos de inseguridad,  las reincidencias y las falencias del sistema penal.

“Hay un doble discurso desde el Ministerio de Seguridad, les dicen a los jueces que no detengan gente porque no tienen lugar dónde ponerlos. Pero mediáticamente se dice otra cosa y la culpa es de los jueces. No se construyeron más cárceles y cada vez hay más detenidos, la ecuación no da”, señaló.

Destacó, además, que “las cárceles están atestadas, la Unidad de Villa Floresta tiene 200 detenidos más de los que puede albergar. El Patronato de Liberados funciona con menos gente de la que debería. La policía le pide nafta a la Municipalidad cuando son recursos de la Provincia. Faltan recursos humanos y económicos”.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por La Retaguardia) Un vecino de Berazategui fotografió a una persona que, asegura, es el represor Pedro Alberto Pila, que debería estar en su casa con prisión domiciliaria. El genocida fue condenado en 2015 a 18 años de prisión, pero cuenta con el beneficio de la domiciliaria desde 2014. Según sus vecinos, los paseos son casi diarios.

“Pila nació el 10 de octubre de 1938 en Reconquista, provincia de Santa Fe, hijo de Pablo Lázaro y Alcira Hortensia Almirón. Prefecto (retirado) de la Prefectura Naval Argentina y domiciliado en Berazategui, en la calle 150 N°28. Fue juzgado por 25 secuestros y 16 casos de torturas”, dice el dossier de FM De la Calle de Bahía Blanca sobre el genocida condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura, en la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Durante un tramo del juicio, la testigo Diana Fernández describió al prefecto Pedro Pila como un “perverso”.

Según pudo saber La Retaguardia, Pila tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, pero como lo recibió antes del 2016, no tiene dispositivo de control electrónico. La fiscalía de Bahía Blanca a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia pediría la revocatoria del beneficio tras constatar que la persona fotografiada por el vecino es efectivamente es Pedro Alberto Pila.

Más de la mitad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad goza de prisión domiciliaria. Este proceso, que comenzó hace varios años, se incrementó durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya son varios los condenados a quienes se ha detectado violando el beneficio. En casi todos los casos, son los propios vecinos y vecinas quienes dan cuenta de las situaciones. En este caso, el vecino, cuyo nombre no publicamos para preservarlo, tomó contacto con La Retaguardia hace algunos meses para denunciar la situación. Y finalmente, este domingo consiguió fotografiarlo en la Plaza San Martín de Berazategui.

Alerta Berazategui, genocida suelto: Ese anciano de gorra roja y vestir deportivo, de zapatillas blancas y prolijos zoquetes, que anda caminando por la plaza, es un prefecto condenado por crímenes de lesa humanidad.

“PILA ERA UN PERVERSO”: http://www.ivoox.com/diana-fernandez-6_md_3692914_wp_1.mp3″ Ir a descargar

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

La madre de una víctima de femicidio denunció que el asesino y su entorno familiar la amenazan permanentemente. Se trata de Cristian Puebla, quien en pocos meses saldría en libertad.

La madrugada del 10 de octubre de 2012, Pueblas apuñaló a Leonela Costa, con quien convivía en una casa de Villa Cerrito. Díez días después, la joven de 24 años murió.

A espaldas de la familia de Leonela, la justicia condenó al femicida por homicidio simple y lo encerró en la Unidad Penal N°19 de Saavedra. Silvia Martínez, aseguró a FM De la Calle, que eso no impidió que Pueblas intimide a su familia.

“Él dice que a mi hija la mató el hospital, no la mató él. Mi hija entró al hospital porque él le hizo daño, le pegó una apuñalada y la dejó tirada como si fuera un perro en el patio después de que fingió un asalto y, que si no fuera porque encontramos los cordones con sangre, este señor se escapába”, recordó.

La madre de Puebla contacta a Martínez por Facebook y escribe “cosas que no tienen nombre, cosas aberrantes. Esta persona tiene la foto de mi hija de perfil, que no sé por qué la tiene. Me gustaría tener una charla pero yo no encuentro cómo porque escribe cosas incoherentes como que yo a mi hija la mandaba a prostituir desde los 10 años con mi mamá. Mi hija fue criada en el colegio y yo nunca conocí a mi mamá. Dice que mi hija le contaba cosas feas y no puede ser así porque yo sé cómo crié a mi hija y sé la mamá que fui para ella”.

Cristian Puebla, condenado por homicidio simple en un juicio abreviado, saldría de la cárcel luego de cumplir su condena. “En ningún momento me avisaron que iba a ser un juicio abreviado, lo único que sí lo vi en la calle al señor abogado Avellaneda que me representaba, me tocó el hombro y me dijo así nomás: ‘al asesino de tu hija le dieron siete años’. Ya sé que en siete años a mi hija no me la van a devolver pero no puede ser que ésta persona y todo el entorno familiar siga haciendo daño”.

“Pienso que va a seguir amenazándome. Yo fui a fiscalia y constaté que al señor en la requisa del penal le encontraron un celular y un bisturí y eso no es mentira porque fui al expediente de mi hija para saber cómo va la causa, como todos los meses, y lo vi”, aseguró Martínez.

Agregó: “Estoy remando día a día. Estoy alquilando y me dieron el botón antipánico. Tengo cámara en mi casa y es como yo le digo a la policía… ¿por qué me tengo que cuidar yo? Yo no hice nada, no maté a nadie, no hice maldad. A mi me sacaron una nena de 24 años y me sacaron las ganas de vivir. Tengo tres varones más pero era mi única hija, la que me hizo madre, no tenía maldad, era humilde, era sencilla. Hoy tengo que resguardarme y cuidar a mis hijos. Y espero que no haya mas Leonelas, ojalá que esto se calme y se termine”, finalizó.

Foto: Canal 7.

(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.

Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.

Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.

Durante la audiencia del 1 de noviembre, las defensas argumentaron contra el pedido de la Fiscalía para ampliar la acusación e incluir a los delitos sexuales de manera autónoma a las torturas. El reclamo fue finalmente descartado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

Como cuestión preliminar el defensor Guillermo Fanego se despachó contra un informe sobre “condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos”, al cual calificó como “una cuestión tendenciosa e ideológica para condicionar al tribunal”.

Además, mostró su “asombro” ante la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y a la vez representante de H.I.J.O.S. y solicitó que el tribunal se haga cargo de la citación de testigos y “no el Poder Ejecutivo a través de los esbirros que tiene en la Secretaría de Derechos Humanos”.

“El programa Verdad y Justicia se creó a partir de la desaparición del testigo (Jorge Julio) López, tiene en vista todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos y se ha dado traslado a todas las partes de qué manera se va a citar a los testigos y los índices de peligrosidad de cada juicio”, respondió Mónica Fernández Avello.

Agregó que “la participación de la Secretaría fue decidida por un decreto del Poder Ejecutivo donde el Estado pasó de ser en la dictadura opresor y asesino a un Estado en representación de las víctimas. Yo estoy acá en representación del Estado y de todas las víctimas”.

Las defensas particulares se refirieron a la “ilegalidad del proceso” por considerar que se encuentra afectada la independencia del tribunal, la “falta de constitución debida” y la “prescripción y afectación a la garantía de defensa en juicio”.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani manifestó que fueron “refritos tediosos de lo que estamos escuchando hace bastante tiempo por algunas defensas y que ya están absolutamente definidos por la Corte Suprema”.

“A lo largo y ancho del país hay más de 180 sentencias dictadas por tribunales orales, confirmadas hasta un 30% por la Corte y obviamente pasadas por la Casación. Para Palazzani “son temas definidos” que componen “una conquista del pueblo argentino”.

Al día siguiente los jueces rechazaron los pedidos de los defensores y comenzaron a llamar a los imputados para que brinden sus datos personales y tengan oportunidad para ampliar sus indagatorias. La mayoría se negó a hacerlo o se acogió a su derecho de hacerlo en otra etapa del debate.

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.